{ "id": "nexus-sen-1-0007-1303096", "citation": "Res. 18830-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Omisión municipal en atender denuncias de fiestas clandestinas", "title_en": "Municipal omission in addressing clandestine party complaints", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por vecinos de varias comunidades de Guápiles contra la Municipalidad de Pococí. Los recurrentes alegan que desde 2019 las vías públicas se han convertido en sitios de fiestas clandestinas, consumo de licor y drogas, escándalos musicales y uso de armas de fuego, sin que la municipalidad haya tomado acciones efectivas para resolver la situación. Aunque el Concejo Municipal realizó mesas de trabajo y acordó medidas como instalar postes, demarcar la zona y reubicar cámaras, la Sala constata que no se materializaron dichas acciones. Destaca que ha transcurrido un plazo desproporcionado sin atención ni solución, lo que vulnera los derechos de los vecinos. Declara con lugar el amparo y ordena a la municipalidad ejecutar las acciones pertinentes en un plazo de dos meses para atender y resolver las denuncias. La Sala aclara que no le compete determinar la compatibilidad del uso de suelo de un local comercial señalado, remitiendo ese aspecto a las instancias comunes.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by residents of several communities in Guápiles against the Municipality of Pococí. The plaintiffs claim that since 2019 public roads have become clandestine party sites, with alcohol and drug consumption, loud music, and gunfire, without effective municipal action. Although the Municipal Council held working sessions and agreed on measures such as installing posts, marking the area, and relocating cameras, the Chamber finds these actions were not implemented. It holds that an unreasonable delay without proper attention violates the residents' rights. The amparo is granted, ordering the municipality to take the necessary actions within two months to address and resolve the complaints. The Chamber clarifies it is not its role to determine land-use compatibility of a business, directing that issue to ordinary courts.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/06/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "contaminación sónica", "sana convivencia", "plazo razonable", "Concejo Municipal", "interés público", "plan regulador", "uso de suelo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 32", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 41", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Ley de Regulación del Derecho de Petición", "law": "Ley 9097" }, { "article": "Arts. 261 y 325", "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "Municipalidad de Pococí", "fiestas clandestinas", "vías públicas", "contaminación sónica", "omisión municipal", "plazo razonable", "derecho a la sana convivencia", "seguridad ciudadana", "uso de suelo", "medidas cautelares", "interés público", "coordinación interinstitucional" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "municipal omission", "clandestine parties", "public order", "noise pollution", "reasonable time", "right to peaceful coexistence", "citizen security", "land use", "inter-institutional coordination" ], "excerpt_es": "Desde este panorama, en el sub iudice resulta necesaria la intervención de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, si bien se observa que la municipalidad accionada ha realizado algunas acciones con miras a la atención de las denuncias formuladas por los recurrentes, no menos cierto es que no se constata la materialización de las medidas acordadas para abordar el asunto en cuestión.\n\nEn ese tanto, la autoridad accionada no detalla haber efectuado las acciones que fueron decididas en las mesas de trabajo realizadas el año anterior. [...] Así las cosas, se acredita que ha transcurrido un plazo desproporcionado sin la debida atención y solución de la problemática denunciada, de manera que corresponde declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento.", "excerpt_en": "From this outlook, the intervention of this constitutional jurisdiction is necessary in the sub iudice.\n\nIn this regard, although it is observed that the respondent municipality has taken some actions aimed at addressing the complaints filed by the petitioners, it is no less true that the materialization of the measures agreed to address the matter in question is not verified.\n\nThus, the respondent authority does not detail having carried out the actions that were decided in the working sessions held the previous year. [...] Therefore, it is evidenced that a disproportionate time has elapsed without due attention and solution to the reported problems, so the appeal must be granted, in the terms indicated in the operative part of this ruling.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted, and the Municipality of Pococí is ordered to take the necessary actions within two months to address residents' complaints about clandestine parties and public disorder.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo y se ordena a la Municipalidad de Pococí ejecutar las acciones necesarias en un plazo de dos meses para atender las denuncias vecinales sobre fiestas clandestinas y desorden en la vía pública." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "although it is observed that the respondent municipality has taken some actions to address the complaints, it is no less true that the materialization of the agreed measures is not verified.", "quote_es": "si bien se observa que la municipalidad accionada ha realizado algunas acciones con miras a la atención de las denuncias formuladas por los recurrentes, no menos cierto es que no se constata la materialización de las medidas acordadas para abordar el asunto en cuestión." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "it is evidenced that a disproportionate time has elapsed without due attention and solution to the reported problems, so the appeal must be granted.", "quote_es": "se acredita que ha transcurrido un plazo desproporcionado sin la debida atención y solución de la problemática denunciada, de manera que corresponde declarar con lugar el recurso." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-74427", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 9097 Ley de Regulación del Derecho de Petición" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1303096", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 18830 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 20 de Junio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-012304-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nDENUNCIA.\n\n018830-25. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE LLAMAS DEL BOSQUE, LOS ALMENDROS, EL JARDÍN Y SANTA CECILIA EN GUÁPILES, ACUSAN QUE, HAY UNA SERIE DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA, PUES LAS VÍAS PÚBLICAS, SE HAN CONVERTIDO EN SITIOS DE FIESTAS CLANDESTINAS Y DESORDEN, SIN QUE LAS AUTORIDADES TOMEN ACCIONES.   SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, QUE COORDINEN LO PERTINENTE, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS Y GIREN LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE EJECUTEN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA ATENDER Y RESOLVER LAS SITUACIONES DENUNCIADAS POR LOS ACCIONANTES. VCG07/2025\n\n“(…) V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que desde 2019 su comunidad sufre una serie de situaciones que afectan la sana convivencia, pues las vías públicas se han convertido en sitios de fiestas clandestinas y desorden. Arguyen que el 29 de agosto de 2024, expusieron ante la municipalidad situaciones como las siguientes: “se da un creciente consumo de licor en la vía pública, lo que se agrava con la venta y consumo de drogas; sin dejar de lado, claro está, el escándalo que se genera, no solo con las personas que están consumiendo, sino con la música que ellos ponen para animar sus \"fiestas\". 3. Incluso, el uso de armas de fuego por pare de quienes participan en dichas fiestas es frecuente, a tal extremo que, en una ocasión en la que se hicieron detonaciones, una de las balas fue a dar a la pared de una casa de habitación de unos vecinos.”. Relatan que, en la sesión de 29 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de Pococí acordó realizar una mesa de trabajo para abordar la situación. Asimismo, señalan que, posteriormente, remitieron al gobierno local accionado una solicitud para que se refiriera al “uso de suelo otorgado al inmueble inscrito ante el Registro con el número de finca 7-94955-000, en el que opera el local denominado \"Auto Decoración Bairon\", por cuanto es uno de los locales en los que se reúnen quienes luego trasladan la fiesta a las vías públicas de las comunidades”; sin embargo, estiman que la respuesta que se les dio es insuficiente para atender la problemática acusada, pues este es uno de los locales en donde se inician las fiestas clandestinas señaladas. Consideran que la falta de acción de la municipalidad accionada para atender la problemática denunciada lesiona sus derechos fundamentales.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 29 de agosto de 2024, los accionantes acudieron ante la municipalidad accionada a denunciar situaciones que afectan a su comunidad, en concreto: “• La existencia varios negocios ente los cuales figura: “La 19”, la soda “Pura Vida” Licorera “Way” y Auto decoración Byron, que presentan problemas a la comunidad. • (…) que desde el 2019 tienen problemas con la licorera, la venta de licor, venta de droga, consumo de droga y escándalos musicales, también señalaron en dicha ocasión que en los últimos años tuvieron balaceras contra su casa, específicamente esto lo señala don [Nombre 003]. • Exceso de ruido que causa problemas de contaminación sónica a la comunidad (…)”. En la sesión del propio 29 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de Pococí acordó: “Sobre las presuntas irregularidades que realizan varios comercios de Guápiles que afectan las comunidades de Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 y 2 y el cuadrante, se convoca a mesa de trabajo con las siguientes instituciones y departamentos de la municipalidad: Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos del Distrito de Guápiles, Fuerza Pública, comunidades afectadas (un representante de cada una de las comunidades). Se instruye al Señor alcalde para que convoque a los encargados de los siguientes departamentos: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores y departamento jurídico. Todo lo acordado con copia al Ministerio de Seguridad Pública...”