{ "id": "nexus-sen-1-0007-1282708", "citation": "Res. 01160-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Rechazo de acción contra resoluciones del TSE sobre paridad horizontal", "title_en": "Rejection of action against TSE rulings on horizontal parity", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un candidato a alcalde del Partido Pueblo Soberano contra tres resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que denegaron inscripciones de candidaturas por incumplimiento del principio de paridad horizontal, y contra el artículo 148 párrafo segundo del Código Electoral sobre el plazo de inscripción. La Sala determina que las resoluciones impugnadas son actos jurisdiccionales concretos del TSE en ejercicio de la función electoral, no jurisprudencia normativa de alcance general, por lo que no son impugnables vía acción de inconstitucionalidad conforme al artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, el accionante carece de legitimación para invocar intereses difusos o colectivos, ya que la normativa es de aplicación individual y afecta a un grupo plenamente identificable. La mayoría reitera que solo procede el control de constitucionalidad contra jurisprudencia electoral cuando se demuestre una línea de al menos tres sentencias con valor normativo abstracto, no para revisar casos particulares.", "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly rejects an unconstitutionality action filed by a mayoral candidate of the Pueblo Soberano Party against three resolutions of the Supreme Electoral Tribunal (TSE) that denied candidate registrations for non-compliance with horizontal parity, and against Article 148(2) of the Electoral Code regarding the registration deadline. The Chamber finds that the challenged resolutions are concrete jurisdictional acts of the TSE in the exercise of its electoral function, not general normative jurisprudence, and thus are not subject to constitutional review under Article 74 of the Constitutional Jurisdiction Law. Additionally, the petitioner lacks standing to invoke diffuse or collective interests, as the regulation applies individually and affects an identifiable group. The majority reiterates that constitutional review of electoral jurisprudence is admissible only when a line of at least three rulings with abstract normative value is demonstrated, not to review individual cases.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/01/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "paridad horizontal", "acción de inconstitucionalidad", "Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)", "función electoral", "jurisprudencia electoral", "intereses difusos", "rechazo de plano", "artículo 74 LJC" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 74", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 99", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 102", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 148", "law": "Código Electoral" } ], "keywords_es": [ "paridad horizontal", "acción de inconstitucionalidad", "Tribunal Supremo de Elecciones", "función electoral", "jurisprudencia electoral", "legitimación", "intereses difusos", "rechazo de plano", "artículo 74 LJC", "inscripción de candidaturas", "Código Electoral", "principio de paridad de género", "resoluciones concretas", "Derecho de la Constitución", "control de constitucionalidad" ], "keywords_en": [ "horizontal parity", "unconstitutionality action", "Supreme Electoral Tribunal", "electoral function", "electoral jurisprudence", "standing", "diffuse interests", "flat rejection", "Article 74 LJC", "candidate registration", "Electoral Code", "gender parity principle", "specific resolutions", "Constitutional Law", "constitutional review" ], "excerpt_es": "“El accionante argumenta que esta acción de inconstitucionalidad resulta admisible, por cuanto se pretende impugnar una presunta línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Elecciones. (...) Por el contrario, en esta acción se pretenden cuestionar resoluciones concretas del Tribunal Supremo de Elecciones, emitidas para resolver gestiones concretas y casos específicos, mediante las cuales fueron resueltos sendos recursos de apelación electoral formulados contra resoluciones de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos que denegaron diversas solicitudes de inscripción de candidaturas por incumplimiento del principio de paridad horizontal. (...) admite esta acción, en los términos formulados, supondría que esta Sala actúe como una instancia más en el proceso electoral y revise lo ya resuelto en el caso específico del partido político, al que pertenece el accionante, lo que resulta improcedente de conformidad con el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”", "excerpt_en": "“The petitioner argues that this unconstitutionality action is admissible, insofar as it seeks to challenge an alleged jurisprudential line of the Supreme Electoral Tribunal. (...) On the contrary, this action seeks to challenge specific resolutions of the Supreme Electoral Tribunal, issued to resolve specific petitions and cases, by which several electoral appeals were resolved against resolutions of the General Directorate of Electoral Registry and Financing of Political Parties that denied various candidate registration requests for non-compliance with the principle of horizontal parity. (...) admitting this action, as formulated, would mean that this Chamber acts as an additional instance in the electoral process and reviews what has already been resolved in the specific case of the political party to which the petitioner belongs, which is inadmissible pursuant to Article 74 of the Constitutional Jurisdiction Law.”", "outcome": { "label_en": "Flatly rejected", "label_es": "Rechazo de plano", "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly rejects the unconstitutionality action against specific TSE resolutions and Article 148 of the Electoral Code, as inadmissible under Article 74 LJC and due to lack of standing.", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones concretas del TSE y el artículo 148 del Código Electoral, por ser inadmisible conforme al artículo 74 LJC y por falta de legitimación del accionante." }, "pull_quotes": [ { "context": "Por tanto", "quote_en": "“The action is flatly rejected.”", "quote_es": "“Se rechaza de plano la acción.”" }, { "context": "Considerando I, citando art. 74 LJC", "quote_en": "“An action of unconstitutionality shall not lie against jurisdictional acts of the Judicial Branch, nor against acts or provisions of the Supreme Electoral Tribunal related to the exercise of the electoral function.”", "quote_es": "“No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.”" }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "“...the petitioner lacks direct standing to bring this action in defense of diffuse interests.”", "quote_es": "“...el accionante carece de legitimación directa para plantear esta acción en defensa de intereses difusos.”" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1282708", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01160 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 15 de Enero del 2025 a las 09:45\n\nExpediente: 24-000685-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n1\n\n \n\n \n\n*CO*\n\nExp: 24-000685-0007-CO\n\nRes. Nº 2025-001160\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil veinticinco.\n\n Acción de inconstitucionalidad promovida por Cristopher Fuentes Ballestero, mayor, soltero, abogado, con cédula de identidad número 3-0401-010172, contra la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, contenida en las resoluciones números 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023 y el párrafo segundo del artículo 148 del Código Electoral.\n\nResultando:\n\n    1.- Por escrito recibido en esta Sala el 11 de enero de 2024, el accionante solicita que se declare inconstitucional la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), contenida en las sentencias 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023 y el párrafo segundo del artículo 148 del Código Electoral. Señala que, la acción planteada, va dirigida contra las disposiciones arbitrarias adoptadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a través de las sentencias con carácter normativo número 10157-E3-2023 de fecha 14 de diciembre de 2023, 10281-E3- 2023 de fecha 15 de diciembre 2023 y 10289-E3-2023 de fecha 15 de diciembre 2023, que terminan sustituyendo a la Asamblea Legislativa (Constituyente originario y derivado) en su función de creador de normas primarias con eficacia erga omnes, en el sentido, de que se pretende implementar o adicionar requisitos para la inscripción de nóminas partidarias, el cual consiste en abrir un “(...) espacio para que se postularan las candidaturas necesarias con el fin de cumplir las reglas dispuestas para la paridad horizontal de cara a la elección municipal 2024\". Lo anterior durante la realización de la Asamblea para recibir candidaturas, esto con la finalidad de permitir por última vez que se inscribiera en candidaturas al género femenino, que no están contemplados en el Código Electoral y el Reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas, ni en cualquier otro rango normativo, por lo que debilita el sistema de legalidad vigente que nos remite a una clara violación al principio de igualdad entre todas las agrupaciones políticas y al principio de legalidad (artículo 11 Constitución Política). En síntesis, el Tribunal Supremo de Elecciones, adoptó una norma jurisprudencial en pronunciamientos reiterados y que se aplicó para denegar la inscripción de las candidaturas por parte de las agrupaciones políticas, según la legislación vigente. Dicha aplicación implica la violación indirecta del parámetro del juicio de constitucionalidad. Por ello, refiere que, puede afirmarse que su aplicación produce, de manera refleja o indirecta, una clara violación del bloque de constitucionalidad. La Sala Constitucional, ostenta la posibilidad de influir en las decisiones concretas del Tribunal Supremo de Elecciones a través de la revisión de la constitucionalidad de su jurisprudencia. Esto se confirmó mediante sentencia número 2010-15048. Bajo esa línea de argumentación, la Sala Constitucional, entendió que, si bien la preocupación expresada es válida, lo cierto es que la misma situación se presentaría si en vez de la jurisprudencia del Tribunal se revisara una norma jurídica emitida por el Asamblea Legislativa y que la Sala podría remover del ordenamiento o interpretar en cierta forma, con la consiguiente repercusión en la decisión de algún caso concreto, más aún cuando en materia electoral se ha reconocido una legitimación subjetiva amplia. De esta manera, resulta peligroso para influenciar, por ejemplo, eventualmente, criterios que pueden ser aplicables para determinar un eventual resultado electoral, a través de la revisión de formas de conteo de votos que no se origina -y por ello mismo tampoco se conjura- con la exclusión del control de constitucionalidad sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Aunado a esto, el mismo razonamiento de posibles interferencias sería aplicable para negar la posibilidad de que la Sala Constitucional, mantenga la posibilidad de entrar a conocer jurisprudencia de los Tribunales Costarricenses, por el riesgo de influir en casos concretos con su intervención. Más bien, se trata de elegir una combinación de competencias y controles que deje lo más protegidos posible a los ciudadanos frente a posibles lesiones de sus derechos constitucionales y que integre, en un todo lo más armónico posible todo el abanico de funciones y labores exclusivas de los Poderes estatales incluyendo por supuesto a la Sala Constitucional. Aunado a esto, dicha disposición no escrita, coarta la participación y el derecho de todos los militantes de las agrupaciones políticas que les fue denegada la inscripción de candidatura para las elecciones municipales 2024, con el agravante de cercenar el derecho de elegir y ser elegidos. La situación alegada, no puede ser conocida a través de un control de legalidad ordinaria, acerca de los vicios de forma o de procedimiento que genera esta nueva disposición del Tribunal Supremo de Elecciones, o para determinar la existencia de un precepto mal aplicado a la participación partidaria en los comicios municipales 2024. Aduce ser candidato a la alcaldía por el cantón de Turrialba, por el Partido Pueblo Soberano, e invoca un interés difuso sobre el presente asunto, que está provocando una lesión directa al sistema democrático costarricense, es por esto que presenta formalmente una acción de inconstitucionalidad contra la disposición arbitraria adoptada por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante (TSE), de implementar un requisito post concluido, el término para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales 2024. Dicha candidatura a la Alcaldía, consta en el acta de la Asamblea Nacional celebrada el pasado 24 de setiembre 2023. Según el Informe de Fiscalización de la Asamblea del partido político. La legitimación se realiza en ejercicio y beneficio de las agrupaciones políticas a las que fueron denegadas las inscripciones a las candidaturas para los comicios municipales 2024, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, según las nóminas presentadas por aparentemente carecer de un adecuado cumplimiento del principio de paridad horizontal, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas establecidas que regirán el proceso electoral municipal de 2024. Indica que, en la presente acción de inconstitucionalidad está en discusión el derecho a la participación política que se vincula de manera esencial al sistema republicano democrático de gobierno y tiene un efecto transversal y supraindividual que afecta a la totalidad del cuerpo electoral. Al ser una decisión que repercute en el ámbito electoral costarricense de manera directa, se pretende a través de esta acción de inconstitucionalidad tutelar los intereses difusos. Es decir, que su principal característica es su difusión en un conjunto de personas que, por compartir una determinada situación fáctica o jurídica, disfrutan de un bien o son víctimas de un perjuicio producido, en este caso por una autoridad pública (TSE). Ahora bien, en la medida en que se está frente a una causa de legitimación para acceder al control de constitucionalidad, el reconocimiento de este tipo de intereses no puede ser antojadizo. Es clave el tipo de derechos o bienes jurídicos que están en juego pues, además de ser derechos o bienes de disfrute colectivo, debe tratarse de derechos y bienes constitucionales por tratarse de la jurisdicción constitucional. La Sala Constitucional ha definido los casos que, en orden a la naturaleza e importancia de los derechos y bienes constitucionales involucrados, reconoce la existencia de un interés difuso. Así, por ejemplo, ha hablado de intereses difusos en razón del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los derechos electorales y la defensa del patrimonio histórico. En relación con lo dicho, resalta que, respecto de los intereses difusos, es central su carácter de interés colectivo, por cuanto su naturaleza individual es sólo mediata. Esto quiere decir que, quien pertenece al grupo social donde el derecho está difundido lo disfruta individualmente, en razón de esa pertenencia por tratarse, precisamente. de derechos o bienes cuyo ejercicio o disfrute es inmediatamente colectivo. Así lo ha manifestado este Tribunal Constitucional cuando, en sentencia número 5753-93. Lo dicho en la sentencia referida significa que el interés difuso, en cuanto interés individual, lo es sólo de manera refleja, esto es, mediata en la medida en que él o los accionantes pertenezcan al grupo en el cual está difundido el interés. Si el interés de que se trate existe inmediatamente como interés individual, los accionantes deben satisfacer los requisitos de legitimación que establece el artículo 75 en su párrafo primero, esto es, un asunto pendiente de resolver en donde la norma impugnada vaya a ser aplicada, invocación de la inconstitucionalidad alegada en dicho asunto y razonabilidad del medio. Evidencia que, producto de la decisión arbitraria adoptada por el Tribunal Supremo de Elecciones, los mayores afectados son todos y todas las postulantes a un puesto de elección popular, dentro de las agrupaciones políticas a las que se les denegó su participación en la contienda electoral para las elecciones municipales 2024, dicha lesión, lo que hace es potenciar a las otras agrupaciones políticas, que no han cumplido con el cuestionado principio de paridad horizontal. Lo anterior, se reafirmó con la denegatoria de las inscripciones de las candidaturas de las agrupaciones políticas, que tienen cercenado su participación política, lo que puede influir en el abstencionismo a nivel nacional. Análisis de interés para la presente acción de inconstitucionalidad: 1. Inconstitucionalidad de aplicar paridad horizontal en el proceso de inscripción de candidaturas a elección de puesto popular, a través de una interpretación oficiosa del Tribunal Supremo de Elecciones. En el artículo 2 del Código Electoral, se establecen los derechos de los hombres y mujeres al establecer el principio de paridad y la igualdad en general en la totalidad de las nóminas, con atención a dichos principios se impuso en el artículo 148 la paridad en forma de alternabilidad y luego en el artículo 52 incisos ñ) y el o), se dispuso las reglas concretas para los partidos políticos, respecto de la manera en que deben configurarse las nóminas de candidaturas. Los incisos \"ñ\" y “o” del artículo 52 exigen que los estatutos de los partidos dispongan: “ñ) Las normas sobre el respeto a la equidad por género tanto en la estructura partidaria como en las papeletas de elección popular\" y \"o) Los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y paridad en la estructura partidaria, así como en la totalidad y en cada una de las nóminas de elección popular y el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en las nóminas de elección”. Como se aprecia en la última parte, se establece una expresión formal e indudable del alcance que debe darse a la paridad en las nóminas de elección, sin que exista oscuridad alguna en la expresión normativa plasmada en los textos legales, que haga necesarias ulteriores indagaciones para desentrañar el alcance del mandato. Estas normas se encuentran de manera suficientemente explícita y clara la obligación de los partidos de \"asegurar\"' la paridad en tres ámbitos, a saber: 1) en la estructura partidaria, 2) en la totalidad de las nóminas de elección popular, 3) cada una de las nóminas de elección popular como bien se extrae del uso de la conjunción \"y\" que nos orienta a entender la existencia de tales ámbitos regulados, según lo indicado. En la parte final, esta misma norma obliga, de manera paralela, a los partidos a asegurar una forma especial de paridad, imponiendo el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en las nóminas de elección. Por último, el Código Electoral, en su artículo 148 recoge también mandatos para la conformación de las nóminas y se repite de nuevo el concepto de que debe existir tanto paridad como alternabilidad: \"Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria y alterna. En el primer lugar de cada una de las nóminas de elección popular por provincia, cantón y distrito será definido por el partido político\". Señala que, este último texto, con su oración final en donde otorga al partido la posibilidad de definir el primer lugar de cada una de las nóminas de elección popular, tampoco puede leerse de forma asistemática y aislada del contexto que recién se ha descrito, con lo cual ha de entenderse que las decisiones del partido, incluida aquella sobre el primer lugar de las papeletas -en tanto acto basado en el estatuto y regulado por este último instrumento jurídico- solo puede tomarse de acuerdo con lo que dispongan las normas estatutarias internas, en cuanto a necesaria paridad en la totalidad de las nóminas, tal y como lo ordena en el artículo 52 inciso \"o\" y el propio artículo 148 en su primera parte. Ahora bien, hasta el momento, de la normativa supra señalada, no se desprende que las agrupaciones políticas, tengan como requisito “sine qua non”, que resulte indispensable para inscribir sus nóminas abrir un espacio durante la realización de la Asamblea Nacional para permitir nuevas inscripciones de mujeres y cumplir así el criterio de paridad de sexo. En igual sentido, carece de esa disposición el Reglamento para la conformación y renovación de las estructuras partidarias y la Fiscalización de Asambleas y el Instructivo para la Fiscalización de las Asambleas de los Partidos Políticos. Por su parte, el artículo 5 bis del \"Reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas\" (Decreto nro. 9-2010) replicó, en cuanto al tema de presentación de nóminas de candidatos sin paridad horizontal. Desde una óptica general en la resolución nro. 2910-E7-2023 y del ordinal 5 bis, aportado y transcritos supra en su orden, no se logra evidenciar en su contenido integral de manera concreta, ni de forma concordante con alguna otra norma debidamente establecida- que se haya establecido un procedimiento reglado para que los partidos políticos puedan ser objeto de la excepción aplicada a las agrupaciones políticas para ser inscritas su candidatura, menos aún, que se haya sugerido un catálogo de actuaciones que -en términos generales- tales organizaciones debían prever y cumplir con ese objetivo de abrir un espacio durante la realización de la Asamblea Nacional para permitir nuevas inscripciones de mujeres y cumplir así el criterio de paridad de sexo. No obstante, existe normativa aplicable, en caso de presentarse las nóminas de candidatos sin paridad horizontal, y lo analizado produce un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria al quebrantar el principio de igualdad, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y el principio de legalidad violatorio también de los numerales 11, 33, 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política. Resulta evidente por todo lo anterior, que la interpretación oficiosa en mención es contraria a los artículos 11, 33 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución y; por consecuencia jurídica, al artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública. Dicha interpretación de la norma no escrita al caso concreto, es contraria al ordenamiento jurídico, pues admite una discriminación a la participación política que violenta el principio de igualdad y los numerales 11 y 33 de la Constitución Política. Por su parte, la Ley General de la Administración Pública, al desarrollar el artículo 33 constitucional, en su numeral 13 dispone de manera expresa: “Artículo 13.- 1. La Administración estará sujeta, en general a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos”. Es así, como la normativa analizada, apegada a la interpretación oficiosa del Tribunal Supremo de Elecciones con las sentencias descritas e invocadas como inconstitucionales, por no “abrir un espacio durante la realización de la Asamblea Nacional para permitir nuevas inscripciones de mujeres y cumplir así el criterio de paridad de sexo\" se produce un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria al quebrantar los principios de igualdad, inderogabilidad singular de los reglamentos y el principio de legalidad violatorio también de los numerales 11, 33, 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política. Evidencia que el órgano electoral no puede crear restricciones, \"ni hacer excepciones” que la misma no establece para evitar su cumplimiento para casos concretos y desviando fines electorales de una participación política y de una sana democracia. En el presente caso, indica que el decreto en estudio violenta el ordenamiento jurídico en su bloque de legalidad electoral, ya que existe diversa normativa legal y la correspondiente normativa reglamentaria de carácter y aplicación general, que las desarrollan; sin embargo, la DGRE razonó que ese supuesto sería equiparable a aquel en el que las asambleas cantonales omiten o no se reúnen para realizar una postulación, en cuyo caso, la asamblea superior quedaría facultada para realizar las nominaciones directamente en procura de solventar los vacíos citados, entendiendo eso sí, a partir de una lectura reposada de las dinámicas partidarias que, a pesar de ese remedio, podría ocurrir que el desinterés de las personas militantes en aceptar postulaciones permanezca inalterable en determinados territorios, caso en el cual el partido podría presentar -a inscripción- las nóminas de candidaturas que hubiere construido, aunque no formaran paridad horizontal entre ellas. Esa disposición emanada por el Tribunal Supremo de Elecciones a través de sus sentencias número 10157- E3 -2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023, quebranta el bloque de constitucionalidad dictarse una disposición de norma no escrita, sin haberse realizado una adecuada publicación oficial, de cuáles reglas deben acatarse de previo para todas las agrupaciones políticas, lo que incurre en vicios sustanciales al diseñar algo no escrito para su implementación con la inscripción de los partidos políticos. A las sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, se les pretende dar un tinte de jurisprudencia electoral; sin embargo, la jurisprudencia responde a resoluciones que han sido creadas a través de 3 a 4 sentencias emitidas en el pasado y que se toma como una fuente de derecho para resolver en los casos que corresponda. El órgano Constitucional Electoral tiene la ineludible responsabilidad de garantizar que las reglas por aplicar en los procesos electorales a su cargo, así como en los internos partidarios de selección de candidatos sean precisas y ciertas, esto es que estén fijadas de previo al inicio de tan importantes dinámicas. Tratándose de disposiciones que permean una contienda electoral, es indispensable que estas se encuentren totalmente claras y definidas al momento de convocar a los postulantes a inscribir sus candidaturas. Por otro parte, debe existir, igualmente, una prohibición absoluta para modificar esas normas en el transcurso de la contienda, pues atentaría contra la seguridad y la certeza jurídica que debería imperar dentro de esta clase de dinámicas, que es esencial para asegurar que el proceso, sea de absoluta pureza y transparencia. A todo esto, se debe sumar, que todos los competidores sepan, con absoluta claridad, cuáles son las reglas a seguir dentro de la contienda y que, además, se conozcan cuáles serán los mecanismos y procedimientos que gobernarán la lucha electoral. No se debe olvidar que, en términos de democracia, las reglas y las pautas a seguir por todos los actores no pueden variar mientras se encuentre en curso la formación de las agrupaciones en el proceso electoral, lo único que es incierto son los resultados que se pueden obtener el día de las elecciones. En esa línea de argumentación, lo que se busca con esta acción de inconstitucionalidad, es impugnar el mecanismo de la alternancia en sí mismo, utilizado por el Tribunal Supremo de Elecciones a través de las sentencias descritas, que provocó una interpretación oficiosa de la norma no escrita y que afectó considerablemente la inscripción de las agrupaciones políticas. Esto, no es una lucha entre el género masculino contra el femenino. o que exista aquí una aplicación de la “Discriminación Positiva”, que consiste en dar tratamiento especial a aquellas personas o grupos, que se encentren en una situación de desventaja respecto de los demás. Este tratamiento establecido de que exista una alternancia por sexo, perjudica tanto a hombre como a las mujeres, porque dentro de los procesos electorales de inscripción de nóminas a las candidaturas. no existe una clara posibilidad de que se conformen de manera equiparada y, consecutivamente, en las nóminas, por diversas razones, entre ellas: renuncias al puesto de elección, ausencia de postulaciones de un determinado sexo para el puesto a encabezarse y se tenga que elegir a través de las agrupaciones políticas, y; rediseñar las estructuras de los encabezamientos, por querer cumplir una paridad total en ambos géneros etc. Estos escenarios mostrados, permite que, en caso de no cumplirse una paridad total, dejaría a los partidos políticos en la libertad de proponer una nómina de candidatos, según sus intereses, con la posibilidad de que aun respetando la paridad (50% para cada género) atentaría con el principio de libre participación política. Según los puntos que fueron agendados por las agrupaciones políticas, específicamente, a los documentos relacionados con la Asamblea Nacional de la agrupación política, se puede verificar que el partido procuró un espacio general para discutir y votar candidaturas para los puestos vacantes, en los siguientes términos: \"AGENDA (…) 2. Elección de las candidaturas que hacen falta de completar en cada una de las papeletas cantonales y que no fueron designadas en la respectiva Asamblea Cantonal. 5. Elección de las papeletas que hagan falta designar en aquellos Cantones que, habiendo sido convocados, no pudieron realizar la asamblea por falta de quorum (...)\". Del informe de los funcionarios electorales que fiscalizaron esa actividad (sus anexos y adiciones), así como el acta certificada que registró sus incidencias, se puede afirmar que los puntos 2 y 3 sí fueron debidamente cumplidos (en forma conjunta) y que, en ese espacio, las propuestas presentadas para algunas circunscripciones (con vacantes) fueron objeto de votación. Al punto de inscribir nóminas de candidaturas en ese último escenario de la Asamblea Nacional, por lo que, no resulta de recibo, inferir que alguno de esos puntos haya sido inobservado total o parcialmente durante esa asamblea o que algún asistente hubiere informado a las autoridades partidarias o a los funcionarios electorales sobre la existencia de alguna irregularidad en ese sentido, a través de un amparo electoral para hacer valer sus derechos, de que no fuere permitida su participación para ser postulado a un determinado puesto de elección popular. El Tribunal Supremo de Elecciones para restringir o descartar la nómina de paridad horizontal en las diferentes agrupaciones políticas, no debe quedar a la libre, pues se entiende que el texto aprobado por los legisladores, es lo que cuenta, así como la reglamentación vigente y no las discusiones previas o las disposiciones emergentes, una vez cerrado el término para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas, de modo que el texto tiene perfectamente incorporada la posibilidad de entenderse como incluyendo la paridad horizontal en el artículo 5 bis del Reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas. El Tribunal con su interpretación extensiva de la palabra totalidad ha producido una discriminación a la participación política y contraria a la dignidad de la mujer, con la consecuencia de rechazar las nóminas que fueron debidamente aprobadas. A todo esto, se debe entender que la norma no puede leerse aisladamente, pero lo cierto es que si se encuadra la norma en todo el marco arriba expuesto, es claro que debe favorecerse la interpretación que dispone la existencia de paridad horizontal. Además, la interpretación del Tribunal es extensiva del ejercicio de derechos humanos en contra de la jurisprudencia que ha adoptado la propia Sala Constitucional y que ha tenido efectos declarativos hacia futuro. Con ello se obstaculiza el acceso de las mujeres a puestos de elección popular en pie de igualdad y niegan las posibilidades que la misma legislación previó y, por tanto, les privan del ejercicio de sus derechos fundamentales. La necesidad de que la paridad se contextualice de manera perfecta 50% hombres y 50 % mujeres, en la realidad de nuestra democracia y los desafíos para los partidos políticos deben implicar que la igualdad deba verse en las acciones que ejecuten las agrupaciones políticas, a través de los escenarios establecidos en el Reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas, para incorporar dicha paridad en los resultados y, no simplemente desde una perspectiva parcializada y antojadiza como lo interpretó el Tribunal Electoral. Se afirma entonces, que el Tribunal Supremo de Elecciones, con su posición de rechazar las candidaturas a las agrupaciones políticas, por no abrir un espacio durante la realización de la Asamblea Nacional para permitir nuevas inscripciones de mujeres y cumplir así el criterio de paridad de sexo, consagra una novedosa restricción, para que los partidos se vean obligados a respetar cabalmente dicha apertura, a la hora de definir sus encabezamientos en la paridad horizontal, Lo anterior, es contrario a lo que pretende la norma legal, por lo que dicho precepto o disposición debe remediarse o someterse a un control de legalidad jurisdiccional y, si bien puede no haber sido la intención del legislador incluir la paridad horizontal en sus totalidades, lo cierto es que el Estado está en la obligación de implementar a través de su órgano electoral máximo todas las medidas adecuadas para alcanzar la igualdad en un proceso de inscripción justo y equitativo en beneficio de la democracia. No se puede aplicar una norma no escrita para denegar la inscripción de candidatura al Partido Pueblo Soberano y a otro partido político, si estas 3 (tres) sentencias número 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023, emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones, no son de perfil jurisprudencial en materia electoral, para que exista fuente del derecho en ese rango legal debe existir más pronunciamientos que consoliden la posición, siempre que sea legal y no en condición de interpretación oficiosa y arbitraria. El actuar del Tribunal Supremo de Elecciones vulnera los principios de tipicidad y reserva de ley, con la finalidad de brindar seguridad jurídica, no solo al individuo (electorado), sino también al sistema en sí, nuestro ordenamiento jurídico, establece que, para la imposición de una pena, necesariamente debe existir una ley previa que describa, en forma detallada y clara, la conducta que se reprocha. Conocido como principio de tipicidad (ullum crimen, nulla pena sine Iege praevia, scripta et stricta)\" éste se constituye en una proyección específica del principio de legalidad, reserva de ley o exigencia de ley habilitante que implica: a) La necesidad de que toda la conducta que se pretenda reputar como falta, debe de estar prevista en una ley, b) La ley en que se disponga el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, infracción o falta, así como la correlativa sanción, necesariamente debe ser escrita y anterior a la comisión del hecho. c) Las normas jurídicas en que se prevea una falta electoral y su sanción, sólo admiten una interpretación y aplicación exacta y estricta (odiosa sunt restringenda), quedando así proscrita la analogía, ya que se trata de limitaciones o restricciones de derechos. En las democracias modernas, la participación política, tal como ha sido definida, es en sí misma considerada como un derecho fundamental, y en tal sentido aparece reconocida expresamente, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (literal \"a\" del artículo 23), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (literal \"a\" del artículo 25). El artículo 23 (derechos políticos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos utiliza términos similares en su artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas. auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, c) Tener acceso. en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Sin embargo, en el caso analizado esa consecuencia involucra una restricción al derecho de participación política de todas las personas que integran las nóminas rechazadas. lo que conduce a una relación tensionada entre el mecanismo para obligar el cumplimiento de esa medida (fin) y el derecho humano al sufragio pasivo de ese grupo de personas y, en especial, de las mujeres que resultaron victoriosas en los torneos partidarios internos y que cumplirían, en tesis de principio. los requisitos legales para ser nominadas a un cargo de elección popular (artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En ese escenario, al operador del Derecho le asiste el deber ineludible de hacer una ponderación que, sin hacer nugatorio el referido principio de igualdad por sexo, asegure que, habiendo varios correctivos posibles, la balanza se incline por aquél que sea el menos lesivo, para que los objetivos sustanciales de la paridad horizontal no resulten burlados. Apunta la inconstitucionalidad del párrafo segundo del numeral 148 del Código Electoral y por conexidad el Decreto nro. 13-2023, \"Decreto de Convocatoria Elecciones Municipales\". Aduce que, el párrafo segundo del numeral 148 del Código Electoral, establece en lo que interesa para esta acción, lo siguiente: “Para su debida inscripción en el Registro Electoral, las candidaturas solo podrán presentarse desde la convocatoria a elecciones hasta tres meses y quince días naturales antes del día de la elección. El decreto nro. 13-2023, “Decreto de Convocatoria elecciones municipales del 4 de febrero 2024\", presenta inconstitucionalidad en el artículo quinto, por conexidad con las sentencias número 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023, emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones cuando se estipula lo siguiente: “El plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas ante el Registro Electoral vence a las quince horas del día viernes veinte de octubre de dos mil veintitrés, según lo establecido en el artículo 148 del Código Electoral”. Según se desprende del numeral anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones, determinó que la fecha final de presentación de solicitudes de inscripción es el 20 de octubre 2024, ante este escenario resulta contradictorio cerrar el periodo para presentar solicitudes, teniendo una fecha de apertura para convocatoria el 4 de octubre 2024. Es decir, en la fecha que se da apertura para que todas las agrupaciones políticas comiencen su campaña electoral, donde se realizan esfuerzos competitivos hechos por los candidatos y los partidos políticos para ganar el apoyo de los electores en el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes, desde comparecencias en público y mitines, hasta el uso de publicidad en los medios masivos de comunicación. La campaña para ocupar un cargo público dura más que el periodo de campaña \"oficial\" especificado en el calendario electoral, cuando los candidatos pueden recibir trato especial, normalmente en forma de acceso a los medios públicos de comunicación o a los fondos públicos para efectos de campaña. Las campañas en la era actual de los medios pueden costar cantidades enormes de dinero, con respecto a la recaudación, financiamiento político y gasto de fondos. Durante la campaña, los candidatos buscan hacer llegar su mensaje y motivar a los electores para que voten por ellos o por su partido. Se presentan temas de calendarización de campaña para visitar las comunidades, participar de entrevistas, encuestas, conversatorios, debates entre otros. Los periodos cortos que se presentan en campaña se ocupan para preparar e informar al electorado sobre sus plataformas y posturas, pero también necesitan más recursos para sostener la campaña durante determinado tiempo. Los candidatos deben poder circular libremente entre sus simpatizantes y hacer públicas sus plataformas políticas. Los electores deben poder asistir a los mitines y a otros eventos políticos sin interferencia y sin miedo de que su candidatura va a ser rechazada por la dirección General de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, cuando se entra en todos estos detalles o pormenores de logística política antes descritos, se debe haber pasado el filtro de las inscripciones de candidatura, el período de cierre de las inscripciones para las candidaturas debe ser antes de la fecha de inicio para la campaña electoral, 4 (cuatro meses antes del día de la elección) para desarrollar una campaña libre y justa donde se le pueda transmitir al electorado el libre acceso a la información política para que puedan tomar una decisión informada cuando voten. Además, una campaña libre y justa depende de la libertad de prensa, de discurso, de reunión y de asociación. No es posible que dentro de una democracia tan sólida, consistente y estable de nuestro país y reflejado a nivel mundial, los candidatos a un puesto de elección popular, tengan que afrontar rechazo de una inscripción de candidaturas para un puesto de elección, en plena campaña electoral de forma oficial por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Denota que, desde la fecha en que se encuentra estipulado en el numeral 148 párrafos segundo, \"(...) tres meses y quince días naturales antes del día de la elección\". Los candidatos, la nómina presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones todos (as) con aspiración a un puesto de elección comienzan a realizar campaña electoral 4 (cuatro) meses antes del día de la elección. Dicho lapso de tiempo estipulado en el segundo párrafo del numeral 148 del Código Electoral, resulta irracional y desproporcional para aplicar una justa campaña electoral entre todas las agrupaciones políticas, militantes y seguidores de un determinado movimiento político. El artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública dispone que el acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte. Es decir, una vez adoptado el acto, de convocar a las elecciones municipales. No debe acarrear aspectos que desequilibren una contienda electoral, como el rechazo de alguna candidatura después de iniciada la campaña para promocionar el plan de trabajo, etc. Es decir, que el ciudadano (a) (electorado) tiene absoluto derecho de conocer la oferta política en igualdad de condiciones. El derecho a la igualdad, garantizado en el artículo 33 de la Constitución Política, establece que 'Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana\". Así, resulta que todas aquellas personas que tengan iguales características, o se encuentren en una misma categoría, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. por lo que cualquier distinción que no tenga una causa razonable, es violatoria de este precepto. Dentro de ese marco y conjugando los valores de la democracia, todos los ciudadanos, especialmente los electores, gozan del derecho a conocer la oferta de los partidos políticos, con la finalidad, a la hora de ejercer el sufragio, de lograr una escogencia, racional, estudiada, libre y voluntaria, que responda a sus convicciones e ideología sobre el gobierno y la sociedad en que aspiran vivir. Precisamente, la promoción que de la propuesta gubernativa hagan los candidatos lleva el propósito de informar políticamente al pueblo, derecho que no puede ser coartado, pues es constitucionalmente reprochable cualquier acción que, como efecto inmediato, limite el conocimiento que el pueblo debe tener sobre todos los partidos políticos y candidatos aspirantes a ser elegidos (sentencia de la Sala Constitucional nro. 0429-98). Dicho de otro modo, el ejercicio de este derecho fundamental de la ciudadanía es garantizado cuando se logra el respeto total al principio de igualdad de los candidatos y de sus oportunidades para externar sus propuestas políticas, lo cual encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales (artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 20 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). El artículo 23.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), impone la obligación positiva a los Estados de diseñar un sistema electoral para que los derechos políticos puedan ser ejercidos mediante “elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores\". Se ha sostenido que uno de los aspectos fundamentales de la realización de “elecciones libres y democráticas\" es que se verifiquen una serie de prácticas que permitan asegurar igualdad de oportunidades y equidad electoral. Lo que ocurre en una campaña electoral mostrará efectivamente si una elección es libre y justa. En el asunto planteado en esta acción de inconstitucionalidad, el párrafo segundo del numeral 148 del Código Electoral, no permite que las elecciones sean auténticas, debido a la fecha de cierre para presentar las nóminas de candidaturas, una vez iniciada la campaña electoral 4 meses antes del día de elección. Dicha práctica resulta desleal ante la democracia representativa, participación política, el electorado y al final perjudica la democracia costarricense, lo que no asegura una debida y necesaria igualdad de oportunidades entre los candidatos a postularse y genera inestabilidad dentro de una equidad electoral. Aduce que se debe tener muy presente que el procedimiento electoral es corazón de la democracia. Resalta que la relevancia del procedimiento electoral en la formación democrática de la voluntad de los órganos del Estado debe ser evidente. Se trata de la ley más importante de toda democracia, aún más que el sistema electoral, pues una comunidad democrática puede soportar la discusión sobre la oportunidad del sistema que organiza la elección y traduce sufragios a escaños, pero nunca la existencia de graves irregularidades a la hora de traducir votos en cuotas de poder, pues ello impide la representación política y deslegitima la elección por la falta de autenticidad. No hay derechos fundamentales sin procedimientos democráticos, y por muy compleja que sea la definición de la democracia, es patente que, sin elecciones libres y procedimientos electorales, no existe. Estamos ante un requisito de mínimos que lleva a comprender la democracia representativa como un conjunto de reglas de procedimiento. Además, el principio democrático que contempla nuestra Carta Magna propugna estos valores, por lo que su protección constituye un compromiso nacional que, aunado a los tratados internacionales, sienta las bases del reconocimiento de los derechos políticos en condiciones de igualdad y libertad. Con esta fundamentación y para garantizar el ejercido de los derechos políticos, es que los tribunales constitucionales han optado por su protección a la hora de la organización y ejecución o desarrollo de los debates electorales, como medio de exposición y defensa de puntos de vista y propuestas políticas. Denota que, debatir es contender, discutir, disputar sobre una cosa, por ello es que esa expresión de ideas debe realizarse en igualdad de condiciones, garantía tanto para los debatientes como para el electorado que necesita conocer ampliamente las opciones, sobre las que debe decidir. En la campaña electoral y para la democratización del sufragio, los medios de comunicación masiva juegan un papel fundamental, pues es a través de ellos que los candidatos llegan con su mensaje a los electores y hasta podrían resultar decisivos para su éxito electoral o el de un determinado partido político. Considera importante mencionar, que el acceso a los medios de comunicación durante el período electoral implica tres aspectos básicos: 1) la oportunidad de los partidos y candidatos para comunicar sus ideas a la población con el uso de los medios (lo que suele incluir propaganda electoral), 2) la manera en que los medios cubren la campaña electoral de los partidos y las cuestiones de importancia para las elecciones en las noticias y otros programas, 3) los programas de educación ciudadana, a través de los medios. De ahí la trascendencia de los debates en los procesos electorales y la necesidad de comprender y apropiarse, los diferentes actores, de sus regulaciones, a fin de no limitar el conocimiento de la oferta política ni transgredir los principios y valores democráticos constitucionales que están en juego. Resulta ilógico y absurdo, cerrar una fecha de inscripción de candidatura en el ínterin, cuando se encuentra oficialmente iniciada y en plena ejecución una campaña electoral, se debe entender que desde que se da inicio a la convocatoria a las elecciones todas las agrupaciones políticas deben estar debidamente inscritas, habiendo pasado por todas etapas recursivas y fases de agotamiento para inscribir la candidatura respectiva, no que dentro de la campaña electoral tengan que abandonar o descartar su participación en la contienda electoral. Las interpretaciones oficiosas que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones, como las cuestionadas en la presente acción de inconstitucionalidad, incita para que el mismo órgano electoral tenga las posibilidades de expulsar a cualquier agrupación política o candidato (a) después de iniciada la campaña electoral. Dicha situación produce o mantiene latente que, en cualquier momento se abra un portillo para desincentivar la participación política con su consecuente lesión a los Derechos Humanos. Asimismo, con esas con conductas desplegadas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, el diseñar un cronograma electoral con la particularidad de que se cierra la etapa de inscripción de nóminas a las candidaturas, una vez iniciada la campaña electoral, precisamente sobre esto resalta que, dicho cronograma genera desigualdad entre las distintas agrupaciones, ya sea entre un partido nuevo (emergente) frente a un partido tradicional o con trayectoria en las elecciones. La explicación de lo anterior, refiere a que los partidos tradicionales cuentan con una estructura política consolidada, cierta experiencia ante las arenas de la política, tienen capital y financiamiento, pueden hacerle frente a la tramitología continuando con el desarrollo de la campaña electoral, en contraposición; el partido nuevo (emergente) tiene muchas debilidades o flaquezas para hacerle frente a la contienda electoral, teniendo que: 1) Sopesar dichas interpretaciones oficiosas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, 2) Sacar espacios para recurrir las decisiones que impone sobre la marcha el Tribunal Supremo de Elecciones, 3) Asumir campaña política, a través del medio de radio difusión y televisión. 4) Participar en actividades proselitistas. 5) Buscar financiamiento político, 6) Cumplir con las capacitaciones del Tribunal Supremo de Elecciones para las Juntas Receptoras de Votos, Fiscales. Denota que, durante las campañas electorales se realizan una gran cantidad de actividades de promoción, y divulgación, tanto de candidatos como de plataformas políticas. Estas actividades pueden ser clasificadas en dos categorías: colectivas e individuales. En el primer tipo, las acciones son organizadas por el partido y se cumplen como parte de las tareas de los activistas de partido, como fijar afiches o carteles, participar en reuniones, hablar en eventos públicos, organizar movilizaciones, etc. En la segunda categoría, las actividades se realizan a título personal, como tratar de convencer a otros de manera informal para que voten por un candidato o lista, apoyar públicamente al partido o al candidato. En ambos casos, más allá de la propia manifestación por parte de quienes realizan estas actividades, recogidas en encuestas de opinión, es difícil encontrar otros indicadores. Asimismo, los partidos políticos incurren en financiamiento de partidos y candidatos. La contribución con dinero al partido o a un candidato (cuyas intenciones pueden ser más o menos altruistas) refleja la intención de influir en la selección de las autoridades, apoyando de manera activa una de las opciones. Este financiamiento puede ser llevado a cabo en forma regular, como parte de las obligaciones de ser miembro activo de un partido, o esporádicas, si se realizan de forma espontánea. Asistencia a eventos de campaña. Muchos ciudadanos que no son formalmente miembros de partidos, pero que sienten alguna simpatía por un partido o candidato, asisten a los eventos de apoyo organizados por estas organizaciones en tiempos de campaña, los cuales asumen muy diversas formas: concentraciones, mítines, caravanas, cenas, ferias, reuniones, etc. En cuál etapa de competición o de contienda electoral se maneja una lista de partidos políticos para que participen de debates, conversatorios etc. en la transmisión de radio o televisión organizados por los diferentes medios de comunicación e instituciones encargadas de difundir o proyectar los planes de trabajo de los aspirantes a una elección popular y en plena campaña se pierde su participación política por resolverse una inscripción de candidatura después de haberse iniciado la convocatoria oficial para las elecciones. En cualquier proceso de selección o de inscripción, todo se debe realizar con antelación, no es lógico que una vez que inicie una competición electoral o en cualquier disciplina, se tenga que desaparecer los (as) postulantes, equipos o agrupaciones políticas del contexto electoral. Es entendible que, una vez iniciada la campaña electoral, tanto los aspirantes a un puesto de elección popular como los electores tienen el derecho de poder reunirse para discutir sobre los candidatos, temas de interés cantonal y otros temas electorales. Los partidos políticos deben poderse reunir y planear sus campañas electorales con sus simpatizantes. La libertad para hacer campaña también se refiere a la libertad de movimiento. Los candidatos deben poder hacer campaña en cualquier lugar del país, conforme al derecho de asociación política. Este derecho protege la modalidad de participación que arriba se denomina campaña política. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22), como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 16) reconocen el derecho de asociación para la defensa de sus intereses, y el segundo de estos instrumentos hace referencia específica al “derecho de asociación política\". En ambos casos se indica que no podrá haber restricciones incompatibles con una sociedad democrática. Tanto la libertad de asociación en general, como la de asociación en partidos políticos en particular, son parte integrante y esencial de la participación política. La asociación en partidos o grupos políticos es un aspecto obvio de la participación política. En las sociedades modernas los partidos o grupos políticos similares son el medio por el cual los ciudadanos se organizan para presentar su opinión sobre la conducción de la sociedad, para participar en los procesos electorales y para influir en la acción gubernamental. Dicho párrafo segundo del artículo 148 del Código Electoral, en consonancia con el artículo 5 del “Decreto de Convocatoria elecciones municipales del 4 de febrero 2024”, impide realizar una convocatoria a elecciones a nivel nacional, por no estar definido un procedimiento legitimo en beneficio del electorado y la democracia costarricense, atendiéndose la participación política con el objeto de intervenir en la designación de sus gobernantes o de influir en la formación de la política estatal. La finalidad de convocar a las elecciones debe realizarse dentro del marco de respetar la participación política de todas las agrupaciones políticas y no desincentivar la promoción electoral en plena campaña una vez iniciada. Además, dicho Decreto debe ser emitido una vez que todas las agrupaciones políticas han sido inscritas conforme a la normativa apegada a la legalidad y nunca debe emitirse con inscripciones pendientes de admitirse ante la dirección General de Registro Electoral, en consecuencia, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Es dable entender que, un país que resguarda y tutela la participación política y democracia, es plausible asumir que a mayor desarrollo democrático mayores serán las posibilidades y estímulos a la participación política y a la vigencia de los derechos vinculados con ella, en esa línea convocar a elecciones con todos las circunstancias que presenta el párrafo segundo del artículo 148 del Código Electoral, permite un verdadero caos a ese desarrollo democrático que debe fortalecerse con el paso del tiempo. Lo anteriormente desarrollado e invocado como inconstitucional atenta contra el principio democrático, derechos humanos, participación política, seguridad jurídica y electoral, principios de razonabilidad y proporcionalidad de una intacta campaña electoral, de manera íntegra y completa para todos (as) los aspirantes a una elección popular. Principios democráticos vulnerados con las sentencias número 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023, emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones y por conexidad el párrafo segundo del numeral 148 del Código Electoral. Aunque la democracia se fundamenta en el gobierno de la mayoría, señala que esto no significa que se deje de lado a la minoría. En una verdadera democracia, los derechos de todos los ciudadanos son iguales y deben respetarse independientemente de quién esté en el poder. Y, aunque sus opiniones no hayan triunfado el día de las elecciones, siguen teniendo derecho a transmitirlas a los demás ciudadanos y al gobierno. Y esto es saludable, si no necesario. La democracia se nutre de la apertura y la riqueza de pensamiento. suprimir los derechos y las libertades de la minoría, perjudica pues a todos. El cambio debe considerarse una característica natural y saludable para la democracia, puesto que la función del gobierno es servir al pueblo, y la opinión pública cambia constantemente sobre todo tipo de cuestiones, es natural que las elecciones produzcan resultados diferentes en distintos momentos. Por lo tanto, es fundamental que estas elecciones se celebren de forma libre y justa. Esto significa que la gente recibe información buena y precisa antes de votar, y puede debatirla libremente. También significa que el día de las elecciones la gente tiene el mismo acceso a las urnas que todos los votos tienen el mismo valor y que todos los votos se cuentan. Además, las elecciones no deben celebrarse de forma irregular ni convocarse cuando le convenga al gobierno. Las sociedades democráticas funcionan en el marco del Estado de Derecho. Esto significa fundamentalmente que las leyes de una nación se aplican por igual a todas las personas, y que todas, especialmente el gobierno, deben cumplirlas. También significa que los derechos y libertades y los procesos democráticos descritos más arriba se respetan y fomentan, que las leyes se aplican de forma justa y coherente, y que hay un organismo independiente. como los tribunales, para resolver los conflictos que surjan. La conformación de fuerzas políticas distintas que atenúen la centralización de las decisiones por parte de los grupos mayoritarios, forma parte de nuestro sistema democrático pluripartidista y respetuoso de las minorías políticas (artículo 95 incisos 6 y 7 de la Constitución Política). Ello posibilita una amplia participación de los diversos grupos y la generación de diversas opiniones y garantiza la regla de la mayoría con respeto a la representación de las minorías políticas, bajo la siguiente formula “gobierno de la mayoría con participación de la minoría, dentro de un régimen de libertad e igualdad” (sentencia 990-92, de las 16:30 horas del 14 de abril de 1992). Solicita la suspensión del decreto nro. 13-2023, “Decreto de Convocatoria elecciones municipales del 4 de febrero 2024\", publicado en el Diario Oficial La Gaceta nro. 185 del 9 de octubre de 2023, porque se refiere a normas de alcance general para todos los ciudadanas y ciudadanos inscritos como electores en el Departamento Electoral del Registro Civil para que, ejerciendo el derecho fundamental al sufragio en votación directa y secreta concurran para una única ocasión puntual durante el 04 de febrero 2024. Es decir, pasado ese día dicho decreto pierde su vigencia y no es un decreto que perdure en el tiempo. Por ende, no es un decreto que se aplique o ejecute normas de manera continua con su vigencia sin fecha de perdida de vigencia, ante esa situación se debe suspender la aplicación la norma en comentario, hasta que la Sala Constitucional resuelva lo que en derecho corresponda, con sus respectivos dimensionamientos en caso de que corresponda. Aunado a esto, adolece el artículo quinto de un procedimiento legítimo, según lo estipulado en el numeral 148 párrafo segundo del Código Electoral, conforme lo expuesto en la presente acción de inconstitucionalidad. En el asunto planteado en esta acción de inconstitucionalidad, el párrafo segundo del numeral 148 del Código Electoral, no permite que las elecciones sean auténticas, debido a la fecha de cierre para presentar las nóminas de candidaturas, una vez iniciada la campaña electoral 4 meses antes del día de elección. Existen mayores justificaciones para suspender el Decreto de rigor, entre las razones encontramos las siguientes: 1- Medida Cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para exigir la inclusión en las elecciones municipales, por aparentemente incumplir con el principio de la paridad de género del Partido Político Aquí Costa Rica Manda. 2- Denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para suspender la votación electrónica que será implementada en 400 mesas (juntas receptoras de votos) durante las elecciones municipales 2024, por atentar contra el secreto del sufragio y que coloca en una posición de grave riesgo la solidez histórica de nuestras elecciones. 3-Interposición de recursos de amparo y acción de inconstitucionalidad, sobre la denegatoria del Tribunal Supremo de Elecciones de inscribir determinadas agrupaciones políticas. En ese sentido, existen causas pendientes de resolver de índole administrativo, judicial e internacional, que permiten suspender la aplicación de dicho decreto. El Estado tiene la obligación de garantizar, con medidas preventivas, que toda persona titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos, por lo que es indispensable que se generen las condiciones y mecanismos óptimos para que tales derechos puedan ser ejercidos de manera previa y de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. En ese sentido, cabe advertir, que el respeto al carácter expansivo de los derechos humanos, que determina, a su vez, la afirmación del principio favor libertatis, conlleva a que toda limitación o interpretación de un límite de los derechos humanos deba ser realizada restrictivamente, dando el mayor grado de ejercicio posible al derecho humano que se trate. Pide que se declare la nulidad de la resolución nro. PIC-4257-M-2023 de las 14:21 horas del 27 de noviembre de 2023 de la DGRE, por conexidad las sentencias número 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023 del Tribunal Supremo de Elecciones (Voto Mayoría), por carecer de sustento legal para su aplicación a las agrupaciones políticas que solicitaron las inscripciones de las candidaturas municipales para las elecciones en el período 2024. Que se declare la inconstitucionalidad de aplicar una disposición arbitraria, a través de “abrir un espacio durante la realización de la Asamblea Nacional para permitir nuevas inscripciones de mujeres y cumplir así el criterio de paridad de sexo\" en las sentencias número 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023 que fueron emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Que se declare la inconstitucionalidad de la frase del párrafo segundo del numeral 148 del Código Electoral, que indica “hasta tres meses y quince días naturales antes del día de la elección” por conexidad el artículo quinto del Decreto nro. 13-2023, “Decreto de Convocatoria elecciones municipales del 4 de febrero 2024”. Que se establezca la vulneración de los principios de legalidad, igualdad política de la democracia, seguridad jurídica, principio de reserva de ley en materia electoral, separación de poderes, inderogabilidad singular de las disposiciones de alcance general, respeto a las minorías, participación de la ciudadanía, transparencia, pluralismo político, soberanía popular, representación política democrática, libertades democráticas, paz social, Estado de Derecho, elecciones libres y justas, control del abuso del poder, sistema multi-partidista y tolerancia política por parte del Tribunal Supremo de Elecciones en las sentencias número 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023, en perjuicio de la democracia costarricense. Pide que se advierta al Tribunal Supremo de Elecciones que se abstenga de emitir otra disposición directa o indirecta que afecte o produzca graves dislocaciones a la seguridad, la justicia, democracia electoral, o la paz social. Ordenar al Tribunal Supremo de Elecciones, la inscripción de las candidaturas a las elecciones municipales, a todas las agrupaciones políticas que hayan realizado los esfuerzos partidarios necesarios y requerimientos establecidos en la resolución nro. 2910-E7-2023 del Tribunal Supremo de Elecciones, y de conformidad con el ordinal 5 bis del Reglamento para la Inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas. Se ordene al Tribunal Supremo de Elecciones, reformar el Reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas, o bien emitir alguna directriz necesaria para que se establezcan con claridad en sus estatutos las maneras de cumplir la paridad horizontal en los puestos de elección popular, cuando persista diferencia del 50% entre el total de hombres y mujeres superior a uno.\n\n 2.- El 17 de enero de 2023, el accionante solicita pronto despacho y aporta copia de un recurso de reconsideración planteado por el partido Pueblo Soberano ante el Tribunal Supremo de Elecciones el 21 de diciembre de 2023.\n\n 3.- El 31 de enero de 2024, el magistrado Castillo Víquez planteó su inhibitoria para conocer de este asunto, la cual fue acogida por el presidente a.i. de este Tribunal, mediante resolución de las 9:05 horas del 1 de febrero de 2024.\n\n4.- Por sorteo nro. 12053 de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la persona suplente seleccionada para conocer de este asunto en lugar del magistrado Víquez, es la magistrada Rosibel Jara Velásquez.\n\n 5.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.-DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RAZÓN DE SU OBJETO. El accionante argumenta que esta acción de inconstitucionalidad resulta admisible, por cuanto se pretende impugnar una presunta línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Elecciones. Para tales efectos, resulta de interés señalar lo resuelto por este Tribunal en la sentencia nro. 2019-11633 de las 9:20 horas de 26 de junio de 2019, en el siguiente sentido:\n\n“I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Las accionantes impugnan la resolución No. 1724-E8-2019 de 15:00 horas de 27 de febrero de 2019, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y publicada en La Gaceta, Alcance No. 56 del 14 de marzo de 2019. En esta resolución, el T.S.E hizo una enmienda de jurisprudencia electoral e interpretó oficiosamente los artículos 2, 52 y 148 del actual Código Electoral, sobre los alcances del principio de paridad horizontal en el encabezamiento de las nóminas de candidaturas a puestos municipales de elección popular. Manifiesta la parte actora que el T.S.E. carece de competencia constitucional para dispensar a los partidos políticos del deber legal de aplicar el principio convencional de paridad horizontal al tramitar nóminas para puestos municipales uninominales.\n\nII.- SOBRE EL OBJETO DE LA ACCIÓN.- Al analizar el objeto de esta acción, es preciso tener presente varios aspectos sobre la competencia de este Tribunal para conocer impugnaciones referidas o relacionadas con materia electoral. En la sentencia No. 15-016070 de las 11:30 hrs. del 14 de octubre de 2015, por mayoría (Jinesta, Castillo, Hernández L (ponente), Salazar y Garro) la Sala cambió el criterio que venía sosteniendo hasta ese momento según el cual, le asistía un impedimento jurídico para conocer la conformidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la Constitución Política. En ese fallo, el Tribunal reconsideró ese tema y afirmó que tenía competencia para revisar las reglas con valor normativo y abstracto derivadas de la doctrina contenida en las sentencias emitidas por el T.S.E. Así, en la referida resolución determinó que, al igual que sucede con la jurisprudencia emitida por los Tribunales de justicia, la Sala puede analizar y revisar si el contenido normativo de tales reglas de derecho, viola o no la Constitución Política. Adicionalmente, afirmó que le asiste competencia para revisar la jurisprudencia del T.S.E., en tanto esta sea vertida en opiniones consultivas. A la fecha, son estos los dos elementos necesarios para admitir una acción contra una resolución jurisdiccional electoral: que se cuestione jurisprudencia, la que está establecida en al menos tres sentencias o que haya sido vertida al resolver opiniones consultivas . En esta oportunidad, la Sala estima que la resolución cuestionada tiene los elementos que permiten su revisión por parte del tribunal, por tratarse de una disposición de carácter normativo, efectos generales y abstractos. Lo que no puede conocer este Tribunal Constitucional, son aquellos casos en los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio de la potestad que le otorga el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) de conformidad con el numeral 102, inciso 3) de la Carta Fundamental, hace una interpretación exclusiva y excluyente de la norma constitucional referente a la materia electoral, toda vez que dicha interpretación se incorpora de pleno derecho al texto constitucional. (Véase al respecto la sentencia de la Sala Constitucional No. 001155-2010). Distinto es cuando se trata de una interpretación de normas legales en materia electoral, pues, en estos casos, la jurisprudencia que se siente o precedente que se fije podría vulnerar el Derecho de la Constitución, materia en la que la Sala Constitucional tiene el monopolio de rechazo, sea la competencia exclusiva y excluyente de anular y expulsar una norma del ordenamiento jurídico o declarar la inconstitucionalidad de una omisión. En el subjudice, se trata de una interpretación de normas legales, concretamente de los numerales 2, 52 incisos ñ) y o ) y 148 del Código Electoral, de ahí la competencia de este Tribunal para conocer y resolver esta controversia constitucional como se explicará más adelante.\n\n III.- La resolución No. 1724-E8-2019 de 15:00 horas de 27 de febrero de 2019, es una resolución del T.S.E. dictada en materia que es de su exclusiva competencia, como es la materia electoral y en ejercicio de sus funciones constitucionales (artículos 9 y 99 de la Constitución Política). Se trata de una enmienda de jurisprudencia electoral, donde el T.S.E. hace una interpretación oficiosa de los artículos 2, 52 y 148 del actual Código Electoral, sobre los alcances del principio de paridad horizontal en el encabezamiento de las nóminas de candidaturas a puestos municipales de elección popular. No es jurisprudencia en sentido literal, sino que se trata de una resolución que modifica jurisprudencia. Así lo indica expresamente en el POR TANTO: “…Se modifica parcialmente la jurisprudencia de este Tribunal en torno a la aplicación del principio de paridad y se interpretan oficiosamente los artículos 2, 52 incisos ñ) y o) y 148 del Código Electoral en los siguientes términos…”. Tampoco se trata de una resolución concreta, en cuanto no es producto de una gestión presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello. No tiene alcances concretos, pues no favorece a un sujeto o sujetos identificados, sino que sus destinatarios constituyen una pluraridad indeterminada de sujetos. Sus efectos son vinculantes y generales, pues recaen sobre quienes participen o aspiren a participar en las elecciones municipales del 2020.\n\nIV.- En este sentido, se puede ver esta resolución desde dos ópticas: como una modificación de un precedente (que ya estableció una solución a través de una regla de derecho dispuesta en un caso anterior) y que participa de las mismas características de aquel: es vinculante y de efectos generales. Si bien en los sistemas de derecho romano no existe exactamente la misma figura, el ordenamiento jurídico costarricense contempla la figura de la jurisprudencia como fuente de derecho (art. 9 Código Civil), entendiendo por esta, la doctrina jurídica que crean los tribunales cuando interpretan en el mismo sentido una norma jurídica, en forma reiterada. Desde este punto de vista, la resolución en cuestión modifica un criterio jurisprudencial y tiene dos vertientes: una normativa y de alcance general en cuanto modifica un criterio ya establecido e interpreta los artículos 2, 52 y 148 del Código Electoral; otra de aplicación concreta en las elecciones municipales del 2020. En cuanto a la 1ª. vertiente, la resolución no nace a raíz de una gestión concreta, individual o grupal, sino que fue dictada en uso de las atribuciones del TSE., con el objeto de modificar jurisprudencia anterior dictada por ese órgano. Es un acto jurisdiccional electoral, de carácter normativo, con efectos generales y abstractos por lo que encuadra en la hipótesis del artículo 73, inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”\n\nEn el precedente supracitado se explica un cambio de criterio por parte de la mayoría de este Tribunal de aquel momento, en el sentido de reconocer la competencia de esta Sala para conocer la conformidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la Constitución Política. En tal sentido, expresamente se reconoció “que, al igual que sucede con la jurisprudencia emitida por los Tribunales de justicia, la Sala puede analizar y revisar si el contenido normativo de tales reglas de derecho, viola o no la Constitución Política. Adicionalmente, afirmó que le asiste competencia para revisar la jurisprudencia del T.S.E., en tanto esta sea vertida en opiniones consultivas. A la fecha, son estos los dos elementos necesarios para admitir una acción contra una resolución jurisdiccional electoral: que se cuestione jurisprudencia, la que está establecida en al menos tres sentencias o que haya sido vertida al resolver opiniones consultivas”.\n\nSin embargo, en el sub iudice no se está en presencia de una sentencia que modifique expresamente jurisprudencia electoral, ni -en general- se está en presencia de una interpretación oficiosa de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, ni de la resolución de una eventual opinión consultiva. Por el contrario, en esta acción se pretenden cuestionar resoluciones concretas del Tribunal Supremo de Elecciones, emitidas para resolver gestiones concretas y casos específicos, mediante las cuales fueron resueltos sendos recursos de apelación electoral formulados contra resoluciones de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos que denegaron diversas solicitudes de inscripción de candidaturas por incumplimiento del principio de paridad horizontal.\n\nAdemás, como parte de esa supuesta línea jurisprudencial, se citan tres sentencias, incluida justamente la emitida para resolver el caso particular del partido político, del cual el accionante se postuló como candidato a alcalde (partido Pueblo Soberano), como es la resolución nro. 10289-E3-2023, lo cual resulta improcedente. Así, por ejemplo, en el caso de acciones contra jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial, este Tribunal se ha pronunciado de forma reiterada y consistente sobre la improcedencia de procurar -bajo el ropaje de la impugnación de una presunta línea jurisprudencial- que esta Sala revise lo ya resuelto en el caso particular de la parte accionante. En cuanto a este tema, por sentencia nro. 2023025882 de las 9:15 horas del 11 de octubre de 2023, esta Sala reiteró su criterio al respecto, en los siguientes términos:\n\n“III.- INADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN. El artículo 10, párrafo 1º, de la Constitución Política preceptúa que no serán impugnables en la acción de inconstitucionalidad “los actos jurisdiccionales del Poder Judicial”. Lo que reitera, como norma eco, el ordinal 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consecuentemente, están exentas del control de constitucionalidad las resoluciones concretas o específicas dictadas por los órganos del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Lo que sí admite nuestro sistema constitucional, a la luz de lo establecido en el artículo 3° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es el control de constitucionalidad sobre la jurisprudencia, en el tanto, esta sea entendida como la reiteración de un criterio jurídico o de una interpretación que asume la condición de pauta de alcance normativo y general –vinculante– y que, por consiguiente, sí resulta impugnable cuando dicha línea jurisprudencial emana de la última instancia ordinaria o común de interpretación y aplicación, como es el caso de las Salas de Casación y los Tribunales que resuelven, definitivamente, en una materia, sin posibilidad de recurso de casación.\n\nAsimismo, en cuanto a la posibilidad de impugnar por inconstitucional la jurisprudencia, como fuente no escrita del ordenamiento jurídico, esta Sala ha señalado, en lo conducente, lo siguiente:\n\n“(…) ha admitido repetidamente el cuestionamiento de lineamientos jurisprudenciales a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se demuestre que existen al menos tres pronunciamientos concordantes dictados en procesos distintos en los que se mantenga la tesitura impugnada-.” (Sentencia No. 2012 – 001583 de las 14:50 hrs. de 8 de febrero de 2012.)\n\nA lo que se añade que este Tribunal ha sido enfático en señalar la improcedencia de citar, como parte de la jurisprudencia cuestionada, resoluciones dictadas dentro del mismo asunto base que se invoca en el proceso de inconstitucionalidad, sea, tales resoluciones no pueden servir como parámetro para establecer la línea jurisprudencial impugnada. En cuanto a este punto, en el voto n.° 2005-06849 de las 09:55 horas de 1° de junio de 2005, esta Sala dispuso lo siguiente:\n\n“(…) I.- Improcedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia impugnada. El personero de la sociedad accionante impugna la jurisprudencia de una de las secciones del Tribunal de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, y el artículo 556 del Código de Trabajo. Sobre el primer aspecto de la acción, esta Sala ha resuelto en forma reiterada que en las acciones de inconstitucionalidad que se dirijan contra una determinada jurisprudencia debe demostrarse al menos tres resoluciones que reiteren el criterio impugnado. En este sentido, hay jurisprudencia que puntualmente establece que:\n\n\"No basta según lo ha resuelto reiteradamente esta Sala en su jurisprudencia que existan múltiples resoluciones en un mismo sentido para considerar que la misma constituye una línea jurisprudencial. Primero que todo, según lo ha entendido esta Sala, la misma debe provenir de las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, o en su caso de los Tribunales de última instancia, según el artículo 9 del Código Civil. Segundo, debe tomarse en cuenta igualmente, que no se trata de resoluciones que surgen del mismo proceso jurisdiccional o con ocasión de procesos seguidos por o contra el accionante, pues en ese caso, se convertiría a la acción de inconstitucionalidad en un mero instrumento recursivo de agravios contra resoluciones jurisdiccionales.\" Sentencia de esta Sala No. 2003-05416.\n\nSi bien, el primer supuesto transcrito por la sentencia citada coincide con el caso que nos ocupa, al tratarse de jurisprudencia de una de las secciones del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, no se cumple con el segundo requisito transcrito, lo cual en criterio de la Sala es fundamental. Cuando el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que se tendrá infringida la Constitución Política, cuando una interpretación o aplicación de las autoridades públicas sea contraria a las normas y principios constitucionales, esto se debe entender que se trata de decisiones -debidamente demostradas por el demandante- dentro de litigios diferentes a las resoluciones dictadas en el asunto que sirve de base a la acción. Dicho de otra manera, no se puede demostrar la interpretación impugnada con decisiones dictadas dentro del mismo asunto base, pues la acción se convertiría en un recurso paralelo dentro del proceso jurisdiccional que le sirve de base. (…)” (El destacado no forma parte del original; véanse, en similares términos, las sentencias números 2013-014087 de las 13:30 horas del 23 de octubre de 2013, 2014-001168 de las 14:30 horas de 29 de enero de 2014 y 2014-017410 de las 16:30 horas del 22 de octubre de 2014).\n\nAhora bien, en el sub lite, el accionante únicamente menciona y cita una resolución del Tribunal de Familia, sea el voto n.° 2023-000985 de las 08:22 horas del 22 de setiembre de 2023, dictado dentro del expediente n.° (...), que es un proceso de reconocimiento de unión de hecho establecido por (...) contra (...), donde (...) -aquí accionante- es apoderado especial judicial de la parte demandada. En consecuencia, admitir esta acción, en los términos en que ha sido formulada, implicaría que se revise en esta sede la resolución emitida en el caso particular de la parte accionante, en contravención de lo dispuesto en los citados artículos 10, párrafo 1º, de la Constitución Política y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo cual resulta improcedente.”\n\nConsideraciones que son aplicables mutantis mutandis al caso en estudio, pues admitir esta acción, en los términos formulados, supondría que esta Sala actúe como una instancia más en el proceso electoral y revise lo ya resuelto en el caso específico del partido político, al que pertenece el accionante, lo que resulta improcedente de conformidad con el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que prevé, expresamente, que no cabe la acción de inconstitucionalidad contra “los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativo al ejercicio de la función electoral”, en relación con lo dispuesto por los artículos 99 y 102 de la Constitución Política.\n\nII.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN. Por otro lado, el accionante cuestiona también la constitucionalidad del artículo 148 párrafo segundo del Código Electoral, por estimar que mantiene vicios de forma respecto del procedimiento de inscripción de las candidaturas partidarias, que violentan el principio democrático, de participación política, el bloque de legalidad electoral y, por conexidad, el artículo quinto del decreto nro. 13-2023, “Decreto de Convocatoria elecciones municipales del 4 de febrero de 2024”. Para esos efectos, justifica que acude en forma directa y personal a este Tribunal, invocando la existencia de un interés difuso, ya que lo impugnado provoca una lesión al sistema democrático costarricense. Al respecto, indica literalmente lo siguiente: “El suscrito, Cristopher Fuentes Ballestero, es candidato a la alcaldía por el Cantón de Turrialba, por el Partido Pueblo Soberano, e invocó un interés difuso sobre el presente asunto, que está provocando una lesión directa al sistema democrático costarricense, es por esto que me presento ante su autoridad suprema jurisdiccional para interponer formalmente una Acción de inconstitucionalidad contra la disposición arbitraria adoptada por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante (TSE), de implementar un requisito post concluido el termino para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales 2024. Dicha candidatura a la Alcaldía, consta en el Acta de la Asamblea Nacional celebrada el pasado 24 de setiembre 2023…La legitimación se realiza en ejercicio y beneficio de las agrupaciones políticas que fueron denegadas las inscripciones a las candidaturas para los comicios municipales 2024 por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, según las nóminas presentadas por aparentemente carecer de un adecuado cumplimiento del principio de paridad horizontal de acuerdo con lo dispuesto en las reglas establecidas que regirán el proceso electoral municipal de 2024…”. En el punto 3 del escrito de interposición, para justificar la existencia de un interés difuso, el accionante agregó esto también: “Resulta evidente que la decisión arbitraria adoptada por el Tribunal Supremo de Elecciones, los mayores afectados son todos y todas las postulantes a un puesto de elección popular dentro de las agrupaciones políticas que se denegaron su participación en la contienda electoral para las elecciones municipales 2024, dicha lesión, lo que hace es potenciar a las otras agrupaciones políticas, que no han cumplido con el cuestionado principio de paridad horizontal. Lo anterior, se reafirmó con la denegatoria de las inscripciones de las candidaturas de las agrupaciones políticas, que tienen cercenado su participación política, lo que puede influir en el abstencionismo a nivel nacional.”. Adviértase que, con fundamento en la misma justificación dada por el accionante, se descarta que estemos ante la defensa de un interés difuso, toda vez que él mismo logra individualizar las personas y agrupaciones que se ven afectadas, de forma directa, con las resoluciones en cuestión y la normativa impugnada. No se trata entonces de un colectivo diluido, sino de uno plenamente identificable. Así las cosas, pese a lo alegado por el accionante, este carece de la legitimación que dice ostentar, toda vez que no cumple con lo requerido para acudir en defensa de los intereses que se resguardan en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como a continuación se explica.\n\nEn efecto, esta Sala, por mayoría, ha estimado que cuando la norma que se impugna es susceptible de aplicación individual, no cabe invocar la defensa de intereses difusos para admitir la acción. Así, en la sentencia nro. 2021-002185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, el Tribunal Constitucional señaló:\n\n“(…) II.- Sobre los intereses difusos y la legitimación de los accionantes en el caso bajo estudio. Las accionantes señalan que su legitimación proviene de la defensa de los intereses difusos respecto de la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la colectividad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que:\n\n\"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral.\" –ver sentencia número 360-90- De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés \"difuminado\" adquiere la categoría jurídica de \"interés difuso\", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960 y 2014-4904-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300 y 2009-9201-. Así, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. De tal forma, en el caso bajo estudio, donde las accionantes refieren su legitimación respecto de la defensa de intereses difusos en materia de protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que corresponde es pronunciarse conforme se indica en los considerandos siguientes.\n\n(…)\n\nEn la acción que ahora se conoce, los mismos accionantes cuestionan las mismas normas de los artículos 50 y 51 del Reglamento en cuestión, así como el artículo 52 del mismo instrumento, y si bien, más allá de la sostenibilidad de los zoocriaderos, en esta acción se centran sobre temas de conservación ex situ y educación ambiental -que también fue señalado en aquella acción-, lo cierto es que la misma definición de esta Sala sobre la legitimación, tal como se dispuso en la sentencia de cita, resulta de plena aplicación en esta nueva acción. Nótese que, ciertamente, tal como lo señala claramente la Procuraduría General de la República y de manera enfática lo refiere el Ministro de Ambiente y Energía, la normativa que se cuestiona sí es totalmente susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, que ejercen una determinada actividad, sujeta a la regulación señalada en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su reglamento. De tal manera, es claro que contrario a la aducida defensa de intereses difusos, lo que se encuentra de por medio es algún grado de inconformidad con la sujeción a que deben someterse para la regulación de la actividad que ejercen o pretenden ejercer; véase que como bien refiere el informe del Ministro de Ambiente y Energía, los accionantes se encuentran directamente relacionados como fundadores, gerentes o servidores de diversas empresas relacionadas con la exhibición de fauna silvestre o su promoción turística. Así, resulta inviable aducir presuntos problemas de conservación y de educación ambiental, para utilizar la figura de los intereses difusos y promover con ello una acción de inconstitucionalidad directa obviando los estrictos requisitos de admisibilidad señalados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal como se indicó en los considerandos II y III de esta resolución.\n\nBajo esta inteligencia, y tomando en consideración la identidad de accionantes y de la normativa cuestionada, es claro que el precedente de la sentencia 2018-18563 resulta plenamente aplicable a esta acción que ahora se conoce, de donde debe necesariamente concluirse que al igual que en aquella anterior ocasión, los accionantes carecen de legitimación para la interposición de este proceso, por lo que resulta improcedente conocer y pronunciarse sobre los aspectos planteados. De tal manera, lo procedente es declarar sin lugar esta acción” (el subrayado no corresponde al original).\n\nEn similar sentido, en la sentencia nro. 2021-011994 de las 16:30 horas del 26 de mayo de 2021, reiterada en la sentencia nro. 2022-7466 de las 9:45 horas del 30 de marzo de 2022, esta Sala dispuso que:\n\n“(…) Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo (…)”.\n\nA partir de lo anterior, es evidente que lo aquí impugnado es susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, cuya representación general no puede atribuirse el accionante, bajo el concepto de intereses difusos, tampoco acude en defensa de intereses colectivos, a favor de una agrupación determinada, ni acredita su representación legal como tal. En consecuencia, conforme a los antecedentes jurisprudenciales precitados, esta Sala estima que el accionante carece de legitimación directa para plantear esta acción en defensa de intereses difusos.\n\nAhora bien, en cuanto a la defensa de intereses colectivos, esta Sala ha señalado lo siguiente:\n\n“(…) III.- Sobre los intereses corporativos. Cómo segundo motivo de legitimación, el accionante aduce la defensa de intereses colectivos, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La norma dispone: “…[N]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto…”. Al respecto, es oportuno señalar que la Sala ha precisado que a través de la expresión \"intereses que atañen a la colectividad en su conjunto\", el legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. A partir de la sentencia 2006-9170 de las dieciséis horas treinta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, este Tribunal retomó un criterio anterior, según el cual los entes corporativos están autorizados para solicitar en forma directa la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta afecte directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes, sin que tenga relevancia que la norma sea susceptible de afectar en forma directa los derechos de los agremiados. En este caso, sin embargo, esta tesis no es de aplicación, porque el accionante no acude en representación de una organización que por su naturaleza o fines, o cuyos asociados, puedan verse afectados por el Acuerdo cuestionado. Por otra parte, el accionante no puede arrogarse sin más la representación de hecho de ninguna persona u organización profesional”. (Voto n.° 2014-020446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014).\n\nCon base en el criterio precitado, el accionante tampoco se encuentra legitimado para interponer esta acción en defensa de intereses colectivos de todas las agrupaciones políticas a las cuales se les negó la inscripción por parte del Tribunal Supremo de Elecciones en los comicios electorales 2024, dado que, se reitera, el actor no acude en representación de alguna colectividad formalmente organizada e identificada, de la cual ostente la representación legal, por lo que se encuentra imposibilitado para actuar en defensa de intereses corporativos. En razón de lo expuesto, por carecer el accionante de la legitimación directa invocada, procede el rechazo de plano de esta acción, también respecto de la impugnación del artículo 148 del Código Electoral.\n\nIII.- CONCLUSIÓN. Corolario de lo expuesto, la acción debe ser rechazada de plano, ante la falta de legitimación señalada y la inviabilidad del objeto de la acción, respecto del cuestionamiento de las resoluciones números 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 y 10289-E3-2023, emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones.\n\nIV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO Y LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, con redacción de la última.  \n\nEn el presente asunto, si bien coincidimos con el criterio de la mayoría de la Sala, hemos estimado necesario consignar una nota que refleja nuestra aproximación en relación con la interpretación que corresponde hacer sobre lo dispuesto en el art. 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a la luz de los precedentes de esta misma Sala. Dicho numeral establece lo siguiente: \n\nArt. 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.             \n\n \n\nSobre dicha norma, es preciso entender que se refiere a los actos o disposiciones de carácter administrativo y jurisdiccional de aplicación concreta, y no aquellos que tienen efectos normativos generales y abstractos, pues respecto de estos su conocimiento sí sería admisible en esta sede. Así quedó expuesto en el voto salvado de la sentencia n.°2024-023859 en la que luego de hacer un repaso de los precedentes de la Sala, concluimos lo siguiente:\n\n“Conclusiones\n\nEntonces, al realizar una valoración sistemática de los precedentes de este Tribunal, se concluye que es posible establecer la siguiente regla: al interpretar el art. 74 de la LJC, la Sala entiende que esos actos o disposiciones son los de carácter administrativo y jurisdiccional de aplicación concreta, y no aquellos que tienen efectos normativos generales y abstractos, pues respecto de estos su conocimiento sí sería admisible en esta sede especializada.\n\nEn virtud de la anterior exposición, y siendo consistentes con la línea de votación de esta Sala, consideramos que, si la mayoría de la Sala ha dispuesto que procede conocer de resoluciones y de la jurisprudencia del TSE en virtud de su “carácter general y abstracto”, no vemos por qué motivo un reglamento que tenga idéntica vocación general y abstracta no pueda ser conocido por el fondo.\n\nAl respecto, cabe enfatizar que no obviamos lo dispuesto en el art. 74 de la LJC, que ordena la improcedencia de acciones de inconstitucionalidad contra “los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral”, sino que interpretamos que dicha norma se refiere justamente a actos o resoluciones de aplicación concreta en el ejercicio de la función electoral, pero no a aquellas reglas de derecho que tienen una vocación general y abstracta, es decir, que no resuelven un caso concreto, sino que precisamente tienen ese carácter normativo y general. Las disposiciones generales ‒como ocurre con la normativa emanada de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo o Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales‒ no están exentas del control de constitucionalidad. Idéntica derivación procede aplicar respecto de la normativa emanada del TSE.\n\nEn conclusión, lo que corresponde es salvar el voto y ordenar dar curso a esta acción de inconstitucionalidad”.\n\n V.- NOTA DE LA MAGISTRADA JARA VELÁSQUEZ: Si bien coincido con la mayoría en cuanto a la falta de legitimación para impugnar el numeral 148 párrafo II del Código Electoral, por cuanto no estamos ante un interés difuso y también en cuanto al rechazo de plano en razón del objeto por cuanto de conformidad con los numerales 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no cabe la acción contra actos o disposiciones del TSE y según los artículos 99 y 103 de la Constitución Política el TSE tiene una competencia exclusiva con independencia en donde sus resoluciones no tienen recurso; aclaro que aún y cuando se tratara de criterios jurisprudenciales o normas de carácter general del TSE la suscrita no admitiría la acción con fundamento en la normativa supra indicada, porque seguiría tratándose de resoluciones o actos no susceptibles de recurso ni acción.\n\nVI.- RAZONES DISTINTAS DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL Y LA MAGISTRADA HESS HERRERA CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. En la resolución nro. 2015-16070 de las 11:31 horas del 14 de octubre de 2015 el suscrito justificó, en un voto conjunto con el entonces magistrado Armijo Sancho, por qué considero improcedente impugnar por la vía de la acción de inconstitucionalidad las normas derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones:\n\n“Voto salvado de los Magistrados Armijo Sancho y Rueda Leal, con redacción del segundo.\n\nLos suscritos nos separamos respetuosamente de la decisión de la mayoría, con base en los siguientes argumentos.\n\nLa resolución de mayoría declara admisible la demanda de constitucionalidad en contra de jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Elecciones, cambiando expresamente el criterio que se sostuvo en la resolución N° 2010-15048 de las 14:40 horas de 8 de septiembre de 2010.\n\nEl punto de partida del voto es que el artículo 102 constitucional –el cual otorga al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y obligatoria de interpretar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral- es una “…reiteración del 9 de la Carta Fundamental en lo que se refiere específicamente a la noción de que las labores que el Constituyente le asigna del Tribunal Supremo de Elecciones, tienen un carácter jurídico semejante a las asignadas al los Poderes Legislativo Ejecutivo o el Poder Judicial, cuya nota de exclusividad y descripción de funciones se reiteran (de forma similar a como se hace con las del Tribunal ) en los artículos 105, 139 y siguientes de la Carta Fundamental así como en el artículo 153 de dicho cuerpo normativo, respectivamente.”\n\nCon base en ello, la mayoría asimila el Tribunal Supremo de Elecciones a los otros Poderes de la República en su sometimiento al control de constitucionalidad, estimando que “…el Poder Constituyente Reformador se hizo cargo del problema de la particular posición del Tribunal Supremo de Elecciones en el sistema constitucional de poderes costarricense y que se quiso proteger de forma acentuada la independencia y el valor intocable de algunas de sus decisiones, específicamente la referida a la declaratoria de elecciones.- Pero esto se encuadra dentro de la actividad administrativa que, en el ámbito de la materia electoral se entregó al Tribunal, sin que la atribución de tal poder de actuación, parezca lógico extrapolar una intagibilidad para las disposiciones de alcance normativo, general y abstracto que puedan extraerse de sus resoluciones.” Además, la mayoría compara la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, concluyendo que es posible la revisión de las normas abstractas que surjan de su jurisprudencia.\n\nLos suscritos no podemos compartir el criterio expuesto. Para iniciar, la historia constitucional contradice el propio punto de partida de la tesis de la mayoría. Efectivamente, la inclusión del Tribunal Supremo de Elecciones dentro del artículo 9 constitucional ocurrió mediante reforma de 1975, mientras que el inciso 3 del ordinal 102 de dicho texto es una norma originaria de la Carta Magna. Es decir, no es posible que el artículo 9 sea una “reiteración” del 102, ni que ese fuera el diseño original del Constituyente. En todo caso, la inclusión de TSE en dicho numeral tenía la finalidad de enfatizar aún más su independencia y exclusividad en materia electoral; no tenía el propósito de someter al TSE al mismo régimen de control de constitucionalidad que los demás Poderes.\n\nLo mismo puede decirse de la reforma realizada al artículo 10 de la Constitución por medio de la Ley 7128. Si se acude a las actas parlamentarias, se observa con claridad que la voluntad prevaleciente al momento de la reforma fue mantener incólume la independencia del TSE.\n\nRazona su voto el diputado Monge Rodríguez:\n\n“Y como interesa para efectos no sólo del acta, sino de la trascendencia de la interpretación de este artículo constitucional, soy enfático en externar mi criterio personal, que ha sido aquí muchas veces discutido también y apoyado por muchos señores diputados, de que esta reforma constitucional atañe única y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la creación de la nueva Sala Constitucional. Esta reforma constitucional no atañe al Tribunal Supremo de Elecciones, en el tanto en que los artículos constitucionales, como por ejemplo los artículos 99, 102, 103 y otros artículos constitucionales referentes al Tribunal Supremo de Elecciones, se mantienen y son los que expresamente regulan la actividad electoral.\n\nEn consecuencia, esta reforma constitucional no atañe al Tribunal Supremo de Elecciones y, por el contrario, más bien el texto aprobado lo que pretende es reafirmar en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que el Tribunal Supremo de Elecciones es la autoridad máxima en materia electoral y que es el Tribunal Supremo de Elecciones el que cuenta con el apoyo del pueblo de Costa Rica, con el apoyo de las fuerzas políticas de este país y con la confianza de que el proceso electoral en la forma en que lo ha hecho hasta la fecha. Pero es claro que esta reforma no toca los aspectos jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Elecciones.” (Folios 780 y siguiente del expediente legislativo de la Ley 7128).\n\nRazona su voto el diputado Jiménez Quirós:\n\n“Discrepando con aquellas personas, como lo acaba de manifestar don Fernando, que pareciera que se le ha asestado un golpe al Tribunal Supremo de Elecciones, en realidad esa no ha sido nuestra intención, ni ese ha sido nuestro interés. Todo lo contrario, hemos manifestado que al Tribunal Supremo de Elecciones le debemos respeto. Lo respetamos profundamente, hemos aceptado siempre sus disposiciones y en ningún momento hemos pensado en socavar las bases del Tribunal, el cual, desde todo punto de vista hemos considerado, ha sido uno de los pilares básicos de nuestra democracia.” (Folio 782 del expediente legislativo de la citada Ley)\n\nRazona su voto el diputado Corrales Bolaños:\n\n“Y que tanto para los estudiantes de Derecho como para los abogados litigantes, como para los jueces que mañana tendrán que interpretar el alcance de la reforma que hoy nosotros estamos dando, gracias a quienes en un momento determinado se opusieron a la reforma, quedó suficientemente aclarado que éstas de ninguna manera va guiada a mermar en una u otra forma el sagrado derecho al sufragio, que con tanto calor y empeño, con tanto sacrificio y con derramamiento de sangre el pueblo costarricense conquistó después de los años cuarenta.\n\nPor eso, compañeros diputados, me parece que la discusión fue muy fecunda, y para los diputados y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que nos dieron 1a llamada de atención, sobre las posibles incongruencias y sobre lo que podría interpretarse como un atentado a la función del sufragio, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, quedó, a lo largo del debate, suficientemente aclarado que nadie, absolutamente nadie, quiso esas reformas ni tampoco las reformas están guiadas hacia eso y que, por supuesto, defenderemos como el que más o los que más, el sagrado derecho a la libertad del sufragio que el pueblo costarricense ha conquistado. (…)\n\nVendrá la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en la que desde ya, señores diputados, esas cosas tienen que quedar suficientemente claras, porque ha sido el espíritu total de este Plenario de que al Tribunal Supremo de Elecciones no se le merme en ninguna de sus atribuciones, como efectivamente así lo es, en la función del sufragio, que expresamente nuestra Constitución se lo da, del artículo 102 en relación con el 103, además de la majestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que otros artículos de nuestra Constitución tiene.” (Folios 784 y siguiente del expediente legislativo de la citada Ley)\n\nRazona su voto el diputado Badilla Rojas:\n\n“Esta reforma, por lo menos en el caso de la Unidad Social Cristiana, la hemos estudiado bastante y en ningún momento, como costarricenses, podríamos permitir que vaya a perjudicar la función electoral que todos los costarricenses, sin distingos de colores políticos, tenemos que resguardar, esta función electoral. La autonomía, la independencia de la función electoral y todos los actos y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, están perfectamente resguardados en nuestra Constitución Política. En varias oportunidades hemos analizado ampliamente en este Plenario artículos de nuestra Constitución, (…) y en ningún momento queda ninguna duda para que se perjudique la función electoral.” (Folio 796 del expediente legislativo de la citada Ley)\n\nRazones similares expusieron los diputados Lobo Solera (folio 786), Muñoz Bustos (folio 789), Chaves Sánchez (folio 791), Valenciano Chaves (folios 799 y 800), Lizano Barahona (folios 807) y Karpinsky Dodero (folios 808). Por su parte, una posición minoritaria, representada por los diputados Vargas Carbonell, Araya Umaña y González Barrantes, consideró que sí se afectaba al TSE.\n\nPor otro lado, la mayoría deja de lado por completo lo que establece la ley de esta jurisdicción en su artículo 74:\n\n“Artículo 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.” (El subrayado es agregado).\n\nNótese que el artículo se refiere a los “actos o disposiciones” del TSE, mientras que solo habla de los “actos jurisdiccionales” del Poder Judicial. Así, las disposiciones del TSE, incluyendo aquellas que sean de carácter abstracto y general, quedan excluidas del control de constitucionalidad. Es decir, es improcedente hacer una analogía entre las decisiones de los tribunales jurisdiccionales y las del TSE, tal y como se hizo en la resolución.\n\nDebe observarse que la mayoría no solo ha cambiado el criterio expuesto en la resolución N° 2010-15048 de las 14:40 horas del 8 de septiembre de 2010, sino que entró en contradicción con su propia postura en otras ocasiones. Efectivamente, con esta decisión, la Sala declara que es admisible una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones reiteradas del TSE por tratarse de “normas jurisprudenciales”. Valga acotar que se trataría de una “norma” extraída de varias resoluciones, mas no de una “norma” en el sentido de una disposición jurídica general (como la ley, el reglamento o el decreto), que es el caso típico de control de constitucionalidad por acción (artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nAhora bien, la Sala admite aquí el control de constitucionalidad sobre la “norma jurisdiccional”; sin embargo, rechaza contradictoriamente dicho control sobre el caso típico, que es la disposición normativa. Véase que cuando se sometió a su conocimiento un reglamento emitido por el TSE, este Tribunal resolvió:\n\n“I.- SOBRE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA CONTRA EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Los accionantes, miembros del Partido Renovación Costarricense, solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 50, 51, 55, 61 y 62 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones a través del Decreto No. TSE-17 de 19 de octubre de 2009. No obstante, para esta Sala, la acción resulta inadmisible -en cuanto a este extremo se refiere-, en razón del objeto impugnado. En primer término, debe observarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, inciso 3°), de la Constitución Política, compete al Tribunal Supremo de Elecciones la interpretación, en forma exclusiva y obligatoria, de las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Asimismo, nótese que el legislador -mediante Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997-, reformó parcialmente la Constitución Política, otorgándole al Tribunal Supremo de Elecciones -específicamente, en su numeral 96, párrafo 2°), inciso 4°)-, la competencia electoral de comprobar los gastos en los que incurren los partidos políticos a efecto de recibir el correspondiente aporte del Estado. Así, en virtud de lo anterior y, con el fin de actuar, precisamente, lo dicho en ésta última norma constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones emitió el denominado Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, cuestionado por los accionantes. Por consiguiente, resulta evidente que rige, para el presente asunto, el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone, al efecto que “No cabrá la acción de inconstitucionalidad (…) contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral”. A mayor abundamiento, debe apuntarse que esta jurisdicción constitucional, en la Sentencia No. 3194-1992 de las 16:00 hrs. de 27 de octubre de 1992, aclaró lo, anteriormente, señalado, bajo los siguientes términos:\n\n“(…) En el sistema déla (sic) Constitución, su interpretación vinculante sólo está atribuida a dos órganos del Estado, a saber: a la Sala Constitucional, en el ejercicio de su función jurisdiccional constitucional, y al Tribunal Supremo de Elecciones, en lo relativo a la organización, dirección y fiscalización de los actos relativos al sufragio. Esto equivale a decir que el Tribunal interpreta la Constitución Política en forma exclusiva y obligatoria, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales en materia electoral, y, por tanto, no cabe suponer que esa interpretación pueda ser fiscalizada por otra jurisdicción, así sea la constitucional, porque, aún en la medida en que violara normas o principios constitucionales, estaría, como todo tribunal de su rango, declarando el sentido propio de la norma o principio, por lo menos en cuanto no hay en nuestro ordenamiento remedio jurisdiccional contra esa eventual violación -lo cual no significa, valga decirlo, que el Supremo de Elecciones sea un Tribunal Constitucional, en el sentido de Tribunal de Constitucionalidad, porque su misión, naturaleza y atribuciones no son de esa índole (…) en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, en materia electoral, no son impugnables ante la Jurisdicción Constitucional (…), sus disposiciones reglamentarias autónomas (…)”. (El destacado no forma parte del original).\n\nDe ahí que, partiendo de lo señalado en el numeral 74 mencionado, el reglamento dictado por el Tribunal Electoral para regular lo concerniente al financiamiento de los partidos políticos, escapa al control de este Tribunal Constitucional vía acción de inconstitucionalidad (véase, en similar sentido, el Voto No. 17556-2010 de las 14:30 hrs. de 20 de octubre de 2010, redactado por el Magistrado ponente). Bajo este orden de consideraciones, resulta inadmisible, como se dijo supra, la acción para que se declare la inconstitucionalidad de la referida normativa.” (Resolución de las 2011-8989 de las 15:34 horas del 6 de julio de 2011).\n\nContrario al criterio de mayoría, los suscritos consideramos que se debe dar primacía a la independencia del TSE, instancia que expresamente fue designada para la interpretación de las normas electorales (numeral 102 de la Constitución Política), sin que exista posibilidad de que sus resoluciones sean revisadas por otra autoridad, como lo es esta Sala:\n\n“ARTÍCULO 103.- Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.”\n\nAsí las cosas, consideramos que la acción es inadmisible y debe ser rechazada de plano. Ahora bien, aclaramos que el motivo de nuestra decisión radica en extremos formales de la acción de inconstitucionalidad, toda vez que, en lo que respecta al fondo, compartimos a cabalidad la necesidad de defender la paridad de género en el proceso electoral, por derivarse esta del Derecho de la Constitución.”\n\n En lo que interesa al sub examine, los suscritos reiteramos ese criterio y consideramos que la acción sería inadmisible, incluso si la parte actora demostrara la existencia de tres precedentes electorales. Por este motivo, también resulta improcedente la alegada legitimación por intereses difusos. A partir del criterio expuesto, rechazamos de plano la acción.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n  Se rechaza de plano la acción. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan nota. La magistrada Jara Velásquez consigna nota. El magistrado Rueda Leal y la magistrada Hess Herrera dan razones distintas.\n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i.\n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosibel Jara V.\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 24-000685-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nvotado con boleta\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:50:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours forty-five minutes on the fifteenth of January of two thousand twenty-five.\n\nAction of unconstitutionality brought by Cristopher Fuentes Ballestero, of legal age, single, attorney, with identity card number 3-0401-010172, against the case law issued by the Supreme Electoral Tribunal, contained in resolutions numbers 10157-E3-2023, 10281-E3-2023, and 10289-E3-2023, and the second paragraph of Article 148 of the Electoral Code.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received in this Chamber on January 11, 2024, the petitioner requests that the case law issued by the Supreme Electoral Tribunal (TSE) be declared unconstitutional, contained in rulings 10157-E3-2023, 10281-E3-2023, and 10289-E3-2023, and the second paragraph of Article 148 of the Electoral Code. He indicates that the action brought is directed against the arbitrary provisions adopted by the Supreme Electoral Tribunal (TSE) through rulings with a normative character, number 10157-E3-2023 dated December 14, 2023, 10281-E3-2023 dated December 15, 2023, and 10289-E3-2023 dated December 15, 2023, which end up substituting the Legislative Assembly (original and derivative Constituent power) in its function of creating primary norms with *erga omnes* effect, in the sense that the aim is to implement or add requirements for the registration of party slates, which consists of opening a \"(...) space for the necessary candidacies to be postulated in order to comply with the rules set forth for horizontal parity for the 2024 municipal election.\" The foregoing during the holding of the Assembly to receive candidacies, with the purpose of allowing, for the last time, the registration of female candidacies not contemplated in the Electoral Code and the Regulations for the registration of candidacies and the drawing of the position of political parties on the ballots, nor in any other normative rank, thereby weakening the current legality system, which refers us to a clear violation of the principle of equality among all political groups and the principle of legality (Article 11 of the Political Constitution). In summary, the Supreme Electoral Tribunal adopted a case law norm in reiterated pronouncements, which was applied to deny the registration of candidacies by political groups, according to the legislation in force. Said application implies the indirect violation of the parameter of the constitutional judgment. Therefore, he argues that it can be affirmed that its application produces, in a reflexive or indirect manner, a clear violation of the constitutional block. The Constitutional Chamber has the possibility of influencing the concrete decisions of the Supreme Electoral Tribunal through the review of the constitutionality of its case law. This was confirmed through ruling number 2010-15048. Along this line of argument, the Constitutional Chamber understood that, although the expressed concern is valid, the truth is that the same situation would arise if, instead of the Tribunal's case law, a legal norm issued by the Legislative Assembly were reviewed, and that the Chamber could remove from the legal system or interpret in a certain way, with the consequent repercussion on the decision of some specific case, even more so when in electoral matters a broad subjective standing has been recognized. In this way, it is dangerous to influence, for example, eventually, criteria that may be applicable to determine an eventual electoral result, through the review of vote-counting methods that does not originate—and for that very reason is not conjured—with the exclusion of constitutionality control over the case law of the Supreme Electoral Tribunal. In addition to this, the same reasoning of possible interference would be applicable to deny the possibility that the Constitutional Chamber maintains the possibility of reviewing the case law of the Costa Rican Courts, due to the risk of influencing specific cases with its intervention. Rather, it is about choosing a combination of competencies and controls that leaves citizens as protected as possible against potential violations of their constitutional rights, and that integrates, into a whole as harmonious as possible, the entire range of exclusive functions and tasks of the State Powers, including, of course, the Constitutional Chamber. In addition to this, said unwritten provision restricts the participation and the right of all militants of the political groups whose registration of candidacy for the 2024 municipal elections was denied, with the aggravating circumstance of curtailing the right to elect and be elected. The situation alleged cannot be addressed through a control of ordinary legality regarding the formal or procedural defects generated by this new provision of the Supreme Electoral Tribunal, or to determine the existence of a precept poorly applied to partisan participation in the 2024 municipal elections. He claims to be a candidate for the mayoralty for the canton of Turrialba for the Partido Pueblo Soberano and invokes a diffuse interest in the present matter, which is causing a direct injury to the Costa Rican democratic system. This is why he formally presents an action of unconstitutionality against the arbitrary provision adopted by the Supreme Electoral Tribunal, hereinafter (TSE), of implementing a requirement after the deadline for submitting candidacy registration applications for the 2024 municipal elections had concluded. Said candidacy for the Mayoralty is recorded in the minutes of the National Assembly held last September 24, 2023, according to the Oversight Report of the political party's Assembly. Standing is exercised in exercise and for the benefit of the political groups whose candidacy registrations for the 2024 municipal elections were denied by the Supreme Electoral Tribunal, according to the slates presented for apparently lacking adequate compliance with the principle of horizontal parity, in accordance with the established rules that will govern the 2024 municipal electoral process. He indicates that, in the present action of unconstitutionality, the right to political participation, which is essentially linked to the democratic republican system of government and has a cross-cutting and supra-individual effect affecting the entire electoral body, is under discussion. Being a decision that directly impacts the Costa Rican electoral sphere, this action of unconstitutionality is intended to protect diffuse interests. That is, its main characteristic is its diffusion among a group of people who, by sharing a specific factual or legal situation, enjoy a good or are victims of a harm produced, in this case, by a public authority (TSE). Now, insofar as one is facing a cause of standing to access constitutionality control, the recognition of this type of interests cannot be capricious. The type of rights or legal goods at stake is key because, besides being rights or goods of collective enjoyment, they must be constitutional rights and goods, given that this is the constitutional jurisdiction. The Constitutional Chamber has defined the cases in which, in order to the nature and importance of the constitutional rights and goods involved, it recognizes the existence of a diffuse interest. Thus, for example, it has spoken of diffuse interests by reason of the right to a healthy and ecologically balanced environment, electoral rights, and the defense of historical patrimony. In relation to what has been said, he highlights that, regarding diffuse interests, their character as a collective interest is central, as their individual nature is only mediate. This means that whoever belongs to the social group where the right is diffused enjoys it individually, by reason of that belonging, precisely because it involves rights or goods whose exercise or enjoyment is immediately collective. This Constitutional Court has so stated in ruling number 5753-93. What is stated in the referred ruling means that a diffuse interest, as an individual interest, is so only in a reflexive manner, that is, mediately, to the extent that the petitioner or petitioners belong to the group in which the interest is diffused. If the interest in question exists immediately as an individual interest, the petitioners must satisfy the standing requirements established in Article 75, first paragraph, that is, a matter pending resolution where the challenged norm will be applied, invocation of the alleged unconstitutionality in said matter, and reasonableness of the means. It is evident that, as a product of the arbitrary decision adopted by the Supreme Electoral Tribunal, those most affected are all the candidates for a popularly elected position within the political groups whose participation in the electoral contest for the 2024 municipal elections was denied. Said injury empowers other political groups that have not complied with the questioned principle of horizontal parity. The foregoing was reaffirmed with the denial of candidacy registrations of the political groups, which have their political participation curtailed, which may influence national abstentionism. Analysis of interest for the present action of unconstitutionality: 1. Unconstitutionality of applying horizontal parity in the process of registering candidacies for popularly elected positions, through an ex officio interpretation by the Supreme Electoral Tribunal. Article 2 of the Electoral Code establishes the rights of men and women by setting forth the principle of parity and equality in general in the totality of the slates. With attention to these principles, Article 148 imposed parity in the form of alternation, and later, in Article 52, subsections ñ) and o), the concrete rules for political parties were set forth regarding the manner in which candidacy slates must be configured. Subsections \"ñ\" and \"o\" of Article 52 require that the party statutes stipulate: \"ñ) The rules on respect for gender equity, both in the party structure and in the ballots for popular election\" and \"o) The mechanisms that ensure the principles of equality, non-discrimination, and parity in the party structure, as well as in the totality and in each one of the slates for popular election, and the mechanism of alternation of men and women in the election slates.\" As can be seen in the last part, a formal and undoubted expression is established of the scope that must be given to parity in election slates, without there being any obscurity in the normative expression embodied in the legal texts that makes further inquiries necessary to unravel the scope of the mandate. These norms contain, in a sufficiently explicit and clear manner, the obligation of the parties to \"ensure\" parity in three areas, namely: 1) in the party structure, 2) in the totality of the slates for popular election, 3) in each one of the slates for popular election, as is well extracted from the use of the conjunction \"and,\" which guides us to understand the existence of such regulated areas, as indicated. In the final part, this same norm obligates, in a parallel manner, the parties to ensure a special form of parity, imposing the mechanism of alternation of men and women in the election slates. Finally, the Electoral Code, in its Article 148, also includes mandates for the conformation of slates, and the concept that both parity and alternation must exist is repeated again: \"All slates for popular election and the slates for positions in directive and political representation bodies shall be integrated in a parity-based and alternating manner. The first position on each of the slates for popular election by province, canton, and district shall be defined by the political party.\" He points out that this last text, with its final clause granting the party the possibility of defining the first position on each of the slates for popular election, cannot be read in an unsystematic manner isolated from the context just described either, whereby it must be understood that the party's decisions, including that regarding the first position on the ballots—as an act based on the statute and regulated by this latter legal instrument—can only be made in accordance with what the internal statutory rules provide, regarding the necessary parity in the totality of the slates, just as ordered in Article 52, subsection \"o,\" and the first part of Article 148 itself. Now, up to this point, it is not evident from the aforementioned regulations that political groups have as a \"sine qua non\" requirement, indispensable for registering their slates, the opening of a space during the holding of the National Assembly to allow new registrations of women and thus comply with the criterion of sex parity. In the same sense, the Regulation for the conformation and renewal of party structures and the Oversight of Assemblies and the Instructions for the Oversight of the Assemblies of Political Parties lack such a provision. For its part, Article 5 bis of the \"Regulation for the registration of candidacies and the drawing of the position of political parties on the ballots\" (Decree No. 9-2010) replicated, regarding the issue of presenting slates of candidates without horizontal parity. From a general perspective, in resolution No. 2910-E7-2023 and of section 5 bis, provided and transcribed supra in order, it cannot be evidenced in its integral content, in a concrete manner, nor in concordance with any other duly established norm, that a regulated procedure has been established for political parties to be subject to the exception applied to political groups to have their candidacy registered, much less that a catalog of actions has been suggested that—in general terms—such organizations should foresee and comply with for that objective of opening a space during the holding of the National Assembly to allow new registrations of women and thus comply with the criterion of sex parity. However, applicable regulations exist in the event that slates of candidates are presented without horizontal parity, and what has been analyzed produces an excess in the exercise of the regulatory power by violating the principle of equality, the principle of singular non-derogability of regulations, and the principle of legality, also violating sections 11, 33, 140 subsections 3) and 18) of the Political Constitution. From all the foregoing, it is evident that the ex officio interpretation in question is contrary to Articles 11, 33, and 140 subsections 3) and 18) of the Constitution and, as a legal consequence, to Articles 11 and 13 of the General Law of Public Administration. Said interpretation of the unwritten norm to the specific case is contrary to the legal system, as it admits a discrimination against political participation that violates the principle of equality and sections 11 and 33 of the Political Constitution. For its part, the General Law of Public Administration, in developing constitutional Article 33, in its section 13 expressly provides: \"Article 13.- 1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative legal system, and to the supplementary private law thereof, without being able to derogate them or disapply them for specific cases.\" Thus, as the analyzed regulations, adhering to the ex officio interpretation of the Supreme Electoral Tribunal with the rulings described and invoked as unconstitutional, for not \"opening a space during the holding of the National Assembly to allow new registrations of women and thus comply with the criterion of sex parity,\" produce an excess in the exercise of the regulatory power by violating the principles of equality, singular non-derogability of regulations, and the principle of legality, also violating sections 11, 33, 140 subsections 3) and 18) of the Political Constitution. It is evident that the electoral body cannot create restrictions, \"nor make exceptions\" that the same does not establish, to avoid its compliance for specific cases and diverting electoral purposes from political participation and a healthy democracy. In the present case, he indicates that the decree under study violates the legal system within its block of electoral legality, since there exists diverse legal norms and the corresponding regulatory norms of a general character and application that develop them; however, the DGRE reasoned that this assumption would be comparable to that in which the cantonal assemblies omit or do not meet to make a candidacy, in which case, the superior assembly would be empowered to make the nominations directly in an effort to resolve the cited vacancies, understanding, of course, from a calm reading of the party dynamics that, despite that remedy, it could happen that the disinterest of the militants in accepting candidacies remains unalterable in certain territories, in which case the party could present—for registration—the slates of candidacies that it had constructed, even if they did not form horizontal parity among them. That provision issued by the Supreme Electoral Tribunal through its rulings number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023, and 10289-E3-2023, violates the constitutional block by dictating a provision of an unwritten norm, without having carried out an adequate official publication of which rules must be complied with in advance for all political groups, which incurs in substantial defects by designing something unwritten for its implementation with the registration of political parties. The rulings issued by the Supreme Electoral Tribunal are intended to be given a tone of electoral case law; however, case law corresponds to resolutions that have been created through 3 to 4 rulings issued in the past and that are taken as a source of law to resolve cases as applicable. The Electoral Constitutional body has the unavoidable responsibility of guaranteeing that the rules to be applied in the electoral processes under its charge, as well as in the internal party candidate selection processes, are precise and certain, that is, that they are fixed prior to the start of such important dynamics. In the case of provisions that permeate an electoral contest, it is essential that these be completely clear and defined at the moment of calling on candidates to register their candidacies. Furthermore, there must likewise be an absolute prohibition on modifying those rules during the course of the contest, as it would violate the security and legal certainty that should prevail within this class of dynamics, which is essential to ensure that the process is of absolute purity and transparency. To all this, it must be added that all competitors know, with absolute clarity, what the rules to follow within the contest are and, moreover, that the mechanisms and procedures that will govern the electoral struggle are known. It should not be forgotten that, in terms of democracy, the rules and the guidelines to be followed by all actors cannot vary while the formation of the groups in the electoral process is underway; the only thing that is uncertain are the results that can be obtained on election day. Along this line of argument, what is sought with this action of unconstitutionality is to challenge the alternation mechanism itself, used by the Supreme Electoral Tribunal through the described rulings, which caused an ex officio interpretation of the unwritten norm and which considerably affected the registration of political groups. This is not a struggle between the male gender against the female gender, nor that a \"Positive Discrimination\" application exists here, which consists of giving special treatment to those persons or groups who find themselves in a situation of disadvantage with respect to others. This established treatment of having a sex-based alternation harms both men and women, because within the electoral processes of registering candidacy slates, there is no clear possibility that they are conformed in a balanced and consecutive manner in the slates, for various reasons, including: resignations from the elected position, absence of candidacies of a specific sex for the position to be headed, and the need to choose through political groups, and; redesigning the structures of the headers, for wanting to achieve a total parity in both genders, etc. These scenarios shown allow that, in case total parity is not achieved, political parties would be left with the freedom to propose a slate of candidates according to their interests, with the possibility that even respecting parity (50% for each gender), it would violate the principle of free political participation. According to the points that were scheduled by the political groups, specifically, the documents related to the National Assembly of the political group, it can be verified that the party sought a general space to discuss and vote on candidacies for vacant positions, in the following terms: \"AGENDA (...) 2. Election of the candidacies that are still needed to complete each of the cantonal ballots and that were not designated in the respective Cantonal Assembly. 5. Election of the ballots that still need to be designated in those Cantons that, having been convened, could not hold the assembly due to lack of quorum (...).\" From the report of the electoral officials who oversaw that activity (its annexes and additions), as well as the certified minutes that recorded its incidents, it can be affirmed that points 2 and 3 were duly complied with (jointly) and that, in that space, the proposals presented for some districts (with vacancies) were put to a vote. Regarding the point of registering candidacy slates in that final scenario of the National Assembly, therefore, it is not acceptable to infer that any of those points were totally or partially unobserved during that assembly, or that some attendee had informed the party authorities or the electoral officials about the existence of some irregularity in that sense, through an electoral amparo to assert their rights, that their participation to be nominated for a specific popularly elected position was not allowed. The Supreme Electoral Tribunal, in order to restrict or discard the slate of horizontal parity in the different political groups, must not be left free, as it is understood that the text approved by the legislators is what counts, as well as the regulations in force, and not the prior discussions or the emerging provisions, once the deadline to present candidacy registration applications has closed, so that the text has perfectly incorporated the possibility of being understood as including horizontal parity in Article 5 bis of the Regulation for the registration of candidacies and the drawing of the position of political parties on the ballots. The Tribunal, with its extensive interpretation of the word totality, has produced a discrimination against political participation, contrary to the dignity of women, with the consequence of rejecting slates that were duly approved. In addition to all this, it must be understood that the norm cannot be read in isolation, but the truth is that if the norm is framed within the entire framework set forth above, it is clear that the interpretation providing for the existence of horizontal parity must be favored. Furthermore, the Tribunal's interpretation is extensive in the exercise of human rights, contrary to the case law that the Constitutional Chamber itself has adopted and which has had declarative effects toward the future. Thereby, the access of women to popularly elected positions on an equal footing is obstructed, and the possibilities that the legislation itself provided for are denied, and therefore, they are deprived of the exercise of their fundamental rights. The need for parity to be contextualized in a perfect manner, 50% men and 50% women, in the reality of our democracy and the challenges for political parties must imply that equality must be seen in the actions executed by the political groups, through the scenarios established in the Regulation for the registration of candidacies and the drawing of the position of political parties on the ballots, to incorporate said parity in the results, and not simply from a biased and capricious perspective as the Electoral Tribunal interpreted it. It is therefore affirmed that the Supreme Electoral Tribunal, with its position of rejecting the candidacies of the political groups for not opening a space during the holding of the National Assembly to allow new registrations of women and thus comply with the criterion of sex parity, consecrates a novel restriction, so that parties are forced to fully respect said opening, when defining their headers in horizontal parity. The foregoing is contrary to what the legal norm intends, therefore said precept or provision must be remedied or subjected to a jurisdictional legality control, and, although it may not have been the legislator's intention to include horizontal parity in its entireties, the truth is that the State is obliged to implement, through its highest electoral body, all adequate measures to achieve equality in a fair and equitable registration process for the benefit of democracy. An unwritten norm cannot be applied to deny the registration of candidacy to the Partido Pueblo Soberano and to another political party, if these 3 (three) rulings number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023, and 10289-E3-2023, issued by the Supreme Electoral Tribunal, are not of a case law profile in electoral matters; for a source of law to exist at that legal rank, there must be more pronouncements that consolidate the position, provided that it is legal and not in a condition of an ex officio and arbitrary interpretation. The action of the Supreme Electoral Tribunal violates the principles of specificity and legal reservation, with the purpose of providing legal certainty, not only to the individual (electorate), but also to the system itself. Our legal system establishes that, for the imposition of a penalty, there must necessarily exist a prior law that describes, in a detailed and clear manner, the conduct that is reproached. Known as the principle of specificity (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta*), this constitutes a specific projection of the principle of legality, legal reservation, or requirement of enabling law, which implies: a) The need for all conduct intended to be considered as an infraction to be provided for in a law; b) The law in which the prerequisite for the sanction is provided, the illicit conduct, infraction, or fault, as well as the correlative sanction, must necessarily be written and prior to the commission of the act; c) The legal norms in which an electoral infraction and its sanction are provided for only admit an exact and strict interpretation and application (*odiosa sunt restringenda*), thus proscribing analogy, as these are limitations or restrictions of rights. In modern democracies, political participation, as it has been defined, is in itself considered a fundamental right, and in that sense, it appears expressly recognized both in the American Convention on Human Rights (literal \"a\" of Article 23) and in the International Covenant on Civil and Political Rights (literal \"a\" of Article 25). Article 23 (political rights) of the American Convention on Human Rights provides: 1.\n\nAll citizens shall enjoy the following rights and opportunities: a) to participate in the direction of public affairs, directly or through freely chosen representatives, b) to vote and to be elected in periodic, genuine elections conducted by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the electors, c) to have access, under general conditions of equality, to the public service of their country. 2. The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the preceding subsection exclusively for reasons of age, nationality, residence, language, education, civil or mental capacity, or conviction by a competent judge in criminal proceedings. For its part, the International Covenant on Civil and Political Rights uses similar terms in its Article 25: Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions: a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b) To vote and to be elected at periodic genuine elections by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the electors; c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country. However, in the case under analysis, that consequence involves a restriction on the right to political participation of all persons who make up the rejected candidate lists (nóminas), which leads to a strained relationship between the mechanism to compel compliance with that measure (end) and the human right to passive suffrage of that group of persons and, especially, of the women who were victorious in the internal party contests and who would, in principle, fulfill the legal requirements to be nominated for a popularly elected office (Article 23 of the American Convention on Human Rights). In that scenario, the legal operator has the inescapable duty to carry out a balancing exercise that, without rendering the aforementioned principle of gender equality nugatory, ensures that, having several possible corrective measures, the scale tips in favor of the one that is the least harmful, so that the substantial objectives of horizontal parity are not circumvented. It points out the unconstitutionality of the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code and, by connection, Decree No. 13-2023, \"Decree of Call for Municipal Elections\" (Decreto de Convocatoria Elecciones Municipales). It argues that the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code establishes, insofar as relevant to this action, the following: “For their due registration in the Electoral Registry (Registro Electoral), candidacies may only be submitted from the call for elections up to three months and fifteen calendar days before election day.” Decree No. 13-2023, “Decree of Call for Municipal Elections of February 4, 2024,” presents unconstitutionality in its fifth article, by connection with rulings number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 and 10289-E3-2023 issued by the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) when it stipulates the following: “The deadline for submitting candidacy registration applications before the Electoral Registry expires at fifteen hours on Friday, October twentieth, two thousand twenty-three, as established in Article 148 of the Electoral Code.” As can be inferred from the preceding numeral, the Supreme Electoral Tribunal determined that the final date for submitting registration applications is October 20, 2024. In light of this scenario, it is contradictory to close the period for submitting applications while having an opening date for the call on October 4, 2024. That is, on the date that opens for all political groups to begin their electoral campaign, where competitive efforts are made by candidates and political parties to gain the support of the electors in the period preceding an election. Candidates resort to a diversity of techniques to attract voters, from public appearances and rallies to the use of advertising in mass media. The campaign for a public office lasts longer than the \"official\" campaign period specified in the electoral calendar, when candidates may receive special treatment, normally in the form of access to public media or public funds for campaign purposes. Campaigns in the current media age can cost enormous amounts of money, with respect to fundraising, political financing, and expenditure of funds. During the campaign, candidates seek to convey their message and motivate electors to vote for them or their party. Campaign scheduling issues arise to visit communities, participate in interviews, polls, discussions, debates, among others. The short periods that occur in campaigns are used to prepare and inform the electorate about their platforms and positions, but they also need more resources to sustain the campaign for a certain amount of time. Candidates must be able to move freely among their supporters and make their political platforms public. Electors must be able to attend rallies and other political events without interference and without fear that their candidacy will be rejected by the Directorate General of the Electoral Registry (Dirección General de Registro Electoral) of the Supreme Electoral Tribunal. That is, when entering into all these details or particulars of political logistics described above, the candidacy registration filter should have already been passed; the closing period for candidacy registrations should be before the start date for the electoral campaign, 4 (four months before election day) to develop a free and fair campaign where the electorate can be provided with free access to political information so they can make an informed decision when voting. Furthermore, a free and fair campaign depends on freedom of the press, speech, assembly, and association. It is not possible that within a democracy as solid, consistent, and stable as ours, and reflected worldwide, candidates for a popularly elected office must face rejection of a candidacy registration for an elected office, in the midst of the official electoral campaign by the Supreme Electoral Tribunal. It indicates that, from the date stipulated in numeral 148 second paragraph, \"(...) three months and fifteen calendar days before election day,\" the candidates, the list (nómina) submitted to the Supreme Electoral Tribunal, all of them aspiring to an elected office, begin conducting the electoral campaign 4 (four) months before election day. Said timeframe stipulated in the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code proves irrational and disproportionate for applying a fair electoral campaign among all political groups, militants, and followers of a given political movement. Article 140 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) provides that an administrative act shall produce its effects after it is communicated to the administered party, except if it grants only rights, in which case it shall produce them from the moment it is adopted. That is, once the act of calling for municipal elections is adopted, it must not entail aspects that unbalance an electoral contest, such as the rejection of a candidacy after the campaign to promote the work plan, etc., has begun. That is, the citizen (electorate) has an absolute right to know the political offer under equal conditions. The right to equality, guaranteed in Article 33 of the Political Constitution, establishes that \"Every person is equal before the law and no discrimination contrary to human dignity may be practiced.\" Thus, it follows that all persons who have equal characteristics, or fall into the same category, enjoy the same rights and have the same obligations, so any distinction that lacks a reasonable cause violates this precept. Within this framework and combining the values of democracy, all citizens, especially the electors, enjoy the right to know the offerings of the political parties, with the aim, when exercising suffrage, of achieving a rational, studied, free, and voluntary choice that responds to their convictions and ideology about the government and the society in which they aspire to live. Precisely, the promotion of the governmental proposal by the candidates serves the purpose of politically informing the people, a right that cannot be restricted, as any action that, as an immediate effect, limits the knowledge that the people must have about all political parties and candidates aspiring to be elected is constitutionally reprehensible (ruling of the Constitutional Chamber No. 0429-98). In other words, the exercise of this fundamental right of citizenship is guaranteed when full respect for the principle of equality of candidates and their opportunities to express their political proposals is achieved, which finds support in various international instruments (Articles 21 of the Universal Declaration of Human Rights, 20 of the American Declaration of the Rights of Man, 25 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and 23 of the American Convention on Human Rights). Article 23.1. of the American Convention on Human Rights (hereinafter ACHR) imposes the positive obligation on States to design an electoral system so that political rights can be exercised through “periodic, genuine elections, conducted by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the electors.” It has been held that one of the fundamental aspects of holding “free and democratic elections” is that a series of practices are verified that allow ensuring equal opportunities and electoral equity. What happens in an electoral campaign will effectively show whether an election is free and fair. In the matter raised in this unconstitutionality action, the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code does not allow elections to be genuine, due to the closing date for submitting candidate lists (nóminas) once the electoral campaign has begun 4 months before election day. Said practice is disloyal to representative democracy, political participation, the electorate, and ultimately harms Costa Rican democracy, which does not ensure a due and necessary equality of opportunities among candidates seeking to run and generates instability within electoral equity. It argues that it must be kept very much in mind that the electoral procedure is the heart of democracy. It emphasizes that the relevance of the electoral procedure in the democratic formation of the will of the State organs must be evident. It is about the most important law of any democracy, even more so than the electoral system, because a democratic community can withstand discussion about the timeliness of the system that organizes the election and translates ballots into seats, but never the existence of serious irregularities when translating votes into power quotas, as this prevents political representation and delegitimizes the election due to a lack of authenticity. There are no fundamental rights without democratic procedures, and however complex the definition of democracy may be, it is clear that without free elections and electoral procedures, it does not exist. We are facing a minimum requirement that leads to understanding representative democracy as a set of procedural rules. Furthermore, the democratic principle enshrined in our Magna Carta advocates for these values, so their protection constitutes a national commitment that, together with international treaties, lays the foundations for the recognition of political rights under conditions of equality and freedom. With this foundation and to guarantee the exercise of political rights, constitutional courts have opted for their protection when organizing and executing or developing electoral debates, as a means of exposition and defense of viewpoints and political proposals. It indicates that to debate is to contend, discuss, dispute about something, which is why this expression of ideas must be carried out under equal conditions, a guarantee both for the debaters and for the electorate that needs to know broadly the options on which they must decide. In the electoral campaign and for the democratization of suffrage, the mass media play a fundamental role, as it is through them that candidates reach the electors with their message and could even prove decisive for their electoral success or that of a given political party. It considers it important to mention that access to the media during the electoral period implies three basic aspects: 1) the opportunity for parties and candidates to communicate their ideas to the population using the media (which usually includes electoral propaganda), 2) the way the media cover the electoral campaign of the parties and issues of importance for the elections in the news and other programs, 3) civic education programs through the media. Hence the importance of debates in electoral processes and the need for the different actors to understand and adopt their regulations, in order not to limit knowledge of the political offerings nor transgress the constitutional democratic principles and values at stake. It is illogical and absurd to close a candidacy registration deadline in the interim, when an electoral campaign is officially underway and in full execution. It must be understood that from the moment the call for elections begins, all political groups must be duly registered, having passed through all appellate stages and exhaustion phases to register the respective candidacy, not that within the electoral campaign they have to abandon or discard their participation in the electoral contest. The unofficial interpretations made by the Supreme Electoral Tribunal, such as those challenged in this unconstitutionality action, encourage the electoral body itself to have the possibility of expelling any political group or candidate after the electoral campaign has begun. This situation produces or keeps latent the possibility that, at any moment, a window may open to discourage political participation with its consequent injury to Human Rights. Likewise, with these behaviors deployed by the Supreme Electoral Tribunal, designing an electoral schedule with the particularity that the stage of registering candidate lists (nóminas) closes once the electoral campaign has begun—precisely on this, it highlights that said schedule generates inequality among the different groups, whether between a new (emerging) party versus a traditional party or one with a trajectory in elections. The explanation for the above refers to the fact that traditional parties have a consolidated political structure, some experience in the arenas of politics, have capital and financing, and can face the paperwork (tramitología) while continuing with the development of the electoral campaign; in contrast, the new (emerging) party has many weaknesses or deficiencies to face the electoral contest, having to: 1) Weigh those unofficial interpretations by the Supreme Electoral Tribunal, 2) Make space to appeal the decisions imposed on the fly by the Supreme Electoral Tribunal, 3) Undertake the political campaign through radio broadcasting and television. 4) Participate in proselytizing activities. 5) Seek political financing, 6) Comply with the training sessions of the Supreme Electoral Tribunal for the Polling Stations (Juntas Receptoras de Votos) and Poll Watchers (Fiscales). It indicates that during electoral campaigns, a large number of promotional and dissemination activities are carried out, both for candidates and political platforms. These activities can be classified into two categories: collective and individual. In the first type, the actions are organized by the party and are carried out as part of the tasks of party activists, such as putting up posters or signs, participating in meetings, speaking at public events, organizing mobilizations, etc. In the second category, activities are carried out on a personal basis, such as trying to informally convince others to vote for a candidate or list, or publicly supporting the party or candidate. In both cases, beyond the manifestation by those who carry out these activities, collected in opinion polls, it is difficult to find other indicators. Likewise, political parties incur financing for parties and candidates. Contributing money to the party or a candidate (whose intentions may be more or less altruistic) reflects the intention to influence the selection of authorities by actively supporting one of the options. This financing can be carried out on a regular basis, as part of the obligations of being an active member of a party, or sporadically, if done spontaneously. Attendance at campaign events: Many citizens who are not formally party members, but who feel some sympathy for a party or candidate, attend support events organized by these organizations during campaign times, which take on very diverse forms: concentrations, rallies, caravans, dinners, fairs, meetings, etc. At what stage of competition or electoral contest is a list of political parties managed so they can participate in debates, discussions, etc., in radio or television broadcasts organized by the different media and institutions responsible for disseminating or projecting the work plans of those aspiring to a popular election, and in the middle of the campaign they lose their political participation because a candidacy registration is decided after the official call for elections has begun. In any selection or registration process, everything must be done in advance. It is not logical that once an electoral competition begins, or in any discipline, the applicants, teams, or political groups must disappear from the electoral context. It is understandable that, once the electoral campaign begins, both those aspiring to a popularly elected office and the electors have the right to be able to meet to discuss the candidates, canton-level issues of interest, and other electoral matters. Political parties must be able to meet and plan their electoral campaigns with their supporters. The freedom to campaign also refers to freedom of movement. Candidates must be able to campaign anywhere in the country, in accordance with the right of political association. This right protects the form of participation referred to above as political campaigning. Both the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 22) and the American Convention on Human Rights (Article 16) recognize the right of association for the defense of one's interests, and the second of these instruments makes specific reference to the “right of political association.” In both cases, it is indicated that there shall be no restrictions incompatible with a democratic society. Both freedom of association in general and association in political parties in particular are an integral and essential part of political participation. Association in political parties or groups is an obvious aspect of political participation. In modern societies, political parties or similar political groups are the means by which citizens organize themselves to present their opinion on the direction of society, to participate in electoral processes, and to influence governmental action. Said second paragraph of Article 148 of the Electoral Code, in conjunction with Article 5 of the “Decree of Call for Municipal Elections of February 4, 2024,” prevents a national-level call for elections from being carried out, as a legitimate procedure is not defined for the benefit of the electorate and Costa Rican democracy, addressing political participation with the purpose of intervening in the designation of its rulers or influencing the formation of state policy. The purpose of calling for elections must be carried out within the framework of respecting the political participation of all political groups and not discouraging electoral promotion in the middle of the campaign once it has begun. Furthermore, said Decree must be issued once all political groups have been registered in accordance with the regulations adhering to legality, and it must never be issued with registrations pending admission before the Directorate General of the Electoral Registry and, consequently, before the Supreme Electoral Tribunal. It is understandable that, in a country that safeguards and protects political participation and democracy, it is plausible to assume that the greater the democratic development, the greater the possibilities and stimuli for political participation and the validity of the rights linked to it. Along those lines, calling for elections under all the circumstances presented by the second paragraph of Article 148 of the Electoral Code allows for true chaos to that democratic development that must be strengthened over time. The foregoing, developed and invoked as unconstitutional, attacks the democratic principle, human rights, political participation, legal and electoral certainty, and the principles of reasonableness and proportionality of an intact electoral campaign, in an integral and complete manner for all those aspiring to a popular election. Democratic principles violated by rulings number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 and 10289-E3-2023 issued by the Supreme Electoral Tribunal, and by connection the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code. Although democracy is based on majority rule, it notes that this does not mean that the minority is ignored. In a true democracy, the rights of all citizens are equal and must be respected regardless of who is in power. And, even though their opinions may not have triumphed on election day, they continue to have the right to transmit them to other citizens and to the government. And this is healthy, if not necessary. Democracy is nourished by openness and richness of thought. Suppressing the rights and freedoms of the minority harms everyone. Change must be considered a natural and healthy characteristic of democracy, since the function of government is to serve the people, and public opinion changes constantly on all kinds of issues. It is natural for elections to produce different results at different times. Therefore, it is essential that these elections are held in a free and fair manner. This means that people receive good and accurate information before voting, and can debate it freely. It also means that on election day, people have equal access to the polls, that all votes have equal value, and that all votes are counted. Furthermore, elections must not be held irregularly or called when it suits the government. Democratic societies function within the framework of the Rule of Law. This fundamentally means that the laws of a nation are applied equally to all people, and that everyone, especially the government, must comply with them. It also means that the rights, freedoms, and democratic processes described above are respected and fostered, that laws are applied fairly and consistently, and that there is an independent body, such as the courts, to resolve conflicts that arise. The formation of distinct political forces that attenuate the centralization of decisions by majority groups forms part of our multi-party democratic system, respectful of political minorities (Article 95 subsections 6 and 7 of the Political Constitution). This enables broad participation of diverse groups and the generation of diverse opinions, and guarantees majority rule with respect for the representation of political minorities, under the following formula: “majority government with minority participation, within a regime of freedom and equality” (ruling 990-92, at 16:30 hours on April 14, 1992). It requests the suspension of Decree No. 13-2023, “Decree of Call for Municipal Elections of February 4, 2024,” published in the Official Gazette La Gaceta No. 185 of October 9, 2023, because it refers to norms of general scope for all citizens registered as electors in the Electoral Department of the Civil Registry so that, exercising the fundamental right to suffrage in a direct and secret vote, they concur for a single specific occasion during February 4, 2024. That is, after that day, said decree loses its validity and is not a decree that endures over time. Therefore, it is not a decree that applies or executes norms continuously with its validity without a date of expiry. Given this situation, the application of the norm in question must be suspended until the Constitutional Chamber resolves what is legally appropriate, with its respective dimensioning if applicable. Added to this, the fifth article lacks a legitimate procedure, as stipulated in numeral 148 second paragraph of the Electoral Code, as set forth in this unconstitutionality action. In the matter raised in this unconstitutionality action, the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code does not allow elections to be genuine, due to the closing date for submitting candidate lists (nóminas) once the electoral campaign has begun 4 months before election day. There are greater justifications for suspending the Decree in question. Among the reasons, we find the following: 1- Precautionary Measure before the Inter-American Commission on Human Rights (Corte IDH) against the Supreme Electoral Tribunal (TSE) to demand inclusion in the municipal elections, for apparently failing to comply with the gender parity principle by the Political Party Aquí Costa Rica Manda. 2- Complaint before the Supreme Electoral Tribunal to suspend the electronic voting that will be implemented at 400 polling stations (juntas receptoras de votos) during the 2024 municipal elections, for threatening the secrecy of the ballot and placing the historic solidity of our elections in a position of grave risk. 3- Filing of amparo remedies (recursos de amparo) and unconstitutionality actions regarding the Supreme Electoral Tribunal's refusal to register certain political groups. In that sense, there are pending causes to be resolved of an administrative, judicial, and international nature that allow the application of said decree to be suspended. The State has the obligation to guarantee, with preventive measures, that every person holding political rights has a real opportunity to exercise them. Therefore, it is essential that optimal conditions and mechanisms be generated so that such rights can be exercised in advance and effectively, respecting the principle of equality and non-discrimination. In this sense, it should be noted that respect for the expansive nature of human rights, which determines, in turn, the affirmation of the principle favor libertatis, entails that any limitation or interpretation of a limitation on human rights must be carried out restrictively, granting the greatest possible degree of exercise to the human right in question. It requests that the nullity of resolution No. PIC-4257-M-2023 at 14:21 hours on November 27, 2023, of the DGRE be declared, and by connection rulings number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 and 10289-E3-2023 of the Supreme Electoral Tribunal (Majority Vote), for lacking legal support for their application to the political groups that requested the registration of municipal candidacies for the elections in the 2024 period. That the unconstitutionality of applying an arbitrary provision be declared, through “opening a space during the holding of the National Assembly to allow new registrations of women and thereby comply with the criterion of sex parity” in rulings number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 and 10289-E3-2023 that were issued by the Supreme Electoral Tribunal. That the unconstitutionality of the phrase of the second paragraph of numeral 148 of the Electoral Code be declared, which indicates “up to three months and fifteen calendar days before election day,” and by connection the fifth article of Decree No. 13-2023, “Decree of Call for Municipal Elections of February 4, 2024.”\n\nThat it be established that the principles of legality, political equality of democracy, legal certainty, the principle of legal reserve in electoral matters, separation of powers, singular non-derogability of general provisions, respect for minorities, citizen participation, transparency, political pluralism, popular sovereignty, democratic political representation, democratic freedoms, social peace, the Rule of Law, free and fair elections, control of abuse of power, a multi-party system, and political tolerance were violated by the Supreme Electoral Tribunal in judgments number 10157-E3-2023, 10281-E3-2023, and 10289-E3-2023, to the detriment of Costa Rican democracy. It requests that the Supreme Electoral Tribunal be warned to refrain from issuing any other direct or indirect provision that affects or produces serious dislocations to security, justice, electoral democracy, or social peace. To order the Supreme Electoral Tribunal to register the candidacies for the municipal elections for all political groups that have undertaken the necessary partisan efforts and met the requirements established in resolution no. 2910-E7-2023 of the Supreme Electoral Tribunal, and in accordance with ordinal 5 bis of the Regulation for the Registration of Candidacies and the Drawing of Lots for the Position of Political Parties on the Ballots (Reglamento para la Inscripción de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las papeletas). That the Supreme Electoral Tribunal be ordered to reform the Regulation for the Registration of Candidacies and the Drawing of Lots for the Position of Political Parties on the Ballots, or to issue any necessary directive so that the methods for complying with horizontal parity in popularly elected positions, when a difference greater than one persists between the total number of men and women above 50%, are clearly established in its statutes.\n\n2.- On January 17, 2023, the petitioner requests prompt dispatch and provides a copy of a reconsideration appeal filed by the Pueblo Soberano party before the Supreme Electoral Tribunal on December 21, 2023.\n\n3.- On January 31, 2024, Magistrate Castillo Víquez filed his recusal from hearing this matter, which was accepted by the acting president of this Court, by means of a resolution at 9:05 a.m. on February 1, 2024.\n\n4.- By draw no. 12053 of the Presidency of the Supreme Court of Justice, the substitute person selected to hear this matter in place of Magistrate Víquez is Magistrate Rosibel Jara Velásquez.\n\n5.- Article 9 of the Law on Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on procedural or substantive grounds, at any time, even from its submission, any petition presented for its consideration that is manifestly without merit, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- REGARDING THE INADMISSIBILITY OF THIS UNCONSTITUTIONALITY ACTION BY REASON OF ITS OBJECT. The petitioner argues that this unconstitutionality action is admissible, insofar as it seeks to challenge an alleged jurisprudential line of the Supreme Electoral Tribunal. For such purposes, it is of interest to note what was resolved by this Court in judgment no. 2019-11633 at 9:20 a.m. on June 26, 2019, in the following sense:\n\n\"I.- ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION. The plaintiffs challenge resolution No. 1724-E8-2019 at 3:00 p.m. on February 27, 2019, issued by the Supreme Electoral Tribunal and published in La Gaceta, Supplement No. 56 of March 14, 2019. In this resolution, the T.S.E. made an amendment to electoral jurisprudence and officially interpreted articles 2, 52, and 148 of the current Electoral Code, regarding the scope of the principle of horizontal parity in the heading of lists of candidates for municipal offices of popular election. The plaintiff states that the T.S.E. lacks constitutional competence to dispense political parties from the legal duty of applying the conventional principle of horizontal parity when processing lists for single-member municipal positions.\n\nII.- ON THE OBJECT OF THE ACTION.- When analyzing the object of this action, it is necessary to keep in mind several aspects regarding the competence of this Court to hear challenges referred to or related to electoral matters. In judgment No. 15-016070 at 11:30 a.m. on October 14, 2015, by majority (Jinesta, Castillo, Hernández L (rapporteur), Salazar, and Garro) the Chamber changed the criterion it had maintained up to that point according to which it was legally barred from reviewing the conformity of the jurisprudence of the Supreme Electoral Tribunal with the Political Constitution. In that ruling, the Court reconsidered that issue and affirmed that it had competence to review the rules with normative and abstract value derived from the doctrine contained in the judgments issued by the T.S.E. Thus, in the referenced resolution it determined that, as with the jurisprudence issued by the Courts of justice, the Chamber can analyze and review whether the normative content of such rules of law violates the Political Constitution or not. Additionally, it affirmed that it has competence to review the jurisprudence of the T.S.E., insofar as it is set forth in advisory opinions. To date, these are the two necessary elements for admitting an action against an electoral jurisdictional resolution: that jurisprudence be questioned, which is established in at least three judgments, or that it was set forth when resolving advisory opinions. On this occasion, the Chamber considers that the challenged resolution has the elements that allow its review by the court, as it is a provision of a normative nature, with general and abstract effects. What this Constitutional Court cannot hear are those cases in which the Supreme Electoral Tribunal, in the exercise of the power granted to it by the Law of the Constitution (values, principles, and norms) in accordance with article 102(3) of the Fundamental Charter, makes an exclusive and excluding interpretation of the constitutional norm referring to electoral matters, given that said interpretation is incorporated by operation of law into the constitutional text. (See in this regard judgment of the Constitutional Chamber No. 001155-2010). It is different when it involves an interpretation of legal norms in electoral matters, because, in these cases, the jurisprudence established or precedent set could violate the Law of the Constitution, a matter in which the Constitutional Chamber has the monopoly of rejection, that is, the exclusive and excluding competence to annul and expel a norm from the legal order or to declare the unconstitutionality of an omission. In the sub judice matter, it involves an interpretation of legal norms, specifically articles 2, 52(j) and (k), and 148 of the Electoral Code, hence the competence of this Court to hear and resolve this constitutional controversy as will be explained later.\n\nIII.- Resolution No. 1724-E8-2019 at 3:00 p.m. on February 27, 2019, is a resolution of the T.S.E. issued in a matter that is within its exclusive competence, which is electoral matters, and in the exercise of its constitutional functions (articles 9 and 99 of the Political Constitution). It is an amendment to electoral jurisprudence, where the T.S.E. makes an official interpretation of articles 2, 52, and 148 of the current Electoral Code, regarding the scope of the principle of horizontal parity in the heading of lists of candidates for municipal offices of popular election. It is not jurisprudence in the literal sense, but rather it is a resolution that modifies jurisprudence. This is expressly indicated in the THEREFORE: '...The jurisprudence of this Tribunal regarding the application of the parity principle is partially modified, and articles 2, 52 (j) and (k), and 148 of the Electoral Code are officially interpreted in the following terms...'. Neither is it a concrete resolution, as it is not the product of a petition filed by any of the subjects legitimated to do so. It has no concrete scope, as it does not favor an identified subject or subjects, but rather its recipients constitute an indeterminate plurality of subjects. Its effects are binding and general, as they apply to those participating or aspiring to participate in the 2020 municipal elections.\n\nIV.- In this sense, this resolution can be viewed from two perspectives: as a modification of a precedent (which already established a solution through a rule of law provided in a prior case) and that shares the same characteristics as the former: it is binding and has general effects. Although in Roman law systems exactly the same figure does not exist, the Costa Rican legal order contemplates the figure of jurisprudence as a source of law (art. 9 Civil Code), understanding by this the legal doctrine created by courts when they repeatedly interpret a legal norm in the same sense. From this point of view, the resolution in question modifies a jurisprudential criterion and has two aspects: one normative and of general scope insofar as it modifies an already established criterion and interprets articles 2, 52, and 148 of the Electoral Code; another of concrete application in the 2020 municipal elections. Regarding the 1st aspect, the resolution does not arise from a concrete, individual, or group petition, but was issued in use of the powers of the TSE, with the purpose of modifying prior jurisprudence issued by that body. It is an electoral jurisdictional act, of a normative nature, with general and abstract effects, thus fitting within the hypothesis of article 73(a) of the Law on Constitutional Jurisdiction.\"\n\nIn the aforementioned precedent, a change of criterion by the majority of this Court at that time is explained, in the sense of recognizing the competence of this Chamber to review the conformity of the jurisprudence of the Supreme Electoral Tribunal with the Political Constitution. In that sense, it was expressly recognized \"that, as with the jurisprudence issued by the Courts of justice, the Chamber can analyze and review whether the normative content of such rules of law violates the Political Constitution or not. Additionally, it affirmed that it has competence to review the jurisprudence of the T.S.E., insofar as it is set forth in advisory opinions. To date, these are the two necessary elements for admitting an action against an electoral jurisdictional resolution: that jurisprudence be questioned, which is established in at least three judgments, or that it was set forth when resolving advisory opinions.\"\n\nHowever, in the sub iudice matter, we are not in the presence of a judgment that expressly modifies electoral jurisprudence, nor —in general— are we in the presence of an official interpretation by the Supreme Electoral Tribunal, nor of the resolution of a potential advisory opinion. On the contrary, this action seeks to challenge specific resolutions of the Supreme Electoral Tribunal, issued to resolve concrete petitions and specific cases, by which respective electoral appeals were resolved against resolutions of the General Directorate of the Electoral Register and Financing of Political Parties that denied various requests for candidate registration due to non-compliance with the principle of horizontal parity.\n\nFurthermore, as part of this alleged jurisprudential line, three judgments are cited, including precisely the one issued to resolve the particular case of the political party from which the petitioner ran as a mayoral candidate (Pueblo Soberano party), which is resolution no. 10289-E3-2023, which is without merit. Thus, for example, in the case of actions against the jurisprudence of the bodies of the Judicial Branch, this Court has ruled repeatedly and consistently on the inadmissibility of seeking —under the guise of challenging an alleged jurisprudential line— for this Chamber to review what was already resolved in the particular case of the petitioner. Regarding this issue, by judgment no. 2023025882 at 9:15 a.m. on October 11, 2023, this Chamber reiterated its criterion on the matter, in the following terms:\n\n\"III.- INADMISSIBILITY OF THIS ACTION. Article 10, paragraph 1, of the Political Constitution prescribes that 'the jurisdictional acts of the Judicial Branch' shall not be challengeable in an unconstitutionality action. This is reiterated, as an echo norm, by article 74 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Consequently, concrete or specific resolutions issued by the bodies of the Judicial Branch in the exercise of their jurisdictional function are exempt from constitutional review. What our constitutional system does admit, in light of the provisions of article 3 of the Law on Constitutional Jurisdiction, is constitutional review of jurisprudence, insofar as it is understood as the reiteration of a legal criterion or an interpretation that assumes the condition of a guideline of normative and general scope —binding— and that, consequently, is indeed challengeable when said jurisprudential line emanates from the last ordinary or common instance of interpretation and application, as is the case with the Cassation Chambers and the Courts that resolve definitively in a matter, without the possibility of a cassation appeal.\n\nLikewise, regarding the possibility of challenging jurisprudence as unconstitutional, as an unwritten source of the legal order, this Chamber has indicated, in pertinent part, the following:\n\n'(…) has repeatedly admitted the challenging of jurisprudential guidelines through the unconstitutionality action, when it is demonstrated that there are at least three concordant rulings issued in different proceedings in which the challenged stance is maintained.' (Judgment No. 2012 – 001583 at 2:50 p.m. on February 8, 2012.)\n\nTo which it is added that this Court has been emphatic in pointing out the inadmissibility of citing, as part of the challenged jurisprudence, resolutions issued within the same base matter invoked in the unconstitutionality proceeding, meaning such resolutions cannot serve as a parameter to establish the challenged jurisprudential line. On this point, in ruling no. 2005-06849 at 9:55 a.m. on June 1, 2005, this Chamber held the following:\n\n'(…) I.- Inadmissibility of the unconstitutionality action against the challenged jurisprudence. The representative of the plaintiff company challenges the jurisprudence of one of the sections of the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, and article 556 of the Labor Code. On the first aspect of the action, this Chamber has repeatedly resolved that in unconstitutionality actions directed against a determined jurisprudence, at least three resolutions reiterating the challenged criterion must be demonstrated. In this sense, there is jurisprudence that punctually establishes that:\n\n\"It is not enough, as this Chamber has repeatedly held in its jurisprudence, for there to be multiple resolutions in the same sense to consider that it constitutes a jurisprudential line. First of all, as this Chamber has understood it, it must come from the Cassation Chambers of the Supreme Court of Justice, or in its case from the Courts of last instance, according to article 9 of the Civil Code. Second, it must also be taken into account that these are not resolutions arising from the same jurisdictional proceeding or on the occasion of proceedings pursued by or against the plaintiff, because in that case, the unconstitutionality action would be converted into a mere appellate instrument of grievances against jurisdictional resolutions.\" Judgment of this Chamber No. 2003-05416.\n\nAlthough the first premise transcribed by the cited judgment coincides with the case at hand, as it involves jurisprudence of one of the sections of the Labor Court of the Second Judicial Circuit of San José, the second transcribed requirement is not met, which in the Chamber's criterion is fundamental. When article 3 of the Law on Constitutional Jurisdiction establishes that the Political Constitution shall be considered infringed when an interpretation or application by public authorities is contrary to constitutional norms and principles, this must be understood as referring to decisions —duly demonstrated by the plaintiff— within litigation other than the resolutions issued in the matter that serves as the basis for the action. Stated differently, the challenged interpretation cannot be demonstrated with decisions issued within the same base matter, because the action would become a parallel appeal within the jurisdictional proceeding that serves as its basis. (...)' (The emphasis is not part of the original; see, in similar terms, judgments numbers 2013-014087 at 1:30 p.m. on October 23, 2013, 2014-001168 at 2:30 p.m. on January 29, 2014, and 2014-017410 at 4:30 p.m. on October 22, 2014).\n\nNow then, in the sub lite matter, the petitioner only mentions and cites one resolution of the Family Court, namely ruling no. 2023-000985 at 8:22 a.m. on September 22, 2023, issued within file no. (…), which is a proceeding for the recognition of a common-law marriage established by (…) against (…), where (…) —the petitioner here— is the special judicial representative of the defendant party. Consequently, admitting this action, in the terms in which it has been formulated, would imply reviewing in this venue the resolution issued in the particular case of the plaintiff party, in contravention of the cited articles 10, paragraph 1, of the Political Constitution and 74 of the Law on Constitutional Jurisdiction, which is inadmissible.\"\n\nConsiderations that are applicable mutatis mutandis to the case under study, since admitting this action, in the terms formulated, would mean that this Chamber acts as one more instance in the electoral process and reviews what was already resolved in the specific case of the political party to which the petitioner belongs, which is inadmissible in accordance with article 74 of the Law on Constitutional Jurisdiction, which expressly provides that an unconstitutionality action is not appropriate against \"the acts or provisions of the Supreme Electoral Tribunal relating to the exercise of the electoral function\", in relation to the provisions of articles 99 and 102 of the Political Constitution.\n\nII.- REGARDING THE LACK OF STANDING. On the other hand, the petitioner also questions the constitutionality of the second paragraph of article 148 of the Electoral Code, considering that it maintains formal defects regarding the registration procedure for party candidacies, which violate the democratic principle, political participation, the electoral legality framework, and, by connection, article five of decree no. 13-2023, \"Decree Convening Municipal Elections of February 4, 2024\" (Decreto de Convocatoria elecciones municipales del 4 de febrero de 2024). For these purposes, he justifies that he appears directly and personally before this Court, invoking the existence of a diffuse interest, since what is challenged causes injury to the Costa Rican democratic system. In this regard, he literally states the following: \"The undersigned, Cristopher Fuentes Ballestero, is a candidate for mayor for the Canton of Turrialba, for the Pueblo Soberano Party, and invoked a diffuse interest in this matter, which is causing direct injury to the Costa Rican democratic system, which is why I appear before your supreme jurisdictional authority to formally file an Unconstitutionality Action against the arbitrary provision adopted by the Supreme Electoral Tribunal, hereinafter (TSE), of implementing a requirement after the deadline for submitting candidacy registration applications for the 2024 municipal elections concluded. Said candidacy for Mayor is recorded in the Minutes of the National Assembly held on September 24, 2023… The standing is exercised in exercise and for the benefit of the political groups whose candidacy registrations for the 2024 municipal elections were denied by the Supreme Electoral Tribunal, according to the lists submitted, for apparently lacking adequate compliance with the principle of horizontal parity in accordance with the established rules that will govern the 2024 municipal electoral process…\". In point 3 of the filing brief, to justify the existence of a diffuse interest, the petitioner added this as well: \"It is evident that due to the arbitrary decision adopted by the Supreme Electoral Tribunal, those most affected are all the applicants for a popularly elected position within the political groups that were denied participation in the electoral contest for the 2024 municipal elections; said injury empowers the other political groups that have not complied with the questioned principle of horizontal parity. The foregoing was reaffirmed with the denial of the candidacy registrations of the political groups, which have had their political participation curtailed, which may influence abstentionism at the national level.\" It should be noted that, based on the same justification given by the petitioner, it is ruled out that we are before the defense of a diffuse interest, given that he himself manages to individualize the persons and groups that are directly affected by the resolutions in question and the challenged regulations. It is therefore not a diluted collective, but a fully identifiable one. Thus, despite what is alleged by the petitioner, he lacks the standing he claims to hold, given that he does not meet what is required to appear in defense of the interests protected in the second paragraph of article 75 of the Law on Constitutional Jurisdiction, as explained below.\n\nIndeed, this Chamber, by majority, has considered that when the challenged norm is susceptible to individual application, it is not appropriate to invoke the defense of diffuse interests to admit the action. Thus, in judgment no. 2021-002185 at 12:51 p.m. on February 3, 2021, the Constitutional Court stated:\n\n\"(…) II.- Regarding diffuse interests and the standing of the plaintiffs in the case under study. The plaintiffs state that their standing comes from the defense of diffuse interests regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it should be noted that, as already mentioned, the premises of the second paragraph of article 75 of the Law on Constitutional Jurisdiction constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case. Diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which can be shared by other persons, with all those interested forming a determined group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general or each one in particular, hence any member of the community can file the action to protect the right considered injured. On this point, the Chamber's reiterated jurisprudence indicates that:\n\n\"It has been pointed out that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding considering, but which cannot be so broad and generic that it is confused with the right recognized for all members of society to ensure constitutional legality, since the latter —as has been repeatedly stated— is excluded from the current system of constitutional review. It is therefore an interest distributed in each one of the administered, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for that reason, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights in themselves, and not the particular situation of the subjects who may hold them before them, that are the key to distinguishing and determining the presence of the so-called diffuse interests, as stated in various resolutions such as 03705-93 at three o'clock in the afternoon on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 at two forty-five in the afternoon on November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 at one-thirty in the afternoon on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters.\" –see judgment number 360-90- From this definition, it is possible to consider that diffuse interest is composed of an eminently subjective element, relating to its ownership or holding of the interest, and an objective one, related to the incidence of the good in society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the former —the subjective—, it is clear that it is diffused within a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good that is the object of the interest, but whose composition does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as does occur with collective interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every 'diffused' interest acquires the legal category of 'diffuse interest', but only those imbued with profound social relevance, whose assessment results from the circumstances of each case –see, among others, judgments numbers 2006-15960 and 2014-4904-. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality —which would entail the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law on Constitutional Jurisdiction—, neither can it be so concrete that it allows an individual claim, because in such a case, the standing would derive from that claim –see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300, and 2009-9201-. Thus, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. Accordingly, in the case under study, where the plaintiffs base their standing on the defense of diffuse interests in matters of protection of a healthy and ecologically balanced environment, the appropriate course is to rule as indicated in the following considerings.\n\n(…)\n\nIn the action now being heard, the same plaintiffs challenge the same norms of articles 50 and 51 of the Regulation in question, as well as article 52 of the same instrument, and although, beyond the sustainability of captive breeding facilities (zoocriaderos), this action focuses on issues of ex situ conservation and environmental education —which were also pointed out in that prior action—, the fact is that this Chamber's own definition of standing, as established in the cited judgment, is fully applicable in this new action. It should be noted that, certainly, as clearly indicated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) and emphatically referenced by the Minister of Environment and Energy, the challenged regulation is indeed entirely susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of singular and identifiable persons, who exercise a determined activity, subject to the regulation set forth in the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) and its regulations. Thus, it is clear that contrary to the alleged defense of diffuse interests, what is at issue is some degree of nonconformity with the subjection to which they must submit for the regulation of the activity they exercise or intend to exercise; note that, as the report of the Minister of Environment and Energy rightly states, the plaintiffs are directly related as founders, managers, or employees of various companies related to the exhibition of wild fauna or its tourist promotion. Thus, it is unfeasible to allege presumed conservation and environmental education problems to use the figure of diffuse interests and thereby promote a direct unconstitutionality action, bypassing the strict admissibility requirements set forth in the Law on Constitutional Jurisdiction, as indicated in considerings II and III of this resolution.\n\nUnder this understanding, and taking into consideration the identity of the plaintiffs and of the challenged regulation, it is clear that the precedent of judgment 2018-18563 is fully applicable to this action now being heard, from which it must necessarily be concluded that, as on that prior occasion, the plaintiffs lack standing to file this proceeding, therefore it is inadmissible to hear and rule on the aspects raised.\n\nThus, the appropriate course is to declare this action without merit” (the underline does not correspond to the original).\n\nIn a similar vein, in judgment no. 2021-011994 of 4:30 p.m. on May 26, 2021, reiterated in judgment no. 2022-7466 of 9:45 a.m. on March 30, 2022, this Chamber held that:\n\n“(…) It is reiterated that the diffuse interest cannot be so broad and generic that it becomes confused with the right to ensure constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional); but neither can it be so specific that it allows an individual claim, for, in such a case, standing would derive from that claim (…)”.\n\nBased on the foregoing, it is evident that the matter challenged here is susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of identifiable persons, whose general representation cannot be attributed to the petitioner under the concept of diffuse interests; nor does he appear in defense of collective interests, on behalf of a specific group, nor does he accredit his legal representation as such. Consequently, in accordance with the aforementioned jurisprudential precedents, this Chamber considers that the petitioner lacks direct standing to bring this action in defense of diffuse interests.\n\nNow, regarding the defense of collective interests, this Chamber has indicated the following:\n\n“(…) III.- On corporate interests. As a second ground for standing, the petitioner claims the defense of collective interests, a situation contemplated in the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The provision states: “…[I]t shall not be necessary to have a prior pending case when, by the nature of the matter, there is no individual and direct harm, or when it concerns the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole…”. In this regard, it is appropriate to note that the Chamber has clarified that through the expression \"interests that concern the community as a whole\", the legislator meant to refer to the standing held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons that make up its associative base, and provided that it involves the challenge of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the reason for being and the unifying factor of the group. Starting from judgment 2006-9170 of sixteen hours thirty-six minutes on June twenty-eighth, two thousand six, this Court resumed a prior criterion, according to which corporate entities are authorized to directly request the declaration of unconstitutionality of a norm, when it directly affects the sphere of action of the entity and its members, without it being relevant that the norm is capable of directly affecting the rights of the association members. In this case, however, this thesis is not applicable, because the petitioner does not appear in representation of an organization that, by its nature or purposes, or whose associates, may be affected by the challenged Agreement. On the other hand, the petitioner cannot merely arrogate to himself the de facto representation of any person or professional organization.” (Vote no. 2014-020446 of 09:30 a.m. on December 17, 2014).\n\nBased on the aforementioned criterion, the petitioner also lacks standing to file this action in defense of the collective interests of all the political groups whose registration was denied by the Tribunal Supremo de Elecciones in the 2024 elections, given that, it is reiterated, the petitioner does not appear in representation of any formally organized and identified community, for which he holds legal representation, and is therefore unable to act in defense of corporate interests. For the reasons stated, since the petitioner lacks the invoked direct standing, the outright rejection of this action is appropriate, also regarding the challenge of Article 148 of the Código Electoral.\n\nIII.- CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, the action must be rejected outright, given the indicated lack of standing and the non-viability of the object of the action, regarding the challenge of resolutions numbers 10157-E3-2023, 10281-E3-2023 and 10289-E3-2023, issued by the Tribunal Supremo de Elecciones.\n\nIV.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO AND MAGISTRATE GARRO VARGAS, with drafting by the latter.\n\nIn the present matter, although we concur with the majority criterion of the Chamber, we have deemed it necessary to record a note reflecting our approach regarding the interpretation that must be made of the provisions of Art. 74 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in light of the precedents of this same Chamber. Said article establishes the following:\n\nArt. 74. No acción de inconstitucionalidad shall be admissible against jurisdictional acts of the Poder Judicial, nor against acts or provisions of the Tribunal Supremo de Elecciones related to the exercise of the electoral function.\n\nRegarding said norm, it is necessary to understand that it refers to administrative and jurisdictional acts or provisions of concrete application, and not to those that have general and abstract normative effects, since knowledge of the latter would be admissible in this venue. This was set forth in the dissenting vote of judgment no. 2024-023859 in which, after reviewing the Chamber's precedents, we concluded the following:\n\n“Conclusions\n\nTherefore, upon conducting a systematic assessment of this Tribunal's precedents, it is concluded that the following rule can be established: when interpreting Art. 74 of the LJC, the Chamber understands that those acts or provisions are those of an administrative and jurisdictional nature of concrete application, and not those that have general and abstract normative effects, since knowledge of the latter would be admissible in this specialized venue.\n\nPursuant to the foregoing exposition, and being consistent with the voting line of this Chamber, we consider that, if the majority of the Chamber has ordered that it is appropriate to hear resolutions and jurisprudence of the TSE by virtue of their “general and abstract character”, we do not see why a regulation that has the identical general and abstract vocation cannot be heard on the merits.\n\nIn this regard, it should be emphasized that we do not ignore the provisions of Art. 74 of the LJC, which orders the inadmissibility of acciones de inconstitucionalidad against “the acts or provisions of the Tribunal Supremo de Elecciones related to the exercise of the electoral function”, but rather we interpret that said norm refers precisely to acts or resolutions of concrete application in the exercise of the electoral function, but not to those rules of law that have a general and abstract vocation, that is, that do not resolve a specific case, but rather precisely have that normative and general character. General provisions ‒as occurs with the regulations emanating from the Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo or Poder Judicial in the exercise of their constitutional powers‒ are not exempt from constitutional review. The identical derivation must be applied regarding the regulations emanating from the TSE.\n\nIn conclusion, the appropriate course is to dissent and order the commencement of this acción de inconstitucionalidad”.\n\nV.- NOTE BY MAGISTRATE JARA VELÁSQUEZ: Although I concur with the majority regarding the lack of standing to challenge Article 148 paragraph II of the Código Electoral, because we are not dealing with a diffuse interest, and also regarding the outright rejection by reason of the object because, in accordance with Article 74 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, no action is admissible against acts or provisions of the TSE and according to Articles 99 and 103 of the Constitución Política, the TSE has exclusive and independent competence where its resolutions are not subject to appeal; I clarify that even if they were jurisprudential criteria or general norms of the TSE, the undersigned would not admit the action based on the aforementioned regulations, because they would continue to be resolutions or acts not subject to appeal or action.\n\nVI.- DIFFERENT REASONS BY MAGISTRATE RUEDA LEAL AND MAGISTRATE HESS HERRERA, WITH DRAFTING BY THE FORMER. In resolution no. 2015-16070 of 11:31 a.m. on October 14, 2015, the undersigned justified, in a joint vote with then Magistrate Armijo Sancho, why I consider it inadmissible to challenge norms derived from the jurisprudence of the Tribunal Supremo de Elecciones through the acción de inconstitucionalidad:\n\n“Dissenting vote of Magistrates Armijo Sancho and Rueda Leal, with drafting by the latter.\n\nThe undersigned respectfully dissent from the majority decision, based on the following arguments.\n\nThe majority resolution declares the constitutional complaint against reiterated jurisprudence of the Tribunal Supremo de Elecciones admissible, expressly changing the criterion held in resolution No. 2010-15048 of 2:40 p.m. on September 8, 2010.\n\nThe starting point of the vote is that constitutional article 102—which grants the Tribunal Supremo de Elecciones the exclusive and mandatory power to interpret constitutional and legal provisions regarding electoral matters—is a “…reiteration of Article 9 of the Carta Fundamental regarding specifically the notion that the tasks assigned by the Constituent Power to the Tribunal Supremo de Elecciones have a legal character similar to those assigned to the Legislative, Executive Powers or the Poder Judicial, whose note of exclusivity and description of functions are reiterated (in a similar way to how it is done with those of the Tribunal) in articles 105, 139 and following of the Carta Fundamental as well as in article 153 of said normative body, respectively.”\n\nBased on this, the majority assimilates the Tribunal Supremo de Elecciones to the other Branches of the Republic in their subjection to constitutional review, considering that “…the Reforming Constituent Power addressed the problem of the particular position of the Tribunal Supremo de Elecciones in the Costa Rican constitutional system of powers and that it sought to protect in an accentuated manner the independence and untouchable value of some of its decisions, specifically that referring to the declaration of elections. But this is framed within the administrative activity that, in the area of electoral matters, was entrusted to the Tribunal, without it seeming logical to extrapolate an untouchability for provisions of normative, general, and abstract scope that may be extracted from its resolutions.” Furthermore, the majority compares the jurisprudence of the Tribunal Supremo de Elecciones with that of the jurisdictional bodies of the Poder Judicial, concluding that the review of abstract norms arising from its jurisprudence is possible.\n\nThe undersigned cannot share the stated criterion. To begin with, constitutional history contradicts the very starting point of the majority thesis. Indeed, the inclusion of the Tribunal Supremo de Elecciones within constitutional article 9 occurred through a 1975 reform, while subsection 3 of article 102 of said text is an original norm of the Carta Magna. That is, it is not possible that article 9 is a “reiteration” of article 102, nor that this was the original design of the Constituent Power. In any case, the inclusion of the TSE in said article had the purpose of further emphasizing its independence and exclusivity in electoral matters; it did not have the purpose of subjecting the TSE to the same regime of constitutional review as the other Branches.\n\nThe same can be said of the amendment made to Article 10 of the Constitution by means of Law 7128. If one consults the parliamentary records, it is clearly observed that the prevailing will at the time of the amendment was to keep the independence of the TSE intact.\n\nDeputy Monge Rodríguez explains his vote:\n\n“And as it is of interest for the purposes not only of the record, but of the transcendence of the interpretation of this constitutional article, I am emphatic in expressing my personal criterion, which has also been discussed here many times and supported by many deputies, that this constitutional reform concerns solely and exclusively the Corte Suprema de Justicia regarding the creation of the new Sala Constitucional. This constitutional reform does not concern the Tribunal Supremo de Elecciones, insofar as the constitutional articles, such as articles 99, 102, 103, and other constitutional articles referring to the Tribunal Supremo de Elecciones, are maintained and are those that expressly regulate electoral activity.\n\nConsequently, this constitutional reform does not concern the Tribunal Supremo de Elecciones and, on the contrary, the approved text rather intends to reaffirm in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, that the Tribunal Supremo de Elecciones is the highest authority in electoral matters and that it is the Tribunal Supremo de Elecciones that has the support of the people of Costa Rica, the support of the political forces of this country, and the trust that the electoral process will continue in the manner it has up to now. But it is clear that this reform does not touch the jurisdictional aspects of the Tribunal Supremo de Elecciones.” (Folios 780 and following of the legislative file of Law 7128).\n\nDeputy Jiménez Quirós explains his vote:\n\n“Disagreeing with those persons, as don Fernando just stated, that it seemed a blow had been dealt to the Tribunal Supremo de Elecciones, in reality that has not been our intention, nor has it been our interest. Quite the contrary, we have stated that we owe respect to the Tribunal Supremo de Elecciones. We respect it deeply, we have always accepted its provisions, and at no time have we thought of undermining the foundations of the Tribunal, which, from every point of view we have considered, has been one of the basic pillars of our democracy.” (Folio 782 of the legislative file of the cited Law)\n\nDeputy Corrales Bolaños explains his vote:\n\n“And that both for law students and for practicing lawyers, as well as for the judges who tomorrow will have to interpret the scope of the reform that we today are approving, thanks to those who at a certain moment opposed the reform, it was sufficiently clarified that these are in no way aimed at diminishing in one way or another the sacred right to suffrage, which with such warmth and dedication, with such sacrifice and bloodshed the Costa Rican people conquered after the forties.\n\nTherefore, fellow deputies, it seems to me that the discussion was very fruitful, and for the deputies and magistrates of the Tribunal Supremo de Elecciones who gave us a call for attention, about possible incongruities and about what could be interpreted as an attack on the function of suffrage, on the part of the Tribunal Supremo de Elecciones, it was sufficiently clarified throughout the debate, that no one, absolutely no one, wanted these reforms nor are the reforms aimed towards that and that, of course, we will defend like the most or the most, the sacred right to freedom of suffrage that the Costa Rican people have conquered. (…)\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional will come, in which from now on, fellow deputies, these things must be sufficiently clear, because it has been the total spirit of this Plenary that the Tribunal Supremo de Elecciones not be diminished in any of its powers, as indeed it is, in the function of suffrage, which our Constitution expressly grants it, from article 102 in relation to 103, besides the majesty of the Tribunal Supremo de Elecciones, which other articles of our Constitution grant it.” (Folios 784 and following of the legislative file of the cited Law)\n\nDeputy Badilla Rojas explains his vote:\n\n“This reform, at least in the case of the Unidad Social Cristiana, we have studied it quite a bit, and at no time, as Costa Ricans, could we allow it to harm the electoral function that all Costa Ricans, without distinctions of political colors, must safeguard, this electoral function. The autonomy, the independence of the electoral function and all the acts and resolutions of the Tribunal Supremo de Elecciones are perfectly safeguarded in our Constitución Política. On several occasions we have broadly analyzed articles of our Constitution in this Plenary, (…) and at no time is there any doubt that the electoral function will be harmed.” (Folio 796 of the legislative file of the cited Law)\n\nSimilar reasons were expressed by deputies Lobo Solera (folio 786), Muñoz Bustos (folio 789), Chaves Sánchez (folio 791), Valenciano Chaves (folios 799 and 800), Lizano Barahona (folios 807) and Karpinsky Dodero (folios 808). For their part, a minority position, represented by deputies Vargas Carbonell, Araya Umaña and González Barrantes, considered that the TSE was indeed affected.\n\nOn the other hand, the majority completely disregards what is established by the law of this jurisdiction in its article 74:\n\n“Article 74. No acción de inconstitucionalidad shall be admissible against jurisdictional acts of the Poder Judicial, nor against acts or provisions of the Tribunal Supremo de Elecciones related to the exercise of the electoral function.” (The underline is added).\n\nNote that the article refers to the “acts or provisions” of the TSE, while it only speaks of the “jurisdictional acts” of the Poder Judicial. Thus, the provisions of the TSE, including those that are of an abstract and general nature, are excluded from constitutional review. That is, it is inadmissible to draw an analogy between the decisions of the jurisdictional courts and those of the TSE, as was done in the resolution.\n\nIt should be observed that the majority has not only changed the criterion set forth in resolution No. 2010-15048 of 2:40 p.m. on September 8, 2010, but has also contradicted its own position on other occasions. Indeed, with this decision, the Chamber declares that an acción de inconstitucionalidad is admissible against reiterated resolutions of the TSE for being “jurisprudential norms”. It is worth noting that this would be a “norm” extracted from several resolutions, but not a “norm” in the sense of a general legal provision (such as a law, a regulation, or a decree), which is the typical case of constitutional review by acción (article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nNow, the Chamber admits here constitutional review over the “jurisdictional norm”; however, it contradictorily rejects said review over the typical case, which is the normative provision. See that when a regulation issued by the TSE was submitted for its consideration, this Tribunal resolved:\n\n“I.- ON THE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FILED AGAINST THE REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. The petitioners, members of the Partido Renovación Costarricense, request the declaration of unconstitutionality of articles 50, 51, 55, 61 and 62 of the Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, issued by the Tribunal Supremo de Elecciones through Decree No. TSE-17 of October 19, 2009. However, for this Chamber, the action is inadmissible -as far as this aspect is concerned-, by reason of the challenged object. First, it must be observed that, in accordance with the provisions of article 102, subsection 3°), of the Constitución Política, the Tribunal Supremo de Elecciones is responsible for the interpretation, exclusively and obligatorily, of the constitutional and legal provisions referring to electoral matters. Likewise, note that the legislator -through Law No. 7675 of July 2, 1997-, partially reformed the Constitución Política, granting the Tribunal Supremo de Elecciones -specifically, in its article 96, paragraph 2°), subsection 4°)-, the electoral competence to verify the expenses incurred by political parties for the purpose of receiving the corresponding State contribution. Thus, by virtue of the foregoing and, in order to implement, precisely, what is stated in this last constitutional norm, the Tribunal Supremo de Elecciones issued the so-called Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, challenged by the petitioners. Consequently, it is evident that article 74 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional governs the present matter, which provides, to that effect, that “No acción de inconstitucionalidad shall be admissible (…) against the acts or provisions of the Tribunal Supremo de Elecciones related to the exercise of the electoral function”. For greater abundance, it should be noted that this constitutional jurisdiction, in Judgment No. 3194-1992 of 4:00 p.m. on October 27, 1992, clarified the foregoing in the following terms:\n\n“(…) In the system of the Constitution, its binding interpretation is only attributed to two State organs, namely: the Sala Constitucional, in the exercise of its constitutional jurisdictional function, and the Tribunal Supremo de Elecciones, regarding the organization, direction, and oversight of acts related to suffrage. This is equivalent to saying that the Tribunal interprets the Constitución Política exclusively and obligatorily, in the exercise of its constitutional and legal powers in electoral matters, and, therefore, it is not admissible to suppose that this interpretation can be overseen by another jurisdiction, even if it is the constitutional one, because, even to the extent that it violated constitutional norms or principles, it would be, like any court of its rank, declaring the proper meaning of the norm or principle, at least insofar as there is no jurisdictional remedy in our legal system against that eventual violation -which does not mean, it is worth saying, that the Supreme Electoral Tribunal is a Constitutional Tribunal, in the sense of a Tribunal of Constitutionality, because its mission, nature and attributions are not of that nature (…) in the case of the Tribunal Supremo de Elecciones, in electoral matters, its autonomous regulatory provisions (…) are not challengeable before the Constitutional Jurisdiction (…)”. (The highlighting is not part of the original).\n\nHence, based on what is indicated in the aforementioned article 74, the regulation issued by the Electoral Tribunal to regulate matters concerning the financing of political parties escapes the review of this Constitutional Tribunal via acción de inconstitucionalidad (see, in a similar sense, Vote No. 17556-2010 of 2:30 p.m. on October 20, 2010, drafted by the Reporting Magistrate). Under this order of considerations, the action is inadmissible, as stated supra, for declaring the unconstitutionality of the aforementioned regulation.” (Resolution of 2011-8989 of 3:34 p.m. on July 6, 2011).\n\nContrary to the majority criterion, the undersigned consider that primacy must be given to the independence of the TSE, an instance that was expressly designated for the interpretation of electoral norms (article 102 of the Constitución Política), without there existing the possibility that its resolutions be reviewed by another authority, such as this Chamber:\n\n“ARTICLE 103.- The resolutions of the Tribunal Supremo de Elecciones are not subject to appeal, except for the action for prevarication.”\n\nThus, we consider that the action is inadmissible and must be rejected outright. Now, we clarify that the reason for our decision lies in formal aspects of the acción de inconstitucionalidad, since, with respect to the merits, we fully share the need to defend gender parity in the electoral process, as this derives from the Right of the Constitution.”\n\nIn what concerns the sub examine, the undersigned reiterate that criterion and consider that the action would be inadmissible, even if the petitioner demonstrated the existence of three electoral precedents. For this reason, the alleged standing based on diffuse interests is also inadmissible. Based on the stated criterion, we reject the action outright.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe action is rejected outright. Magistrate Salazar Alvarado and Magistrate Garro Vargas record a note. Magistrate Jara Velásquez records a note. Magistrate Rueda Leal and Magistrate Hess Herrera give different reasons.\n\nFernando Cruz C.\n\nActing Presiding Magistrate\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nRosibel Jara V.\n\nEXPEDIENTE N° 24-000685-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nObservations of SALA CONSTITUCIONAL\n\nvoted with ballot\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:50:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }