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  "id": "nexus-sen-1-0007-1260763",
  "citation": "Res. 32378-2024 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por extensión de red eléctrica — falta de red y requisitos técnicos",
  "title_en": "Amparo for electricity grid extension — lack of grid and technical requirements",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por no haber atendido favorablemente una solicitud de extensión de red eléctrica presentada desde 2012. El recurrente alega que pese al tiempo transcurrido no ha obtenido la instalación del servicio. El ICE informa que la solicitud fue registrada a nombre de Mario Castro Rodríguez, y que se realizaron estudios técnicos, de rentabilidad y sostenibilidad ambiental. Se indicó a los interesados que la obra no está contemplada en planes de expansión a corto plazo y que para una ejecución inmediata se requiere financiamiento 100% cliente. La Sala concluye que la denegatoria no fue arbitraria, sino basada en criterios técnicos (falta de red de distribución y rentabilidad), y que el conflicto es de mera legalidad ordinaria sin lesión directa a derechos fundamentales. Por ello, declara sin lugar el amparo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rejects an amparo action against the Costa Rican Electricity Institute (ICE) for failing to grant a requested electricity grid extension filed in 2012. The petitioner claims that after years, the service has not been installed. ICE reported that the request was registered under Mario Castro Rodríguez's name, and technical, economic feasibility, and environmental sustainability studies were conducted. The applicants were informed that the project is not in short-term expansion plans and immediate execution requires 100% client financing. The Chamber finds the denial was not arbitrary but based on technical criteria (lack of distribution grid and profitability), and the dispute concerns ordinary legality with no direct harm to fundamental rights. The amparo is denied.",
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    "Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)",
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  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
    "Costa Rican Electricity Institute (ICE)",
    "electricity grid extension",
    "electric service",
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  "excerpt_es": "De este modo, en la especie consta que, en el caso que nos ocupa, la gestión formulada por la parte recurrente es una petición de ayuda a efectos de que este Tribunal intervenga o interponga sus buenos oficios ante el ICE, para que se instale el servicio solicitado. Sin embargo, lo anterior no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción. [...] Por otra parte, de la prueba aportada en autos no es posible determinar que la decisión de la autoridad recurrida sea arbitraria, pues el rechazo de la solicitud tiene fundamento en razones objetivas, ante la existencia de un impedimento técnico y material para distribuir el servicio de forma independiente e inmediata en la zona. [...] lo planteado no es más que un conflicto de legalidad ordinaria que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, razón por la cual excede el ámbito de competencia de esta Sala.",
  "excerpt_en": "Thus, in the case at hand, the petitioner's request amounts to a plea for this Court to intervene or use its good offices to have ICE install the requested service. That, however, falls outside the scope of this Chamber's jurisdiction. [...] Furthermore, the evidence on record does not show that the authority's decision was arbitrary; the denial is based on objective reasons, namely a technical and material impediment to distributing the service independently and immediately in the area. [...] the matter is nothing more than an ordinary legality dispute that does not directly involve any fundamental right, and therefore exceeds this Chamber's competence.",
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    "summary_en": "The Chamber denies the amparo, holding that ICE's refusal to extend the electricity grid is not arbitrary and is based on technical criteria, making the dispute one of ordinary legality.",
    "summary_es": "La Sala declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la negativa del ICE a extender la red eléctrica no es arbitraria y se basa en criterios técnicos, siendo la disputa de mera legalidad ordinaria."
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      "quote_en": "the petitioner's request is a plea for this Court to intervene or use its good offices with ICE to have the requested service installed. That, however, falls outside the scope of this Chamber's jurisdiction.",
      "quote_es": "la gestión formulada por la parte recurrente es una petición de ayuda a efectos de que este Tribunal intervenga o interponga sus buenos oficios ante el ICE, para que se instale el servicio solicitado. Sin embargo, lo anterior no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción."
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      "quote_en": "it cannot be determined that the authority's decision was arbitrary, since the denial is based on objective reasons, given the existence of a technical and material impediment to distributing the service independently and immediately in the area.",
      "quote_es": "no es posible determinar que la decisión de la autoridad recurrida sea arbitraria, pues el rechazo de la solicitud tiene fundamento en razones objetivas, ante la existencia de un impedimento técnico y material para distribuir el servicio de forma independiente e inmediata en la zona."
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      "quote_en": "the matter is nothing more than an ordinary legality dispute that does not directly involve any fundamental right, and therefore exceeds this Chamber's competence.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 32378 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 01 de Noviembre del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-025209-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-025209-0007-CO\n\nRes. Nº 2024032378\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del uno de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N°24-025209-0007-CO, interpuesto por BERNAL CASTRO GONZALEZ, cédula de identidad 0207190872, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las siete horas veintitrés minutos del once de setiembre de dos mil veinticuatro, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad,  manifiesta que, le solicitó a la autoridad recurrida lo siguiente: \"(…) solicitud para extensión de línea en calle el Güízaro, específicamente cincuenta metros este de la casa Pastoral, con el objetivo de optar con dicho servicio eléctrico en esa zona, abriéndose el caso número 2012-06-057 (…)\". Precisa que la solicitud fue entregada ante la autoridad recurrida desde el año 2012. Añade que el 29 de mayo de 2012 la autoridad recurrida le indicó, lo siguiente: \"(…) le informamos que se realizó el estudio pertinente y la obra será incluido en futuros programas de desarrollo (…)\". Reclama que, al momento en que acude en amparo, no ha obtenido respuesta afirmativa en cuanto a la instalación de dicho servicio en la zona tampoco que se incluya en programas futuros de desarrollo. Solicita se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de las diez horas cuarenta y seis minutos del doce de setiembre de dos mil veinticuatro, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al coordinador de la agencia del Instituto Costarricense de Electricidad de Atenas, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Informa bajo juramento César Sánchez Hidalgo en calidad de coordinador de la Agencia Integrada de Atenas de Negocio de Distribución y Comercialización del Instituto Costarricense de Electricidad, que: en los registros no consta ninguna solicitud de extensión de líneas a nombre del recurrente. Existe una solicitud a nombre de Mario Castro Rodríguez, presentada el 21 de mayo de 2012, registrada bajo el expediente № 2012-06-057. Esta solicitud corresponde al sector conocido como calle Güízaro, camino Escobal al oeste de la casa Pastoral en Atenas, y consistía en una petición de electrificación (extensión de líneas). En respuesta a dicha solicitud, se dio acuse de recibo e indicaron los medios de consulta para el caso en cuestión. El área técnica realizó un estudio de campo, efectuó un análisis de rentabilidad económica y realizó las consultas pertinentes al área de Desarrollo. Del estudio de campo realizado el 25 de mayo del 2012, se extrajo que se requería realizar una extensión de líneas, así como la instalación de un transformador en vista que se encontraron casas más servidas, como se indicó el croquis, aunado a esto se le notifico al señor Castro Rodríguez el oficio 1300-554-2014. El 10 de enero de 2013, se atendió una revisión del caso número 2012-06-057, por parte de área de desarrollo y la de sostenibilidad ambiental. Por lo que se realizan actualizaciones de estudios de campo. El 2 de mayo de 2022, se realizaron gestiones internas para la actualización de los estudios de campo relacionados con la obra pendiente. Se completaron los documentos necesarios, junto con la constancia de calle pública proporcionada por la municipalidad. Posteriormente, se notificó al señor Castro Rodríguez, mediante el oficio №1300-441-2022, sobre el estado de su solicitud, de acuerdo con las consideraciones previamente establecidas e informadas. Además, se le indicó que, para una ejecución inmediata, se requiere una obra mixta (100% cliente), en la cual los interesados deben financiar la obra.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una solicitud relacionada con un servicio eléctrico, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo al derecho fundamental que se invoca, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las gestiones de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que le solicitó a la parte recurrida una la extensión de línea en calle, con el objetivo de optar por un servicio eléctrico, abriéndose el caso N° 2012-06-057. Precisa que la solicitud fue entregada ante la autoridad recurrida desde el año 2012.  Reclama que, al momento en que acude en amparo, no ha obtenido respuesta afirmativa en cuanto a la instalación de dicho servicio en la zona, y tampoco que se incluya en programas futuros de desarrollo.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este asunto:\n\na)    En fecha 21 de mayo de 2012, en respuesta a una solicitud formulada por el recurrente, el ICE dio acuse de recibo e indicaron los medios de consulta para el caso en cuestión. El área técnica realizó un estudio de campo, efectuó un análisis de rentabilidad económica y realizó las consultas pertinentes al área de desarrollo y sostenibilidad ambiental de la agencia del ICE Atenas (véase prueba aportada).\n\nb)    En fecha 29 de mayo de 2012, mediante oficio N° 130-554-2012, se le notificó a uno de los gestionantes que se realizó el estudio pertinente y la obra será incluida en futuros programas de desarrollo (véase informe).\n\nc)     El 10 de enero de 2013, se atendió una revisión del caso 2012-06-057, por parte del área de desarrollo y la de sostenibilidad ambiental. Por lo que se realizan actuaciones de estudio de campo. (véase informe)\n\nd)    El 2 de mayo de 2022, se realizaron gestiones internas para la actualización de los estudios de campo relacionados con la obra pendiente. Se complementaron los documentos necesarios, junto con la constancia de calle pública proporcionada por la Municipalidad. (véase informe).\n\ne)     El 16 de mayo de 2022, se notificó a los gestionantes, mediante el oficio 1300-441-2022, sobre el estado de su solicitud, de acuerdo con las consideraciones previamente establecidas e informadas. Además, se les indicó que, para una ejecución inmediata, se requiere una obra mixta (100% cliente), en la cual los interesados deben financiar la obra (véase informe).\n\nIV.- SOBRE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal, al conocer un caso análogo mediante Sentencia N° 2021-018445 de las 09:45 horas del 20 de agosto de 2021, resolvió lo siguiente:\n\n“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal, en otras ocasiones, ha señalado que el Instituto Costarricense de Electricidad puede rechazar válidamente las solicitudes de conexiones eléctricas que le sean formuladas, o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifiquen. En este caso, de la prueba aportada en autos y del informe rendido por los personeros del Instituto recurrido, se acreditó que el 2 de marzo de 2021, los recurrentes presentaron ante la Agencia del Instituto Costarricense de Electricidad de Puerto Jiménez una solicitud a fin de que se les realizara un estudio para una posible extensión de red y alumbrado en calle pública, toda vez que, actualmente reciben el servicio eléctrico por medio de líneas inadecuadas. Así, mediante consecutivo No. 1140-028-2016, fechado 03 de febrero de 2016, la Administración comunicó a la parte interesada, lo siguiente: “Realizado el estudio técnico para llevar servicio eléctrico en la zona, se concluye que es necesario la construcción de aproximadamente 300 metros de línea primaria monofásica con secundario La proyección total de la obra es de 300 metros y su costo total estimado es de aproximadamente ¢ 7 129 814,00 (siete millones ciento veintinueve mil ochocientos catorce colones 00/100), a la fecha permitiría llevar servicio eléctrico a 12 posibles clientes. La obra está incluida en la lista nacional de demanda pendiente, sin embargo, su construcción no está contemplada en los planes de expansión del ICE en el corto plazo, si se requiere la construcción de forma inmediata, tendrá entonces la parte interesada que contratar y pagar los costos totales de construcción de la obra para lo que tendrá la libertad de seleccionar la empresa que la construya (...)”.\n\n Así las cosas, se logró determinar la existencia de impedimentos legales y técnicos tales, como la falta de red de distribución, lo que imposibilita la pretensión de la parte recurrente. Así las cosas, este Tribunal Constitucional no considera que el proceder del Instituto Costarricense de Electricidad haya sido arbitrario, sino que está sustentado en parámetros técnicos, normativos y presupuestarios, lo cual es congruente con la posición que ha mantenido la Sala en su línea jurisprudencial más reciente. Ante el panorama expuesto, dado que no se tuvo por acreditada lesión alguna a los derechos fundamentales de los tutelados, lo procede es la desestimatoria de este recurso, como en efecto se dispone” (el énfasis no corresponde al original). Tales consideraciones son aplicables al caso en estudio, dado que este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en la sentencia parcialmente trascrita, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada, pues en el presente asunto al igual que el precedente de cita se constata que la imposibilidad de proveer los servicios de electricidad y alumbrado público frente a la vivienda de los recurrente responde a la inexistencia de una red de distribución eléctrica en el lugar pretendido. Así, se descarta que se tratara de una decisión antojadiza o arbitraria del ICE, toda vez que subyace una justificación técnica. En consecuencia, se desestima el recurso como en efecto se dispone” (el destacado fue agregado).\n\nEl precedente transcrito resulta aplicable al sub lite, dado que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De este modo, en la especie consta que la solicitud de extensión de red eléctrica secundaria planteada por el accionante fue atendida por el ICE; empero, mediante oficio nro. 1421-374-2022 del 9 de setiembre de 2022 se explicó que “(…) al existir solo una vivienda en el sitio, estaremos a la espera de la construcción de más infraestructuras (casas o plantas de procesos), para que su caso pueda ser incluido en la lista de futuros programas de extensión de líneas eléctricas de la institución, dada esta situación y de acuerdo a (sic) los esquemas de financiamiento vigentes, la línea eléctrica solicitada, así como la instalación de equipos de transformación de voltaje, debe ser financiada y construida mediante la firma de un Contrato para la Construcción de Líneas de Distribución Eléctrica con Financiamiento 100% Cliente entre las partes interesadas (ICE y Cliente). (…)”. Por lo que no se observa que la denegatoria de parte del ICE resulte abiertamente arbitraria y desproporcional, sino que obedece a criterios técnicos que no han sido satisfechos. Aclarado lo anterior, se advierte que este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona, a fin de que se le conceda lo que ella pretende. Por ende, no le corresponde a la Sala interceder a los efectos de que al amparado se le apruebe la solicitud de extensión de red eléctrica secundaria peticionada. Ergo, no se acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en los que fue interpuesto el recurso y, por ende, no se estima el amparo (…)”.\n\nV.- SOBRE EL FONDO. El precedente transcrito resulta aplicable al sub-lite, dado que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De este modo, en la especie consta que, en el caso que nos ocupa, la gestión formulada por la parte recurrente es una petición de ayuda a efectos de que este Tribunal intervenga o interponga sus buenos oficios ante el ICE, para que se instale el servicio solicitado. Sin embargo, lo anterior no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción. Al respecto, es preciso señalar que la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos, materiales y jurídicos para distribuir el servicio solicitado es resorte de las autoridades administrativas respectivas, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, o interceder a favor del tutelado. Por otra parte, de la prueba aportada en autos no es posible determinar que la decisión de la autoridad recurrida sea arbitraria, pues el rechazo de la solicitud tiene fundamento en razones objetivas, ante la existencia de un impedimento técnico y material para distribuir el servicio de forma independiente e inmediata en la zona. Véase que, lo reclamado por la parte recurrente no se trata de una denegatoria del servicio de electricidad, sino de una disconformidad con lo resuelto por la autoridad recurrida en el oficio N.º 1300-441-2022, de acuerdo con la norma técnica, es necesario instalar y construir un nuevo punto de transformación (extensión de líneas). Para adelantarla, el costo debe ser financiado por el interesado, y eventualmente el ICE podría aportar la mano de obra, considerando que la administración se encuentra imposibilitada para distribuir el servicio de forma independiente e inmediata en la zona, y, por ende, requiere de un aporte económico de los interesados o alternativamente un tiempo de espera.\n\nSin embargo, actualmente la obra puede realizarse de forma inmediata bajo la modalidad (100%) cliente, en la cual los interesados cubren todos los costos asociados. Ahora bien, lo planteado no es más que un conflicto de legalidad ordinaria que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, razón por la cual excede el ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, este Tribunal no es un controlador de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde determinar si cumple o no con el requisito de rentabilidad, ni establecer quien debe sufragar los costos económicos en este momento de la infraestructura eléctrica. Esos extremos deben ser resueltos por la Administración o, en su caso, por la jurisdicción ordinaria, pues ello requeriría entrar a una fase probatoria extensa que es incompatible con la naturaleza del amparo. En consecuencia, deberá la parte accionante, si bien lo tiene, plantear sus inconformidades ante las vías de legalidad ordinaria pertinentes.\n\nVI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nAna María Picado B.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HEAWK0CXXS461\n\nEXPEDIENTE N° 24-025209-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:35:05.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Resolución Nº 32378 - 2024\n\nResolution Date: November 1, 2024 at 9:20 a.m.\n\nExpediente: 24-025209-0007-CO\n\nDrafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nType of matter: Recurso de amparo\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 24-025209-0007-CO\n\nRes. Nº 2024032378\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on November first, two thousand twenty-four.\n\nRecurso de amparo processed under expediente N° 24-025209-0007-CO, filed by BERNAL CASTRO GONZALEZ, identification number 0207190872, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- By brief incorporated into the digital expediente at seven twenty-three in the morning on September eleventh, two thousand twenty-four, the petitioner filed a recurso de amparo against the Instituto Costarricense de Electricidad, stating that he requested the following from the respondent authority: \"(…) request for line extension on Güízaro street, specifically fifty meters east of the Casa Pastoral, with the objective of obtaining said electrical service in that area, thereby opening case number 2012-06-057 (…)\". He specifies that the request was submitted to the respondent authority in 2012. He adds that on May 29, 2012, the respondent authority indicated the following: \"(…) we inform you that the pertinent study was conducted and the project will be included in future development programs (…)\". He claims that, at the time he files this amparo, he has not received an affirmative response regarding the installation of said service in the area, nor that it be included in future development programs. He requests that the recurso be granted.\n\n2.- By resolution at ten forty-six in the morning on September twelfth, two thousand twenty-four, this proceeding was initiated and a hearing was granted to the coordinator of the Atenas agency of the Instituto Costarricense de Electricidad regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- César Sánchez Hidalgo, in his capacity as coordinator of the Agencia Integrada de Atenas of the Negocio de Distribución y Comercialización of the Instituto Costarricense de Electricidad, reports under oath that: there is no record of any line extension request under the petitioner's name. There is a request under the name of Mario Castro Rodríguez, submitted on May 21, 2012, registered under expediente No. 2012-06-057. This request corresponds to the sector known as calle Güízaro, Escobal road west of the Casa Pastoral in Atenas, and consisted of an electrification request (line extension). In response to said request, an acknowledgment of receipt was given and the means of inquiry for the case in question were indicated. The technical area conducted a field study, performed an economic profitability analysis, and made the pertinent inquiries to the Development area. From the field study conducted on May 25, 2012, it was determined that a line extension was required, as well as the installation of a transformer, given that more served houses were found, as indicated in the sketch; in addition, Mr. Castro Rodríguez was notified via official notice 1300-554-2014. On January 10, 2013, a review of case number 2012-06-057 was addressed by the development and environmental sustainability area. Therefore, field study updates are carried out. On May 2, 2022, internal steps were taken to update the field studies related to the pending project. The necessary documents were completed, along with the public road certification provided by the municipality. Subsequently, Mr. Castro Rodríguez was notified, via official notice No. 1300-441-2022, of the status of his request, in accordance with the previously established and informed considerations. Furthermore, he was advised that, for immediate execution, a mixed project (100% client) is required, in which the interested parties must finance the project.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the administration has or has not complied with the deadlines established by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve, by final act, an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception case arises, as we are faced with a request related to an electrical service, which has not been resolved within a reasonable period. In view of the fundamental right invoked, this Chamber assesses the possible delays in the resolution of such proceedings. Once this point is clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner alleges that he requested from the respondent party a line extension on the street, with the objective of obtaining an electrical service, thereby opening case No. 2012-06-057. He specifies that the request was submitted to the respondent authority in 2012. He claims that, at the time he files this amparo, he has not received an affirmative response regarding the installation of said service in the area, nor that it be included in future development programs.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts of relevance are deemed duly proven for the resolution of this matter:\n\na) On May 21, 2012, in response to a request made by the petitioner, ICE gave acknowledgment of receipt and indicated the means of inquiry for the case in question. The technical area conducted a field study, performed an economic profitability analysis, and made the pertinent inquiries to the development and environmental sustainability area of the ICE Atenas agency (see evidence provided).\n\nb) On May 29, 2012, via official notice No. 130-554-2012, one of the applicants was notified that the pertinent study had been conducted and the project will be included in future development programs (see report).\n\nc) On January 10, 2013, a review of case 2012-06-057 was addressed by the development and environmental sustainability area. Therefore, field study actions were carried out (see report).\n\nd) On May 2, 2022, internal steps were taken to update the field studies related to the pending project. The necessary documents were supplemented, along with the public road certification provided by the Municipality (see report).\n\ne) On May 16, 2022, the applicants were notified, via official notice 1300-441-2022, of the status of their request, in accordance with the previously established and informed considerations. Additionally, they were advised that, for immediate execution, a mixed project (100% client) is required, in which the interested parties must finance the project (see report).\n\nIV.- ON ACCESS TO ELECTRICITY SERVICES. In this regard, it should be noted that this Court, when hearing an analogous case through Judgment No. 2021-018445 of 9:45 a.m. on August 20, 2021, resolved the following:\n\n\"IV.- ON THE SPECIFIC CASE. This Court, on other occasions, has stated that the Instituto Costarricense de Electricidad may validly reject the requests for electrical connections made to it, or condition them if there are technical or legal reasons that so justify it. In this case, from the evidence provided in the record and the report issued by the officials of the respondent Institute, it was proven that on March 2, 2021, the petitioners filed a request before the Puerto Jiménez Agency of the Instituto Costarricense de Electricidad for a study to be conducted for a possible network extension and lighting on a public road, given that they currently receive electrical service through inadequate lines. Thus, via consecutive number No. 1140-028-2016, dated February 3, 2016, the Administration communicated to the interested party, the following: 'After conducting the technical study to provide electrical service in the area, it is concluded that the construction of approximately 300 meters of single-phase primary line with secondary is necessary. The total projection of the project is 300 meters and its total estimated cost is approximately ¢ 7,129,814.00 (seven million one hundred twenty-nine thousand eight hundred fourteen colones 00/100), which as of today would allow electrical service to be provided to 12 possible clients. The project is included on the national list of pending demand; however, its construction is not contemplated in ICE's short-term expansion plans. If immediate construction is required, the interested party must then contract and pay the total construction costs of the project, for which they will have the freedom to select the company that builds it (...).'\n\nThus, it was possible to determine the existence of legal and technical impediments, such as the lack of a distribution network, which makes the petitioner's claim impossible. Given this situation, this Constitutional Court does not consider that the Instituto Costarricense de Electricidad's conduct has been arbitrary, but rather that it is supported by technical, regulatory, and budgetary parameters, which is consistent with the position maintained by the Chamber in its most recent jurisprudential line. In view of the foregoing, given that no injury to the fundamental rights of the protected parties was proven, the appropriate course is the dismissal of this recurso, as is hereby ordered.\" (emphasis not in original). Such considerations are applicable to the case under study, given that this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in the partially transcribed judgment, nor reasons to assess the situation differently, since in the present matter, as in the cited precedent, it is verified that the impossibility of providing electricity and public lighting services in front of the petitioner's dwelling is due to the non-existence of an electrical distribution network at the intended location. Thus, it is ruled out that this was a capricious or arbitrary decision by ICE, given that a technical justification underlies it. Consequently, the recurso is dismissed, as is hereby ordered.\" (highlighting added).\n\nThe transcribed precedent is applicable to the case at hand, given that no reasons are found to vary the criterion expressed, nor reasons to assess the situation differently. Thus, in the present case, it is on record that the request for a secondary electrical network extension made by the claimant was addressed by ICE; however, via official notice no. 1421-374-2022 of September 9, 2022, it was explained that \"(…) given that there is only one dwelling at the site, we will await the construction of more infrastructure (houses or processing plants), so that your case may be included in the list of future electrical line extension programs of the institution. Given this situation and in accordance with the current financing schemes, the requested electrical line, as well as the installation of voltage transformation equipment, must be financed and built through the signing of a Contract for the Construction of Electrical Distribution Lines with 100% Client Financing between the interested parties (ICE and Client). (…)\". Therefore, it is not observed that ICE's denial is openly arbitrary and disproportionate, but rather that it is due to technical criteria that have not been satisfied. Having clarified the above, it is noted that this Court should not act as a mediator before a specific individual or legal entity – whether under public or private law – to intercede on behalf of a third party, in order to grant them what they seek. Consequently, it is not for this Chamber to intercede so that the protected party is granted the requested secondary electrical network extension. Ergo, the injury to the fundamental rights of the protected party is not proven in the terms in which the recurso was filed, and therefore, the amparo is dismissed (...)\".\n\nV.- ON THE MERITS. The transcribed precedent is applicable to the case at hand, given that no reasons are found to vary the criterion expressed, nor reasons to assess the situation differently. Thus, in the present case, it is on record that the matter before us involves a request for this Court to intervene or use its good offices before ICE to install the requested service. However, this does not fall within the scope of competence of this Jurisdiction. In this regard, it is necessary to point out that verifying compliance with the technical, material, and legal requirements to distribute the requested service is the responsibility of the respective administrative authorities, and this Chamber cannot venture into this area or intercede on behalf of the protected party. Furthermore, from the evidence provided in the record, it is not possible to determine that the respondent authority's decision is arbitrary, as the rejection of the request is based on objective reasons, given the existence of a technical and material impediment to distributing the service independently and immediately in the area. Note that what the petitioner claims is not a denial of electricity service, but a disagreement with what was decided by the respondent authority in official notice No. 1300-441-2022. According to the technical standard, it is necessary to install and build a new transformation point (line extension). To advance it, the cost must be financed by the interested party, and ICE could eventually provide the labor, considering that the administration is unable to distribute the service independently and immediately in the area, and, therefore, requires a financial contribution from the interested parties or alternatively a waiting period.\n\nHowever, the project can currently be carried out immediately under the (100%) client modality, in which the interested parties cover all associated costs. Now, what has been raised is nothing more than an ordinary legality conflict that does not involve, at least directly, any fundamental right, which is why it exceeds the scope of competence of this Chamber. Indeed, this Court is not a controller of legality nor another instance of the Administration, so it is not its role to determine whether or not it meets the profitability requirement, nor to establish who must bear the economic costs at this time for the electrical infrastructure. Those issues must be resolved by the Administration or, where appropriate, by the ordinary jurisdiction, as this would require entering an extensive evidentiary phase that is incompatible with the nature of the amparo. Consequently, the claimant must, if they deem it appropriate, raise their objections through the pertinent ordinary legality channels.\n\nVI.- Note from Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative forum, the Courts of the Contencioso-Administrativo, and not this Chamber, are the ones that must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the recurso de amparo established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the Court Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe recurso is dismissed. Judge Castillo Víquez records a note.-\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAna María Picado B.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nHEAWK0CXXS461\nEXPEDIENTE N° 24-025209-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, 19th and 21st streets, 8th and 6th avenues\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:35:05.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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