{ "id": "nexus-sen-1-0007-1250120", "citation": "Res. 26564-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por contaminación lumínica en condominio colindante con hotel", "title_en": "Amparo for light pollution in condominium adjacent to hotel", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un residente y su madre de 98 años, quienes alegan que las luminarias LED instaladas en el parqueo del Hotel Irazú (Grupo Marta) en abril de 2024 son excesivas, invasivas y afectan su derecho a la salud y a un ambiente sano, al iluminar directamente la ventana de la habitación de la madre durante la noche, impidiendo el sueño. El recurrente presentó denuncia ante el Área Rectora de Salud, la cual realizó inspecciones pero no emitió una resolución final en dos meses. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de resolución y notificación de la denuncia por parte del Ministerio de Salud, ordenando que se resuelva y notifique. Respecto al sujeto privado, desestima el amparo porque no existe uno de los supuestos de procedencia contra particulares (relación corporativa, ejercicio de funciones públicas o insuficiencia de vías ordinarias). La Sala aclara que no le compete determinar si la instalación de luminarias es legal o no, pues ello es un conflicto de legalidad ordinaria. Se exime de condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida, con votos salvados que ordenan la condena en abstracto.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a resident and his 98-year-old mother, alleging that LED lights installed in the parking lot of Hotel Irazú (Grupo Marta) in April 2024 are excessive, invasive, and violate their rights to health and a healthy environment, shining directly into the mother's bedroom window at night and preventing sleep. The petitioner filed a complaint with the Health Ministry's Rector Area, which conducted inspections but failed to issue a final decision within two months. The Chamber partially grants the amparo solely for the Health Ministry's failure to resolve and notify the complaint, ordering it to do so. As to the private party, the amparo is dismissed because none of the established grounds for amparo against private subjects apply (no corporative relationship, no exercise of public functions, and ordinary remedies exist). The Chamber states it cannot rule on the legality of the light installation, as that is an ordinary legality matter. Costs and damages are not awarded against the respondent, with dissenting votes calling for abstract condemnation.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "13/09/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "contaminación lumínica", "recurso de amparo", "derecho de petición", "sujetos de derecho privado", "condenatoria en abstracto", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 50", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "contaminación lumínica", "derecho a la salud", "amparo contra sujetos privados", "derecho de petición", "inspección sanitaria", "luminarias LED", "exceso de iluminación", "sueño y salud", "condenatoria en abstracto", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "light pollution", "right to health", "amparo against private subjects", "right to petition", "health inspection", "LED lights", "excessive lighting", "sleep and health", "abstract condemnation", "dissenting vote" ], "excerpt_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Únicamente por la falta de resolución y notificación de la denuncia N° 54-2024 presentada el 20 de mayo del 2024, por el recurrente. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.", "excerpt_en": "The appeal is partially granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Solely for the lack of resolution and notification of complaint No. 54-2024 filed on May 20, 2024, by the petitioner. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. In all other respects, the appeal is dismissed.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted solely for the failure of the Health Rector Area to resolve and notify complaint No. 54-2024; dismissed as to the private party and the merits of the light installation.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de resolución y notificación de la denuncia N° 54-2024 por parte del Área Rectora de Salud; se desestima en cuanto a la parte privada y al fondo de la instalación de luminarias." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "In light of these circumstances, this Chamber finds a violation of the petitioner's fundamental rights due to the respondent authority's failure to issue a final resolution on complaint No. 54-2024 filed on May 20, 2024, and to notify it.", "quote_es": "En virtud de tales circunstancias, esta Sala acredita la afectación de los derechos fundamentales del recurrente, por la falta de la autoridad accionada en emitir una resolución final de la denuncia N° 54-2024 interpuesta el 20 de mayo del 2024, así como, de la notificación de la misma." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Finally, the petitioner must be warned that it is not for this Chamber to determine whether the installation of a lighting system—as reported—is proper, since the claim, in this Court's view, constitutes an ordinary legality dispute not cognizable in this jurisdiction, and therefore it is inappropriate to rule on that matter.", "quote_es": "Finalmente, se le debe advertir a la parte recurrente que no le corresponde a esta Sala, determinar si procede o no la instalación de un sistema de luminarias- como el denunciado-, pues lo alegado -a juicio de este Tribunal- constituye un conflicto de legalidad ordinaria que no compete dilucidarse ante esta Jurisdicción y, por ende, resulta improcedente pronunciarse sobre dicho extremo." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "In the case of private subjects, the right to petition may be invoked when there is a corporative or special relationship between the parties. In other words, with regard to private subjects, the right exists when a member of a given group or community requests information from its administrators on matters of interest to the group, or when the private entity acts or \"must act in the exercise of public functions or powers\" and, additionally, judicial remedies are \"clearly insufficient or tardy\" to protect the violated right.", "quote_es": "En el caso de los sujetos de derecho privado, el derecho de petición puede ser opuesto cuando entre los sujetos exista una relación corporativa o especial. En otras palabras, en tratándose de sujetos de Derecho Privado, sí se estaría en presencia del derecho cuando un miembro de un determinado grupo o colectividad, solicita a sus administradores información sobre asuntos que interesan al grupo o colectividad, o cuando el ente privado actúe o \"deba actuar en ejercicio de funciones o de potestades públicas\" y además que los remedios jurisdiccionales sean “claramente insuficientes o tardíos\" para proteger el derecho conculcado”." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1250120", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 26564 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 13 de Setiembre del 2024 a las 09:35\n\nExpediente: 24-022740-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-022740-0007-CO\n\nRes. Nº 2024026564\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del trece de setiembre de dos mil veinticuatro .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 24 022740-0007-CO, interpuesto por ERNESTO PACHECO MOLINA, cédula de identidad 0302300920, a favor de LILLY MOLINA MONGE, cédula de identidad 0301720160, contra HOTELERA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA Y EL ÁREA RECTORA DE SALUD CARMEN MERCED URUCA,\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el 20 de agosto de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo a favor de LILLY MOLINA MONGE, contra la HOTELERA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA Y EL ÁREA RECTORA DE SALUD CARMEN MERCED URUCA. Sobre  los hechos alegados por el recurrente, en resumen: que su persona y su madre, Lilly Molina Monge, viven en un apartamento que colinda con un terreno propiedad del Grupo Marta. Explica que, en años anteriores, esa entidad elevó el nivel del terreno vecino para habilitar áreas de parqueo para un gimnasio y para el Hotel Irazú, lo cual incluyó la instalación de un sistema de luminarias que, aunque aumentó la contaminación lumínica, no resultó invasivo en su momento. Narra que, a principios de 2024, observó que se estaba preparando el terreno para la instalación de nuevos postes de alumbrado, situados exactamente al lado, sobre y al frente de su apartamento, pegados al muro divisorio, y a una altura superior a la de sus tres pisos. Inicialmente, el recurrente consideró esta instalación como positiva, al punto que decidió retirar rejas de su propiedad debido a la expectativa de una mejor seguridad perimetral que quedaba completamente cerrada. Sin embargo, en abril 2024, cuando finalmente se instalaron las luminarias, el sistema resultó excesivo, invasivo y abusivo, debido a la innecesaria cantidad de lámparas, la alta potencia de las mismas y la forma en que fueron instaladas, sin considerar el efecto invasivo colateral de la agresión pasiva lumínica. Este exceso de luz ha afectado severamente la calidad de vida en el condominio, pues en esa área ya no hay noche y en particular a la madre del recurrente, de 98 años, quien ha experimentado dificultades para dormir debido a la fuerte irradiación de las luminarias LED que impactan directamente en su ventana durante la noche. En un intento por resolver la situación, el administrador del Condominio Urano conversó con una representante del Grupo Marta, la señora Grace Zúñiga, quien respondió negativamente y sin argumentos convincentes. El recurrente también envió un reclamo a la dirección de correo electrónico gzuniga@gmadministrativo.net en el cual describió el problema, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, visitó la Defensoría de los Habitantes, donde se le informó que no era de su competencia debido al carácter privado del asunto, pero se le ofreció orientación sobre cómo proceder. Asimismo, el recurrente envió otro correo y sostuvo conversaciones con funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), quienes también manifestaron que el caso no era de su competencia, pero indicaron que las luminarias parecen estar sobredimensionadas y que no se realizó un estudio fotométrico adecuado. Relata que el 20 de mayo de 2024 planteó una denuncia ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Carmen, Merced, Uruca del Ministerio de Salud, con sello de recibido de esa misma fecha; gestión a la que, según respuesta brindada al recurrente desde la dirección de correo electrónico ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr (a donde el recurrente había solicitado una cita para ampliar su denuncia), se le dio el número 54-2024 y se le informó que, para el 29 de mayo de 2024, estaba pendiente de que el funcionario encargado realice una inspección en la vivienda afectada. Considera violado el artículo 50 constitucional y el derecho a la salud. Solicita que el Grupo Marta reinstale, modifique o tome las medidas técnicas necesarias para solucionar el efecto invasivo y perjudicial de las luminarias mal instaladas, subrayando que, aunque su familia es la principal afectada, otros condóminos también han manifestado molestias por el exceso de luz en la noche en diferentes áreas de sus apartamentos. Además, la autoridad recurrida del Ministerio de Salud deberá informar si el correo electrónico, al cual el recurrente solicitó cita para ampliar su denuncia, está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. Igualmente el sujetos de derecho privado recurrido (Agustín María Monge Puig) deberá indicar si el correo electrónico de la señora Grace Zúñiga está previsto por la empresa como medio autorizado para recibir comunicaciones de terceras personas. Que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de las quince horas diecisiete minutos del veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala dio curso al amparo.\n\n3.- El 29 de agosto de 2024, el recurrente reitera los alegados señalados en el escrito de interposición.\n\n4.- Contesta audiencia Agustin Monge Puig, en su condición de Presidente, Representante Legal con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la sociedad HOTELERA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA. En lo que interesa: (...) QUINTO: El aumento de los problemas de seguridad en el país y propiamente en la zona y como consecuencia de una serie de eventos delincuenciales en los lugares aledaños y nuestras instalaciones, propiamente en las áreas de parqueo, para la protección de la seguridad de la vida de todos los usuarios, así como para los habitantes de la zona, nos dimos a la tarea de reforzar la seguridad, dentro de las cuales, se proporcionó a las áreas de parqueo una mejor iluminación, dentro de los parámetros técnicos que deben de respetarse y mediante la contratación de una empresa especializada en dicha labor. SEXTO: Las lámparas instaladas, fundamento del presente Recurso, cumplen con los requisitos conforme a la “Especificación Técnica para Luminarias Tipo Horizontal Cerrada con Tecnología Led” de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en su artículo 1, da las pautas para la instalación de la iluminación pública de las lámparas led. Dicha especificación indica en cuanto a la aplicación de dicha reglamentación: “El servicio de alumbrado público no domiciliario consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.”. El subrayado no es el original. SÉTIMO: Tal y como le fue informado a los recurrentes, en su oportunidad, aplicación de dicha normativa, las luminarias que se han instalado en el parqueo que colinda el condominio, se apegan a lo estipulado en el artículo 2, el cual reza: “ARTÍCULO N° 1…. También para uso en carreteras de distribuciones locales, carreteras de acceso mayoritariamente residencial.” OCTAVO: Para la instalación de las luminarias, se contrató a la empresa Sylvania, pionera y especialista en la instalación de este tipo de iluminación, la cual se apega a la normativa para el lugar, propiamente los parqueos del hotel. NOVENO: Lo anterior fue informado, debidamente a los recurrentes, en respeto a la información que se merecen y que solicitaron, incluso con las especificaciones técnicas de la iluminación instalada y que se adjunta como prueba a la presente contestación (…).  Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Informan bajo juramento la Dra. Pamela Ruiz Guevara, directora Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca, indica sobre las actuaciones del Ministerio de Salud:  “• El 20 de mayo del 2024 ingresó ante esta Área Rectora de Salud denuncia promovida por el aquí amparado, bajo registro interno N° 54-2024, de la cual se copia textualmente lo siguiente: “Al haber sido instaladas las luminarias no se cumplieron, aparentemente, las debidas medidas fotométricas para impedir la contaminación lumínica al Condominio Urano ubicado al norte del Hotel y esto nos afecta particularmente la habitación de mi madre de 98 años, provocando interrupción del sueño debido a lo sobredimensionado de la iluminación… Esta situación tiene un mes en el que nos hemos tratado de adaptar pero es imposible y no hay noche…” • El 29 de mayo del 2024, se recibe solicitud de cita de la parte denunciante al correo de la Dirección del Área Rectora de Salud, con el fin de ampliar y explicar la situación a la Dra. Pamela Ruiz o al encargado de inspecciones. Por lo cual y según consta en expediente administrativo se da respuesta a la solicitud el mismo día, indicándose el número de consecutivo interno de la denuncia N° 54-2024, y que se encuentra en periodo de análisis del caso y coordinación de recursos para la debida atención, que posterior el funcionario asignado coordinará inspección en la vivienda para analizar situación y que pueda ampliar lo que considere necesario. El 20 de junio del 2024, a las 17:20 horas, durante inspección en la vivienda afectada, es atendida esta Autoridad Sanitaria por el Sr. Otto Ernesto Pacheco Molina; la visita se realizó dentro del horario solicitado por el denunciante y en sitio comenta el amparado que aproximadamente en abril del presente año se instalaron en el parqueo del Hotel Holiday Inn, tres postes de luz que alumbran una habitación de su vivienda lo cual le dificulta conciliar el sueño. Durante la inspección se observa que el condominio colinda con el parqueo del establecimiento de marras y que en efecto existen tres postes de luz, los cuales se encuentran encendidos y alumbran la ventana de una de las habitaciones de la propiedad del denunciante. Lo anterior queda registrado en el acta de inspección N°MS-CMU-AI-68-2024. • El 17 de julio del 2024, se realiza inspección en el establecimiento denunciado y se explica el motivo de la visita, la Sra. Samira Fuentes indica estar en conocimiento de la inconformidad expuesta por el vecino, no obstante, comenta que los postes fueron instalados por temas de seguridad y que se contrató una empresa la cual realizó un estudio lumínico. Se realizó recorrido en el parqueo y se observaron los tres postes que en apariencia afectan al denunciante. La colindancia de ambos inmuebles es mediante un muro propiedad del hotel. Lo anterior queda registrado en el acta de inspección N° MS-CMU-AI-75-2024. • El 19 de julio 2024 se recibe un correo electrónico de la parte denunciada en donde se adjunta documentación referente al estudio lumínico realizado e información acerca de las luminarias del parqueo. También se adjunta nota de respuesta de parte del establecimiento al administrador del Condominio Urano, referente a la aparente afectación de las luminarias. • El 22 de julio 2024, mediante informe técnico de inspección N°MS-DRRSCS-DARSCMU-IT 1261-2024, se detallaron los hallazgos de ambas inspecciones concluyendo que “Al momento de la inspección se evidencia que existen tres postes de luz dentro del parqueo del Hotel Holiday Inn la Sabana cercanos a la colindancia con la vivienda del denunciante, no obstante, se desconoce la existencia de normativa que regule la contaminación lumínica.” Debido a lo anterior se recomendó a la Dirección del Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca que a mejor criterio técnico o legal se traslade la denuncia N° 54-2024 al Nivel Jerárquico Superior correspondiente con el fin de que se indique el abordaje correcto del caso y si existe legislación aplicable o si al no existir normativa no compete a esta Autoridad la atención de lo denunciado. El 26 de julio 2024 se emite por parte de la Dirección del Área Rectora de Salud el oficio N°MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024 dirigido y notificado a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Dr. Nelson Cordero, director a.i, solicitando indicaciones del proceder en el presente caso con respecto al adecuado abordaje y cuál legislación es aplicable. El 31 de julio 2024, se remite de parte de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur el oficio N°MS-DRRSCS-1827-2024 en donde se da respuesta a la consulta planteada por parte de esta Área Rectora indicando que en este momento el Ministerio de Salud no cuenta con normativa específica para el presente caso y se informa que se trasladará la consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos. • El 29 de agosto 2024, ingresa bajo registro N°515-2024 el recurso de amparo Expediente N°24-022740-0007-CO, el cual es programado por parte de la Dirección del Área Rectora de Salud para su atención. • El 30 de agosto se emite el oficio N° MS-DRRSCS-DARSCMU-1514-2024, en donde se recomienda a la Dirección del Área Rectora de Salud: 1. Esperar el pronunciamiento por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la consulta planteada por la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur. 2. Valorar trasladar a la Municipalidad de San José la denuncia N°54-2024, con el fin de que sea de conocimiento de dicha institución y que se brinde el seguimiento de lo expuesto por el denunciante, informando a esta Área Rectora sobre lo actuado. 3. Notificar el presente oficio a las partes interesadas. • El 2 de septiembre se notifica a ambas partes el seguimiento a la fecha realizado por esta Área Rectora con respecto a la atención de la denuncia N°54-2024, por lo que se adjuntan lo siguientes documentos: informe técnico N°MS-DRRSCS-DARSCMU-IT-1261-2024 y los oficios MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024, MS-DRRSCS-1827-2024, MS-DPRSA-USA-1169 2024. III. ASPECTOS DE DERECHO En cuanto a si la dirección electrónica es un medio oficial para que usuarios realicen gestiones, tal y como se evidencia en el expediente administrativo el Sr. Pacheco Molina a las 1:13 horas del 29 de mayo 2024, solicitó a la dirección electrónica oficial de la Dirección del Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca, ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr, cita para ampliar los alegatos de denuncia promovida. Es importante aclarar que la solicitud descrita en el párrafo anterior fue respondida a las 15:47 horas del mismo 29 de mayo 2024, comunicando en esa ocasión al Sr. Otto Pacheco lo siguiente: “Con Visto Bueno por parte de la Dirección del Área Rectora de salud y en respuesta a su correo se le comunica lo siguiente: 1. La denuncia N°54-2024 ingresa ante esta Área Rectora el 20 de mayo, por lo cual actualmente se encuentra dentro del período de análisis del caso y coordinación de recursos para su atención. Esto debido a la carga laboral que actualmente tiene esta oficina, no obstante, actualmente se ha asignado el caso a un funcionario, por lo cual se están gestionando los recursos pertinentes con el fin de que dentro del plazo normal de atención de denuncias se realice una inspección en su vivienda para analizar la situación y que su persona pueda ampliar lo que considere necesario. Debido a lo anterior se solicita y agradece su comprensión, hasta el día de la inspección para la cual se contactará a su persona en la dirección y número de teléfono indicado en el formulario de denuncia. (…)” Bajo dicho entendido, se programó visita de inspección para el 20 de junio del año en curso, en el horario planteado por el denunciante para conocer y analizar la afectación descrita. Ahora bien, y siendo que este Nivel Local se adhiere al criterio técnico de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental N° MS-DPRSA-USA-1169-2024 de fecha 04 de junio del 2024, que a pesar de no existir documentación técnica que acredite afectación a la Salud Pública por la utilización de luminarias, se considera que mientras se tiene pronunciamiento oficial por la falta de regulación al respecto, se debe dar acompañamiento al denunciante como hasta ahora queda demostrado se ha llevado a cabo. Actualmente la denuncia N° 54-2024, se encuentra abierta y en seguimiento por parte de esta Área Rectora de Salud, que se mantiene a espera de pronunciamiento oficial en cuanto a regulación de luminarias, y valora la posibilidad de traslado al ente Municipal para que desde sus competencias procedan conforme para dar solución a la afectación de los amparados. Así las cosas, queda acreditado que este Nivel Local no es omiso en cumplimiento de sus deberes dando prioridad a la problemática puesta en conocimiento, sin desatender y trasgredir los derechos incólumes de los involucrados. (…) (Lo resaltado no corresponde al texto original). Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- El 05 de setiembre de 2024, el recurrente aporta escrito al expediente, alegando por la resolución final del Ministerio de Salud, indicado la situación denunciada afecta su derecho a la salud.\n\n 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente indica, que en abril 2024, se instalaron unas luminarias, lo cual resulta excesivo, invasivo y abusivo, debido a la innecesaria cantidad de lámparas, la alta potencia de las mismas y la forma en que fueron instaladas, sin considerar el efecto invasivo colateral de la agresión pasiva lumínica. Por lo anterior, el recurrente envió un reclamo a la dirección de correo electrónico gzuniga@gmadministrativo.net en el cual describió el problema, pero no obtuvo respuesta. Relata, que el 20 de mayo de 2024 planteó una denuncia ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Carmen, Merced, Uruca del Ministerio de Salud, con sello de recibido de esa misma fecha; gestión a la que, según respuesta brindada al recurrente desde la dirección: ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr (a donde el recurrente había solicitado una cita para ampliar su denuncia), se le dio el número 54-2024 y se le informó que, para el 29 de mayo de 2024, estaba pendiente de que el funcionario encargado realice una inspección en la vivienda afectada. Solicita: que el Grupo Marta reinstale, modifique o tome las medidas técnicas necesarias para solucionar el efecto invasivo y perjudicial de las luminarias mal instaladas. Que se declare con lugar el recurso.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)      En el mes de abril de 2024, se instalaron en la propiedad del Hotel Irazú, perteneciente al Grupo Marta, unas  luminarias. (hecho no controvertido):\n\nb)      El 17 de abril de 2024, Oscar Luis Ramírez Quirós, Apoderado de Hotelera Santa Marta S.A., envió respuesta mediante carta, al Administrador de Condominio Urano, explicando las razones por las cuales instalaron las lámparas. (informe de la autoridad accionada del  Grupo Marta, y prueba aportada al expediente);\n\nc)       El 14 de mayo de 2024, el recurrente, es residente propietario del apartamento 314 Urano, filial que colinda con el Hotel Irazú, envió a la dirección de correo electrónico: gzuniga@gmadministrativo.net, una nota dirigida a la señora Grace Zúñiga, de la Gerencia del Hotel Irazú, Grupo Marta, indicando la problemática que enfrenta él y su madre por la densidad de las luminarias instaladas, que le quedan al frente de su apartamento. (escrito de interposición y prueba aportada al expediente);\n\nd)     El 20 de mayo del 2024 ingresó ante esta Área Rectora de Salud denuncia promovida por el aquí amparado, bajo registro interno N° 54-2024, de la cual se copia textualmente lo siguiente: “Al haber sido instaladas las luminarias no se cumplieron, aparentemente, las debidas medidas fotométricas para impedir la contaminación lumínica al Condominio Urano ubicado al norte del Hotel y esto nos afecta particularmente la habitación de mi madre de 98 años, provocando interrupción del sueño debido a lo sobredimensionado de la iluminación… Esta situación tiene un mes en el que nos hemos tratado de adaptar pero es imposible y no hay noche”. (informe de autoridad accionada y prueba aportada al expediente);\n\ne)      El 29 de mayo del 2024, se recibe solicitud de cita de la parte denunciante al correo de la Dirección del Área Rectora de Salud, con el fin de ampliar y explicar la situación y se da respuesta a la solicitud el mismo día, indicándose el número de consecutivo interno de la denuncia N° 54-2024, y que se encuentra en periodo de análisis del caso y coordinación de recursos para la debida atención, que posterior el funcionario asignado coordinará inspección en la vivienda para analizar situación y que pueda ampliar lo que considere necesario. (informe de autoridad recurrida y prueba aportada al expediente);\n\nf)        El 20 de junio del 2024, a las 17:20 horas, se realizó la inspección en la vivienda afectada, es atendida esta Autoridad Sanitaria por el Sr. Otto Ernesto Pacheco Molina. (informe de la autoridad recurrida);\n\ng)      El 17 de julio del 2024, se realiza inspección en el establecimiento denunciado y se explica el motivo de la visita, Lo anterior queda registrado en el acta de inspección N° MS-CMU-AI-75-2024. (informe de la autoridad recurrida);\n\nh)      El 22 de julio 2024, mediante informe técnico de inspección N° MS-DRRSCS-DARSCMU-IT 1261-2024, se detallaron los hallazgos de ambas inspecciones realizadas: Durante la inspección se observa que el condominio colinda con el parqueo del establecimiento de marras y que en efecto existen tres postes de luz, los cuales se encuentran encendidos y alumbran la ventana de una de las habitaciones de la propiedad del denunciante. Lo anterior queda registrado en el acta de inspección N°MS-CMU-AI-68-2024. (informe de la autoridad recurrida);\n\ni)        El 26 de julio 2024 se emite por parte de la Dirección del Área Rectora de Salud el oficio N°MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024 dirigido y notificado a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Dr. Nelson Cordero, director a.i, solicitando indicaciones del proceder en el presente caso con respecto al adecuado abordaje y cuál legislación es aplicable. (informe de la autoridad recurrida);\n\nj)        El 31 de julio 2024, se remite de parte de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur el oficio N°MS-DRRSCS-1827-2024 en donde se da respuesta a la consulta planteada por parte de esta Área Rectora indicando que en este momento el Ministerio de Salud no cuenta con normativa específica para el presente caso y se informa que se trasladará la consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos. (informe de la autoridad recurrida);\n\nk)      El 29 de julio de 2024, la autoridad accionada del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud, fue notificada de la resolución que dio curso al proceso. (ver acta de notificación);\n\nl)        El 2 de setiembre se notifica a ambas partes el seguimiento a la fecha realizado por la Área Rectora, con respecto a la atención de la denuncia N°54-2024. (informe de la autoridad recurrida);\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas al expediente y los informes rendidos bajo juramento, se tiene por demostrado que el accionante acude en amparo, alegando que el mes de abril 2024, se instalaron en la propiedad del Hotel Irazú, perteneciente al Grupo Marta, unas luminarias que resultan excesivos e invasivas. Por lo anterior, el 14 de mayo de 2024, el recurrente, quien es residente propietario del apartamento 314 Urano, filial que colinda con su Hotel Irazú, envió un reclamo a la dirección de correo electrónico: gzuniga@gmadministrativo.net, dirigido a la Gerencia del Hotel Irazú, Grupo Marta, indicando sobre la problemática que enfrenta él y su madre por la densidad de las luminarias instaladas, que le quedan al frente de su apartamento. Por su parte, informa el apoderado de Hotelera Santa Marta S.A., que el 17 de abril de 2024, envió respuesta mediante carta, al administrador del Condominio Urano, donde habita el recurrente, explicando las razones por las cuales instalaron las lámparas, específicamente por un tema de seguridad.\n\nIV.- EN RELACIÓN CON LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. Esta Sala, en resolución 2007-008593 de las 14:32 horas del 19 de junio del 2007, ha establecido lo siguiente:\n\n“En lo que respecta al caso específico de los recursos de amparo en los que como en el presente asunto, se acusaba falta de respuesta a gestiones planteadas antes sujetos de derecho privado, este Tribunal ha señalado en lo que interesa: \"Único: En punto a la disconformidad del recurrente, en cuanto a la falta de respuesta a su gestión del ocho de octubre de este año, debe señalarse que en términos generales el derecho de petición y pronta resolución garantizado en el numeral 27 de nuestra Constitución Política sólo puede ser opuesto ante la Administración y consiste en la garantía de todo ciudadano de poder dirigirse por escrito a cualquier servidor público o entidad estatal, con el fin de exponer un asunto de su interés y se complementa con la garantía de obtener pronta resolución. En el caso de los sujetos de derecho privado, el derecho de petición puede ser opuesto cuando entre los sujetos exista una relación corporativa o especial. En otras palabras, en tratándose de sujetos de Derecho Privado, sí se estaría en presencia del derecho cuando un miembro de un determinado grupo o colectividad, solicita a sus administradores información sobre asuntos que interesan al grupo o colectividad, o cuando el ente privado actúe o \"deba actuar en ejercicio de funciones o de potestades públicas\" y además que los remedios jurisdiccionales sean “claramente insuficientes o tardíos\" para proteger el derecho conculcado”.\n\nDel análisis, se evidencia que el caso en estudio se trata de una entidad privada y no sé está en presencia de ninguno de los supuestos indicados en la sentencia parcialmente transcrita, por consiguiente, al no encontrarse afectación a los derechos fundamentales de la parte tutelada se impone a desestimar el recurso en cuanto a esta autoridad.\n\nV.- RESPECTO AL ÁREA RECTORA DE SALUD. Señala, el accionante que presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud, pero al día de interposición del amparo no se le ha dado una solución a la problemática que le aqueja. Al respecto, la autoridad recurrida, señaló, que el 20 de mayo del 2024 ingresó a esa Área Rectora de Salud denuncia promovida por el aquí amparado, bajo registro interno N° 54-2024, de la cual se copia textualmente lo siguiente: “Al haber sido instaladas las luminarias no se cumplieron, aparentemente, las debidas medidas fotométricas para impedir la contaminación lumínica al Condominio Urano ubicado al norte del Hotel y esto nos afecta particularmente la habitación de mi madre de 98 años, provocando interrupción del sueño debido a lo sobredimensionado de la iluminación… Esta situación tiene un mes en el que nos hemos tratado de adaptar pero es imposible y no hay noche”. También, que el 29 de mayo del 2024, se recibe solicitud de cita de la parte denunciante al correo de la Dirección del Área Rectora de Salud, con el fin de ampliar y explicar la situación y ese mismo día se le da respuesta a la solicitud, indicándose el número de consecutivo interno de la denuncia N° 54-2024, y que la misma se encuentra en periodo de análisis del caso y coordinación de recursos para la debida atención, que posterior el funcionario asignado coordinará inspección en la vivienda para analizar situación y que pueda ampliar lo que considere necesario. Luego, el 20 de junio del 2024, a las 17:20 horas, el ministerio de Salud realizó la inspección en la vivienda afectada,  registrado en el acta de inspección N°MS-CMU-AI-68-2024. Posteriormente, el 17 de julio del 2024, la autoridad recurrida realiza inspección en el establecimiento denunciado y se explica el motivo de la visita, lo anterior queda registrado en el acta de inspección N° MS-CMU-AI-75-2024. Asimismo, consta que el 22 de julio 2024, mediante informe técnico de inspección N° MS-DRRSCS-DARSCMU-IT 1261-2024, se detallaron los hallazgos de ambas inspecciones realizadas: Durante la inspección se observa que el condominio colinda con el parqueo del establecimiento de marras y que en efecto existen tres postes de luz, los cuales se encuentran encendidos y alumbran la ventana de una de las habitaciones de la propiedad del denunciante. Además, se indica que se desconoce la existencia de normativa que regule la contaminación lumínica.  Por lo anterior, se recomendó a la Dirección del Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca que a mejor criterio técnico o legal se traslade la denuncia N° 54-2024 al Nivel Jerárquico Superior correspondiente con el fin de que se indique el abordaje correcto del caso y si existe legislación aplicable o si al no existir normativa no compete a esta Autoridad la atención de lo denunciado. Es así como, el 26 de julio 2024 se emite por parte de la Dirección del Área Rectora de Salud el oficio N°MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024 dirigido y notificado a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Dr. Nelson Cordero, director a.i., solicitando indicaciones del proceder en el presente caso con respecto al adecuado abordaje y cuál legislación es aplicable y el 31 de julio 2024, se envía de parte de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur el oficio N°MS-DRRSCS-1827-2024, en donde se da respuesta a la consulta planteada por parte de esta área rectora, indicando que en este momento el Ministerio de Salud no cuenta con normativa específica para el presente caso y se informa que se trasladará la consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Finalmente, lo resuelto, le fue notificado a las partes el 2 de setiembre del año en curso, sobre las actuaciones de seguimiento por parte del área rectora, con respecto a la atención de la denuncia interpuesta por el recurrente. \n\nEn virtud de tales circunstancias, esta Sala acredita la afectación de los derechos fundamentales del recurrente, por la falta de la autoridad accionada en emitir una resolución final de la denuncia N° 54-2024 interpuesta el 20 de mayo del 2024, así como, de la notificación de la misma.  Se comprobó que desde la fecha cuando el ministerio recurrido realizó la inspección - 20 de junio de 2024-, a la fecha de interposición del amparo, resulta un plazo de dos meses sin que al accionante  se le haya dado una respuesta,  ni notificado de lo resuelto. Ahora bien, con posterioridad a la notificación del amparo a las autoridades recurridas, éstas indicaron a la Sala, que el 2 de setiembre de 2024, al tutelado se le notificó, sobre las actuaciones de seguimiento por parte del área rectora accionada, con respecto a la atención de la denuncia N° 54-2024. Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso, por violación al derecho a la salud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 párrafo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFinalmente, se le debe advertir a la parte recurrente que no le corresponde a esta Sala, determinar si procede o no la instalación de un sistema de luminarias- como el denunciado-, pues lo alegado -a juicio de este Tribunal- constituye un conflicto de legalidad ordinaria que no compete dilucidarse ante esta Jurisdicción y, por ende, resulta improcedente pronunciarse sobre dicho extremo. En consecuencia, se desestima el recurso en este extremo.\n\nVI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\n(Usar voto en singular) Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\n  VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\".\n\n Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa \"resolución\" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase \"si fueren procedentes\" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\n Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: \"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\".\n\n Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\n Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\n En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Únicamente por la falta de resolución y notificación de la denuncia N° 54-2024 presentada el 20 de mayo del 2024, por el recurrente. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.  Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LIFKQQRIZGS61\n\nEXPEDIENTE N° 24-022740-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:22:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 26564 - 2024\n\nDate of Resolution: September 13, 2024 at 09:35\n\nCase File: 24-022740-0007-CO\n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 24-022740-0007-CO\n\nRes. No. 2024026564\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty-five hours on the thirteenth of September of two thousand twenty-four.\n\nAmparo action processed in case file No. 24 022740-0007-CO, filed by ERNESTO PACHECO MOLINA, identification number 0302300920, on behalf of LILLY MOLINA MONGE, identification number 0301720160, against HOTELERA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA AND EL ÁREA RECTORA DE SALUD CARMEN MERCED URUCA,\n\nHaving seen:\n\n1.- By a document received in this Chamber on August 20, 2024, the petitioner files an amparo action on behalf of LILLY MOLINA MONGE, against HOTELERA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA AND EL ÁREA RECTORA DE SALUD CARMEN MERCED URUCA. Regarding the facts alleged by the petitioner, in summary: that he and his mother, Lilly Molina Monge, live in an apartment that borders a property owned by Grupo Marta. He explains that, in previous years, that entity raised the level of the neighboring land to enable parking areas for a gym and for the Hotel Irazú, which included the installation of a lighting system that, although it increased light pollution (contaminación lumínica), was not invasive at the time. He recounts that, at the beginning of 2024, he observed that the land was being prepared for the installation of new lighting posts, situated exactly beside, above, and in front of his apartment, attached to the dividing wall, and at a height exceeding that of his three floors. Initially, the petitioner considered this installation as positive, to the point that he decided to remove grilles from his property due to the expectation of better perimeter security that was completely enclosed. However, in April 2024, when the lighting fixtures were finally installed, the system proved excessive, invasive, and abusive, due to the unnecessary number of lamps, their high power, and the way they were installed, without considering the collateral invasive effect of passive light aggression. This excess of light has severely affected the quality of life in the condominium, since in that area there is no longer night, and particularly for the petitioner's mother, 98 years old, who has experienced difficulties sleeping due to the strong irradiation of the LED lighting fixtures that directly impact her window during the night. In an attempt to resolve the situation, the manager of Condominio Urano spoke with a representative of Grupo Marta, Mrs. Grace Zúñiga, who responded negatively and without convincing arguments. The petitioner also sent a complaint to the email address gzuniga@gmadministrativo.net in which he described the problem, but received no response. Subsequently, he visited the Defensoría de los Habitantes, where he was informed that it was not within their jurisdiction due to the private nature of the matter, but was offered guidance on how to proceed. Likewise, the petitioner sent another email and held conversations with officials of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), who also stated that the case was not within their jurisdiction, but indicated that the lighting fixtures appear to be oversized and that an adequate photometric study was not conducted. He reports that on May 20, 2024, he filed a complaint with the Dirección del Área Rectora de Salud de Carmen, Merced, Uruca of the Ministry of Health, with a receipt stamp of that same date; a process that, according to a response provided to the petitioner from the email address ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr (where the petitioner had requested an appointment to expand on his complaint), was given number 54-2024 and he was informed that, as of May 29, 2024, it was pending for the official in charge to conduct an inspection at the affected dwelling. He considers Article 50 of the Constitution and the right to health violated. He requests that Grupo Marta reinstall, modify, or take the necessary technical measures to solve the invasive and harmful effect of the poorly installed lighting fixtures, emphasizing that, although his family is the main affected party, other condominium owners have also expressed discomfort due to the excess of light at night in different areas of their apartments. Furthermore, the respondent authority of the Ministry of Health must report whether the email address, to which the petitioner requested an appointment to expand on his complaint, is established as an official mechanism for receiving procedures from users. Likewise, the respondent private-law subject (Agustín María Monge Puig) must indicate whether the email address of Mrs. Grace Zúñiga is stipulated by the company as an authorized means to receive communications from third parties. That the action be granted.\n\n2.- By resolution at fifteen hours seventeen minutes on August twenty-seventh of two thousand twenty-four, the President of the Chamber allowed the amparo action to proceed.\n\n3.- On August 29, 2024, the petitioner reiterates the allegations indicated in the filing brief.\n\n4.- Agustín Monge Puig responds to the hearing, in his capacity as President, Legal Representative with powers of Generalísimo Attorney-in-Fact without Limit of Amount of the company HOTELERA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA. In relevant part: (...) FIFTH: The increase in security problems in the country and specifically in the area, and as a consequence of a series of criminal events in the surrounding places and our facilities, specifically in the parking areas, for the protection of the life safety of all users, as well as for the inhabitants of the area, we undertook the task of reinforcing security, within which better lighting was provided to the parking areas, within the technical parameters that must be respected and through the contracting of a company specialized in said work. SIXTH: The installed lamps, which are the basis of this Action, comply with the requirements according to the \"Specificación Técnica para Luminarias Tipo Horizontal Cerrada con Tecnología Led\" of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, which in its article 1, provides the guidelines for the installation of public lighting for LED lamps. Said specification indicates regarding the application of said regulation: \"The non-domestic public lighting service consists of the illumination of public roads, public parks, and other spaces of free circulation that are not under the responsibility of any natural person or legal entity of private or public law, different from the municipality, with the objective of providing adequate visibility for the normal development of activities.\" The underlining is not in the original. SEVENTH: As was informed to the petitioners, in due course, applying said regulation, the lighting fixtures that have been installed in the parking lot bordering the condominium adhere to what is stipulated in article 2, which reads: \"ARTICLE No. 1…. Also for use on local distribution roads, access roads primarily residential.\" EIGHTH: For the installation of the lighting fixtures, the company Sylvania was contracted, a pioneer and specialist in the installation of this type of lighting, which adheres to the standards for the location, specifically the hotel's parking lots. NINTH: The foregoing was duly informed to the petitioners, in respect for the information they deserve and requested, including the technical specifications of the installed lighting and which is attached as evidence to this response (…). He requests that the action be denied.\n\n5.- Dr. Pamela Ruiz Guevara, director of the Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca, reports under oath, indicating regarding the actions of the Ministry of Health: “• On May 20, 2024, a complaint filed by the person protected herein was received at this Área Rectora de Salud, under internal registry No. 54-2024, from which the following is transcribed verbatim: “Since the lighting fixtures were installed, the proper photometric measures were apparently not taken to prevent light pollution to Condominio Urano located north of the Hotel and this particularly affects my 98-year-old mother's bedroom, causing sleep disruption due to the oversized lighting… This situation has been going on for a month in which we have tried to adapt but it is impossible and there is no night…” • On May 29, 2024, a request for an appointment from the complainant is received at the email of the Dirección del Área Rectora de Salud, in order to expand and explain the situation to Dr. Pamela Ruiz or to the person in charge of inspections. Therefore, and as recorded in the administrative file, a response is given to the request that same day, indicating the internal tracking number of the complaint No. 54-2024, and that it is in the period of case analysis and coordination of resources for proper attention, that later the assigned official will coordinate an inspection at the dwelling to analyze the situation and so that you can expand on whatever you consider necessary. On June 20, 2024, at 17:20 hours, during an inspection at the affected dwelling, this Health Authority is attended by Mr. Otto Ernesto Pacheco Molina; the visit was conducted within the time requested by the complainant and on site the protected party commented that approximately in April of this year, three lampposts were installed in the adjacent Holiday Inn hotel parking lot opposite his home, which [the lit posts] illuminate a bedroom of his dwelling making it difficult for him to sleep. During the inspection, it is observed that the condominium borders the parking lot of the establishment in question and that indeed there are three lampposts, which are lit and illuminate the window of one of the rooms of the complainant's property. The foregoing is recorded in inspection report No. MS-CMU-AI-68-2024. • On July 17, 2024, an inspection is conducted at the denounced establishment and the reason for the visit is explained; Mrs. Samira Fuentes indicates that she is aware of the disagreement expressed by the neighbor, however, she comments that the posts were installed for security reasons and a company was hired which conducted a lighting study. A walk-through was conducted in the parking lot and the three posts that apparently affect the complainant were observed. The boundary between both properties is a wall owned by the hotel. The foregoing is recorded in inspection report No. MS-CMU-AI-75-2024. • On July 19, 2024, an email is received from the respondent party attaching documentation regarding the lighting study performed and information about the parking lot lighting fixtures. A response letter from the establishment to the manager of Condominio Urano is also attached, referring to the apparent impact of the lighting fixtures. • On July 22, 2024, by means of technical inspection report No. MS-DRRSCS-DARSCMU-IT 1261-2024, the findings of both inspections were detailed, concluding that “At the time of the inspection, it is evidenced that there are three lampposts inside the adjacent Holiday Inn la Sabana parking lot adjacent opposite the complainant's home, however, we are not aware of the existence of regulations that regulate light pollution.” Due to the foregoing, it was recommended to the Dirección del Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca that, at a better technical or legal criterion, complaint No. 54-2024 be transferred to the corresponding Higher Hierarchical Level so that the correct approach to the case can be indicated, and whether applicable legislation exists or whether, in the absence of regulations, the attention of the complaint does not fall within the jurisdiction of this Authority. On July 26, 2024, memorandum No. MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024 is issued by the Dirección del Área Rectora de Salud, addressed and notified to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Dr. Nelson Cordero, interim director, requesting indications on how to proceed in the present case regarding the appropriate approach and which legislation is applicable. On July 31, 2024, memorandum No. MS-DRRSCS-1827-2024 is sent from the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur in response to the inquiry raised by this Área Rectora, indicating that at this time the Ministry of Health does not have specific regulations for the present case and informing that the inquiry will be forwarded to the Dirección de Asuntos Jurídicos. • On August 29, 2024, the amparo action Case File No. 24-022740-0007-CO is received under registry No. 515-2024, which is scheduled for attention by the Dirección del Área Rectora de Salud. • On August 30, memorandum No. MS-DRRSCS-DARSCMU-1514-2024 is issued, recommending to the Dirección del Área Rectora de Salud: 1. Await the pronouncement from the Dirección de Asuntos Jurídicos on the inquiry raised by the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur. 2. Evaluate transferring complaint No. 54-2024 to the Municipality of San José, so that it is brought to the attention of said institution and follow-up is given to what was stated by the complainant, informing this Área Rectora of the actions taken. 3. Notify the interested parties of this memorandum. • On September 2, the follow-up carried out to date by this Área Rectora regarding the attention of complaint No. 54-2024 is notified to both parties, for which the following documents are attached: technical report No. MS-DRRSCS-DARSCMU-IT-1261-2024 and memoranda MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024, MS-DRRSCS-1827-2024, MS-DPRSA-USA-1169 2024. III. LEGAL ASPECTS Regarding whether the email address is an official means for users to conduct procedures, as is evidenced in the administrative file, Mr. Pacheco Molina at 1:13 hours on May 29, 2024, requested an appointment from the official email address of the Dirección del Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca, ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr, to expand on the allegations of the complaint filed. It is important to clarify that the request described in the previous paragraph was responded to at 15:47 hours on the same May 29, 2024, communicating on that occasion to Mr. Otto Pacheco the following: “With Approval by the Dirección del Área Rectora de Salud and in response to your email, the following is communicated: 1. Complaint No. 54-2024 was received by this Área Rectora on May 20, therefore it is currently within the period of case analysis and coordination of resources for its attention. This is due to the current workload of this office; however, the case has been assigned to an official, so the pertinent resources are being managed so that within the normal timeframe for addressing complaints, an inspection can be conducted at your dwelling to analyze the situation and so that you can expand on whatever you consider necessary. Due to the foregoing, your understanding is requested and appreciated, until the day of the inspection for which you will be contacted at the address and telephone number indicated on the complaint form. (…)” Under this understanding, an inspection visit was scheduled for June 20 of the current year, at the time proposed by the complainant to learn about and analyze the described impact. Now then, and given that this Local Level adheres to the technical criteria of the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental No. MS-DPRSA-USA-1169-2024 dated June 4, 2024, which despite there being no technical documentation accrediting an impact on Public Health from the use of lighting fixtures, it is considered that while an official pronouncement is pending due to the lack of regulation in this regard, the complainant must be accompanied as has been demonstrated to have been done so far. Currently, complaint No. 54-2024 is open and being followed up on by this Área Rectora de Salud, which remains awaiting an official pronouncement regarding lighting fixture regulation, and is evaluating the possibility of transferring it to the Municipal entity so that, within its jurisdiction, it may proceed accordingly to resolve the impact on the protected parties. Thus, it is accredited that this Local Level is not negligent in fulfilling its duties, giving priority to the problem brought to its attention, without neglecting or violating the inviolate rights of those involved. (…) (The highlighting does not correspond to the original text). He requests that the action be denied.\n\n6.- On September 5, 2024, the petitioner submits a document to the case file, alleging regarding the final resolution of the Ministry of Health, indicating that the denounced situation affects his right to health.\n\n7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner indicates that in April 2024, some lighting fixtures (luminarias) were installed, which is excessive, invasive, and abusive, due to the unnecessary number of lamps, their high power, and the way they were installed, without considering the collateral invasive effect of passive light aggression. Therefore, the petitioner sent a complaint to the email address gzuniga@gmadministrativo.net in which he described the problem, but received no response. He reports that on May 20, 2024, he filed a complaint with the Dirección del Área Rectora de Salud de Carmen, Merced, Uruca of the Ministry of Health, with a receipt stamp of that same date; a process that, according to a response provided to the petitioner from the address: ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr (where the petitioner had requested an appointment to expand on his complaint), was given number 54-2024 and he was informed that, as of May 29, 2024, it was pending for the official in charge to conduct an inspection at the affected dwelling. He requests: that Grupo Marta reinstall, modify, or take the necessary technical measures to solve the invasive and harmful effect of the poorly installed lighting fixtures. That the action be granted.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) In the month of April 2024, some lighting fixtures were installed on the property of Hotel Irazú, belonging to Grupo Marta. (uncontroverted fact):\n\nb) On April 17, 2024, Oscar Luis Ramírez Quirós, Attorney-in-Fact of Hotelera Santa Marta S.A., sent a response by letter to the Manager of Condominio Urano, explaining the reasons why they installed the lamps. (report from the respondent authority of Grupo Marta, and evidence provided to the case file);\n\nc) On May 14, 2024, the petitioner, who is a resident owner of apartment 314 Urano, a subsidiary that borders Hotel Irazú, sent to the email address: gzuniga@gmadministrativo.net, a note addressed to Mrs. Grace Zúñiga, of the Management of Hotel Irazú, Grupo Marta, indicating the problem he and his mother face due to the density of the installed lighting fixtures, which are located in front of his apartment. (filing brief and evidence provided to the case file);\n\nd) On May 20, 2024, a complaint filed by the person protected herein was received at this Área Rectora de Salud under internal registry No. 54-2024, from which the following is transcribed verbatim: “Since the lighting fixtures were installed, the proper photometric measures were apparently not taken to prevent light pollution to Condominio Urano located north of the Hotel and this particularly affects my 98-year-old mother's bedroom, causing sleep disruption due to the oversized lighting… This situation has been going on for a month in which we have tried to adapt but it is impossible and there is no night”. (report from respondent authority and evidence provided to the case file);\n\ne) On May 29, 2024, a request for an appointment from the complainant is received at the email of the Dirección del Área Rectora de Salud, in order to expand and explain the situation, and a response is given to the request that same day, indicating the internal tracking number of complaint No. 54-2024, and that it is in the period of case analysis and coordination of resources for proper attention, that later the assigned official will coordinate an inspection at the dwelling to analyze the situation and so that they can expand on whatever they consider necessary. (report from respondent authority and evidence provided to the case file);\n\nf) On June 20, 2024, at 17:20 hours, the inspection was conducted at the affected dwelling; this Health Authority is attended by Mr. Otto Ernesto Pacheco Molina. (report from the respondent authority);\n\ng) On July 17, 2024, an inspection is conducted at the denounced establishment and the reason for the visit is explained. The foregoing is recorded in inspection report No. MS-CMU-AI-75-2024. (report from the respondent authority);\n\nh) On July 22, 2024, by means of technical inspection report No. MS-DRRSCS-DARSCMU-IT 1261-2024, the findings of both inspections conducted were detailed: During the inspection it is observed that the condominium borders the parking lot of the establishment in question and that indeed there are three lampposts, which are lit and illuminate the window of one of the rooms of the complainant's property. The foregoing is recorded in inspection report No. MS-CMU-AI-68-2024. (report from the respondent authority);\n\ni) On July 26, 2024, memorandum No. MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024 is issued by the Dirección del Área Rectora de Salud, addressed and notified to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Dr. Nelson Cordero, interim director, requesting indications on how to proceed in the present case regarding the appropriate approach and which legislation is applicable. (report from the respondent authority);\n\nj) On July 31, 2024, memorandum No. MS-DRRSCS-1827-2024 is sent from the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur in response to the inquiry raised by this Área Rectora, indicating that at this time the Ministry of Health does not have specific regulations for the present case and informing that the inquiry will be forwarded to the Dirección de Asuntos Jurídicos. (report from the respondent authority);\n\nk) On July 29, 2024, the respondent authority of the Área Rectora de Salud of the Ministry of Health was notified of the resolution that allowed the process to proceed. (see notification report);\n\nl) On September 2, the follow-up carried out to date by the Área Rectora regarding the attention of complaint No. 54-2024 is notified to both parties. (report from the respondent authority);\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE. From the evidence provided to the case file and the reports rendered under oath, it is proven that the claimant brings this amparo action, alleging that in the month of April 2024, some lighting fixtures were installed on the property of Hotel Irazú, belonging to Grupo Marta, which are excessive and invasive. Therefore, on May 14, 2024, the petitioner, who is a resident owner of apartment 314 Urano, a subsidiary that borders Hotel Irazú, sent a complaint to the email address: gzuniga@gmadministrativo.net, addressed to the Management of Hotel Irazú, Grupo Marta, indicating the problem he and his mother face due to the density of the installed lighting fixtures, which are located in front of his apartment. For its part, the attorney-in-fact of Hotelera Santa Marta S.A. reports that on April 17, 2024, he sent a response by letter to the manager of Condominio Urano, where the petitioner lives, explaining the reasons why they installed the lamps, specifically for a security issue.\n\nIV.- REGARDING THE ADMISSIBILITY OF THE AMPARO ACTION AGAINST PRIVATE-LAW SUBJECTS. This Chamber, in resolution 2007-008593 of 14:32 hours on June 19, 2007, has established the following:\n\n“Regarding the specific case of amparo actions in which, as in the present matter, a lack of response to procedures filed before private-law subjects was alleged, this Tribunal has indicated in relevant part: 'Single: With regard to the complainant's disagreement regarding the lack of response to their procedure of October eighth of this year, it should be noted that, in general terms, the right of petition and prompt resolution guaranteed in Article 27 of our Political Constitution can only be invoked before the Administration and consists of the guarantee for every citizen to be able to address any public servant or state entity in writing, in order to present a matter of interest and is complemented by the guarantee of obtaining a prompt resolution. In the case of private-law subjects, the right of petition can be invoked when a corporate or special relationship exists between the subjects. In other words, in the case of Subjects of Private Law, the right would be present when a member of a specific group or community requests information from its administrators on matters of interest to the group or community, or when the private entity acts or \"must act in the exercise of public functions or powers\" and furthermore that the jurisdictional remedies are \"clearly insufficient or tardy\" to protect the violated right'.\n\nFrom the analysis, it is evident that the case under study concerns a private entity and we are not in the presence of any of the situations indicated in the partially transcribed judgment; therefore, since no violation of the fundamental rights of the protected party is found, the action must be dismissed in relation to this authority.\n\nV.- REGARDING THE ÁREA RECTORA DE SALUD. The claimant points out that he filed a complaint with the Ministry of Health, but as of the date of filing the amparo action, no solution has been given to the problem afflicting him. In this regard, the respondent authority pointed out that on May 20, 2024, a complaint filed by the person protected herein was received at that Área Rectora de Salud under internal registry No. 54-2024, from which the following is transcribed verbatim: “Since the lighting fixtures were installed, the proper photometric measures were apparently not taken to prevent light pollution to Condominio Urano located north of the Hotel and this particularly affects my 98-year-old mother's bedroom, causing sleep disruption due to the oversized lighting… This situation has been going on for a month in which we have tried to adapt but it is impossible and there is no night”. Also, that on May 29, 2024, a request for an appointment from the complainant is received at the email of the Dirección del Área Rectora de Salud, in order to expand and explain the situation, and that same day a response is given to the request, indicating the internal tracking number of complaint No. 54-2024, and that it is in the period of case analysis and coordination of resources for proper attention, that later the assigned official will coordinate an inspection at the dwelling to analyze the situation and so that they can expand on whatever they consider necessary. Then, on June 20, 2024, at 17:20 hours, the Ministry of Health conducted the inspection at the affected dwelling, recorded in inspection report No. MS-CMU-AI-68-2024. Subsequently, on July 17, 2024, the respondent authority conducts an inspection at the denounced establishment and explains the reason for the visit; the foregoing is recorded in inspection report No. MS-CMU-AI-75-2024. Likewise, it is recorded that on July 22, 2024, by means of technical inspection report No. MS-DRRSCS-DARSCMU-IT 1261-2024, the findings of both inspections conducted were detailed: During the inspection it is observed that the condominium borders the parking lot of the establishment in question and that indeed there are three lampposts, which are lit and illuminate the window of one of the rooms of the complainant's property. Furthermore, it is indicated that the existence of regulations regulating light pollution is unknown. Due to the foregoing, it was recommended to the Dirección del Área Rectora de Salud Carmen Merced Uruca that, at a better technical or legal criterion, complaint No. 54-2024 be transferred to the corresponding Higher Hierarchical Level so that the correct approach to the case can be indicated, and whether applicable legislation exists or whether, in the absence of regulations, the attention of the complaint does not fall within the jurisdiction of this Authority. Thus, on July 26, 2024, memorandum No. MS-DRRSCS-DARSCMU-1295-2024 is issued by the Dirección del Área Rectora de Salud, addressed and notified to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Dr.\n\nNelson Cordero, acting director, requesting indications of how to proceed in the present case with respect to the appropriate approach and which legislation is applicable, and on July 31, 2024, official communication No. MS-DRRSCS-1827-2024 was sent from the Central South Health Rectorate Regional Directorate, responding to the query raised by this rectorate area, indicating that currently the Ministry of Health does not have specific regulations for the present case and reporting that the query will be forwarded to the Directorate of Legal Affairs. Finally, the decision was notified to the parties on September 2 of the current year, regarding the follow-up actions by the rectorate area with respect to the handling of the complaint filed by the petitioner.\n\nBy virtue of such circumstances, this Chamber finds that the fundamental rights of the petitioner have been affected by the respondent authority's failure to issue a final resolution on complaint No. 54-2024 filed on May 20, 2024, as well as to notify it. It was verified that from the date the respondent ministry conducted the inspection – June 20, 2024 – to the date the amparo was filed, a period of two months elapsed without the petitioner having received a response or been notified of the decision. Now, after the amparo was notified to the respondent authorities, they informed the Chamber that on September 2, 2024, the protected party was notified of the follow-up actions by the respondent rectorate area regarding the handling of complaint No. 54-2024. Therefore, the appropriate course is to grant the amparo petition, due to violation of the right to health, in accordance with the provisions of Article 52, paragraph 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFinally, the petitioner must be advised that it is not for this Chamber to determine whether the installation of a lighting system – such as the one denounced – is appropriate or not, since the allegation – in the opinion of this Court – constitutes a conflict of ordinary legality that should not be resolved before this Jurisdiction and, therefore, it is inappropriate to rule on that point. Consequently, the amparo petition is dismissed on this point.\n\nVI.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting of the petition must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling state that the amparo petition is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” meaning that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states that: “every resolution granting the amparo petition shall order, in abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the proceeding, reserving their liquidation for the execution of the judgment,” where no possibility is foreseen to assess whether or not compensation and costs are applicable. The principles of Constitutional Law, Public Law and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and also, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. Article 14 -. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any area. In any event, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if it so wishes, to a plenary proceeding to demonstrate that it has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this amparo petition without awarding costs, damages, and losses.\n\nVII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARDING OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\n(Vote in singular) While we concur with the rest of the Chamber in granting the amparo petition, we differ from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”.\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...every resolution granting the amparo petition shall order, in abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the proceeding, reserving their liquidation for the execution of the judgment”.\n\nThis latter norm establishes the general system regulating the matter of compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal way of concluding the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, the cited Article 51 regulates cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's opinion, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the amparo petition, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights upon learning of the amparo – a scenario contemplated in the referenced Article 52 – by force of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the violator for compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the proceeding. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the amparo petition, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has entered into the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself upon learning of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of those scenarios, the compelling need arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, the basis of which lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time of acknowledging and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the amparo petitioner, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding”.\n\nThe legislature established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that unmistakably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite granting the amparo petition, by providing that, in the cases regulated therein, the amparo petition shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn our view, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is unmistakably and clearly evident that in the specific case no compensable injury whatsoever was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. Since in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the amparo petitioner, of economic damages and losses derived from the challenged actions – the specific determination of which is not for this jurisdiction to make – the granting of this amparo petition must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the very dynamic and essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may cause or produce a breach in the system of individuals' fundamental rights. From this viewpoint, the analysis carried out by this court focuses on such verification, but it does not enter into weighing whether those issues have generated injuries in the strictly patrimonial sphere of the amparo petitioners. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that such award (for damages, losses, and costs) operates if applicable, the undersigned do not consider that said relevance examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private entity, when applicable), constituted an adequate cause for patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, articles 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law entities, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation”.\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary precedent issued by this Chamber regarding an in abstract award in those items, since that type of claim would not be applicable in that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, losses, and/or costs, or when no express pronouncement exists on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative court requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned Article 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires evidence, in each case, of situations from which it is reasonably estimated that no patrimonial injuries, even potential ones, exist derived or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, halts, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that prior to that cessation by the acting entity's own action or external action, the alleged negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive matter, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with the cited mandate 52, they are proper to an in abstract award that subsequently constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is reiterated, that is not their purpose or primary ratio. Thus, it is not for the amparo petitioner to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguard of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, by principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the aforementioned supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal imperative, it is not entered into assessing whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether, based on the petitioner's complaint, there may be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from the award referred to in that norm is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the in abstract award, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by Article 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted ceasing the conducts that, in theory, threaten or violate the individual's fundamental rights. That is, in order to obtain the safeguard of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by that virtue that the reproached disturbance ceased. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation insofar as it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied as a premise simply because the factual situation regulated in the mentioned Article 52 of the LJC occurred. Therefore, with the utmost respect for the majority's position, we express our vote and reiterate that the granting of this amparo petition must necessarily entail the in abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\".\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo petition is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: \"Every resolution granting the amparo petition shall order, in abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the proceeding, reserving their liquidation for the execution of the judgment\".\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an in abstract award for them is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no instrument – derived from this proceeding – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the in abstract award, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary forum will so declare, since only he is responsible for finding the actual existence and magnitude thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be encouraged to respect rights only in the face of an amparo petition. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber awards costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that if it has provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo petition is partially granted, without a special award of costs, damages, and losses. Solely for the lack of resolution and notification of complaint No. 54-2024 filed on May 20, 2024, by the petitioner. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. In all other respects, the amparo petition is dismissed. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAlexandra Alvarado P.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nLIFKQQRIZGS61\n\nEXPEDIENT N° 24-022740-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:22:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }