{ "id": "nexus-sen-1-0007-1261531", "citation": "Res. 33135-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inacción municipal y del Ministerio de Salud ante lote baldío insalubre", "title_en": "Municipal and Health Ministry Inaction Over Insalubrious Vacant Lot", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Hatillo Centro contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José. La recurrente denunció que un terreno baldío colindante a su vivienda era usado para consumo de drogas, botadero de escombros, quema de basura y cable de cobre por habitantes de la calle, lo que generaba inseguridad, riesgo de plagas, enfermedades e incendios, además de poner en peligro la integridad de las personas. Pese a las denuncias presentadas ante ambas autoridades en enero de 2024, no se solucionó la problemática. La Sala constató que tanto el Área Rectora de Salud como la Municipalidad actuaron tardíamente: las acciones para atender las denuncias se adoptaron solo después de notificado el amparo. Respecto al Ministerio de Salud, se aplicó el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, declarando con lugar el recurso sin condenatoria en costas. En cuanto a la Municipalidad, se ordenó al alcalde realizar las gestiones necesarias para finalizar las acciones de atención a la denuncia en el plazo de un mes y notificar a la recurrente, bajo apercibimiento de desobediencia. Además, se condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios. Se emitieron varios votos salvados parciales sobre la procedencia de la condenatoria.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of Hatillo Centro against the Ministry of Health and the Municipality of San José. The plaintiff reported that an adjacent vacant lot was used for drug consumption, illegal dumping, and burning of garbage and copper wire by homeless individuals, creating insecurity, health risks, and fire hazards. Despite complaints filed in January 2024, the authorities failed to address the situation. The Chamber found that both the Health Area and the Municipality acted belatedly, only taking action after being notified of the amparo. With respect to the Ministry of Health, Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law was applied, declaring the appeal granted without an award of costs. As for the Municipality, the mayor was ordered to complete the necessary actions to resolve the complaint within one month and to notify the plaintiff, under penalty of contempt. The Municipality was also ordered to pay costs, damages, and losses. Several partial dissenting votes were issued concerning the appropriateness of the award of costs.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "08/11/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "lote baldío", "terreno inculto", "Ley General de Salud", "artículo 52 LJC", "apercibimiento", "costas", "daños y perjuicios" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 282", "law": "Ley General de Salud" } ], "keywords_es": [ "amparo", "terreno baldío", "salud pública", "Ley General de Salud", "Municipalidad de San José", "Ministerio de Salud", "artículo 52 LJC", "derecho a la salud", "denuncia ambiental" ], "keywords_en": [ "amparo", "vacant lot", "public health", "General Health Law", "Municipality of San José", "Ministry of Health", "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law", "right to health", "environmental complaint" ], "excerpt_es": "En este sentido, esta Sala Constitucional constata violación a los derechos fundamentales de la recurrente por parte de esta Municipalidad, pues la denuncia fue atendida en forma tardía y, además, se verifica que ya se inició con la colocación de malla e inició con las gestiones tendiente para colocar mojones. Así, todavía no se ha procedido a resolver la problemática denunciada por la recurrente. Por ende, el presente recurso debe ser declarado con lugar con las indicaciones respectivas en la parte dispositiva.", "excerpt_en": "In this regard, this Constitutional Chamber finds a violation of the plaintiff's fundamental rights by this Municipality, since the complaint was handled belatedly and, furthermore, it is verified that work has begun on the installation of fencing and on actions to place bollards. Thus, the problem reported by the plaintiff has not yet been resolved. Therefore, this appeal must be granted with the respective orders in the operative part.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted against both authorities; the Municipality of San José is ordered to complete actions to address the complaint within one month and is ordered to pay costs, damages, and losses. 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Nº 2024033135\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por PERLA RIVAS LARGAESPADA, cédula de identidad 0801200618, contra el MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de abril de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ y manifiesta que es vecina de Hatillo Centro y colindante a su casa de habitación se encuentra la propiedad matrícula 152858-A-000, cuyo propietario registral es José Miguel Solano Rojas y se indica que se trata de un terreno inculto. Explica que, por estar en abandono, por años ha sido sitio de consumo de drogas, botadero de escombros, lugar donde los indigentes hacen sus necesidades, queman basura y cable de cobre. Expone que tal situación incrementa la inseguridad del vecindario, aumentan el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, acrecientan los riesgos de incendios en las casas colindantes, e inclusive ponen en peligro la integridad de las personas por el lanzamiento de botellas de vidrios y piedras a las casas. La recurrente alega que ha planteado denuncias en la Delegación Policial de Hatillo Centro por la quema de cable de cobre, ya que el humo es tóxico y se introduce a las casas; sin embargo, los oficiales no intervienen alegando que el terreno es propiedad privada. Aduce que esta problemática ambiental se ha denunciado ante la Municipalidad de San José y la Oficina del Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud, pero no han solucionado la afectación al vecindario y a su persona. Al respecto, la recurrente aporta una nota enviada el 8 de enero de 2024 a la dirección de correo electrónico porusted@msj.go.cr con razón de recibido en fecha 9 de enero de 2024 proveniente del correo electrónico kleon@msj.go.cr y el texto de la gestión dice lo siguiente: \"... Somos vecinos de Hatillo Centro y cerca de nuestras casas de habitación se encuentra la propiedad con el número de matricula: 152858-A-000. En esta propiedad el derecho de dominio pertenece a Jose Miguel Solano Rojas, según consta en la consulta pública registral del Registro Nacional. La información pública registral señala que la naturaleza de la finca es la de un \"TERRENO INCULTO\" es decir, un terreno en abandono. Este estado de abandono en que se encuentra el terreno ha producido por años que la propiedad se esté utilizando como sitio de consumo de drogas, botadero de escombro, quema de basura y quema de cable de cobre por parte de los habitantes de calle. Este tipo de actividades consuetudinarias incrementan la inseguridad en el vecindario, aumentan el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, acrecientan los riesgos de incendios en las casas colindantes, ponen en peligro la integridad de las personas ya que desde este lugar se lanzan a los patios y techos de las casas piedras y objetos de vidrios. (se aportan fotografías de lo señalado) Como bien es sabido, los propietarios o en su ausencia la municipalidad tiene una serie de responsabilidades legales con estos lotes en abandono, como mantenerlos cercados y en condiciones seguras y limpias, de manera que se resguarde la seguridad y la salud pública. Evitando en todo momento el uso no autorizado de los terrenos que podrían causar inclusive lesiones a terceros causadas por personas que ingresan sin permiso a los terrenos baldío. Ante esto quería recalcarles lo que indican algunas regulaciones sobre el tema: En particular destacar lo mencionado por el Código Municipal (Ley N° 7794) sobre las obligaciones de los dueños de los inmuebles. En su numeral 84, literales b) y h) \"De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición h) Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las vias o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas.\" Esta misma norma expresa que \"Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973.\" Continua la regulación indicando que cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores (se refiere al numeral 84 de la ley 7794) o (...), la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes (...) Sobre este mismo tema el \"Reglamento para el cobro de tarifas por las omisiones a los deberes de los propietarios o poseedores de inmuebles en el Cantón de San José\" se indica en su artículo 5, inciso B: \"Son deberes de los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en el Cantón San José, los siguientes: (...) Cercar y limpiar los lotes donde no existan construcciones y como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición. (...)\" Por su parte en el artículo octavo se indica que: \"- La Sección de Inspección, también deberá solicitar a la dependencia competente la incorporación de la ejecución de la obra o servicio en el plan de trabajo de la Municipalidad, a efecto de suplirla según disponibilidad de tiempo y de recursos, sin perjuicio de su posterior cobro al sujeto pasivo de la obligación.\" Por lo anteriormente indicado les pido su intervención para que los propietarios realicen la limpieza y cercado del terreno en abandono que se les informa, o en su defecto ustedes puedan suplir esta omisión de deberes según los reglamentos ya establecidos\". Solicita la intervención de este Tribunal.\n\n2.- Mediante resolución de las 20:09 horas del 19 de abril de 2024, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.\n\n3.- Informa bajo juramento Oscar Arguedas Hernández, en su condición de director médico del Área de Salud de Hatillo de la Caja Costarricense de Seguro Social (informe rendido el 23 de abril de 2024), en los siguientes términos: “En atención a lo solicitado en recurso de amparo Expediente 24-009697-0007-CO interpuesto por la Sra. PERLA RIVAS LARGAESPADA, cédula de identidad 0801200618 le indicamos que este recurso no corresponde al Área de Salud de Hatillo, Clínica Solón Núñez. En su lugar está dirigido al Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud”.\n\n4.- Informa bajo juramento Reina Acevedo Acevedo, en su condición de presidente del presidente del Concejo de San José (informe rendido el 24 de abril de 2024), que no se encuentran ninguna solicitud ni documentación presentada por la recurrente ante el Concejo y se desconoce si se ha presentado ante los diferentes departamentos administrativos, pues eso sería resorte exclusivo de la Administración.\n\n5.- Informa bajo juramento Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José (informe rendido el 26 de abril de 2024), en los siguientes términos: “I. CUESTIONES PREVIAS: Una vez que fuese recibido el recurso de amparo se procedió a la activación de los protocolos internos a efecto de brindar la debida respuesta en el término de ley, solicitando la documentación a los órganos vinculados y/o competentes, a la luz del asunto planteado en el recurso, mediante el oficio DAJ-657-30-2024 a la Ing. Emperatriz Ordeñana Ayerdis. Jefe, Departamento de Servicios Ambientales. Al respecto se recibió el informe correspondiente; de los cuales se desprende, tal y como se verá más adelante, que el actuar de la Municipalidad de San José ha sido diligente y proactivo, enmarcándose nuestras acciones en el más amplio concepto de atribuciones y potestades. I. Con relación al informe técnico UNICO: La Ing. Vanessa Acosta Solórzano, Asistente, Departamento de Servicios Ambientales, con oficio DSA-0147-24, informa con relación al objeto del litigio: “…en atención al oficio DAJ-657-30-24 donde se adjunta, RECURSO DE AMPARO interpuesto por la señora PERLA RIVAS LARGAESPADA, referente a una propiedad que indica que pertenece al señor José Miguel Solano Rojas, revisando las fotos adjuntas y la visita de campo al respecto le indico: 1. El terreno en mención indica que es propiedad de la Municipalidad de San José (se anexa informe del Inspector). 2. Si bien es cierto que el terreno se encuentra un poco sucio, en las fotos anexas tomadas el día 24 del presente mes se puede observar que en este momento no está como se indica en el documento, ya que en dicho inmueble se realiza limpieza y mantenimiento. 3. En cuanto a los vehículos estacionados, el caso deber ser elevado a la jefatura de la policía municipal, para su respectivo tramite. 4. Se coordino con la Sección de Parques realizar visita la próxima semana para valorar la posibilidad de colocar una malla para delimitar la entrada de vehículos y personas en condición de calle y evitar así la acumulación de residuos. Así mismo se informa que se programara una limpieza exhaustiva de toda el área. II. Conclusiones En virtud del informe antedicho, así como de las manifestaciones, queda acreditado que la Municipalidad ha procurado en todo momento atender las gestiones presentadas y relacionadas con lo solicitado por el Recurrente. Cabe señalar, conforme al informe rendido, que la Municipalidad en ningún momento ha eludido el trámite y tampoco ha asumido una conducta omisiva en cuanto a las peticiones del interesado, prueba de ello se puede observar que en este momento el lote que la recurrente indica no está como se indica en el Recuro de Amparo que se está conociendo, ya que en dicho inmueble se realiza limpieza y mantenimiento por parte de este Gobierno Local, lo cual se puede observar en las fotografías que se adjuntaran como prueba y asimismo, en el informe del Inspector. Es importante indicar que el Departamento de Servicios Ambientales coordino con la Sección de Parques realizar visita la próxima semana para valorar la posibilidad de colocar una malla para delimitar la entrada de vehículos y personas en condición de calle y evitar así la acumulación de residuos, lo anterior indicado en el oficio DSA-0147-24”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n6.- Mediante resolución de las 13:50 horas del 18 de julio de 2024, este Tribunal dictó una resolución de ampliación de curso.\n\n7.- Informa bajo juramento Leandra Madrigal Rodríguez, en su condición de directora a.i. del Área Rectora de Salud de Hatillo (informe rendido el 05 de agosto de 2024), en los siguientes términos: “II. DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y EL CASO EN CONCRETO. En atención a la denuncia incoada por la Sra. Perla Rivas Largaespada, en fecha 21 de febrero de 2024, al ser las 14:15 horas se realizó inspección que consta en acta N°ARSH-URS-AM-097-2024, en donde se cita textualmente lo siguiente: “Se realizo inspección, al momento de la misma se observó que el terreno posee malla alrededor, sin embargo, la entrada está sin cerramiento, se observaron vehículos estacionados en el interior. No se observan escombros ni otros residuos sólidos. No hay quemas” En fecha del 22 de febrero de 2024, se realizó solicitud de mantenimiento por parte del funcionario Christopher Ramírez y la Dra. Carolina Guillén, para recortar las ramas de un árbol ubicado en la parte trasera de la propiedad del Área Rectora de Salud Hatillo. El día 23 de febrero de 2024, se emitio el informe técnico MS-DRRSCS-ARSH-IT-017-2024, en donde se indicó textualmente lo siguiente: Se realizo inspección el día 21 de febrero de 2024, al momento de la misma se observó que el terreno tiene cerramiento, sin embargo, solo la entrada se encuentra sin malla, no se observaron escombros ni residuos sólidos de otro tipo, ni quemas de ninguna clase. Que el día 22 de febrero de 2024, se procedió a realizar la solicitud de corta de las ramas de los árboles que se encuentra en esta Área Rectora de Salud Hatillo. El día 23 de febrero de 2024, se realizó la corta de las ramas de los árboles, se adjuntan fotografías. Que, de acuerdo con los datos que constan en el Registro Nacional de la Propiedad, del lote abandonado y del cual se tiene la denuncia supra, se determina como propietario registral del bien a la Municipalidad de San José. Registrado en matricula de finca N° 651699. Sin embargo, esto no coincide con los datos del propietario y número de finca del lote aportados por la denunciante, a pesar de lo anterior, se logró identificar el sitio por las características descritas en la denuncia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se procedió a trasladar el caso de la denuncia supra ante la Municipalidad de San José, dueña registral del bien. En fecha 4 de marzo de 2024, se remitio vía correo electrónico oficio de denuncia por terreno en estado de abandono MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, a la alcaldía de San José, Johnny Araya Monge, el cuál cita textualmente lo siguiente: “Estimado señor: Reciba un cordial y respetuoso saludo. Se recibió denuncia confidencial en esta Área Rectora de Salud por terreno abandonado con número de finca 651699, que de acuerdo con el Registro Nacional de la Propiedad pertenece a la Municipalidad de San José. En la denuncia se indicó que la propiedad está siendo utilizada como sitio de consumo de drogas, botadero, quema de residuos y de cable de cobre por parte de los habitantes de la calle. Adicionalmente, el día 22 de febrero de 2024 se presentó un incendio provocado justamente por la quema de cable en el sitio, situación que atenta contra la vida y seguridad de los vecinos y de los funcionarios que laboran en esta Área Rectora de Salud. En inspección realizada se logró observar que la propiedad carece de cerramiento en el sector de Avenida 36C, lo que permite el fácil ingreso, además se observó la presencia de vehículos estacionados en el interior del terreno. Dado lo anterior, es muy importante mencionar lo que indica La Ley General de Salud N° 5395, en su artículo número 282, el cual se cita textualmente: “ARTICULO 282.- Los propietarios de terrenos desocupados en áreas urbanas están obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones higiénicas. Quedarán obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras, dentro del plazo que la autoridad de salud les ordene, cuando tales terrenos constituyen un foco de contaminación ambiental.” Por lo que se solicita su intervención para que por su medio se proceda a la limpieza y cerramiento de esta propiedad, así como darle mantenimiento cada vez que sea necesario. Cabe recordar que es responsabilidad del propietario que estas condiciones del terreno se mantengan adecuadamente a lo largo del tiempo, a fin de evitar problemas que atenten contra la salud y denuncias de índole sanitario.” En fecha 30 de julio de 2024, se recibió el Recurso de Amparo con Expediente: N° 24-009697-0007-CO, incoado por la señora Perla Rivas Largaespada con Cédula de Identidad 8-0120-0618. Es de suma importancia recalcar que a pesar de que la finca 1-152858 NO se registra en las fincas aledañas al Área Rectora de Salud Hatillo del Ministerio de Salud, NI en los alrededores, conforme a la dirección de la denuncia se realizó nuevamente la inspección y trámite respectivo. A continuación, se adjunta el mapa completo de la cuadra con los números de finca de cada uno (…) El 30 de julio de 2024, tomando en cuenta que el Recurso de Amparo no señalo la dirección exacta del lote abandonado denunciado, solo que es la finca N° 152858- A-000, cuyo propietario registral es el señor José Miguel Solano Rojas. Se procedió a buscar en el registro de la propiedad donde se ubica el lote abandonado y solo señala que es en Hatillo Centro, sin precisar el lugar exacto, en cuanto al propietario no registra número de identificación, ni tampoco, el número de plano. Por lo que mediante oficio MS-DRRSCS-DARSH-427-2024, se le solicito a la Municipalidad del Cantón de San José el estudio catastral. “ASUNTO: Recurso de Amparo Expediente N°24-009697-0007-CO, incoado por Perla Rivas Largaespada contra la Municipalidad de San José y otro. Estimado Señor: Le saludo respetuosamente y le solicito de la manera más atenta el estudio catastral de la finca de San José 152858-A a nombre de José Miguel Solano Rojas, Cédula o identificación que no indica, dado que desconocemos la ubicación de tal finca y se requiere la inspección urgente para responder a la Sala Constitucional en el plazo estipulado por Ley. Adjunto Recurso de Amparo y datos que emite el Registro Nacional de la Propiedad Digital. Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, se despide atentamente” El 31 de julio de 2024, se consultó a los vecinos si alguien conoce a José Miguel Solano Rojas e indican que “hace años”, que vivía frente al Ministerio de Salud donde están los negocios ahora y que murió hace mucho. Además, se consultó a los vecinos si conocen alguna persona con el nombre de Perla Rivas Largaespada a lo cual indican que NO. Por lo cual no se puede precisar la dirección con exactitud ni especificaciones de la denuncia ya atendida. El 31 de julio de 2024, se realizó inspección con la Municipalidad de San José, in situ al parque con finca 1-651699 donde se encuentran máquinas de ejercicio, planché, zona verde, poca basura y automóviles, sin quemas, ni escombro al momento. Aportan fotografías de abril y son concordantes con las tomadas en sitio. En el Acta de Inspección MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024 se lee: “…En conjunto con la Municipalidad de San José se realizó inspección y se encuentra con Vanessa Acosta poca basura en la zona con solo vehículos y máquinas de ejercicio al momento de la inspección. Los vecinos no conocen a Perla Rivas Largaespada ni a José Miguel Rojas Solano, señala que la gente ni se saluda...” El día 01 de julio de 2024, se emitió informe técnico MS-DRRSCS-DARSH-IT-438- 2024, en donde se citó textualmente: “El 31 de julio del año en curso, al ser las 10:00 horas, nos presentamos las funcionarias Katherine Urbina Téllez y Elvira Salas Rodríguez en compañía de funcionarios de la Municipalidad de San José Ing. Vanessa Acosta del Departamento de Servicios Ambientales, para realizar visita de inspección en la dirección de la denuncia. Al momento de la inspección se observó poca basura acumulada, así como algunos vehículos estacionados. El lote denunciado es un parque en el que se encuentran máquinas para ejercitarse y un planché de cemento, al cual la Municipalidad de San José le da mantenimiento”. Al momento de la visita se mantienen las mismas condiciones de la primera inspección realizada el 21 de febrero del 2024, en donde no se logró detallar la acumulación y quema de basura.” Así las cosas, y ante lo anteriormente expuesto esta Área Rectora de Salud Hatillo confirma en su actuar que, no es omisa en el cumplimiento de funciones y ha sido diligente en tiempo y forma en la atención de la denuncia incoada por la Sra. Perla Rivas Largaespada”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n8.- Mediante resolución de las 13:32 horas, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.\n\n9.- Informa bajo juramento Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José (informe rendido el 21 de octubre de 2024), en los siguientes términos: “Al respecto se recibió el informe correspondiente; de los cuales se desprende, tal y como se verá, que el actuar de la Municipalidad de San José ha sido diligente y proactivo, enmarcándose nuestras acciones en el más amplio concepto de atribuciones y potestades, con lo cual mediante oficio SPAU-625-2024, de la Sección de Parques y Arboricultura Urbana indica: (…) le comunico que, se realizó la visita al sitio; en el cual se observaron varios vehículos estacionados dentro de la propiedad indicada. Primeramente, para evitar este ingreso de vehículos se estarán instalando tres mojones metálicos que se están confeccionando en el Taller de Estructuras; esos quedarán instalados en la tercera semana de noviembre. Posteriormente, se instalará la malla, para evitar el ingreso de personas con condición de calle. Este trabajo no se puede realizar de forma parala a la colocación de mojones, debido a que no han ingresado la malla y la tubería correspondiente a las compras de este año. Las empresas adjudicadas de la malla y tubería ya fueron notificadas el día 15 de octubre de 2024, estamos a la espera de la entrega dentro de los 10 días hábiles según indicaciones del cartel. Posterior a este ingreso, se programará este cierre frontal” (…) III.CONCLUSIONES En virtud del informe antedicho, así como de las manifestaciones, queda acreditado que la Municipalidad ha procurado en todo momento atender las gestiones presentadas y relacionadas con lo solicitado por el Recurrente, cabe señalar, conforme al informe rendido, que la Municipalidad en ningún momento ha eludido el trámite y tampoco ha asumido una conducta omisiva en cuanto a las peticiones del interesado”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n10.- Mediante resolución de las 13:18 horas del 22 de octubre de 2024, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.\n\n11.- Informa bajo juramento Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José (informe rendido el 24 de octubre de 2024), en los siguientes términos: “Al respecto se recibió el informe correspondiente; de los cuales se desprende, tal y como se verá, que el actuar de la Municipalidad de San José ha sido diligente y proactivo, enmarcándose nuestras acciones en el más amplio concepto de atribuciones y potestades, con lo cual mediante oficio DSA-0450-24, del Departamento de Servicios Ambientales indica: (…) Que, si bien no se le dio respuesta en esas fechas, eso genero el Recurso de Amparo y que una vez que llego a la dependencia las Solicitudes de la Sala, todas se le han cumplido y algunas están para ejecución (…) por lo cual a la fecha lo requerido por la señora Rivas se ha venido cumpliendo por parte de este gobierno local. No omito manifestar que dicho terreno se encuentra incluido en el roll de mantenimiento de la Sección de Parques (…) III.CONCLUSIONES En virtud del informe antedicho, así como de las manifestaciones, queda acreditado que la Municipalidad ha procurado en todo momento atender las gestiones presentadas y relacionadas con lo solicitado por el Recurrente, en importante indicar que referente a las denuncias del 07 y 08 de enero, al no ser atendidas en tiempo, fue lo que genero la interposición del Recurso de Amparo que nos ocupa por parte de la señora Rivas Largaespada, cabe señalar, conforme al informe rendido, la Municipalidad en ningún momento ha eludido el trámite y tampoco ha asumido una conducta omisiva en cuanto a las peticiones del interesado, más bien se han venido ejecutando acciones para resolver el problema”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n12.- Informa bajo juramento Jorge Espinoza Caruzo, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Hatillo (informe rendido el 28 de octubre de 2024), en los siguientes términos: “En respuesta a la solicitud de informe, la denuncia se maneja bajo el expediente Conta/HC #204 del Área Rectora de Salud Hatillo se informa de manera cronológica, las acciones llevadas a cabo por esta Área Rectora de Salud en la atención del caso: 1. En fecha 7 de enero de 2024, se recibe el Área Rectora de Salud Hatillo denuncia vía correo electrónico bridgeomc@gmail.com , se le asigna el número (expediente Contaminación HC#204). 2. En fecha 8 de enero del 2024 se da respuesta a la dirección electrónica supra mencionada y se le indica las correcciones que debe realizar a la denuncia, esto dado al tipo de denuncia (confidencial), que gestionaba presentar. La denuncia refiere textualmente: “Soy vecina de Hatillo y cerca de mi casa de habitación se encuentra la propiedad con el número de matrícula: 152858-A-000. La información pública registral señala que la naturaleza de la finca es la de un \"TERRENO INCULTO\" es decir, un terreno en abandono. Este estado de abandono en que se encuentra el terreno ha producido por años que la propiedad se esté utilizando como sitio de consumo de drogas, botadero de escombro, quema de basura y quema de cable de cobre por parte de los habitantes de calle. De manera particular me preocupa el riesgos de incendios en las casas colindantes ya que a la par de este terreno en abandono se encuentra una oficina del Ministerio de Salud (Dirección de Área Rectora de Salud de Hatillo) en la cual se tiene un árbol con ramas colgando en la zona donde los indigentes queman basura. Por lo anteriormente indicado les pido su intervención para que la oficina de salud de Hatillo Centro realice el corte respectivo del árbol ya que este podría provocar un incendio en las casas colindantes. Asimismo, les pido su intervención con la Municipalidad de San José para que este terreno sea cercado y se evite su uso como botadero de basura y quemas de cable de cobre, que bien es sabido es perjudicial para la salud su contante inhalación”. 3. En atención a la denuncia, en fecha 21 de febrero de 2024, al ser las 14:15 horas se realizó inspección que consta en acta N°ARSH-URS-AM-097-2024, en donde se cita textualmente lo siguiente: “Se realizo inspección, al momento de la misma se observó que el terreno posee malla alrededor, sin embargo, la entrada está sin cerramiento, se observaron vehículos estacionados en el interior. No se observan escombros ni otros residuos sólidos. No hay quemas”. 4. En fecha del 22 de febrero de 2024, se realizó solicitud de mantenimiento por parte del funcionario Christopher Ramírez y la Dra. Carolina Guillén a la Dirección Central Sur, para talar las ramas de un árbol ubicado en la parte trasera de la propiedad del Área Rectora de Salud Hatillo. 5. El día 23 de febrero de 2024, se emitió el informe técnico MS-DRRSCSARSH-IT-017-2024, en donde se indicó textualmente lo siguiente: “…Se realizo inspección el día 21 de febrero de 2024, al momento de la misma se observó que el terreno tiene cerramiento, sin embargo, solo la entrada se encuentra sin malla, no se observaron escombros ni residuos sólidos de otro tipo, ni quemas de ninguna clase. Que el día 22 de febrero de 2024, se procedió a realizar la solicitud de corta de las ramas de los árboles que se encuentra en esta Área Rectora de Salud Hatillo. El día 23 de febrero de 2024, se realizó la corta de las ramas de los árboles, se adjuntan fotografías. Que, de acuerdo con los datos que constan en el Registro Nacional de la Propiedad, del lote abandonado y del cual se tiene la denuncia supra, se determina como propietario registral del bien a la Municipalidad de San José. Registrado en matricula de finca N° 651699. Sin embargo, esto no coincide con los datos del propietario y número de finca del lote aportados por la denunciante, a pesar de lo anterior, se logró identificar el sitio por las características descritas en la denuncia.” De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se procedió a trasladar el caso de la denuncia supra ante la Municipalidad de San José, dueña registral del bien. 6. En fecha 4 de marzo de 2024, se remite vía correo electrónico oficio de denuncia por terreno en estado de abandono MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, a la alcaldía de San José, Johnny Araya Monge, el cuál cita textualmente lo siguiente: “Estimado señor: Reciba un cordial y respetuoso saludo. Se recibió denuncia confidencial en esta Área Rectora de Salud por terreno abandonado con número de finca 651699, que de acuerdo con el Registro Nacional de la Propiedad pertenece a la Municipalidad de San José. En la denuncia se indicó que la propiedad está siendo utilizada como sitio de consumo de drogas, botadero, quema de residuos y de cable de cobre por parte de los habitantes de la calle. Adicionalmente, el día 22 de febrero de 2024 se presentó un incendio provocado justamente por la quema de cable en el sitio, situación que atenta contra la vida y seguridad de los vecinos y de los funcionarios que laboran en esta Área Rectora de Salud. En inspección realizada se logró observar que la propiedad carece de cerramiento en el sector de Avenida 36C, lo que permite el fácil ingreso, además se observó la presencia de vehículos estacionados en el interior del terreno. Dado lo anterior, es muy importante mencionar lo que indica La Ley General de Salud N° 5395, en su artículo número 282, el cual se cita textualmente: “ARTICULO 282.- Los propietarios de terrenos desocupados en áreas urbanas están obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones higiénicas. Quedarán obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras, dentro del plazo que la autoridad de salud les ordene, cuando tales terrenos constituyen un foco de contaminación ambiental.” Por lo que se solicita su intervención para que por su medio se proceda a la limpieza y cerramiento de esta propiedad, así como darle mantenimiento cada vez que sea necesario. Cabe recordar que es responsabilidad del propietario que estas condiciones del terreno se mantengan adecuadamente a lo largo del tiempo, a fin de evitar problemas que atenten contra la salud y denuncias de índole sanitario.” 7. En fecha 30 de julio de 2024, se recibió el Recurso de Amparo con Expediente: N° 24-009697-0007-CO, incoado por la señora Perla Rivas Largaespada con Cédula de Identidad 8-0120-0618. 8. En fecha 5 de agosto de 2024, se remitió vía correo electrónico, a la dirección informes-sc@poder-judicial.go.cr, el oficio MS-DRRSCS-DARS-429-2024, de respuesta al recurso de amparo expediente N° 24-009697-0007-CO, con el siguiente contenido: Es de suma importancia recalcar que a pesar de que la finca 1-152858 NO se registra en las fincas aledañas al Área Rectora de Salud Hatillo del Ministerio de Salud, ni en los alrededores, conforme a la dirección de la denuncia se realizó nuevamente la inspección y trámite respectivo. A continuación, se adjunta el mapa completo de la cuadra con los números de finca de cada uno (…) El 30 de julio de 2024, tomando en cuenta que el Recurso de Amparo no señalo la dirección exacta del lote abandonado denunciado, solo que es la finca N° 152858- A-000, cuyo propietario registral es el señor José Miguel Solano Rojas. Se procedió a buscar en el registro de la propiedad donde se ubica el lote abandonado y solo señala que es en Hatillo Centro, sin precisar el lugar exacto, en cuanto al propietario no registra número de identificación, ni tampoco, el número de plano. Por lo que mediante oficio MS-DRRSCS-DARSH-427-2024, se le solicito a la Municipalidad del Cantón de San José el estudio catastral. “ASUNTO: Recurso de Amparo Expediente N°24-009697-0007-CO, incoado por Perla Rivas Largaespada contra la Municipalidad de San José y otro. Estimado Señor: Le saludo respetuosamente y le solicito de la manera más atenta el estudio catastral de la finca de San José 152858-A a nombre de José Miguel Solano Rojas, Cédula o identificación que no indica, dado que desconocemos la ubicación de tal finca y se requiere la inspección urgente para responder a la Sala Constitucional en el plazo estipulado por Ley. Adjunto Recurso de Amparo y datos que emite el Registro Nacional de la Propiedad Digital. Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, se despide atentamente” El 31 de julio de 2024, se consultó a los vecinos si alguien conoce a José Miguel Solano Rojas e indican que “hace años”, que vivía frente al Ministerio de Salud donde están los negocios ahora y que murió hace mucho. Además, se consultó a los vecinos si conocen alguna persona con el nombre de Perla Rivas Largaespada a lo cual indican que NO. Por lo cual no se puede precisar la dirección con exactitud ni especificaciones de la denuncia ya atendida. El 31 de julio de 2024, se realizó inspección con la Municipalidad de San José, in situ al parque con finca 1-651699 donde se encuentran máquinas de ejercicio, planché, zona verde, poca basura y automóviles, sin quemas, ni escombro al momento. Aportan fotografías de abril y son concordantes con las tomadas en sitio. En el Acta de Inspección MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024 se lee: “…En conjunto con la Municipalidad de San José se realizó inspección y se encuentra con Vanessa Acosta poca basura en la zona con solo vehículos y máquinas de ejercicio al momento de la inspección. Los vecinos no conocen a Perla Rivas Largaespada ni a José Miguel Rojas Solano, señala que la gente ni se saluda…” El día 01 de julio de 2024, se emitió informe técnico MS-DRRSCS-DARSH-IT-438- 2024, en donde se citó textualmente: “El 31 de julio del año en curso, al ser las 10:00 horas, nos presentamos las funcionarias Katherine Urbina Téllez y Elvira Salas Rodríguez en compañía de funcionarios de la Municipalidad de San José Ing. Vanessa Acosta del Departamento de Servicios Ambientales, para realizar visita de inspección en la dirección de la denuncia. Al momento de la inspección se observó poca basura acumulada, así como algunos vehículos estacionados. El lote denunciado es un parque en el que se encuentran máquinas para ejercitarse y un planché de cemento, al cual la Municipalidad de San José le da mantenimiento”. Al momento de la visita se mantienen las mismas condiciones de la primera inspección realizada el 21 de febrero del 2024, en donde no se logró detallar la acumulación y quema de basura.” El día 5 de agosto de 2024 es recibido el correo de la dirección electrónica mborbon@msj.go.cr, por Dra. Leandra Madrigal directora a.i. Área Rectora de Salud de Hatillo y Rosa Delgado, gestora ambiental y el cual informa lo siguiente: “Buenos días En atención al oficio MS-DRRSCS-DARSH-427-2024, adjunto le remito la información enviada del Departamento de Información Catastral de esta Municipalidad, referente a esa finca. Lo anterior para lo que corresponda”. El correo enviado a la Sra. Melissa Borbón Marín, el cual fue el que ella reenvía a la Dra. Leandra Madrigal directora a.i del Área Rectora De Salud de Hatillo, refiere lo siguiente: “Saludos Compañera De acuerdo con lo solicitado: Según indica informe registral la propiedad se ubica en distrito Hatillo, posee un área de 900 m2. Su naturaleza señala “terreno inculto” y no posee plano catastrado que la describa gráficamente. La propiedad se encuentra a nombre del señor “José Miguel Solano Rojas” En el informe registral no se indica la cedula del señor Solano, por lo que se hizo una consulta por nombre en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El resultado se puede apreciar en la siguiente imagen: (…) • Tras la consulta realizada se puede apreciar que en apariencia el señor Solano se encuentra fallecido. • Cabe señalar que esta propiedad no existe en las bases de datos de este Departamento. Por tanto, al no existir plano catastrado con el que se pueda ubicar la propiedad 00152858A no se puede dar referencia de esta al igual que del señor José Miguel Solano Rojas que en apariencia se encuentra fallecido”. La última comunicación con la denunciante fue efectivamente el ocho de enero del dos mil veinticuatro, esto por cuanto según el procedimiento de atención de denuncias (ATENCIÓN DE DENUNCIAS MS.NI.FIMPR.02.02.49) el cual anexo en este correo, se debe notificar al denunciante una vez que se ha emitido la resolución de la denuncia, sin embargo, aunque no exista solicitud expresa de información sobre estado de la denuncia por parte de la denunciante, esta autoridad remite oficio MS-DRRSCS-DARS-775-2024 informando el estado actual”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n13.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante unas denuncias de índole ambiental, las cuales, presuntamente, no han sido resueltas dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues manifiesta que es vecina de Hatillo Centro y colindante a su casa de habitación se encuentra un terreno en abandono. Explica que, por estar en abandono, por años ha sido sitio de consumo de drogas, botadero de escombros, lugar donde los indigentes hacen sus necesidades, queman basura y cable de cobre. Expone que tal situación incrementa la inseguridad del vecindario, aumentan el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, acrecientan los riesgos de incendios en las casas colindantes, e inclusive ponen en peligro la integridad de las personas por el lanzamiento de botellas de vidrios y piedras a las casas. Por consiguiente, ha presentado las denuncias respectivas, pero no se ha solucionado la problemática señalada.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)       El 07 de enero de 2024, la recurrente interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud respecto a las condiciones de la propiedad con el número de matrícula: 152858-A-000. En dicha denuncia la recurrente indicó correo electrónico para recibir notificaciones (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nb)       El 08 de enero de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud le comunicó vía correo electrónico a la recurrente sobre las correcciones que debe realizar a la denuncia, esto dado al tipo de denuncia (confidencial) que gestionaba presentar (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nc)       El 08 de enero de 2024, la recurrente, desde el correo electrónico bridgeomc@gmail.com, envió una denuncia a la dirección electrónica porusted@msj.go.cr, en donde denunció ante la Municipalidad de San José una denuncia ambiental en terreno abandonado. Así, en esa gestión se indicó lo siguiente: “Somos vecinos de Hatillo Centro y cerca de nuestras casas de habitación se encuentra la propiedad con el número de matrícula: 152858-A-000. En esta propiedad el derecho de dominio pertenece a Jose Miguel Solano Rojas, según consta en la consulta pública registral del Registro Nacional. La información pública registral señala que la naturaleza de la finca es la de un “TERRENO INCULTO” es decir, un terreno en abandono. Este estado de abandono en que se encuentra el terreno ha producido por años que la propiedad se esté utilizando como sitio de consumo de drogas, botadero de escombro, quema de basura y quema de cable de cobre por parte de los habitantes de calle. Este tipo de actividades consuetudinarias incrementan la inseguridad en el vecindario, aumentan el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, acrecientan los riesgos de incendios en las casas colindantes, ponen en peligro la integridad de las personas ya que desde este lugar se lanzan a los patios y techos de las casas piedras y objetos de vidrios. (se aportan fotografías de lo señalado) Como bien es sabido, los propietarios o en su ausencia la municipalidad tiene una serie de responsabilidades legales con estos lotes en abandono, como mantenerlos cercados y en condiciones seguras y limpias, de manera que se resguarde la seguridad y la salud pública. Evitando en todo momento el uso no autorizado de los terrenos que podrían causar inclusive lesiones a terceros causadas por personas que ingresan sin permiso a los terrenos baldío (…) Por lo anteriormente indicado les pido su intervención para que los propietarios realicen la limpieza y cercado del terreno en abandono que se les informa, o en su defecto ustedes puedan suplir esta omisión de deberes según los reglamentos ya establecidos” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nd)       El 09 de enero de 2024, la contraloría de Servicio de la Municipalidad de San José remitió la denuncia a las siguientes direcciones electrónicos: eordenana@msj.go.cr y vacostas@msj.go.cr (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\ne)       El 21 de febrero de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud realizó una inspección en el lugar denunciado, según consta el acta N°ARSH-URS-AM-097-2024, en donde se indicó lo siguiente: “Se realizo inspección, al momento de la misma se observó que el terreno posee malla alrededor, sin embargo, la entrada está sin cerramiento, se observaron vehículos estacionados en el interior. No se observan escombros ni otros residuos sólidos. No hay quemas” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nf)        El 23 de febrero de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud emitió el informe técnico MS-DRRSCS-ARSH-IT-017-2024, en donde se indicó textualmente lo siguiente: “Se realizo inspección el día 21 de febrero de 2024, al momento de la misma se observó que el terreno tiene cerramiento, sin embargo, solo la entrada se encuentra sin malla, no se observaron escombros ni residuos sólidos de otro tipo, ni quemas de ninguna clase. Que el día 22 de febrero de 2024, se procedió a realizar la solicitud de corta de las ramas de los árboles que se encuentra en esta Área Rectora de Salud Hatillo. El día 23 de febrero de 2024, se realizó la corta de las ramas de los árboles, se adjuntan fotografías. Que, de acuerdo con los datos que constan en el Registro Nacional de la Propiedad, del lote abandonado y del cual se tiene la denuncia supra, se determina como propietario registral del bien a la Municipalidad de San José. Registrado en matricula de finca N° 651699. Sin embargo, esto no coincide con los datos del propietario y número de finca del lote aportados por la denunciante, a pesar de lo anterior, se logró identificar el sitio por las características descritas en la denuncia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se procedió a trasladar el caso de la denuncia supra ante la Municipalidad de San José, dueña registral del bien” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\ng)       El 04 de marzo de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud remitió vía correo electrónico oficio de denuncia por terreno en estado de abandono MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, lo anterior, a la alcaldía de San José, en donde se indicó lo siguiente: “Reciba un cordial y respetuoso saludo. Se recibió denuncia confidencial en esta Área Rectora de Salud por terreno abandonado con número de finca 651699, que de acuerdo con el Registro Nacional de la Propiedad pertenece a la Municipalidad de San José. En la denuncia se indicó que la propiedad está siendo utilizada como sitio de consumo de drogas, botadero, quema de residuos y de cable de cobre por parte de los habitantes de la calle. Adicionalmente, el día 22 de febrero de 2024 se presentó un incendio provocado justamente por la quema de cable en el sitio, situación que atenta contra la vida y seguridad de los vecinos y de los funcionarios que laboran en esta Área Rectora de Salud. En inspección realizada se logró observar que la propiedad carece de cerramiento en el sector de Avenida 36C, lo que permite el fácil ingreso, además se observó la presencia de vehículos estacionados en el interior del terreno. Dado lo anterior, es muy importante mencionar lo que indica La Ley General de Salud N° 5395, en su artículo número 282, el cual se cita textualmente: “ARTICULO 282.- Los propietarios de terrenos desocupados en áreas urbanas están obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones higiénicas. Quedarán obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras, dentro del plazo que la autoridad de salud les ordene, cuando tales terrenos constituyen un foco de contaminación ambiental.” Por lo que se solicita su intervención para que por su medio se proceda a la limpieza y cerramiento de esta propiedad, así como darle mantenimiento cada vez que sea necesario. Cabe recordar que es responsabilidad del propietario que estas condiciones del terreno se mantengan adecuadamente a lo largo del tiempo, a fin de evitar problemas que atenten contra la salud y denuncias de índole sanitario” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nh)       El 23 de abril de 2024, se notificó la resolución de curso a la Municipalidad de San José (ver acta de notificación).\n\ni)         El 24 de abril de 2024, en la Municipalidad de San José se estableció lo siguiente: “GESTIÓN DE RESÍDUOS INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL ATENCIÓN Ing. Vanessa Acosta S. SOLICITUD 2060 INGRESO 24/04/2024 ENTREGADA 24/04/2024 INSPECCIÓN 24/04/2024 DISTRITO 10 HATILLO DIRECCIÒN DEL ÁREA DE SALUD DE HATILLO 100 NORTE Y 25 ESTE ASUNTO LOTE INCULTO DENUNCIANTE: Perla Rivas Largaespada (8-0120-0618) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Se recibe recurso de amparo por lote inculto, se realiza la inspección y se observa lote que se utiliza como parqueadero de autos, se observa punto de almacenamiento de residuos en las afueras, no se observa de momento asentamiento humano, salvo en las fotografías aportadas en el recurso. Cabe mencionar que la persona denunciante aporta un número de finca y el nombre del dueño registral, sin embargo; las fotografías que anexa en el documento no coinciden con el aparente dueño registral, ya que las fotografías del lote denunciado pertenecen propiamente a un terreno municipal. Recomendación: el terreno al ser utilizado como parqueadero clandestino y en el que ocasionalmente hay asentamiento humano, se recomienda dar conocimiento a policía municipal para su intervención inmediata, en materia ambiental, se recomienda colocar un rótulo en las afueras del terreno, donde se informe el horario para colocar los residuos. Valorar con la sección de parques la viabilidad de que dicho predio sea utilizado como área de recreación o no. Es importante resaltar que dentro del terreno NO se observan residuos acumulados, monte alto, ni llantas con agua que puedan ser posible foco de contaminación. Contactos del denunciado: X - LOCALIZACIÓN: 100456002 - FOLIO REAL: 00651699 - PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - CÉDULA: 3-014-042058 - NOTIFICACIÓN: X - VENCIMIENTO: X INSPECTOR GESTIÓN AMBIENTAL Kevin Andrés Durán Rojas CÓDIGO 0472” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nj)         El 30 de julio de 2024, se notificó la resolución de ampliación de curso al Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud (ver acta de notificación).\n\nk)       El 31 de julio de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud realizó una inspección en conjunto con la Municipalidad de San José, in situ al parque con finca 1-651699 donde se encuentran máquinas de ejercicio, planché, zona verde, poca basura y automóviles, sin quemas, ni escombro al momento. Así, se emitió el acta de inspección no. MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024, que indicó lo siguiente: “En conjunto con la Municipalidad de San José se realizó inspección y se encuentra con Vanessa Acosta poca basura en la zona con solo vehículos y máquinas de ejercicio al momento de la inspección. Los vecinos no conocen a Perla Rivas Largaespada ni a José Miguel Rojas Solano, señala que la gente ni se saluda...” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nl)         El 01 de agosto de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud emitió informe técnico no. MS-DRRSCS-DARSH-IT-438- 2024, en donde se estableció lo siguiente: “El 31 de julio del año en curso, al ser las 10:00 horas, nos presentamos las funcionarias Katherine Urbina Téllez y Elvira Salas Rodríguez en compañía de funcionarios de la Municipalidad de San José Ing. Vanessa Acosta del Departamento de Servicios Ambientales, para realizar visita de inspección en la dirección de la denuncia. Al momento de la inspección se observó poca basura acumulada, así como algunos vehículos estacionados. El lote denunciado es un parque en el que se encuentran máquinas para ejercitarse y un planché de cemento, al cual la Municipalidad de San José le da mantenimiento”. Al momento de la visita se mantienen las mismas condiciones de la primera inspección realizada el 21 de febrero del 2024, en donde no se logró detallar la acumulación y quema de basura (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nm)    Mediante oficio SPAU-625-2024 del 18 de octubre de 2024, el encargado de la Sección de Parques y Arboricultura Urbana de la Municipalidad de San José en comunicación interna con esa municipalidad indicó lo siguiente: “(…) le comunico que, se realizó la visita al sitio; en el cual se observaron varios vehículos estacionados dentro de la propiedad indicada. Primeramente, para evitar este ingreso de vehículos se estarán instalando tres mojones metálicos que se están confeccionando en el Taller de Estructuras; esos quedarán instalados en la tercera semana de noviembre. Posteriormente, se instalará la malla, para evitar el ingreso de personas con condición de calle. Este trabajo no se puede realizar de forma parala a la colocación de mojones, debido a que no han ingresado la malla y la tubería correspondiente a las compras de este año. Las empresas adjudicadas de la malla y tubería ya fueron notificadas el día 15 de octubre de 2024, estamos a la espera de la entrega dentro de los 10 días hábiles según indicaciones del cartel. Posterior a este ingreso, se programará este cierre frontal” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nn)       Mediante oficio no. DSA-0450-24 del 24 de octubre de 2024, el jefe del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José le comunicó a la dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma municipalidad lo siguiente: “(…) dicho terreno se encuentra incluido en el roll de mantenimiento de la Sección de Parques” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\no)       Mediante oficio no. MS-DRRSCS-DARSH-775-2024 del 25 de octubre de 2024, el director del Área Rectora de Salud de Hatillo le comunicó a la recurrente lo siguiente: “(…) con respecto a la denuncia (…) por el terreno baldío (…) bajo el expediente Conta HC#204. Fue trasladada a la Municipalidad de San José el día 4 de marzo del año 2024 bajo el oficio MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, al Despacho Alcaldía dando acuse de recibido (…) el mismo 4 de marzo. Esto por pertenecer el terreno a la Municipalidad de San José” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).\n\nIV.- Sobre la actuación del Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica violación a los derechos fundamentales de la recurrente respecto a esta autoridad recurrida. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 07 de enero de 2024, la recurrente interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud respecto a las condiciones de la propiedad con el número de matrícula: 152858-A-000. En dicha denuncia la recurrente indicó correo electrónico para recibir notificaciones. Así, al día siguiente, dicha Área Rectora de Salud le comunicó vía correo electrónico a la recurrente sobre las correcciones que debe realizar a la denuncia, esto dado al tipo de denuncia (confidencial) que gestionaba presentar. Posteriormente, el 21 de febrero de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud realizó una inspección en el lugar denunciado, según consta el acta N°ARSH-URS-AM-097-2024, en donde se indicó lo siguiente: “Se realizo inspección, al momento de la misma se observó que el terreno posee malla alrededor, sin embargo, la entrada está sin cerramiento, se observaron vehículos estacionados en el interior. No se observan escombros ni otros residuos sólidos. No hay quemas”. Por ende, el 23 de febrero de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud emitió el informe técnico MS-DRRSCS-ARSH-IT-017-2024, en donde se indicó textualmente lo siguiente: “Se realizo inspección el día 21 de febrero de 2024, al momento de la misma se observó que el terreno tiene cerramiento, sin embargo, solo la entrada se encuentra sin malla, no se observaron escombros ni residuos sólidos de otro tipo, ni quemas de ninguna clase. Que el día 22 de febrero de 2024, se procedió a realizar la solicitud de corta de las ramas de los árboles que se encuentra en esta Área Rectora de Salud Hatillo. El día 23 de febrero de 2024, se realizó la corta de las ramas de los árboles, se adjuntan fotografías. Que, de acuerdo con los datos que constan en el Registro Nacional de la Propiedad, del lote abandonado y del cual se tiene la denuncia supra, se determina como propietario registral del bien a la Municipalidad de San José. Registrado en matricula de finca N° 651699. Sin embargo, esto no coincide con los datos del propietario y número de finca del lote aportados por la denunciante, a pesar de lo anterior, se logró identificar el sitio por las características descritas en la denuncia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se procedió a trasladar el caso de la denuncia supra ante la Municipalidad de San José, dueña registral del bien”. Así, el 04 de marzo de 2024 el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud remitió vía correo electrónico oficio de denuncia por terreno en estado de abandono MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, lo anterior, a la alcaldía de San José, en donde se indicó lo siguiente: “Reciba un cordial y respetuoso saludo. Se recibió denuncia confidencial en esta Área Rectora de Salud por terreno abandonado con número de finca 651699, que de acuerdo con el Registro Nacional de la Propiedad pertenece a la Municipalidad de San José. En la denuncia se indicó que la propiedad está siendo utilizada como sitio de consumo de drogas, botadero, quema de residuos y de cable de cobre por parte de los habitantes de la calle (…) En inspección realizada se logró observar que la propiedad carece de cerramiento en el sector de Avenida 36C, lo que permite el fácil ingreso, además se observó la presencia de vehículos estacionados en el interior del terreno (…) Por lo que se solicita su intervención para que por su medio se proceda a la limpieza y cerramiento de esta propiedad, así como darle mantenimiento cada vez que sea necesario. Cabe recordar que es responsabilidad del propietario que estas condiciones del terreno se mantengan adecuadamente a lo largo del tiempo, a fin de evitar problemas que atenten contra la salud y denuncias de índole sanitario”. Subsiguientemente, el 31 de julio de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud realizó una inspección en conjunto con la Municipalidad de San José, in situ al parque con finca 1-651699 donde se encuentran máquinas de ejercicio, planché, zona verde, poca basura y automóviles, sin quemas, ni escombro al momento. Así, se emitió el acta de inspección no. MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024, que indicó lo siguiente: “En conjunto con la Municipalidad de San José se realizó inspección y se encuentra con Vanessa Acosta poca basura en la zona con solo vehículos y máquinas de ejercicio al momento de la inspección. Los vecinos no conocen a Perla Rivas Largaespada ni a José Miguel Rojas Solano, señala que la gente ni se saluda...”. Igualmente, el 01 de agosto de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud emitió informe técnico no. MS-DRRSCS-DARSH-IT-438- 2024, en donde se estableció lo siguiente: “El 31 de julio del año en curso, al ser las 10:00 horas, nos presentamos las funcionarias Katherine Urbina Téllez y Elvira Salas Rodríguez en compañía de funcionarios de la Municipalidad de San José Ing. Vanessa Acosta del Departamento de Servicios Ambientales, para realizar visita de inspección en la dirección de la denuncia. Al momento de la inspección se observó poca basura acumulada, así como algunos vehículos estacionados. El lote denunciado es un parque en el que se encuentran máquinas para ejercitarse y un planché de cemento, al cual la Municipalidad de San José le da mantenimiento”. Por último, mediante oficio no. MS-DRRSCS-DARSH-775-2024 del 25 de octubre de 2024, el director del Área Rectora de Salud de Hatillo le comunicó a la recurrente lo siguiente: “(…) con respecto a la denuncia (…) por el terreno baldío (…) bajo el expediente Conta HC#204. Fue trasladada a la Municipalidad de San José el día 4 de marzo del año 2024 bajo el oficio MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, al Despacho Alcaldía dando acuse de recibido (…) el mismo 4 de marzo. Esto por pertenecer el terreno a la Municipalidad de San José”.\n\nEn este sentido, se constata que si bien es cierto desde el principio el Área Rectora de Salud de Hatillo tramitó la denuncia de la recurrente, comunicando lo referente para la corrección de la misma, realizando las inspecciones respectivas, emitiendo las órdenes respectivas a la Municipalidad de San José y procediendo a constatar las condiciones actuales del lote, el cual, en la última inspección se indicó que tiene “poca basura acumulada, así como algunos vehículos estacionados”. No obstante, se reitera que también es cierto que, mediante oficio no. MS-DRRSCS-DARSH-775-2024 del 25 de octubre de 2024, el director del Área Rectora de Salud de Hatillo le comunicó a la recurrente lo siguiente: “(…) con respecto a la denuncia (…) por el terreno baldío (…) bajo el expediente Conta HC#204. Fue trasladada a la Municipalidad de San José el día 4 de marzo del año 2024 bajo el oficio MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, al Despacho Alcaldía dando acuse de recibido (…) el mismo 4 de marzo. Esto por pertenecer el terreno a la Municipalidad de San José”.\n\nEs decir, fue con ocasión de la interposición del presente recurso que esa Área Rectora de Salud procedió a comunicar a la recurrente sobre el resultado de su denuncia. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que esta autoridad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar en cuanto a esta autoridad recurrida, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante.\n\nV.- Sobre la actuación de la Municipalidad de San José. Respecto a esta Municipalidad recurrida, también se denota una violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, pues ha sido debidamente demostrado que el 08 de enero de 2024 la recurrente, desde el correo electrónico bridgeomc@gmail.com, envió una denuncia a la dirección electrónica porusted@msj.go.cr, en donde denunció ante la Municipalidad de San José una denuncia ambiental en terreno abandonado. Así, el 09 de enero de 2024, la contraloría de Servicio de la Municipalidad de San José remitió la denuncia a las siguientes direcciones electrónicos: eordenana@msj.go.cr y vacostas@msj.go.cr. Además, tal y como se constató en el considerando anterior, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud tramitó una denuncia presentada por la recurrente respecto a este punto, por lo que el 04 de marzo de 2024 esa Área de Salud remitió vía correo electrónico oficio de denuncia por terreno en estado de abandono MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, lo anterior, a la alcaldía de San José, en donde se indicó lo siguiente: “Reciba un cordial y respetuoso saludo. Se recibió denuncia confidencial en esta Área Rectora de Salud por terreno abandonado con número de finca 651699, que de acuerdo con el Registro Nacional de la Propiedad pertenece a la Municipalidad de San José. En la denuncia se indicó que la propiedad está siendo utilizada como sitio de consumo de drogas, botadero, quema de residuos y de cable de cobre por parte de los habitantes de la calle (…) En inspección realizada se logró observar que la propiedad carece de cerramiento en el sector de Avenida 36C, lo que permite el fácil ingreso, además se observó la presencia de vehículos estacionados en el interior del terreno (…) Por lo que se solicita su intervención para que por su medio se proceda a la limpieza y cerramiento de esta propiedad, así como darle mantenimiento cada vez que sea necesario. Cabe recordar que es responsabilidad del propietario que estas condiciones del terreno se mantengan adecuadamente a lo largo del tiempo, a fin de evitar problemas que atenten contra la salud y denuncias de índole sanitario”.\n\nDe esa forma, previo a la interposición del presente recurso, la Municipalidad tenía conocimiento de la denuncia de la recurrente presentada ante la misma corporación municipal, pero además tenía conocimiento de la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud, en donde el Área Rectora de Salud correspondiente le había solicitado su intervención para que se procediera a la limpieza y cerramiento de la propiedad; sin embargo, se constata que al momento de la interposición del presente recurso la municipalidad no había realizado ninguna acción tendiente a solventar las denuncias presentadas, incumpliendo con sus labores. Por lo tanto, con dicha omisión la municipalidad recurrida está evadiendo su deber de velar por los intereses locales de su cantón. De esa manera, se comprueba violación a los derechos fundamentales de la recurrente por parte de la municipalidad recurrida.\n\nAhora bien, posterior a la notificación de la resolución de curso, el 24 de abril de 2024, en la Municipalidad de San José se estableció lo siguiente: “GESTIÓN DE RESÍDUOS INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL ATENCIÓN Ing. Vanessa Acosta S. SOLICITUD 2060 INGRESO 24/04/2024 ENTREGADA 24/04/2024 INSPECCIÓN 24/04/2024 DISTRITO 10 HATILLO DIRECCIÒN DEL ÁREA DE SALUD DE HATILLO 100 NORTE Y 25 ESTE ASUNTO LOTE INCULTO DENUNCIANTE: Perla Rivas Largaespada (8-0120-0618) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Se recibe recurso de amparo por lote inculto, se realiza la inspección y se observa lote que se utiliza como parqueadero de autos, se observa punto de almacenamiento de residuos en las afueras, no se observa de momento asentamiento humano, salvo en las fotografías aportadas en el recurso. Cabe mencionar que la persona denunciante aporta un número de finca y el nombre del dueño registral, sin embargo; las fotografías que anexa en el documento no coinciden con el aparente dueño registral, ya que las fotografías del lote denunciado pertenecen propiamente a un terreno municipal. Recomendación: el terreno al ser utilizado como parqueadero clandestino y en el que ocasionalmente hay asentamiento humano, se recomienda dar conocimiento a policía municipal para su intervención inmediata, en materia ambiental, se recomienda colocar un rótulo en las afueras del terreno, donde se informe el horario para colocar los residuos. Valorar con la sección de parques la viabilidad de que dicho predio sea utilizado como área de recreación o no. Es importante resaltar que dentro del terreno NO se observan residuos acumulados, monte alto, ni llantas con agua que puedan ser posible foco de contaminación. Contactos del denunciado: X - LOCALIZACIÓN: 100456002 - FOLIO REAL: 00651699 - PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - CÉDULA: 3-014-042058 - NOTIFICACIÓN: X - VENCIMIENTO: X INSPECTOR GESTIÓN AMBIENTAL Kevin Andrés Durán Rojas CÓDIGO 0472”. Igualmente, el 31 de julio de 2024, el Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud realizó una inspección en conjunto con la Municipalidad de San José, in situ al parque con finca 1-651699 donde se encuentran máquinas de ejercicio, planché, zona verde, poca basura y automóviles, sin quemas, ni escombro al momento. Así, se emitió el acta de inspección no. MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024, que indicó lo siguiente: “En conjunto con la Municipalidad de San José se realizó inspección y se encuentra con Vanessa Acosta poca basura en la zona con solo vehículos y máquinas de ejercicio al momento de la inspección. Los vecinos no conocen a Perla Rivas Largaespada ni a José Miguel Rojas Solano, señala que la gente ni se saluda...”. Posteriormente, mediante oficio SPAU-625-2024 del 18 de octubre de 2024, el encargado de la Sección de Parques y Arboricultura Urbana de la Municipalidad de San José en comunicación interna con esa municipalidad indicó lo siguiente: “(…) le comunico que, se realizó la visita al sitio; en el cual se observaron varios vehículos estacionados dentro de la propiedad indicada. Primeramente, para evitar este ingreso de vehículos se estarán instalando tres mojones metálicos que se están confeccionando en el Taller de Estructuras; esos quedarán instalados en la tercera semana de noviembre. Posteriormente, se instalará la malla, para evitar el ingreso de personas con condición de calle. Este trabajo no se puede realizar de forma parala a la colocación de mojones, debido a que no han ingresado la malla y la tubería correspondiente a las compras de este año. Las empresas adjudicadas de la malla y tubería ya fueron notificadas el día 15 de octubre de 2024, estamos a la espera de la entrega dentro de los 10 días hábiles según indicaciones del cartel. Posterior a este ingreso, se programará este cierre frontal”. Además, mediante oficio no. DSA-0450-24 del 24 de octubre de 2024, el jefe del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José le comunicó a la dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma municipalidad lo siguiente: “(…) dicho terreno se encuentra incluido en el roll de mantenimiento de la Sección de Parques”.\n\nDe ese modo, este Tribunal considera que la atención de la denuncia formulada por la recurrente ha sido atendida de forma tardía por parte del gobierno local accionado. Nótese que fue luego de la notificación de este proceso de amparo que las autoridades municipales coordinaron a efecto de atender la denuncia interpuesta por la recurrente, realizando las inspecciones respectivas, en donde se encuentran máquinas de ejercicio, planché, zona verde, poca basura y automóviles, sin quemas, ni escombro al momento. Además, en la última inspección se verificó que había “poca basura en la zona con solo vehículos y máquinas de ejercicio al momento de la inspección”.\n\nEn este sentido, esta Sala Constitucional constata violación a los derechos fundamentales de la recurrente por parte de esta Municipalidad, pues la denuncia fue atendida en forma tardía y, además, se verifica que ya se inició con la colocación de malla e inició con las gestiones tendiente para colocar mojones. Así, todavía no se ha procedido a resolver la problemática denunciada por la recurrente. Por ende, el presente recurso debe ser declarado con lugar con las indicaciones respectivas en la parte dispositiva.\n\nVI.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso tanto en contra del Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud, así como de la Municipalidad de San José; no obstante, respecto al Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud se aplica lo indicado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Respecto a la Municipalidad de San José sí se emite orden en la parte dispositiva.\n\nVII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, tal y como sucede en este amparo, en que está de por medio la tutela de salud de las personas debido al depósito de basura en un lote baldío, lo que incrementa el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, situación que constituye una excepción a mi posición en esta materia.\n\nX.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.  \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.  \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:  \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nXI.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar en contra del Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de San José. Se ordena a Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo, que en forma inmediata realice las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el término improrrogable de un mes, contado a partir de la notificación de esta resolución, finalicen las acciones identificadas para atender la denuncia de la recurrente, y, además, deberá notificarle a la recurrente dichas acciones tomadas y la atención dada a su denuncia. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto al Área Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud se declara con lugar el recurso con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n AC0ZFVD3XM861\n\nEXPEDIENTE N° 24-009697-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:36:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "SALA CONSTITUCIONAL\n\nResolution No. 33135 - 2024\n\nDate of Resolution: November 8, 2024, at 9:20 a.m.\n\nCase File: 24-009697-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 24-009697-0007-CO\n\nRes. No. 2024033135\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning of November eighth, two thousand twenty-four.\n\nAmparo appeal filed by PERLA RIVAS LARGAESPADA, identification card number 0801200618, against the MINISTRY OF HEALTH AND THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.\n\nResultando:\n\n1.- By document received at the Secretariat of the Chamber on April 12, 2024, the petitioner files an amparo appeal against the MINISTRY OF HEALTH AND THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ and states that she is a resident of Hatillo Centro and adjacent to her dwelling house is the property with registration number 152858-A-000, whose registered owner is José Miguel Solano Rojas and which is indicated to be an uncultivated plot of land (terreno inculto). She explains that, due to being abandoned, for years it has been a site for drug use, a rubble dump, a place where homeless people relieve themselves, and where garbage and copper wire are burned. She explains that this situation increases neighborhood insecurity, increases the risk of spreading pests and diseases, increases the risks of fires in adjacent houses, and even endangers the physical integrity of persons due to the throwing of glass bottles and rocks at houses. The petitioner alleges that she has filed complaints with the Hatillo Centro Police Station regarding the burning of copper wire, since the smoke is toxic and enters the houses; however, the officers do not intervene, alleging that the land is private property. She argues that this environmental problem has been reported to the Municipality of San José and the Office of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Hatillo of the Ministry of Health, but they have not resolved the impact on the neighborhood and on her person. Regarding this, the petitioner provides a note sent on January 8, 2024, to the email address porusted@msj.go.cr, with an acknowledgment of receipt dated January 9, 2024, from the email address kleon@msj.go.cr, and the text of the communication states the following: \"... We are residents of Hatillo Centro and close to our dwelling houses is the property with the registration number: 152858-A-000. In this property, the right of ownership belongs to Jose Miguel Solano Rojas, as recorded in the public registry consultation of the National Registry. The public registry information indicates that the nature of the estate is an 'UNCULTIVATED LAND' (TERRENO INCULTO), that is, an abandoned land. This state of abandonment in which the land is found has caused for years that the property is being used as a site for drug use, a rubble dump, garbage burning, and copper wire burning by street dwellers. This type of customary activities increases neighborhood insecurity, increases the risk of spreading pests and diseases, increases the risks of fires in adjacent houses, endangers the physical integrity of persons since from this place stones and glass objects are thrown into the yards and roofs of houses (photographs of what has been stated are provided). As is well known, property owners, or in their absence the municipality, have a series of legal responsibilities regarding these abandoned lots, such as keeping them fenced and in safe and clean conditions, in a way that safeguards public safety and health. Avoiding at all times the unauthorized use of the land that could even cause injuries to third parties caused by people who enter vacant lots without permission. In light of this, I wanted to highlight what some regulations on the matter state: In particular, to highlight what is mentioned by the Municipal Code (Ley No. 7794) regarding the obligations of property owners. In its article 84, subparagraphs b) and h) 'In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must fulfill the following obligations: b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or in a state of demolition h) Adequately guarantee the safety, cleanliness, and maintenance of properties, when roads or public properties or third parties related to them are affected.' This same regulation states that 'When in a lot there is an uninhabitable building that risks the life, property, or physical integrity of third parties, or whose state of abandonment favors the commission of criminal acts, the municipality may file the corresponding complaint before the health authorities and collaborate with them in compliance with Ley 5395, General Health Law, of October 30, 1973.' The regulation continues indicating that when residents fail to comply with the previous obligations (referring to article 84 of Law 7794) or (...), the municipality is empowered to supply the omission of those duties, directly carrying out the works or providing the corresponding services (...) On this same matter, the 'Reglamento para el cobro de tarifas por las omisiones a los deberes de los propietarios o poseedores de inmuebles en el Cantón de San José' indicates in its Article 5, subsection B: 'The duties of the owners or possessors of real estate located in the Canton of San José are the following: (...) Fence and clean lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or in a state of demolition. (...)' Meanwhile, in the eighth article, it is stated that: '- The Inspection Section must also request the competent department the incorporation of the execution of the work or service into the Municipality's work plan, in order to supply it according to the availability of time and resources, without prejudice to its subsequent collection from the taxpayer of the obligation.' For the foregoing, I ask for your intervention so that the owners carry out the cleaning and fencing of the abandoned land that is reported to you, or failing that, you can supply this omission of duties according to the already established regulations.\" She requests the intervention of this Court.\n\n2.- By resolution at 8:09 p.m. on April 19, 2024, this Court issued the resolution on the course of this matter.\n\n3.- Oscar Arguedas Hernández, in his capacity as medical director of the Health Area (Área de Salud) of Hatillo of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), reports under oath (report rendered on April 23, 2024), in the following terms: \"In response to what was requested in amparo appeal Case File 24-009697-0007-CO filed by Mrs. PERLA RIVAS LARGAESPADA, identification card number 0801200618, we inform you that this appeal does not correspond to the Health Area of Hatillo, Solón Núñez Clinic. Instead, it is directed to the Health Governing Area of Hatillo of the Ministry of Health.\"\n\n4.- Reina Acevedo Acevedo, in her capacity as president of the Council of San José (Concejo de San José), reports under oath (report rendered on April 24, 2024), that no request or documentation submitted by the petitioner before the Council is found, and it is unknown if it has been submitted to the different administrative departments, as that would be the exclusive purview of the Administration.\n\n5.- Johnny Araya Monge, in his capacity as mayor of the Municipality of San José, reports under oath (report rendered on April 26, 2024), in the following terms: \"I. PRELIMINARY ISSUES: Once the amparo appeal was received, internal protocols were activated to provide a due response within the legal term, requesting documentation from the linked and/or competent bodies, in light of the matter raised in the appeal, through official letter DAJ-657-30-2024 to Eng. Emperatriz Ordeñana Ayerdis. Head, Department of Environmental Services (Departamento de Servicios Ambientales). In this regard, the corresponding report was received; from which it is evident, as will be seen below, that the actions of the Municipality of San José have been diligent and proactive, framing our actions within the broadest concept of attributions and powers. I. Regarding the SINGLE technical report: Eng. Vanessa Acosta Solórzano, Assistant, Department of Environmental Services, through official letter DSA-0147-24, reports regarding the subject matter of the litigation: '...in response to official letter DAJ-657-30-24 to which the AMPARO APPEAL filed by Mrs. PERLA RIVAS LARGAESPADA is attached, regarding a property that she indicates belongs to Mr. José Miguel Solano Rojas, reviewing the attached photos and the field visit regarding this, I inform you: 1. The land in question indicates that it is property of the Municipality of San José (the Inspector's report is attached). 2. Although it is true that the land is a bit dirty, in the attached photos taken on the 24th of this month, it can be observed that at this moment it is not as indicated in the document, since cleaning and maintenance are carried out on said property. 3. Regarding the parked vehicles, the case must be referred to the head of the municipal police for its respective processing. 4. A visit was coordinated with the Parks Section (Sección de Parques) for next week to assess the possibility of placing a fence to delimit the entry of vehicles and homeless persons and thus prevent the accumulation of waste. Likewise, it is reported that an exhaustive cleaning of the entire area will be scheduled. II. Conclusions By virtue of the aforementioned report, as well as the statements, it is proven that the Municipality has at all times sought to attend to the procedures presented and related to what was requested by the Petitioner. It should be noted, according to the report rendered, that the Municipality has at no time evaded the process nor assumed an omission regarding the requests of the interested party, proof of this can be observed in that at this moment the lot that the petitioner indicates is not as stated in the Amparo Appeal being heard, since cleaning and maintenance are carried out on said property by this Local Government, which can be observed in the photographs that will be attached as evidence and likewise, in the Inspector's report. It is important to indicate that the Department of Environmental Services coordinated with the Parks Section to conduct a visit next week to assess the possibility of placing a fence to delimit the entry of vehicles and homeless persons and thus prevent the accumulation of waste, the above indicated in official letter DSA-0147-24.\" He requests that the appeal filed be dismissed.\n\n6.- By resolution at 1:50 p.m. on July 18, 2024, this Court issued a resolution of expanded course.\n\n7.- Leandra Madrigal Rodríguez, in her capacity as acting director of the Health Governing Area of Hatillo, reports under oath (report rendered on August 5, 2024), in the following terms: \"II. OF THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH AND THE SPECIFIC CASE. In response to the complaint filed by Mrs. Perla Rivas Largaespada, on February 21, 2024, at 2:15 p.m., an inspection was carried out, recorded in record N° ARSH-URS-AM-097-2024, which textually cites the following: 'An inspection was carried out, at the time of the same it was observed that the land has a fence around it, however, the entrance is without an enclosure (cerramiento), vehicles were observed parked inside. No rubble or other solid waste was observed. There are no burnings.' On February 22, 2024, a maintenance request was made by official Christopher Ramírez and Dr. Carolina Guillén to trim the branches of a tree located at the back of the property of the Health Governing Area of Hatillo. On February 23, 2024, technical report MS-DRRSCS-ARSH-IT-017-2024 was issued, which textually indicated the following: 'An inspection was carried out on February 21, 2024, at the time of the same it was observed that the land has an enclosure, however, only the entrance is without a fence, no rubble or other type of solid waste was observed, nor burnings of any kind. That on February 22, 2024, the request for cutting the branches of the trees located in this Health Governing Area of Hatillo was made. On February 23, 2024, the cutting of the tree branches was carried out, photographs are attached. That, according to the data recorded in the National Property Registry, for the abandoned lot regarding which the above complaint is filed, the registered owner of the property is determined to be the Municipality of San José. Registered under estate registration number N° 651699. However, this does not match the owner data and estate number of the lot provided by the complainant, despite the above, the site was identified by the characteristics described in the complaint.' In accordance with the above, the above-mentioned complaint case was transferred to the Municipality of San José, the registered owner of the property. On March 4, 2024, the official complaint letter for abandoned land MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024 was sent via email to the mayor's office of San José, Johnny Araya Monge, which textually cites the following: 'Dear Sir: Please receive a cordial and respectful greeting. A confidential complaint was received in this Health Governing Area for an abandoned land with estate number 651699, which according to the National Property Registry belongs to the Municipality of San José. The complaint indicated that the property is being used as a site for drug consumption, a dump, and the burning of waste and copper wire by street dwellers. Additionally, on February 22, 2024, a fire occurred caused precisely by the burning of wire at the site, a situation that threatens the lives and safety of the neighbors and the officials who work in this Health Governing Area. During the inspection carried out, it was observed that the property lacks an enclosure in the sector of Avenida 36C, which allows easy entry, and the presence of vehicles parked inside the land was also observed. Given the above, it is very important to mention what the General Health Law N° 5395 states, in its article number 282, which is textually cited: \"ARTICLE 282.- Owners of unoccupied lands in urban areas are obliged to keep them closed and in good hygienic conditions. They will also be obligated to carry out the practices or works, within the period that the health authority orders them, when such lands constitute a source of environmental contamination.\" Therefore, your intervention is requested so that through your office, the cleaning and enclosure of this property be carried out, as well as providing maintenance whenever necessary. It is worth remembering that it is the owner's responsibility that these conditions of the land be maintained adequately over time, in order to avoid problems that threaten health and complaints of a sanitary nature.' On July 30, 2024, the Amparo Appeal with Case File: N° 24-009697-0007-CO, filed by Mrs. Perla Rivas Largaespada with Identification Card 8-0120-0618, was received. It is of utmost importance to emphasize that although estate 1-152858 is NOT registered among the estates adjacent to the Health Governing Area of Hatillo of the Ministry of Health, NOR in the surroundings, according to the address of the complaint, the inspection and respective processing were carried out again. Below, the complete map of the block with the estate numbers of each one is attached (…) On July 30, 2024, considering that the Amparo Appeal did not indicate the exact address of the reported abandoned lot, only that it is estate N° 152858-A-000, whose registered owner is Mr. José Miguel Solano Rojas. A search was conducted in the property registry for the location of the abandoned lot, and it only indicates it is in Hatillo Centro, without specifying the exact place, and regarding the owner, it does not register an identification number, nor the map number. Therefore, through official letter MS-DRRSCS-DARSH-427-2024, the cadastral study was requested from the Municipality of the Canton of San José. “SUBJECT: Amparo Appeal Case File N°24-009697-0007-CO, filed by Perla Rivas Largaespada against the Municipality of San José and another. Dear Sir: I greet you respectfully and most attentively request the cadastral study of the San José estate 152858-A in the name of José Miguel Solano Rojas, Identification Card or identification that it does not indicate, given that we do not know the location of such estate and an urgent inspection is required to respond to the Constitutional Chamber within the period stipulated by Law. I attach the Amparo Appeal and data issued by the Digital National Property Registry. Thanking you in advance for your prompt response, I respectfully take my leave.” On July 31, 2024, neighbors were asked if anyone knows José Miguel Solano Rojas, and they indicate that 'years ago' he lived in front of the Ministry of Health where the businesses are now, and that he died a long time ago. In addition, neighbors were asked if they know any person by the name of Perla Rivas Largaespada, to which they indicate NO. Therefore, the address cannot be specified with certainty, nor the details of the complaint already addressed. On July 31, 2024, an inspection was carried out with the Municipality of San José, on-site at the park with estate 1-651699 where there are exercise machines, a concrete slab (planché), a green area, little garbage, and automobiles, with no burnings or rubble at the time. They provide photographs from April that are consistent with those taken on site. In the Inspection Record MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024, it reads: '...In conjunction with the Municipality of San José, an inspection was carried out, and we find with Vanessa Acosta little garbage in the area with only vehicles and exercise machines at the time of inspection. The neighbors do not know Perla Rivas Largaespada or José Miguel Rojas Solano; they indicate that people don't even greet each other...' On July 1, 2024, technical report MS-DRRSCS-DARSH-IT-438-2024 was issued, which textually cited: 'On July 31 of this year, at 10:00 a.m., we, the officials Katherine Urbina Téllez and Elvira Salas Rodríguez, appeared in the company of officials from the Municipality of San José, Eng. Vanessa Acosta from the Department of Environmental Services, to conduct an inspection visit at the address of the complaint. At the time of the inspection, little accumulated garbage was observed, as well as some parked vehicles. The reported lot is a park where there are machines for exercising and a concrete slab, which the Municipality of San José maintains.' At the time of the visit, the same conditions persist as during the first inspection conducted on February 21, 2024, where the accumulation and burning of garbage could not be detailed. Thus, and given the above, this Health Governing Area of Hatillo confirms in its actions that it is not neglectful in the fulfillment of its functions and has been diligent in time and form in attending to the complaint filed by Mrs. Perla Rivas Largaespada.\" She requests that the appeal filed be dismissed.\n\n8.- By resolution at 1:32 p.m., this Court requested evidence for better resolution.\n\n9.- Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of the Municipality of San José, reports under oath (report rendered on October 21, 2024), in the following terms: \"In this regard, the corresponding report was received; from which it is evident, as will be seen, that the actions of the Municipality of San José have been diligent and proactive, framing our actions within the broadest concept of attributions and powers, whereby through official letter SPAU-625-2024, from the Parks and Urban Arboriculture Section (Sección de Parques y Arboricultura Urbana) indicates: (…) I inform you that a visit was made to the site; in which several vehicles parked inside the indicated property were observed. Firstly, to prevent this entry of vehicles, three metal boundary markers (mojones) that are being fabricated in the Structures Workshop will be installed; these will be installed during the third week of November. Subsequently, the fence (malla) will be installed to prevent the entry of homeless persons. This work cannot be carried out in parallel to the placement of boundary markers because the fence and corresponding piping from this year’s purchases have not yet arrived. The companies awarded for the fence and piping were notified on October 15, 2024, and we are awaiting delivery within 10 business days as indicated in the tender specifications. Subsequent to this receipt, this front closure will be scheduled' (…) III. CONCLUSIONS By virtue of the aforementioned report, as well as the statements, it is proven that the Municipality has at all times sought to attend to the procedures presented and related to what was requested by the Petitioner. It should be noted, according to the report rendered, that the Municipality has at no time evaded the process nor assumed an omission regarding the requests of the interested party.\" He requests that the appeal filed be dismissed.\n\n10.- By resolution at 1:18 p.m. on October 22, 2024, this Court requested evidence for better resolution.\n\n11.- Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of the Municipality of San José, reports under oath (report rendered on October 24, 2024), in the following terms: \"In this regard, the corresponding report was received; from which it is evident, as will be seen, that the actions of the Municipality of San José have been diligent and proactive, framing our actions within the broadest concept of attributions and powers, whereby through official letter DSA-0450-24, the Department of Environmental Services indicates: (…) Although a response was not given on those dates, that generated the Amparo Appeal, and once the Chamber's Requests arrived at the department, all have been complied with and some are pending execution (…) therefore, to date, what was requested by Mrs. Rivas has been being fulfilled by this local government. I do not fail to state that said land is included in the maintenance role of the Parks Section (…) III. CONCLUSIONS By virtue of the aforementioned report, as well as the statements, it is proven that the Municipality has at all times sought to attend to the procedures presented and related to what was requested by the Petitioner. It is important to indicate that regarding the complaints of January 7 and 8, by not being attended to in time, this is what led to the filing of the Amparo Appeal that occupies us by Mrs. Rivas Largaespada. It should be noted, according to the report rendered, that the Municipality has at no time evaded the process nor assumed an omission regarding the requests of the interested party; rather, actions have been being executed to resolve the problem.\" He requests that the appeal filed be dismissed.\n\n12.- Jorge Espinoza Caruzo, in his capacity as director of the Health Governing Area of Hatillo, reports under oath (report rendered on October 28, 2024), in the following terms: \"In response to the request for a report, the complaint is handled under case file Conta/HC #204 of the Health Governing Area of Hatillo. The actions carried out by this Health Governing Area in attending the case are reported chronologically: 1. On January 7, 2024, the Health Governing Area of Hatillo received a complaint via email bridgeomc@gmail.com, and it was assigned the number (Contamination file HC#204). 2. On January 8, 2024, a response was given to the aforementioned electronic address, and the corrections that must be made to the complaint are indicated, given the type of complaint (confidential) that was being submitted. The complaint textually refers: “I am a resident of Hatillo and close to my dwelling house is the property with registration number: 152858-A-000. The public registry information indicates that the nature of the estate is an 'UNCULTIVATED LAND', that is, an abandoned land. This state of abandonment in which the land is found has caused for years that the property is being used as a site for drug use, a rubble dump, garbage burning, and copper wire burning by street dwellers. I am particularly concerned about the risks of fires in adjacent houses since next to this abandoned land there is an office of the Ministry of Health (Dirección de Área Rectora de Salud de Hatillo) in which there is a tree with branches hanging in the area where the homeless burn garbage. For the foregoing, I ask for your intervention so that the health office of Hatillo Centro carries out the respective cutting of the tree, as this could cause a fire in adjacent houses. Likewise, I ask for your intervention with the Municipality of San José so that this land is fenced and its use as a garbage dump and for burning copper wire, which is well known to be harmful to health from its constant inhalation, is prevented.” 3. In response to the complaint, on February 21, 2024, at 2:15 p.m., an inspection was carried out, recorded in record N° ARSH-URS-AM-097-2024, which textually cites the following: “An inspection was carried out, at the time of the same it was observed that the land has a fence around it, however, the entrance is without an enclosure, vehicles were observed parked inside. No rubble or other solid waste was observed. There are no burnings.” 4. On February 22, 2024, a maintenance request was made by official Christopher Ramírez and Dr. Carolina Guillén to the Central South Directorate to cut down the branches of a tree located at the back of the property of the Health Governing Area of Hatillo. 5. On February 23, 2024, technical report MS-DRRSCSARSH-IT-017-2024 was issued, which textually indicated the following: “...An inspection was carried out on February 21, 2024, at the time of the same it was observed that the land has an enclosure, however, only the entrance is without a fence, no rubble or other type of solid waste was observed, nor burnings of any kind. That on February 22, 2024, the request for cutting the branches of the trees located in this Health Governing Area of Hatillo was made. On February 23, 2024, the cutting of the tree branches was carried out, photographs are attached. That, according to the data recorded in the National Property Registry, for the abandoned lot regarding which the above complaint is filed, the registered owner of the property is determined to be the Municipality of San José. Registered under estate registration number N° 651699. However, this does not match the owner data and estate number of the lot provided by the complainant, despite the above, the site was identified by the characteristics described in the complaint.” In accordance with the above, the above-mentioned complaint case was transferred to the Municipality of San José, the registered owner of the property. 6. On March 4, 2024, the official complaint letter for abandoned land MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024 was sent via email to the mayor's office of San José, Johnny Araya Monge, which textually cites the following: “Dear Sir: Please receive a cordial and respectful greeting. A confidential complaint was received in this Health Governing Area for an abandoned land with estate number 651699, which according to the National Property Registry belongs to the Municipality of San José. The complaint indicated that the property is being used as a site for drug consumption, a dump, and the burning of waste and copper wire by street dwellers. Additionally, on February 22, 2024, a fire occurred caused precisely by the burning of wire at the site, a situation that threatens the lives and safety of the neighbors and the officials who work in this Health Governing Area. During the inspection carried out, it was observed that the property lacks an enclosure in the sector of Avenida 36C, which allows easy entry, and the presence of vehicles parked inside the land was also observed. Given the above, it is very important to mention what the General Health Law N° 5395 states, in its article number 282, which is textually cited: “ARTICLE 282.- Owners of unoccupied lands in urban areas are obliged to keep them closed and in good hygienic conditions.\"\n\nThey shall likewise be obligated to carry out the practices or works, within the time period that the health authority orders them, when such lands constitute a source of environmental contamination.” Therefore, your intervention is requested so that, through your office, the cleaning and enclosure of this property may be undertaken, as well as its maintenance whenever necessary. It bears recalling that it is the owner's responsibility to ensure that these land conditions are maintained adequately over time, in order to avoid problems that threaten health and complaints of a sanitary nature.” 7. On July 30, 2024, the Amparo Appeal with Case File No. 24-009697-0007-CO, filed by Mrs. Perla Rivas Largaespada with Identification Card 8-0120-0618, was received. 8. On August 5, 2024, official letter MS-DRRSCS-DARS-429-2024 was sent via email to the address informes-sc@poder-judicial.go.cr, responding to the amparo appeal case file No. 24-009697-0007-CO, with the following content: It is of utmost importance to emphasize that despite property 1-152858 NOT being registered among the properties surrounding the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health, nor in the surrounding areas, according to the complaint address, the inspection and respective procedure were carried out again. The complete map of the block with the property numbers for each is attached below (…) On July 30, 2024, considering that the Amparo Appeal did not specify the exact address of the reported abandoned lot, only that it is property No. 152858- A-000, whose registered owner is Mr. José Miguel Solano Rojas, we proceeded to search the property registry where the abandoned lot is located, and it only states it is in Hatillo Centro, without specifying the exact location, and as for the owner, it does not record an identification number, nor the map number. Therefore, by official letter MS-DRRSCS-DARSH-427-2024, a cadastral study was requested from the Municipality of the Canton of San José. “SUBJECT: Amparo Appeal Case File No. 24-009697-0007-CO, filed by Perla Rivas Largaespada against the Municipality of San José and another. Dear Sir: Respectfully, I greet you and request in the most attentive manner the cadastral study of property 152858-A of San José in the name of José Miguel Solano Rojas, ID card or identification not indicated, given that we are unaware of the location of said property and an urgent inspection is required to respond to the Constitutional Chamber within the period stipulated by Law. Attached is the Amparo Appeal and data issued by the National Digital Property Registry. Thanking you in advance for your prompt response, respectfully yours” On July 31, 2024, neighbors were asked if anyone knows José Miguel Solano Rojas and they indicate that “years ago,” he lived in front of the Ministry of Health where the businesses are now and that he died long ago. In addition, neighbors were asked if they knew any person named Perla Rivas Largaespada, to which they indicate NO. Therefore, the exact address and specifications of the already addressed complaint cannot be pinpointed. On July 31, 2024, a joint inspection was carried out with the Municipality of San José, in situ at the park on property 1-651699 where there are exercise machines, a concrete slab, a green zone, little trash, and automobiles, with no burning or debris at the time. They provide photographs from April and they are consistent with those taken on site. In the Inspection Report MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024, it reads: “…Together with the Municipality of San José, an inspection was carried out and Vanessa Acosta finds little trash in the area with only vehicles and exercise machines at the time of the inspection. The neighbors do not know Perla Rivas Largaespada or José Miguel Rojas Solano, they point out that people do not even greet each other…” On July 1, 2024, technical report MS-DRRSCS-DARSH-IT-438-2024 was issued, wherein it was cited verbatim: “On July 31 of the current year, at 10:00 hours, we, the officials Katherine Urbina Téllez and Elvira Salas Rodríguez, appeared in the company of officials from the Municipality of San José, Engineer Vanessa Acosta from the Department of Environmental Services, to carry out an inspection visit at the address in the complaint. At the time of the inspection, little accumulated trash was observed, as well as some parked vehicles. The reported lot is a park in which there are exercise machines and a concrete slab, which the Municipality of San José maintains.” At the time of the visit, the same conditions persist as from the first inspection carried out on February 21, 2024, where the accumulation and burning of trash could not be detailed.” On August 5, 2024, an email is received from the email address mborbon@msj.go.cr, by Dr. Leandra Madrigal, Acting Director of the Hatillo Health Area Directorate, and Rosa Delgado, environmental manager, and which informs the following: “Good morning, In response to official letter MS-DRRSCS-DARSH-427-2024, I attach and send the information sent from the Cadastral Information Department of this Municipality, regarding that property. The foregoing for whatever purpose it may serve.” The email sent to Mrs. Melissa Borbón Marín, which was the one she forward to Dr. Leandra Madrigal, Acting Director of the Hatillo Health Area Directorate, refers to the following: “Greetings Colleague, In accordance with what is requested: According to the registry report, the property is located in the Hatillo district, it has an area of 900 m2. Its nature states “uncultivated land (terreno inculto)” and it does not have a cadastral map that describes it graphically. The property is in the name of Mr. “José Miguel Solano Rojas” The registry report does not indicate Mr. Solano’s ID number, so a consultation by name was made with the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones, TSE). The result can be seen in the following image: (…) • Following the consultation, it can be seen that Mr. Solano is apparently deceased. • It should be noted that this property does not exist in this Department’s databases. Therefore, since there is no cadastral map with which property 00152858A can be located, no reference can be made to it or to Mr. José Miguel Solano Rojas, who is apparently deceased.” The last communication with the complainant was effectively on January 8, two thousand twenty-four, because according to the complaint handling procedure (COMPLAINT HANDLING MS.NI.FIMPR.02.02.49), which I attach in this email, the complainant must be notified once the complaint resolution has been issued; however, even though there is no express request for information on the status of the complaint from the complainant, this authority sends official letter MS-DRRSCS-DARS-775-2024 informing the current status.” It requests that the appeal filed be dismissed.\n\n13.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the case —because of the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised, because we are dealing with complaints of an environmental nature, which, allegedly, have not been resolved within a reasonable time by the respondent authorities. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- Object of the appeal. The appellant claims a violation of her fundamental rights, stating that she is a resident of Hatillo Centro and adjacent to her home there is an abandoned land. She explains that, due to its abandonment, for years it has been a site for drug use, a debris dump, a place where the homeless relieve themselves, and where trash and copper cable are burned. She states that this situation increases the insecurity of the neighborhood, raises the risk of pest and disease propagation, increases the risks of fires in adjacent houses, and even endangers the integrity of people due to the throwing of glass bottles and stones at the houses. Consequently, she has filed the respective complaints, but the indicated problem has not been resolved.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On January 7, 2024, the appellant filed a complaint before the Ministry of Health regarding the conditions of the property with registration number: 152858-A-000. In said complaint, the appellant provided an email address to receive notifications (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nb) On January 8, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health communicated to the appellant via email about the corrections she needed to make to the complaint, given the type of complaint (confidential) she was attempting to file (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nc) On January 8, 2024, the appellant, from the email address bridgeomc@gmail.com, sent a complaint to the email address porusted@msj.go.cr, where she reported an environmental complaint about an abandoned land before the Municipality of San José. Thus, in that communication, the following was indicated: “We are residents of Hatillo Centro and near our homes is the property with registration number: 152858-A-000. The right of ownership in this property belongs to Jose Miguel Solano Rojas, as stated in the public registry consultation of the National Registry. The public registry information states that the nature of the property is “UNCULTIVATED LAND (TERRENO INCULTO),” that is, an abandoned land. This state of abandonment in which the land is found has caused, for years, the property to be used as a site for drug use, a debris dump, trash burning, and copper cable burning by street dwellers. This type of customary activities increases the insecurity in the neighborhood, raises the risk of pest and disease propagation, increases the risks of fires in adjacent houses, and endangers the integrity of people since stones and glass objects are thrown from this place into the yards and roofs of the houses. (photographs of what is indicated are provided) As is well known, the owners, or in their absence, the municipality, have a series of legal responsibilities with these abandoned lots, such as keeping them enclosed and in safe and clean conditions, so as to safeguard public safety and health. At all times avoiding unauthorized use of the lands that could even cause injury to third parties caused by people entering the vacant lands without permission (…) Due to the foregoing, I request your intervention so that the owners carry out the cleaning and enclosure of the abandoned land being reported, or failing that, you may make up for this omission of duties according to the regulations already established” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nd) On January 9, 2024, the Office of the Comptroller of Services of the Municipality of San José forwarded the complaint to the following email addresses: eordenana@msj.go.cr and vacostas@msj.go.cr (see the reports rendered and the evidence provided).\n\ne) On February 21, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health carried out an inspection at the reported location, as recorded in report No. ARSH-URS-AM-097-2024, wherein the following was indicated: “Inspection was carried out, at the time of it, it was observed that the land has mesh around it, however, the entrance is without an enclosure, vehicles parked inside were observed. No debris or other solid waste is observed. There is no burning” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nf) On February 23, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health issued technical report MS-DRRSCS-ARSH-IT-017-2024, in which the following was stated verbatim: “Inspection was carried out on February 21, 2024, at the time of it, it was observed that the land has an enclosure, however, only the entrance is without mesh, no debris or solid waste of another type, nor burning of any kind was observed. That on February 22, 2024, the request for the trimming of the tree branches located at this Hatillo Health Area Directorate was made. On February 23, 2024, the trimming of the tree branches was carried out, photographs are attached. That, according to the data recorded in the National Property Registry, of the abandoned lot and concerning which the supra complaint is made, the Municipality of San José is determined as the registered owner of the property. Registered under property registration No. 651699. However, this does not coincide with the owner data and lot property number provided by the complainant, despite the above, the site was identified by the characteristics described in the complaint. In accordance with the foregoing, the case of the supra complaint was transferred to the Municipality of San José, registered owner of the property” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\ng) On March 4, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health sent, via email, the complaint official letter for land in a state of abandonment MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, to the mayor's office of San José, wherein the following was indicated: “Receive a cordial and respectful greeting. A confidential complaint was received in this Health Area Directorate for an abandoned land with property number 651699, which according to the National Property Registry belongs to the Municipality of San José. The complaint indicated that the property is being used as a site for drug use, a dump, burning of waste and copper cable by street dwellers. Additionally, on February 22, 2024, a fire occurred caused precisely by the burning of cable at the site, a situation that threatens the life and safety of the neighbors and the officials working in this Health Area Directorate. In the inspection carried out, it was observed that the property lacks an enclosure in the sector of Avenida 36C, which allows easy entry, and the presence of vehicles parked inside the land was also observed. Given the foregoing, it is very important to mention what the General Health Law No. 5395 states, in its article number 282, which is cited verbatim: “ARTICLE 282.- The owners of unoccupied lands in urban areas are obligated to keep them enclosed and in good hygienic conditions. They shall likewise be obligated to carry out the practices or works, within the time period that the health authority orders them, when such lands constitute a source of environmental contamination.” Therefore, your intervention is requested so that, through your office, the cleaning and enclosure of this property may be undertaken, as well as its maintenance whenever necessary. It bears recalling that it is the owner's responsibility to ensure that these land conditions are maintained adequately over time, in order to avoid problems that threaten health and complaints of a sanitary nature” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nh) On April 23, 2024, the order to proceed was notified to the Municipality of San José (see notification record).\n\ni) On April 24, 2024, in the Municipality of San José, the following was established: “WASTE MANAGEMENT ENVIRONMENTAL INSPECTION REPORT ATTENTION Eng. Vanessa Acosta S. REQUEST 2060 ENTRY 04/24/2024 DELIVERED 04/24/2024 INSPECTION 04/24/2024 DISTRICT 10 HATILLO ADDRESS FROM THE HATILLO HEALTH AREA 100 NORTH AND 25 EAST SUBJECT UNCULTIVATED LOT COMPLAINANT: Perla Rivas Largaespada (8-0120-0618) RESULT OF THE INSPECTION An amparo appeal is received for an uncultivated lot (lote inculto), the inspection is carried out and a lot used as a car park is observed, a waste storage point is observed on the outside, no human settlement is observed at the moment, except in the photographs provided in the appeal. It is worth mentioning that the complainant provides a property number and the name of the registered owner, however; the photographs she attaches in the document do not coincide with the apparent registered owner, since the photographs of the reported lot properly belong to a municipal land. Recommendation: the land, being used as a clandestine parking lot and in which there is occasionally human settlement, it is recommended to inform the municipal police for its immediate intervention; in environmental matters, it is recommended to place a sign outside the land, informing about the schedule for placing waste. Assess with the parks section the viability of whether said property can be used as a recreation area or not. It is important to highlight that INSIDE the land NO accumulated waste, high grass, or tires with water that could be a possible source of contamination are observed. Defendant's Contacts: X - LOCATION: 100456002 - REAL FOLIO: 00651699 - OWNER: MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ - ID: 3-014-042058 - NOTIFICATION: X - DEADLINE: X ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INSPECTOR Kevin Andrés Durán Rojas CODE 0472” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nj) On July 30, 2024, the order for expansion of the proceedings was notified to the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health (see notification record).\n\nk) On July 31, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health carried out a joint inspection with the Municipality of San José, in situ at the park on property 1-651699 where there are exercise machines, a concrete slab, a green zone, little trash, and automobiles, with no burning or debris at the time. Thus, inspection report no. MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024 was issued, which indicated the following: “Together with the Municipality of San José, an inspection was carried out and Vanessa Acosta finds little trash in the area with only vehicles and exercise machines at the time of the inspection. The neighbors do not know Perla Rivas Largaespada or José Miguel Rojas Solano, they point out that people do not even greet each other...” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nl) On August 1, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health issued technical report no. MS-DRRSCS-DARSH-IT-438- 2024, in which it was established: “On July 31 of the current year, at 10:00 hours, we, the officials Katherine Urbina Téllez and Elvira Salas Rodríguez, appeared in the company of officials from the Municipality of San José, Engineer Vanessa Acosta from the Department of Environmental Services, to carry out an inspection visit at the address in the complaint. At the time of the inspection, little accumulated trash was observed, as well as some parked vehicles. The reported lot is a park in which there are exercise machines and a concrete slab, which the Municipality of San José maintains.” At the time of the visit, the same conditions persist as from the first inspection carried out on February 21, 2024, where the accumulation and burning of trash could not be detailed (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nm) By official letter SPAU-625-2024 of October 18, 2024, the head of the Parks and Urban Arboriculture Section of the Municipality of San José indicated the following in an internal communication with that municipality: “(…) I inform you that the site visit was carried out; in which several vehicles were observed parked inside the indicated property. Firstly, to prevent this vehicle entry, three metal bollards are being installed, which are being manufactured in the Structures Workshop; these will be installed in the third week of November. Subsequently, the mesh will be installed to prevent the entry of people with street living conditions. This work cannot be carried out in parallel with the placement of the bollards because the mesh and the corresponding tubing from this year's purchases have not arrived. The companies awarded for the mesh and tubing were already notified on October 15, 2024; we are awaiting delivery within 10 business days according to the tender specifications. After this entry, this front closure will be scheduled” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nn) By official letter no. DSA-0450-24 of October 24, 2024, the head of the Department of Environmental Services of the Municipality of San José communicated to the Legal Affairs Directorate of that same municipality the following: “(…) said land is included in the maintenance roll of the Parks Section” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\no) By official letter no. MS-DRRSCS-DARSH-775-2024 of October 25, 2024, the director of the Hatillo Health Area Directorate communicated the following to the appellant: “(…) regarding the complaint (…) for the vacant land (terreno baldío) (…) under file Conta HC#204. It was transferred to the Municipality of San José on March 4, 2024, under official letter MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, to the Mayor's Office, confirming receipt (…) on that same March 4. This because the land belongs to the Municipality of San José” (see the reports rendered and the evidence provided).\n\nIV.- Regarding the actions of the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies a violation of the fundamental rights of the appellant with respect to this respondent authority. The foregoing, because in the reports rendered by the representatives of the respondent authorities —which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on January 7, 2024, the appellant filed a complaint before the Ministry of Health regarding the conditions of the property with registration number: 152858-A-000. In said complaint, the appellant provided an email address to receive notifications. Thus, the next day, said Health Area Directorate communicated to the appellant via email about the corrections she needed to make to the complaint, given the type of complaint (confidential) she was attempting to file. Subsequently, on February 21, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health carried out an inspection at the reported location, as recorded in report No. ARSH-URS-AM-097-2024, wherein the following was indicated: “Inspection was carried out, at the time of it, it was observed that the land has mesh around it, however, the entrance is without an enclosure, vehicles parked inside were observed. No debris or other solid waste is observed. There is no burning.” Therefore, on February 23, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health issued technical report MS-DRRSCS-ARSH-IT-017-2024, in which the following was stated verbatim: “Inspection was carried out on February 21, 2024, at the time of it, it was observed that the land has an enclosure, however, only the entrance is without mesh, no debris or solid waste of another type, nor burning of any kind was observed. That on February 22, 2024, the request for the trimming of the tree branches located at this Hatillo Health Area Directorate was made. On February 23, 2024, the trimming of the tree branches was carried out, photographs are attached. That, according to the data recorded in the National Property Registry, of the abandoned lot and concerning which the supra complaint is made, the Municipality of San José is determined as the registered owner of the property. Registered under property registration No. 651699. However, this does not coincide with the owner data and lot property number provided by the complainant, despite the above, the site was identified by the characteristics described in the complaint. In accordance with the foregoing, the case of the supra complaint was transferred to the Municipality of San José, registered owner of the property.” Thus, on March 4, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health sent, via email, the complaint official letter for land in a state of abandonment MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, to the mayor's office of San José, wherein the following was indicated: “Receive a cordial and respectful greeting. A confidential complaint was received in this Health Area Directorate for an abandoned land with property number 651699, which according to the National Property Registry belongs to the Municipality of San José. The complaint indicated that the property is being used as a site for drug use, a dump, burning of waste and copper cable by street dwellers (…) In the inspection carried out, it was observed that the property lacks an enclosure in the sector of Avenida 36C, which allows easy entry, and the presence of vehicles parked inside the land was also observed (…) Therefore, your intervention is requested so that, through your office, the cleaning and enclosure of this property may be undertaken, as well as its maintenance whenever necessary. It bears recalling that it is the owner's responsibility to ensure that these land conditions are maintained adequately over time, in order to avoid problems that threaten health and complaints of a sanitary nature.” Subsequently, on July 31, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health carried out a joint inspection with the Municipality of San José, in situ at the park on property 1-651699 where there are exercise machines, a concrete slab, a green zone, little trash, and automobiles, with no burning or debris at the time. Thus, inspection report no. MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024 was issued, which indicated the following: “Together with the Municipality of San José, an inspection was carried out and Vanessa Acosta finds little trash in the area with only vehicles and exercise machines at the time of the inspection. The neighbors do not know Perla Rivas Largaespada or José Miguel Rojas Solano, they point out that people do not even greet each other...”. Likewise, on August 1, 2024, the Hatillo Health Area Directorate of the Ministry of Health issued technical report no. MS-DRRSCS-DARSH-IT-438- 2024, in which it was established: “On July 31 of the current year, at 10:00 hours, we, the officials Katherine Urbina Téllez and Elvira Salas Rodríguez, appeared in the company of officials from the Municipality of San José, Engineer Vanessa Acosta from the Department of Environmental Services, to carry out an inspection visit at the address in the complaint. At the time of the inspection, little accumulated trash was observed, as well as some parked vehicles. The reported lot is a park in which there are exercise machines and a concrete slab, which the Municipality of San José maintains.” Finally, by official letter no. MS-DRRSCS-DARSH-775-2024 of October 25, 2024, the director of the Hatillo Health Area Directorate communicated the following to the appellant: “(…) regarding the complaint (…) for the vacant land (terreno baldío) (…) under file Conta HC#204. It was transferred to the Municipality of San José on March 4, 2024, under official letter MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, to the Mayor's Office, confirming receipt (…) on that same March 4. This because the land belongs to the Municipality of San José.”\n\nIn this sense, it is verified that, although it is true that from the beginning the Hatillo Health Area Directorate processed the appellant's complaint, communicating what was pertinent for its correction, carrying out the respective inspections, issuing the respective orders to the Municipality of San José, and proceeding to verify the current conditions of the lot, which, in the last inspection, was indicated to have “little accumulated trash, as well as some parked vehicles.” However, it is reiterated that it is also true that, by official letter no. MS-DRRSCS-DARSH-775-2024 of October 25, 2024, the director of the Hatillo Health Area Directorate communicated the following to the appellant: “(…) regarding the complaint (…) for the vacant land (terreno baldío) (…) under file Conta HC#204. It was transferred to the Municipality of San José on March 4, 2024, under official letter MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024, to the Mayor's Office, confirming receipt (…) on that same March 4.\n\nThis is because the land belongs to the Municipality of San José.”\n\nIn other words, it was on the occasion of the filing of this appeal that the Hatillo Governing Health Area proceeded to notify the appellant of the result of her complaint. Thus, given that it was on the occasion of these proceedings that the respondent authority carried out the necessary actions to safeguard the appellant’s fundamental rights, the amparo appeal must be granted with respect to this respondent authority, applying Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences detailed below.\n\nV.- Regarding the actions of the Municipality of San José. With respect to this respondent Municipality, a violation of the appellant’s fundamental rights is also evident. This is because it has been duly demonstrated that on January 8, 2024, the appellant, from the email address bridgeomc@gmail.com, sent a complaint to the email address porusted@msj.go.cr, filing an environmental complaint regarding an abandoned land with the Municipality of San José. Thus, on January 9, 2024, the Service Comptroller’s Office of the Municipality of San José forwarded the complaint to the following email addresses: eordenana@msj.go.cr and vacostas@msj.go.cr. Furthermore, as noted in the preceding recital, the Hatillo Governing Health Area of the Ministry of Health processed a complaint filed by the appellant on this matter, and on March 4, 2024, that Health Area sent, via email, official complaint letter regarding a land in a state of abandonment MS-DRRSCS-ARSH-AM-003-2024 to the Mayor's Office of San José, which stated the following: “Receive a cordial and respectful greeting. A confidential complaint was received by this Governing Health Area regarding an abandoned land with property number 651699, which, according to the National Registry of Property, belongs to the Municipality of San José. The complaint indicated that the property is being used as a site for drug consumption, an illegal dump, and the burning of waste and copper wire by homeless individuals (…) During an inspection conducted, it was observed that the property lacks a fence on the Avenida 36C sector, allowing easy access; in addition, the presence of vehicles parked inside the land was observed (…) Therefore, your intervention is requested so that, through your office, the cleaning and fencing of this property are carried out, and maintenance is provided whenever necessary. It should be remembered that it is the owner’s responsibility to ensure that these land conditions are maintained adequately over time, to prevent problems that threaten health and sanitary complaints.”\n\nThus, prior to the filing of this appeal, the Municipality was aware of the appellant’s complaint filed before the municipal corporation itself, and was also aware of the complaint filed before the Ministry of Health, where the corresponding Governing Health Area had requested its intervention to proceed with the cleaning and fencing of the property. However, it is confirmed that at the time this appeal was filed, the municipality had not taken any action aimed at resolving the complaints filed, failing in its duties. Therefore, with this omission, the respondent municipality is evading its duty to safeguard the local interests of its canton. Thus, a violation of the appellant’s fundamental rights by the respondent municipality is verified.\n\nHowever, after the notification of the resolution to proceed, on April 24, 2024, the following was established at the Municipality of San José: “WASTE MANAGEMENT ENVIRONMENTAL INSPECTION REPORT ATTENTION Eng. Vanessa Acosta S. REQUEST 2060 ENTRY 04/24/2024 DELIVERED 04/24/2024 INSPECTION 04/24/2024 DISTRICT 10 HATILLO ADDRESS FROM THE HATILLO HEALTH AREA 100 NORTH AND 25 EAST SUBJECT OVERGROWN LOT COMPLAINANT: Perla Rivas Largaespada (8-0120-0618) INSPECTION RESULT An amparo appeal is received for an overgrown lot, an inspection is carried out and a lot used as a car park is observed, a waste storage point is observed outside, no human settlement is observed at the moment, except in the photographs provided in the appeal. It is worth mentioning that the complainant provides a property number and the registered owner’s name; however, the photographs annexed in the document do not match the apparent registered owner, as the photographs of the reported lot belong properly to a municipal land. Recommendation: since the land is used as an illegal car park and occasionally has human settlements, it is recommended to inform the Municipal Police for their immediate intervention; in environmental matters, it is recommended to place a sign outside the land informing of the schedule for placing waste. Assess with the Parks Section the feasibility of this property being used as a recreation area or not. It is important to highlight that INSIDE the land, NO accumulated waste, tall weeds, or tires with water that could be a potential source of contamination are observed. Respondent’s contacts: X - LOCATION: 100456002 - REAL FOLIO: 00651699 - OWNER: MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ - ID: 3-014-042058 - NOTIFICATION: X - EXPIRATION: X ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INSPECTOR Kevin Andrés Durán Rojas CODE 0472”. Likewise, on July 31, 2024, the Hatillo Governing Health Area of the Ministry of Health conducted a joint on-site inspection with the Municipality of San José at the park with property 1-651699, where exercise machines, a planter area, a green zone, little garbage, and automobiles were found, with no burning or rubble at the time. Thus, inspection report no. MS-DRRSCS-DARSH-KUT-087-2024 was issued, indicating the following: “In conjunction with the Municipality of San José, an inspection was carried out and with Vanessa Acosta little garbage was found in the area with only vehicles and exercise machines at the time of inspection. The neighbors do not know Perla Rivas Largaespada or José Miguel Rojas Solano, stating that people do not even greet each other...” Subsequently, via official letter SPAU-625-2024 of October 18, 2024, the head of the Parks and Urban Arboriculture Section of the Municipality of San José, in internal communication with that municipality, indicated the following: “(…) I inform you that a site visit was carried out, during which several vehicles parked inside the indicated property were observed. Firstly, to prevent this vehicle access, three metal bollards that are being fabricated in the Structures Workshop will be installed; these will be installed in the third week of November. Subsequently, the mesh will be installed to prevent the entry of homeless individuals. This work cannot be carried out in parallel to the placement of the bollards, because the mesh and the corresponding tubing from this year’s purchases have not yet arrived. The companies awarded the mesh and tubing were already notified on October 15, 2024; we are awaiting delivery within 10 business days as per the tender document instructions. After this arrival, this front fence will be scheduled.” Additionally, via official letter no. DSA-0450-24 of October 24, 2024, the head of the Environmental Services Department of the Municipality of San José communicated the following to the Legal Affairs Department of that same municipality: “(…) said land is included in the maintenance roll of the Parks Section.”\n\nThus, this Court considers that the attention given to the complaint filed by the appellant was provided in a tardy manner by the respondent local government. It should be noted that it was after the notification of these amparo proceedings that the municipal authorities coordinated to address the complaint filed by the appellant, conducting the respective inspections, where exercise machines, a planter area, a green zone, little garbage, and automobiles were found, with no burning or rubble at the time. Additionally, during the last inspection, it was verified that there was “little garbage in the area with only vehicles and exercise machines at the time of inspection.”\n\nIn this regard, this Constitutional Chamber verifies a violation of the appellant’s fundamental rights by this Municipality, as the complaint was addressed late and, furthermore, it is verified that the installation of mesh has begun and the procedures to place bollards have commenced. Thus, the problem denounced by the appellant has not yet been resolved. Therefore, this appeal must be granted with the respective indications in the operative part.\n\nVI.- Conclusion. By virtue of the foregoing, the corresponding action is to grant the appeal against both the Hatillo Governing Health Area of the Ministry of Health and the Municipality of San José; however, with respect to the Hatillo Governing Health Area of the Ministry of Health, the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional apply. With respect to the Municipality of San José, an order is issued in the operative part.\n\nVII.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better reflection, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the grant of the appeal must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same final paragraph states that the grant is issued “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law indicates “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: “any resolution upholding the appeal shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and also, in order, the General Law on Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a trial on the merits to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it, based on section 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo protection process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure project must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do hear the merits of the matter, as occurs in this amparo appeal, where the protection of people’s health is at stake due to the deposit of garbage on a vacant lot, which increases the risk of spreading pests and diseases, a situation that constitutes an exception to my position on this matter.\n\nX.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, only in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the respondent party.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“…any resolution upholding the appeal shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system governing what relates to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority’s criterion, Article 51 cited above regulates cases where the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in the referred Article 52—, by the imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has heard the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved (Article 52), in any of these scenarios, the imperative need for an award of costs, damages, and losses against the offender arises, whose basis lies in the principles of the protection of individuals' rights and the principle that the Administration must be responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the moment of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory award on these points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFurthermore, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even if it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process.”\n\nThe legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, meaning the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal will be granted “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As it is an exception, it must be interpreted restrictively; meaning it only applies in the scenarios strictly contemplated by the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, undoubtedly, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in cases where the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly proven that no compensable injury was caused in the specific case. Only and uniquely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying those items. Since in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions —whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and we so declare it.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo processes do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that could generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis conducted in this venue concentrates on that verification, but does not enter into the consideration of whether these issues have or have not generated injuries in the purely patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, states that said award (of damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that this pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of process, insofar as it is within another ordinary process that it must be determined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private legal subject, where applicable) constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, sections 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedure Code, Law No. 8508, define a special process whose object is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following object:\n\n“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely concerning the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”\n\nIt is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract for those items, since such types of claims would not be admissible in such types of cases when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my opinion, under the terms of the mentioned section 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires each case to demonstrate situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably deemed. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by its own cause or a cause foreign to the respondent entity, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations beyond the nature of these processes and, regarding which, according to the provisions of mandate 52 alluded to, are appropriate for an award in the abstract that subsequently forms the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional processes does not require the demonstration of damages and losses, as, I insist, this is not their primary object or ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Afterwards, whether those administrative conducts have caused them injuries is an extreme that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the analysis basis for these types of causes. It should be noted that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into evaluating whether there is an infraction, and therefore, it is even less possible to define whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from the award referred to in that norm is exceptional, not principled. Therefore, in those cases, the norm imposes the award in the abstract, so that its applicability is analyzed within another plenary process. Otherwise, if this release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, could have suffered injuries in their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of such an action that conduct was adopted causing the cessation of the acts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that that the reproached disturbance ceased. I insist, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, I reiterate, in no way should be denied, as a presupposition, solely by the concretion of the factual scenario regulated in the mentioned section 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the award in the abstract for costs, damages, and losses.\n\nXI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nMy interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs.\n\nFurthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any ruling that grants the remedy shall abstractly condemn the payment of damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation of these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not imposed, in the event that they had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only the judge has the authority to find proven their real existence and magnitude.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.\n\nBased on the foregoing, I partially dissent from the vote with respect to the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not in costs.\n\nXII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted against the Área Rectora de Salud de Hatillo of the Ministerio de Salud and against the Municipalidad de San José. Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of the Municipalidad de San José, or whoever holds that office, is ordered to immediately carry out the necessary steps within the scope of his powers, so that, within the non-extendable term of one month, counted from the notification of this resolution, the actions identified to address the complainant's denunciation are completed, and, furthermore, he must notify the complainant of said actions taken and the attention given to her denunciation. The foregoing, under warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo remedy, and does not comply with or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipalidad de San José is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. With respect to the Área Rectora de Salud de Hatillo of the Ministerio de Salud, the remedy is granted based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without special condemnation in costs, damages, and losses. Judge Castillo makes a note. Judge Salazar Alvarado makes a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders condemnation in damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders condemnation in damages and losses, but not in costs. Notify.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n AC0ZFVD3XM861\n\nEXPEDIENTE N° 24-009697-0007-CO\n\n \n\nPhones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur of the iglesia del Perpetuo Socorro). Receipt of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIs a true copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:36:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }