{ "id": "nexus-sen-1-0007-1272271", "citation": "Res. 24395-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Consulta constitucional sobre tipicidad en transporte de combustible declarada inevacuable", "title_en": "Constitutional query on legality principle in fuel transport deemed unanswerable", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano por mayoría una consulta judicial facultativa formulada por un juez penal de Pococí dentro de un proceso por tráfico ilícito de combustibles. El juez cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 7, 17 y 20 de la Ley 9852, argumentando que el tipo penal de transporte ilegal de combustibles vulnera el principio de tipicidad al no definir qué es “ilegal” y al obligar a aplicar la norma sin reglamentación. La Sala determina que la consulta es inadmisible por dos razones principales: el juez reprodujo casi textualmente los alegatos de una acción de inconstitucionalidad previa (expediente 22-000391-0007-CO) que ya fue rechazada de plano, lo que vicia la fundamentación requerida y revela falta de duda propia; además, la resolución consultante no indicó que las partes debían apersonarse ante la Sala Constitucional, incumpliendo el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Los votos salvados sostienen que la consulta sí era admisible y debía evacuarse, concluyendo que las normas impugnadas no presentan vicios de inconstitucionalidad.", "summary_en": "The Constitutional Chamber, by majority, dismisses sua sponte a facultative judicial query filed by a criminal judge of Pococí in a case of illegal fuel trafficking. The judge questioned the constitutionality of Articles 7, 17, and 20 of Law 9852, arguing that the criminal offense of illegal fuel transport violates the principle of legality because it fails to define what is “illegal” and compels application of the norm without regulations. The Chamber holds the query inadmissible on two grounds: the judge nearly verbatim reproduced arguments from a previous unconstitutionality action (docket 22-000391-0007-CO) already dismissed, undermining the required reasoning and showing a lack of genuine doubt; additionally, the querying order did not state that parties had to appear before the Constitutional Chamber, breaching Article 104 of the Constitutional Jurisdiction Law. The dissenting votes maintain the query was admissible and should have been answered, concluding the challenged norms suffer no constitutional defect.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "23/08/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "consulta judicial facultativa", "principio de tipicidad", "inevacuable", "voto salvado", "cosa juzgada", "Ley de la Jurisdicción Constitucional", "tráfico ilícito de residuos peligrosos", "RECOPE" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 7", "law": "Ley 9852" }, { "article": "Art. 17", "law": "Ley 9852" }, { "article": "Art. 20", "law": "Ley 9852" }, { "article": "Art. 102", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 104", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "consulta judicial", "inconstitucionalidad", "tipicidad penal", "transporte de combustible", "Ley 9852", "RECOPE", "cosa juzgada", "fundamentación" ], "keywords_en": [ "judicial query", "unconstitutionality", "criminal legality", "fuel transport", "Law 9852", "RECOPE", "res judicata", "reasoning" ], "excerpt_es": "Al hacer un detenido análisis en cada uno de los presupuestos de admisibilidad enunciados con anterioridad, la Procuraduría General de la República, como asesor de la Sala Constitucional, señala que se repiten los reclamos de inconstitucionalidad formulados en otra acción de inconstitucionalidad, que se había interpuesto en contra de los artículos 7, 17, y 20, de la Ley N° 9852, tramitada bajo el expediente de la Sala Constitucional N° 22-000391-0007-CO.\n\nEsta Sala Constitucional, en consecuencia, se avocó a determinar la veracidad de lo señalado por la Procuraduría General, lo que le permite encontrar que en efecto se trata de la misma redacción dentro del mismo asunto base N° 21-000318-1263-PE. Si bien, la Sala constata la advertencia del órgano asesor, con esta conducta, claro está, el Juez consultante mantiene el inconveniente de la afectación a la fundamentación de la acción de constitucionalidad que se intentó promover en la Sala Constitucional. Como es obvio, no se observa una verdadera fundamentación de la duda que dice tener el juez, al transcribir un escrito que fue conocido en una acción de inconstitucional rechazada de plano por Sentencia N° 2022-05564 de las 9:20 horas del 9 de marzo de 2022.", "excerpt_en": "Upon careful analysis of each admissibility requirement outlined above, the Office of the Attorney General, as advisor to the Constitutional Chamber, points out that the unconstitutionality claims repeat those raised in another unconstitutionality action brought against Articles 7, 17, and 20 of Law No. 9852, processed under Constitutional Chamber docket No. 22-000391-0007-CO.\n\nConsequently, this Constitutional Chamber undertook to verify the veracity of the Attorney General’s statement, allowing it to find that it is indeed the same wording within the same underlying case No. 21-000318-1263-PE. While the Chamber notes the advisory body’s warning, by this conduct the consulting judge evidently maintains the problem of undermining the merits of the unconstitutionality action that was sought to be brought before the Constitutional Chamber. Clearly, no genuine reasoning for the doubt the judge claims to have is observed when transcribing a brief already heard in an unconstitutionality action dismissed sua sponte by Judgment No. 2022-05564 at 9:20 a.m. on March 9, 2022.", "outcome": { "label_en": "Unanswerable", "label_es": "Inevacuable", "summary_en": "By majority, the Chamber declares the judicial query unanswerable for failing admissibility requirements: lack of genuine reasoning and omission in summoning the parties.", "summary_es": "Por mayoría, la Sala declara inevacuable la consulta judicial al no cumplir los requisitos de admisibilidad: falta de fundamentación propia y omisión en el emplazamiento a las partes." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "no genuine reasoning for the doubt the judge claims to have is observed when transcribing a brief already heard in a sua sponte dismissed unconstitutionality action", "quote_es": "no se observa una verdadera fundamentación de la duda que dice tener el juez, al transcribir un escrito que fue conocido en una acción de inconstitucional rechazada de plano" }, { "context": "Considerando I", "quote_en": "a judicial query never occurs in a vacuum or out of mere academic interest; it must be relevant to the decision or resolution of the so-called 'prior' or 'main' matter", "quote_es": "la consulta judicial nunca se da en el vacío o por mero afán académico, sino que ella debe ser relevante para la decisión o resolución del llamado 'asunto previo' o 'principal'" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1272271", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24395 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 23 de Agosto del 2024 a las 13:45\n\nExpediente: 24-016500-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Consulta judicial facultativa\n\nControl constitucional: Rechazo de plano\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: PENAL\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nPENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE RESIDUOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS\n\nExpediente: 24-016500-0007-CO\n\nSentencia: 024395-24 del 23 de agosto del 2024\n\nTipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nNorma impugnada: Tráfico ilícito de residuos o sustancias peligrosas en perjuicio de la seguridad común.\n\nParte dispositiva: Por mayoría, se declara inevacuable la consulta. El magistrado Rueda Leal y las magistradas Garro Vargas y Hess Herrera salvan el voto y evacuan la consulta formulada en el sentido de que las normas no tienen el vicio de inconstitucionalidad alegado.-\n\n \n\nCO02/25\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-016500-0007-CO\n\nRes. Nº 2024-024395\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.\n\n         \n\nConsulta judicial facultativa formulada por Juan Carlos Jiménez Marín, en su condición de Juez Suplente Penal de Tribunal Penal de Pococí, mediante resolución de las 15:41 horas del 29 de mayo de 2024, dictada dentro del expediente N° 21-000318-1263-PE, que es proceso penal instaurado en contra de [Nombre 001], por el delito de “Tráfico Ilícito de residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos”, con respecto a los artículos 7 (transporte y distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas), 17 (decomiso de combustibles derivados del petróleo), y 20 (reglamentación de esta ley), contenidos en la “Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas”, Ley N° 9852 del 16 de junio de 2020.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:26 horas del 19 de junio de 2024, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre las dudas de constitucionalidad que tiene sobre los artículos 7, 17, y 20, de la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas. La duda de constitucionalidad radica en que el artículo 7, de la mencionada Ley, estaría quebrantando el principio de tipicidad, dado que al tipificar la conducta señalada, sanciona el transporte de combustible en forma ilegal, sin que se indique cuál es una forma legal, no se dice cuál es esa forma. Es más confusa la norma cuando dice “o sin la debida autorización de RECOPE o del MINAE”, pues el objeto de la ley estaría en el artículo 1°, que dice sancionar “actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles”, como también, “la introducción ilegal de combustibles” “en el territorio nacional”. La cuestión de constitucionalidad se presenta cuando hay compra de gasolina en forma legal (en una gasolinera), y se transporte por las vías públicas, lo que no permitiría la configuración típica del artículo 7, cuestionado. Cuestiona de igual manera el artículo 20, que menciona que la “falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta ley ni su obligatoria observancia”, por problemas de tipicidad, pues obliga a aplicar un tipo penal que lesiona el principio de tipicidad. Finalmente, el decomiso de la propiedad que fue adquirida en forma legal en un expendio de gasolina, y fue transportada por un tercero, puede solicitarse la devolución del bien, sin embargo porque lleva tiempo que se resuelva el proceso penal, está ante una pérdida de su propiedad ya que el producto decomisado llega a degradarse.\n\n 2.- Pese al emplazamiento conferido a las partes dentro del asunto principal, por resolución sin número, de las 15:41 horas del 29 de mayo de 2024, del Juez Suplente de Juicio del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, MSc. Juan Carlos Jiménez Marín, no se apersonaron las partes ante la Sala.\n\n 3.- Mediante resolución de las 12:32 horas del 21 de junio de 2024, la Presidencia de la Sala previno al juez consultante, Juan Carlos Jiménez Marín, para que indicara, en el plazo de veinticuatro horas, y bajo apercibimiento de no dar trámite a la consulta en caso de omisión, si el Tribunal que conoce el expediente N° 21-000318-1263-PE es un órgano unipersonal o colegiado. Por escrito presentado a la 01:05 horas del 24 de junio de 2024, el Juez informa a la Sala que el expediente en cuestión lo conoce un órgano unipersonal.\n\n4.- Mediante auto de las 14:57 horas del 24 de junio de 2024, la Presidencia de la Sala dio curso a la consulta, confiriendo audiencia a la Procuraduría General de la República.\n\n 5.- Iván Vinicio Vincenti Rojas, Procurador General de la República, contesta a la audiencia conferida, indicando que tiene dudas sobre la admisibilidad de la consulta judicial formulada. Expresa que, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad que están impulsadas por un interés personal, las consultas de constitucionalidad de los juzgadores deben ser totalmente objetivas, en el afán de coadyuvar que el sistema jurídico esté ajustado al ordenamiento constitucional. De ahí, debe haber una verdadera duda de constitucionalidad, y esa consulta debe estar debidamente fundamentada. Sostiene que no procede la consulta respecto de los artículos 17 y 20, de la Ley N° 9852, dado que no los debe aplicar al caso concreto. Pero además, señala que “… es necesario hacer ver un aspecto que llama la atención en la presente consulta, que viene dado sobre el cuestionamiento que no es un tema nuevo, ya que precisamente en el expediente 22-000391-0007-CO ( el cual se rechazó de plano la acción), se tramitó el mismo cuestionamiento de constitucionalidad presentado en esa oportunidad por el Lic. George Paisano Saborío quien justamente figura como abogado representante del Tercero Interesado Civil, en la causa penal 21-000318-1263-PE, que es la causa precedente que genera la consulta promovida por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, destacando el hecho que el escrito de interposición de dicha acción guarda aspectos de redacción muy similares a los que ha presentado el Tribunal consultante.\n\nComo muestra de lo señalado supra, se puede observar que en la acción promovida por el Lic. Paisano Saborío en el año 2022 al momento de cuestionar el artículo 7, 17 y 20 de la ley 9852, se detalla una redacción que es retomada en la consulta formulada por el señor juez, de tal suerte que entramos en duda sobre si el cuestionamiento originario es de propia cosecha del juzgador. Por ejemplo, en los considerandos, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la consulta remitida por el Tribunal de Juicio, se hace una argumentación intelectiva idéntica, en los apartados, de la fundamentación de la acción presentada por el Lic. Paisano Saborío.