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  "id": "nexus-sen-1-0007-1262013",
  "citation": "Res. 33254-2024 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por impago de prestaciones de exfuncionaria de SETENA",
  "title_en": "Amparo for non-payment of severance to former SETENA employee",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una exfuncionaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), quien alegó que, tras acogerse a la jubilación anticipada el 31 de diciembre de 2023, no se le habían cancelado sus prestaciones legales. El Ministerio de Ambiente y Energía informó bajo juramento que el pago se realizó el 17 de octubre de 2024, un día después de notificada la resolución que dio curso al amparo. La Sala declaró con lugar el recurso, aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, al considerar que la omisión en el pago de prestaciones laborales afecta derechos fundamentales de contenido patrimonial. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas emitieron votos razonados sobre la procedencia de la condenatoria en costas y daños, defendiendo una interpretación más amplia del deber de indemnizar.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a former employee of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), who claimed that after taking early retirement on December 31, 2023, her severance pay had not been made. The Ministry of Environment and Energy reported under oath that payment was made on October 17, 2024, one day after the resolution admitting the amparo was notified. The Chamber granted the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law and ordered the State to pay costs, damages, and losses, holding that failure to timely pay severance affects fundamental rights of a pecuniary nature. Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas issued separate concurring opinions on the scope of the duty to compensate.",
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  "date": "08/11/2024",
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    "condenatoria en costas, daños y perjuicios",
    "SETENA",
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    "Ministerio de Ambiente y Energía",
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  "excerpt_es": "III.- SOBRE EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2018-13395 de las 09:20 horas de 17 de agosto de 2018, explicó:\n\n“(…) Respecto al pago de prestaciones laborales, en su jurisprudencia –v. gr., Sentencia N° 1997-000942 de las 15:39 horas de 12 de febrero de 1997, Sentencia N° 2013-012503 de las 9:05horas de 20 de setiembre de 2013-, este Tribunal ha sostenido la tesis que componente una liquidación laboral son derecho de los trabajadores, los cuales surgen al terminar la relación laboral. De tal forma, el no pago oportuno de la liquidación correspondiente conlleva la violación a la dignidad del ser humano, derivado de su derecho sagrado y universal a la vida. Asimismo, el salario es la retribución necesaria que recibe todo trabajador por la labor realizada, con el fin de su manutención y la de su familia, por lo que este derecho se debe proteger con el fin de evitar abusos, lo cual, además, se hace extensivo al derecho de todo trabajador a ser indemnizado al terminar su relación con el patrono, no solo porque se incluyen derechos irrenunciables, tales como el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales, en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, este debe reconocer al trabajar una compensación monetaria (…)”.",
  "excerpt_en": "III.- ON THE PAYMENT OF SEVERANCE. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2018-13395 of 09:20 hours of August 17, 2018, explained:\n\n“(…) Regarding the payment of severance, in its case law – e.g., Judgment No. 1997-000942 of 15:39 hours of February 12, 1997, Judgment No. 2013-012503 of 09:05 hours of September 20, 2013 – this Tribunal has held that the components of a final settlement are workers’ rights, which arise upon termination of the employment relationship. Thus, the failure to timely pay the corresponding settlement entails violation of human dignity, derived from the sacred and universal right to life. Likewise, the wage is the necessary compensation every worker receives for work performed, for their support and that of their family, so this right must be protected to prevent abuses, which also extends to every worker’s right to be indemnified upon termination of the relationship with the employer, not only because it includes inalienable rights such as wages, vacations, and the Christmas bonus, but because labor laws, in cases where no cause is invoked for the employer’s unilateral dismissal, require the employer to pay monetary compensation (…)”.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo was granted, ordering the State to pay costs, damages, and losses for the failure to timely pay severance to a former SETENA employee, which payment was made only after the amparo was notified.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por la omisión en el pago oportuno de las prestaciones legales a una exfuncionaria de SETENA, pago que se realizó después de notificado el recurso."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the failure to timely pay the corresponding settlement entails violation of human dignity, derived from the sacred and universal right to life.",
      "quote_es": "el no pago oportuno de la liquidación correspondiente conlleva la violación a la dignidad del ser humano, derivado de su derecho sagrado y universal a la vida."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "when the amparo specifically concerns a direct patrimonial situation strictly related to the protection of pecuniary rights – such as the omission of wage payment or benefits rightfully owed to the interested person – the full granting of the amparo is in order, including the corresponding award of costs, damages, and losses.",
      "quote_es": "cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "in any of those scenarios, the compelling need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, grounded in the principles of protection of individual rights and that the Administration must be held liable for the damages caused by its unconstitutional conduct.",
      "quote_es": "en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1262013",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 33254 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 08 de Noviembre del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-028516-0007-CO\n\nRedactado por: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-028516-0007-CO\n\nRes. Nº 2024033254\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo interpuesto por GUADALUPE MARIBELLE MENA PRADO, cédula de identidad 0105900592, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA.  \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de octubre de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo y señala que, hasta el 31 de diciembre de 2023, laboró para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), del Ministerio de Ambiente y Energía, ya que se acogió al beneficio de jubilación anticipada. Acusa que, a la fecha de interposición de este amparo, no se le ha cancelado sus prestaciones legales.\n\n2.-Mediante resolución de las 23:21 horas del 16 de octubre de 2024 se dio curso al proceso la cual se notificó a la autoridad recurrida el 17 de octubre de 2024 al ser las 09:57 horas.\n\n3.-Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, Secretario General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) que: “es cierto que la señora Guadalupe Mena Prado, Cédula de identidad 01-0590-0592 laboró para la Administración Pública desde el 10 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre del 2023, su último puesto ocupado fue el No.349964 de la clase Secretaria del Servicio Civil 1, y su última ubicación laboral fue en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), programa 889 de este Ministerio Culminando su relación laboral con el MINAE, el día 31 de diciembre del 2023 (último día de trabajo) para acogerse a su derecho de jubilación; situación que comunicó mediante nota de fecha 18 de diciembre del 2023. 2. No es cierto lo que indica que la señora Mena Prado, debido a que se revisó el Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) y la gestión en el caso de la señora Mena Prado tiene la propuesta de pago 19070 con fecha del 16 de octubre de 2024 y la fecha de depósito realizado en el banco fue el 17 de octubre de 2024. Por lo que ya se realizó el pago de las prestaciones laborales”.\n\n4.- Informan bajo juramento Vianney Loaiza Camacho, DIRECTORA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y Jason Ugalde Herrera, COORDINADOR GESTION DE LA COMPENSACION, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, en los mismos términos a lo indicado por el secretario general a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).\n\n5.- Informa bajo juramento FRANZ TATTENBACH CAPRA, ministro de Ambiente y Energía en los mismos términos a lo indicado por la directora de la Dirección de Gestión Institucional del Recurso Humano del Ministerio de Ambiente y Energía.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. Señala la recurrente que, hasta el 31 de diciembre de 2023, laboró para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), del Ministerio de Ambiente y Energía, ya que se acogió al beneficio de jubilación anticipada. Acusa que, a la fecha de interposición de este amparo, no se le ha cancelado sus prestaciones legales.\n\nII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nLa recurrente laboró para el ministerio recurrido desde el 10 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre del 2023, comunicó mediante nota de fecha 18 de diciembre del 2023, su jubilación (ver registro electrónico).\nLa gestión en el caso de la recurrente tuvo la propuesta de pago 19070 con fecha del 16 de octubre de 2024 y la fecha de depósito realizado en el banco fue el 17 de octubre de 2024 (ver registro electrónico).\nMediante resolución de las 23:21 horas del 16 de octubre de 2024 se dio curso al proceso la cual se notificó a la autoridad recurrida el 17 de octubre de 2024 al ser las 09:57 horas (ver registro electrónico).\n\nIII.- SOBRE EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2018-13395 de las 09:20 horas de 17 de agosto de 2018, explicó:\n\n“(…) Respecto al pago de prestaciones laborales, en su jurisprudencia –v. gr., Sentencia N° 1997-000942 de las 15:39 horas de 12 de febrero de 1997, Sentencia N° 2013-012503 de las 9:05horas de 20 de setiembre de 2013-, este Tribunal ha sostenido la tesis que componente una liquidación laboral son derecho de los trabajadores, los cuales surgen al terminar la relación laboral. De tal forma, el no pago oportuno de la liquidación correspondiente conlleva la violación a la dignidad del ser humano, derivado de su derecho sagrado y universal a la vida. Asimismo, el salario es la retribución necesaria que recibe todo trabajador por la labor realizada, con el fin de su manutención y la de su familia, por lo que este derecho se debe proteger con el fin de evitar abusos, lo cual, además, se hace extensivo al derecho de todo trabajador a ser indemnizado al terminar su relación con el patrono, no solo porque se incluyen derechos irrenunciables, tales como el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales, en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, este debe reconocer al trabajar una compensación monetaria (…)”.\n\n \n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que hasta el 31 de diciembre de 2023, laboró para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), del Ministerio de Ambiente y Energía, ya que se acogió al beneficio de jubilación anticipada.  Acusa que, a la fecha de interposición del presente amparo no ha recibido el pago correspondiente a sus prestaciones laborales. Al respecto, del análisis de los informes rendidos bajo juramento por parte de los representantes de la autoridad recurrida, y de la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que la recurrente laboró para el ministerio recurrido desde el 10 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre del 2023, comunicó mediante nota de fecha 18 de diciembre del 2023, su jubilación. Al respecto señaló el ministerio recurrido que la gestión en el caso de la recurrente tuvo la propuesta de pago 19070 con fecha del 16 de octubre de 2024 y la fecha de depósito fue realizado en el banco el 17 de octubre de 2024, todo lo cual ocurrió con ocasión de la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, por lo que, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEl artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.\n\nEn consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\n \n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes respecto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 47WJF6GAZUOK61\n\nEXPEDIENTE N° 24-028516-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:37:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nConstitutional Chamber  \n\nResolution No. 33254 - 2024  \n\nResolution Date: November 8, 2024 at 09:20  \n\nExpediente: 24-028516-0007-CO  \n\nDrafted by: Alexandra Alvarado Paniagua  \n\nType of matter: Amparo remedy  \n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  \n\nText of the resolution  \n\n  \n\nExp: 24-028516-0007-CO  \n\nRes. No. 2024033254  \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the eighth of November two thousand twenty-four.  \n\nAmparo remedy filed by GUADALUPE MARIBELLE MENA PRADO, identity card Number 0105900592, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.  \n\nWhereas:  \n\n1.- Through a writing received at the Secretariat of the Chamber on October 11, 2024, the petitioner files an amparo remedy and states that, until December 31, 2023, she worked for the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), of the Ministry of Environment and Energy, as she availed herself of the early retirement benefit. She claims that, as of the date of filing this amparo, her legal entitlements (prestaciones legales) have not been paid to her.  \n\n2.- By means of a resolution at 23:21 hours on October 16, 2024, the proceeding was admitted, which was notified to the respondent authority on October 17, 2024, at 09:57 hours.  \n\n3.- Andrés Cortez Orozco, Acting Secretary General (Secretario General a.i.) of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), reports under oath that: “it is true that Mrs. Guadalupe Mena Prado, Identity Card 01-0590-0592 worked for the Public Administration from January 10, 1992, until December 31, 2023, her last position held was No. 349964 of the Civil Service Secretary 1 class, and her last work location was in the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), program 889 of this Ministry. Ending her employment relationship with MINAE on December 31, 2023 (last day of work) to avail herself of her right to retirement; a situation she communicated by means of a note dated December 18, 2023. 2. What Mrs. Mena Prado indicates is not true, because the Integrated Administrative and Financial Management System (Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera, SIGAF) was reviewed and the processing in Mrs. Mena Prado’s case has payment proposal 19070 dated October 16, 2024, and the date of deposit made at the bank was October 17, 2024. Therefore, the payment of the employment entitlements (prestaciones laborales) has already been made”.  \n\n4.- Vianney Loaiza Camacho, DIRECTOR OF THE HUMAN RESOURCES DIRECTORATE and Jason Ugalde Herrera, COMPENSATION MANAGEMENT COORDINATOR, both from the Ministry of Environment and Energy, report under oath in the same terms as indicated by the Acting Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA).  \n\n5.- FRANZ TATTENBACH CAPRA, Minister of Environment and Energy, reports under oath in the same terms as indicated by the Director of the Institutional Human Resources Management Directorate of the Ministry of Environment and Energy.  \n\n6.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.  \n\nDrafted by Judge Alvarado Paniagua; and,  \n\nConsidering:  \n\nI.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner states that, until December 31, 2023, she worked for the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), of the Ministry of Environment and Energy, as she availed herself of the early retirement benefit. She claims that, as of the date of filing this amparo, her legal entitlements (prestaciones legales) have not been paid to her.  \n\nII.- PROVEN FACTS. Deemed relevant for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited in this manner or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:  \n\nThe petitioner worked for the respondent ministry from January 10, 1992, until December 31, 2023, and communicated her retirement by means of a note dated December 18, 2023 (see electronic record).  \nThe processing in the petitioner’s case had payment proposal 19070 dated October 16, 2024, and the date of deposit made at the bank was October 17, 2024 (see electronic record).  \nBy means of a resolution at 23:21 hours on October 16, 2024, the proceeding was admitted, which was notified to the respondent authority on October 17, 2024, at 09:57 hours (see electronic record).  \n\nIII.- REGARDING THE PAYMENT OF LEGAL ENTITLEMENTS (PRESTACIONES LEGALES). This Constitutional Chamber, in ruling No. 2018-13395 at 09:20 hours on August 17, 2018, explained:  \n\n“(…) Regarding the payment of employment entitlements (prestaciones laborales), in its jurisprudence –e.g., Ruling No. 1997-000942 at 15:39 hours on February 12, 1997, Ruling No. 2013-012503 at 9:05 hours on September 20, 2013–, this Court has maintained the thesis that the components of an employment settlement (liquidación laboral) are rights of the workers, which arise upon termination of the employment relationship. In such a way, the non-timely payment of the corresponding settlement entails a violation of the dignity of the human being, derived from their sacred and universal right to life. Likewise, salary is the necessary remuneration that every worker receives for the work performed, for the purpose of their maintenance and that of their family, for which reason this right must be protected in order to avoid abuses, which, furthermore, is made extensive to the right of every worker to be indemnified upon terminating their relationship with the employer, not only because inalienable rights are included, such as salary, vacation days, and the year-end bonus (aguinaldo), but because labor laws, in cases where a cause for the employer's unilateral dismissal is not invoked, the latter must recognize monetary compensation to the worker (…)”.  \n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner states that until December 31, 2023, she worked for the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), of the Ministry of Environment and Energy, as she availed herself of the early retirement benefit. She claims that, as of the date of filing the present amparo, she has not received the payment corresponding to her employment entitlements (prestaciones laborales). In this regard, from the analysis of the reports rendered under oath by the representatives of the respondent authority, and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the petitioner worked for the respondent ministry from January 10, 1992, until December 31, 2023, and communicated her retirement by means of a note dated December 18, 2023. In this regard, the respondent ministry stated that the processing in the petitioner’s case had payment proposal 19070 dated October 16, 2024, and the date of deposit made at the bank was October 17, 2024, all of which occurred on the occasion of the notification of the resolution that admitted the present amparo remedy. Therefore, it is appropriate to declare the remedy granted, in the terms indicated in the operative part.  \n\nV.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN THE SPECIFIC CASE. For the reasons extensively set forth in the corresponding rulings, it is the majority criterion of this Chamber that when the granting of an amparo remedy is due to the application of the first paragraph of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that is, because upon notification of the resolution admitting the amparo, the challenged action is revoked, suspended, or stopped, said granting must be without a special award for damages and losses. However, under a better assessment and as an exception thesis, it must be noted that when the amparo remedy specifically deals with a direct financial situation strictly related to the protection of pecuniary rights –such as the omission of payment of salary or of the entitlements that legally correspond to the interested person– the full application of the granting of the amparo remedy does proceed, including the corresponding award of costs, damages, and losses, because said award becomes a guarantee that the debt may be honored by the Administration –ex officio or upon a party's request– with the due update or indexation that must be determined in the realm of ordinary legality, in the respective enforcement proceeding of the granting constitutional ruling. It is for this reason that, in the case under study, the award of costs, damages, and losses is indeed appropriate.  \n\nVI.- DISSENTING REASONS OF JUDGE SALAZAR ALVARADO IN RELATION TO THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. I concur with the rest of the Chamber in granting the remedy, but I differ regarding the reasons the majority of the Court adduces to condemn the respondent party to the payment of the costs, damages, and losses derived from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.  \n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:  \n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for indemnification and costs purposes, if they are appropriate”.  \n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:  \n\n“... any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of the judgment”.  \n\nThis latter rule establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.  \n\nCited Article 51 regulates the assumptions in which the Chamber has considered the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned’s judgment, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies harm to a fundamental right, and therefore grants the remedy, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo –an assumption contemplated in Article 52, cited–, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy. This rule is nothing other than the acknowledgment, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has considered the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those assumptions, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, whose foundation lies in the principles of protection of people's rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.  \n\nThus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not preclude the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.  \n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 is applied only in cases where the Chamber, even though it has not reviewed or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party’s fundamental rights, by virtue of the restoration in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that implies an “abnormal termination of the process”.  \n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, in an unmistakable manner, for the revocation, stopping, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted “solely for indemnification and costs purposes, if they are appropriate”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the assumptions strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of people's fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the harm to their constitutional rights.  \n\nIn my opinion, such an exception should be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, that award is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an unmistakable and clear manner that in the specific case, no harm capable of being indemnified was caused. Only and exclusively in such assumptions could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions –whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction–, the granting of this remedy must necessarily imply the award of costs, damages, and losses.  \n\nVII.- DISSENTING REASONS OF JUDGE GARRO VARGAS. In general terms, when the Chamber by majority grants an amparo remedy without a special award for costs, damages, and losses, under the terms of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), I have partially dissented from my vote. The foregoing, because Article 52 of the LJC states:  \n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for indemnification and costs purposes, if they are appropriate”.  \n\nMy interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. What is more, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs. Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not of an indemnifying nature but rather a restorative one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of the judgment”.  \n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the abstract award for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite the abstract award having been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary venue will so declare, since it corresponds only to them to consider the real existence and magnitude of the same as proven.  \n\nI believe that with the thesis defended by the majority, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber awards costs, even when the right has been restored. In summary, my position is that in amparo remedies granted in accordance with Article 52 of the LJC, the abstract award of damages and losses always applies. With respect to costs, the same rule empowers the Chamber to determine –when it considers it just– their appropriateness.  \n\nConsequently, I concur with the operative part of this judgment, by granting the amparo remedy with the award for damages and losses, and in view of the characteristics of the present matter, I believe that the award of costs is also appropriate.  \n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is advised that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin Number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.  \n\nTherefore:  \n\nThe remedy is granted. The State is condemned to the payment of the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative venue. Judge Salazar Alvarado provides different reasons in relation to the award of costs, damages, and losses. Judge Garro Vargas provides different reasons regarding the award of costs, damages, and losses.  \n\nFernando Castillo V.  \n\nPresident  \n\nPaul Rueda L.  \n\nLuis Fdo. Salazar A.  \n\nJorge Araya G.  \n\nAnamari Garro V.  \n\nIngrid Hess H.  \n\nAlexandra Alvarado P.  \n\nDigitally Signed Document  \n\n-- Verification code --  \n\n  \n\n47WJF6GAZUOK61  \n\nEXPEDIENTE No. 24-028516-0007-CO  \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.  \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:37:48.  \n\nSCIJ de Hacienda  \nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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