{ "id": "nexus-sen-1-0007-1260881", "citation": "Res. 32406-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Limpieza de zona de protección de quebrada y derecho a la salubridad pública", "title_en": "Cleaning of stream protection zone and right to public health", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por una vecina del Residencial Villas Durango, en Cartago, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Cartago. La recurrente alegó que un lote municipal en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla se encontraba en estado de abandono, generando un foco de inseguridad y contaminación para la comunidad. A pesar de sus denuncias, las autoridades no habían tomado medidas oportunas. La Sala constató que, si bien ambas entidades finalmente realizaron acciones (limpieza, reparación de cercas, órdenes sanitarias), estas fueron ejecutadas de manera tardía, incluso después de notificado el amparo. El Tribunal declaró con lugar el recurso, pues la demora lesionó los derechos a la salud y a un ambiente sano (artículos 21 y 50 de la Constitución). Se ordenó a las autoridades continuar con el mantenimiento periódico de la zona para proteger dichos derechos. La mayoría resolvió sin condenatoria en costas, aunque los magistrados Salazar y Garro salvaron el voto por considerar que sí procedía la condenatoria en abstracto por daños y perjuicios.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a resident of Villas Durango in Cartago against the Ministry of Health and the Municipality of Cartago. The claimant alleged that a municipal lot in the Quebrada Arenilla Protection Zone was abandoned, creating a security and health hazard for the community. Despite her complaints, the authorities failed to act in a timely manner. The Chamber found that, although both entities eventually took action (cleaning, fence repair, sanitary orders), these actions were delayed, even after the amparo was notified. The Chamber granted the amparo, ruling that the delay violated the rights to health and a healthy environment (Articles 21 and 50 of the Constitution). The authorities were ordered to continue regular maintenance of the area. The majority imposed no award of costs or damages, but Justices Salazar and Garro dissented, arguing that abstract liability for damages should have been ordered.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "01/11/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "water-law", "_off-topic" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "salubridad pública", "orden sanitaria", "zona de protección", "amparo", "Derecho de Petición", "lesividad", "condenatoria en abstracto" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 21", "law": "Constitución Política" }, { "article": "", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo", "salubridad pública", "derecho a la salud", "ambiente sano", "municipalidad", "orden sanitaria", "zona de protección", "mantenimiento" ], "keywords_en": [ "amparo", "public health", "right to health", "healthy environment", "municipality", "sanitary order", "protection zone", "maintenance" ], "excerpt_es": "De la base fáctica accionada se tiene que, la Municipalidad de Cartago demostró haber tomado medidas para atender las solicitudes de la recurrente, tales como la limpieza del lote municipal y la reparación de la cerca, en cumplimiento de sus responsabilidades. No obstante, es evidente que dichas acciones fueron ejecutadas de manera tardía, ya que las gestiones iniciales de la recurrente datan de octubre de 2023 y no se concretaron medidas hasta febrero de 2024. Asimismo, se constató que la gestión de la amparada fue atendida formalmente después de la notificación del auto de curso de este proceso. Por lo anterior, se debe estimar este proceso de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. (…) La recurrente se vio obligada a interponer diversas gestiones y denuncias ante las autoridades para obtener una respuesta adecuada, lo que evidencia una deficiencia en la actuación oportuna por parte de la Municipalidad accionada, así como, por parte del Ministerio de Salud. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, si bien las autoridades recurridas han actuado para resolver los problemas expuestos por la recurrente, la tardanza en la implementación de las medidas constituye una vulneración de los derechos fundamentales protegidos por el recurso de amparo. En consecuencia, se acoge el recurso de amparo interpuesto, con el fin de que las autoridades recurridas continúen realizando un mantenimiento periódico y adecuado en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla y se asegure la protección de los derechos fundamentales de la recurrente y de los ciudadanos en general.", "excerpt_en": "From the factual basis, it is established that the Municipality of Cartago demonstrated that it took measures to address the claimant’s requests, such as cleaning the municipal lot and repairing the fence, in compliance with its responsibilities. However, it is evident that these actions were carried out belatedly, since the claimant's initial requests date from October 2023 and no measures were implemented until February 2024. It was also verified that the claimant’s request was formally addressed only after notification of the order processing this amparo. Therefore, this case must be granted as set out in the operative part of this decision. (…) The claimant was forced to file various requests and complaints before the authorities in order to obtain an adequate response, which demonstrates a deficiency in the timely action of the respondent Municipality, as well as the Ministry of Health. Therefore, this Chamber concludes that, although the respondent authorities acted to resolve the issues raised by the claimant, the delay in implementing the measures constitutes a violation of the fundamental rights protected by the amparo remedy. Consequently, the amparo is granted, so that the respondent authorities continue to carry out regular and adequate maintenance in the Quebrada Arenilla Protection Zone and ensure the protection of the fundamental rights of the claimant and of the general public.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted due to violation of the rights to health and a healthy environment because of the delay in addressing the complaints, without an award of costs for the majority.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso por vulneración de los derechos a la salud y al ambiente sano debido a la demora en la atención de las denuncias, sin condenatoria en costas para la mayoría." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "The delay in implementing the measures requested by the claimant, especially with regard to the cleaning and maintenance of the municipal lot, constitutes an infringement of the fundamental right to public health and a healthy environment, as established in Article 50 of the Political Constitution.", "quote_es": "La demora en la ejecución de las medidas solicitadas por la recurrente, especialmente en lo que respecta a la limpieza y mantenimiento del terreno municipal, constituye una afectación al derecho fundamental a la salubridad pública y al ambiente sano, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "The claimant was forced to file various requests and complaints before the authorities in order to obtain an adequate response, which demonstrates a deficiency in the timely action of the respondent Municipality, as well as the Ministry of Health.", "quote_es": "La recurrente se vio obligada a interponer diversas gestiones y denuncias ante las autoridades para obtener una respuesta adecuada, lo que evidencia una deficiencia en la actuación oportuna por parte de la Municipalidad accionada, así como, por parte del Ministerio de Salud." }, { "context": "Considerando VI (Art. 52 LJC)", "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.", "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1260881", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 32406 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 01 de Noviembre del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-026459-0007-CO\n\nRedactado por: Ana Cristina Fernández Acuña\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-026459-0007-CO\n\nRes. Nº 2024032406\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del uno de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 24-026459-0007-CO interpuesto por ALEJANDRA MORA ROJAS, cédula de identidad 0303440777, contra el MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 19:36 hrs. del 20 de septiembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, vive en el Residencial Villas Durango, en Guadalupe de Cartago y desde el 1° de febrero de 2023 dirigió una gestión formal al Ministerio de Salud para denunciar el estado de abandono de un lote municipal ubicado en La Joya de Guadalupe, Cartago, por cuanto representa un grave problema de seguridad y salubridad para la comunidad. Dado que ese lote ha sido un refugio para delincuentes y personas en situación de calle, generando un entorno de inseguridad y contaminación. La denuncia quedó registrada en el Área Rectora de Salud de Cartago con el consecutivo N° 0035-2024. Reclama que han transcurrido más de siete meses y no ha recibido ninguna respuesta o acción por parte de esa autoridad. Asimismo, el 9 de octubre de 2023 envió gestión al Alcalde de la Municipalidad de Cartago Mario Redondo Poveda, explicando la grave problemática del lote municipal en cuestión y solicitando acciones concretas para la limpieza, mantenimiento del terreno y reforzamiento de la cerca perimetral. Sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso tampoco se han realizado acciones que garanticen la seguridad y salubridad del lugar.\n\n2.- Mediante auto de las 10:06 hrs. del 27 de septiembre de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 02 de octubre de 2024.\n\n 3.- Por escrito presentado el 07 de octubre de 2024, informa bajo juramento MARIO REDONDO POVEDA, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Cartago que: “(…) Primero: ES CIERTO que mediante nota del 9 de octubre 2023 la señora Alejandra Mora Rojas hizo petición de limpieza a la Municipalidad. Segundo: ES FALSO que a la presentación del recurso de amparo no se han hecho labores que garanticen la seguridad y la salubridad. Tercero: Mediante oficio AM- OF-1040-2024, notificado a Alejandra Mora Rojas se le con relación al estado de abandono y falta de mantenimiento del “terreno municipal” ubicado en La Joya de Guadalupe se le indico a la recurrente • “ES falso, que la Municipalidad de Cartago no da mantenimiento. • La propiedad de cita es UNA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA ARENILLA, por lo que se debe ser cuidadoso por ser ZONA DE PROTECCION. • Debo indicarles que el municipio si ha dado mantenimiento a la zona de protección y lo realiza por medio de la Unidad Ambiental, este año 2024 se ha dado mantenimiento en fechas 29 de febrero 2024 y 3 de octubre 2024.” Se aporta oficio • El día 03 de octubre del 2024 se realizó otra limpieza aun tomando en consideración que es una zona de protección y a su vez se reparó la cerca. Cuarto: Desde que se interpuso la nota a fecha se han realizado 2 limpiezas 1. 29 de febrero 2024 2. 3 de octubre 2024 Por lo que es falso indicar que en 7 meses no ha habido acciones. Como se logra acreditar SI HA HABIDO ACCIONES DE LIMPIEZA en lo Zona de Protección de Arenilla. Y el sustento probatorio es evidente y notorio que así es. Lo que acredita la mala fe del recurrente. Quinto: La Policía Municipal hace recorridos por los once distritos que conforman el Cantón Central de Cartago y entre ellos el Distrito de Guadalupe, sin embargo, no podemos disponer de un oficial 24/7 en ese sitio. Es imposible que no haya indigentes en la cercanías en el Residencial Villas Durango, POR LAS INFLUENCIA DE LA ZONA DE LOS DIQUES EN CARTAGO ya que están a menos de un kilómetro, siendo miles de habitantes en zona precaria. Y las limpiezas de la Municipalidad a la zona de protección lo que evitan es que la propiedad sea invadida para posesión en modalidad de precario. Y lo hemos logrado mantener libre de precarios gracias a las limpiezas que damos en el sitio y los recorridos de la policía municipal hace. Sexto: El Recurso de Amparo nos la notifican el 2 de octubre 2024, CARECE DE INTERÉS ACTUAL PORQUE LA INFORMACIÓN YA FUE CONTESTADA AL RECURRENTE, y SEGUNDO LA MUNICIPALIDAD DEMUESTRA QUE SI HA HECHO LAS LIMPIEZAS QUE ES LO QUE CLAMA EL FONDO DEL RECURSO Y LA PRUEBA ACREDITA LO DICHO. Séptimo: Por un principio de autotutela, la Municipalidad interviene las propiedades municipales del cantón, debido a la cantidad de inmuebles no se puede hacer limpieza todos los meses, se priorizan parques y áreas de juego infantil. Y la zona de protección Arenilla no es la excepción.”\n\n 4.- Por escrito presentado el 08 de octubre de 2024, informa bajo juramento CARLOS ALBERTO GRANADOS Siles, en condición de director del Área Rectora Salud Cartago que: “(…) En atención a lo expresado anteriormente, informo lo siguiente: a) El día 14 febrero 2024 se recibe denuncia de la Sra. Alejandra Mora Rojas referente a problemas de contaminación y seguridad en terreno municipal donde solicitan la emisión de una orden sanitaria con el fin de obligar a la Municipalidad de Cartago a tomar medidas como limpieza del terreno y el compromiso de realizar mantenimiento periódico para prevenir futuros problemas. (Se adjunta denuncia correspondiente a los folios 0001,0002,0003 y 0004 expediente confidencial del caso) b) El día 8 abril 2024 se realizó inspección sanitaria donde se determinó el motivo de la denuncia al observarse una cerca de púas con daños, residuos y falta de mantenimiento, no se observó al momento de la inspección personas en situación de calle. (Se adjunta informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-0426-2024 correspondiente al folio 0004 del expediente administrativo del caso) c) Debido a lo anterior el 8 mayo 2024 se notificó orden sanitaria Nº MS-DRRSCE- ARSC-OS-0068-2024 al Alcalde de la Municipalidad de Cartago donde se le solicitó presentar un plan remedial con fecha de inicio, fecha final, acciones y responsable de corregir los daños a la cerca, limpiar de residuos ordinarios el lote y brindar cronograma de mantenimiento al lote. (Se adjuntan folios 0005 y 0006 del expediente administrativo del caso) d) Como respuesta al acto administrativo indicado se recibió el pasado 13 junio 2024 oficio AM-OF-451-2024, donde se adjunta oficio DU-OF-465-2024 donde se menciona que el 11 junio 2024 se realizaron las acciones de corrección de daños en la cerca y limpieza de residuos ordinarios al lote municipal; en cuanto al cronograma de acciones la Corporación Municipal indica que dicha dependencia no tienen dentro de sus labores ni metas brindar mantenimiento a predios municipales, sin embargo colaboran en espacios críticos con el fin de solventar la solicitud ciudadana ante ello no podrán brindar una programación definitiva ya que dependerá de la carga de trabajo de la cuadrilla de la oficina de Urbanismo municipal pero se tratara de atender cada cuatro meses.(Se adjuntan folios 0007,0008,0009 del expediente administrativo del caso) e) El día 4 octubre 2024 se le notifica oficio MS-DRRSCE-DARSC-1039-2024 a la Sra. Alejandra Mora Rojas donde se le comunicó que el motivo de la denuncia fue comprobado y que la Municipalidad de Cartago ejecutó la corrección de los daños en la cerca y limpieza de residuos como consecuencia de la orden sanitaria notificada a la mencionada Corporación Municipal; así mismo se le indico a la recurrente que el seguimiento a la denuncia está programada para el día 9 octubre 2024. (Se adjuntan folios 0020 y 0021 del expediente administrativo del caso) No se omite indicar que se mantendrá informada a la Honorable Sala Constitucional así como a la recurrente sobre el seguimiento del caso.”\n\n 5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta la Magistrada Fernandez Acuña; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Cartago por un problema contaminación. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Asimismo, en vista de que, en el informe rendido por las autoridades accionadas, se omitió indicar si la dirección de correo electrónico a la cual se remitió la gestión de la recurrente se encuentra prevista como mecanismo oficial de comunicación, se tiene por cierto que sí lo es, y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, vive en el Residencial Villas Durango, en Guadalupe de Cartago y desde el 1° de febrero de 2023 dirigió una gestión formal al Ministerio de Salud para denunciar el estado de abandono de un lote municipal ubicado en La Joya de Guadalupe, Cartago, por cuanto representa un grave problema de seguridad y salubridad para la comunidad. Dado que ese lote ha sido un refugio para delincuentes y personas en situación de calle, generando un entorno de inseguridad y contaminación. La denuncia quedó registrada en el Área Rectora de Salud de Cartago con el consecutivo N° 0035-2024. Reclama que han transcurrido más de siete meses y no ha recibido ninguna respuesta o acción por parte de esa autoridad. Asimismo, el 9 de octubre de 2023 envió gestión al Alcalde de la Municipalidad de Cartago Mario Redondo Poveda, explicando la grave problemática del lote municipal en cuestión y solicitando acciones concretas para la limpieza, mantenimiento del terreno y reforzamiento de la cerca perimetral. Sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso tampoco se han realizado acciones que garanticen la seguridad y salubridad del lugar.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nHechos relacionados con la Municipalidad de Cartago:\n\nEl 09 de octubre de 2023, la recurrente interpuso una gestión de limpieza de un lote municipal ante el gobierno local accionado (hecho no controvertido).\nEl 29 de febrero de 2024, el municipio accionado realizó una limpieza en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nMediante auto de las 10:06 hrs. del 27 de septiembre de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 02 de octubre de 2024 (los autos).\nEl 03 de octubre de 2024, el municipio accionado realizó otra limpieza y se reparó la cerca en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nMediante oficio AM-OF-1040-2024 de 04 de octubre de 2024, el gobierno local accionado notificó a la recurrente sobre las acciones de limpieza realizadas en el predio municipal (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\n\nHechos relacionados con el Área Rectora Salud Cartago del Ministerio de Salud:\n\nEl 14 de febrero de 2024, el área de salud accionada recibió denuncia de la recurrente referente a problemas de contaminación y seguridad en terreno municipal (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nEl 08 de abril de 2024, el área de salud accionada realizó una inspección sanitaria donde se determinan daños en una cerca de púas, residuos y falta de mantenimiento y se redactó el informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-0426-2024 (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nEl 08 de mayo de 2024, se notifica la orden sanitaria Nº MS-DRRSCE-ARSC-OS-0068-2024 al Alcalde de la Municipalidad de Cartago, solicitando un plan remedial (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nEl 13 de junio de 2024, el área de salud recibió el oficio AM-OF-451-2024 en respuesta al acto administrativo, donde se adjunta el oficio DU-OF-465-2024. Se mencionan acciones realizadas el 11 de junio de 2024 para corregir los daños en la cerca y limpiar residuos (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nMediante auto de las 10:06 hrs. del 27 de septiembre de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 03 de octubre de 2024 (los autos).\nEl 04 de octubre de 2024, se notificó el oficio MS-DRRSCE-DARSC-1039-2024 a la recurrente, informando la corrección de los daños y la limpieza de residuos (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\nEl área de salud accionada programó seguimiento a la denuncia para el 09 de octubre de 2024 (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).\n\n \n\nIV.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política, así como en diversos Convenios Internacionales. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en la sentencia No. 1993-3705, indicó lo siguiente:\n\n“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la \"lesión\", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)\".\n\nAsimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:\n\n\"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)\".\n\nEn relación con lo expuesto, esta Sala, mediante sentencia No. 1998-1808 consideró:\n\n\"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (…)\".\n\nEn ese contexto la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias e imponer las sanciones correspondientes con el fin de proteger el ambiente y el derecho a la salud de las personas. De modo que los derechos establecidos en los artículos 21 y 50 constitucionales, constriñen al Estado no solo a reconocerlos como tales, sino además, lo conmina a utilizar los medios, material y jurídicamente legítimos para garantizarlos.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, en relación con relacionados con la Municipalidad de Cartago, efectivamente, el 09 de octubre de 2023, la recurrente interpuso una gestión de limpieza de un lote municipal ante el gobierno local accionado. El 29 de febrero de 2024, el municipio accionado realizó una limpieza en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla. Posterior a la notificación de este proceso de amparo, el 03 de octubre de 2024, el municipio accionado realizó otra limpieza y se reparó la cerca en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla. Finalmente, mediante oficio AM-OF-1040-2024 de 04 de octubre de 2024, el gobierno local accionado notificó a la recurrente sobre las acciones de limpieza realizadas en el predio municipal. Sobre los hechos relacionados con el Área Rectora Salud Cartago del Ministerio de Salud, se tiene que, el 14 de febrero de 2024, el área de salud accionada recibió denuncia de la recurrente referente a problemas de contaminación y seguridad en terreno municipal. El 08 de abril de 2024, el área de salud accionada realizó una inspección sanitaria donde se determinan daños en una cerca de púas, residuos y falta de mantenimiento y se redactó el informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-0426-2024. El 08 de mayo de 2024, se notifica la orden sanitaria Nº MS-DRRSCE-ARSC-OS-0068-2024 al Alcalde de la Municipalidad de Cartago, solicitando un plan remedial. El 13 de junio de 2024, el área de salud recibió el oficio AM-OF-451-2024 en respuesta al acto administrativo, donde se adjunta el oficio DU-OF-465-2024. Se mencionan acciones realizadas el 11 de junio de 2024 para corregir los daños en la cerca y limpiar residuos. El 04 de octubre de 2024, se notificó el oficio MS-DRRSCE-DARSC-1039-2024 a la recurrente, informando la corrección de los daños y la limpieza de residuos. Finalmente, el área de salud accionada programó seguimiento a la denuncia para el 09 de octubre de 2024. De la base fáctica accionada se tiene que, la Municipalidad de Cartago demostró haber tomado medidas para atender las solicitudes de la recurrente, tales como la limpieza del lote municipal y la reparación de la cerca, en cumplimiento de sus responsabilidades. No obstante, es evidente que dichas acciones fueron ejecutadas de manera tardía, ya que las gestiones iniciales de la recurrente datan de octubre de 2023 y no se concretaron medidas hasta febrero de 2024. Asimismo, se constató que la gestión de la amparada fue atendida formalmente después de la notificación del auto de curso de este proceso. Por lo anterior, se debe estimar este proceso de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. De otra parte, el Ministerio de Salud, actuó de conformidad con la normativa aplicable, realizando la inspección correspondiente en abril de 2024 y emitiendo la orden sanitaria pertinente en mayo de 2024. Las autoridades de salud han mantenido un control adecuado sobre el asunto, exigiendo la implementación de las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, la resolución formal y comunicación a la recurrente ocurrió estando en trámite el presente proceso de amparo. Consecuentemente, se debe estimar el presente proceso, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia. Debe recordarse a las autoridades accionadas que, la demora en la ejecución de las medidas solicitadas por la recurrente, especialmente en lo que respecta a la limpieza y mantenimiento del terreno municipal, constituye una afectación al derecho fundamental a la salubridad pública y al ambiente sano, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política. La recurrente se vio obligada a interponer diversas gestiones y denuncias ante las autoridades para obtener una respuesta adecuada, lo que evidencia una deficiencia en la actuación oportuna por parte de la Municipalidad accionada, así como, por parte del Ministerio de Salud. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, si bien las autoridades recurridas han actuado para resolver los problemas expuestos por la recurrente, la tardanza en la implementación de las medidas constituye una vulneración de los derechos fundamentales protegidos por el recurso de amparo. En consecuencia, se acoge el recurso de amparo interpuesto, con el fin de que las autoridades recurridas continúen realizando un mantenimiento periódico y adecuado en la Zona de Protección de la Quebrada Arenilla y se asegure la protección de los derechos fundamentales de la recurrente y de los ciudadanos en general. Ahora bien, dado que las autoridades accionadas resolvieron la gestión de la recurrente estando el trámite este proceso, se acoge el recurso de conformidad con lo indicado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según lo indicado en la parte dispositiva de la presente resolución y los siguientes considerandos.\n\nVI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que vive en el Residencial Villas Durango, en Guadalupe de Cartago y dirigió documentos al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Cartago, para denunciar el estado de abandono de un lote municipal ubicado en La Joya de Guadalupe, Cartago, por cuanto representa un grave problema de seguridad y salubridad para la comunidad refugio para delincuentes y personas en situación de calle, generando un entorno de inseguridad y contaminación-. Sin embargo, argumenta que la situación no ha sido resuelta en forma definitiva.\n\nXI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nAna María Picado B.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ZKMU0L7J02U61\n\nEXPEDIENTE N° 24-026459-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:36:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Large**\n**Normal**\n**Small**\n**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 32406 - 2024**\n\n**Date of Resolution:** November 1, 2024, at 9:20 a.m.\n\n**Expediente:** 24-026459-0007-CO\n\n**Drafted by:** Ana Cristina Fernández Acuña\n\n**Type of Matter:** Amparo action\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\n\n\n**Exp: 24-026459-0007-CO**\n\n**Res. No. 2024032406**\n\n**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours twenty minutes on the first of November, two thousand twenty-four.\n\nAmparo action processed in expediente number 24-026459-0007-CO filed by ALEJANDRA MORA ROJAS, identity card 0303440777, against the MINISTERIO DE SALUD and the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.\n\n**WHEREAS:**\n\n1.- By writ received in this Chamber at 19:36 hrs. on September 20, 2024, the petitioner files an amparo action and states that she lives in Residencial Villas Durango, in Guadalupe de Cartago, and since February 1, 2023, she directed a formal petition to the Ministerio de Salud to denounce the state of abandonment of a municipal lot located in La Joya de Guadalupe, Cartago, as it represents a serious security and public health problem for the community. This lot has been a refuge for criminals and people in street situations, generating an environment of insecurity and contamination. The complaint was registered in the Área Rectora de Salud de Cartago with consecutive No. 0035-2024. She claims that more than seven months have passed and she has not received any response or action from that authority. Likewise, on October 9, 2023, she sent a petition to the Mayor of the Municipalidad de Cartago, Mario Redondo Poveda, explaining the serious problem of the municipal lot in question and requesting concrete actions for cleaning, maintenance of the land, and reinforcement of the perimeter fence. However, as of the date of filing this action, no actions have been taken to guarantee the security and public health of the place.\n\n2.- By order of 10:06 hrs. on September 27, 2024, this action was processed and notified to the respondent authorities on October 2, 2024.\n\n3.- By writ filed on October 7, 2024, MARIO REDONDO POVEDA, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Cartago, reports under oath that: \"(…) First: IT IS TRUE that by note of October 9, 2023, Mrs. Alejandra Mora Rojas made a cleaning request to the Municipality. Second: IT IS FALSE that as of the filing of the amparo action, no work has been done to guarantee security and public health. Third: By official letter AM-OF-1040-2024, notified to Alejandra Mora Rojas, regarding the state of abandonment and lack of maintenance of the \"municipal land\" located in La Joya de Guadalupe, the petitioner was informed: • \"IT is false that the Municipalidad de Cartago does not provide maintenance. • The cited property is a PROTECTION ZONE OF THE QUEBRADA ARENILLA, so care must be taken because it is a PROTECTION ZONE. • I must state that the municipality has provided maintenance to the protection zone and does so through the Unidad Ambiental; this year 2024, maintenance was provided on February 29, 2024, and October 3, 2024.\" The official letter is provided. • On October 3, 2024, another cleaning was carried out, even taking into consideration that it is a protection zone, and at the same time, the fence was repaired. Fourth: From the time the note was filed to date, 2 cleanings have been carried out: 1. February 29, 2024; 2. October 3, 2024. Therefore, it is false to state that in 7 months there have been no actions. As can be proven, THERE HAVE BEEN CLEANING ACTIONS in the Protection Zone of Arenilla. And the evidentiary support is evident and notorious that it is so. This proves the bad faith of the petitioner. Fifth: The Policía Municipal conducts patrols through the eleven districts that make up the Central Canton of Cartago, among them the District of Guadalupe; however, we cannot have an officer 24/7 at that site. It is impossible for there to be no homeless people in the vicinity of Residencial Villas Durango, DUE TO THE INFLUENCE OF THE ZONE OF LOS DIQUES IN CARTAGO, as they are less than a kilometer away, with thousands of inhabitants in a precarious zone. And the Municipality's cleanings of the protection zone are what prevent the property from being invaded for possession in a precarious manner. And we have managed to keep it free of squatters thanks to the cleanings we provide at the site and the patrols the municipal police conduct. Sixth: The Amparo Action was notified to us on October 2, 2024; IT LACKS CURRENT INTEREST BECAUSE THE INFORMATION WAS ALREADY ANSWERED TO THE PETITIONER, and SECOND, THE MUNICIPALITY SHOWS THAT IT HAS DONE THE CLEANINGS WHICH IS WHAT THE SUBSTANCE OF THE ACTION DEMANDS, AND THE PROOF SUPPORTS WHAT IS SAID. Seventh: By a principle of self-protection, the Municipality intervenes on the municipal properties of the canton; due to the number of properties, cleaning cannot be done every month; parks and children's play areas are prioritized. And the Arenilla protection zone is no exception.\"\n\n4.- By writ filed on October 8, 2024, CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES, in his capacity as director of the Área Rectora Salud Cartago, reports under oath that: \"(…) In response to the foregoing, I report the following: a) On February 14, 2024, a complaint was received from Mrs. Alejandra Mora Rojas regarding contamination and security problems on municipal land, where they request the issuance of a sanitary order to compel the Municipalidad de Cartago to take measures such as cleaning the land and committing to periodic maintenance to prevent future problems. (The complaint corresponding to folios 0001, 0002, 0003, and 0004 of the case's confidential expediente is attached) b) On April 8, 2024, a sanitary inspection was conducted where the reason for the complaint was determined upon observing a barbed wire fence with damage, waste, and lack of maintenance; no persons in street situations were observed at the time of the inspection. (Technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-0426-2024 corresponding to folio 0004 of the case's administrative expediente is attached) c) Due to the above, on May 8, 2024, sanitary order No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0068-2024 was notified to the Mayor of the Municipalidad de Cartago, where he was requested to submit a remedial plan with a start date, end date, actions, and the person responsible for correcting the fence damage, cleaning ordinary waste from the lot, and providing a maintenance schedule for the lot. (Folios 0005 and 0006 of the case's administrative expediente are attached) d) In response to the indicated administrative act, official letter AM-OF-451-2024 was received on June 13, 2024, attaching official letter DU-OF-465-2024, which mentions that on June 11, 2024, actions were taken to correct the fence damage and clean ordinary waste from the municipal lot; regarding the schedule of actions, the Municipal Corporation indicates that said department does not have within its tasks or goals the provision of maintenance to municipal properties; however, they collaborate in critical spaces to resolve citizen requests; therefore, they will not be able to provide a definitive schedule as it will depend on the workload of the municipal Urbanismo office's crew, but they will try to attend every four months. (Folios 0007, 0008, 0009 of the case's administrative expediente are attached) e) On October 4, 2024, official letter MS-DRRSCE-DARSC-1039-2024 was notified to Mrs. Alejandra Mora Rojas, informing her that the reason for the complaint had been verified and that the Municipalidad de Cartago had executed the correction of the fence damage and the cleaning of waste as a consequence of the sanitary order notified to said Municipal Corporation; likewise, the petitioner was informed that the follow-up to the complaint is scheduled for October 9, 2024. (Folios 0020 and 0021 of the case's administrative expediente are attached) It is not omitted to state that the Honorable Constitutional Chamber will be kept informed, as well as the petitioner, regarding the follow-up of the case.\"\n\n5.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Fernández Acuña; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.- PRELIMINARY MATTER.** Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws related to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised, as it involves a complaint filed before the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Cartago regarding a contamination problem. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. Likewise, in view of the fact that in the report rendered by the respondent authorities, they omitted to indicate whether the email address to which the petitioner's petition was sent is provided as an official communication mechanism, it is taken as true that it is, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with the provisions of article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n**II.- OBJECT OF THE ACTION.** The petitioner files an amparo action and states that she lives in Residencial Villas Durango, in Guadalupe de Cartago, and since February 1, 2023, she directed a formal petition to the Ministerio de Salud to denounce the state of abandonment of a municipal lot located in La Joya de Guadalupe, Cartago, as it represents a serious security and public health problem for the community. This lot has been a refuge for criminals and people in street situations, generating an environment of insecurity and contamination. The complaint was registered in the Área Rectora de Salud de Cartago with consecutive No. 0035-2024. She claims that more than seven months have passed and she has not received any response or action from that authority. Likewise, on October 9, 2023, she sent a petition to the Mayor of the Municipalidad de Cartago, Mario Redondo Poveda, explaining the serious problem of the municipal lot in question and requesting concrete actions for cleaning, maintenance of the land, and reinforcement of the perimeter fence. However, as of the date of filing this action, no actions have been taken to guarantee the security and public health of the place.\n\n**III.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\n**Facts related to the Municipalidad de Cartago:**\n\nOn October 9, 2023, the petitioner filed a petition for the cleaning of a municipal lot before the respondent local government (uncontested fact).\nOn February 29, 2024, the respondent municipality carried out a cleaning in the Zona de Protección de la Quebrada Arenilla (see report rendered by the respondent authority).\nBy order of 10:06 hrs. on September 27, 2024, this action was processed and notified to the respondent authorities on October 2, 2024 (the orders).\nOn October 3, 2024, the respondent municipality carried out another cleaning and the fence was repaired in the Zona de Protección de la Quebrada Arenilla (see report rendered by the respondent authority).\nBy official letter AM-OF-1040-2024 of October 4, 2024, the respondent local government notified the petitioner about the cleaning actions carried out on the municipal property (see report rendered by the respondent authority).\n\n**Facts related to the Área Rectora Salud Cartago of the Ministerio de Salud:**\n\nOn February 14, 2024, the respondent health area received a complaint from the petitioner regarding contamination and security problems on municipal land (see report rendered by the respondent authority).\nOn April 8, 2024, the respondent health area carried out a sanitary inspection where damage to a barbed wire fence, waste, and lack of maintenance were determined, and technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-0426-2024 was drafted (see report rendered by the respondent authority).\nOn May 8, 2024, sanitary order No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0068-2024 was notified to the Mayor of the Municipalidad de Cartago, requesting a remedial plan (see report rendered by the respondent authority).\nOn June 13, 2024, the health area received official letter AM-OF-451-2024 in response to the administrative act, to which official letter DU-OF-465-2024 is attached. Actions carried out on June 11, 2024, to correct the fence damage and clean waste are mentioned (see report rendered by the respondent authority).\nBy order of 10:06 hrs. on September 27, 2024, this action was processed and notified to the respondent authorities on October 3, 2024 (the orders).\nOn October 4, 2024, official letter MS-DRRSCE-DARSC-1039-2024 was notified to the petitioner, informing her of the correction of the damage and the cleaning of waste (see report rendered by the respondent authority).\nThe respondent health area scheduled a follow-up to the complaint for October 9, 2024 (see report rendered by the respondent authority).\n\n**IV.- ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.** Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política, as well as in various International Conventions. In this regard, this Constitutional Court, in judgment No. 1993-3705, stated the following:\n\n\"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this area of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)\".\n\nLikewise, there is an obligation of the State to protect the environment, which is expressly contemplated in the second paragraph of article 50 of the Constitución Política, which states as relevant:\n\n\"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (...)\".\n\nIn relation to the foregoing, this Chamber, by judgment No. 1998-1808, held:\n\n\" (...) the State not only has the inescapable responsibility to ensure that the health of each of the people that make up the national community does not suffer harm from third parties, in relation to these rights, but it must also assume the responsibility of achieving the propitious social conditions so that each person can enjoy their health, understanding such right as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (...)\".\n\nIn this context, the infra-constitutional regulations develop this right, and the Ley General de Salud authorizes the Ministerio de Salud to take sanitary measures and impose the corresponding sanctions in order to protect the environment and the right to health of individuals. Thus, the rights established in articles 21 and 50 of the Constitution constrain the State not only to recognize them as such but also compel it to use materially and legally legitimate means to guarantee them.\n\n**V.- ON THE SPECIFIC CASE.** After analyzing the evidentiary elements provided, this Court accredits the injury to the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, regarding the Municipalidad de Cartago, indeed, on October 9, 2023, the petitioner filed a petition for the cleaning of a municipal lot before the respondent local government. On February 29, 2024, the respondent municipality carried out a cleaning in the Zona de Protección de la Quebrada Arenilla. After the notification of this amparo proceeding, on October 3, 2024, the respondent municipality carried out another cleaning and the fence was repaired in the Zona de Protección de la Quebrada Arenilla. Finally, by official letter AM-OF-1040-2024 of October 4, 2024, the respondent local government notified the petitioner about the cleaning actions carried out on the municipal property. Regarding the facts related to the Área Rectora Salud Cartago of the Ministerio de Salud, it is established that on February 14, 2024, the respondent health area received a complaint from the petitioner regarding contamination and security problems on municipal land. On April 8, 2024, the respondent health area carried out a sanitary inspection where damage to a barbed wire fence, waste, and lack of maintenance were determined, and technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-0426-2024 was drafted. On May 8, 2024, sanitary order No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0068-2024 was notified to the Mayor of the Municipalidad de Cartago, requesting a remedial plan. On June 13, 2024, the health area received official letter AM-OF-451-2024 in response to the administrative act, to which official letter DU-OF-465-2024 is attached. Actions carried out on June 11, 2024, to correct the fence damage and clean waste are mentioned. On October 4, 2024, official letter MS-DRRSCE-DARSC-1039-2024 was notified to the petitioner, informing her of the correction of the damage and the cleaning of waste. Finally, the respondent health area scheduled a follow-up to the complaint for October 9, 2024. From the respondent factual basis, it is established that the Municipalidad de Cartago demonstrated that it had taken measures to address the petitioner's requests, such as the cleaning of the municipal lot and the repair of the fence, in compliance with its responsibilities. However, it is evident that these actions were executed tardily, since the petitioner's initial petitions date from October 2023 and measures were not implemented until February 2024. Likewise, it was found that the protected party's petition was formally addressed after the notification of the order processing this proceeding. Therefore, this proceeding must be granted in accordance with the operative part of this judgment. Moreover, the Ministerio de Salud acted in accordance with the applicable regulations, conducting the corresponding inspection in April 2024 and issuing the pertinent sanitary order in May 2024. The health authorities have maintained adequate control over the matter, demanding the implementation of the necessary corrective measures. However, the formal resolution and communication to the petitioner occurred while the present amparo proceeding was underway. Consequently, the present proceeding must be granted, as indicated in the operative part of this judgment. The respondent authorities must be reminded that the delay in executing the measures requested by the petitioner, especially with respect to the cleaning and maintenance of the municipal land, constitutes an infringement of the fundamental right to public health and a healthy environment, as established by article 50 of the Constitución Política. The petitioner was forced to file various petitions and complaints before the authorities to obtain an adequate response, which evidences a deficiency in timely action by the respondent Municipality, as well as by the Ministerio de Salud. Based on the foregoing, this Court concludes that, although the respondent authorities have acted to resolve the problems raised by the petitioner, the delay in implementing the measures constitutes a violation of the fundamental rights protected by the amparo action. Consequently, the amparo action filed is granted, so that the respondent authorities continue to carry out periodic and adequate maintenance in the Zona de Protección de la Quebrada Arenilla and ensure the protection of the fundamental rights of the petitioner and the citizens in general. Now, given that the respondent authorities resolved the petitioner's petition while this proceeding was underway, the action is granted in accordance with the provisions of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional without special award of costs and damages and losses, as indicated in the operative part of this resolution and the following considerandos.\n\n**VI.- ON THE AWARD OF COSTS AND DAMAGES AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.** On the award of costs and damages and losses in accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable\"), the grant must be without a special award of costs and damages and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same in fine paragraph states that the grant is ordered \"solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states that: \"any resolution granting the action shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment,\" where the possibility of assessing whether or not the indemnification and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if she sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without an award of costs and damages and losses.\n\n**VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS AND DAMAGES AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.**\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber in granting the action, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs and damages and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.\"\n\nOn the other hand, article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...any resolution granting the action shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nThis last norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…\"\n\nIn the criterion of the majority, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs and damages and losses arises. However, in the undersigned's opinion, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referenced article 52—by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the infringer for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the grant of the action, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction.\n\nThus, whether the Chamber has deemed the injury proven and proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the amparo proceedings, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the injured party (Article 52), in any of these scenarios, the imperative need always arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, whose foundation lies in the principles of protection of individuals' rights and in the principle that the Administration must be held liable for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the appropriateness of an award of costs, damages, and losses, as such case forms an integral part of the general system of mandatory awards on those items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nMoreover, it is clear that the aforementioned Article 52 applies solely in cases where the Chamber, even though it has not examined or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the amparo-protected party by virtue of the restoration of enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, constitutes an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator precisely established and defined the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, i.e., that the Administration has been duly notified of the ruling that admitted the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indubitably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awards of costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted \"solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.\" As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies under the circumstances strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly entail a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception must be interpreted as meaning that, in accordance with the general system of automatic awards of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in cases where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that, in the specific case, no compensable damage whatsoever was caused. Only and exclusively under such circumstances could the respondent Administration be exempted from paying those items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption that the amparo-protected party suffered economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific determination of which is not the responsibility of this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of individuals' fundamental rights. From that standpoint, the analysis conducted by this court concentrates on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the strictly proprietary sphere of the protected individuals. Although the aforementioned provision 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that such award (of damages, losses, and costs) shall operate, if applicable, we the undersigned do not believe that such examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private-law subject, as applicable) have constituted an adequate cause of proprietary injuries that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the determination of the economic effects derived from awards issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n\"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) is responsible for the enforcement of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of public law, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary prerequisite issued by this Chamber regarding an award in the abstract for those items, since such claims would not be appropriate in that type of cause when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this particular point. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned numeral 52 of the LJC, dispensation from that proprietary award requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of proprietary injuries—even potential ones—derived from or associated with the facts analyzed is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, ceases, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation due to the responding entity's own cause or an external cause, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, that substantive question, regarding the actuality of the injuries, their amount, timely claim, etc., involves assessments that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the cited mandate 52, are characteristic of an award in the abstract that subsequently forms the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses, as—it bears repeating—that is not their purpose or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or prove damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts caused them injury is a matter that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, the Chamber does not proceed to assess whether there is or is not an infringement; consequently, much less can it be defined whether, based on what was reported by the applicant, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from an award referred to in that norm is exceptional in nature, not the rule. Therefore, in such scenarios, the norm imposes an award in the abstract, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, could have suffered injuries in their proprietary sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by provision 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be overlooked that it was precisely by virtue of an action of this nature that a course of conduct was adopted that puts an end to the conducts that, in theory, threaten or violate the individual's fundamental rights. That is, for the purpose of obtaining the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation until it was made to cease for the reasons alluded to in the norm under examination generated damages and losses is a matter that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is repeated, should in no way be denied, as a presupposition, solely by the materialization of the factual scenario regulated in the mentioned numeral 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail an award in the abstract for costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.\"\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not indemnificatory but restitutory in nature; however, Article 51 of the LJC provides: \"Every resolution that grants the appeal shall award, in the abstract, indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the enforcement of judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, an award in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, should they indeed have occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the award in the abstract having been made, no damages and losses were caused, the judge in the ordinary venue shall so declare, as it is for them alone to deem the real existence and magnitude thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the dispositive part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nIX.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that, when an aggrieved party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, save those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee proceeding of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos), the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nX.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its examination and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellant indicates that they live in Residencial Villas Durango, in Guadalupe de Cartago, and sent documents to the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the Municipality of Cartago (Municipalidad de Cartago) to denounce the state of abandonment of a municipal lot located in La Joya de Guadalupe, Cartago, as it represents a serious safety and health problem for the community—a refuge for delinquents and homeless persons, generating an environment of insecurity and pollution. However, they argue that the situation has not been definitively resolved.\n\nXI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period shall be destroyed, pursuant to the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal is declared WITH MERIT (CON LUGAR), without special award of costs, damages, and losses. Magistrate Castillo adds a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Let it be notified.-\n\n \n \n \n \n\n \n\n \n \n\n\\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\\t\n\n \n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\nAna María Picado B.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ZKMU0L7J02U61\n\nEXPEDIENTE N° 24-026459-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:36:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }