{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1265359",
  "citation": "Res. 35636-2024 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo contra el MAG por falta de respuesta al acceso a la información sobre el proyecto PAACUME",
  "title_en": "Amparo against MAG for failure to respond to access to information on PAACUME project",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por Gad Amit Kaufman contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por violación al derecho de petición y acceso a la información. El recurrente presentó una extensa solicitud de información el 18 de septiembre de 2024, relacionada con el proyecto PAACUME, la morosidad de SENARA en el canon de aprovechamiento de aguas, la supuesta falta de concesión de aguas del DRAT y otros temas vinculados a LAICA y el sector agropecuario. Al momento de interponer el amparo, el 4 de noviembre de 2024, no había recibido respuesta. El Ministro contestó el 12 de noviembre de 2024, es decir, después de notificada la resolución de curso del amparo (6 de noviembre). La Sala constató que la respuesta fue extemporánea y, por tanto, se lesionó el derecho fundamental del recurrente. Sin embargo, dado que la respuesta ya había sido emitida —aunque tardíamente—, la Sala aplicó el artículo 52 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y declaró con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y costas, si fueren procedentes, pero por mayoría optó por no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, lo que generó dos votos salvados parciales sobre ese punto.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by Gad Amit Kaufman against the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) for violation of the right to petition and access to information. The petitioner submitted an extensive information request on September 18, 2024, regarding the PAACUME project, SENARA's alleged default on water use fees, the alleged lack of a water concession for the DRAT, and other topics related to LAICA and the agricultural sector. As of the filing of the amparo on November 4, 2024, no response had been received. The Minister replied on November 12, 2024, i.e., after being notified of the amparo proceedings (November 6). The Chamber found the response untimely, thus violating the petitioner's fundamental right. However, since a response had already been issued—albeit belatedly—the Chamber applied Article 52, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law and granted the amparo solely for purposes of indemnification and costs, if applicable, but the majority decided not to award costs, damages, or losses, leading to two partially dissenting opinions on this point.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/11/2024",
  "year": "2024",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "water-law"
  ],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "derecho de petición",
    "acceso a la información pública",
    "canon de aprovechamiento de aguas",
    "PAACUME",
    "SENARA",
    "DRAT"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 52",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 51",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 226",
      "law": "Código Penal"
    },
    {
      "article": "Art. 70",
      "law": "Ley de Aguas"
    },
    {
      "article": "Art. 15",
      "law": "Ley 7096"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "amparo",
    "derecho de petición",
    "acceso a la información",
    "PAACUME",
    "SENARA",
    "canon de aguas",
    "MAG",
    "Artículo 52 LJC",
    "costas",
    "daños y perjuicios",
    "voto salvado"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo",
    "right to petition",
    "access to information",
    "PAACUME",
    "SENARA",
    "water use fee",
    "MAG",
    "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law",
    "costs",
    "damages",
    "dissenting opinion"
  ],
  "excerpt_es": "III.- SOBRE EL FONDO. ... se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente ... En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso con fundamento en lo dispuesto en el numeral 52 párrafo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS ... la mayoría de la Sala considera que ... la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios ...\n\nV.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ... me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios ...",
  "excerpt_en": "III.- ON THE MERITS. ... a violation of the fundamental rights of the petitioner is established ... Consequently, the appropriate course is to grant the appeal based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nIV.- CONCERNING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES ... the majority of the Chamber considers that ... the granting must be without a special award of costs, damages, and losses ...\n\nV.- PARTIALLY DISSENTING OPINION OF JUDGE SALAZAR ALVARADO ... I disagree with the majority's decision insofar as it exempts the respondent from paying costs, damages, and losses ...",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber upheld the amparo for violation of the right to petition and access to information due to an untimely response. The majority did not award costs, damages, or losses, even though the amparo was granted under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, prompting two partially dissenting opinions.",
    "summary_es": "Se amparó al recurrente por violación al derecho de petición y acceso a la información, al haberse respondido extemporáneamente. La mayoría no impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios, pese a que el recurso se declaró con lugar conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que generó dos votos salvados parciales."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Consequently, the appropriate course is to grant the appeal based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law.",
      "quote_es": "En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso con fundamento en lo dispuesto en el numeral 52 párrafo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
    },
    {
      "context": "Considerando V — Artículo 52 LJC",
      "quote_en": "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted only for purposes of indemnification and costs, if applicable.",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
    },
    {
      "context": "Considerando V — Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is rendered that revokes, stops, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation … the alleged negligence or wrongdoing may have caused damages and losses.",
      "quote_es": "la sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación … la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1265359",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 35636 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 29 de Noviembre del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-031038-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-031038-0007-CO\n\nRes. Nº 2024035636\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo interpuesto por GAD AMIT KAUFMAN, cédula de residencia 137600015818, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado a la Sala el 4 de noviembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 18 de septiembre de 2024 presentó una solicitó a la autoridad recurrida en la que indicó: \"1.- SENARA, la institución que usted preside, está MOROSA por al menos 1.769 millones de colones en lo que corresponde al canon de aprovechamiento de aguas fijado por Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. Así consta en OFICIO DA- 1857- 08-2022. Entonces ¿Qué hace usted ante esta situación? ¿Lo permite y apoya? ¿Asume usted personalmente la responsabilidad que esto significa? (anexamos documento) 2.- Dado que el DRAT de SENARA no cuenta con concesión válida, inscripta y vigente, para utilizar agua, está incurriendo en el DELITO “usurpación de aguas” indicado en art. 226 de Código Penal. Como jerarca ¿Qué ha hecho o hace ante esta situación? ¿Permite usted que esta irregularidad continue? ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Ha interpuesto denuncias o procesos administrativos al respecto? 3.- Ha llegado a nuestras manos, documentación que prueba una conducta ilegal de parte del\n\nGerente General de SENARA. El señor Osvaldo Quiros Arias mantiene. Solicitamos de usted copia de documentos del caso. La otra justificación que le hemos oído, es que el ICE instalara una planta generadora de electricidad en la represa de PAACUME. ¿Podría usted proporcionarnos contratos concretos, sobre este importante hecho? 6.- Como iniciaron las obras del proyecto PAACUME, agradeceremos nos informe la forma de contratación usada para las obras ya en marcha. ¿Son por licitación? ¿Vía SICOP? ¿Contratación administrativa? Nos interesa especialmente lo relacionado a corta de bosque. Favor de adjuntar lista detallada de las contrataciones realizadas, sus montos, obras contratadas, adjudicatario, etc. Quisiéramos solicitarle además un informe de los dineros invertidos hasta ahora en proyecto PAACUME, desde su inicio y hasta este momento. Indicando rubros, compra tierras, estudios, diseños, trámites, salarios, actividades, etc. 7.- El proyecto PAACUME según sus estudios de factibilidad, NO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE. El maquillaje que usted como SENARA, quiere darle, agregando al ICE y al AyA y otras ilusiones y promesas sin sustento, son imprescindibles, para lograr embarcar al BCIE , financista del proyecto, para que realice el primer desembolso. ¿Podría usted probarnos que cuenta con el Visto Bueno de este banco, para iniciar el proyecto? Por favor apórtenos copia de documento válido a agosto 2024, de BCIE donde acepta hacer los desembolsos de dinero para financiar las obras. Caso contrario, favor apórtenos información concreta y detallada sobre requisitos faltantes aún, para obtener el primer desembolso. En el mismo sentido, solicito documentos intercambiado con Convención de Ramsar sobre los Humedales – sobre afectación de LOMAS DE BARBUDAL, donde ellos como expertos aceptan la propuesta del Gobierno de Costa Rica para destruir 113 hectáreas de ese sitio RAMSAR, inscrito como zona protegida reconocida internacionalmente. 8.- Una de las grandes dudas, que usted puede ayudarnos a dilucidar es, ¿Qué beneficios concretos y probados obtendrá el cantón de Bagaces, donde se construye el embalse del proyecto, obtendrá de esta aporte el informe completo de su operación del año 2023. Incluyendo, datos de mercaderías importadas; datos de mercaderías exportadas; número de navíos recibidos; lista de personal que trabaja en ese puerto tanto de LAICA como de personal estatal, de control, seguridad, etc; informe de Auditoría sobre esta operación; declaración de renta a Hacienda sobre la operación portuaria. Favor aportarnos copia de contratos vigentes con INCOP. 14.- Le rogamos nos informe si se piensa instalar scanner en esas instalaciones portuarias de importación y exportación. 15.- Por favor, confirme si usted ha visitado ese puerto, cuando y cuáles son sus informes sobre tales visitas. 16.- Hemos visto informes de que LAICA ha importado alcohol para destilarlo o refinarlo y vuelto a exportar. ¿Qué beneficios generan al país estas operaciones? 17.- Señor ministro, ¿Qué volumen de ETANOL produce LAICA? 18.- ¿Está LAICA en capacidad de proveer al país de ETANOL para usar en las gasolinas? 19.- ¿Hay negociaciones con RECOPE sobre suministro de ETANOL? Favor de aportar documentación sobre el tema. II) Apartándonos un poco del tema azúcar, hay reiterados informes sobre el impacto de los intermediarios en el debido abastecimiento de productos del agro a los consumidores. Estos son básicamente, la diferencia entre el precio que recibe el agro productor y el costo del consumidor. Por eso le preguntamos: A+ ¿Qué medidas está tomando para controlar o eliminar la intermediación improductiva? B+ ¿Tiene un estudio actualizado sobre este tema? Pásenos por favor copia del último estudio sobre la incidencia de los intermediarios, en el manejo de las cosechas, comercialización de productos y precios al consumidor. C+ ¿Están individualizados estos grandes intermediarios? Favor aportarnos lista de los 100 más importantes. D+ ¿Qué dependencia de su ministerio es la que trabaja en el combate a este gravísimo problema? III) ¿Están usted y su familia asegurados a la CCSS y usan sus servicios? ¿Está usted consciente de que su patrono actual, el ESTADO costarricense está moroso con la CCSS y que los dineros que le descuenta de su salario, para pagar ese seguro, no es transferido a la CCSS? ¿Qué ha hecho usted al respecto? IV) Uno de los grandes problemas de Costa Rica es la informalidad y la evasión de impuestos. ¿Es el sector agrícola uno de los más evasores e informales? ¿Cuáles son las estadísticas sobre estos temas que usted maneja? V ) Señor ministro, según el informe del IMAE de julio, elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Julio de 2024 es el tercer mes del año que la actividad agropecuaria muestra una baja en la producción, si se compara con el mismo mes del año pasado. Una reducción en la producción de café, cebolla, hortalizas, banano y flores provoca este desempeño negativo, que fue medianamente mitigado por el buen comportamiento de la piña, principalmente para envíos al exterior. Quisiéramos saber: ¿cuál es la política del MAG , para cada sector del agro, diferenciando especialmente, lo que es SEGURIDAD ALIMENTARIA para la población, de lo que es mero negocio, como la exportación de piña y otros productos? Principalmente, consideramos que la exportación de piña, melón, bananos, mango, guanábana y similares, incurren en una exportación indirecta de agua, por ser el mayor componente de esas frutas. ¿Usted qué opina de eso? Perdone señor ministro la extensión de esta solicitud de información. Le aseguro, que dejamos mucho en el tintero, para facilitar su pronta respuesta, muy clara y concreta, acompañada de las respectivas pruebas y documentos\". Pese al tiempo transcurrido, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta\n\n \n\n2.- Por resolución de las 15:31 horas del 6 de noviembre de 2024 se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.\n\n 3.- Informa bajo juramento Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, que mediante oficio que no contaba con referencia de consecutivo o fecha remitida al correo electrónico correspondenciaministro@mag.go.cr, se recibió un oficio firmado electrónicamente por el señor GAD AMIT KAUFMAN, en representación de Asociación Confraternidad Guanacasteca. En el escrito en mención, se realizaron una serie de preguntas y consultas en mi condición de miembro de Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). Además de lo anterior, se realizaron una serie de consultas en las que se pedía su criterio personal y solicitaba la emisión de criterios subjetivos. Al ser múltiples las preguntas y cuestionamientos, fue necesario realizar las consultas necesarias para poder realizar la respuesta al oficio remitido, buscando respuestas previas en las que ya se le había evacuado las consultas al recurrente, por parte de los representantes del SENARA. Una vez que este Despacho Ministerial, contó con los insumos necesarios para redactar la respuesta al recurrente, mediante oficio DM-MAG- 1488-2024, de fecha 12 de noviembre del 2024, notificado el mismo día, se atendió lo consultado y se remitieron los anexos. Varios de estos anexos, son oficios remitidos con anterioridad al recurrente, en el que ya se le había dado respuesta a sus consultas, por parte de los representantes correspondientes. Como se explicó en el oficio de respuesta, se le recordó y volvió a remitir información al recurrente de información ya suministrada, además se le orientó sobre a qué entidades podría solicitar información que no corresponde a mi representado, ni al suscrito en calidad personal suministrarle, toda vez que no cuanto con la representación correspondiente para dar respuesta en nombre de instituciones, en las que únicamente funjo como un miembro más de la Junta Directiva y no tiene la información detallada y técnica que el recurrente pretende que se le suministre. Que ya se atendió lo solicitado por el recurrente, con lo que se cumple la petitoria presentada y considerando que lo solicitado ya había sido contestado por los representantes correspondientes y que no es procedente, que responda a preguntas subjetivas o emita juicios de valor respecto a temas que por ley sean competencia directa de instituciones públicas, solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 13 de noviembre de 2024, el recurrente manifiesta que el 12 de octubre de 2024 recibió un oficio del ministro recurrido en donde brindó respuesta a la solicitud que presentó. Que consulta fue dirigida a él que acumula cargos de Ministro de Agricultura, rector de todo el sector agro y puestos en Juntas Directivas en SENARA y LAICA. Es parte del gabinete presidencial y Poder Ejecutivo. Le toca como ministro conocer, emitir directrices, planificar y controlar el desarrollo de esos sectores. En el caso de SENARA es Presidente de su Junta Directiva. En el caso de LAICA es un simple vocal. Evidentemente, no lo hace correctamente y por eso, desconoce temas esenciales de su sector y no cumple adecuadamente con sus\n\nobligaciones. En relación con el punto No. 1, el pronunciamiento No. C-218-2017 del 22 de setiembre de 2017 de la Procuraduría General de la República no lo ha sido acatado por SENARA. Que SENARA como recaudador, encargado del cobro, le debe al MINAE casi 2.000 millones de colones, sin embargo, el Ministro no respondió nada al respecto. En relación con el punto 2. no encuentra respuesta alguna en el escrito del señor ministro, salvo una interpretación jurídica descabellada, de que SENARA está por encima de las leyes vigentes. Hasta AyA, ESPH, ASADAS, requieren de concesión de aguas de MINAE. En relación con el punto 3 ante la contundente prueba de que el Gerente de SENARA violenta la ley, el jerarca guarda silencio y lo acuerpa. Desconoce que en el ordenamiento jurídico también existe la VIA ADMINISTRATIVA para emitir sanciones disciplinarias y despidos. En el punto No. 4 se consultó ¿Está usted de acuerdo con seguir subvencionando a los grandes latifundios de monocultivo, abastecidos de agua por DRAT -SENARA? No obstante, no se brindó respuesta alguna a este tema. En el punto No. 5 se consultó sobre el diseño de componente para agua potable, cronograma y acuerdos concretos con el A y A. El señor Carvajal 2 aporta acuerdos de intenciones entre SENARA y  el ICAA (anexos 1 y 2). En ellos SENARA se compromete a diseñar y proponer algo, a futuro. Es decir, hoy no hay nada. Considera que el Ministro recurrido no dio respuesta oportuna a la consulta durante semanas.\n\n5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente menciona que en escrito con fecha de recibido 18 de septiembre de 2024 solicitó al Ministro recurrido: \"1.- SENARA, la institución que usted preside, está MOROSA por al menos 1.769 millones de colones en lo que corresponde al canon de aprovechamiento de aguas fijado por Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. Así consta en OFICIO DA- 1857- 08-2022. Entonces ¿Qué hace usted ante esta situación? ¿Lo permite y apoya? ¿Asume usted personalmente la responsabilidad que esto significa? (anexamos documento) 2.- Dado que el DRAT de SENARA no cuenta con concesión válida, inscripta y vigente, para utilizar agua, está incurriendo en el DELITO “usurpación de aguas” indicado en art. 226 de Código Penal. Como jerarca ¿Qué ha hecho o hace ante esta situación? ¿Permite usted que esta irregularidad continue? ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Ha interpuesto denuncias o procesos administrativos al respecto? 3.- Ha llegado a nuestras manos, documentación que prueba una conducta ilegal de parte del\n\nGerente General de SENARA. El señor Osvaldo Quiros Arias mantiene. Solicitamos de usted copia de documentos del caso. La otra justificación que le hemos oído, es que el ICE instalara una planta generadora de electricidad en la represa de PAACUME. ¿Podría usted proporcionarnos contratos concretos, sobre este importante hecho? 6.- Como iniciaron las obras del proyecto PAACUME, agradeceremos nos informe la forma de contratación usada para las obras ya en marcha. ¿Son por licitación? ¿Vía SICOP? ¿Contratación administrativa? Nos interesa especialmente lo relacionado a corta de bosque. Favor de adjuntar lista detallada de las contrataciones realizadas, sus montos, obras contratadas, adjudicatario, etc. Quisiéramos solicitarle además un informe de los dineros invertidos hasta ahora en proyecto PAACUME, desde su inicio y hasta este momento. Indicando rubros, compra tierras, estudios, diseños, trámites, salarios, actividades, etc. 7.- El proyecto PAACUME según sus estudios de factibilidad, NO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE. El maquillaje que usted como SENARA, quiere darle, agregando al ICE y al AyA y otras ilusiones y promesas sin sustento, son imprescindibles, para lograr embarcar al BCIE , financista del proyecto, para que realice el primer desembolso. ¿Podría usted probarnos que cuenta con el Visto Bueno de este banco, para iniciar el proyecto? Por favor apórtenos copia de documento válido a agosto 2024, de BCIE donde acepta hacer los desembolsos de dinero para financiar las obras. Caso contrario, favor apórtenos información concreta y detallada sobre requisitos faltantes aún, para obtener el primer desembolso. En el mismo sentido, solicito documentos intercambiado con Convención de Ramsar sobre los Humedales – sobre afectación de LOMAS DE BARBUDAL, donde ellos como expertos aceptan la propuesta del Gobierno de Costa Rica para destruir 113 hectáreas de ese sitio RAMSAR, inscrito como zona protegida reconocida internacionalmente. 8.- Una de las grandes dudas, que usted puede ayudarnos a dilucidar es, ¿Qué beneficios concretos y probados obtendrá el cantón de Bagaces, donde se construye el embalse del proyecto, obtendrá de esta aporte el informe completo de su operación del año 2023. Incluyendo, datos de mercaderías importadas; datos de mercaderías exportadas; número de navíos recibidos; lista de personal que trabaja en ese puerto tanto de LAICA como de personal estatal, de control, seguridad, etc; informe de Auditoría sobre esta operación; declaración de renta a Hacienda sobre la operación portuaria. Favor aportarnos copia de contratos vigentes con INCOP. 14.- Le rogamos nos informe si se piensa instalar scanner en esas instalaciones portuarias de importación y exportación. 15.- Por favor, confirme si usted ha visitado ese puerto, cuando y cuáles son sus informes sobre tales visitas. 16.- Hemos visto informes de que LAICA ha importado alcohol para destilarlo o refinarlo y vuelto a exportar. ¿Qué beneficios generan al país estas operaciones? 17.- Señor ministro, ¿Qué volumen de ETANOL produce LAICA? 18.- ¿Está LAICA en capacidad de proveer al país de ETANOL para usar en las gasolinas? 19.- ¿Hay negociaciones con RECOPE sobre suministro de ETANOL? Favor de aportar documentación sobre el tema. II) Apartándonos un poco del tema azúcar, hay reiterados informes sobre el impacto de los intermediarios en el debido abastecimiento de productos del agro a los consumidores. Estos son básicamente, la diferencia entre el precio que recibe el agro productor y el costo del consumidor. Por eso le preguntamos: A+ ¿Qué medidas está tomando para controlar o eliminar la intermediación improductiva? B+ ¿Tiene un estudio actualizado sobre este tema? Pásenos por favor copia del último estudio sobre la incidencia de los intermediarios, en el manejo de las cosechas, comercialización de productos y precios al consumidor. C+ ¿Están individualizados estos grandes intermediarios? Favor aportarnos lista de los 100 más importantes. D+ ¿Qué dependencia de su ministerio es la que trabaja en el combate a este gravísimo problema? III) ¿Están usted y su familia asegurados a la CCSS y usan sus servicios? ¿Está usted consciente de que su patrono actual, el ESTADO costarricense está moroso con la CCSS y que los dineros que le descuenta de su salario, para pagar ese seguro, no es transferido a la CCSS? ¿Qué ha hecho usted al respecto? IV) Uno de los grandes problemas de Costa Rica es la informalidad y la evasión de impuestos. ¿Es el sector agrícola uno de los más evasores e informales? ¿Cuáles son las estadísticas sobre estos temas que usted maneja? V ) Señor ministro, según el informe del IMAE de julio, elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Julio de 2024 es el tercer mes del año que la actividad agropecuaria muestra una baja en la producción, si se compara con el mismo mes del año pasado. Una reducción en la producción de café, cebolla, hortalizas, banano y flores provoca este desempeño negativo, que fue medianamente mitigado por el buen comportamiento de la piña, principalmente para envíos al exterior. Quisiéramos saber: ¿cuál es la política del MAG , para cada sector del agro, diferenciando especialmente, lo que es SEGURIDAD ALIMENTARIA para la población, de lo que es mero negocio, como la exportación de piña y otros productos? Principalmente, consideramos que la exportación de piña, melón, bananos, mango, guanábana y similares, incurren en una exportación indirecta de agua, por ser el mayor componente de esas frutas. ¿Usted qué opina de eso? Perdone señor ministro la extensión de esta solicitud de información. Le aseguro, que dejamos mucho en el tintero, para facilitar su pronta respuesta, muy clara y concreta, acompañada de las respectivas pruebas y documentos\". Reclama que a la fecha de interpuesto el presente recurso la autoridad recurrida no le ha brindado una respuesta a la gestión que presentó.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:\n\na)     Por escrito con fecha de recibido 18 de septiembre de 2024, el recurrente solicitó al Ministro recurrido lo siguiente:\"1.- SENARA, la institución que usted preside, está MOROSA por al menos 1.769 millones de colones en lo que corresponde al canon de aprovechamiento de aguas fijado por Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. Así consta en OFICIO DA- 1857- 08-2022. Entonces ¿Qué hace usted ante esta situación? ¿Lo permite y apoya? ¿Asume usted personalmente la responsabilidad que esto significa? (anexamos documento) 2.- Dado que el DRAT de SENARA no cuenta con concesión válida, inscripta y vigente, para utilizar agua, está incurriendo en el DELITO “usurpación de aguas” indicado en art. 226 de Código Penal. Como jerarca ¿Qué ha hecho o hace ante esta situación? ¿Permite usted que esta irregularidad continue? ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Ha interpuesto denuncias o procesos administrativos al respecto? 3.- Ha llegado a nuestras manos, documentación que prueba una conducta ilegal de parte del Gerente General de SENARA. El señor Osvaldo Quiros Arias mantiene. Solicitamos de usted copia de documentos del caso. La otra justificación que le hemos oído, es que el ICE instalara una planta generadora de electricidad en la represa de PAACUME. ¿Podría usted proporcionarnos contratos concretos, sobre este importante hecho? 6.- Como iniciaron las obras del proyecto PAACUME, agradeceremos nos informe la forma de contratación usada para las obras ya en marcha. ¿Son por licitación? ¿Vía SICOP? ¿Contratación administrativa? Nos interesa especialmente lo relacionado a corta de bosque. Favor de adjuntar lista detallada de las contrataciones realizadas, sus montos, obras contratadas, adjudicatario, etc. Quisiéramos solicitarle además un informe de los dineros invertidos hasta ahora en proyecto PAACUME, desde su inicio y hasta este momento. Indicando rubros, compra tierras, estudios, diseños, trámites, salarios, actividades, etc. 7.- El proyecto PAACUME según sus estudios de factibilidad, NO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE. El maquillaje que usted como SENARA, quiere darle, agregando al ICE y al AyA y otras ilusiones y promesas sin sustento, son imprescindibles, para lograr embarcar al BCIE , financista del proyecto, para que realice el primer desembolso. ¿Podría usted probarnos que cuenta con el Visto Bueno de este banco, para iniciar el proyecto? Por favor apórtenos copia de documento válido a agosto 2024, de BCIE donde acepta hacer los desembolsos de dinero para financiar las obras. Caso contrario, favor apórtenos información concreta y detallada sobre requisitos faltantes aún, para obtener el primer desembolso. En el mismo sentido, solicito documentos intercambiado con Convención de Ramsar sobre los Humedales – sobre afectación de LOMAS DE BARBUDAL, donde ellos como expertos aceptan la propuesta del Gobierno de Costa Rica para destruir 113 hectáreas de ese sitio RAMSAR, inscrito como zona protegida reconocida internacionalmente. 8.- Una de las grandes dudas, que usted puede ayudarnos a dilucidar es, ¿Qué beneficios concretos y probados obtendrá el cantón de Bagaces, donde se construye el embalse del proyecto, obtendrá de esta aporte el informe completo de su operación del año 2023. Incluyendo, datos de mercaderías importadas; datos de mercaderías exportadas; número de navíos recibidos; lista de personal que trabaja en ese puerto tanto de LAICA como de personal estatal, de control, seguridad, etc; informe de Auditoría sobre esta operación; declaración de renta a Hacienda sobre la operación portuaria. Favor aportarnos copia de contratos vigentes con INCOP. 14.- Le rogamos nos informe si se piensa instalar scanner en esas instalaciones portuarias de importación y exportación. 15.- Por favor, confirme si usted ha visitado ese puerto, cuando y cuáles son sus informes sobre tales visitas. 16.- Hemos visto informes de que LAICA ha importado alcohol para destilarlo o refinarlo y vuelto a exportar. ¿Qué beneficios generan al país estas operaciones? 17.- Señor ministro, ¿Qué volumen de ETANOL produce LAICA? 18.- ¿Está LAICA en capacidad de proveer al país de ETANOL para usar en las gasolinas? 19.- ¿Hay negociaciones con RECOPE sobre suministro de ETANOL? Favor de aportar documentación sobre el tema. II) Apartándonos un poco del tema azúcar, hay reiterados informes sobre el impacto de los intermediarios en el debido abastecimiento de productos del agro a los consumidores. Estos son básicamente, la diferencia entre el precio que recibe el agro productor y el costo del consumidor. Por eso le preguntamos: A+ ¿Qué medidas está tomando para controlar o eliminar la intermediación improductiva? B+ ¿Tiene un estudio actualizado sobre este tema? Pásenos por favor copia del último estudio sobre la incidencia de los intermediarios, en el manejo de las cosechas, comercialización de productos y precios al consumidor. C+ ¿Están individualizados estos grandes intermediarios? Favor aportarnos lista de los 100 más importantes. D+ ¿Qué dependencia de su ministerio es la que trabaja en el combate a este gravísimo problema? III) ¿Están usted y su familia asegurados a la CCSS y usan sus servicios? ¿Está usted consciente de que su patrono actual, el ESTADO costarricense está moroso con la CCSS y que los dineros que le descuenta de su salario, para pagar ese seguro, no es transferido a la CCSS? ¿Qué ha hecho usted al respecto? IV) Uno de los grandes problemas de Costa Rica es la informalidad y la evasión de impuestos. ¿Es el sector agrícola uno de los más evasores e informales? ¿Cuáles son las estadísticas sobre estos temas que usted maneja? V ) Señor ministro, según el informe del IMAE de julio, elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Julio de 2024 es el tercer mes del año que la actividad agropecuaria muestra una baja en la producción, si se compara con el mismo mes del año pasado. Una reducción en la producción de café, cebolla, hortalizas, banano y flores provoca este desempeño negativo, que fue medianamente mitigado por el buen comportamiento de la piña, principalmente para envíos al exterior. Quisiéramos saber: ¿cuál es la política del MAG , para cada sector del agro, diferenciando especialmente, lo que es SEGURIDAD ALIMENTARIA para la población, de lo que es mero negocio, como la exportación de piña y otros productos? Principalmente, consideramos que la exportación de piña, melón, bananos, mango, guanábana y similares, incurren en una exportación indirecta de agua, por ser el mayor componente de esas frutas. ¿Usted qué opina de eso? Perdone señor ministro la extensión de esta solicitud de información. Le aseguro, que dejamos mucho en el tintero, para facilitar su pronta respuesta, muy clara y concreta, acompañada de las respectivas pruebas y documentos\". Indicó como medio para recibir notificaciones el correo electrónico: confraternidad_gte@yahoo.com    (escrito de interposición).\n\nb)    Que la resolución de curso emitida dentro del presente recurso fue notificada a la Ministro recurrido el 6 de noviembre de 2024 (expediente digital).\n\nc)     En oficio DM-MAG-1488-2024 del 12 de noviembre 2024, el Ministro de Agricultura le indicó al recurrente: “Procedo a responder su oficio, no identificable por número de oficio o fecha, toda vez que no cuenta con esas referencias. No desconozco los derechos que refiere usted le asisten para tener acceso a la información pública, no obstante, tiene que considerar que, los directivos, en este caso el suscrito en mi calidad de presidente de la Junta Directiva del SENARA, no tenemos la facultad de responder en nombre de la institución, ni tampoco del Órgano Colegiado al que pertenezco, toda vez que las respuestas y criterios que se emitan, tienen que representar los criterios y voluntades tomados en acuerdos aprobados. Al respecto la Ley número 6877 del 18 de julio de 1983, mediante la que se Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), establece en sus artículos 5 y 6 la conformación de la Juta Directiva y la función que esta tiene. La representación legal de la Institución con base en lo que se establece en el artículo 7°, del Decreto Ejecutivo número 16277    del 24 de abril de 1985, la tiene el Gerente General, por lo que le corresponde a este, contestar tanto en vía judicial o administrativa en nombre de la institución. Como se explicó, formo parte de una Junta Directiva, por lo que no es procedente emitir criterios personales, como lo solicita usted en varios puntos de su oficio, para referirme a posiciones oficiales del SENARA o de la Junta Directiva a la que pertenezco. Soy un directivo más, que independientemente de mis criterios personales, debo respetar los resultados de las votaciones que se realizan y son los medios por los cuales la Junta Directiva toma acuerdos. No obstante, lo anterior y con el fin de poder aclarar, hasta donde se encuentre a mi alcance (por competencia y acceso a datos), se hace referencia a cada uno de los puntos relacionados al Proyecto Agua para la Bajura-PAACUME, (Puntos: 1 y 2 (parcial), 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de su escrito. Sobre el tema del pago del canon de aprovechamiento de agua, lo que existió fue una discusión entre SENARA y MINAE sobre la obligatoriedad o no de que SENARA pagara ese canon, por lo cual el MINAE solicitó criterio vinculante a la Procuraduría General de la República, la cual ya resolvió el diferendo, concluyendo que SENARA no es sujeto pasivo del pago de dicha obligación y así consta en criterio de dicha Procuraduría número C-218-2017 con fecha del 22 de setiembre de 2017, donde se indica: “16. En la medida que el sujeto pasivo del canon es el usuario del distrito de riego, como beneficiario último del agua, y no el SENARA, carece de interés la discusión acerca de si dicho ente cuenta o no con norma especial que le conceda exención sobre el referido canon, no siendo, por tanto, de aplicación a la especie ni el párrafo quinto del artículo 70 de la Ley de Aguas, ni el artículo 15 de la Ley n.°7096 del 27 de junio de 1988.” En efecto, no es el SENARA el que debe pagar el canon, sino los usuarios de riego. Así las cosas, no existe dicha deuda por parte de SENARA al MINAE. Adicionalmente aun en el hipotético caso que SENARA estuviera dentro de los supuestos de hecho que harían exigible el pago del canon, el artículo 15 de la Ley No. 7096 exonera al SENARA del pago de cánones para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la ejecución del Proyecto de Riego Arenal-Tempisque, el cual señala: “Artículo 15.- Se le concede al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) exención de todo impuesto, timbre, tasa, sobretasa, cánones y derechos de aduana, conforme con el Arancel Centroamericano de Importación, ley Nº 7017 del 16 de diciembre de 1985, lo mismo que exención de derechos de muellaje y de registro, para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la ejecución del Proyecto de Riego Arenal-Tempisque.” El proyecto PAACUME consideró desde su formulación el aprovechamiento del recurso hídrico de forma integral, pretendiendo generar electricidad, distribuir agua cruda para potenciar el desarrollo de las actividades agropecuarios, previsión de agua para riego de zonas turísticas (con el fin de liberar el estrés de sobre explotación de los mantos acuíferos del área beneficiada), además de la reserva de un caudal importante para el tratamiento y distribución de agua para consumo humano. Por esto último, desde el año 2023 se generan acercamientos con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para proponer el trabajar el componente de agua potable del PAACUME de forma conjunta, obteniendo de estos un estudio de demanda dentro de la región que sería abastecida por este componente, priorizando los sistemas que se encuentran deficitarios en la actualidad, además, de un prediseño del sistema de conducción de agua desde el sector de Pagayo al norte hasta Playa Sámara al sur, pasando por las comunidades de Palmira, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya, lo anterior en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicios Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), firmado en el mes de julio del 2023. (Anexo 1) Posteriormente, en el mes de julio del 2024 se firma otro convenio con el AyA denominado Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) para la actualización del Estudio de Factibilidad y elaboración diseños preliminares del componente de agua potable del PAACUME, Guanacaste, mediante el cual se definen las actividades y acciones que ejecutará cada una de las instituciones para el desarrollo de la factibilidad y los diseños del componente de agua potable. Existe un cronograma preliminar en donde se describen cada una de estas tareas con asignación de responsables, sin embargo, este se encuentra en etapa de revisión. (Anexo 2) En relación con lo que indica usted en su oficio, respecto a la instalación de una planta generadora de electricidad en la represa de PAACUME, confirmamos que en el mes de julio del 2024 el ICE y SENARA firmaron el Convenio CONV-SENARA-ICE-001-2024 ”Convenio Interinstitucional para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras asociadas a la Generación Eléctrica del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).”, en el cual se constata la participación puntual del ICE con una inversión propia de la institución, cuyo detalle puede consultar en el Anexo 3, del presente documento. Las actividades realizadas a la fecha en el PAACUME están asociadas a la habilitación de las instalaciones provisionales y obras complementarias requeridas por la Unidad Consultora ICE-PAACUME, contratada mediante el Contrato 02220: Contratación Servicios de Consultoría para la Dirección Gestora, Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), contratado mediante las políticas de contratación del BCIE. Así mismo, han iniciado las obras preliminares incluidas dentro del Convenio CONV-SENARA-ICE-001-2024 firmado entre el ICE y el SENARA (Anexo 3) que contemplan la corta de árboles, las cuales son necesarias para iniciar las obras principales de PAACUME, que se ejecutarán por medio de procesos licitatorios, cuyos carteles están programados iniciar su publicación en el año 2025. A la fecha, se detallan los Contratos y Convenio activos del Proyecto (se adjuntaron dos cuadros).  En el mes de mayo del 2022, mediante la Ley N°10230, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 2220 que financiará el “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)”, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para mayor detalle, pueden consultar el anexo 4 del presente documento. De acuerdo con el Contrato de Préstamo establecido con el BCIE, y según revisión de requisitos para el primer desembolso definida por el BCIE en el oficio ORCR-70/2024 (Anexo 5), se está en proceso de presentación de requisitos, para optar por el primer desembolso, según los requerimientos establecidos por el BCIE. Con respecto a la consulta realizada, la presentación de modificación del área de humedales RAMSAR, por parte de las acciones propias de trabajo a nivel de obras para el PAACUME, se presentó al SINAC como ente encargado y regulador del tema ambiental en Costa Rica, para su consulta a la Comisión RAMSAR, esta a su vez, respondió localmente y con asesoramiento de parte del ente RAMSAR, de que se requería de diversos puntos a ser tratados para realizar las modificaciones del caso, entre las que se puede mencionar: •              Estudio de ecosistemas similares a las áreas a ser intervenidas por efecto de la inundación. Este estudio se incluyó dentro del Estudio de Impacto ambiental del PAACUME y fue realizado por la Organización de Estudio Tropicales (OET). •              Estudio hidrogeológico del área de impacto del proyecto PAACUME, sobre la zona de recarga del humedal. Este estudio se está en fase de elaboración por parte del equipo de trabajo de Hidrogeología del SENARA (DIGH), en coordinación con el SINAC. •Compra de terrenos de compensación para cubrir de forma total, el área a ser intervenidas, de tal forma que todos los ecosistemas, sean repuestos. Actualmente se tienen identificadas los terrenos, están en proceso de expropiación a nivel jurídico legal, con puesta en posesión de un porcentaje del área y el resto se encuentran pagadas en el juzgado. El embalse río Piedras que será construido como parte del proyecto PAACUME, consiste en uno de los componentes que será generado producto de las obras de construcción del proyecto, específicamente por una estructura de represamiento a la altura del cruce entre el Canal Oeste Tramo II (actual) y el río Piedras. Este embalse tendrá una huella de 850 Ha de espejo de agua en su máximo nivel, el cual cabe indicar que será fluctuante a lo largo del año según la disponibilidad del recurso y la demanda de éste aguas abajo y según los usos definidos para el agua embalsada. La cota del embalse oscilará entre las cotas 48.5 msnm y 35 msnm. El proyecto PAACUME no consiste únicamente en trasegar agua hasta la margen derecha del río Tempisque, en donde se quiere instaurar una nueva red de canales y aumentar el alcance del distrito de riego, sino que también, mediante la construcción del embalse se desea aumentar la disponibilidad del agua en el tiempo pudiendo ofrecer caudales más constantes a los usuarios que se ubican aguas abajo de la presa (muchos de los cuales se han beneficiado de este servicio de riego por 30 años), lo cual a su vez permitirá repotenciar el desarrollo del cantón de Bagaces generando más accesibilidad al agua disponible para la implantación de actividades agropecuarias para los usuarios actuales, mejoramiento de caminos existentes, implementación de obras socio-ambientales para las comunidades dentro del área de influencia del proyecto y será una fuente de empleo directo e indirecto para pobladores del cantón de Bagaces. La madera que se ha cortado a la fecha, según los permisos otorgados por el SINAC, se encuentra dentro del área del proyecto, en sitios de acopio temporal custodiados por el mismo. Actualmente no se ha entregado madera a ninguna entidad. Tal y como ya se le informó por parte del SENARA en el Oficio SENARA-GG-OFI-561-2024 la corta ha estado bajo la responsabilidad del ICE, como parte de las actividades asociadas a la habilitación de instalaciones provisionales de la Unidad Consultora ICE-PAACUME y las actividades preliminares relacionadas al Convenio CONV-SENARA-ICE-001-2024 firmado entre el ICE y el SENARA. Para mayor referencia o amplitud de lo consultado, le sugiero remitirse a lo que ya ha sido contestado a usted en los oficios: SENARA-GG-OFI-561-2024 (Anexo 6) y SENARA-GG-OFI-680-2024 (Anexo 7), y en los informes enviados por parte del SENARA a la Sala Constitucional respondiendo los recursos de amparo interpuestos por usted, ambos del 2024. (Anexos 8 y 9) Hoy en día en Costa Rica y el mundo, las fincas agropecuarias dependen de los productores privados, quienes trabajan en la base alimentaria del país y perciben los beneficios por cuenta propia. Los sistemas de riego dentro de sus fincas, su uso y optimización, dependen exclusivamente de los productores agropecuarios, quienes están facultados para realizar o no, las inversiones iniciales dentro de sus fincas debido que estos sistemas son bastante costosos, tanto en su inversión inicial como en su operación y mantenimiento. Por su parte, a partir de fuentes de agua con la calidad y disponibilidad suficiente a lo largo del año, los distritos de riego tienen la posibilidad de ampliar sus servicios y su diversificación a partir de lo cual el DRAT, se encuentra en un proceso de automatización de compuertas que posibilitarían la liberación de fuentes subterráneas en el futuro, mientras se da la transición cultural requerida, base importante para la liberación de fuentes subterráneos, como parte de los objetivos específicos que hoy tiene el DRAT y el proyecto PAACUME.  En la plataforma de SICOP, puede ingresar al trámite 2024LY-000001-0018800002, donde se encuentra información referente a la Licitación Mayor “Automatización de: Presa Miguel Pablo Dengo, Canal Oeste tramo I y Canal del Sur Tramo II del Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA”, y adicionalmente se aporta en el (anexo 10) Cronograma asociado a dicho trámite. En lo que respecta a su consulta sobre los cobros realizados por el canon de riego, es mi deber recordar que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), es a quien le corresponde  armonizar las necesidades de los usuarios o consumidores con los intereses de los prestadores y velar porque estos servicios se brinden de forma óptima (calidad, continuidad, oportunidad, confiablidad y precio), por lo que no es procedente referirme a asuntos que son competencia de una Institución creada por Ley y que tiene dentro de sus fines lo consultado por usted, siendo lo correcto, que realice la consulta correspondiente a esa Institución. Respecto a mi posición sobre el estudio COPROCOM, le informo que existen dos oficios en los que se manifiesta nuestro pronunciamiento oficial y conjunto, firmado por los ministros de  Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Salud, Comercio Exterior y Agricultura y Ganadería, por lo que se adjuntas los oficios “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM-OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” y “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/  MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024”, para que tenga conocimientos de lo manifestado.  (Anexo 11) Tanto el suscrito en mi calidad de Ministro, así como el señor Julián Arias Varela, en su condición de viceministro, no recibimos ningún tipo de dieta o estipendio por pertenecer a la Junta Directiva de LAICA. Solicita usted por este medio que realice un juicio de valor, lo cual no corresponde que yo realice. Lo que sí es correspondiente es que le informe que en la Ley número 7818    del 02 de setiembre de 1998, se establece que la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar estará sometida al derecho público en el ejercicio de sus facultades y deberes de imperio; y al derecho privado en el ejercicio de las actividades de comercialización y de las demás de carácter empresarial que le asigna esta ley. Las actividades de comercialización se definen como: comercializar alcohol, azúcar, mieles, y otros subproductos de la industrialización de  la caña de azúcar, cuando así lo convenga la Corporación con los industriales nacionales o los adquiera de otra procedencia. La Liga tendrá dos divisiones: la División Corporativa que se regirá, esencialmente, por el Derecho Público y la División de Comercialización que se regirá por el Derecho Privado. La primera a cargo de la Junta Directiva y la segunda del Consejo de Comercialización. Al igual que en puntos explicados con anterioridad, solicita usted información a este Despacho Ministerial, que le corresponde brindar a la administración y representación legal de la Institución que administra el puerto de Punta Morales.  Como miembro de Junta Directica que soy, no poseo la totalidad de los detalles solicitados por usted, por lo que de forma respetuosa le sugiero que se dirija la consulta a la Dirección Ejecutiva de LAICA, que por competencia es quien puede tener la información requerida y la que determine cual información se le puede suministrar por ser de carácter pública. Respecto al tema de escáner, será hasta que se resuelvan las trabas puestas por la Contraloría General de la Republica que se podrá continuar con la evaluación de las condiciones y lugares en que los mismos operaran. Le informo que ni el suscrito, ni el Viceministro Julián Arias Varela hemos tenido la oportunidad de realizar visita a las instalaciones de portuarias que administra LAICA en Punta Morales, por lo que no tenemos ningún tipo de informe que les podamos facilitar”, sin embargo no descartamos la posibilidad de visitar el sitio Respecto a sus cuestionamientos sobre la importación de alcohol y su exportación, su beneficio al país, el volumen de la producción de Etanol, la capacidad de LAICA de proveerlo al país y las eventuales negociaciones con RECOPE, le insto a que remite estas preguntas a la Dirección Ejecutiva de LAICA, que, como se explicó con anterioridad es quien tiene la información y competencia para atender sus requerimientos.  Reitero que el suscrito es sólo un miembro más de esa Junta Directiva, por lo que no me corresponde, poder dar respuestas sustentadas y fundamentadas a sus preguntas. Respecto a las consultas sobre intermediación, le informo que es el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el que regula esa actividad, por lo que es bajo sus competencias y atribuciones, que se fijan los diferentes márgenes de comercialización, por lo que lo procedente es que dirija sus consultas a ese Ministerio, para le puedan evacuar sus dudas. Respecto a su consulta sobre si me encuentro asegurado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le informo que, por ser un funcionario público, devengo un salario que se encuentra sujeto a deducciones y retenciones, al igual que se encuentran los salarios de los demás funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Considero importante informarle que el este Ministerio se encuentra totalmente al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS y las demás instituciones con las que se tiene obligaciones correspondientes a cargas sociales, con lo que doy por atendida su consulta. En lo que concierne a su criterio y consulta sobre la informalidad y la evasión de impuestos, le recomiendo que se dirija esa consulta al Ministerio de Hacienda, toda vez que, es a quién corresponde por legalidad atender asuntos relacionados a sus competencias, dentro de las cuales se encuentra la evasión fiscal y en caso de producirse, llevar las estadísticas y proyecciones correspondientes. Respecto a su consulta sobre la política del MAG, para cada sector del agro, le informo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó en enero del 2023 la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032, con el fin de orientar las acciones de las instituciones del Sector Agropecuario en 4 ejes estratégicos: modernización de las instituciones, fomento de la competitividad, productividad y sostenibilidad, y, valor agregado y comercialización. Asimismo, dicha política cuenta con un plan sectorial que operativiza las acciones de las instituciones según los ejes estratégicos antes mencionados. Ahora bien, la política pública sectorial agropecuaria no hace énfasis por alguna actividad específica (por ejemplo: el culantro, el pepino, la uchuva, los garbanzos, etc.), ya que genera acciones que permean a todo el aparato productivo, por su parte, son las corporaciones productivas (entes públicos no estatales), quienes se avocan a la atención de sectores determinados, así definido por ley, no obstante, existen programas en el Sector Agropecuario enfocados por ejemplo a la reproducción y certificación semilla de calidad o de abastecimiento institucional que tienen un gran aporte en el componente de disponibilidad de alimentos, dichos programas se están fortaleciendo desde la política pública agropecuaria.   En lo que respecta a las importaciones de productos que usted menciona, antes se nos enseñaba que el agua era un recurso inagotable, hoy como sociedad somos conscientes de su importancia y protección, y desde el Sector Agropecuario no es la excepción, por ende, consideramos que su buen uso en una manera de protegerla, todo bajo un enfoque de sostenibilidad ampliado (económica, social y ambientalmente). Al ser Costa Rica un país de derecho, nos debemos de ajustar a los diferentes principios, dentro del que se encuentra el de debido proceso, por lo que, en caso de existir una aparente irregularidad en el cumplimiento de funciones por parte de un funcionario público, es mediante las investigaciones que realice el Ministerio Público que se recaben las pruebas correspondientes para que, sean los tribunales de justicia los que determinan la verdad real de los hechos, por lo que de requerirse u ordenarse algo relacionado a un proceso llevado en contra de algún funcionario del SENARA o cualquier institución que forme parte del sector agropecuario, se brindará la colaboración necesaria y de requerirse, se adoptaran las medidas que correspondan en su momento. Son varias las consultas planteadas, algunas que ya fueron respondidas con anterioridad por el SENARA, otras no me competen responderlas, por no tener la representación correspondiente para contestar en nombre del SENARA o LAICA, lo que no me permite a tener acceso a la información en la forma detallada en que usted lo solicita o por tratarse de asuntos meramente técnicos que le corresponde a las instituciones responder.  Pese a lo anterior, hasta donde me es posible le respondo a lo solicitado y lo insto a realizar las consultas que considere no fueron evacuadas a las instituciones correspondientes, no sin antes recordar que no es procedente, para el suscrito emitir juicios de valor o valoraciones subjetivas para dar respuestas a las preguntas realizadas. Anexos: Anexo 1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicios Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).  Anexo 2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) para la actualización del Estudio de Factibilidad y elaboración diseños preliminares del componente de agua potable del PAACUME, Guanacaste.  Anexo 3. CONV-SENARA-ICE-001-2024. “Convenio Interinstitucional para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras asociadas a la Generación Eléctrica del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).   Anexo 4. Contrato de Préstamo N° 2220 que financiará el “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)”, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Anexo 5. Oficio ORCR-70/2024. Anexo 6. Oficio: SENARA-GG-OFI-561-2024. Anexo 7. Oficio: SENARA-GG-OFI-680-2024. Anexo 8. Informe de respuesta enviado por el SENARA a la Sala Constitucional N°24-0260380007-CO. Fecha: 27 de setiembre del 2024.  Anexo 9. Ampliación de Informe de respuesta enviado por el SENARA a la Sala Constitucional N°24-0260380007-CO. Fecha: 23 de octubre del 2024. Anexo 10. Cronograma Licitación Mayor “Automatización de: Presa Miguel Pablo Dengo, Canal Oeste tramo I y Canal del Sur Tramo II del Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA”. Anexo 11. Oficios referentes al informe COPROCOM “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” y “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/ MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024”. Lo anterior le fue notificado al recurrente al correo electrónico confraternidad_gte@yahoo.com enviado el 12 de noviembre de 2024  (informe de la autoridad recurrida).\n\nIII.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que en escrito con fecha de recibido 18 de septiembre de 2024, el recurrente solicitó al Ministro recurrido lo siguiente:\"1.- SENARA, la institución que usted preside, está MOROSA por al menos 1.769 millones de colones en lo que corresponde al canon de aprovechamiento de aguas fijado por Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. Así consta en OFICIO DA- 1857- 08-2022. Entonces ¿Qué hace usted ante esta situación? ¿Lo permite y apoya? ¿Asume usted personalmente la responsabilidad que esto significa? (anexamos documento) 2.- Dado que el DRAT de SENARA no cuenta con concesión válida, inscripta y vigente, para utilizar agua, está incurriendo en el DELITO “usurpación de aguas” indicado en art. 226 de Código Penal. Como jerarca ¿Qué ha hecho o hace ante esta situación? ¿Permite usted que esta irregularidad continue? ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Ha interpuesto denuncias o procesos administrativos al respecto? 3.- Ha llegado a nuestras manos, documentación que prueba una conducta ilegal de parte del Gerente General de SENARA. El señor Osvaldo Quiros Arias mantiene. Solicitamos de usted copia de documentos del caso. La otra justificación que le hemos oído, es que el ICE instalara una planta generadora de electricidad en la represa de PAACUME. ¿Podría usted proporcionarnos contratos concretos, sobre este importante hecho? 6.- Como iniciaron las obras del proyecto PAACUME, agradeceremos nos informe la forma de contratación usada para las obras ya en marcha. ¿Son por licitación? ¿Vía SICOP? ¿Contratación administrativa? Nos interesa especialmente lo relacionado a corta de bosque. Favor de adjuntar lista detallada de las contrataciones realizadas, sus montos, obras contratadas, adjudicatario, etc. Quisiéramos solicitarle además un informe de los dineros invertidos hasta ahora en proyecto PAACUME, desde su inicio y hasta este momento. Indicando rubros, compra tierras, estudios, diseños, trámites, salarios, actividades, etc. 7.- El proyecto PAACUME según sus estudios de factibilidad, NO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE. El maquillaje que usted como SENARA, quiere darle, agregando al ICE y al AyA y otras ilusiones y promesas sin sustento, son imprescindibles, para lograr embarcar al BCIE , financista del proyecto, para que realice el primer desembolso. ¿Podría usted probarnos que cuenta con el Visto Bueno de este banco, para iniciar el proyecto? Por favor apórtenos copia de documento válido a agosto 2024, de BCIE donde acepta hacer los desembolsos de dinero para financiar las obras. Caso contrario, favor apórtenos información concreta y detallada sobre requisitos faltantes aún, para obtener el primer desembolso. En el mismo sentido, solicito documentos intercambiado con Convención de Ramsar sobre los Humedales – sobre afectación de LOMAS DE BARBUDAL, donde ellos como expertos aceptan la propuesta del Gobierno de Costa Rica para destruir 113 hectáreas de ese sitio RAMSAR, inscrito como zona protegida reconocida internacionalmente. 8.- Una de las grandes dudas, que usted puede ayudarnos a dilucidar es, ¿Qué beneficios concretos y probados obtendrá el cantón de Bagaces, donde se construye el embalse del proyecto, obtendrá de esta aporte el informe completo de su operación del año 2023. Incluyendo, datos de mercaderías importadas; datos de mercaderías exportadas; número de navíos recibidos; lista de personal que trabaja en ese puerto tanto de LAICA como de personal estatal, de control, seguridad, etc; informe de Auditoría sobre esta operación; declaración de renta a Hacienda sobre la operación portuaria. Favor aportarnos copia de contratos vigentes con INCOP. 14.- Le rogamos nos informe si se piensa instalar scanner en esas instalaciones portuarias de importación y exportación. 15.- Por favor, confirme si usted ha visitado ese puerto, cuando y cuáles son sus informes sobre tales visitas. 16.- Hemos visto informes de que LAICA ha importado alcohol para destilarlo o refinarlo y vuelto a exportar. ¿Qué beneficios generan al país estas operaciones? 17.- Señor ministro, ¿Qué volumen de ETANOL produce LAICA? 18.- ¿Está LAICA en capacidad de proveer al país de ETANOL para usar en las gasolinas? 19.- ¿Hay negociaciones con RECOPE sobre suministro de ETANOL? Favor de aportar documentación sobre el tema. II) Apartándonos un poco del tema azúcar, hay reiterados informes sobre el impacto de los intermediarios en el debido abastecimiento de productos del agro a los consumidores. Estos son básicamente, la diferencia entre el precio que recibe el agro productor y el costo del consumidor. Por eso le preguntamos: A+ ¿Qué medidas está tomando para controlar o eliminar la intermediación improductiva? B+ ¿Tiene un estudio actualizado sobre este tema? Pásenos por favor copia del último estudio sobre la incidencia de los intermediarios, en el manejo de las cosechas, comercialización de productos y precios al consumidor. C+ ¿Están individualizados estos grandes intermediarios? Favor aportarnos lista de los 100 más importantes. D+ ¿Qué dependencia de su ministerio es la que trabaja en el combate a este gravísimo problema? III) ¿Están usted y su familia asegurados a la CCSS y usan sus servicios? ¿Está usted consciente de que su patrono actual, el ESTADO costarricense está moroso con la CCSS y que los dineros que le descuenta de su salario, para pagar ese seguro, no es transferido a la CCSS? ¿Qué ha hecho usted al respecto? IV) Uno de los grandes problemas de Costa Rica es la informalidad y la evasión de impuestos. ¿Es el sector agrícola uno de los más evasores e informales? ¿Cuáles son las estadísticas sobre estos temas que usted maneja? V ) Señor ministro, según el informe del IMAE de julio, elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Julio de 2024 es el tercer mes del año que la actividad agropecuaria muestra una baja en la producción, si se compara con el mismo mes del año pasado. Una reducción en la producción de café, cebolla, hortalizas, banano y flores provoca este desempeño negativo, que fue medianamente mitigado por el buen comportamiento de la piña, principalmente para envíos al exterior. Quisiéramos saber: ¿cuál es la política del MAG , para cada sector del agro, diferenciando especialmente, lo que es SEGURIDAD ALIMENTARIA para la población, de lo que es mero negocio, como la exportación de piña y otros productos? Principalmente, consideramos que la exportación de piña, melón, bananos, mango, guanábana y similares, incurren en una exportación indirecta de agua, por ser el mayor componente de esas frutas. ¿Usted qué opina de eso? Perdone señor ministro la extensión de esta solicitud de información. Le aseguro, que dejamos mucho en el tintero, para facilitar su pronta respuesta, muy clara y concreta, acompañada de las respectivas pruebas y documentos\". Indicó como medio para recibir notificaciones el correo electrónico: confraternidad_gte@yahoo.com\n\nPosteriormente, en oficio DM-MAG-1488-2024 del 12 de noviembre 2024, el Ministro de Agricultura le indicó al recurrente: “Procedo a responder su oficio, no identificable por número de oficio o fecha, toda vez que no cuenta con esas referencias. No desconozco los derechos que refiere usted le asisten para tener acceso a la información pública, no obstante, tiene que considerar que, los directivos, en este caso el suscrito en mi calidad de presidente de la Junta Directiva del SENARA, no tenemos la facultad de responder en nombre de la institución, ni tampoco del Órgano Colegiado al que pertenezco, toda vez que las respuestas y criterios que se emitan, tienen que representar los criterios y voluntades tomados en acuerdos aprobados. Al respecto la Ley número 6877 del 18 de julio de 1983, mediante la que se Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), establece en sus artículos 5 y 6 la conformación de la Juta Directiva y la función que esta tiene. La representación legal de la Institución con base en lo que se establece en el artículo 7°, del Decreto Ejecutivo número 16277    del 24 de abril de 1985, la tiene el Gerente General, por lo que le corresponde a este, contestar tanto en vía judicial o administrativa en nombre de la institución. Como se explicó, formo parte de una Junta Directiva, por lo que no es procedente emitir criterios personales, como lo solicita usted en varios puntos de su oficio, para referirme a posiciones oficiales del SENARA o de la Junta Directiva a la que pertenezco. Soy un directivo más, que independientemente de mis criterios personales, debo respetar los resultados de las votaciones que se realizan y son los medios por los cuales la Junta Directiva toma acuerdos. No obstante, lo anterior y con el fin de poder aclarar, hasta donde se encuentre a mi alcance (por competencia y acceso a datos), se hace referencia a cada uno de los puntos relacionados al Proyecto Agua para la Bajura-PAACUME, (Puntos: 1 y 2 (parcial), 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de su escrito. Sobre el tema del pago del canon de aprovechamiento de agua, lo que existió fue una discusión entre SENARA y MINAE sobre la obligatoriedad o no de que SENARA pagara ese canon, por lo cual el MINAE solicitó criterio vinculante a la Procuraduría General de la República, la cual ya resolvió el diferendo, concluyendo que SENARA no es sujeto pasivo del pago de dicha obligación y así consta en criterio de dicha Procuraduría número C-218-2017 con fecha del 22 de setiembre de 2017, donde se indica: “16. En la medida que el sujeto pasivo del canon es el usuario del distrito de riego, como beneficiario último del agua, y no el SENARA, carece de interés la discusión acerca de si dicho ente cuenta o no con norma especial que le conceda exención sobre el referido canon, no siendo, por tanto, de aplicación a la especie ni el párrafo quinto del artículo 70 de la Ley de Aguas, ni el artículo 15 de la Ley n.°7096 del 27 de junio de 1988.” En efecto, no es el SENARA el que debe pagar el canon, sino los usuarios de riego. Así las cosas, no existe dicha deuda por parte de SENARA al MINAE. Adicionalmente aun en el hipotético caso que SENARA estuviera dentro de los supuestos de hecho que harían exigible el pago del canon, el artículo 15 de la Ley No. 7096 exonera al SENARA del pago de cánones para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la ejecución del Proyecto de Riego Arenal-Tempisque, el cual señala: “Artículo 15.- Se le concede al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) exención de todo impuesto, timbre, tasa, sobretasa, cánones y derechos de aduana, conforme con el Arancel Centroamericano de Importación, ley Nº 7017 del 16 de diciembre de 1985, lo mismo que exención de derechos de muellaje y de registro, para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la ejecución del Proyecto de Riego Arenal-Tempisque.” El proyecto PAACUME consideró desde su formulación el aprovechamiento del recurso hídrico de forma integral, pretendiendo generar electricidad, distribuir agua cruda para potenciar el desarrollo de las actividades agropecuarios, previsión de agua para riego de zonas turísticas (con el fin de liberar el estrés de sobre explotación de los mantos acuíferos del área beneficiada), además de la reserva de un caudal importante para el tratamiento y distribución de agua para consumo humano. Por esto último, desde el año 2023 se generan acercamientos con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para proponer el trabajar el componente de agua potable del PAACUME de forma conjunta, obteniendo de estos un estudio de demanda dentro de la región que sería abastecida por este componente, priorizando los sistemas que se encuentran deficitarios en la actualidad, además, de un prediseño del sistema de conducción de agua desde el sector de Pagayo al norte hasta Playa Sámara al sur, pasando por las comunidades de Palmira, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya, lo anterior en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicios Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), firmado en el mes de julio del 2023. (Anexo 1) Posteriormente, en el mes de julio del 2024 se firma otro convenio con el AyA denominado Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) para la actualización del Estudio de Factibilidad y elaboración diseños preliminares del componente de agua potable del PAACUME, Guanacaste, mediante el cual se definen las actividades y acciones que ejecutará cada una de las instituciones para el desarrollo de la factibilidad y los diseños del componente de agua potable. Existe un cronograma preliminar en donde se describen cada una de estas tareas con asignación de responsables, sin embargo, este se encuentra en etapa de revisión. (Anexo 2) En relación con lo que indica usted en su oficio, respecto a la instalación de una planta generadora de electricidad en la represa de PAACUME, confirmamos que en el mes de julio del 2024 el ICE y SENARA firmaron el Convenio CONV-SENARA-ICE-001-2024 ”Convenio Interinstitucional para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras asociadas a la Generación Eléctrica del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).”, en el cual se constata la participación puntual del ICE con una inversión propia de la institución, cuyo detalle puede consultar en el Anexo 3, del presente documento. Las actividades realizadas a la fecha en el PAACUME están asociadas a la habilitación de las instalaciones provisionales y obras complementarias requeridas por la Unidad Consultora ICE-PAACUME, contratada mediante el Contrato 02220: Contratación Servicios de Consultoría para la Dirección Gestora, Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), contratado mediante las políticas de contratación del BCIE. Así mismo, han iniciado las obras preliminares incluidas dentro del Convenio CONV-SENARA-ICE-001-2024 firmado entre el ICE y el SENARA (Anexo 3) que contemplan la corta de árboles, las cuales son necesarias para iniciar las obras principales de PAACUME, que se ejecutarán por medio de procesos licitatorios, cuyos carteles están programados iniciar su publicación en el año 2025. A la fecha, se detallan los Contratos y Convenio activos del Proyecto (se adjuntaron dos cuadros).  En el mes de mayo del 2022, mediante la Ley N°10230, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 2220 que financiará el “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)”, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para mayor detalle, pueden consultar el anexo 4 del presente documento. De acuerdo con el Contrato de Préstamo establecido con el BCIE, y según revisión de requisitos para el primer desembolso definida por el BCIE en el oficio ORCR-70/2024 (Anexo 5), se está en proceso de presentación de requisitos, para optar por el primer desembolso, según los requerimientos establecidos por el BCIE. Con respecto a la consulta realizada, la presentación de modificación del área de humedales RAMSAR, por parte de las acciones propias de trabajo a nivel de obras para el PAACUME, se presentó al SINAC como ente encargado y regulador del tema ambiental en Costa Rica, para su consulta a la Comisión RAMSAR, esta a su vez, respondió localmente y con asesoramiento de parte del ente RAMSAR, de que se requería de diversos puntos a ser tratados para realizar las modificaciones del caso, entre las que se puede mencionar: •Estudio de ecosistemas similares a las áreas a ser intervenidas por efecto de la inundación. Este estudio se incluyó dentro del Estudio de Impacto ambiental del PAACUME y fue realizado por la Organización de Estudio Tropicales (OET). •              Estudio hidrogeológico del área de impacto del proyecto PAACUME, sobre la zona de recarga del humedal. Este estudio se está en fase de elaboración por parte del equipo de trabajo de Hidrogeología del SENARA (DIGH), en coordinación con el SINAC. •Compra de terrenos de compensación para cubrir de forma total, el área a ser intervenidas, de tal forma que todos los ecosistemas, sean repuestos. Actualmente se tienen identificadas los terrenos, están en proceso de expropiación a nivel jurídico legal, con puesta en posesión de un porcentaje del área y el resto se encuentran pagadas en el juzgado. El embalse río Piedras que será construido como parte del proyecto PAACUME, consiste en uno de los componentes que será generado producto de las obras de construcción del proyecto, específicamente por una estructura de represamiento a la altura del cruce entre el Canal Oeste Tramo II (actual) y el río Piedras. Este embalse tendrá una huella de 850 Ha de espejo de agua en su máximo nivel, el cual cabe indicar que será fluctuante a lo largo del año según la disponibilidad del recurso y la demanda de éste aguas abajo y según los usos definidos para el agua embalsada. La cota del embalse oscilará entre las cotas 48.5 msnm y 35 msnm. El proyecto PAACUME no consiste únicamente en trasegar agua hasta la margen derecha del río Tempisque, en donde se quiere instaurar una nueva red de canales y aumentar el alcance del distrito de riego, sino que también, mediante la construcción del embalse se desea aumentar la disponibilidad del agua en el tiempo pudiendo ofrecer caudales más constantes a los usuarios que se ubican aguas abajo de la presa (muchos de los cuales se han beneficiado de este servicio de riego por 30 años), lo cual a su vez permitirá repotenciar el desarrollo del cantón de Bagaces generando más accesibilidad al agua disponible para la implantación de actividades agropecuarias para los usuarios actuales, mejoramiento de caminos existentes, implementación de obras socio-ambientales para las comunidades dentro del área de influencia del proyecto y será una fuente de empleo directo e indirecto para pobladores del cantón de Bagaces. La madera que se ha cortado a la fecha, según los permisos otorgados por el SINAC, se encuentra dentro del área del proyecto, en sitios de acopio temporal custodiados por el mismo. Actualmente no se ha entregado madera a ninguna entidad. Tal y como ya se le informó por parte del SENARA en el Oficio SENARA-GG-OFI-561-2024 la corta ha estado bajo la responsabilidad del ICE, como parte de las actividades asociadas a la habilitación de instalaciones provisionales de la Unidad Consultora ICE-PAACUME y las actividades preliminares relacionadas al Convenio CONV-SENARA-ICE-001-2024 firmado entre el ICE y el SENARA. Para mayor referencia o amplitud de lo consultado, le sugiero remitirse a lo que ya ha sido contestado a usted en los oficios: SENARA-GG-OFI-561-2024 (Anexo 6) y SENARA-GG-OFI-680-2024 (Anexo 7), y en los informes enviados por parte del SENARA a la Sala Constitucional respondiendo los recursos de amparo interpuestos por usted, ambos del 2024. (Anexos 8 y 9) Hoy en día en Costa Rica y el mundo, las fincas agropecuarias dependen de los productores privados, quienes trabajan en la base alimentaria del país y perciben los beneficios por cuenta propia. Los sistemas de riego dentro de sus fincas, su uso y optimización, dependen exclusivamente de los productores agropecuarios, quienes están facultados para realizar o no, las inversiones iniciales dentro de sus fincas debido que estos sistemas son bastante costosos, tanto en su inversión inicial como en su operación y mantenimiento. Por su parte, a partir de fuentes de agua con la calidad y disponibilidad suficiente a lo largo del año, los distritos de riego tienen la posibilidad de ampliar sus servicios y su diversificación a partir de lo cual el DRAT, se encuentra en un proceso de automatización de compuertas que posibilitarían la liberación de fuentes subterráneas en el futuro, mientras se da la transición cultural requerida, base importante para la liberación de fuentes subterráneos, como parte de los objetivos específicos que hoy tiene el DRAT y el proyecto PAACUME.  En la plataforma de SICOP, puede ingresar al trámite 2024LY-000001-0018800002, donde se encuentra información referente a la Licitación Mayor “Automatización de: Presa Miguel Pablo Dengo, Canal Oeste tramo I y Canal del Sur Tramo II del Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA”, y adicionalmente se aporta en el (anexo 10) Cronograma asociado a dicho trámite. En lo que respecta a su consulta sobre los cobros realizados por el canon de riego, es mi deber recordar que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), es a quien le corresponde  armonizar las necesidades de los usuarios o consumidores con los intereses de los prestadores y velar porque estos servicios se brinden de forma óptima (calidad, continuidad, oportunidad, confiablidad y precio), por lo que no es procedente referirme a asuntos que son competencia de una Institución creada por Ley y que tiene dentro de sus fines lo consultado por usted, siendo lo correcto, que realice la consulta correspondiente a esa Institución. Respecto a mi posición sobre el estudio COPROCOM, le informo que existen dos oficios en los que se manifiesta nuestro pronunciamiento oficial y conjunto, firmado por los ministros de  Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Salud, Comercio Exterior y Agricultura y Ganadería, por lo que se adjuntas los oficios “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM-OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” y “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/  MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024”, para que tenga conocimientos de lo manifestado.  (Anexo 11) Tanto el suscrito en mi calidad de Ministro, así como el señor Julián Arias Varela, en su condición de viceministro, no recibimos ningún tipo de dieta o estipendio por pertenecer a la Junta Directiva de LAICA. Solicita usted por este medio que realice un juicio de valor, lo cual no corresponde que yo realice. Lo que sí es correspondiente es que le informe que en la Ley número 7818    del 02 de setiembre de 1998, se establece que la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar estará sometida al derecho público en el ejercicio de sus facultades y deberes de imperio; y al derecho privado en el ejercicio de las actividades de comercialización y de las demás de carácter empresarial que le asigna esta ley. Las actividades de comercialización se definen como: comercializar alcohol, azúcar, mieles, y otros subproductos de la industrialización de  la caña de azúcar, cuando así lo convenga la Corporación con los industriales nacionales o los adquiera de otra procedencia. La Liga tendrá dos divisiones: la División Corporativa que se regirá, esencialmente, por el Derecho Público y la División de Comercialización que se regirá por el Derecho Privado. La primera a cargo de la Junta Directiva y la segunda del Consejo de Comercialización. Al igual que en puntos explicados con anterioridad, solicita usted información a este Despacho Ministerial, que le corresponde brindar a la administración y representación legal de la Institución que administra el puerto de Punta Morales.  Como miembro de Junta Directica que soy, no poseo la totalidad de los detalles solicitados por usted, por lo que de forma respetuosa le sugiero que se dirija la consulta a la Dirección Ejecutiva de LAICA, que por competencia es quien puede tener la información requerida y la que determine cual información se le puede suministrar por ser de carácter pública. Respecto al tema de escáner, será hasta que se resuelvan las trabas puestas por la Contraloría General de la Republica que se podrá continuar con la evaluación de las condiciones y lugares en que los mismos operaran. Le informo que ni el suscrito, ni el Viceministro Julián Arias Varela hemos tenido la oportunidad de realizar visita a las instalaciones de portuarias que administra LAICA en Punta Morales, por lo que no tenemos ningún tipo de informe que les podamos facilitar”, sin embargo no descartamos la posibilidad de visitar el sitio Respecto a sus cuestionamientos sobre la importación de alcohol y su exportación, su beneficio al país, el volumen de la producción de Etanol, la capacidad de LAICA de proveerlo al país y las eventuales negociaciones con RECOPE, le insto a que remite estas preguntas a la Dirección Ejecutiva de LAICA, que, como se explicó con anterioridad es quien tiene la información y competencia para atender sus requerimientos.  Reitero que el suscrito es sólo un miembro más de esa Junta Directiva, por lo que no me corresponde, poder dar respuestas sustentadas y fundamentadas a sus preguntas. Respecto a las consultas sobre intermediación, le informo que es el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el que regula esa actividad, por lo que es bajo sus competencias y atribuciones, que se fijan los diferentes márgenes de comercialización, por lo que lo procedente es que dirija sus consultas a ese Ministerio, para le puedan evacuar sus dudas. Respecto a su consulta sobre si me encuentro asegurado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le informo que, por ser un funcionario público, devengo un salario que se encuentra sujeto a deducciones y retenciones, al igual que se encuentran los salarios de los demás funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Considero importante informarle que el este Ministerio se encuentra totalmente al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS y las demás instituciones con las que se tiene obligaciones correspondientes a cargas sociales, con lo que doy por atendida su consulta. En lo que concierne a su criterio y consulta sobre la informalidad y la evasión de impuestos, le recomiendo que se dirija esa consulta al Ministerio de Hacienda, toda vez que, es a quién corresponde por legalidad atender asuntos relacionados a sus competencias, dentro de las cuales se encuentra la evasión fiscal y en caso de producirse, llevar las estadísticas y proyecciones correspondientes. Respecto a su consulta sobre la política del MAG, para cada sector del agro, le informo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó en enero del 2023 la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032, con el fin de orientar las acciones de las instituciones del Sector Agropecuario en 4 ejes estratégicos: modernización de las instituciones, fomento de la competitividad, productividad y sostenibilidad, y, valor agregado y comercialización. Asimismo, dicha política cuenta con un plan sectorial que operativiza las acciones de las instituciones según los ejes estratégicos antes mencionados. Ahora bien, la política pública sectorial agropecuaria no hace énfasis por alguna actividad específica (por ejemplo: el culantro, el pepino, la uchuva, los garbanzos, etc.), ya que genera acciones que permean a todo el aparato productivo, por su parte, son las corporaciones productivas (entes públicos no estatales), quienes se avocan a la atención de sectores determinados, así definido por ley, no obstante, existen programas en el Sector Agropecuario enfocados por ejemplo a la reproducción y certificación semilla de calidad o de abastecimiento institucional que tienen un gran aporte en el componente de disponibilidad de alimentos, dichos programas se están fortaleciendo desde la política pública agropecuaria.   En lo que respecta a las importaciones de productos que usted menciona, antes se nos enseñaba que el agua era un recurso inagotable, hoy como sociedad somos conscientes de su importancia y protección, y desde el Sector Agropecuario no es la excepción, por ende, consideramos que su buen uso en una manera de protegerla, todo bajo un enfoque de sostenibilidad ampliado (económica, social y ambientalmente). Al ser Costa Rica un país de derecho, nos debemos de ajustar a los diferentes principios, dentro del que se encuentra el de debido proceso, por lo que, en caso de existir una aparente irregularidad en el cumplimiento de funciones por parte de un funcionario público, es mediante las investigaciones que realice el Ministerio Público que se recaben las pruebas correspondientes para que, sean los tribunales de justicia los que determinan la verdad real de los hechos, por lo que de requerirse u ordenarse algo relacionado a un proceso llevado en contra de algún funcionario del SENARA o cualquier institución que forme parte del sector agropecuario, se brindará la colaboración necesaria y de requerirse, se adoptaran las medidas que correspondan en su momento. Son varias las consultas planteadas, algunas que ya fueron respondidas con anterioridad por el SENARA, otras no me competen responderlas, por no tener la representación correspondiente para contestar en nombre del SENARA o LAICA, lo que no me permite a tener acceso a la información en la forma detallada en que usted lo solicita o por tratarse de asuntos meramente técnicos que le corresponde a las instituciones responder.  Pese a lo anterior, hasta donde me es posible le respondo a lo solicitado y lo insto a realizar las consultas que considere no fueron evacuadas a las instituciones correspondientes, no sin antes recordar que no es procedente, para el suscrito emitir juicios de valor o valoraciones subjetivas para dar respuestas a las preguntas realizadas. Anexos: Anexo 1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicios Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).  Anexo 2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) para la actualización del Estudio de Factibilidad y elaboración diseños preliminares del componente de agua potable del PAACUME, Guanacaste.  Anexo 3. CONV-SENARA-ICE-001-2024. “Convenio Interinstitucional para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras asociadas a la Generación Eléctrica del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).   Anexo 4. Contrato de Préstamo N° 2220 que financiará el “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)”, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Anexo 5. Oficio ORCR-70/2024. Anexo 6. Oficio: SENARA-GG-OFI-561-2024. Anexo 7. Oficio: SENARA-GG-OFI-680-2024. Anexo 8. Informe de respuesta enviado por el SENARA a la Sala Constitucional N°24-0260380007-CO. Fecha: 27 de setiembre del 2024.  Anexo 9. Ampliación de Informe de respuesta enviado por el SENARA a la Sala Constitucional N°24-0260380007-CO. Fecha: 23 de octubre del 2024. Anexo 10. Cronograma Licitación Mayor “Automatización de: Presa Miguel Pablo Dengo, Canal Oeste tramo I y Canal del Sur Tramo II del Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA”. Anexo 11. Oficios referentes al informe COPROCOM “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” y “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/ MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024”. Lo anterior le fue notificado al recurrente al correo electrónico confraternidad_gte@yahoo.com enviado el 12 de noviembre de 2024. Nótese que la actuación de la autoridad recurrida se llevó a cabo con posterioridad a que se le notificó la resolución de curso emitida dentro del presente recurso, lo cual se efectuó desde el 6 de noviembre de 2024. Por último la inconformidad con algunas de las respuestas brindadas por la autoridad recurrida es un extremo de legalidad que escapa al ámbito de competencia de esta jurisdicción.  En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso con fundamento en lo dispuesto en el numeral 52 párrafo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo.\n\nV.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\nVI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n        VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SFWEYF2U5YE61\n\nEXPEDIENTE N° 24-031038-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:43:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 35636 - 2024\n\nDate of Resolution: November 29, 2024 at 09:20\n\nCase File: 24-031038-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n\n\n\nResolution text\n\n\n\nCase File: 24-031038-0007-CO\n\nRes. No. 2024035636\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of November, two thousand twenty-four.\n\n Amparo appeal filed by GAD AMIT KAUFMAN, residence ID 137600015818, against the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By document submitted to the Chamber on November 4, 2024, the appellant files an amparo appeal and states that on September 18, 2024, he submitted a request to the respondent authority in which he indicated: \"1.- SENARA, the institution you chair, is IN DEFAULT by at least 1,769 million colones regarding the water use fee (canon de aprovechamiento de aguas) set by Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. This is recorded in OFICIO DA- 1857- 08-2022. So, what are you doing about this situation? Do you allow and support it? Do you personally assume the responsibility that this entails? (we attach document) 2.- Given that the DRAT of SENARA does not have a valid, registered, and current concession to use water, it is incurring in the CRIME of “usurpation of water” indicated in art. 226 of the Penal Code. As the head, what have you done or are you doing about this situation? Do you allow this irregularity to continue? Who is responsible for this situation? Have you filed complaints or administrative proceedings regarding this? 3.- Documentation has come into our hands that proves illegal conduct on the part of the\n\nGeneral Manager of SENARA. Mr. Osvaldo Quiros Arias maintains. We request from you copies of documents from the case. The other justification we have heard is that ICE would install an electricity generating plant at the PAACUME dam. Could you provide us with specific contracts regarding this important fact? 6.- Since the works of the PAACUME project have begun, we would appreciate you informing us about the form of contracting used for the works already underway. Are they by public tender? Via SICOP? Administrative contracting? We are especially interested in matters related to forest clearing (corta de bosque). Please attach a detailed list of the contracts executed, their amounts, contracted works, awardee, etc. We would also like to request a report on the funds invested so far in the PAACUME project, from its beginning to this moment. Indicating items, land purchases, studies, designs, procedures, salaries, activities, etc. 7.- The PAACUME project, according to its feasibility studies, IS NOT ECONOMICALLY VIABLE. The cosmetic makeover that you, as SENARA, want to give it by adding ICE and AyA and other baseless illusions and promises are essential to manage to rope in BCIE, the project financier, so that it makes the first disbursement. Could you prove to us that you have the approval (Visto Bueno) of this bank to start the project? Please provide us with a copy of a valid document as of August 2024 from BCIE where it agrees to make the disbursements of funds to finance the works. Otherwise, please provide us with concrete and detailed information on the requirements still missing to obtain the first disbursement. In the same vein, I request documents exchanged with the Ramsar Convention on Wetlands – regarding the impact on LOMAS DE BARBUDAL, where they, as experts, accept the proposal of the Government of Costa Rica to destroy 113 hectares of that RAMSAR site, registered as an internationally recognized protected area. 8.- One of the great doubts that you can help us clarify is, what concrete and proven benefits will the canton of Bagaces, where the project reservoir is being built, obtain from this? Provide the complete report of its operation for the year 2023. Including data on imported goods; data on exported goods; number of ships received; list of personnel working at that port, both from LAICA and state personnel for control, security, etc.; Audit report on this operation; tax return to Hacienda on the port operation. Please provide us with a copy of current contracts with INCOP. 14.- We kindly ask you to inform us if it is planned to install a scanner in those port facilities for import and export. 15.- Please confirm if you have visited that port, when, and what are your reports on such visits. 16.- We have seen reports that LAICA has imported alcohol to distill or refine it and then exported it. What benefits do these operations generate for the country? 17.- Mr. Minister, what volume of ETHANOL does LAICA produce? 18.- Is LAICA capable of supplying the country with ETHANOL for use in gasolines? 19.- Are there negotiations with RECOPE regarding the supply of ETHANOL? Please provide documentation on this matter. II) Moving away slightly from the sugar topic, there are repeated reports on the impact of intermediaries on the proper supply of agricultural products to consumers. These are basically the difference between the price the agricultural producer receives and the cost to the consumer. That is why we ask you: A+ What measures are you taking to control or eliminate unproductive intermediation? B+ Do you have an updated study on this topic? Please send us a copy of the latest study on the impact of intermediaries on crop management, product marketing, and consumer prices. C+ Have these large intermediaries been identified? Please provide us with a list of the 100 most important. D+ Which department of your ministry is tasked with combating this very serious problem? III) Are you and your family insured with the CCSS and do you use its services? Are you aware that your current employer, the Costa Rican STATE, is in default with the CCSS and that the money withheld from your salary to pay for that insurance is not transferred to the CCSS? What have you done about this? IV) One of the major problems of Costa Rica is informality and tax evasion. Is the agricultural sector one of the most evasive and informal? What are the statistics on these topics that you handle? V) Mr. Minister, according to the IMAE report for July, prepared by the Banco Central de Costa Rica (BCCR), July 2024 is the third month of the year that agricultural activity shows a decrease in production compared to the same month last year. A reduction in the production of coffee, onion, vegetables, bananas, and flowers causes this negative performance, which was moderately mitigated by the good performance of pineapple, mainly for shipments abroad. We would like to know: what is the policy of the MAG for each agricultural sector, especially differentiating what is FOOD SECURITY for the population from what is mere business, such as the export of pineapple and other products? Mainly, we consider that the export of pineapple, melon, bananas, mango, soursop, and similar fruits incurs an indirect export of water, since it is the main component of these fruits. What is your opinion on that? Pardon the length of this request for information, Mr. Minister. I assure you that we have left much unsaid to facilitate your prompt, very clear, and concrete response, accompanied by the respective evidence and documents.\" Despite the time elapsed, he claims that at the time this appeal was filed, he has not received a response.\n\n \n\n2.- By resolution at 15:31 hours on November 6, 2024, the process is initiated and reports are requested from the respondent authorities.\n\n 3.- Víctor Julio Carvajal Porras reports under oath, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, that by means of an official letter lacking a consecutive number or date reference sent to the email correspondenciaministro@mag.go.cr, an official letter signed electronically by Mr. GAD AMIT KAUFMAN was received on behalf of the Asociación Confraternidad Guanacasteca. In the aforementioned document, a series of questions and inquiries were made in my capacity as a member of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) and of the Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). In addition to the above, a series of inquiries were made requesting my personal opinion and the issuance of subjective judgments. Given the multitude of questions and inquiries, it was necessary to make the necessary consultations to be able to respond to the official letter sent, seeking previous responses where the appellant's inquiries had already been addressed by the representatives of SENARA. Once this Ministerial Office had the necessary inputs to draft the response to the appellant, through official letter DM-MAG- 1488-2024, dated November 12, 2024, and notified on the same day, what was consulted was addressed and the annexes were sent. Several of these annexes are official letters previously sent to the appellant in which his inquiries had already been answered by the corresponding representatives. As explained in the response letter, the appellant was reminded and re-sent information that had already been provided, and he was also guided on which entities he could request information from that does not correspond to my represented party, nor to the undersigned in a personal capacity to provide, since I do not have the corresponding representation to answer on behalf of institutions in which I only serve as one more member of the Board of Directors and do not have the detailed and technical information that the appellant intends to be provided. That what was requested by the appellant has already been addressed, thus fulfilling the petition presented, and considering that what was requested had already been answered by the corresponding representatives and that it is not appropriate for me to answer subjective questions or issue value judgments on matters that by law are the direct competence of public institutions, he requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- By document received at the Chamber's Secretariat on November 13, 2024, the appellant states that on October 12, 2024, he received an official letter from the respondent minister providing a response to the request he filed. That the inquiry was directed at him, who holds the positions of Minister of Agriculture, head of the entire agricultural sector and seats on the Boards of Directors of SENARA and LAICA. He is part of the presidential cabinet and the Executive Branch. It is his duty as minister to understand, issue directives, plan, and control the development of these sectors. In the case of SENARA, he is Chairman of its Board of Directors. In the case of LAICA, he is a mere member. Evidently, he is not doing it correctly and therefore is unaware of essential issues in his sector and does not adequately fulfill his\n\nobligations. Regarding point No. 1, Pronouncement No. C-218-2017 of September 22, 2017, from the Procuraduría General de la República has not been complied with by SENARA. That SENARA, as the collector in charge of billing, owes MINAE almost 2,000 million colones; however, the Minister did not respond to anything about that. Regarding point 2, no response is found in the minister's document, except for an outlandish legal interpretation that SENARA is above current laws. Even AyA, ESPH, ASADAS require a water concession from MINAE. Regarding point 3, in the face of the overwhelming proof that the Manager of SENARA violates the law, the head remains silent and backs him. He ignores that the legal system also provides the ADMINISTRATIVE ROUTE to impose disciplinary sanctions and dismissals. In point No. 4, the question was asked: \"Do you agree with continuing to subsidize large monoculture latifundia supplied with water by DRAT-SENARA?\" However, no response was provided on this matter. In point No. 5, a question was asked about the design of a drinking water component, a timeline, and concrete agreements with A y A. Mr. Carvajal 2 provides letters of intent between SENARA and ICAA (annexes 1 and 2). In these, SENARA commits to designing and proposing something in the future. That is, today there is nothing. He considers that the respondent Minister did not provide a timely response to the inquiry for weeks.\n\n5.- In the processing of the case, the prescriptions of the law have been observed.\n\n Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\n I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant mentions that in a document received on September 18, 2024, he requested the following from the respondent Minister: \"1.- SENARA, the institution you chair, is IN DEFAULT by at least 1,769 million colones regarding the water use fee (canon de aprovechamiento de aguas) set by Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. This is recorded in OFICIO DA- 1857- 08-2022. So, what are you doing about this situation? Do you allow and support it? Do you personally assume the responsibility that this entails? (we attach document) 2.- Given that the DRAT of SENARA does not have a valid, registered, and current concession to use water, it is incurring in the CRIME of “usurpation of water” indicated in art. 226 of the Penal Code. As the head, what have you done or are you doing about this situation? Do you allow this irregularity to continue? Who is responsible for this situation? Have you filed complaints or administrative proceedings regarding this? 3.- Documentation has come into our hands that proves illegal conduct on the part of the General Manager of SENARA. Mr. Osvaldo Quiros Arias maintains. We request from you copies of documents from the case. The other justification we have heard is that ICE would install an electricity generating plant at the PAACUME dam. Could you provide us with specific contracts regarding this important fact? 6.- Since the works of the PAACUME project have begun, we would appreciate you informing us about the form of contracting used for the works already underway. Are they by public tender? Via SICOP? Administrative contracting? We are especially interested in matters related to forest clearing (corta de bosque). Please attach a detailed list of the contracts executed, their amounts, contracted works, awardee, etc. We would also like to request a report on the funds invested so far in the PAACUME project, from its beginning to this moment. Indicating items, land purchases, studies, designs, procedures, salaries, activities, etc. 7.- The PAACUME project, according to its feasibility studies, IS NOT ECONOMICALLY VIABLE. The cosmetic makeover that you, as SENARA, want to give it by adding ICE and AyA and other baseless illusions and promises are essential to manage to rope in BCIE, the project financier, so that it makes the first disbursement. Could you prove to us that you have the approval (Visto Bueno) of this bank to start the project? Please provide us with a copy of a valid document as of August 2024 from BCIE where it agrees to make the disbursements of funds to finance the works. Otherwise, please provide us with concrete and detailed information on the requirements still missing to obtain the first disbursement. In the same vein, I request documents exchanged with the Ramsar Convention on Wetlands – regarding the impact on LOMAS DE BARBUDAL, where they, as experts, accept the proposal of the Government of Costa Rica to destroy 113 hectares of that RAMSAR site, registered as an internationally recognized protected area. 8.- One of the great doubts that you can help us clarify is, what concrete and proven benefits will the canton of Bagaces, where the project reservoir is being built, obtain from this? Provide the complete report of its operation for the year 2023. Including data on imported goods; data on exported goods; number of ships received; list of personnel working at that port, both from LAICA and state personnel for control, security, etc.; Audit report on this operation; tax return to Hacienda on the port operation. Please provide us with a copy of current contracts with INCOP. 14.- We kindly ask you to inform us if it is planned to install a scanner in those port facilities for import and export. 15.- Please confirm if you have visited that port, when, and what are your reports on such visits. 16.- We have seen reports that LAICA has imported alcohol to distill or refine it and then exported it. What benefits do these operations generate for the country? 17.- Mr. Minister, what volume of ETHANOL does LAICA produce? 18.- Is LAICA capable of supplying the country with ETHANOL for use in gasolines? 19.- Are there negotiations with RECOPE regarding the supply of ETHANOL? Please provide documentation on this matter. II) Moving away slightly from the sugar topic, there are repeated reports on the impact of intermediaries on the proper supply of agricultural products to consumers. These are basically the difference between the price the agricultural producer receives and the cost to the consumer. That is why we ask you: A+ What measures are you taking to control or eliminate unproductive intermediation? B+ Do you have an updated study on this topic? Please send us a copy of the latest study on the impact of intermediaries on crop management, product marketing, and consumer prices. C+ Have these large intermediaries been identified? Please provide us with a list of the 100 most important. D+ Which department of your ministry is tasked with combating this very serious problem? III) Are you and your family insured with the CCSS and do you use its services? Are you aware that your current employer, the Costa Rican STATE, is in default with the CCSS and that the money withheld from your salary to pay for that insurance is not transferred to the CCSS? What have you done about this? IV) One of the major problems of Costa Rica is informality and tax evasion. Is the agricultural sector one of the most evasive and informal? What are the statistics on these topics that you handle? V) Mr. Minister, according to the IMAE report for July, prepared by the Banco Central de Costa Rica (BCCR), July 2024 is the third month of the year that agricultural activity shows a decrease in production compared to the same month last year. A reduction in the production of coffee, onion, vegetables, bananas, and flowers causes this negative performance, which was moderately mitigated by the good performance of pineapple, mainly for shipments abroad. We would like to know: what is the policy of the MAG for each agricultural sector, especially differentiating what is FOOD SECURITY for the population from what is mere business, such as the export of pineapple and other products? Mainly, we consider that the export of pineapple, melon, bananas, mango, soursop, and similar fruits incurs an indirect export of water, since it is the main component of these fruits. What is your opinion on that? Pardon the length of this request for information, Mr. Minister. I assure you that we have left much unsaid to facilitate your prompt, very clear, and concrete response, accompanied by the respective evidence and documents.\" He complains that as of the date this appeal was filed, the respondent authority had not provided a response to the request he submitted.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of relevance to resolve this amparo appeal, the following are considered accredited:\n\na)     By document received on September 18, 2024, the appellant requested the following from the respondent Minister: \"1.- SENARA, the institution you chair, is IN DEFAULT by at least 1,769 million colones regarding the water use fee (canon de aprovechamiento de aguas) set by Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. This is recorded in OFICIO DA- 1857- 08-2022. So, what are you doing about this situation? Do you allow and support it? Do you personally assume the responsibility that this entails? (we attach document) 2.- Given that the DRAT of SENARA does not have a valid, registered, and current concession to use water, it is incurring in the CRIME of “usurpation of water” indicated in art. 226 of the Penal Code. As the head, what have you done or are you doing about this situation? Do you allow this irregularity to continue? Who is responsible for this situation? Have you filed complaints or administrative proceedings regarding this? 3.- Documentation has come into our hands that proves illegal conduct on the part of the General Manager of SENARA. Mr. Osvaldo Quiros Arias maintains. We request from you copies of documents from the case. The other justification we have heard is that ICE would install an electricity generating plant at the PAACUME dam. Could you provide us with specific contracts regarding this important fact? 6.- Since the works of the PAACUME project have begun, we would appreciate you informing us about the form of contracting used for the works already underway. Are they by public tender? Via SICOP? Administrative contracting? We are especially interested in matters related to forest clearing (corta de bosque). Please attach a detailed list of the contracts executed, their amounts, contracted works, awardee, etc. We would also like to request a report on the funds invested so far in the PAACUME project, from its beginning to this moment. Indicating items, land purchases, studies, designs, procedures, salaries, activities, etc. 7.- The PAACUME project, according to its feasibility studies, IS NOT ECONOMICALLY VIABLE. The cosmetic makeover that you, as SENARA, want to give it by adding ICE and AyA and other baseless illusions and promises are essential to manage to rope in BCIE, the project financier, so that it makes the first disbursement. Could you prove to us that you have the approval (Visto Bueno) of this bank to start the project? Please provide us with a copy of a valid document as of August 2024 from BCIE where it agrees to make the disbursements of funds to finance the works. Otherwise, please provide us with concrete and detailed information on the requirements still missing to obtain the first disbursement. In the same vein, I request documents exchanged with the Ramsar Convention on Wetlands – regarding the impact on LOMAS DE BARBUDAL, where they, as experts, accept the proposal of the Government of Costa Rica to destroy 113 hectares of that RAMSAR site, registered as an internationally recognized protected area. 8.- One of the great doubts that you can help us clarify is, what concrete and proven benefits will the canton of Bagaces, where the project reservoir is being built, obtain from this? Provide the complete report of its operation for the year 2023. Including data on imported goods; data on exported goods; number of ships received; list of personnel working at that port, both from LAICA and state personnel for control, security, etc.; Audit report on this operation; tax return to Hacienda on the port operation. Please provide us with a copy of current contracts with INCOP. 14.- We kindly ask you to inform us if it is planned to install a scanner in those port facilities for import and export. 15.- Please confirm if you have visited that port, when, and what are your reports on such visits. 16.- We have seen reports that LAICA has imported alcohol to distill or refine it and then exported it. What benefits do these operations generate for the country? 17.- Mr. Minister, what volume of ETHANOL does LAICA produce? 18.- Is LAICA capable of supplying the country with ETHANOL for use in gasolines? 19.- Are there negotiations with RECOPE regarding the supply of ETHANOL? Please provide documentation on this matter. II) Moving away slightly from the sugar topic, there are repeated reports on the impact of intermediaries on the proper supply of agricultural products to consumers. These are basically the difference between the price the agricultural producer receives and the cost to the consumer. That is why we ask you: A+ What measures are you taking to control or eliminate unproductive intermediation? B+ Do you have an updated study on this topic? Please send us a copy of the latest study on the impact of intermediaries on crop management, product marketing, and consumer prices. C+ Have these large intermediaries been identified? Please provide us with a list of the 100 most important. D+ Which department of your ministry is tasked with combating this very serious problem? III) Are you and your family insured with the CCSS and do you use its services? Are you aware that your current employer, the Costa Rican STATE, is in default with the CCSS and that the money withheld from your salary to pay for that insurance is not transferred to the CCSS? What have you done about this? IV) One of the major problems of Costa Rica is informality and tax evasion. Is the agricultural sector one of the most evasive and informal? What are the statistics on these topics that you handle? V) Mr. Minister, according to the IMAE report for July, prepared by the Banco Central de Costa Rica (BCCR), July 2024 is the third month of the year that agricultural activity shows a decrease in production compared to the same month last year. A reduction in the production of coffee, onion, vegetables, bananas, and flowers causes this negative performance, which was moderately mitigated by the good performance of pineapple, mainly for shipments abroad. We would like to know: what is the policy of the MAG for each agricultural sector, especially differentiating what is FOOD SECURITY for the population from what is mere business, such as the export of pineapple and other products? Mainly, we consider that the export of pineapple, melon, bananas, mango, soursop, and similar fruits incurs an indirect export of water, since it is the main component of these fruits. What is your opinion on that? Pardon the length of this request for information, Mr. Minister. I assure you that we have left much unsaid to facilitate your prompt, very clear, and concrete response, accompanied by the respective evidence and documents.\" He indicated the email address: confraternidad_gte@yahoo.com as the means for receiving notifications (filing document).\n\nb)     That the initiation resolution issued within this appeal was notified to the respondent Minister on November 6, 2024 (digital case file).\n\nc)     In official letter DM-MAG-1488-2024 of November 12, 2024, the Minister of Agriculture stated to the appellant: \"I proceed to respond to your official letter, unidentifiable by letter number or date, as it lacks those references. I do not ignore the rights you claim to have access to public information; however, you must consider that directors, in this case the undersigned in my capacity as chairman of the Board of Directors (Junta Directiva) of SENARA, do not have the authority to respond on behalf of the institution, nor on behalf of the Collegiate Body to which I belong, since the responses and criteria issued must represent the criteria and will taken in approved agreements. In this regard, Law number 6877 of July 18, 1983, which Creates SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), establishes in its articles 5 and 6 the composition of the Board of Directors and its function. The legal representation of the Institution, based on what is established in article 7 of Decreto Ejecutivo number 16277 of April 24, 1985, lies with the General Manager, so it is his responsibility to respond both judicially and administratively on behalf of the institution. As explained, I am part of a Board of Directors, so it is not appropriate to issue personal criteria, as you request in several points of your letter, to refer to official positions of SENARA or the Board of Directors to which I belong. I am just one more director, who, regardless of my personal criteria, must respect the results of the votes taken and which are the means by which the Board of Directors makes agreements. Notwithstanding the foregoing and in order to clarify, to the extent possible (by competence and access to data), reference is made to each of the points related to the Proyecto Agua para la Bajura-PAACUME (Points: 1 and 2 (partial), 5, 6, 7, 8, 9 and 10, of your document. On the matter of the payment of the water use fee, what existed was a discussion between SENARA and MINAE on the obligation or not of SENARA to pay that fee, for which MINAE requested a binding opinion (criterio vinculante) from the Procuraduría General de la República, which has already resolved the dispute, concluding that SENARA is not the taxable subject (sujeto pasivo) for the payment of said obligation, and this is recorded in the opinion (criterio) of said Procuraduría number C-218-2017 dated September 22, 2017, where it is stated: “16.\n\nTo the extent that the taxable person for the water use fee (canon) is the user of the irrigation district, as the ultimate beneficiary of the water, and not SENARA, the discussion as to whether said entity has a special rule granting it an exemption from the aforementioned fee is irrelevant, and therefore, neither the fifth paragraph of Article 70 of the Water Law (Ley de Aguas) nor Article 15 of Law No. 7096 of June 27, 1988, is applicable to this matter.” Indeed, it is not SENARA that must pay the fee, but rather the irrigation users. As things stand, no such debt exists on the part of SENARA to MINAE. Additionally, even in the hypothetical case that SENARA fell within the factual assumptions that would make the payment of the fee enforceable, Article 15 of Law No. 7096 exempts SENARA from the payment of fees for the acquisition of goods and services related to the execution of the Arenal-Tempisque Irrigation Project (Proyecto de Riego Arenal-Tempisque), which states: “Article 15.- The National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) is granted exemption from all taxes, stamps, levies, surcharges, fees, and customs duties, in accordance with the Central American Import Tariff, Law No. 7017 of December 16, 1985, as well as exemption from wharfage and registration fees, for the acquisition of goods and services related to the execution of the Arenal-Tempisque Irrigation Project.” The PAACUME project, from its formulation, considered the comprehensive use of water resources, aiming to generate electricity, distribute raw water to boost the development of agricultural activities, provide water for irrigation in tourist areas (in order to relieve the stress of over-exploitation of the aquifers in the benefited area), in addition to reserving a significant flow for the treatment and distribution of water for human consumption. Due to this last point, since 2023, approaches have been made with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA) to propose working on the potable water component of PAACUME jointly, obtaining from them a demand study within the region that would be supplied by this component, prioritizing systems that are currently in deficit, as well as a preliminary design of the water conveyance system from the Pagayo sector in the north to Playa Sámara in the south, passing through the communities of Palmira, Filadelfia, Santa Cruz, and Nicoya, all within the framework of the Framework Inter-Institutional Cooperation Agreement between the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), signed in July 2023. (Annex 1)\n\nSubsequently, in July 2024, another agreement was signed with AyA called the Specific Inter-Institutional Cooperation Agreement between the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) for the update of the Feasibility Study and preparation of preliminary designs for the potable water component of PAACUME, Guanacaste, through which the activities and actions that each institution will execute for the development of the feasibility and designs of the potable water component are defined. There is a preliminary schedule describing each of these tasks with assigned responsible parties; however, it is in the review stage. (Annex 2)\n\nRegarding what you indicate in your official letter concerning the installation of an electricity generation plant at the PAACUME dam, we confirm that in July 2024, ICE and SENARA signed Agreement CONV-SENARA-ICE-001-2024 “Inter-Institutional Agreement for the Construction, Operation, and Maintenance of the Works Associated with the Electric Power Generation of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME),” which confirms ICE's specific participation with its own institutional investment, the details of which can be consulted in Annex 3 of this document.\n\nThe activities carried out to date at PAACUME are associated with the enabling of temporary facilities and complementary works required by the ICE-PAACUME Consulting Unit, contracted through Contract 02220: Contracting of Consulting Services for the Management Directorate, Water Supply System Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME), contracted under CABEI's procurement policies. Likewise, preliminary works have begun, included within Agreement CONV-SENARA-ICE-001-2024 signed between ICE and SENARA (Annex 3), which include tree felling, necessary to initiate the main works of PAACUME, which will be executed through bidding processes, whose tender documents are scheduled to begin publication in 2025.\n\nTo date, the active Contracts and Agreements of the Project are detailed (two tables were attached).\n\nIn May 2022, through Law No. 10230, Loan Contract No. 2220 was approved, which will finance the “Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME),” signed between the Republic of Costa Rica and the Central American Bank for Economic Integration (Banco Centroamericano de Integración Económica, CABEI). For further detail, you may consult Annex 4 of this document.\n\nIn accordance with the Loan Contract established with CABEI, and according to the review of requirements for the first disbursement defined by CABEI in official letter ORCR-70/2024 (Annex 5), the process of submitting requirements is underway to apply for the first disbursement, according to the requirements established by CABEI.\n\nRegarding the inquiry made, the submission of the modification of the RAMSAR wetland area, due to the project's own work activities at the works level for PAACUME, was presented to SINAC, as the entity in charge of regulating environmental matters in Costa Rica, for its consultation with the RAMSAR Commission. This, in turn, responded locally and with advice from the RAMSAR entity that various points needed to be addressed to make the modifications in question, among which can be mentioned:\n\n| --- | --- |\n| •              | Study of ecosystems similar to the areas to be intervened due to the effects of flooding. This study was included within the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of PAACUME and was carried out by the Organization for Tropical Studies (Organización de Estudio Tropicales, OET). |\n| •              | Hydrogeological study of the impact area of the PAACUME project, on the wetland recharge zone. This study is in the preparation phase by the SENARA Hydrogeology work team (DIGH), in coordination with SINAC. |\n| •              | Purchase of compensation lands to fully cover the area to be intervened, so that all ecosystems are replaced. The lands have currently been identified, are in the expropriation process at the legal level, with possession taken of a percentage of the area and the rest paid into the court. |\n\nThe Río Piedras reservoir, which will be built as part of the PAACUME project, consists of one of the components that will be generated as a result of the project's construction works, specifically by a dam structure at the crossing between the Canal Oeste Tramo II (current) and the Río Piedras. This reservoir will have a footprint of 850 ha of water surface at its maximum level, which, it should be noted, will fluctuate throughout the year depending on the availability of the resource and its demand downstream, and according to the defined uses for the impounded water. The reservoir level will fluctuate between elevations 48.5 masl and 35 masl.\n\nThe PAACUME project does not consist solely of transferring water to the right bank of the Tempisque River, where a new canal network is intended to be established and the reach of the irrigation district expanded, but also, through the construction of the reservoir, it aims to increase water availability over time, offering more constant flows to users located downstream of the dam (many of whom have benefited from this irrigation service for 30 years). This, in turn, will allow for the revitalization of the development of the canton of Bagaces, generating more accessibility to available water for the implementation of agricultural activities for current users, improvement of existing roads, implementation of socio-environmental works for the communities within the project's area of influence, and it will be a source of direct and indirect employment for residents of the canton of Bagaces.\n\nThe timber that has been felled to date, according to the permits granted by SINAC, is within the project area, in temporary storage sites guarded by it. To date, no timber has been delivered to any entity. As you were already informed by SENARA in official letter SENARA-GG-OFI-561-2024, the felling has been the responsibility of ICE, as part of the activities associated with the enabling of temporary facilities for the ICE-PAACUME Consulting Unit and the preliminary activities related to Agreement CONV-SENARA-ICE-001-2024 signed between ICE and SENARA.\n\nFor further reference or broader detail on your inquiry, I suggest you refer to what has already been answered to you in official letters: SENARA-GG-OFI-561-2024 (Annex 6) and SENARA-GG-OFI-680-2024 (Annex 7), and in the reports sent by SENARA to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) responding to the amparo appeals filed by you, both from 2024. (Annexes 8 and 9)\n\nToday, in Costa Rica and the world, agricultural farms depend on private producers, who work at the country's food base and receive the benefits on their own account. Irrigation systems within their farms, their use, and optimization depend exclusively on agricultural producers, who are empowered to make or not make the initial investments within their farms, because these systems are quite costly, both in their initial investment and in their operation and maintenance.\n\nFor its part, from water sources with sufficient quality and availability throughout the year, irrigation districts have the possibility of expanding their services and their diversification. Based on this, the DRAT is in a process of automating gates that would enable the release of underground sources in the future, while the required cultural transition takes place, an important basis for the release of underground sources, as part of the specific objectives that the DRAT and the PAACUME project currently have.\n\nOn the SICOP platform, you can access procedure 2024LY-000001-0018800002, where information regarding the Major Tender “Automation of: Miguel Pablo Dengo Dam, Canal Oeste Tramo I and Canal del Sur Tramo II of the Arenal Tempisque Irrigation District, SENARA” is found, and additionally, the schedule associated with said procedure is provided in (Annex 10).\n\nWith respect to your inquiry about the charges made for the irrigation fee (canon de riego), it is my duty to remind you that the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP) is the one responsible for harmonizing the needs of users or consumers with the interests of the providers and ensuring that these services are provided optimally (quality, continuity, timeliness, reliability, and price). Therefore, it is not appropriate for me to refer to matters that are the competence of an Institution created by Law and that has among its purposes what you have inquired about, it being correct that you direct the corresponding inquiry to that Institution.\n\nRegarding my position on the COPROCOM study, I inform you that there are two official letters in which our official and joint pronouncement is stated, signed by the ministers of Economy, Industry and Commerce, Ministry of Health, Foreign Trade, and Agriculture and Livestock. Therefore, official letters “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM-OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” and “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/ MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024” are attached, so that you may have knowledge of what was stated. (Annex 11)\n\nBoth the undersigned, in my capacity as Minister, and Mr. Julián Arias Varela, in his capacity as Vice Minister, do not receive any type of per diem or stipend for belonging to the Board of Directors of LAICA.\n\nYou request through this means that I make a value judgment, which is not appropriate for me to make. What is appropriate is to inform you that Law number 7818 of September 2, 1998, establishes that the Agricultural Industrial League of Sugar Cane (Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar) will be subject to public law in the exercise of its powers and duties of authority; and to private law in the exercise of marketing activities and other business activities assigned to it by this law. Marketing activities are defined as: marketing alcohol, sugar, molasses, and other byproducts of the industrialization of sugar cane, when so agreed by the Corporation with national industrialists or when it acquires them from other sources. The League will have two divisions: the Corporate Division, which will be governed, essentially, by Public Law, and the Marketing Division, which will be governed by Private Law. The first is under the charge of the Board of Directors and the second under the Marketing Council.\n\nAs with points explained previously, you request information from this Ministerial Office that corresponds to be provided by the administration and legal representation of the Institution that manages the port of Punta Morales. As a member of the Board of Directors that I am, I do not possess all the details requested by you, so I respectfully suggest that you direct the inquiry to the Executive Directorate of LAICA, which, by competence, is the one that can have the required information and determine which information can be provided to you as being of a public nature.\n\nRegarding the scanner issue, it will not be until the obstacles put forth by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) are resolved that the evaluation of the conditions and locations in which they will operate can continue.\n\nI inform you that neither the undersigned, nor Vice Minister Julián Arias Varela, have had the opportunity to visit the port facilities managed by LAICA in Punta Morales, so we have no type of report that we can provide you,\" however, we do not rule out the possibility of visiting the site.\n\nRegarding your questions about the import of alcohol and its export, its benefit to the country, the volume of Ethanol production, LAICA's capacity to supply it to the country, and eventual negotiations with RECOPE, I urge you to direct these questions to the Executive Directorate of LAICA, which, as explained previously, is the one that has the information and competence to address your requirements. I reiterate that the undersigned is only one more member of that Board of Directors, so it is not up to me to be able to give substantiated and well-founded answers to your questions.\n\nRegarding inquiries about intermediation, I inform you that it is the Ministry of Economy, Industry and Commerce that regulates that activity, so it is under its powers and attributions that the different marketing margins are set. Therefore, it is appropriate that you direct your inquiries to that Ministry, so that they can clear up your doubts.\n\nRegarding your inquiry about whether I am insured by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS), I inform you that, as a public official, I earn a salary that is subject to deductions and withholdings, just as the salaries of other officials of the Ministry of Agriculture and Livestock are. I consider it important to inform you that this Ministry is completely up to date in the payment of its obligations to the CCSS and the other institutions with which there are obligations corresponding to social charges, with which I consider your inquiry addressed.\n\nRegarding your opinion and inquiry about informality and tax evasion, I recommend that you direct that inquiry to the Ministry of Finance, since it is the one responsible by law for attending to matters related to its powers, among which is tax evasion and, should it occur, keeping the corresponding statistics and projections.\n\nRegarding your inquiry about the MAG's policy for each agricultural sector, I inform you that the Ministry of Agriculture and Livestock published in January 2023 the Public Policy for the Costa Rican Agricultural Sector 2023-2032, in order to guide the actions of the institutions of the Agricultural Sector in 4 strategic axes: modernization of institutions, promotion of competitiveness, productivity and sustainability, and, added value and commercialization. Likewise, said policy has a sectoral plan that operationalizes the actions of the institutions according to the aforementioned strategic axes. Now, the public agricultural sector policy does not emphasize any specific activity (for example: coriander, cucumber, cape gooseberry, chickpeas, etc.), as it generates actions that permeate the entire productive apparatus. For their part, it is the productive corporations (public non-state entities) that address the needs of specific sectors, as defined by law. However, there are programs in the Agricultural Sector focused, for example, on the reproduction and certification of quality seeds or institutional supply, which have a significant contribution to the food availability component; these programs are being strengthened through the public agricultural policy.\n\nWith regard to the imports of products you mention, we were previously taught that water was an inexhaustible resource; today, as a society, we are aware of its importance and protection, and from the Agricultural Sector, it is no exception. Therefore, we consider that its good use is a way to protect it, all under a broadened sustainability focus (economically, socially, and environmentally).\n\nAs Costa Rica is a country of law, we must adhere to different principles, among which is that of due process. Therefore, in the event of an apparent irregularity in the performance of duties by a public official, it is through investigations carried out by the Public Prosecutor's Office that the corresponding evidence is gathered so that the courts of justice determine the real truth of the facts. Therefore, if something related to a process brought against an official of SENARA or any institution that forms part of the agricultural sector is required or ordered, the necessary collaboration will be provided and, if required, the appropriate measures will be adopted at the time.\n\nThere are several inquiries raised, some that were already answered previously by SENARA, others that it is not my responsibility to answer, for not having the corresponding representation to answer on behalf of SENARA or LAICA, which does not allow me to have access to the information in the detailed manner you request, or because they are purely technical matters that it is up to the institutions to answer. Despite the foregoing, to the extent possible, I respond to what was requested and urge you to direct inquiries that you consider were not resolved to the corresponding institutions, not without first recalling that it is not appropriate for the undersigned to issue value judgments or subjective assessments to give answers to the questions asked.\n\nAnnexes: Annex 1. Framework Inter-Institutional Cooperation Agreement between the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). Annex 2. Specific Inter-Institutional Cooperation Agreement between the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) for the update of the Feasibility Study and preparation of preliminary designs for the potable water component of PAACUME, Guanacaste. Annex 3. CONV-SENARA-ICE-001-2024. “Inter-Institutional Agreement for the Construction, Operation, and Maintenance of the Works Associated with the Electric Power Generation of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME). Annex 4. Loan Contract No. 2220 that will finance the “Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME),” signed between the Republic of Costa Rica and the Central American Bank for Economic Integration (BCIE). Annex 5. Official letter ORCR-70/2024. Annex 6. Official letter: SENARA-GG-OFI-561-2024. Annex 7. Official letter: SENARA-GG-OFI-680-2024. Annex 8. Response report sent by SENARA to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 24-0260380007-CO. Date: September 27, 2024. Annex 9. Extension of Response report sent by SENARA to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 24-0260380007-CO. Date: October 23, 2024. Annex 10. Schedule Major Tender “Automation of: Miguel Pablo Dengo Dam, Canal Oeste Tramo I and Canal del Sur Tramo II of the Arenal Tempisque Irrigation District, SENARA”. Annex 11. Official letters referring to the COPROCOM report “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” and “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/ MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024”. The foregoing was notified to the appellant at the email address confraternidad_gte@yahoo.com sent on November 12, 2024 (report of the appealed authority).\n\nIII.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the appealed authorities, with the consequences, even criminal, provided for in numeral 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), an infringement of the fundamental rights of the appellant is accredited, based on the considerations set forth below. In this regard, it is accredited that in a writing received on September 18, 2024, the appellant requested the following from the appealed Minister: \"1.- SENARA, the institution you preside over, is DELINQUENT by at least 1,769 million colones in what corresponds to the water use fee (canon de aprovechamiento de aguas) established by Decreto Ejecutivo 32868-MINAE. This is recorded in OFFICIAL LETTER DA- 1857- 08-2022. So, what do you do about this situation? Do you allow and support it? Do you personally assume the responsibility this entails? (we attach document) 2.- Given that the DRAT of SENARA does not have a valid, registered, and current concession to use water, it is incurring the CRIME of “usurpation of waters” indicated in Art. 226 of the Penal Code. As head of the institution, what have you done or are you doing about this situation? Do you allow this irregularity to continue? Who is responsible for this situation? Have you filed complaints or administrative processes in this regard? 3.- Documentation has come into our hands that proves illegal conduct on the part of the General Manager of SENARA. Mr. Osvaldo Quiros Arias maintains. We request from you copies of the documents of the case. The other justification we have heard from you is that ICE will install an electricity generation plant at the PAACUME dam. Could you provide us with specific contracts regarding this important fact? 6.- As the works of the PAACUME project began, we would appreciate being informed of the contracting method used for the works already underway. Are they by tender? Via SICOP? Administrative contracting? We are especially interested in matters related to forest logging. Please attach a detailed list of the contracts made, their amounts, contracted works, awardee, etc. We would also like to request a report on the money invested so far in the PAACUME project, from its inception to this moment. Indicating items, land purchase, studies, designs, procedures, salaries, activities, etc. 7.- The PAACUME project, according to its feasibility studies, IS NOT ECONOMICALLY VIABLE. The make-up that you, as SENARA, want to give it, adding ICE and AyA and other unsupported illusions and promises, are essential to manage to rope in CABEI, the project financier, so that it makes the first disbursement. Could you prove to us that you have the Approval of this bank to start the project? Please provide us with a copy of a valid document as of August 2024 from CABEI where it agrees to make the money disbursements to finance the works. Otherwise, please provide us with specific and detailed information on the requirements still missing to obtain the first disbursement. In the same vein, I request documents exchanged with the Ramsar Convention on Wetlands – regarding the impact on LOMAS DE BARBUDAL, where they, as experts, accept the proposal of the Government of Costa Rica to destroy 113 hectares of that RAMSAR site, registered as an internationally recognized protected area. 8.- One of the great doubts that you can help us clarify is, what specific and proven benefits will the canton of Bagaces, where the project reservoir is being built, obtain from this contribution, a complete report of its operation for the year 2023? Including data on imported goods; data on exported goods; number of vessels received; list of personnel working at that port, both from LAICA and state personnel, control, security, etc.; Audit report on this operation; income tax return to the Ministry of Finance on the port operation. Please provide us with a copy of current contracts with INCOP. 14.- We kindly request you inform us if you plan to install scanners at those import and export port facilities. 15.- Please confirm if you have visited that port, when, and what your reports on such visits are. 16.- We have seen reports that LAICA has imported alcohol to distill or refine it and re-export it. What benefits do these operations generate for the country? 17.- Mr. Minister, what volume of ETHANOL does LAICA produce? 18.- Is LAICA capable of supplying the country with ETHANOL for use in gasoline? 19.- Are there negotiations with RECOPE on the supply of ETHANOL? Please provide documentation on the subject. II) Departing a little from the sugar topic, there are repeated reports on the impact of intermediaries on the due supply of agricultural products to consumers. These are basically the difference between the price the agricultural producer receives and the cost to the consumer. Therefore, we ask you: A+ What measures are you taking to control or eliminate unproductive intermediation? B+ Do you have an updated study on this topic? Please provide us with a copy of the latest study on the incidence of intermediaries in the handling of crops, product commercialization, and consumer prices. C+ Are these large intermediaries individualized? Please provide us with a list of the 100 most important. D+ Which unit of your ministry works on combating this very serious problem? III) Are you and your family insured by the CCSS and do you use its services? Are you aware that your current employer, the Costa Rican STATE, is delinquent with the CCSS and that the money it deducts from your salary to pay for that insurance is not transferred to the CCSS? What have you done in this regard? IV) One of Costa Rica's major problems is informality and tax evasion. Is the agricultural sector one of the most evasive and informal? What are the statistics on these issues that you handle? V) Mr. Minister, according to the IMAE report for July, prepared by the Central Bank of Costa Rica (BCCR), July 2024 is the third month of the year that agricultural activity shows a decline in production, when compared to the same month last year. A reduction in the production of coffee, onion, vegetables, banana, and flowers causes this negative performance, which was moderately mitigated by the good behavior of pineapple, mainly for foreign shipments. We would like to know: what is the MAG's policy for each agricultural sector, differentiating especially what is FOOD SECURITY for the population from what is mere business, such as the export of pineapple and other products? Mainly, we consider that the export of pineapple, melon, bananas, mango, soursop, and similar items incurs an indirect export of water, as it is the largest component of those fruits. What do you think about that? Excuse me, Mr. Minister, for the length of this request for information. I assure you that we leave much unsaid, to facilitate your prompt, very clear, and specific response, accompanied by the respective evidence and documents\". He indicated the email address: confraternidad_gte@yahoo.com as the means for receiving notifications.\n\nSubsequently, in official letter DM-MAG-1488-2024 of November 12, 2024, the Minister of Agriculture indicated to the appellant: “I proceed to respond to your official letter, not identifiable by official letter number or date, since it lacks these references. I am not unaware of the rights you state assist you to have access to public information; however, you must consider that the directors, in this case the undersigned in my capacity as president of the Board of Directors of SENARA, do not have the power to respond on behalf of the institution, nor of the Collegiate Body to which I belong, given that the responses and criteria issued must represent the criteria and wills adopted in approved agreements.\n\nIn this regard, Law number 6877 of July 18, 1983, which created SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), establishes in its Articles 5 and 6 the composition of the Board of Directors and its function. The legal representation of the Institution, based on what is established in Article 7° of Executive Decree number 16277 of April 24, 1985, is held by the General Manager, and therefore it is his responsibility to respond both judicially and administratively on behalf of the institution. As explained, I am part of a Board of Directors, so it is not appropriate to issue personal opinions, as you request in several points of your communication, to refer to official positions of SENARA or the Board of Directors to which I belong. I am one more director, who, regardless of my personal opinions, must respect the results of the votes that are held and are the means by which the Board of Directors adopts agreements. However, notwithstanding the foregoing, and in order to clarify, to the extent of my ability (due to competence and access to data), reference is made to each of the points related to the Proyecto Agua para la Bajura-PAACUME (Points: 1 and 2 (partial), 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of your writing. Regarding the issue of payment of the water abstraction fee (canon de aprovechamiento de agua), what existed was a discussion between SENARA and MINAE regarding the obligatory nature, or not, of SENARA paying said fee, for which MINAE requested a binding opinion from the Procuraduría General de la República, which has already resolved the dispute, concluding that SENARA is not the taxable person (sujeto pasivo) of said obligation, as stated in the opinion of said Procuraduría number C-218-2017 dated September 22, 2017, which indicates: “16. To the extent that the taxable person of the fee is the user of the irrigation district, as the ultimate beneficiary of the water, and not SENARA, the discussion about whether or not said entity has a special rule granting it an exemption on the referred fee is of no interest, and therefore, neither the fifth paragraph of Article 70 of the Ley de Aguas, nor Article 15 of Law No. 7096 of June 27, 1988, is applicable to the species.” Indeed, it is not SENARA that must pay the fee, but the irrigation users. Thus, said debt from SENARA to MINAE does not exist. Additionally, even in the hypothetical case that SENARA fell within the factual assumptions that would make the payment of the fee enforceable, Article 15 of Law No. 7096 exempts SENARA from the payment of fees for the acquisition of goods and services related to the execution of the Proyecto de Riego Arenal-Tempisque, which states: “Article 15.- The Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) is granted exemption from all taxes, stamps, rates, surcharges, fees, and customs duties, in accordance with the Central American Import Tariff, Law No. 7017 of December 16, 1985, as well as exemption from wharfage and registration fees, for the acquisition of goods and services related to the execution of the Proyecto de Riego Arenal-Tempisque.” The PAACUME project, from its formulation, considered the use of the water resource comprehensively, aiming to generate electricity, distribute raw water to enhance the development of agricultural activities, provide water for irrigation of tourist areas (in order to relieve the stress of over-exploitation of the aquifers in the benefited area), in addition to reserving a significant flow for the treatment and distribution of water for human consumption. For this latter reason, since 2023, approaches have been made with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) to propose working on the potable water component of PAACUME jointly, obtaining from them a demand study within the region that would be supplied by this component, prioritizing systems that are currently in deficit, in addition to a preliminary design of the water conveyance system from the Pagayo sector in the north to Playa Sámara in the south, passing through the communities of Palmira, Filadelfia, Santa Cruz, and Nicoya, the foregoing within the framework of the Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional between the Servicios Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) and El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), signed in July 2023. (Anexo 1) Subsequently, in July 2024, another agreement was signed with AyA called Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional between the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) for the update of the Feasibility Study and preparation of preliminary designs for the potable water component of PAACUME, Guanacaste, through which the activities and actions to be executed by each institution for the development of the feasibility and designs of the potable water component are defined. There is a preliminary schedule describing each of these tasks with assignment of responsible parties, however, it is under review. (Anexo 2) In relation to what you indicate in your communication regarding the installation of an electricity generating plant at the PAACUME dam, we confirm that in July 2024, ICE and SENARA signed the Agreement CONV-SENARA-ICE-001-2024 \"Convenio Interinstitucional para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras asociadas a la Generación Eléctrica del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).\", which confirms the specific participation of ICE with its own institutional investment, the detail of which you can consult in Anexo 3 of this document. The activities carried out to date on PAACUME are associated with the enabling of temporary facilities and complementary works required by the Unidad Consultora ICE-PAACUME, contracted through Contract 02220: Contratación Servicios de Consultoría para la Dirección Gestora, Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), contracted under BCIE procurement policies. Likewise, preliminary works included within the Agreement CONV-SENARA-ICE-001-2024 signed between ICE and SENARA (Anexo 3) have begun, which include tree felling, necessary to start the main works of PAACUME, which will be executed through public tender processes, the tender documents for which are scheduled to begin publication in 2025. To date, the active Contracts and Agreement of the Project are detailed (two tables were attached). In May 2022, through Law No. 10230, the Loan Contract No. 2220 was approved, which will finance the \"Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)\", signed between the Republic of Costa Rica and the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). For greater detail, you may consult anexo 4 of this document. In accordance with the Loan Contract established with BCIE, and according to the review of requirements for the first disbursement defined by BCIE in communication ORCR-70/2024 (Anexo 5), the process of submitting requirements is underway to apply for the first disbursement, according to the requirements established by BCIE. Regarding the inquiry made, the presentation of a modification of the RAMSAR wetland area, due to the project's own work actions at the works level for PAACUME, was submitted to SINAC as the entity in charge and regulator of environmental matters in Costa Rica, for its consultation with the RAMSAR Commission. This, in turn, responded locally and with advice from the RAMSAR entity, that various points needed to be addressed to make the relevant modifications, among which can be mentioned: • Study of ecosystems similar to the areas to be intervened due to the effect of flooding. This study was included within the Environmental Impact Study of PAACUME and was carried out by the Organización de Estudio Tropicales (OET). • Hydrogeological study of the PAACUME project impact area, regarding the wetland recharge zone. This study is in the preparation phase by the SENARA Hydrogeology work team (DIGH), in coordination with SINAC. • Purchase of compensation lands to completely cover the area to be intervened, in such a way that all ecosystems are replaced. Currently, the lands have been identified, they are in the process of expropriation at the legal level, with possession taken of a percentage of the area and the rest paid in court. The río Piedras reservoir that will be built as part of the PAACUME project consists of one of the components that will be generated as a product of the project's construction works, specifically by a dam structure at the height of the crossing between the Canal Oeste Tramo II (current) and the río Piedras. This reservoir will have a footprint of 850 hectares of water surface at its maximum level, which should be noted will fluctuate throughout the year depending on the availability of the resource and its demand downstream and according to the defined uses for the impounded water. The reservoir elevation will oscillate between elevations 48.5 meters above sea level and 35 meters above sea level. The PAACUME project does not consist solely of conveying water to the right bank of the río Tempisque, where it is desired to establish a new network of canals and expand the reach of the irrigation district, but also, through the construction of the reservoir, it is intended to increase the availability of water over time, being able to offer more constant flows to users located downstream of the dam (many of whom have benefited from this irrigation service for 30 years), which in turn will allow for the repowering of the development of the canton of Bagaces, generating greater accessibility to available water for the implementation of agricultural activities for current users, improvement of existing roads, implementation of socio-environmental works for the communities within the area of influence of the project, and will be a source of direct and indirect employment for residents of the canton of Bagaces. The timber that has been felled to date, according to the permits granted by SINAC, is within the project area, in temporary storage sites guarded by it. Currently, no timber has been delivered to any entity. As you were already informed by SENARA in Official Communication SENARA-GG-OFI-561-2024, the felling has been under the responsibility of ICE, as part of the activities associated with the enabling of temporary facilities of the Unidad Consultora ICE-PAACUME and the preliminary activities related to the Agreement CONV-SENARA-ICE-001-2024 signed between ICE and SENARA. For greater reference or breadth of what was consulted, I suggest you refer to what has already been answered to you in the communications: SENARA-GG-OFI-561-2024 (Anexo 6) and SENARA-GG-OFI-680-2024 (Anexo 7), and in the reports sent by SENARA to the Sala Constitucional responding to the amparo remedies (recursos de amparo) filed by you, both from 2024. (Anexos 8 and 9) Today in Costa Rica and the world, agricultural farms depend on private producers, who work on the country's food base and receive the benefits on their own account. The irrigation systems within their farms, their use and optimization, depend exclusively on agricultural producers, who are empowered to make, or not, the initial investments within their farms, because these systems are quite costly, both in their initial investment and in their operation and maintenance. For its part, from water sources with sufficient quality and availability throughout the year, irrigation districts have the possibility of expanding their services and their diversification, from which DRAT is in a process of automation of gates that would enable the release of underground sources in the future, while the required cultural transition occurs, an important basis for the release of underground sources, as part of the specific objectives that DRAT and the PAACUME project have today. On the SICOP platform, you can access procedure 2024LY-000001-0018800002, where information regarding the Major Public Tender \"Automatización de: Presa Miguel Pablo Dengo, Canal Oeste tramo I y Canal del Sur Tramo II del Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA\" is found, and additionally, the Schedule associated with said procedure is provided in (anexo 10). Regarding your inquiry about the charges made for the irrigation fee (canon de riego), it is my duty to remind you that the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) is the one responsible for harmonizing the needs of users or consumers with the interests of the providers and ensuring that these services are provided optimally (quality, continuity, timeliness, reliability, and price), so it is not appropriate for me to refer to matters that are the competence of an Institution created by Law and which has among its purposes what you have consulted, and the correct course is for you to make the corresponding inquiry to that Institution. Regarding my position on the COPROCOM study, I inform you that there are two communications in which our official and joint pronouncement is stated, signed by the ministers of Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Salud, Comercio Exterior, and Agricultura y Ganadería, therefore, the communications \"DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM-OF-440-2024/MS-DM-5535-2024\" and \"DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/ MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024\" are attached, so that you have knowledge of what was stated. (Anexo 11) Neither the undersigned in my capacity as Minister, nor Mr. Julián Arias Varela, in his capacity as Vice Minister, receive any type of per diem or stipend for belonging to the Board of Directors of LAICA. You request through this means that I make a value judgment, which is not appropriate for me to make. What is appropriate is to inform you that Law number 7818 of September 2, 1998, establishes that the Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar will be subject to public law in the exercise of its powers and duties of authority; and to private law in the exercise of the commercialization activities and other business-related activities assigned to it by this law. Commercialization activities are defined as: commercializing alcohol, sugar, honeys, and other by-products of the industrialization of sugar cane, when the Corporation so agrees with national industrialists or acquires them from another source. The Liga will have two divisions: the División Corporativa which will be governed, essentially, by Public Law and the División de Comercialización which will be governed by Private Law. The first in charge of the Board of Directors and the second of the Consejo de Comercialización. As with points explained previously, you request information from this Ministerial Office that it is the responsibility of the administration and legal representation of the Institution that manages the port of Punta Morales to provide. As a member of the Board of Directors that I am, I do not possess all the details requested by you, so I respectfully suggest that you direct the inquiry to the Dirección Ejecutiva of LAICA, which by competence is the one that may have the required information and can determine which information can be provided to you as it is of a public nature. Regarding the scanner issue, it will not be until the obstacles posed by the Contraloría General de la República are resolved that the evaluation of the conditions and locations in which they will operate can continue. I inform you that neither the undersigned, nor Vice Minister Julián Arias Varela, have had the opportunity to visit the port facilities that LAICA manages in Punta Morales, so we do not have any type of report that we can provide you,\" however we do not rule out the possibility of visiting the site. Regarding your questions about the importation of alcohol and its exportation, its benefit to the country, the volume of Ethanol production, LAICA's capacity to provide it to the country, and any negotiations with RECOPE, I urge you to refer these questions to the Dirección Ejecutiva of LAICA, which, as previously explained, is the one that has the information and competence to address your requirements. I reiterate that the undersigned is only one more member of that Board of Directors, so it is not my place to provide substantiated and grounded answers to your questions. Regarding inquiries about intermediation, I inform you that it is the Ministerio de Economía Industria y Comercio that regulates this activity, so it is under its powers and attributions that the different commercialization margins are set. Therefore, the appropriate course is for you to direct your inquiries to that Ministry, so they can clear up your doubts. Regarding your inquiry about whether I am insured by the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), I inform you that, as a public official, I earn a salary that is subject to deductions and withholdings, just as are the salaries of other officials of the Ministerio de Agricultura y Ganadería. I consider it important to inform you that this Ministry is fully up to date in the payment of its obligations with the CCSS and other institutions with which it has obligations corresponding to social charges, and thus I consider your inquiry addressed. Regarding your opinion and inquiry about informality and tax evasion, I recommend that you direct this inquiry to the Ministerio de Hacienda, since it is the one legally responsible for attending to matters related to its competences, within which is tax evasion and, if it occurs, keeping the corresponding statistics and projections. Regarding your inquiry about the MAG policy for each agricultural sector, I inform you that the Ministerio de Agricultura y Ganadería published in January 2023 the Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032, with the aim of guiding the actions of the institutions of the Agricultural Sector in 4 strategic axes: modernization of institutions, promotion of competitiveness, productivity and sustainability, and, added value and commercialization. Likewise, this policy has a sectoral plan that operationalizes the actions of the institutions according to the aforementioned strategic axes. Now, the agricultural sectoral public policy does not emphasize any specific activity (for example: cilantro, cucumber, Cape gooseberry, chickpeas, etc.), since it generates actions that permeate the entire productive apparatus; for their part, it is the productive corporations (non-state public entities) that are dedicated to addressing specific sectors, so defined by law. However, there are programs in the Agricultural Sector focused, for example, on the reproduction and certification of quality seeds or institutional supply that have a great contribution in the food availability component; these programs are being strengthened through the agricultural public policy. Regarding the imports of products you mention, we were once taught that water was an inexhaustible resource; today, as a society, we are aware of its importance and protection, and from the Agricultural Sector, it is no exception; therefore, we consider that its good use is a way to protect it, all under an expanded sustainability approach (economically, socially, and environmentally). As Costa Rica is a country of law, we must adjust to different principles, within which is due process, so in the event of an apparent irregularity in the performance of duties by a public official, it is through the investigations carried out by the Ministerio Público that the corresponding evidence is gathered so that it is the courts of justice that determine the real truth of the facts. Therefore, if anything related to a process brought against an official of SENARA or any institution that forms part of the agricultural sector is required or ordered, the necessary collaboration will be provided and, if required, the corresponding measures will be adopted at the time. There are several inquiries raised, some of which have already been answered previously by SENARA, others I am not competent to answer, as I do not have the corresponding representation to respond on behalf of SENARA or LAICA, which does not allow me access to the information in the detailed form you request, or because they are purely technical matters that it is the responsibility of the institutions to answer. Despite the foregoing, to the extent possible, I respond to what was requested and I urge you to make the inquiries you consider were not resolved to the corresponding institutions, not without first recalling that it is not appropriate for the undersigned to issue value judgments or subjective assessments to answer the questions asked. Annexes: Anexo 1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional between the Servicios Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) and El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A). Anexo 2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional between the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) for the update of the Feasibility Study and preparation of preliminary designs for the potable water component of PAACUME, Guanacaste. Anexo 3. CONV-SENARA-ICE-001-2024. “Convenio Interinstitucional para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras asociadas a la Generación Eléctrica del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). Anexo 4. Loan Contract No. 2220 that will finance the “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)”, signed between the Republic of Costa Rica and the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Anexo 5. Communication ORCR-70/2024. Anexo 6. Communication: SENARA-GG-OFI-561-2024. Anexo 7. Communication: SENARA-GG-OFI-680-2024. Anexo 8. Response report sent by SENARA to the Sala Constitucional No. 24-0260380007-CO. Date: September 27, 2024. Anexo 9. Expansion of the response report sent by SENARA to the Sala Constitucional No. 24-0260380007-CO. Date: October 23, 2024. Anexo 10. Schedule Major Public Tender “Automatización de: Presa Miguel Pablo Dengo, Canal Oeste tramo I y Canal del Sur Tramo II del Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA”. Anexo 11. Communications referring to the COPROCOM report “DM-MAG-1301-2024/DM-COR-CAE-0709-2024/MEIC-DM OF-440-2024/MS-DM-5535-2024” and “DM-MAG-1410-2024/ DVI-COR-CAE-0080-2024/ MEIC-DM-OF-489-2024/MS-DM-6019-2024”. The foregoing was notified to the appellant at the email address confraternidad_gte@yahoo.com sent on November 12, 2024. Note that the action of the appealed authority was carried out after the resolution of course issued within this appeal was notified to it, which was effected as of November 6, 2024. Finally, the disagreement with some of the answers provided by the appealed authority is a matter of legality that escapes the scope of competence of this jurisdiction. Consequently, it is appropriate to declare the appeal with merit based on the provisions of numeral 52, paragraph 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIV.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal will be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the grant of the appeal must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an explicit text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the grant is issued “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law indicates “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Tribunal. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the conduct of the appealed authority in acknowledging it, suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal will condemn in abstracto to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation will be reserved for the execution of the sentence,” where the possibility of assessing whether or not what concerns indemnification and costs applies is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of detriment.\n\nV.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE APPEALED PARTY.\n\nWhile I agree with the rest of the Sala in declaring the appeal with merit, I separate myself from the majority opinion insofar as it exempts the appealed party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal will be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nOn the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:\n\n“...any resolution that upholds the appeal will condemn in abstracto to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation will be reserved for the execution of the sentence.”\n\nThis latter norm establishes the general system regulating the issue of indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the opinion of the majority, the cited Article 51 regulates cases in which the Sala has verified the grievance; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right, and therefore declares the appeal with merit, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person in the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a scenario contemplated in the referenced Article 52-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal.\n\nThis rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has considered the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, the basis of which lies in the principles of protection of individual rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of an award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not considered nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the order granting leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial decision that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged conduct violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of an award of costs, damages, and losses, despite the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted \"solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\" As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it is only appropriate in the cases strictly contemplated in the norm, not only by the rule that legal exceptions must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, ceases, or suspends the challenged conduct, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying those items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions - the specific determination of which does not fall within the purview of this jurisdiction - the granting of this remedy must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that could generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis conducted by this court focuses on that verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, ordains that such award (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we the undersigned do not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo remedy, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n\"ARTÍCULO 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo has jurisdiction over the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation.\"\n\nIt is clear that this proceeding is directed toward analyzing the necessary precedent issued by this Chamber regarding an abstract award of those items, as such types of claims would not be appropriate within those types of cases when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the administrative contentious court requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Sala Constitucional. In that order, in our judgment, under the terms of the aforementioned Section 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified application duly grounded on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial ruling is handed down that revokes, ceases, or suspends the challenged conduct, does not, per se, rule out that, prior to that cessation by cause of or unrelated to the respondent entity, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a question of merit, concerning the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the mandate 52 referenced, are characteristic of an abstract award that then constitutes the basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses; for, it is insisted, that is not its primary purpose or ratio. Thus, it does not befall the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have caused them injuries is an extreme that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis for analysis of this type of case. Note that, in the case regulated by that mandate, the Sala Constitucional does not conduct an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infraction, whereby it can even less be defined whether, from what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the waiver of an award referred to by that norm is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes an abstract award, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their patrimonial sphere would be placed at risk, to the detriment of what is ordained by Precept 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted bringing to an end the behaviors that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual. That is, for the purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes referenced in the norm under examination generated damages and losses is a matter that, absent proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding but that, it is reiterated, in no way should be denied as a presupposition merely because of the occurrence of the factual scenario regulated in the aforementioned Section 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: \"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial decision is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged conduct, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\"\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That \"decision\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: \"Any decision granting the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract award, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary courts shall so declare, since only that judge has the authority to deem proven the real existence and the magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when faced with the existence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored. By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the dispositive part and order the award of damages and losses, but not costs.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe remedy is granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\nSFWEYF2U5YE61\n\nEXPEDIENTE N° 24-031038-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:43:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}