\n\nEste aspecto que no es de menor importancia, pues podría resultar en que la consulta promovida no es de resorte exclusivo del Despacho Judicial, y pareciera más bien que el cuestionamiento medular en su redacción aparentemente proviene de un abogado representante del tercero interesado en el proceso penal precedente, quien justamente recurrió a la Sala Constitucional y su gestión fue rechazada de plano.\n\nComo se puede observar, en el expediente 21-000318-1263-PE, a folio 158, se ubica el acta de debate en el cual el tercero interesado representado por el Lic. Paisano Saborío, señala que la norma no está apegada al derecho de la Constitución y solicita se revise la acción de inconstitucionalidad, aspecto sobre el cual el juzgador resuelve realizar la consulta correspondiente a la Sala Constitucional.\n\nEl problema que se deriva de lo resuelto por el tribunal, y que guarda relación con la fundamentación de la consulta presentada, es justamente la utilización de la misma redacción (para los cuestionamientos medulares) de la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta en su momento por parte del abogado representante de los terceros interesados, de tal suerte que el análisis intelectivo que se exige en la presentación de una consulta de constitucionalidad por parte de un juzgador, deja de ser un cuestionamiento propio para convertirse (en apariencia) en eco de una acción ya instaurada y que no fue admitida. Esto, en nuestro criterio, incumple el deber de fundamentación que se exige en toda resolución judicial, lo que debe llevar al rechazo de la consulta formulada.\n\nPor lo que se lleva dicho, cree este Órgano asesor e imparcial de la Sala Constitucional, que la consulta judicial que nos ocupa adolece de algunos vicios de admisibilidad (los que han sido debidamente acreditados), razón por la cual solicitamos que así se declaren, declarando inadmisible la presente gestión judicial”.\n\nEn cuanto al fondo, el artículo 7, es necesario ponderar la acción en el territorio nacional de transporte o distribución de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas de forma ilegal, con el artículo 1°, de la Ley N° 9852 cuyo objeto es sancionar las actividades ilícitas de apoderamiento ilegal de combustibles propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo. Describe las acciones del tipo, además, sobre la distribución y transporte menciona el dictamen de la Procuraduría General de la República C-134-2011, señala que la distribución de combustible es un servicio público, y que, si bien el transporte “por otros medios” no es servicio público regulado en la Ley N° 7536, el Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible, Decreto Ejecutivo 36627 de 23 de junio de 2011, pero establece para el transporte de combustible los es por unidad de transporte terrestre como un servicio público, y la ARESEP fija esas tarifas. Además, la norma impugnada alude a transporte y distribución sin los debidos permisos de Recope o MINAE, es decir, sin los permisos respectivos, es un delito de peligro abstracto, por el hecho de transportar combustible, sustancia inflamable y contaminante. El riesgo está implícito a la acción desplegada, con ello se tutela varios bienes jurídicos como la seguridad común, la salud, el medio ambiente. En nuestro país, para transportar combustible se requiere cumplir las regulaciones del Reglamento N° 36627-MINAE, y por eso, no contar con ellos constituye una conducta punible. El legislador consideró que hacerlo sin autorización de algún tipo es una actividad eminentemente riesgosa, lo que está en el artículo 7, pero además, la ley contempla otras agravantes, con el fin de que, quien transporte combustible lo haga cumpliendo requisitos. Pide declarar la inadmisibilidad por falta de requisitos, y por el fondo, la improcedencia.\n\n 6.- En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas por ley.\n\n Redacta el magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Sobre la admisibilidad. El Título IV, relacionado a las cuestiones de constitucionalidad, en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece algunos remedios procesales para sanear el ordenamiento jurídico. Así, los particulares pueden velar mediante la acción de inconstitucionalidad por el gran crisol de derechos e intereses particulares que les asiste en sus conflictos, o también, las autoridades públicas e institucionales al formular acciones de inconstitucionalidad u otros procesos como las consultas de constitucionalidad, para presentar en la jurisdicción constitucional los conflictos de constitucionalidad que hayan detectado. Claramente, tiene el fin de asegurar la prevalencia de un criterio de objetividad sobre el resto del ordenamiento jurídico con el bloque de constitucionalidad, o el Derecho de la Constitución, para que estos últimos mantengan su supremacía, eficacia y aplicabilidad directa. \n\nEste es el caso de la consulta judicial que habilita al órgano jurisdiccional, es decir, al juzgador, a consultarle a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de un acto o norma que debe aplicar en el proceso sometido a su conocimiento. Para ello, la jurisprudencia de la Sala, en forma reiterada, ha establecido cuáles son los requisitos de admisibilidad. Tales presupuestos fueron analizados, en detalle, en la Sentencia de esta Sala N° 1997-01617 de las 14:54 horas del 17 de marzo de 1997, de la siguiente manera:\n\n\"A. Que la formule un \"juez\", término genérico que -desde luego- se aplica tanto a los juzgadores unipersonales como a los tribunales colegiados, y sobre lo cual es innecesario precisar más que: a) que debe tratarse de autoridades dotadas de poder jurisdiccional, lo cual excluye las consultas formuladas por tribunales administrativos, pero sí incluye las que hagan los árbitros en el marco de los asuntos sujetos a su decisión (nótese que lo relevante en todos los casos es que se esté ante el trámite de un proceso conducente al dictado de una sentencia o laudo arbitral, dotados de la autoridad de la cosa juzgada); y, b) que el juzgador debe estar, al momento de formular la consulta, debidamente habilitado para ejercer esa competencia (ya que mal podría pensarse que una resolución que sea inválida en el proceso en cuestión pueda surtir el efecto de dar inicio a un trámite que, como éste, posee un carácter puramente incidental).\n\nB. Que existan \"dudas fundadas\" sobre la constitucionalidad de la norma, acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar. Esto quiere decir que el cuestionamiento debe ser razonable y ponderado. Además, implica que no puede versar sobre aspectos sobre cuya constitucionalidad la Sala ya se haya pronunciado. Ello es así no sólo porque aceptar lo contrario implicaría desconocer la eficacia erga omnes de las resoluciones de esta jurisdicción, sino también dado que una consulta bajo esas circunstancias evidentemente carecería de interés actual. Pero subráyese, por su relevancia para el sub examine, que la explicada circunstancia sólo deriva de aquéllos pronunciamientos en que la Sala haya validado expresamente la adecuación de la norma, acto, conducta u omisión a los parámetros constitucionales. En consecuencia, si una norma ha superado anteriormente el examen explícito de constitucionalidad (en vía de acción o consulta), no sería viable un nuevo cuestionamiento sobre el mismo punto, pero sí podría serlo respecto de un acto, conducta u omisión basados en la misma norma, particularmente porque -en este caso- siempre existe la posibilidad de un quebranto constitucional, ya no en la norma en sí, sino en su interpretación o aplicación. A la inversa, el hecho de que un acto, conducta u omisión haya sido refrendado anteriormente (quizás en vía de amparo o hábeas corpus) no significa que no puedan existir dudas sobre la constitucionalidad de la norma misma en que aquéllos se fundamenten. Y, en esta hipótesis, la consulta judicial es pertinente.\n\nC. Que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o tribunal. Al igual que en la acción de inconstitucionalidad, la consulta judicial nunca se da en el vacío o por mero afán académico, sino que ella debe ser relevante para la decisión o resolución del llamado \"asunto previo\" o \"principal\". Finalmente,\n\nD. Que, en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad, aspecto que -por su relevancia para el caso- resulta conveniente precisar. En efecto, la expresión \"deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión\", conlleva un sentido actual muy definido y totalmente distinto a que si la ley hablara en términos de que \"pueda aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión\". La consulta judicial no procede ante la mera eventualidad de que acaezcan esas circunstancias, ya que -como se explicó arriba- esta concepción equivaldría a que se inviertan los recursos de la jurisdicción constitucional en un simple ejercicio académico o doctrinario. Para que la consulta sea viable, el juzgador debe estar enfrentado, con certidumbre y en tiempo presente, a la aplicación de la norma o al juzgamiento del acto, conducta u omisión que le suscite una duda de constitucionalidad\".\n\n  Lo que procede es hacer una revisión de los presupuestos de admisibilidad de la consulta formulada por el Juez Suplente Penal de Tribunal Penal de Pococí, mediante resolución de las 15:41 horas del 29 de mayo de 2024, dictada dentro del expediente N° 21-000318-1263-PE, según lo señalado por la Procuraduría General de la República.\n\nII.- Sobre la fundamentación de la consulta judicial.\n\nEsta Sala ha declarado inevacuables las consultas judiciales cuando éstas presentan problemas en su fundamentación, así como algunos otros problemas relativos a las resoluciones en las que se formulan las consultas.  Así lo señaló la Sala, a los problemas de forma, también en la materia de la audiencia a las partes, para que pudieran apersonarse a la Sala Constitucional.\n\nEn Sentencia N° 2015-13860 de las 9:25 horas del 2 de septiembre de 2015, se estableció que:\n\n“En el caso en estudio, lo que la Juez plantea no cumple todos los requisitos formales que exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El artículo 104 indica claramente que el/la Juez(a) consultante deberá dictar una resolución en que señalará, de manera fundada, la disposición o acto que le suscita duda y, además, los motivos que sustentan esa duda. Además, debe emplazar a las partes para que se apersonen, si así lo desean, ante este Tribunal y suspender la tramitación del proceso hasta que la Sala resuelva”.\n\nEn otra Sentencia N° 2015-17352 de las 9:30 horas del 4 de noviembre de 2015, en cuya oportunidad la Sala estableció que:\n\n“La consulta de constitucionalidad es un instrumento que permite al Juez, frente a una duda que le surgen en relación con la constitucionalidad de una o varias normas que debe aplicar en un caso concreto, solicitar a la Sala la evacue, brindando previamente elementos que justifiquen y expliquen su cuestionamiento.  El artículo 104 indica claramente que el/la Juez(a) consultante deberá dictar una resolución en que señalará, de manera fundada, la disposición o acto que le suscita duda y, además, los motivos que sustentan esa duda”.\n\nPor Sentencia N° 2022-20359, de las 9:30 horas del 31 de agosto de 2022, se indicó que:\n\n“En el caso concreto, los jueces consultantes formularon esta consulta mediante una resolución emitida dentro del proceso penal n.° [Valor 001], lo cual es consecuente pero solo parcialmente con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que no se advierte de lo expresado por ese tribunal que se trate realmente de una duda fundada y razonable en motivos de constitucionalidad”.\n\nIII.- Sobre la formulación de la consulta y los problemas de su origen.\n\nAl hacer un detenido análisis en cada uno de los presupuestos de admisibilidad enunciados con anterioridad, la Procuraduría General de la República, como asesor de la Sala Constitucional, señala que se repiten los reclamos de inconstitucionalidad formulados en otra acción de inconstitucionalidad, que se había interpuesto en contra de los artículos 7, 17, y 20, de la Ley N° 9852, tramitada bajo el expediente de la Sala Constitucional N° 22-000391-0007-CO.\n\nEsta Sala Constitucional, en consecuencia, se avocó a determinar la veracidad de lo señalado por la Procuraduría General, lo que le permite encontrar que en efecto se trata de la misma redacción dentro del mismo asunto base N° 21-000318-1263-PE. Si bien, la Sala constata la advertencia del órgano asesor, con esta conducta, claro está, el Juez consultante mantiene el inconveniente de la afectación a la fundamentación de la acción de constitucionalidad que se intentó promover en la Sala Constitucional. Como es obvio, no se observa una verdadera fundamentación de la duda que dice tener el juez, al transcribir un escrito que fue conocido en una acción de inconstitucional rechazada de plano por Sentencia N° 2022-05564 de las 9:20 horas del 9 de marzo de 2022. Y no obstante, el accionante en aquella acción manifestó su inconformidad al solicitar la aclaración y adición, ello fue resuelto en la Sentencia N° 2022-07432 a las 9:45 horas del 30 de marzo de 2022, sobre los aspectos procesales y de fondo que en su criterio fueron omitidos en la Sentencia.\n\nDe este modo, a la luz del artículo 104, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el juez deberá dictar una resolución en que señalará, de manera fundada, la disposición o acto que le suscita duda y, además, los motivos que sustentan esa duda. De ahí que, esta Sala se encuentra en el predicamento de que si  la misma gestión quedó resuelta por Sentencia N° 2022-05564 de las 9:200 horas del 9 de marzo de 2022, y mediante la resolución 2022-07432, de las 9:45 horas del 30 de marzo de 2022, hay a su vez una falta de motivación por la utilización del mismo memorial, lo que minaría el mismo propósito de la consulta, además de la obvia razón de que habría cosa juzgada respecto del mismo escrito de interposición que fue rechazado por la Sala. De ahí, que ninguno de estos argumentos podrían servir para hacer que la Sala vuelva a revisar los argumentos que fueron rechazados de plano.\n\nFinalmente, al revisar la resolución en la que se formula la consulta judicial, el Juez consultante efectivamente emplazó a las partes dentro del plazo de tres días; sin embargo, no indicó dónde debían apersonarse; o sea, ante la Sala Constitucional como lo ha indicado la jurisprudencia, situación que evidentemente, no cumple con el artículo 104, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor todo lo anterior, bajo estas circunstancias, no ha lugar a evacuar la consulta formulada.\n\n III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Por mayoría, se declara inevacuable la consulta. El magistrado Rueda Leal y las magistradas Garro Vargas y Hess Herrera salvan el voto y evacuan la consulta formulada en el sentido de que las normas no tienen el vicio de inconstitucionalidad alegado.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.                                  Luis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\nJorge Araya G.                                 Anamari Garro V.  \n\n \n\n           \n\nIngrid Hess H.                                Alexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\n \n\nExp. 24-016500-0007-CO\n\nRes. 2024-024395\n\nVOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En primer lugar, sobre la admisibilidad de las consultas judiciales de constitucionalidad, el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece los presupuestos de admisión. De esta disposición se desprenden algunos elementos condicionantes y fundamentales para su procedencia, como los siguientes: que sea formulada por un juez; que existan “ dudas fundadas” sobre la constitucionalidad de la norma, acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar; que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o tribunal; y que en ese asunto previo deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad. Tales presupuestos fueron analizados en detalle en la sentencia de esta Sala nro. 01617-97 de las 14:54 horas de 17 de marzo de 1997, de esta forma:\n\n“ A. Que la formule un \"juez\", término genérico que -desde luego- se aplica tanto a los juzgadores unipersonales como a los tribunales colegiados, y sobre lo cual es innecesario precisar más que: a) que debe tratarse de autoridades dotadas de poder jurisdiccional, lo cual excluye las consultas formuladas por tribunales administrativos, pero sí incluye las que hagan los árbitros en el marco de los asuntos sujetos a su decisión (nótese que lo relevante en todos los casos es que se esté ante el trámite de un proceso conducente al dictado de una sentencia o laudo arbitral, dotados de la autoridad de la cosa juzgada); y, b) que el juzgador debe estar, al momento de formular la consulta, debidamente habilitado para ejercer esa competencia (ya que mal podría pensarse que una resolución que sea inválida en el proceso en cuestión pueda surtir el efecto de dar inicio a un trámite que, como éste, posee un carácter puramente incidental).\n\nB. Que existan \"dudas fundadas\" sobre la constitucionalidad de la norma, acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar. Esto quiere decir que el cuestionamiento debe ser razonable y ponderado. Además implica que no puede versar sobre aspectos sobre cuya constitucionalidad la Sala ya se haya pronunciado. Ello es así no sólo porque aceptar lo contrario implicaría desconocer la eficacia erga omnes de las resoluciones de esta jurisdicción, sino también dado que una consulta bajo esas circunstancias evidentemente carecería de interés actual. Pero subráyese, por su relevancia para el sub examine, que la explicada circunstancia sólo deriva de aquéllos pronunciamientos en que la Sala haya validado expresamente la adecuación de la norma, acto, conducta u omisión a los parámetros constitucionales. En consecuencia, si una norma ha superado anteriormente el examen explícito de constitucionalidad (en vía de acción o consulta), no sería viable un nuevo cuestionamiento sobre el mismo punto, pero sí podría serlo respecto de un acto, conducta u omisión basados en la misma norma, particularmente porque -en este caso- siempre existe la posibilidad de un quebranto constitucional, ya no en la norma en sí, sino en su interpretación o aplicación. A la inversa, el hecho de que un acto, conducta u omisión haya sido refrendado anteriormente (quizás en vía de amparo o hábeas corpus) no significa que no puedan existir dudas sobre la constitucionalidad de la norma misma en que aquéllos se fundamenten. Y, en esta hipótesis, la consulta judicial es pertinente.\n\nC. Que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o tribunal. Al igual que en la acción de inconstitucionalidad, la consulta judicial nunca se da en el vacío o por mero afán académico, sino que ella debe ser relevante para la decisión o resolución del llamado \"asunto previo\" o \"principal\" (…)\n\nD. Que, en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad, aspecto que -por su relevancia para el caso- resulta conveniente precisar. En efecto, la expresión \"deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión\", conlleva un sentido actual muy definido y totalmente distinto a que si la ley hablara en términos de que \"pueda aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión\". La consulta judicial no procede ante la mera eventualidad de que acaezcan esas circunstancias, ya que -como se explicó arriba- esta concepción equivaldría a que se inviertan los recursos de la jurisdicción constitucional en un simple ejercicio académico o doctrinario. Para que la consulta sea viable, el juzgador debe estar enfrentado, con certidumbre y en tiempo presente, a la aplicación de la norma o al juzgamiento del acto, conducta u omisión que le suscite una duda de constitucionalidad.”\n\nAsimismo, el numeral 104 eiusdem exige que la consulta judicial se formule en resolución fundada, se emplace a las partes dentro de tercero día, y se suspenda la tramitación del proceso, hasta tanto la Sala no haya evacuado la consulta.\n\nAsí las cosas, estimo que en el sub iudice se cumplen los presupuestos de admisibilidad antedichos, toda vez que la consulta fue formulada por un juez del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica a través de la resolución de las 15:41 horas de 29 de mayo de 2024. En ese pronunciamiento, el juzgador aduce dudas razonables de inconstitucionalidad de los ordinales 7, 17 y 20 de la ley nro. 9852 (Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas), y plasma el fundamento de tales cuestionamientos. Asimismo, la consulta fue formulada en el expediente nro. 21-000318-1263-PE, asunto pendiente de resolver por el tribunal consultante. En adición, en los términos del ordinal 104, se observa que la consulta fue formulada mediante resolución fundada (resolución de las 15:41 horas de 29 de mayo de 2024), en la que, además, se emplazó a las partes para dentro de tercer día y se suspendió la tramitación del proceso base hasta la evacuación del sub iudice.\n\nEn virtud de lo anterior, corresponde analizar por el fondo la consulta formulada respecto de las normas que el tribunal consultante debe aplicar en el proceso jurisdiccional que tramita, como de seguido se hace.\n\nEn primer lugar, se cuestiona la constitucionalidad del canon 7 de la ley nro. 9852, que dispone: “ARTÍCULO 7-Transporte y distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas. Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, a quien, en el territorio nacional, introduzca, transporte o distribuya combustibles derivados del petróleo o sus mezclas de forma ilegal o sin la debida autorización de Recope o del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).\n\nAcerca de este punto, el tribunal consultante estima que la norma citada quebranta el principio de tipicidad, toda vez que en lo atinente al “transporte” sanciona a quien lo haga de “forma ilegal”. En ese tanto, aduce que el término “ilegal” es un elemento normativo del tipo penal que debe estar definido por la norma en cuestión, pues de lo contrario quedaría al arbitrio del operador jurídico el determinar la legalidad o ilegalidad de la conducta a los efectos de subsumirla en el tipo penal. Arguye, a su vez, que el elemento normativo “ilegal” no puede determinarse vía reglamentaria.\n\nAhora bien, como explica la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe, la norma cuestionada se debe ponderar con lo regulado en el precepto 1º de la propia ley nro. 9852, que justamente desarrolla el objeto de ese cuerpo normativo. De este modo, la referida norma contempla: “ARTÍCULO 1-Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, en adelante Recope, así como la introducción ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, en el territorio nacional.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nDe tal forma, como bien afirma la PGR, la ilegalidad de la conducta de transporte o distribución de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas está determinada por el “apoderamiento” ilegítimo de estas sustancias. En ese sentido, conviene resaltar que el numeral 2 eiusdem establece: “ARTÍCULO 2-Prohibición general. La importación exclusiva de combustibles derivados del petróleo le corresponde a Recope, como empresa pública que administra el monopolio del Estado en la importación, refinación, distribución al mayoreo del petróleo crudo y sus derivados; por lo tanto, toda importación realizada por un tercero no autorizado por Recope es ilegal, por lo que toda persona física o jurídica queda sujeta a las sanciones establecidas en esta ley y en cualquier otra norma vigente.”.\n\nEn concordancia con esta última disposición, el ordinal 1º de la ley nro. 7356 indica: “Artículo 1º- La importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional, son monopolio del Estado.”.\n\nA partir de lo anterior, como afirma la PGR, se desprende fácilmente que la introducción de combustible al territorio nacional, sin la debida autorización de Recope o Minae, se realiza de manera ilegal; de modo que el apoderamiento para transporte o distribución que se haga de esas sustancias introducidas de manera ilegítima deviene también “ilegal”. Así, como afirma el procurador en su informe: “se entiende que la primera conducta regulada en el numeral 7 de la ley 9852 que comprende el transporte y distribución de combustible derivado de apoderamiento es completamente clara y no amerita ninguna remisión a un reglamento como parece entenderlo el Tribunal Consultante.”.\n\nPor otra parte, la norma cuestionada también regula otro supuesto de comisión delictiva, que es cuando las acciones de transporte o distribución se realicen sin los debidos permisos de Recope o Minae, pese a que el combustible derivado del petróleo o sus mezclas hayan sido introducidos al país legalmente. Así, la norma parte de un peligro abstracto, ya que el combustible es una sustancia inflamable y contaminante, de modo que su transporte sin los debidos permisos ocasiona un riesgo para la seguridad común, la salud y el medio ambiente. Precisamente, como advierte la PGR, atinente al transporte de combustible se debe acatar el reglamento nro. 36627-MINAE, de manera que efectuar tal acción sin el cumplimiento de los requerimientos correspondientes y sin la debida autorización genera un riesgo de especial envergadura, que la normativa penal cuestionada sanciona de forma legítima.\n\nEn virtud de lo expuesto, el infrascrito no advierte que el ordinal 7 de la ley nro. 9852 presente los vicios de constitucionalidad alegados.\n\nAhora, de forma complementaria, el tribunal consultante también cuestiona el canon 20 eiusdem, que indica: “ARTÍCULO 20-Reglamentación de esta ley. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de seis meses a partir de su vigencia. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta ley ni su obligatoria observancia”. (El resaltado no corresponde al original). En ese sentido, señala que es inconstitucional al compeler a los jueces a aplicar el precepto 7 citado ut supra, pese a que, a su juicio, tal norma quebranta el principio de tipicidad.\n\nAl respecto, como se apuntó, el alegato que hace el tribunal respecto del artículo 20 resulta complementario a lo argüido en cuanto al numeral 7. Así, al no constatarse la alegada inconstitucionalidad de esta última norma, tampoco se evidencia vicio alguno por el hecho de que el referido canon 20 estatuya la obligatoria aplicación de la ley nro. 9852, que en concreto es lo cuestionado por el tribunal consultante.\n\nFinalmente, se cuestiona el precepto 17 eiusdem, que señala: “ARTÍCULO 17-Decomiso de combustibles derivados del petróleo. Los combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, que según la Ley 6588, Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de 30 de julio de 1981, correspondan al monopolio de Recope, que no cuenten con las autorizaciones de Recope o provengan de los delitos sancionados por esta ley, podrán ser decomisados por los órganos policiales, jurisdiccionales y el Ministerio Público (…)”. Sin embargo, en los términos formulados por el consultante, no se advierte que esa norma sea aplicación directa al proceso jurisdiccional base. En ese sentido, en la consulta, el tribunal no explica en concreto la aplicabilidad de la norma al caso sometido a su conocimiento, sino que, en general, expone que tal regulación afecta a la comunidad de Tortuguero del distrito de Colorado de Pococí y a la Asociación de Boteros y Transportistas de Barra del Tortuguero.\n\nAl respecto, la PGR resalta en su informe que, en el expediente penal, lo que se observa es un acta de decomiso de combustible realizado por la Fuerza Pública, sin que se desprenda que el material decomisado se encuentre bajo la custodia de la autoridad jurisdiccional en el proceso penal a su cargo, de ahí que arguye: “al haberse materializado el decomiso por parte de un órgano policial, el presupuesto contenido en dicho numeral no es un aspecto que deba de ser aplicado por el señor juez en el proceso que se invoca como antecedente para formular la consulta.”. Por consiguiente, resulta improcedente la consulta formulada en tales términos.\n\nEn virtud de las consideraciones expuestas, no advierto vicio alguno susceptible de ser declarado en este proceso de control de constitucionalidad.\n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\n \n\nExp: 24-016500-0007-CO\n\nRes. n.°2024-024395\n\nVOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS GARRO VARGAS Y HESS HERRERA, con redacción de la primera\n\nLas suscritas magistradas respetuosamente nos separamos del voto de la mayoría, pues consideramos que la consulta judicial es admisible y, por el fondo, estimamos que no hay vicio de inconstitucionalidad.\n\nI.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA JUDICIAL\n\nEl art. 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) establece los presupuestos de admisión de las consultas judiciales en los siguientes términos:\n\nTodo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tenga dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.\n\n \n\nDe esta norma se desprenden cuatro elementos condicionantes y fundamentales para su procedencia que son los siguientes: a) que sea formulada por un juez; b) que existan “dudas fundadas” sobre la constitucionalidad de la norma, acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar; c) que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o tribunal y d) que, en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad. Asimismo, el art. 104 de la misma ley, exige que la consulta judicial se formule en resolución fundada, se emplace a las partes dentro de tercero día y se suspenda la tramitación del proceso, hasta tanto la Sala no haya evacuado la consulta.\n\nLas normas de la LJC se deben interpretar juntamente con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula, en lo conducente, lo siguiente:\n\nArt. 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán:\n\n1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el país.\n\nSi tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\n \n\nTal y como se aprecia, la consulta judicial tiene un talante incidental, similar al que tiene la acción interpuesta a tenor del artículo 75 párrafo primero de la LJC, y ha de entenderse que la consulta judicial tiene por objeto amparar el derecho de alguna de las partes procesales. Nótese, inclusive, que el art. 105 de la LJC confirma el propósito subjetivo e incidental de las consultas judiciales, toda vez que autoriza a las partes legitimadas a realizar el trámite de conversión de consulta judicial a acción de inconstitucionalidad. En el párrafo segundo de la norma bajo análisis se regula lo siguiente:\n\nNo obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitarle a la Sala, dentro del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer formalmente esta última dentro de los quince días siguientes. Si lo hicieren, se le dará a la acción el trámite correspondiente, y la Sala se abstendrá de evacuar la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo.\n\n \n\nAl contestar la audiencia de ley, la Procuraduría General de la República (PGR) informa que en el caso concreto se repiten los reclamos de inconstitucionalidad formulados en otra acción de inconstitucionalidad, que se había interpuesto en contra de los arts. 7, 17, y 20 de la ley n.°9852, tramitada bajo el expediente de la Sala Constitucional n.°22-000391-0007-CO y, por tanto, objeta la admisibilidad de la consulta judicial, pues “deja de ser un cuestionamiento propio para convertirse (en apariencia) en eco de una acción ya instaurada y que no fue admitida”. Dicha tesis fue la adoptada por la mayoría de esta Sala.\n\nNo obstante, al respecto, esta minoría constató que, al menos, existen dos consultas judiciales recientes en las que los jueces consultantes fundan sus razonamientos en los argumentos planteados por las partes del proceso principal. De modo que el hecho de que el razonamiento provenga de una de las partes no inhibe la posibilidad de que un juez asuma como propias las dudas de constitucionalidad que se le formulan (ver, al respecto, las consultas judiciales números 2022-008751 y 2024-001728, en las cuales, si bien la magistrada Garro Vargas consignó sus propias razones, no desestimó la admisibilidad de las consultas por el hecho de que la duda de constitucionalidad provenga del razonamiento de alguna de las partes). En consecuencia, atendiendo al carácter de la consulta judicial –aunque se base en los alegatos de una acción anterior o los razonamientos de alguno de los litigantes– esta podría ser admisible porque ha motivado en el juez una duda de constitucionalidad sobre la normativa que debe aplicar. \n\nEn el sub lite se acreditó que la consulta judicial se realizó por parte del juez Juan Carlos Jiménez, actuando como juez suplente del Tribunal Penal de Pococí (Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica), mediante resolución de las 15:41 horas de 29 de mayo de 2024, en la que expuso que le corresponde resolver el proceso penal n.°21-000318-1263-PE instaurado justamente por la presunta comisión del delito de transporte y distribución ilegal de combustible, tipificado en el art. 7 de la ley n.°9852. De forma transparente, el juzgador consignó que el día 03 de noviembre del 2021, durante la continuación de la audiencia, se invocó la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas como medio razonable para amparar los derechos lesionados. Finalmente, el juez fundó razonablemente sus dudas de constitucionalidad, principalmente en lo relativo a la supuesta infracción al principio de tipicidad.\n\nSe constató que, en la supra citada resolución, el juez emplazó a las partes para que manifestaran lo correspondiente y se suspendió el proceso penal hasta la resolución de la consulta judicial.\n\nEn virtud de estas consideraciones, se estima que la consulta judicial es admisible y procede evacuarla por el fondo.\n\nII.- SOBRE EL FONDO\n\nA.-Normas consultadas\n\nEl juez consultante plantea sus dudas de constitucionalidad en relación con los arts. 7, 17 y 20 de la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, n.°9852. Los numerales establecen lo siguiente:\n\nArt. 7- Transporte y distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas. Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, a quien, en el territorio nacional, introduzca, transporte o distribuya combustibles derivados del petróleo o sus mezclas de forma ilegal o sin la debida autorización de Recope o del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).\n\n \n\nArt. 17- Decomiso de combustibles derivados del petróleo. Los combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, que según la Ley 6588, Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de 30 de julio de 1981, correspondan al monopolio de Recope, que no cuenten con las autorizaciones de Recope o provengan de los delitos sancionados por esta ley, podrán ser decomisados por los órganos policiales, jurisdiccionales y el Ministerio Público.\n\n \n\nLa Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá acudir inmediatamente, en un plazo no mayor a tres días, a los lugares donde las autoridades descubran la existencia de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, que no cuenten con la autorización de Recope, prestarle la asistencia que requieran; captar, transportar y custodiar el material decomisado, según las técnicas destinadas para este fin.\n\n \n\nArt. 20- Reglamentación de esta ley. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de seis meses a partir de su vigencia. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta ley ni su obligatoria observancia. (Lo subrayado no corresponde al original).\n\n \n\n \n\nAhora bien, aunque no está consultado, se transcribe a continuación el art. 1° de la ley, pues nos refiere al contexto de aplicación del tipo penal especial contenido en la norma (art. 7):\n\nArt.1- Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, en adelante Recope, así como la introducción ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, en el territorio nacional. (Lo subrayado no corresponde al original).\n\n \n\nAdemás, el art. 2 ilustra la prohibición general de la normativa bajo análisis:\n\nArt.2 -Prohibición general. La importación exclusiva de combustibles derivados del petróleo le corresponde a Recope, como empresa pública que administra el monopolio del Estado en la importación, refinación, distribución al mayoreo del petróleo crudo y sus derivados; por lo tanto, toda importación realizada por un tercero no autorizado por Recope es ilegal (*), por lo que toda persona física o jurídica queda sujeta a las sanciones establecidas en esta ley y en cualquier otra norma vigente.\n\n(*)(Corregido mediante Fe de Erratas publicada  en La Gaceta N° 179 del 22 de julio del 2020, página N° 2). (Lo subrayado no corresponde al original).\n\n \n\nB.- Alegato del juez consultante\n\nEl juez penal solicita a esta Sala que se pronuncie sobre las dudas de constitucionalidad que tiene sobre los arts. 7, 17, y 20 de la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas.\n\nLa duda de constitucionalidad radica en que el numeral 7 –a su juicio– estaría quebrantando el principio de tipicidad, dado que, al tipificar la conducta señalada, sanciona el transporte de combustible en forma ilegal, sin que se clarifique ese aspecto:\n\n“El elemento normativo del tipo penal \"ilegal\", debe por imperativo de ley, estar definido en la norma en cuestión, caso contrario, al momento de aplicar la norma, queda al libre arbitrio de la autoridad administrativa o judicial determinar si el transporte es legal o ilegal, como sucedió en el caso donde se invocó la inconstitucionalidad de la norma\n\n(…)\n\nLa aplicación del artículo 7 cuestionado, el cual es un tipo penal defectuoso, indeterminado, conlleva dos problemas: 1) La imposibilidad de que, mediante la \"potestad reglamentaria\", se pueda llenar o suplir las falencias de elementos normativos y descriptivos de la tipicidad, por la mala técnica legislativa. (…) El segundo problema derivado de la aplicación del artículo 7 cuestionado, radica en la letra del artículo 20 de la ley 9852 (…) la falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta ley ni su obligatoria observancia (sic)”. \n\n \n\nC.- Informe de la PGR\n\nLa PGR enmarca las normas cuestionadas dentro de dos aspectos de importancia. En primer lugar, que la regulación debe ser ponderada con lo que dispone el art. 1° de la ley 9852| siendo que el objeto de la ley es sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). En segundo lugar, se refieren a que al decretarse el monopolio del Estado en la importación, refinación y distribución al mayoreo del petróleo crudo y sus derivados (combustibles, asfaltos y naftas), por ley n.°7536 de 24 de agosto de 1993, el legislador determinó que esa distribución es un servicio público. Un servicio explotado a través de RECOPE, empresa pública concesionaria del servicio de distribución de combustibles al mayoreo. Luego, que no obstante que el transporte por otros medios no ha sido previsto como servicio público regulado en la ley n.°7593, el Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible, decreto ejecutivo n.°36627 de 23 de junio de 2011 dispone que el transporte de combustible por unidades de transporte terrestre constituye un servicio público y que sus tarifas serán fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Entonces, dentro de la primera conducta descrita en la norma en análisis, se tiene que lo ilegal de la conducta que se sanciona está determinada para quien distribuya combustible producto de un apoderamiento el cual no puede ser evidentemente legal. De modo que la primera conducta regulada en el numeral 7 de la ley n.°9852, que comprende el transporte y distribución de combustible derivado de apoderamiento, es completamente clara y no amerita ninguna remisión a un reglamento. En cuanto al segundo aspecto de comisión delictiva que se describe en el art. 7, el mismo hace alusión a quien transporte o distribuya combustible sin los debidos permisos de RECOPE o del Ministerio de Ambiente (MINAE), y tal determinación se dirige a quien quiera transportar combustible –aunque no haya sido introducido de manea ilegal al país–, pero que dicho transporte se realice sin contar con los permisos respectivos. Al respecto, se explica que esta acción en sentido jurídico penal corresponde a un delito de peligro abstracto ya que el hecho de no contar con los permisos para transportar combustible –siendo ésta una sustancia inflamable y contaminante–implica un riesgo implícito en la acción desplegada, lo que abarca la tutela de una serie de bienes jurídicos como la seguridad común, la salud y el medio ambiente.\n\nConcluye la PGR, lo siguiente:\n\n“[P]ara transportar combustible en nuestro país, se requiere cumplir con las regulaciones que están contenidas en el reglamento 36627-MINAE, de ahí que el no contar con los permisos para tal fin constituye una conducta punible, ello viene dado por el hecho que el legislador consideró que de hacerlo sin ningún tipo de autorización representa una actividad eminentemente riesgosa.  Por ello no solo se dejó el tipo simple comprendido en el artículo 7, sino que se agregó un tipo agravado que establece un aumento en la sanción de todas otras conductas contenidas en la ley 9852, determinando como agravantes varios presupuestos entre los que destacan: cuando exista peligro para la salud o la vida de las personas ( el transporte en condiciones inadecuadas puede generar un riesgo para la vida o la salud de terceros); o bien cuando exista un daño ambiental ( aspecto que deriva justamente del transporte en condiciones inadecuadas) siendo que la emisión de los permisos lo que busca justamente es que aquella persona que transporte combustible lo haga cumpliendo con los requisitos para ello sin poner en riesgo la salud, la vida o el medio ambiente”.  \n\n \n\nD.- Resolución del caso concreto\n\nConforme a una valoración integral de la normativa sometida a análisis y el informe de la PGR, las suscritas magistradas llegamos a la conclusión de que el tipo penal no presenta las deficiencias que el juez consultante le atribuye.\n\nEn primer término, a partir del enunciado del art. 2 de la norma, se tiene que la importación de combustibles derivados del petróleo se encuentra de forma exclusiva en manos de RECOPE, por lo que toda importación realizada por un tercero no autorizado por parte de aquella autoridad se reputa como ilegal, de modo que toda persona física o jurídica queda sujeta a las sanciones establecidas en la ley. La lectura integral de la normativa permite comprender que la introducción de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas es un servicio encomendado exclusivamente a RECOPE, de modo que cualquier persona que no sea dicha autoridad podría incurrir en la conducta ilícita que la norma detalla. De otra parte, se tienen las acciones de transporte o distribución de combustibles que, como se informó por parte de la PGR, requieren de una autorización de RECOPE o del MINAE. En caso de no contar con aquellos permisos para la actividad, del mismo modo, se incurre en una conducta sancionada por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la peligrosidad que acarrea. Una tipificación así obedece a la determinación del legislador de procurar evitar riesgos potenciales en los bienes jurídicos que se tutelan y esta Sala ha avalado su constitucionalidad (ver, por ejemplo, la sentencia n.°2019-019608). Al respecto, esta minoría no aprecia que se trate de una norma penal que incurra en los vicios apuntados por el juez consultante.\n\nAsí las cosas, como lo relativo a la antijuricidad de la conducta ya se encuentra definido en la propia legislación, no se aprecia que el hecho de que, además, se deba reglamentar la ley n.°9852 implique una lesión al principio de tipicidad o de legalidad penal (art. 20 consultado).\n\nFinalmente, en lo relativo al decomiso de los combustibles, consideramos que no se trata o no se vislumbra que sea un aspecto de aplicación en el caso concreto. En efecto, en el proceso penal el juzgador deberá determinar si la conducta atribuida a la persona imputada encuadra en los supuestos del art. 7, pero no se clarifica que, al respecto, deba resolver algún extremo relacionado con el decomiso. En cuyo caso, no se observa sobre el particular que la norma sea de aplicación al juicio base.\n\nIII.- CONCLUSIONES\n\nCorolario de las consideraciones realizadas, estimamos que la consulta judicial es admisible y que, por el fondo, no se aprecian los vicios de inconstitucionalidad formulados por el juez consultante.\n\n \n\n \n\nAnamari Garro V.       Ingrid Hess H.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExp: 24-016500-0007-CO\n\n \n\n1\n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nvotado con boleta\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:48:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Case File:** 24-016500-0007-CO\n\n**Res. No. 2024-024395**\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at thirteen hours and forty-five minutes on the twenty-third of August, two thousand twenty-four.\n\nOptional judicial consultation formulated by Juan Carlos Jiménez Marín, in his capacity as Alternate Criminal Judge of the Criminal Trial Court of Pococí, by means of a resolution at 15:41 hours on May 29, 2024, issued within case file No. 21-000318-1263-PE, which is a criminal proceeding brought against [Name 001], for the crime of “Illicit Trafficking of hazardous, bioinfectious, or radioactive waste or substances,” with respect to Articles 7 (illegal transport and distribution of petroleum-derived fuels or their mixtures), 17 (forfeiture of petroleum-derived fuels), and 20 (regulation of this law), contained in the “Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas,” Law No. 9852 of June 16, 2020.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 13:26 hours on June 19, 2024, and based on Articles 8, subsection 1), of the Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, subsection b); 3, 13, 102, and 104, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the consulting office requests that this Chamber rule on the doubts of constitutionality it has regarding Articles 7, 17, and 20, of the Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas. The doubt of constitutionality lies in the fact that Article 7 of the aforementioned Law would be violating the principle of specificity (principio de tipicidad), given that when criminalizing the indicated conduct, it penalizes the transport of fuel illegally, without indicating what a legal form is; it does not state what that form is. The rule is even more confusing when it says “or without the proper authorization from RECOPE or MINAE,” since the object of the law would be in Article 1, which states it is to penalize “illicit activities related to the illegal seizure of fuels,” as well as “the illegal introduction of fuels” “into the national territory.” The question of constitutionality arises when there is a legal purchase of gasoline (at a gas station) and it is transported on public roads, which would not permit the criminal classification of the questioned Article 7. It also questions Article 20, which mentions that the “lack of regulation shall not prevent the application of this law nor its mandatory observance,” due to problems of specificity (tipicidad), as it mandates applying a criminal type that violates the principle of specificity. Finally, regarding the forfeiture (decomiso) of property that was legally acquired at a gasoline station and transported by a third party, the return of the asset can be requested; however, because the criminal process takes time to be resolved, the owner faces a loss of their property since the forfeited product eventually degrades.\n\n2.- Despite the summons conferred on the parties within the main matter, by an unnumbered resolution, at 15:41 hours on May 29, 2024, of the Alternate Trial Judge of the Criminal Trial Court of the II Judicial Circuit of the Atlantic Zone, MSc. Juan Carlos Jiménez Marín, the parties did not appear before the Chamber.\n\n3.- By means of a resolution at 12:32 hours on June 21, 2024, the Presidency of the Chamber warned the consulting judge, Juan Carlos Jiménez Marín, to indicate, within a period of twenty-four hours and under warning of not processing the consultation in case of omission, whether the Court hearing case file No. 21-000318-1263-PE is a single-judge or collegiate body. By a writing submitted at 01:05 hours on June 24, 2024, the Judge informed the Chamber that the case file in question is being heard by a single-judge body.\n\n4.- By means of an order at 14:57 hours on June 24, 2024, the Presidency of the Chamber granted proceedings to the consultation, granting a hearing to the Procuraduría General de la República.\n\n5.- Iván Vinicio Vincenti Rojas, Procurador General de la República, responds to the granted hearing, indicating that he has doubts about the admissibility of the judicial consultation formulated. He expresses that, unlike acciones de inconstitucionalidad which are driven by a personal interest, consultations on constitutionality by judges must be completely objective, in the endeavor to help ensure that the legal system is adjusted to the constitutional order. Hence, there must be a genuine doubt of constitutionality, and that consultation must be duly grounded. He maintains that the consultation does not proceed with respect to Articles 17 and 20 of Law No. 9852, given that he does not have to apply them in the specific case. But furthermore, he points out that “… it is necessary to highlight an aspect that draws attention in the present consultation, which stems from the questioning not being a new issue, since precisely in case file 22-000391-0007-CO (in which the acción was rejected outright), the same questioning of constitutionality was processed, presented on that occasion by Lic. George Paisano Saborío, who precisely appears as the legal representative of the Civil Third Party in criminal case 21-000318-1263-PE, which is the preceding case that generates the consultation promoted by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí seat, highlighting the fact that the filing brief of said acción retains drafting aspects very similar to those presented by the consulting Court.\n\nAs a sample of what is indicated supra, it can be observed that in the acción promoted by Lic. Paisano Saborío in the year 2022, when questioning Articles 7, 17, and 20 of Law 9852, a drafting is detailed that is taken up again in the consultation formulated by the judge, such that we are in doubt as to whether the original questioning is of the judge's own making. For example, in the second, third, fourth, fifth, and sixth considerandos of the consultation referred by the Trial Court, an identical intellective argumentation is made, in the sections, to the substantiation of the acción presented by Lic. Paisano Saborío.\n\nThis aspect is not of minor importance, as it could result in the consultation promoted not being the exclusive preserve of the Judicial Office, and it rather seems that the core questioning in its drafting apparently comes from a lawyer representing the interested third party in the preceding criminal process, who precisely appealed to the Constitutional Chamber and whose motion was rejected outright.\n\nAs can be observed, in case file 21-000318-1263-PE, at folio 158, the trial record is located in which the interested third party represented by Lic. Paisano Saborío indicates that the rule is not compliant with Constitutional Law and requests that the acción de inconstitucionalidad be reviewed, an aspect on which the judge decides to make the corresponding consultation to the Constitutional Chamber.\n\nThe problem that derives from what was decided by the court, and which is related to the substantiation of the consultation presented, is precisely the use of the same drafting (for the core questionings) from the acción de inconstitucionalidad that was filed at the time by the lawyer representing the interested third parties, such that the intellective analysis that is required in the presentation of a consultation on constitutionality by a judge ceases to be a proper questioning and becomes (apparently) an echo of an acción already lodged and that was not admitted. This, in our judgment, fails to fulfill the duty of substantiation required in every judicial resolution, which must lead to the rejection of the formulated consultation.\n\nFrom what has been stated, this advisory and impartial Body of the Constitutional Chamber believes that the judicial consultation at hand suffers from some admissibility defects (which have been duly accredited), for which reason we request that they be so declared, declaring the present judicial motion inadmissible.”\n\nRegarding the merits, Article 7, it is necessary to weigh the action in the national territory of illegal transport or distribution of petroleum-derived fuels or their mixtures, with Article 1 of Law No. 9852, whose object is to penalize the illicit activities of illegal seizure of fuels property of the Refinadora Costarricense de Petróleo. It describes the actions of the type; moreover, regarding distribution and transport, it mentions the opinion of the Procuraduría General de la República C-134-2011, noting that the distribution of fuel is a public service, and that, although transport “by other means” is not a public service regulated in Law No. 7536, the Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible, Decreto Ejecutivo 36627 of June 23, 2011, establishes for the transport of fuel by land transport unit as a public service, and ARESEP sets those rates. In addition, the challenged rule alludes to transport and distribution without the proper permits from RECOPE or MINAE; that is, without the respective permits, it is a crime of abstract danger, for the mere fact of transporting fuel, a flammable and polluting substance. The risk is implicit in the action deployed, thereby protecting several legal interests such as common safety, health, the environment. In our country, to transport fuel, one must comply with the regulations of Regulation No. 36627-MINAE, and therefore, not having them constitutes a punishable conduct. The legislator considered that doing so without any type of authorization is an eminently risky activity, which is what is in Article 7, but in addition, the law contemplates other aggravating factors, so that whoever transports fuel does so in compliance with requirements. He requests that the inadmissibility be declared for lack of requirements, and on the merits, the dismissal.\n\n6.- The formalities established by law were complied with in the procedure.\n\n**Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,**\n\n**Considering:**\n\nI.- On admissibility. Title IV, related to questions of constitutionality, in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, establishes some procedural remedies to sanitize the legal system. Thus, individuals can monitor, through the acción de inconstitucionalidad, the great melting pot of individual rights and interests that assist them in their conflicts, or also, public and institutional authorities by formulating acciones de inconstitucionalidad or other processes such as consultations on constitutionality, to present to the constitutional jurisdiction the conflicts of constitutionality they have detected. Clearly, its purpose is to ensure the prevalence of a criterion of objectivity of the rest of the legal system with the constitutional block, or the Law of the Constitution, so that the latter maintain their supremacy, efficacy, and direct applicability.\n\nThis is the case of the judicial consultation that enables the jurisdictional body, that is, the judge, to consult the Constitutional Chamber when they have well-founded doubts about the constitutionality of an act or rule that they must apply in the process under their knowledge. For this, the Chamber's jurisprudence has repeatedly established what the admissibility requirements are. Such requirements were analyzed in detail in Judgment of this Chamber No. 1997-01617 of 14:54 hours on March 17, 1997, as follows:\n\n\"A. That it be formulated by a \"judge\", a generic term that -of course- applies both to single-judge courts and collegiate courts, and on which it is unnecessary to specify more than: a) that it must involve authorities endowed with jurisdictional power, which excludes consultations formulated by administrative tribunals, but does include those made by arbitrators within the framework of matters subject to their decision (note that what is relevant in all cases is that one is within the process of a proceeding leading to the issuance of a judgment or arbitral award, endowed with the authority of res judicata (cosa juzgada)); and, b) that the judge must be, at the time of formulating the consultation, duly authorized to exercise that competence (since it would be wrong to think that a ruling that is invalid in the process in question could have the effect of initiating a procedure that, like this one, is of a purely incidental nature).\n\nB. That there be \"well-founded doubts\" about the constitutionality of the rule, act, conduct, or omission that must be applied or judged. This means that the questioning must be reasonable and weighted. Furthermore, it implies that it cannot deal with aspects on whose constitutionality the Chamber has already ruled. This is so not only because accepting the contrary would imply ignoring the erga omnes effect of the resolutions of this jurisdiction, but also since a consultation under those circumstances would evidently lack current interest. But it should be stressed, due to its relevance for the sub examine, that the explained circumstance only derives from those pronouncements in which the Chamber has expressly validated the conformity of the rule, act, conduct, or omission with constitutional parameters. Consequently, if a rule has previously passed the explicit examination of constitutionality (by way of acción or consultation), a new questioning on the same point would not be viable, but it could be viable with respect to an act, conduct, or omission based on the same rule, particularly because -in this case- there is always the possibility of a constitutional breach, no longer in the rule itself, but in its interpretation or application. Conversely, the fact that an act, conduct, or omission has been previously endorsed (perhaps by means of amparo or habeas corpus) does not mean that there cannot be doubts about the constitutionality of the rule itself on which they are based. And, in this hypothesis, the judicial consultation is pertinent.\n\nC. That there be a case submitted to the knowledge of the judge or court. As with the acción de inconstitucionalidad, the judicial consultation never occurs in a vacuum or for mere academic eagerness, but rather it must be relevant for the decision or resolution of the so-called \"prior\" or \"main\" matter. Finally,\n\nD. That, in that prior matter, the rule must be applied or the act, conduct, or omission that raises the doubt of constitutionality must be judged, an aspect that -due to its relevance for the case- it is convenient to specify. Indeed, the expression \"the rule must be applied or the act, conduct, or omission must be judged\" carries a very defined current sense and is totally different than if the law spoke in terms of \"the rule may be applied or the act, conduct, or omission may be judged.\" The judicial consultation does not proceed before the mere eventuality that those circumstances might occur, since -as explained above- this conception would be equivalent to investing the resources of the constitutional jurisdiction in a simple academic or doctrinaire exercise. For the consultation to be viable, the judge must be faced, with certainty and in the present time, with the application of the rule or the judging of the act, conduct, or omission that raises a doubt of constitutionality.\"\n\nWhat proceeds is to carry out a review of the admissibility requirements of the consultation formulated by the Alternate Criminal Judge of the Criminal Trial Court of Pococí, by means of a resolution at 15:41 hours on May 29, 2024, issued within case file No. 21-000318-1263-PE, as indicated by the Procuraduría General de la República.\n\nII.- On the substantiation of the judicial consultation.\n\nThis Chamber has declared judicial consultations unevictable when they present problems in their substantiation, as well as some other problems related to the resolutions in which the consultations are formulated. The Chamber so stated, regarding problems of form, also in the matter of the hearing to the parties, so that they could appear before the Constitutional Chamber.\n\nIn Judgment No. 2015-13860 of 9:25 hours on September 2, 2015, it was established that:\n\n\"In the case under study, what the Judge raises does not meet all the formal requirements demanded by the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Article 104 clearly indicates that the consulting Judge must issue a resolution in which they shall indicate, in a reasoned manner, the provision or act that raises doubt for them, and, in addition, the reasons that support that doubt. Furthermore, they must summon the parties so that they may appear, should they so desire, before this Tribunal and suspend the processing of the proceeding until the Chamber resolves.\"\n\nIn another Judgment No. 2015-17352 of 9:30 hours on November 4, 2015, on which occasion the Chamber established that:\n\n\"The consultation on constitutionality is an instrument that allows the Judge, faced with a doubt that arises regarding the constitutionality of one or several rules they must apply in a specific case, to request the Chamber to evacuate it, previously providing elements that justify and explain their questioning. Article 104 clearly indicates that the consulting Judge must issue a resolution in which they shall indicate, in a reasoned manner, the provision or act that raises doubt for them, and, in addition, the reasons that support that doubt.\"\n\nBy Judgment No. 2022-20359, of 9:30 hours on August 31, 2022, it was stated that:\n\n\"In the specific case, the consulting judges formulated this consultation by means of a resolution issued within criminal process No. [Value 001], which is consistent but only partially with what is provided in Article 102 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since it is not observed from what that court expressed that it is truly a doubt that is well-founded and reasonable on grounds of constitutionality.\"\n\nIII.- On the formulation of the consultation and the problems of its origin.\n\nUpon making a detailed analysis of each of the admissibility requirements stated previously, the Procuraduría General de la República, as advisor to the Constitutional Chamber, points out that the claims of unconstitutionality formulated in another acción de inconstitucionalidad, which had been filed against Articles 7, 17, and 20 of Law No. 9852, processed under Constitutional Chamber case file No. 22-000391-0007-CO, are repeated.\n\nThis Constitutional Chamber, consequently, proceeded to determine the veracity of what was pointed out by the Procuraduría General, which allows it to find that it is indeed the same drafting within the same base matter No. 21-000318-1263-PE. Although the Chamber verifies the warning from the advisory body, with this conduct, of course, the consulting Judge maintains the inconvenience of the affectation to the substantiation of the acción de inconstitucionalidad that was attempted to be promoted before the Constitutional Chamber. As is obvious, no true substantiation of the doubt that the judge claims to have is observed, by transcribing a writing that was known in an acción de inconstitucional rejected outright by Judgment No. 2022-05564 of 9:20 hours on March 9, 2022. And notwithstanding, the accionante in that acción expressed their disagreement by requesting clarification and addition; this was resolved in Judgment No. 2022-07432 at 9:45 hours on March 30, 2022, regarding the procedural and substantive aspects that in their judgment were omitted in the Judgment.\n\nThus, in light of Article 104 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the judge must issue a resolution in which they shall indicate, in a reasoned manner, the provision or act that raises doubt for them, and, in addition, the reasons that support that doubt. Hence, this Chamber finds itself in the predicament that if the same motion was resolved by Judgment No. 2022-05564 of 9:200 hours on March 9, 2022, and by means of resolution 2022-07432, of 9:45 hours on March 30, 2022, there is in turn a lack of reasoning due to the use of the same pleading, which would undermine the very purpose of the consultation, besides the obvious reason that there would be res judicata with respect to the same brief of filing that was rejected by the Chamber. Hence, none of these arguments could serve to make the Chamber review again the arguments that were rejected outright.\n\nFinally, upon reviewing the resolution in which the judicial consultation is formulated, the consulting Judge effectively summoned the parties within the period of three days; however, they did not indicate where they should appear; that is, before the Constitutional Chamber, as the jurisprudence has indicated, a situation that evidently does not comply with Article 104 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFor all the above, under these circumstances, there is no ground to evacuate the formulated consultation.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\n**Therefore:**\n\nBy majority, the consultation is declared unevictable. Judge Rueda Leal and Judges Garro Vargas and Hess Herrera dissent and evacuate the formulated consultation in the sense that the rules do not have the alleged defect of unconstitutionality.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nPaul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G. Anamari Garro V.\n\nIngrid Hess H. Alexandra Alvarado P.\n\nExp. 24-016500-0007-CO\nRes. 2024-024395\n\n**DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL.** In the first place, regarding the admissibility of judicial consultations on constitutionality, Article 102 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the admission requirements. From this provision, some conditioning and fundamental elements for its origin derive, such as the following: that it be formulated by a judge; that there be \"well-founded doubts\" about the constitutionality of the rule, act, conduct, or omission that must be applied or judged; that there be a case submitted to the knowledge of the judge or court; and that in that prior matter the rule must be applied or the act, conduct, or omission that raises the doubt of constitutionality must be judged. Such requirements were analyzed in detail in judgment of this Chamber No. 01617-97 of 14:54 hours on March 17, 1997, in this way:\n\n\" A. That it be formulated by a \"judge\", a generic term that -of course- applies both to single-judge courts and collegiate courts, and on which it is unnecessary to specify more than: a) that it must involve authorities endowed with jurisdictional power, which excludes consultations formulated by administrative tribunals, but does include those made by arbitrators within the framework of matters subject to their decision (note that what is relevant in all cases is that one is within the process of a proceeding leading to the issuance of a judgment or arbitral award, endowed with the authority of res judicata); and, b) that the judge must be, at the time of formulating the consultation, duly authorized to exercise that competence (since it would be wrong to think that a ruling that is invalid in the process in question could have the effect of initiating a procedure that, like this one, is of a purely incidental nature).\n\nB. That there be \"well-founded doubts\" about the constitutionality of the rule, act, conduct, or omission that must be applied or judged. This means that the questioning must be reasonable and weighted. Furthermore, it implies that it cannot deal with aspects on whose constitutionality the Chamber has already ruled. This is so not only because accepting the contrary would imply ignoring the erga omnes effect of the resolutions of this jurisdiction, but also since a consultation under those circumstances would evidently lack current interest. But it should be stressed, due to its relevance for the sub examine, that the explained circumstance only derives from those pronouncements in which the Chamber has expressly validated the conformity of the rule, act, conduct, or omission with constitutional parameters. Consequently, if a rule has previously passed the explicit examination of constitutionality (by way of acción or consultation), a new questioning on the same point would not be viable, but it could be viable with respect to an act, conduct, or omission based on the same rule, particularly because -in this case- there is always the possibility of a constitutional breach, no longer in the rule itself, but in its interpretation or application. Conversely, the fact that an act, conduct, or omission has been previously endorsed (perhaps by means of amparo or habeas corpus) does not mean that there cannot be doubts about the constitutionality of the rule itself on which they are based. And, in this hypothesis, the judicial consultation is pertinent.\n\nC. That there be a case submitted to the knowledge of the judge or court. As with the acción de inconstitucionalidad, the judicial consultation never occurs in a vacuum or for mere academic eagerness, but rather it must be relevant for the decision or resolution of the so-called \"prior\" or \"main\" matter (…)\n\nD. That, in that prior matter, the rule must be applied or the act, conduct, or omission that raises the doubt of constitutionality must be judged, an aspect that -due to its relevance for the case- it is convenient to specify. Indeed, the expression \"the rule must be applied or the act, conduct, or omission must be judged\" carries a very defined current sense and is totally different than if the law spoke in terms of \"the rule may be applied or the act, conduct, or omission may be judged.\" The judicial consultation does not proceed before the mere eventuality that those circumstances might occur, since -as explained above- this conception would be equivalent to investing the resources of the constitutional jurisdiction in a simple academic or doctrinaire exercise. For the consultation to be viable, the judge must be faced, with certainty and in the present time, with the application of the rule or the judging of the act, conduct, or omission that raises a doubt of constitutionality.\"\n\nLikewise, numeral 104 eiusdem requires that the judicial consultation be formulated in a reasoned resolution, that the parties be summoned within three days, and that the processing of the proceeding be suspended until the Chamber has evacuated the consultation.\n\nThis being the case, I consider that in the sub iudice the aforementioned admissibility requirements are met, given that the consultation was formulated by a judge of the Criminal Trial Court of the II Judicial Circuit of the Atlantic Zone through the resolution of 15:41 hours on May 29, 2024. In that pronouncement, the judge adduces reasonable doubts of unconstitutionality regarding ordinales 7, 17, and 20 of Law No. 9852 (Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas), and captures the grounds for such questionings. Likewise, the consultation was formulated in case file No. 21-000318-1263-PE, a matter pending resolution by the consulting court.\n\nAdditionally, under the terms of Article 104, it is observed that the judicial consultation was formulated by means of a reasoned resolution (resolution of 3:41 p.m. on May 29, 2024), in which, furthermore, the parties were summoned within three days and the processing of the underlying proceeding was suspended until the resolution of the sub iudice matter.\n\nBy virtue of the foregoing, it is appropriate to analyze the merits of the consultation formulated regarding the norms that the consulting court must apply in the jurisdictional proceeding it is handling, as will be done below.\n\nFirst, the constitutionality of Article 7 of Law No. 9852 is questioned, which provides: “ARTICLE 7-Illegal transport and distribution of petroleum-derived fuels or their mixtures. A prison sentence of one to four years shall be imposed on anyone who, within the national territory, introduces, transports, or distributes petroleum-derived fuels or their mixtures illegally or without the proper authorization from Recope or the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE).\n\nOn this point, the consulting court considers that the cited norm violates the principle of specificity (principio de tipicidad), given that, with regard to “transport,” it sanctions anyone who does so “illegally.” In this regard, it argues that the term “illegal” is a normative element of the criminal offense that must be defined by the norm in question, because otherwise, determining the legality or illegality of the conduct for the purposes of subsuming it under the criminal offense would be left to the discretion of the legal operator. It argues, in turn, that the normative element “illegal” cannot be determined by regulation.\n\nNow, as the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República, PGR) explains in its report, the questioned norm must be weighed against the provisions of Article 1 of Law No. 9852 itself, which precisely develops the purpose of that body of law. Thus, the referenced norm provides: “ARTICLE 1-Purpose of the law. The purpose of this law is to sanction illicit activities related to the illegal seizure (apoderamiento ilegal) of petroleum-derived fuels and their mixtures, which are the property of the Refinadora Costarricense de Petróleo, hereinafter Recope, as well as the illegal introduction of petroleum-derived fuels and their mixtures, into the national territory.” (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThus, as the PGR rightly states, the illegality of the conduct of transporting or distributing petroleum-derived fuels or their mixtures is determined by the illegitimate “seizure” (apoderamiento) of these substances. In this sense, it is worth highlighting that Article 2 of the same law establishes: “ARTICLE 2-General prohibition. The exclusive importation of petroleum-derived fuels corresponds to Recope, as the public company that administers the State monopoly on the importation, refining, and wholesale distribution of crude oil and its derivatives; therefore, any importation carried out by a third party not authorized by Recope is illegal, and thus any individual or legal entity is subject to the sanctions established in this law and in any other current norm.”\n\nIn accordance with this last provision, Article 1 of Law No. 7356 indicates: “Article 1- The importation, refining, and wholesale distribution of crude oil and its derivatives, which include fuels, asphalts, and naphthas, to satisfy national demand, are a State monopoly.”\n\nFrom the above, as the PGR states, it is easily deduced that the introduction of fuel into the national territory, without the proper authorization from Recope or MINAE, is carried out illegally; so that the seizure for transport or distribution made of those illegitimately introduced substances also becomes “illegal.” Thus, as the Attorney General states in his report: “it is understood that the first conduct regulated in Article 7 of Law 9852, which comprises the transport and distribution of fuel derived from seizure, is completely clear and does not merit any reference to a regulation as the Consulting Court seems to understand.”\n\nOn the other hand, the questioned norm also regulates another scenario of criminal commission, which is when the actions of transport or distribution are carried out without the proper permits from Recope or MINAE, despite the fact that the petroleum-derived fuel or its mixtures have been introduced into the country legally. Thus, the norm is based on an abstract danger, since fuel is a flammable and polluting substance, so its transport without the proper permits causes a risk to public safety, health, and the environment. Precisely, as the PGR warns, regarding the transport of fuel, Regulation No. 36627-MINAE must be complied with, such that carrying out such action without fulfilling the corresponding requirements and without the proper authorization generates a risk of special magnitude, which the questioned criminal norm legitimately sanctions.\n\nBy virtue of the foregoing, the undersigned does not find that Article 7 of Law No. 9852 presents the alleged defects of constitutionality.\n\nNow, in a complementary manner, the consulting court also questions Article 20 of the same law, which indicates: “ARTICLE 20-Regulation of this law. The Executive Branch shall regulate this law within a maximum period of six months from its entry into force. The lack of regulation shall not prevent the application of this law or its mandatory observance.” (The highlighting does not correspond to the original). In this sense, it points out that it is unconstitutional by compelling judges to apply Article 7 cited ut supra, despite the fact that, in its judgment, such norm violates the principle of specificity (principio de tipicidad).\n\nIn this regard, as noted, the argument made by the court regarding Article 20 is complementary to that argued regarding Article 7. Thus, since the alleged unconstitutionality of this latter norm is not verified, no defect is evidenced by the fact that the referenced Article 20 stipulates the mandatory application of Law No. 9852, which is specifically what is questioned by the consulting court.\n\nFinally, Article 17 of the same law is questioned, which states: “ARTICLE 17-Seizure (Decomiso) of petroleum-derived fuels. Petroleum-derived fuels or their mixtures, which according to Law 6588, Law Regulating the Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), of July 30, 1981, correspond to the monopoly of Recope, which do not have the authorizations from Recope or come from the crimes sanctioned by this law, may be seized by police agencies, jurisdictional bodies, and the Public Ministry (…)”. However, in the terms formulated by the consultant, it is not noted that this norm is directly applicable to the underlying jurisdictional proceeding. In this sense, in the consultation, the court does not specifically explain the applicability of the norm to the case before it, but rather, in general, exposes that such regulation affects the community of Tortuguero in the district of Colorado in Pococí and the Asociación de Boteros y Transportistas de Barra del Tortuguero.\n\nIn this regard, the PGR highlights in its report that, in the criminal case file, what is observed is a minute of fuel seizure carried out by the Fuerza Pública, without it being evident that the seized material is under the custody of the jurisdictional authority in the criminal proceeding under its charge, hence it argues: “since the seizure was materialized by a police body, the premise contained in said article is not an aspect that must be applied by the judge in the proceeding invoked as background to formulate the consultation.” Consequently, the consultation formulated in such terms is improper.\n\nBy virtue of the considerations set forth, I find no defect susceptible to being declared in this constitutional review process.\n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\n \n\nExp: 24-016500-0007-CO\n\nRes. n.°2024-024395\n\nDISSENTING VOTE OF JUDGES GARRO VARGAS AND HESS HERRERA, with drafting by the former\n\nThe undersigned judges respectfully dissent from the majority vote, as we consider that the judicial consultation is admissible and, on the merits, we find no defect of unconstitutionality.\n\nI.- ON THE ADMISSIBILITY OF THE JUDICIAL CONSULTATION\n\nArt. 102 of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) establishes the admission requirements for judicial consultations in the following terms:\n\nEvery judge shall have standing to consult the Constitutional Chamber when they have founded doubts about the constitutionality of a norm or act that they must apply, or of an act, conduct, or omission that they must judge in a case before them.\n\n \n\nFrom this norm, four conditioning and fundamental elements for its admissibility emerge, which are the following: a) that it is formulated by a judge; b) that there are “founded doubts” about the constitutionality of the norm, act, conduct, or omission that must be applied or judged; c) that there is a case before the judge or court; and d) that, in that prior matter, the norm must be applied or the act, conduct, or omission raising the doubt of constitutionality must be judged. Likewise, Art. 104 of the same law requires that the judicial consultation be formulated in a reasoned resolution, that the parties be summoned within three days, and that the processing of the proceeding be suspended until the Chamber has resolved the consultation.\n\nThe norms of the LJC must be interpreted together with the provisions of Art. 8 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ), which regulates, as relevant, the following:\n\nArt. 8.- Officials who administer justice may not:\n\n1.- Apply laws or other norms or acts of any nature, contrary to the Political Constitution or to international or community law in force in the country.\n\nIf they have a doubt about the constitutionality of those norms or acts, they must necessarily consult the constitutional jurisdiction. (The highlighting does not correspond to the original).\n\n \n\nAs can be seen, the judicial consultation has an incidental nature, similar to that of the action filed under Article 75, first paragraph, of the LJC, and it must be understood that the purpose of the judicial consultation is to protect the right of one of the procedural parties. Note, inclusive, that Art. 105 of the LJC confirms the subjective and incidental purpose of judicial consultations, as it authorizes the entitled parties to carry out the procedure for converting a judicial consultation into an action of unconstitutionality. The second paragraph of the norm under analysis regulates the following:\n\nNotwithstanding, any of them who has standing to file an action may request the Chamber, within the term of the summons, that the matter be given the character and effects of said action of unconstitutionality, in which case they must formally file the latter within the following fifteen days. If they do so, the action shall be given the corresponding processing, and the Chamber shall refrain from resolving the consultation as such, but must rule on it in the judgment.\n\n \n\nIn responding to the legal hearing, the Office of the Attorney General of the Republic (PGR) informs that in the specific case, the claims of unconstitutionality formulated in another action of unconstitutionality are repeated, which had been filed against Arts. 7, 17, and 20 of Law No. 9852, processed under Constitutional Chamber file No. 22-000391-0007-CO, and, therefore, objects to the admissibility of the judicial consultation, because “it ceases to be a proper questioning to become (in appearance) an echo of an action already instituted and which was not admitted.” Said thesis was adopted by the majority of this Chamber.\n\nHowever, in this regard, this minority verified that, at least, there are two recent judicial consultations in which the consulting judges base their reasoning on the arguments raised by the parties in the main proceeding. So, the fact that the reasoning comes from one of the parties does not inhibit the possibility that a judge may assume as their own the doubts of constitutionality that are formulated to them (see, in this regard, judicial consultations numbers 2022-008751 and 2024-001728, in which, although Judge Garro Vargas set out her own reasons, did not dismiss the admissibility of the consultations due to the fact that the doubt of constitutionality came from the reasoning of one of the parties). Consequently, considering the nature of the judicial consultation—even if it is based on the arguments of a previous action or the reasoning of one of the litigants—this could be admissible because it has motivated a doubt of constitutionality in the judge about the norms that must be applied.\n\nIn the sub lite case, it was proven that the judicial consultation was carried out by Judge Juan Carlos Jiménez, acting as substitute judge of the Criminal Court of Pococí (Tribunal Penal de Pococí, Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone), by means of a resolution of 3:41 p.m. on May 29, 2024, in which he stated that he is responsible for resolving criminal proceeding No. 21-000318-1263-PE, precisely instituted for the alleged commission of the crime of illegal transport and distribution of fuel, defined in Art. 7 of Law No. 9852. Transparently, the judge noted that on November 3, 2021, during the continuation of the hearing, the unconstitutionality of the questioned norms was invoked as a reasonable means to protect the injured rights. Finally, the judge reasonably founded his doubts of constitutionality, mainly regarding the alleged infringement of the principle of specificity (principio de tipicidad).\n\nIt was verified that, in the aforementioned resolution, the judge summoned the parties to state their position and the criminal proceeding was suspended until the resolution of the judicial consultation.\n\nBy virtue of these considerations, it is deemed that the judicial consultation is admissible and it is appropriate to resolve it on the merits.\n\nII.- ON THE MERITS\n\nA.- Norms consulted\n\nThe consulting judge raises his doubts of constitutionality in relation to Arts. 7, 17, and 20 of the Law to sanction the seizure and illegal introduction of petroleum-derived fuels and their mixtures, No. 9852. The articles establish the following:\n\nArt. 7- Illegal transport and distribution of petroleum-derived fuels or their mixtures. A prison sentence of one to four years shall be imposed on anyone who, within the national territory, introduces, transports, or distributes petroleum-derived fuels or their mixtures illegally or without the proper authorization from Recope or the Ministry of Environment and Energy (MINAE).\n\n \n\nArt. 17- Seizure (Decomiso) of petroleum-derived fuels. Petroleum-derived fuels or their mixtures, which according to Law 6588, Law Regulating the Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), of July 30, 1981, correspond to the monopoly of Recope, which do not have the authorizations from Recope or come from the crimes sanctioned by this law, may be seized by police agencies, jurisdictional bodies, and the Public Ministry.\n\n \n\nThe Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) must immediately appear, within a period not exceeding three days, at the locations where the authorities discover the existence of petroleum-derived fuels or their mixtures that do not have the authorization of Recope, provide the assistance they require; capture, transport, and guard the seized material, according to the techniques intended for this purpose.\n\n \n\nArt. 20- Regulation of this law. The Executive Branch shall regulate this law within a maximum period of six months from its entry into force. The lack of regulation shall not prevent the application of this law or its mandatory observance. (The underlining does not correspond to the original).\n\n \n\n \n\nNow, although not consulted, Art. 1 of the law is transcribed below, as it refers us to the context of application of the special criminal offense contained in the norm (Art. 7):\n\nArt.1- Purpose of the law. The purpose of this law is to sanction illicit activities related to the illegal seizure (apoderamiento ilegal) of petroleum-derived fuels and their mixtures, which are the property of the Refinadora Costarricense de Petróleo, hereinafter Recope, as well as the illegal introduction of petroleum-derived fuels and their mixtures, into the national territory. (The underlining does not correspond to the original).\n\n \n\nFurthermore, Art. 2 illustrates the general prohibition of the regulation under analysis:\n\nArt.2 -General prohibition. The exclusive importation of petroleum-derived fuels corresponds to Recope, as the public company that administers the State monopoly on the importation, refining, and wholesale distribution of crude oil and its derivatives; therefore, any importation carried out by a third party not authorized by Recope is illegal (*), and thus any individual or legal entity is subject to the sanctions established in this law and in any other current norm.\n\n(*)(Corrected by Fe de Erratas published in La Gaceta No. 179 of July 22, 2020, page No. 2). (The underlining does not correspond to the original).\n\n \n\nB.- Argument of the consulting judge\n\nThe criminal judge requests that this Chamber rule on the doubts of constitutionality he has regarding Arts. 7, 17, and 20 of the Law to sanction the seizure and illegal introduction of petroleum-derived fuels and their mixtures.\n\nThe doubt of constitutionality lies in the idea that Article 7 –in his judgment– would be violating the principle of specificity (principio de tipicidad), given that, when defining the specified conduct, it sanctions the transport of fuel illegally, without clarifying that aspect:\n\n“The normative element of the criminal offense 'illegal', must, by mandate of law, be defined in the norm in question, otherwise, at the moment of applying the norm, it is left to the free discretion of the administrative or judicial authority to determine if the transport is legal or illegal, as happened in the case where the unconstitutionality of the norm was invoked\n\n(…)\n\nThe application of the questioned article 7, which is a defective, indeterminate criminal offense, entails two problems: 1) The impossibility that, through the 'regulatory power' (potestad reglamentaria), the deficiencies of the normative and descriptive elements of the specificity can be filled or supplied, due to poor legislative technique. (…) The second problem derived from the application of the questioned article 7, lies in the letter of article 20 of law 9852 (…) the lack of regulation shall not prevent the application of this law or its mandatory observance (sic).”\n\n \n\nC.- Report of the PGR\n\nThe PGR frames the questioned norms within two aspects of importance. First, that the regulation must be weighed against what is provided in Art. 1 of Law 9852| given that the purpose of the law is to sanction illicit activities related to the illegal seizure of petroleum-derived fuels and their mixtures that are the property of the Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). Second, they refer to the fact that upon decreeing the State monopoly on the importation, refining, and wholesale distribution of crude oil and its derivatives (fuels, asphalts, and naphthas), by Law No. 7536 of August 24, 1993, the legislator determined that this distribution is a public service. A service operated through RECOPE, a public company that is the concessionaire of the wholesale fuel distribution service. Then, that even though transport by other means has not been foreseen as a regulated public service in Law No. 7593, the Regulation for the Regulation of Fuel Transport, Executive Decree No. 36627 of June 23, 2011, provides that fuel transport by land transport units constitutes a public service and that its rates shall be set by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). So, within the first conduct described in the norm under analysis, it is held that the illegality of the sanctioned conduct is determined for anyone who distributes fuel resulting from a seizure, which evidently cannot be legal. So that the first conduct regulated in Article 7 of Law No. 9852, which comprises the transport and distribution of fuel derived from seizure, is completely clear and does not merit any reference to a regulation. Regarding the second aspect of criminal commission described in Art. 7, it alludes to anyone who transports or distributes fuel without the proper permits from RECOPE or the Ministry of Environment (MINAE), and such determination is directed at anyone who wants to transport fuel—even if it has not been introduced illegally into the country—but whose transport is carried out without the respective permits. In this regard, it is explained that this action, in the criminal legal sense, corresponds to a crime of abstract danger since the fact of not having the permits to transport fuel—this being a flammable and polluting substance—implies an implicit risk in the action carried out, which encompasses the protection of a series of legal interests such as public safety, health, and the environment.\n\nThe PGR concludes the following:\n\n“[T]o transport fuel in our country, it is required to comply with the regulations contained in Regulation 36627-MINAE, hence not having the permits for that purpose constitutes a punishable conduct, this is given by the fact that the legislator considered that doing so without any type of authorization represents an eminently risky activity. Therefore, not only was the simple offense comprised in Article 7 left, but an aggravated offense was added that establishes an increase in the sanction for all other conducts contained in Law 9852, determining as aggravating factors several assumptions among which the following stand out: when there is danger to the health or life of people (transport in inadequate conditions can generate a risk for the life or health of third parties); or when there is environmental damage (an aspect that derives precisely from transport in inadequate conditions) given that the issuance of permits precisely seeks that the person transporting fuel does so in compliance with the requirements for this without putting health, life, or the environment at risk.”\n\n \n\nD.- Resolution of the specific case\n\nIn accordance with a comprehensive assessment of the regulations submitted for analysis and the report of the PGR, the undersigned judges reach the conclusion that the criminal offense does not present the deficiencies that the consulting judge attributes to it.\n\nIn the first place, from the statement of Art. 2 of the norm, it is held that the importation of petroleum-derived fuels is exclusively in the hands of RECOPE, so any importation carried out by an unauthorized third party by that authority is deemed illegal, so that any individual or legal entity is subject to the sanctions established in the law. The comprehensive reading of the regulations allows understanding that the introduction of petroleum-derived fuels or their mixtures is a service entrusted exclusively to RECOPE, so that any person other than said authority could incur the illicit conduct that the norm details. On the other hand, there are the actions of transport or distribution of fuels that, as reported by the PGR, require authorization from RECOPE or MINAE. In the event of not having those permits for the activity, in the same way, a conduct sanctioned by our legal system is incurred by virtue of the danger it entails. Such specification obeys the legislator's determination to seek to avoid potential risks to the legal interests being protected, and this Chamber has endorsed its constitutionality (see, for example, judgment No. 2019-019608). In this regard, this minority does not appreciate that it is a criminal norm that incurs in the flaws pointed out by the consulting judge.\n\nThus, as the matter regarding the unlawfulness of the conduct is already defined in the legislation itself, it is not appreciated that the fact that Law No. 9852 must also be regulated implies an injury to the principle of specificity or criminal legality (Art. 20 consulted).\n\nFinally, regarding the seizure of fuels, we consider that it is not, or it is not foreseen, that it is an aspect of application in the specific case. Indeed, in the criminal proceeding, the judge must determine if the conduct attributed to the accused person fits within the assumptions of Art. 7, but it is not clarified that, in this regard, they must resolve any issue related to the seizure. In which case, it is not observed on this point that the norm is applicable to the underlying trial.\n\nIII.- CONCLUSIONS\n\nAs a corollary of the considerations made, we find that the judicial consultation is admissible and that, on the merits, the defects of unconstitutionality formulated by the consulting judge are not appreciated.\n\n \n\n \n\nAnamari Garro V. Ingrid Hess H.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExp: 24-016500-0007-CO\n\n \n\n1\n\n \n\n \n\nRemarks from SALA CONSTITUCIONAL\n\nvoted with ballot\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for consideration is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:48:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }