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  "id": "nexus-sen-1-0007-1302102",
  "citation": "Res. 02179-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por denegatoria de disponibilidad de agua potable en sistema con déficit hídrico",
  "title_en": "Amparo against denial of water availability for property in hydric-deficit system",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce de un recurso de amparo interpuesto por la propietaria de un inmueble en San Miguel de Barranca, Puntarenas, a quien el AyA le denegó la disponibilidad de agua potable y alcantarillado para una vivienda de interés social. La recurrente alega que otras casas cercanas sí cuentan con el servicio, lo que considera discriminatorio. El AyA informa que el sistema PC-A-19 presenta capacidad hídrica negativa y no puede garantizar el suministro sin afectar a los usuarios existentes, conforme al Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA. La Sala reitera su jurisprudencia consolidada en el sentido de que la denegatoria del servicio de agua potable no vulnera derechos fundamentales cuando se fundamenta en razones técnicas o legales objetivas, y no en una actuación arbitraria. En este caso, la negativa se basó en la inexistencia real y actual de disponibilidad hídrica, por lo que el recurso se declara sin lugar. La Sala también advierte que la vía del amparo no es la adecuada para discutir la procedencia técnica de la solicitud, remitiendo a la parte recurrente a las vías administrativa o contencioso-administrativa.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber examines an amparo filed by the owner of a property in San Miguel de Barranca, Puntarenas, after the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) denied her request for potable water and sewer availability to build a low-income housing unit. The petitioner argues that nearby homes do have service, which she considers discriminatory. AyA reports that the PC-A-19 system has negative water balance and cannot guarantee supply without affecting existing users, pursuant to AyA’s Service Provision Regulations. The Chamber reiterates its consistent precedent: denying water service based on objective technical or legal reasons does not violate fundamental rights, provided the decision is not arbitrary. Here, the denial was grounded in actual, current unavailability of water resources. Accordingly, the amparo is dismissed. The Chamber also notes that amparo is not the proper forum to debate technical feasibility and advises the petitioner to pursue administrative or contentious-administrative remedies.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/01/2025",
  "year": "2025",
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    "water-law",
    "procedural-environmental"
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  "es_concept_hints": [
    "disponibilidad de agua",
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    "bono de vivienda",
    "Reglamento de Prestación de Servicios del AyA",
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    "jurisdicción contenciosa administrativa"
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      "article": "Art. 7 inciso 12, Art. 9",
      "law": "Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA (Decreto Ejecutivo 42092-S-MINAE)"
    },
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      "article": "Arts. 7, 9",
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  "keywords_es": [
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    "agua potable",
    "disponibilidad de agua",
    "AyA",
    "servicio público",
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    "derecho al agua",
    "imposibilidad técnica",
    "Puntarenas",
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    "San Miguel de Barranca",
    "capacidad hídrica negativa",
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  "keywords_en": [
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    "AyA Service Provision Regulations",
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    "San Miguel de Barranca",
    "negative water balance",
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  "excerpt_es": "En ese orden de consideraciones, se constata que la institución recurrida rechazó la solicitud del servicio de agua potable bajo el argumento que no hay disponibilidad de agua al frente de propiedad. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia No. 2016-006027 de las 09:05 horas del 06 de mayo de 2016, esta Sala consideró:\n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales.\"",
  "excerpt_en": "In this line of reasoning, it is verified that the appealed institution rejected the request for potable water service on the grounds that there is no water availability in front of the property. In this regard, this Court has held that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the associations that administer aqueducts and sewers, municipalities and other institutions providing potable water supply services may validly reject or condition requests for potable water service if there are technical or legal reasons that justify it. Thus, in judgment No. 2016-006027 of 9:05 a.m. on May 6, 2016, this Chamber held:\n\n\"This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 of 2:05 p.m. on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to that raised in this appeal, held: '(...) This Chamber has repeatedly held that the supply of potable water is considered a public service under Costa Rican law, and as such, every provider of public services – whether a public or private entity – is obliged to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality and adapting to technological changes (see judgment 2001-09676 of 11:25 a.m. on September 26, 2001 and judgment 2004-08161 of 10:53 a.m. on July 23, 2004). It is therefore clear that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obliged to provide this service in a continuous, adaptable, efficient and equal manner to all inhabitants. However, the case law of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of a legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or a formal impossibility (which is the lack of a water distribution network), it is reasonable not to grant service requests or to require the interested party to assume the installation costs when there is no potable water distribution network and infrastructure construction is necessary. Thus, in these cases it has been clear that it is not a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, whenever the failure to provide potable water service is not a whimsical, arbitrary or unfounded action, but is justified by a legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights.\"",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Chamber dismisses the amparo, finding that the denial of water service was based on an objective technical impossibility —hydric capacity deficit— and not on arbitrary action.",
    "summary_es": "La Sala declara sin lugar el recurso por considerar que la denegatoria del servicio de agua potable se basó en una imposibilidad técnica objetiva —déficit de capacidad hídrica— y no en una actuación arbitraria."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Hecho probado b",
      "quote_en": "THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.",
      "quote_es": "NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE DE LA PROPIEDAD."
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    {
      "context": "Informe de la autoridad recurrida",
      "quote_en": "The PC-A-19 system, to which the property is connected, has negative water balance and cannot guarantee the supply of potable water during peak demand hours without affecting existing users.",
      "quote_es": "El sistema PC-A-19, al que está asociada la propiedad, tiene capacidad hídrica negativa y no puede garantizar el suministro de agua potable en horas de máxima demanda, sin afectar a los usuarios existentes."
    },
    {
      "context": "Considerando III (cita de sentencia 2014-9134)",
      "quote_en": "Whenever the failure to provide potable water service is not a whimsical, arbitrary or unfounded action, but is justified by a legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights.",
      "quote_es": "Siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Whether the requested service is appropriate or not is not a matter to be discussed in this jurisdiction, since it falls outside its competence.",
      "quote_es": "La procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, toda vez que es ajeno al ámbito de su competencia."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1302102",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 02179 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 24 de Enero del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 24-035563-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-035563-0007-CO\n\nRes. Nº 2025002179\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo promovido por Nombre196345   , cédula de identidad CED143339, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado ante la Sala el 19 de diciembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que tiene una propiedad desde el 2022, ubicada en San Miguel de Barranca, en Puntarenas, la cual no cuenta con agua potable. Agrega que realizó los trámites para acceder a un bono de vivienda, para lo cual, calificó; empero, uno de los requisitos es que la propiedad cuente con agua potable. Señala que el 08 de octubre de 2024 realizó la solicitud de disponibilidad de agua y el 05 de noviembre de 2024 se le comunicó el oficio SIGDD-202400028574-1-2-1, mediante cual se le rechazó la solicitud en los siguientes términos: “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. Por esa razón, el 06 de noviembre de 2024, presentó un recurso de apelación y el 26 de noviembre de 2024, por oficio No. GSPRPC-2024-02515 le fue rechazo. Refiere que alrededor de su inmueble hay viviendas recién construidas que cuentan con el servicio. Considera que los hechos expuestos han vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que lo solicita la intervención de la Sala.\n\n2.- En resolución de las 16:20 horas del 19 de diciembre de 2024, se da curso al proceso y confiere audiencia al coordinador de la Agencia de Puntarenas y al jefe de la Región Pacífico Central, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Informa bajo juramento Fernando Araya Araya, en su condición de jefe de la Regional Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente:\n\n“I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE Con fundamento en el memorando No. GSP-RPC-PU-2025-00015, del 9 de enero del 2025, que contiene el informe técnico denominado “Recurso Amparo Expediente N° 24035563-0007-CO”, elaborado y suscrito por el funcionario, Claudio Corrales Casanova, funcionario de la Agencia Cantonal de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual se anexa como prueba y forma parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que:\n\n1.La propiedad, identificada con el número de matrícula Placa37076 y plano catastrado P-6-5061-2022, se encuentra asociada al sistema PC-A-19, que comprende las comunidades de Carmen Lyra, La Guaria y Mojoncito. Este sistema cuenta con capacidad hídrica negativa, según el balance hídrico del primer semestre del 2024.\n\n2. El 8 de octubre de 2024, la recurrente realizó una solicitud de disponibilidad de agua potable, la cual fue denegada mediante oficio SIGDD-2024-00028574-1-2-1, notificado el 5 de noviembre de 2024.\n\n3. El 6 de noviembre de 2024, presentó un recurso de apelación, que fue resuelto el 24 de noviembre de 2024, mediante oficio GSP-RPC-2024-02515, en el que se confirmó la inexistencia de disponibilidad para el inmueble en cuestión. De acuerdo con este oficio, el sistema no puede garantizar el suministro de agua potable en horas de máxima demanda sin afectar a los usuarios existentes. Esta situación se fundamenta en el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA, Publicado el 09 de febrero del 2021, en la Gaceta No. 27, Alcance 29, que establece que el servicio debe ser brindado dentro de parámetros óptimos de calidad, cantidad y continuidad.\n\n“Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios.\n\nEs obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad.”\n\n4.La constancia de disponibilidad implica un análisis de factibilidad técnica basado en la existencia real y actual de recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la conexión del servicio. La normativa vigente, en su artículo 7, inciso 12, del Reglamento de Prestación de Servicios, establece que para otorgar nuevos servicios es necesario que los sistemas cuenten con capacidad hídrica e hidráulica suficiente.\n\n“Artículo 7.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (…)\n\n12.Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones:\n\na. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio.\n\nb. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios.\n\nc. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos.\n\nd. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.”\n\n5.Así las cosas, se concluyó que la solicitud de disponibilidad de agua potable, para la construcción de una vivienda de 70 m² en un nivel, como lo solicitó la recurrente, no es factible ni técnica ni legalmente, confirmando lo resuelto en el documento SIGDD2024-00028574-1-2-1. Dichas decisiones administrativas, no son arbitrarias ni antojadizas, por el contrario, están fundamentadas en criterios técnicos y legales establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.\n\n6. La recurrente alega que hay viviendas cercanas a su propiedad que cuentan con servicios, lo cual considera una vulneración de sus derechos fundamentales. Las viviendas mencionadas por la recurrente están conectadas a sectores que cuentan con infraestructura preexistente, situación que no aplica al frente de la propiedad en cuestión. Las propiedades vecinas mencionadas, no se encuentran en las mismas condiciones técnicas ni legales que la propiedad de la recurrente. El sistema PC-A-19, al que está asociada la propiedad, tiene capacidad hídrica negativa y no puede garantizar el suministro de agua potable en horas de máxima demanda, sin afectar a los usuarios existentes. Es por lo antes expuesto, que considera esta Dirección Regional del AyA, que el Recurso de Amparo debe declararse sin lugar”.\n\n3.- Informa bajo juramento Emilio Corrales Fallas, en su condición de coordinador de la Agencia de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en igual sentido que el jefe de la Regional Pacífico Central de esa institución.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Objeto del recurso. La recurrente alega tiene una propiedad ubicada en San Miguel de Barranca, en Puntarenas, la cual no cuenta con agua potable. Agrega que realizó los trámites para acceder a un bono de vivienda, para lo cual, calificó; empero, uno de los requisitos es que la propiedad cuente con agua potable. Señala que el 08 de octubre de 2024 realizó la solicitud de disponibilidad de agua y el 05 de noviembre de 2024 se le comunicó el oficio SIGDD-202400028574-1-2-1, mediante cual se le rechazó la solicitud en los siguientes términos: “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. Por esa razón, el 06 de noviembre de 2024, presentó un recurso de apelación y el 26 de noviembre de 2024, por oficio No. GSPRPC-2024-02515 le fue rechazo. Refiere que alrededor de su inmueble hay viviendas recién construidas que cuentan con el servicio. Considera que los hechos expuestos han vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que lo solicita la intervención de la Sala.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)   El 08 de octubre de 2024, la recurrente presentó una solicitud de disponibilidad de agua potable ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (véase informes de las autoridades recurridas, agregados al expediente digital).\n\nb)   Mediante oficio No. SIGDD-2024-00028574-1-2-1 del 29 de octubre de 2024, la Agencia de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, le comunicó a la recurrente lo siguiente:\n\n“Estimada señora:\n\nEn atención a su solicitud de disponibilidad de agua potable/ alcantarillado sanitario, presentada ante esta Región Pacífico Central, Cantonal Puntarenas en fecha del 8 de octubre del 2024; relativa a el proyecto construcción de vivienda, el cual se ubicará en la  propiedad, matrícula de Folio Real número Placa37076 localizada en Dirección22442 ,  ,  , según Plano Catastro N°6-0005061-2022 a nombre de Nombre196345  , cédula CED143340, teléfono Telf2342, para la eventual dotación de 1 servicio con un caudal de 0.65 m3/d, le comunico que como resultado de los estudios básicos que constan en expediente administrativo:\n\n2024-00028574-1-AP se determinó lo siguiente: Que no es tanto técnica como legalmente factible aprobar la solicitud de disponibilidad N°2024-00028574-1, Plano Catastro N°60005061-2022. Por lo que se niega la solicitud recibida debido al déficit de capacidad hídrica en el sistema PC-A-19.\n\nNO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.\n\nNO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.\n\nArtículo 7.-Definiciones: Disponibilidad de Agua: Existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura global necesaria y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de una población determinada”\n\n(véase prueba documental aportada por la parte recurrente, agregada al expediente digital).\n\nc)    El 06 de noviembre de 2024, presentó un recurso de apelación, que fue resuelto el 24 de noviembre de 2024, mediante oficio GSP-RPC-2024-02515, en el que se confirmó la inexistencia de disponibilidad para el inmueble (véase prueba documental aportada por la parte recurrente e informes de las autoridades recurridas, agregados al expediente digital).\n\nd)   Las viviendas mencionadas por la recurrente están conectadas a sectores que cuentan con infraestructura preexistente, situación que no aplica al frente de la propiedad en cuestión y no se encuentran en las mismas condiciones técnicas ni legales que la propiedad de la recurrente (véase informes de las autoridades recurridas, agregados al expediente digital). \n\nIII.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados, se tiene acreditado que el 08 de octubre de 2024, la recurrente presentó una solicitud de disponibilidad de agua potable ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Asimismo, mediante oficio de fecha del 29 de octubre de 2024, la Agencia de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, le comunicó a la recurrente, entre otras cosas, lo siguiente: “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. En ese sentido, aclaran las autoridades recurridas que las viviendas mencionadas por la recurrente están conectadas a sectores que cuentan con infraestructura preexistente, situación que no aplica al frente de la propiedad en cuestión y no se encuentran en las mismas condiciones técnicas ni legales que la propiedad de la recurrente.\n\nEn ese orden de consideraciones, se constata que la institución recurrida rechazó la solicitud del servicio de agua potable bajo el argumento que no hay disponibilidad de agua al frente de propiedad. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia No. 2016-006027 de las 09:05 horas del 06 de mayo de 2016, esta Sala consideró:\n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\nEste pronunciamiento puede complementarse con la sentencia No. 2017-005245 de las 10:00 horas del 07 de abril de 2017, que en lo conducente dispuso:\n\n“Del informe rendido por las autoridades de la municipalidad recurrida se indica que el reclamo de la recurrente, respecto de si el lugar donde tiene la propiedad la señora Nombre5990  está fuera o no del abastecimiento de agua, le corresponderá al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados referirse al respecto, ya que la Municipalidad no tiene competencia para ello. Y por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados menciona que han actuado conforme a la normativa que lo regula, ejerciendo su función rectora como corresponde, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló, se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, ya que según el informe técnico emitido por la UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, oficio UEN-OSND-GAM- 2017-00082, se indica claramente que para el inmueble que cita la señora Nombre224   en su recurso de amparo, no existe la disponibilidad de agua potable. Además agrega el informe, que en análisis de los antecedentes de este inmueble se tiene que pertenecía a la propiedad con catastro 1-1631912-2013 y según consulta al Registro Nacional, ésta última fue fraccionada y de la misma resultaron cuatro propiedades sin mediar la gestión del trámite de disponibilidad para dicho fraccionamiento. Así las cosas, esta Sala no logra acreditar ninguna omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, en consecuencia lo correspondiente es declarar sin lugar el amparo, y reiterar que según la prueba aportada, la falta de dotación del servicio de agua potable en el lote de la recurrente no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que está justificada en la inexistencia de disponibilidad de agua potable en el sector. (Ver en similar sentido las sentencias números 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014 y 2016007240 de las 09:20 horas del 27 de mayo 2017, entre otras). Bajo esa inteligencia, no se está frente a la infracción de derechos fundamentales y, por ello, lo pertinente es desestimar el recurso de amparo”.\n\nSobre la denegatoria del servicio de agua potable por razones objetivas, se impone mencionar la sentencia No. 2019-023102 de las 08:50 horas del 22 de noviembre de 2019, al conocer de un amparo similar la Sala declaró lo siguiente:\n\n“Por otro lado, en el informe dado bajo la gravedad de juramento por parte de la autoridad recurrida, se explica que si bien hay propiedades que colindan con la de la recurrente, que cuentan con el servicio de agua, ello se debe a que presentan características distintas. Distingue que, los tres fundos derivados de la finca madre 2-254199-000, entre los que se encuentra el de la recurrente, se catastraron en abril del año 2018, según se verifica  en el plano aportado por la interesada, en fecha posterior a los pronunciamientos C-258-2017 del 9 de noviembre del 2017 y C-300-2017 del 13 de diciembre del 2017 de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales confirman la  plena vigencia de las obligaciones contenidas en el artículo 10, inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, al tiempo que recuerda la necesidad de obtener la aprobación previa por parte del AyA, en respuesta a lo dispuesto en el artículo 21  de su ley constitutiva. Así las cosas, al no desprenderse que a los lotes segregados  de la finca madre del fundo propiedad de la recurrente, se les haya dado la  disponibilidad pese a no contar con el visto del AyA - necesario para el fraccionamiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA, N° 2726- o con el visto bueno del Instituto Nacional de  Vivienda y Urbanismo (INVU), de conformidad con lo señalado en el artículo 10, inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA; se descarta un trato desigual en perjuicio de la tutelada, y se aprecia que la denegatoria de disponibilidad de agua potable se fundamentó en razones objetivas. Corolario de lo anterior, se descarta que la actuación de la autoridad recurrida haya sido arbitraria y procede desestimar el recurso en todos sus  extremos, como en efecto se dispone, no sin antes advertir a la recurrente su derecho de cuestionar lo resuelto en relación con su solicitud de agua potable, ante  la autoridad o ante la jurisdicción contenciosa administrativa”\n\nBajo tal estado de las cosas, la recurrida rechazó la petición de la parte amparada, haciéndole saber cabalmente las razones de orden técnico por las cuales no procedía atender su solicitud, como es que no hay disponibilidad de agua potable al frente de la propiedad. La procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, toda vez que es ajeno al ámbito de su competencia y cabe agregar que en reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos o legales que así lo justifiquen. Por otra parte, este Sala no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica ‒ya sea ésta última de derecho público o privado‒, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que las partes recurrentes pretenden, tal y como así lo solicita el gestionante que se proceda en este caso. Por ello, deberá plantear sus inconformidades o reclamos ante la recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, se desestima el recurso como en efecto se dispone.\n\nIV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 9EJZWYACVQS61\n\nEXPEDIENTE N° 24-035563-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:20:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-fourth of January two thousand twenty-five.\n\nAmparo action filed by Nombre196345, identity card CED143339, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS).\n\nWhereas:\n\n1.- By brief filed before the Chamber on December 19, 2024, the petitioner files an amparo action and states that she has owned a property since 2022, located in San Miguel de Barranca, in Puntarenas, which does not have potable water. She adds that she completed the procedures to access a housing voucher, for which she qualified; however, one of the requirements is that the property have potable water. She indicates that on October 8, 2024, she filed the water availability request and on November 5, 2024, she was notified of official letter SIGDD-202400028574-1-2-1, by which her request was rejected in the following terms: “THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.” For this reason, on November 6, 2024, she filed an appeal and on November 26, 2024, by official letter No. GSPRPC-2024-02515 it was rejected. She states that around her property there are recently built homes that have service. She considers that the facts set forth have violated her fundamental rights, and therefore requests the intervention of the Chamber.\n\n2.- In a resolution at 4:20 p.m. on December 19, 2024, the proceeding is commenced and a hearing is granted to the coordinator of the Puntarenas Agency and the head of the Central Pacific Region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- Fernando Araya Araya, in his capacity as head of the Central Pacific Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath as follows:\n\n“I. WITH REGARD TO THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER Based on memorandum No. GSP-RPC-PU-2025-00015, dated January 9, 2025, which contains the technical report entitled “Amparo Action Expediente N° 24035563-0007-CO”, prepared and signed by the official, Claudio Corrales Casanova, an official of the Cantonal Agency of Puntarenas, of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which is attached as evidence and forms an integral part of the administrative file, it is demonstrated that:\n\n1. The property, identified with registration number Placa37076 and cadastral map P-6-5061-2022, is associated with system PC-A-19, which includes the communities of Carmen Lyra, La Guaria and Mojoncito. This system has a negative water capacity, according to the water balance for the first half of 2024.\n\n2. On October 8, 2024, the petitioner filed a request for potable water availability, which was denied by official letter SIGDD-2024-00028574-1-2-1, notified on November 5, 2024.\n\n3. On November 6, 2024, she filed an appeal, which was resolved on November 24, 2024, by official letter GSP-RPC-2024-02515, in which the nonexistence of availability for the property in question was confirmed. According to this official letter, the system cannot guarantee the supply of potable water during peak demand hours without affecting existing users. This situation is based on Article 9 of the Regulation for the Provision of Services of AyA, Published on February 9, 2021, in La Gaceta No. 27, Alcance 29, which establishes that the service must be provided within optimal parameters of quality, quantity, and continuity.\n\n“Article 9- Of the technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the provider of potable water and sanitation services to provide them within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, fortuitous events, or duly publicized maintenance periods that affect the coverage area where the property is located.”\n\n4. The certificate of availability implies a technical feasibility analysis (análisis de factibilidad técnica) based on the real and actual existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the service connection. The current regulations, in its Article 7, subsection 12, of the Service Provision Regulation, establish that to grant new services it is necessary that the systems have sufficient water and hydraulic capacity.\n\n“Article 7.- For the purposes of this Regulation, the following shall be understood as: (…)\n\n12. Technical feasibility analysis for the provision of services: Process of verifying the real and actual existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed:\n\na. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or right-of-way easement (servidumbre de paso) for the property for which a service is requested.\n\nb. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services.\n\nc. That the system complies with the established quality attributes.\n\nd. That it complies with the corresponding environmental regulations.”\n\n5. Thus, it was concluded that the request for potable water availability for the construction of a 70 m² single-level dwelling, as requested by the petitioner, is neither technically nor legally feasible, confirming what was resolved in document SIGDD2024-00028574-1-2-1. These administrative decisions are not arbitrary or whimsical; on the contrary, they are based on technical and legal criteria established in the Service Provision Regulation of AyA.\n\n6. The petitioner alleges that there are homes near her property that have services, which she considers a violation of her fundamental rights. The homes mentioned by the petitioner are connected to sectors that have pre-existing infrastructure, a situation that does not apply to the front of the property in question. The mentioned neighboring properties are not under the same technical or legal conditions as the petitioner's property. The PC-A-19 system, to which the property is associated, has a negative water capacity and cannot guarantee the supply of potable water during peak demand hours without affecting existing users. Based on the foregoing, this Regional Directorate of AyA considers that the Amparo Action must be declared without merit.”\n\n3.- Emilio Corrales Fallas, in his capacity as coordinator of the Puntarenas Agency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath to the same effect as the head of the Central Pacific Region of that institution.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Garro Vargas; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Purpose of the action. The petitioner alleges she owns a property located in San Miguel de Barranca, in Puntarenas, which does not have potable water. She adds that she completed the procedures to access a housing voucher, for which she qualified; however, one of the requirements is that the property have potable water. She indicates that on October 8, 2024, she filed the water availability request and on November 5, 2024, she was notified of official letter SIGDD-202400028574-1-2-1, by which her request was rejected in the following terms: “THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.” For this reason, on November 6, 2024, she filed an appeal and on November 26, 2024, by official letter No. GSPRPC-2024-02515 it was rejected. She states that around her property there are recently built homes that have service. She considers that the facts set forth have violated her fundamental rights, and therefore requests the intervention of the Chamber.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) On October 8, 2024, the petitioner filed a request for potable water availability before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (see reports of the respondent authorities, added to the digital file).\n\nb) By official letter No. SIGDD-2024-00028574-1-2-1 dated October 29, 2024, the Puntarenas Agency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers informed the petitioner of the following:\n\n“Dear Madam:\n\nIn response to your request for potable water/sanitary sewer availability, filed before this Central Pacific Region, Puntarenas Cantonal office on October 8, 2024; regarding the housing construction project, which will be located on the property, Real Estate Folio registration number Placa37076 located at Dirección22442 , , , according to Cadastral Map No. 6-0005061-2022 in the name of Nombre196345, ID CED143340, telephone Telf2342, for the eventual provision of 1 service with a flow rate of 0.65 m3/d, I inform you that as a result of the basic studies contained in administrative file:\n\n2024-00028574-1-AP the following was determined: That it is neither technically nor legally feasible to approve the availability request No. 2024-00028574-1, Cadastral Map No. 60005061-2022. Therefore, the request is denied due to the deficit in water capacity in the PC-A-19 system.\n\nTHERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.\n\nTHERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.\n\nArticle 7-Definitions: Water Availability: Real and actual existence, not future or potential, of the necessary overall works and infrastructure and water supply capacity to meet the service needs of a given population”\n\n(see documentary evidence provided by the petitioner, added to the digital file).\n\nc) On November 6, 2024, she filed an appeal, which was resolved on November 24, 2024, by official letter GSP-RPC-2024-02515, in which the nonexistence of availability for the property was confirmed (see documentary evidence provided by the petitioner and reports of the respondent authorities, added to the digital file).\n\nd) The homes mentioned by the petitioner are connected to sectors that have pre-existing infrastructure, a situation that does not apply to the front of the property in question and are not under the same technical or legal conditions as the petitioner's property (see reports of the respondent authorities, added to the digital file).\n\nIII.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided, it is accredited that on October 8, 2024, the petitioner filed a request for potable water availability before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Likewise, by official letter dated October 29, 2024, the Puntarenas Agency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers informed the petitioner, among other things, of the following: “THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.” In this regard, the respondent authorities clarify that the homes mentioned by the petitioner are connected to sectors that have pre-existing infrastructure, a situation that does not apply to the front of the property in question and are not under the same technical or legal conditions as the petitioner's property.\n\nIn this line of reasoning, it is verified that the respondent institution rejected the request for potable water service on the grounds that there is no water availability in front of the property. In this respect, this Court has indicated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the associations administering aqueducts and sewers, the municipalities, and other institutions that provide the potable water supply service may validly reject requests for potable water service made to them or condition them if there are technical or legal reasons that so justify. Thus, in judgment No. 2016-006027 of 9:05 a.m. on May 6, 2016, this Chamber considered:\n\n“This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 of 2:05 p.m. on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to the one set forth in the present action, provided: '(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider -whether a public entity or a private entity- is obligated to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities in charge of providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service in a continuous, adaptable, efficient, and equal manner to all inhabitants. However, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a matter of denying access to potable water service, but of the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. In other words, whenever the failure to provide potable water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but rather is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report given under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the failure to meet all the technical-legal requirements that exist in the Regulation for the Provision of Services to the Clients of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for approving new services.”\n\nThis pronouncement can be complemented by judgment No. 2017-005245 of 10:00 a.m. on April 7, 2017, which, as relevant, provided:\n\n“From the report given by the authorities of the respondent municipality, it is indicated that the petitioner's claim, regarding whether or not the place where Mrs. Nombre5990 has the property is outside the water supply, will be for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to comment on, since the Municipality does not have jurisdiction for that. And for its part, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers mentions that they have acted in accordance with the regulations that govern it, exercising its governing function as appropriate, carrying out at all times duly founded and reasoned actions as detailed, thus evidencing that the Institute has proceeded in accordance with the law, since according to the technical report issued by the UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, official letter UEN-OSND-GAM- 2017-00082, it is clearly indicated that for the property cited by Mrs. Nombre224 in her amparo action, there is no potable water availability. Furthermore, the report adds that in analyzing the background of this property, it is found that it belonged to the property with cadastre 1-1631912-2013 and according to a query to the National Registry, the latter was subdivided and four properties resulted from it without the management of the availability procedure for said subdivision (fraccionamiento). Thus, this Chamber cannot accredit any omission or arbitrary action on the part of the respondent authority, consequently, the appropriate action is to declare the amparo without merit, and reiterate that according to the evidence provided, the lack of provision of potable water service on the petitioner's lot is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but rather is justified by the nonexistence of potable water availability in the sector. (See in a similar sense judgments numbers 2014-9134 of 2:05 p.m. on June 19, 2014 and 2016007240 of 9:20 a.m. on May 27, 2017, among others). Under that reasoning, one is not facing an infringement of fundamental rights and, therefore, the pertinent action is to dismiss the amparo action.”\n\nRegarding the denial of potable water service for objective reasons, it is necessary to mention judgment No. 2019-023102 of 8:50 a.m. on November 22, 2019, in which, upon hearing a similar amparo, the Chamber declared the following:\n\n“On the other hand, in the report given under oath by the respondent authority, it is explained that although there are properties that adjoin the petitioner's property, which have water service, this is because they present different characteristics. It distinguishes that the three parcels derived from the mother farm 2-254199-000, among which is the petitioner's, were cadastrally registered in April 2018, as verified in the map provided by the interested party, on a date subsequent to pronouncements C-258-2017 of November 9, 2017 and C-300-2017 of December 13, 2017 of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República, PGR), which confirm the full validity of the obligations contained in Article 10, subsection 2) of the Urban Planning Law, while recalling the need to obtain prior approval from AyA, in response to the provisions of Article 21 of its constitutive law. Thus, as it does not follow that the lots segregated from the mother farm of the property owned by the petitioner were granted availability despite not having the approval of AyA - necessary for the subdivision (fraccionamiento), in accordance with the provisions of Article 21 of the Constitutive Law of AyA, No. 2726- or the approval of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), in accordance with the provisions of Article 10, subsection 2) of the Urban Planning Law and Article 21 of the Constitutive Law of AyA; unequal treatment to the detriment of the protected party is ruled out, and it is appreciated that the denial of potable water availability was based on objective reasons. As a corollary of the foregoing, it is ruled out that the action of the respondent authority was arbitrary, and it is appropriate to dismiss the action in all its aspects, as is indeed ordered, not without first warning the petitioner of her right to challenge what was resolved in relation to her potable water request, before the authority or before the contentious-administrative jurisdiction.”\n\nUnder this state of affairs, the respondent rejected the petition of the amparo party, duly informing her of the technical reasons why her request could not be granted, namely that there is no potable water availability in front of the property. Whether or not the requested service is appropriate is not a matter to be discussed in this jurisdiction, since it is outside the scope of its competence and it should be added that on repeated occasions this Court has held that it is possible to dismiss the proceedings filed for the granting of potable water service when technical impossibilities, non-compliance with infra-constitutional requirements exist, or there are technical or legal criteria that so justify. On the other hand, this Chamber must not act as a mediator before a particular natural or legal person ‒whether the latter is of public or private law‒ to intercede on behalf of a third party so that they are granted what the petitioners seek, as the claimant requests be done in this case. Therefore, she must raise her disagreements or claims before the respondent or in the competent jurisdictional venue, venues in which she may, extensively, discuss the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the action is dismissed as is indeed ordered.\n\nIV.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Regulation on Electronic Files before the Judiciary,\" approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is declared without merit."
}