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  "id": "nexus-sen-1-0007-1254341",
  "citation": "Res. 29585-2024 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Instalación de antena 5G y falta de respuesta municipal",
  "title_en": "5G antenna installation and municipal failure to respond",
  "summary_es": "La recurrente interpuso amparo contra la Municipalidad de Escazú por la instalación de una antena 5G cerca de su vivienda y la falta de respuesta a su solicitud de reubicación. La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso. Respecto a la afectación del derecho a la salud, reiteró jurisprudencia que indica que no existe evidencia de que las torres de telecomunicaciones pongan en peligro la salud o el ambiente, por lo que el amparo es inadmisible en ese extremo. En cuanto a la omisión de respuesta, la Sala consideró que la violación al artículo 41 constitucional (justicia pronta y cumplida) es una cuestión de legalidad ordinaria que debe ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, máxime tras la entrada en vigor del Código Procesal Contencioso-Administrativo. El magistrado Castillo Víquez añadió una nota sobre la justicia administrativa pronta y cumplida, y el magistrado Rueda Leal salvó el voto por considerar necesario admitir el amparo para recabar más elementos de prueba.",
  "summary_en": "The petitioner filed an amparo against the Municipality of Escazú for installing a 5G antenna near her home and failing to respond to her relocation request. The Constitutional Chamber dismissed the petition outright. Regarding the health claim, it reiterated precedent that there is no evidence telecommunications towers endanger health or the environment, making the amparo inadmissible on that point. As for the lack of response, the Chamber held that a violation of Article 41 of the Constitution (right to a timely and effective administrative response) is an ordinary legality matter to be raised before the administrative-contentious jurisdiction, especially after the new Administrative Procedural Code. Justice Castillo Víquez added a separate note on the right to a timely administrative justice, and Justice Rueda Leal dissented, arguing the amparo should have been admitted to gather more evidence.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "08/10/2024",
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    "justicia pronta y cumplida",
    "jurisdicción contencioso-administrativa",
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    "derecho a la salud",
    "medio ambiente sano",
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  "excerpt_es": "III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\nIV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.",
  "excerpt_en": "III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE: A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. Since its foundation, the Constitutional Chamber has used broad admissibility criteria given the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations grounded in the infra-constitutional legal order or the legality parameter, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it should not be overlooked that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, indirectly underlies any conceivable substantive legal situation of individuals. However, upon better consideration and following the enactment of the Code of Administrative Contentious Procedure (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force on January 1, 2008, it has become clear that individuals now have a full and universal administrative-contentious jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms introduced by that legislation, such as the shortening of time limits for performing the various procedural acts, broad standing, precautionary measures, an open list of admissible claims, orality—and its subprinciples of concentration, immediacy, and speed—, a single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential or “amparo de legalidad” process, pure-legal processes, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the corps of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of case law to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest aim and purpose of achieving procedural economy, celerity, promptness, and effective or complete protection of the substantive legal situations of administered persons, all while guaranteeing basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In sum, the new administrative-contentious jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantive legal situations of administered persons where evidence must be gathered or ordinary legality issues determined.\n\nIV.- VERIFICATION OF STATUTORY TIME LIMITS FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: A CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or by sectorial laws for special administrative procedures, in order to resolve an administrative procedure by final act—whether initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, may be discussed and resolved before the administrative-contentious jurisdiction with the application of principles that nourish constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense—that is, appearing without legal counsel—and free access for the petitioner. Consequently, outright rejection is warranted, and the petitioner must be informed that, if she so wishes, she may resort to the administrative-contentious jurisdiction.",
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    "label_en": "Outright dismissal",
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    "summary_en": "The Chamber dismisses the amparo outright, holding that the alleged health impact from the 5G antenna is not supported by precedent, and the municipal failure to respond is an ordinary legality issue for the administrative-contentious jurisdiction.",
    "summary_es": "La Sala rechaza de plano el recurso de amparo por considerar que la alegada afectación a la salud por la antena 5G no está acreditada según la jurisprudencia y que la falta de respuesta municipal es una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa."
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      "context": "Considerando II, citando sentencia 2010-014449",
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      "quote_es": "no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud"
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    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the new administrative-contentious jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantive legal situations of administered persons",
      "quote_es": "la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados"
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Public Administration Law... is a clear matter of ordinary legality",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 29585 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 08 de Octubre del 2024 a las 11:15\n\nExpediente: 24-026831-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 24-026831-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2024029585\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas quince minutos del ocho de octubre de dos mil veinticuatro .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por IRIS MARÍA LEÓN PÉREZ, cédula de identidad 0105140045, contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ. \n\nResultando:\n\n   1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:26  horas del 25 de setiembre de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, y manifiesta lo siguiente:“Desde el mes de mayo de 2024, contacté a la Municipalidad de Escazú, al departamento de Control Constructivo , con respecto a la instalación de una antena 5G en la acera al costado de mi casa, Ubicada en la urbanización Loma Real uno, Guachipelín de Escazú , 50 m Sur y 110m Oeste del club cubano. La ubicación prevista era frente a la casa de mi vecina Ana Celia Carmona , y en una rotonda donde todos los que habitamos somos adultos mayores, afectando nuestro derecho a la salud y el medio ambiente. Después de numerosos intentos de llamadas al señor Andrés Montero, de Control Constructivo sin respuesta, decidí escribirle (jcontrolconstructivo@escazu.go.cr) Al cabo de varias semanas, me contestó la llamada explicándome que contaban con todos los permisos y que la instalación era un hecho, y yo le solicité si por favor podría contactar a la empresa encargada de la instalación para solicitar que al menos la instalaran en un parque municipal que queda a 25 m de el (sic) sitio escogido. El joven no había leído mi correo, y me solicitó que se lo reenviara con toda la información de la ubicación de nuestras casas y de el (sic) parque municipal y así lo hice. Eso con la idea de que solicitara a la empresa instaladora la reubicación. No recibí respuesta, no tuve derecho a una respuesta, y el pasado viernes 27 de setiembre nos despertó la maquinaria y los trabajadores (empresa desarrollos terrestres de Costa Rica), haciendo el hueco en la acera para iniciar la instalación. Me presenté al lugar y conversé con el encargado de la empresa y me dijo que el único que podía haber hecho la solicitud era efectivamente Andrés Montero, y no lo hizo, y que ellos ya tenían los permisos y que iban a proceder con la instalación aunque los vecinos se opusieran, porque contaban con todos los permisos. Contacté a don Andrés y me dijo que él creía que ya habíamos terminado de conversar y no entendió que él me tenía que contestar… DERECHO VIOLENTADO No recibí atención ni respuesta de parte del departamento de Control Constructivo. Los vecinos estamos inconformes con la instalación de esta antena por la afectación por radiación y con el peligro de que por algún accidente caiga sobre nuestras propiedades, además de que las devalúa”. Solicito que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley y que se les  brinde el derecho a continuar viviendo en un ambiente sano y sin radiaciones frente a sus casas, impidiendo la instalación y funcionamiento de la torre 5G y solicitando su reubicación.    \n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n   \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente señala que desde el mes de mayo de 2024, contactó a la Municipalidad de Escazú, con respecto a la instalación de una antena 5G en la acera al costado de su vivienda, ubicada en la urbanización Loma Real uno, Guachipelín de Escazú, lo cual afectaría su derecho a la salud y el de los vecinos; así como al medio ambiente. Alega que, después de numerosos intentos de llamadas al señor Andrés Montero, de Control Constructivo sin respuesta, decidió escribirle  y al cabo de varias semanas, le contestó la llamada y le manifestó  que contaban con todos los permisos y que la instalación era un hecho, por lo que le solicitó que si podría contactar a la empresa encargada de la instalación para que la misma se hiciera en un parque municipal que queda a 25 metros del sitio escogido. Alega que no recibió respuesta, no tuve derecho a una respuesta, y el pasado viernes 27 de setiembre (sic) los despertó la maquinaria al hacer un hueco en la acera para iniciar la instalación, sin que se tramitara la gestión que había planteado ante la Municipalidad de Escazú para la reubicación de dicha instalación. Solicita la intervención de esta sede constitucional.\n\nII.- SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD. Respecto a lo alegado por el recurrente en cuanto a la amenaza del derecho a la salud de la tutelada con motivo de la instalación de una antena de telecomunicaciones cerca de su casa, esta Sala en la sentencia No. 2019-020958 de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2019, consideró lo siguiente:\n\n“III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó:\n\n“… en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud…”.\n\nAdemás, en la sentencia No. 2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:\n\n“…En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. . . \"\n\nPosición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente. (Sentencia 2016007163 de  09:20 del 27 de mayo de 2016)(…)\n\nPor otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente:\n\n(…) III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:\n\n“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público (…)\n\nIV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de el (sic) proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional… En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara(…)”.\n\nTales consideraciones se ajustan al caso de estudio y esta Sala no encuentra motivos para valorar de manera diferente la situación y modificar el criterio vertido en esa sentencia, motivo por el cual el recurso deviene inadmisible en lo que respecta a tal alegato.\n\nPor otra parte, en cuanto a la falta de resolución de la gestión que indica la recurrente haber planteado ante la municipalidad recurrida, cabe indicar que esta no se encuentran dentro de los supuestos de excepción establecidos en lo atinente a una justicia pronta y cumplida. Por el contrario, la acusada omisión constituiría, de ser el caso, una violación al artículo 41 de la Constitución Política, motivo por el cual el amparo resulta inadmisible, de conformidad con las siguientes consideraciones.\n\nIII.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\n IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\nV.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n VI.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, la recurrente alega que desde mayo de 2024, remitió una gestión ante la Municipalidad de Escazú por la construcción de una torre de telecomunicaciones en la acera, a un costado de su vivienda. Afirma que, a la fecha, no ha recibido respuesta alguna. Estima que la colocación de la antena lesiona sus derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano.\n\nAnte este panorama, respetuosamente me separo del criterio de mayoría, pues estimo que en el sub examine se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante. Por consiguiente, salvo el voto y dispongo cursar este amparo.\n\n VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota, únicamente en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n J2PF1BKG43F861\n\nEXPEDIENTE N° 24-026831-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:28:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 29585 - 2024\n\nResolution Date: October 8, 2024 at 11:15 a.m.\n\nCase File: 24-026831-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of Matter: Amparo Appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the Resolution\n\n\n\nCASE FILE No. 24-026831-0007-CO\n\nPROCESS: AMPARO APPEAL\n\nRESOLUTION No. 2024029585\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and fifteen minutes on October eight, two thousand twenty-four.\n\nAmparo appeal filed by IRIS MARÍA LEÓN PÉREZ, identity card 0105140045, against the MUNICIPALITY OF ESCAZÚ.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 15:26 hours on September 25, 2024, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITY OF ESCAZÚ, and states the following: \"Since the month of May 2024, I contacted the Municipality of Escazú, the Construction Control department, regarding the installation of a 5G antenna on the sidewalk next to my house, located in the Loma Real Uno urbanization, Guachipelín de Escazú, 50 m South and 110 m West of the Cuban Club. The planned location was in front of my neighbor Ana Celia Carmona's house, and on a roundabout where all of us residents are older adults, affecting our right to health and the environment. After numerous calling attempts to Mr. Andrés Montero, from Construction Control, with no response, I decided to write to him (jcontrolconstructivo@escazu.go.cr). After several weeks, he returned my call explaining that they had all the permits and that the installation was a done deal, and I asked him if he could please contact the company in charge of the installation to request that at least they install it in a municipal park located 25 m from the chosen site. The young man had not read my email, and asked me to forward it with all the information on the location of our houses and the municipal park, which I did. This was with the idea that he would request the relocation from the installation company. I received no response, I had no right to a response, and last Friday, September 27, we were awakened by the machinery and workers (company Desarrollos Terrestres de Costa Rica), making a hole in the sidewalk to begin the installation. I went to the site and spoke with the company manager, and he told me that the only one who could have made the request was indeed Andrés Montero, and he didn't do it, and that they already had the permits and were going to proceed with the installation even if the neighbors objected, because they had all the permits. I contacted Mr. Andrés and he told me he thought we had finished talking and did not understand that he had to respond to me… RIGHT VIOLATED I did not receive attention or a response from the Construction Control department. We neighbors disagree with the installation of this antenna due to the impact from radiation and the danger that it might fall on our properties due to some accident, in addition to devaluing them\". I request that the appeal be granted with the legal consequences and that they be afforded the right to continue living in a healthy environment without radiation in front of their homes, preventing the installation and operation of the 5G tower and requesting its relocation.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it deems that sufficient elements of judgment exist to reject it, or that it is simply the reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected action.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant indicates that since the month of May 2024, she contacted the Municipality of Escazú regarding the installation of a 5G antenna on the sidewalk next to her dwelling, located in the Loma Real Uno urbanization, Guachipelín de Escazú, which would affect her right to health and that of the neighbors, as well as the environment. She alleges that, after numerous calling attempts to Mr. Andrés Montero, from Construction Control, with no response, she decided to write to him and after several weeks, he returned her call and stated that they had all the permits and that the installation was a done deal, so she asked him if he could contact the company in charge of the installation so that it could be done in a municipal park located 25 meters from the chosen site. She alleges that she received no response, she had no right to a response, and last Friday, September 27 (sic) they were awakened by the machinery making a hole in the sidewalk to begin the installation, without the request she had made to the Municipality of Escazú for the relocation of said installation being processed. She requests the intervention of this constitutional court.\n\nII.- ON THE INSTALLATION OF TELECOMMUNICATION TOWERS AND THE RIGHT TO HEALTH. Regarding what is alleged by the appellant in terms of the threat to the right to health of the protected party due to the installation of a telecommunication antenna near her house, this Chamber, in judgment No. 2019-020958 of 09:30 hours on October 29, 2019, considered the following:\n\n\"III.- ON THE HEALTH AND ENVIRONMENT BINOMIAL AND THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. In relation to telecommunication towers, this Court has repeatedly stated that there is no evidence that they endanger people's health or the environment. For example, in judgment No. 2010-014449 of 8:54 hrs. on August 31, 2010, it was stated:\n\n\"… regarding the potential impact that the installation and operation of such towers could have on the health of the population, both the Costa Rican Electricity Institute and the National Environmental Technical Secretariat agree in their reports – rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction – that, according to the scientific studies carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health…\"\n\nFurthermore, in judgment No. 2003-003419 of 15:54 hrs. on April 29, 2003, this Court indicated:\n\n\"…In the present matter, the claimant does not challenge a specific administrative act, but the possible effects that the installation of the cell tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the work performed is based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the case file, it was not conclusively demonstrated that there are health risks for the population or the environment derived from exposure to these electromagnetic fields, as the Costa Rican Electricity Institute, in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. In this regard, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. . . \"\n\nA position reiterated in judgments No. 2004-007890 of 15:37 hrs. on July 20, 2004, and No. 2006-014550 of 10:35 hrs. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cell phone towers does not imply an undue threat or risk to people's health or the environment. (See, in this regard, judgment No. 2011-002545 of 15:55 hrs. on March first, 2011). Aside from the fact that in the present matter, the mayor of Tibás has reported that the tower challenged by the appellants has all the permits from the involved Institutions, as well as the corresponding construction permit. (Judgment 2016007163 of 09:20 on May 27, 2016)(…)\n\nMoreover, in judgment 2016005857 of fourteen hours thirty minutes on May three, two thousand sixteen, it ordered the following:\n\n(…) III.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- The appellants also claim that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the issue of the installation of telecommunications and cell phone towers, being of public interest, has already been widely addressed by this Chamber. In this manner, in ruling No. 2013-006649 of ten hours twenty minutes on May seventeen, two thousand thirteen, the Chamber ordered the following:\n\n\"ON THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. Regarding the installation of cell signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that this is a matter of public interest that exceeds the sphere of the local or cantonal, pertaining to the national orbit and even extending into the field of Public International Law (…)\n\nIV.- ON THE GRANTING OF PERMITS FOR THE WORK. Finally, given that the appellants assert there is no evidence that the challenged project has the legal permits, it must be noted that this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions; thus, it is not called upon to review whether a telecommunications tower complies or not with the requirements established in the current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional channels... Consequently, the appeal is inadmissible and is so declared (…)\".\n\nSuch considerations are applicable to the case under study, and this Chamber finds no reasons to assess the situation differently and modify the criterion expressed in that judgment, which is why the appeal becomes inadmissible with respect to such claim.\n\nOn the other hand, regarding the lack of resolution of the request that the appellant indicates she made to the respondent municipality, it must be noted that this does not fall within the exception scenarios established regarding prompt and effective justice. On the contrary, the alleged omission would constitute, if such is the case, a violation of Article 41 of the Political Constitution, which is why the amparo is inadmissible, in accordance with the following considerations.\n\nIII.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTERED. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal order or parameter of legality, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, one must not lose sight of the fact that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, provides indirect foundation to any imaginable substantial legal situation of individuals. However, upon better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that now the justiciable parties have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms incorporated into the legal system by that legislation, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, broad standing, interim measures, the numerus apertus of pleadable claims, orality – and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity –, the single instance with appeal in expressly enumerated situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing or \"amparo of legality\" process, purely legal processes, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the corps of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes are manifestly intended and purposed to achieve procedural economy, celerity, promptness, and the effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of the administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In short, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of the administered in which evidence must be gathered or some ordinary legality issues defined.\n\nIV.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS ESTABLISHED BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT ISSUE OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative appeals, is an evident issue of ordinary legality that, henceforth, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense – that is, appearing without legal counsel – and free of charge for the appellant. Consequently, outright rejection is required and to indicate to the petitioner that, if she deems it appropriate, she may resort to the contentious-administrative jurisdiction.\n\nV.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when the justiciable party alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, which must hear the legal dispute. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law for the Regulation of the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exception scenarios, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of the amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent parties are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVI.- Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal. In the sub lite case, the appellant alleges that since May 2024, she sent a request to the Municipality of Escazú regarding the construction of a telecommunications tower on the sidewalk, next to her dwelling. She affirms that, to date, she has not received any response. She believes that the placement of the antenna harms her fundamental rights to health and a healthy environment.\n\nIn view of this situation, I respectfully depart from the majority criterion, because I believe that in the sub examine case, further information is required to prove or rule out the violation of the fundamental rights of the accuser. Therefore, I cast a dissenting vote and order this amparo to be processed.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellant is warned that, should she have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary\", approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright. Magistrate Castillo Víquez issues a note, solely in relation to the provisions on Article 41 of the Constitution. Magistrate Rueda Leal casts a dissenting vote and orders the amparo to be processed.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAlexandra Alvarado P.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nJ2PF1BKG43F861\n\nCASE FILE No. 24-026831-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception for matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:28:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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