. El 9 de octubre de 2024, la municipalidad accionada realizó una mesa de trabajo en la que se adoptaron las siguientes decisiones: “• Se acordó en esta mesa de trabajo que la Municipalidad instalaría unos postes de concreto y metálicos en la zona en zona de conflicto, pintar la zona color amarillo para que la Policía de Tránsito pueda actuar. • Solicitar a la Alcaldía la compra de un sonómetro para el Ministerio de Salud, ya que de la denuncia se desprende que dicho Ministerio no cuenta con la herramienta tecnológica que permita agilizar la atención de las denuncias, de modo que la Municipalidad ante el interés público, tomó la decisión de colaborar en este sentido. • Realizar una visita al sitio para la reubicación de cámaras de monitoreo con el fin de poder abarcar un mayor perímetro y contactar con RACSA para tal fin. • Solicitar al Departamento la notificación a los comercios involucrados, sobre las irregularidades denunciadas.”. El 22 de octubre de 2024, la municipalidad recurrida realizó una segunda mesa de trabajo en la que se tomaron los siguientes acuerdos: “• Marcar la zona de conflicto de color amarillo para que el tránsito pueda tener su intervención en el momento que lo requieran. • Contactar a Racsa para ver la viabilidad de mover las cámaras que están por la iglesia católica lugar de conflicto y puedan ir al sitio en conjunto con fuerza pública para dónde se necesitan más. • Coordinar mesa de trabajo con el ingeniero Raúl Jiménez Guevara de la dirección general de tránsito en conjunto con el señor Ronald Céspedes Mora, su jefe regional de la policía de tránsito para que se analice el tema de la demarcación de la calle en el punto de conflicto. • Realizar un chat en conjunto con las instituciones para que para coordinar el tema de los operativos que se van a realizar. • Realizar un operativo en conjunto con las instituciones. • Incorporar al chat de los operativos al licenciado Elberth González Ramírez del Ministerio de Obras Públicas. • Consultar a la licenciada Vera Jiménez Villalobos coordinadora del departamento de patentes si ya notificó a los patentados en donde se está dando la problemática.”. La municipalidad accionada realizó inspecciones el 15 y 23 de octubre en el local comercial “Auto Decoración Bairon” y no detectó ninguna anomalía. Mediante el oficio nro. DPCC-186-2024 de 4 de diciembre de 2024, el gobierno local accionado le indicó a los accionantes que “la auto decoración es compatible con el uso de suelo definido en el Plan Regulador vigente del cantón de Pococí, debido a la zonificación correspondiente al inmueble.”.\n\nDesde este panorama, en el sub iudice resulta necesaria la intervención de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, si bien se observa que la municipalidad accionada ha realizado algunas acciones con miras a la atención de las denuncias formuladas por los recurrentes, no menos cierto es que no se constata la materialización de las medidas acordadas para abordar el asunto en cuestión.\n\nEn ese tanto, la autoridad accionada no detalla haber efectuado las acciones que fueron decididas en las mesas de trabajo realizadas el año anterior. Así, por ejemplo, nótese que en el propio informe rendido en el sub lite el gobierno local accionado esgrime que “En cuanto a la colocación de postes abatibles, reubicación de cámaras y demarcación de la zona en color amarillo, actualmente la Municipalidad se encuentra coordinando para hacer efectivas estas acciones que se consideran obtendrían resultados positivos para la problemática denunciada”; empero, ni siquiera especifica alguna fecha probable para la ejecución de las medidas de marras. También, se observa que dentro de los acuerdos adoptados estaba “realizar un operativo en conjunto con las instituciones”; sin embargo, de los autos no consta que se haya efectuado algún tipo de operativo en alguna fecha en concreto.\n\nAsí las cosas, se acredita que ha transcurrido un plazo desproporcionado sin la debida atención y solución de la problemática denunciada, de manera que corresponde declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento.\n\nFinalmente, no está de más advertir que no le compete a esta Sala determinar si propiamente la actividad comercial de un establecimiento resulta compatible con el uso de suelo establecido para un sitio en concreto según la legislación ordinaria. En ese tanto, si los accionantes se encuentran inconformes con lo indicado por la municipalidad accionante respecto de tal aspecto en cuanto al local de decoración de vehículos que señalan en su escrito de interposición, deberán plantear los alegatos que correspondan ante las instancias comunes competentes. (…)”\n\n\n\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relativa a problemas de seguridad y sanitarios, que se acusa no ha sido atendida dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo. (…)” VCG07/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG07/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-012304-0007-CO\n\nRes. Nº 2025018830\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-012304-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED05, Nombre02, cédula de identidad CED06, Nombre03, cédula de identidad CED07, Nombre04, cédula de identidad CED08, Nombre05, cédula de identidad CED09, Nombre06, cédula de identidad CED10, Nombre07, cédula de identidad CED11, Nombre08, cédula de identidad CED12 Y, Nombre09, cédula de identidad CED13, contra la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.\n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 5 de mayo de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo. Manifiestan que desde 2019, en su comunidad se han venido dando una serie de situaciones que atentan, de manera grosera, con la sana convivencia en el lugar en el que residen, pues, las vías públicas se han convertido en un sitio de reunión y fiesta -clandestina-, a vista y paciencia de las autoridades, específicamente, de las municipales. Detallan que \"El 29 de agosto de 2024, algunos de los que firmamos el presente recurso de amparo comparecimos ante el Concejo Municipal de Pococí, para exponer la situación que afrontamos. En dicha ocasión, manifestamos que tenemos un calle análoga a la famosa \"Dirección01\" (en las cercanías de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica), porque se da un creciente consumo de licor en la vía pública, lo que se agrava con la venta y consumo de drogas; sin dejar de lado, claro está, el escándalo que se genera, no solo con las personas que están consumiendo, sino con la música que ellos ponen para animar sus \"fiestas\". 3. Incluso, el uso de armas de fuego por pare de quienes participan en dichas fiestas es frecuente, a tal extremo que, en una ocasión en la que se hicieron detonaciones, una de las balas fue a dar a la pared de una casa de habitación de unos vecinos. Por suerte no hubo mayores consecuencias; pero esta, sin duda, permite reflejar la situación a la que estamos expuestos. En la sesión del Concejo Municipal, celebrada el 29 de agosto de 2024 -ver autos-, ese órgano colegiado acordó, por unanimidad, convocar a una mesa de trabajo \"con las siguientes instituciones y departamentos de la municipalidad * Comisión Municipal de Seguridad Síndicos del Distrito de Guápiles, Fuerza Pública, comunidades afectadas (un representante de cada una de las comunidades). Se instruye al Señor alcalde para que convoque a los encargados de los siguientes departamentos: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores y departamento jurídico. Todo lo acordado con copia al Ministerio de Seguridad Pública\". Así consta en el oficio SNE-1613-2024, del 12 de septiembre de 2024, que corresponde a la transcripción de lo acordado por el citado Concejo en la Sesión Ordinaria N° 57, Acta N 57, Artículo II, Acuerdo N° 1559, que se adjunta como Prueba Documental del presente recurso de amparo. Posteriormente, los vecinos de Llamas del Bosque y los Almendros le remitimos al departamento municipal Unidad de Control Constructivo formal solicitud para que se refirieran al uso de suelo otorgado al inmueble inscrito ante el Registro con el número de finca Dirección02, en el que opera el local denominado \"Auto Decoración Bairon\", por cuanto es uno de los locales en los que se reúnen quienes luego trasladan la fiesta a las vías públicas de las comunidades. Mediante el oficio DPCC-186-2024, del 4 de diciembre de 2024, se nos brindó una respuesta que resulta, claramente, insuficiente, porque se limita a explicar cuál es la naturaleza del certificado de uso de suelo, sin referirse de manera directa a la operación de dicho local comercial. Esto, sin duda, nos deja en un absoluto estado de inseguridad y de indefensión, ya que es la propia municipalidad la que evade cumplir con el mandato constitucional de atender los intereses locales\". Con base en la situación expuesta, estima que fueron vulnerados sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de las 15:22 horas de 7 de mayo de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo Municipal de Pococí. \n\n3.- Por escrito incorporado al expediente el 15 de mayo de 2025, Manuel Hernández Rivera y Juan Mauricio Mora Cruz, por su orden, alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Pococí, informan: “Antecedentes: A efectos de atender lo ordenado por la Sala Constitucional, este despacho solicitó a las unidades competentes un informe sobre lo actuado en relación con los hechos alegados por los vecinos, para los efectos se tiene lo siguiente: • Sobre la comparecencia ante el Concejo Municipal: Consta en los registros municipales, según Sesión Ordinaria del 29 de agosto de 2024, acta No. 57, Acuerdo 1559, que ante el Concejo Municipal se presentaron los señores: Marco Antonio Muñoz Rojas, cédula: CED01, Sr. Nombre03. Cédula. CED02. Vecino de Dirección03, Sr. Nombre10 cédula de identidad No. CED03, Sr. Marco Antonio Muñoz Rojas, Giovanny Guerrero García cédula de identidad No. CED04, en representación de los vecinos de Dirección03, Dirección04 y barrios aledaños, denunciando los siguiente: • La existencia varios negocios ente los cuales figura: “La 19”, la soda “Pura Vida” Licorera “Way” y Auto decoración Byron, que presentan problemas a la comunidad. • Indican que desde el 2019 tienen problemas con la licorera, la venta de licor, venta de droga, consumo de droga y escándalos musicales, también señalaron en dicha ocasión que en los últimos años tuvieron balaceras contra su casa, específicamente esto lo señala don Nombre03. • Exceso de ruido que causa problemas de contaminación sónica a la comunidad. • Señalan también que se hicieron numerosas llamadas al 911, solicitud de presencia de la Fuerza Pública, y OIJ. También se interpuso una denuncia ante el Ministerios de Salud, sin embargo, indican que no obtuvieron la respuesta deseada. • En esa misma audiencia, los vecinos presentaron ante el Concejo Municipal un escrito con firmas de los vecinos de la comunidad. Sobre lo indicado por los vecinos es necesario citar las acciones que la Municipalidad a través del Concejo Municipal y diferentes departamentos de la Administración se han desarrollado tanto por cuenta propia, como en coordinación con otras instituciones públicas, para atender la problemática denunciada en el año 2024, como a continuación se hace constar: Primero: Acciones tomadas por el Concejo Municipal: Como se demuestra con documentación certificada adjunta a la presente, la atención por parte del Concejo Municipal ante las denuncias de los vecinos, que constan a partir del año 2024, se atendió oportunamente con las siguientes acciones: 1. En audiencia de fecha 29 de agosto del 2024, es decir el mismo día que se interpone la denuncia por parte los vecinos denunciantes, el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo donde se convoca a una mesa de trabajo interinstitucional para atender el asunto: Convocatoria primera mesa de trabajo: “Por Unanimidad SE ACUERDA: Sobre las presuntas irregularidades que realizan varios comercios de Guápiles que afectan las comunidades de Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 y 2 y el cuadrante, se convoca a mesa de trabajo con las siguientes instituciones y departamentos de la municipalidad: Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos del Distrito de Guápiles, Fuerza Pública, comunidades afectadas (un representante de cada una de las comunidades). Se instruye al Señor alcalde para que convoque a los encargados de los siguientes departamentos: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores y departamento jurídico. Todo lo acordado con copia al Ministerio de Seguridad Pública...”. 2. Mediante oficio SMP-1913-2024, se comunica el acuerdo No. 1894, tomado en la sesión N° 69 Extraordinaria del 16-10-2024, donde consta que la sesión o mesa de trabajo fue efectivamente llevada a cabo, con los representantes de los vecinos denunciantes, funcionarios municipales y Fuerza Pública, se llevo a cabo en la fecha 09 de octubre de 2024, en dicha sesión se llegó al consenso de: • Una convocatoria segunda mesa de trabajo: Para el 22 de Octubre de 2024, el Concejo Municipal promueve a una segunda mesa de trabajo, ya que como resultado del primer encuentro del 09 de Octubre, se determinó la necesidad de convocar a más instituciones para desarrollar una operación en conjunto que atendiera la situación denunciada, se requería la participaran de la Policía de Tránsito, Ministerio de Salud, PANI, MIGRACIÓN, OIJ, FUERZA PÚBLICA, GESTIÓN AMBIENTAL, PATENTES, INSPECTORES, DIRECCIÓN JURÍDICA Y COMISIÓN DE SEGURIDAD. • Se acordó en esta mesa de trabajo que la Municipalidad instalaría unos postes de concreto y metálicos en la zona en zona de conflicto, pintar la zona color amarillo para que la Policía de Tránsito pueda actuar. • Solicitar a la Alcaldía la compra de un sonómetro para el Ministerio de Salud, ya que de la denuncia se desprende que dicho Ministerio no cuenta con la herramienta tecnológica que permita agilizar la atención de las denuncias, de modo que la Municipalidad ante el interés público, tomó la decisión de colaborar en este sentido. • Realizar una visita al sitio para la reubicación de cámaras de monitoreo con el fin de poder abarcar un mayor perímetro y contactar con RACSA para tal fin. • Solicitar al Departamento la notificación a los comercios involucrados, sobre las irregularidades denunciadas. 3. Informe de la Segunda Mesa de Trabajo: Mediante oficio 169-2024, se transcribe por parte de la Secretaria de Comisiones del Concejo el informe de la mesa de trabajo de fecha 22 de octubre de 2024, en donde se acuerda: • Que el representante del Ministerio de Obras Públicas Ing. Raúl Jimenez Guevara realice una visita al sitio de conflicto para demarcar de amarillo la zona. • Colocación de postes abatibles y carteles de prohibiciones en a la zona de conflicto. • Realización de operativos constantes, solicitar la lista de funcionarios de los operativos y una minuta o informe de resultados. Mediante oficio SMP-2033 el Concejo Municipal notifica al Departamento de Patentes y a la Administración sobre los acuerdos tomados en la mesa de trabajo 22/10/2024 donde se acordó por Unanimidad: Con base a las recomendaciones emitidas por la mesa de trabajo que se realizó para solventar la problemática que se está presentando en el bulevar de Guápiles en la calle conocida como “Dirección05”, por Tanto, SE ACUERDA: • Marcar la zona de conflicto de color amarillo para que el tránsito pueda tener su intervención en el momento que lo requieran. • Contactar a Racsa para ver la viabilidad de mover las cámaras que están por la iglesia católica lugar de conflicto y puedan ir al sitio en conjunto con fuerza pública para dónde se necesitan más. • Coordinar mesa de trabajo con el ingeniero Raúl Jiménez Guevara de la dirección general de tránsito en conjunto con el señor Ronald Céspedes Mora, su jefe regional de la policía de tránsito para que se analice el tema de la demarcación de la calle en el punto de conflicto. • Realizar un chat en conjunto con las instituciones para que para coordinar el tema de los operativos que se van a realizar. • Realizar un operativo en conjunto con las instituciones. • Incorporar al chat de los operativos al licenciado Elberth González Ramírez del Ministerio de Obras Públicas. • Consultar a la licenciada Vera Jiménez Villalobos coordinadora del departamento de patentes si ya notificó a los patentados en donde se está dando la problemática. Segundo: Acciones tomadas por la Administración Municipal, Departamento de Patentes e Inspectores Municipales: Como parte de las acciones tomadas en las mesas de trabajo, donde se solicitó organizar inspecciones al sitio, el Departamento de Patentes, en su oficio PAT-130- 2025, señala que se atendieron oportunamente las denuncias en el mes de octubre del año 2024, dentro de las diligencias realizadas por los inspectores municipales, se constató que al momento de las inspecciones, el comercio denominado “Auto Decoración Bairon” se encontraba operando dentro de las normas establecidas, indica que no se constato ocupación indebida a la vía pública. Para comprobar lo indicado, se adjuntan fichas de campo emitidas por el Inspector Municipal denominadas “fichas de inspección ocular” de fechas 15 y 23 de octubre del 2024, donde se señala que no se presenta ninguna anomalía en el local comercial. Tercero: Sobre el Uso de Suelo al inmueble inscrito con el número de Dirección06: Según lo constata el Ing. Jean Carlo Ruíz coordinador del Departamento de Control Constructivo y encargado de emitir los USOS DE SUELO, mediante oficio DPCC-077- 2025 señala que mediante con el oficio DPCC-186-2024 se respondió a los vecinos afectados, sobre el uso de suelo otorgado a la propiedad inscrita bajo la Dirección07, destinada a la actividad de auto decoración. Continúa indicando el Ing. Ruíz que el oficio claramente explicar la naturaleza del certificado de uso de suelo, no así lo concerniente a la actividad que se desarrolla en el mismo, ya que por competencia en lo que refiere al tema de operación del local dentro de su giro comercial, se sale del ámbito de lo que acredita la emisión de un CERTIFICADO DE USO DE SUELO. En este sentido considera esta Municipalidad que no llevan razón los vecinos al indicar que el oficio citado les deja en estado “de inseguridad y de indefensión”, pues la finalidad de este fue, precisamente aclarar los alcances y limitaciones del certificado de uso de suelo en relación con la consulta planteada, por lo que lejos de perjudicar a los vecinos, el documento ofrece una explicación técnica y normativo sobre el tema. Así mismo obsérvese que en cuanto a la conformidad otorgada respecto al tipo de actividad, el oficio DPCC-186-2025, señala que la auto decoración es compatible con el uso de suelo definido en el Plan Regulador vigente del cantón de Pococí, debido a la zonificación correspondiente al inmueble. Dicha conformidad respaldada por el hecho de que la propiedad se encuentra ubicada frente a una de las vías principales del distrito, donde existe una alta concentración de actividades comerciales, y además, al tratarse de un lote esquinero, cumple favorablemente con las condiciones de localización para su visto bueno, así mismo la finca revisada cuenta anteriormente con otros usos de suelo que avalan la actividad comercial según la zona urbanística vigente. En este entendido, los señalamientos efectuados por los recurrentes sobre aspectos como seguridad ciudadana, disturbios en la vía pública, consumo de drogas o escándalos, son aspectos que se atendieron propiamente por parte del Concejo Municipal, Departamento de Patentes e Inspectores Municipales en coordinación con otras instituciones como la Fuerza Pública, Tránsito, etc, no son situaciones que deberían observarse en una certificación de uso de suelo, como erradamente se pretende por parte de los vecinos denunciantes. Otras acciones: En cuanto a la colocación de postes abatibles, reubicación de cámaras y demarcación de la zona en color amarillo, actualmente la Municipalidad se encuentra coordinando para hacer efectivas estas acciones que se consideran obtendrían resultados positivos para la problemática denunciada. Conforme lo anteriormente expuesto se concluye: Es claro para este municipio, que velar por lo que conocemos como “intereses y servicios locales” es una obligación constitucional para los gobiernos locales. Por ello es por lo que, desde hace varios años, hemos venido ejecutando acciones encaminadas a tener una adecuada gestión dentro del comercio del Cantón, que se encuentra regulado por la Ley 8582 de Patentes del Cantón de Pococí, así como su Reglamento y demás leyes conexas. La Municipalidad cuenta con un cuerpo de inspectores que constantemente organiza operativos ante denuncias de los ciudadanos, somos conscientes del deber ineludible de la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, nuestra representada atiende oportunamente las denuncias y tal como se demostró en el caso de análisis, se convoca y se pone en acción todo el aparato municipal que corresponda y por supuesto la organización interinstitucional, claramente accionando bajo la limitante de competencias de cada uno. El Cantón de Pococí ha venido gradualmente creciendo en población y comercio desde hace varios años, lo que nos obliga a movilizar recursos como parte del proceso y de la planificación que hemos venido haciendo de manera progresiva para atender este tipo de situaciones, en este sentido se pretende coordinar con el Ministerio de Salud para la adquisición de la herramienta tecnológica adecuada para medir y certificar la contaminación sónica, este es un acto competencia propia de esa entidad, sin embargo, es a la vez una prueba indispensable para establecer procedimientos administrativos municipales ante comercios que incumplen con la normativa, lo que nos obliga a cooperar de manera interinstitucional. Por su parte el Departamento de Gestión Ambiental se encuentra coordinando con el Departamento de Obras Públicas, para la posible instalación de postes abatibles y otros que delimiten el estacionamiento de vehículos en la zona denunciada, lo que permite a nuestro criterio, evitar que la situación se active nuevamente. Siendo que las competencias de cada institución están señaladas en la normativa que respalda sus actuaciones, el Gobierno Local ha sido una instancia coordinadora con las demás Instituciones Públicas en el orden de realizar una adecuada atención de las denuncias, propiamente en la situación denunciada por los vecinos en el mes de agosto de 2024, se atendió oportunamente por este Gobierno Local, sin embargo, es importante con todo respeto, señalar ante la honorable Sala Constitucional que, cada institución dentro de sus instancias y atribuciones legales, se encuentra notificada de la situación, tanto la Fuerza Pública, Ministerio de Salud, OIJ y demás ya mencionadas, tienen pleno conocimiento de los hechos denunciados y deben por sí mismas, continuar con la gestión que les compete. Actualmente no consta en los registros municipales, más denuncias o manifestaciones de los vecinos respecto de la situación analizada, no obstante, en este aspecto se procederá a retomar el plan de acción, continuando con la fiscalización de la zona para seguir interviniendo cada vez que sea necesario.”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\n \n\nI.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relativa a problemas de seguridad y sanitarios, que se acusa no ha sido atendida dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes manifiestan que desde 2019 su comunidad sufre una serie de situaciones que afectan la sana convivencia, pues las vías públicas se han convertido en sitios de fiestas clandestinas y desorden. Arguyen que el 29 de agosto de 2024, expusieron ante la municipalidad situaciones como las siguientes: “se da un creciente consumo de licor en la vía pública, lo que se agrava con la venta y consumo de drogas; sin dejar de lado, claro está, el escándalo que se genera, no solo con las personas que están consumiendo, sino con la música que ellos ponen para animar sus \"fiestas\". 3. Incluso, el uso de armas de fuego por pare de quienes participan en dichas fiestas es frecuente, a tal extremo que, en una ocasión en la que se hicieron detonaciones, una de las balas fue a dar a la pared de una casa de habitación de unos vecinos.”. Relatan que, en la sesión de 29 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de Pococí acordó realizar una mesa de trabajo para abordar la situación. Asimismo, señalan que, posteriormente, remitieron al gobierno local accionado una solicitud para que se refiriera al “uso de suelo otorgado al inmueble inscrito ante el Registro con el número de finca 7-94955-000, en el que opera el local denominado \"Auto Decoración Bairon\", por cuanto es uno de los locales en los que se reúnen quienes luego trasladan la fiesta a las vías públicas de las comunidades”; sin embargo, estiman que la respuesta que se les dio es insuficiente para atender la problemática acusada, pues este es uno de los locales en donde se inician las fiestas clandestinas señaladas. Consideran que la falta de acción de la municipalidad accionada para atender la problemática denunciada lesiona sus derechos fundamentales.\n\nIII. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na.     El 29 de agosto de 2024, los accionantes acudieron ante la municipalidad accionada a denunciar situaciones que afectan a su comunidad, en concreto: “• La existencia varios negocios ente los cuales figura: “La 19”, la soda “Pura Vida” Licorera “Way” y Auto decoración Byron, que presentan problemas a la comunidad. • (…) que desde el 2019 tienen problemas con la licorera, la venta de licor, venta de droga, consumo de droga y escándalos musicales, también señalaron en dicha ocasión que en los últimos años tuvieron balaceras contra su casa, específicamente esto lo señala don Nombre03. • Exceso de ruido que causa problemas de contaminación sónica a la comunidad (…)”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nb.    En la sesión del propio 29 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de Pococí acordó: “Sobre las presuntas irregularidades que realizan varios comercios de Guápiles que afectan las comunidades de Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 y 2 y el cuadrante, se convoca a mesa de trabajo con las siguientes instituciones y departamentos de la municipalidad: Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos del Distrito de Guápiles, Fuerza Pública, comunidades afectadas (un representante de cada una de las comunidades). Se instruye al Señor alcalde para que convoque a los encargados de los siguientes departamentos: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores y departamento jurídico. Todo lo acordado con copia al Ministerio de Seguridad Pública...”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nc.     El 9 de octubre de 2024, la municipalidad accionada realizó una mesa de trabajo en la que se adoptaron las siguientes decisiones: “• Se acordó en esta mesa de trabajo que la Municipalidad instalaría unos postes de concreto y metálicos en la zona en zona de conflicto, pintar la zona color amarillo para que la Policía de Tránsito pueda actuar. • Solicitar a la Alcaldía la compra de un sonómetro para el Ministerio de Salud, ya que de la denuncia se desprende que dicho Ministerio no cuenta con la herramienta tecnológica que permita agilizar la atención de las denuncias, de modo que la Municipalidad ante el interés público, tomó la decisión de colaborar en este sentido. • Realizar una visita al sitio para la reubicación de cámaras de monitoreo con el fin de poder abarcar un mayor perímetro y contactar con RACSA para tal fin. • Solicitar al Departamento la notificación a los comercios involucrados, sobre las irregularidades denunciadas.”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nd.    El 22 de octubre de 2024, la municipalidad recurrida realizó una segunda mesa de trabajo en la que se tomaron los siguientes acuerdos: “• Marcar la zona de conflicto de color amarillo para que el tránsito pueda tener su intervención en el momento que lo requieran. • Contactar a Racsa para ver la viabilidad de mover las cámaras que están por la iglesia católica lugar de conflicto y puedan ir al sitio en conjunto con fuerza pública para dónde se necesitan más. • Coordinar mesa de trabajo con el ingeniero Raúl Jiménez Guevara de la dirección general de tránsito en conjunto con el señor Ronald Céspedes Mora, su jefe regional de la policía de tránsito para que se analice el tema de la demarcación de la calle en el punto de conflicto. • Realizar un chat en conjunto con las instituciones para que para coordinar el tema de los operativos que se van a realizar. • Realizar un operativo en conjunto con las instituciones. • Incorporar al chat de los operativos al licenciado Elberth González Ramírez del Ministerio de Obras Públicas. • Consultar a la licenciada Vera Jiménez Villalobos coordinadora del departamento de patentes si ya notificó a los patentados en donde se está dando la problemática.”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\ne.     La municipalidad accionada realizó inspecciones el 15 y 23 de octubre en el local comercial “Auto Decoración Bairon” y no detectó ninguna anomalía. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nf.      Mediante el oficio nro. DPCC-186-2024 de 4 de diciembre de 2024, el gobierno local accionado le indicó a los accionantes que “la auto decoración es compatible con el uso de suelo definido en el Plan Regulador vigente del cantón de Pococí, debido a la zonificación correspondiente al inmueble.”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nIV.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado que la autoridad recurrida haya ejecutado las acciones acordadas en las mesas de trabajo para atender la problemática denunciada.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que desde 2019 su comunidad sufre una serie de situaciones que afectan la sana convivencia, pues las vías públicas se han convertido en sitios de fiestas clandestinas y desorden. Arguyen que el 29 de agosto de 2024, expusieron ante la municipalidad situaciones como las siguientes: “se da un creciente consumo de licor en la vía pública, lo que se agrava con la venta y consumo de drogas; sin dejar de lado, claro está, el escándalo que se genera, no solo con las personas que están consumiendo, sino con la música que ellos ponen para animar sus \"fiestas\". 3. Incluso, el uso de armas de fuego por pare de quienes participan en dichas fiestas es frecuente, a tal extremo que, en una ocasión en la que se hicieron detonaciones, una de las balas fue a dar a la pared de una casa de habitación de unos vecinos.”. Relatan que, en la sesión de 29 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de Pococí acordó realizar una mesa de trabajo para abordar la situación. Asimismo, señalan que, posteriormente, remitieron al gobierno local accionado una solicitud para que se refiriera al “uso de suelo otorgado al inmueble inscrito ante el Registro con el número de finca 7-94955-000, en el que opera el local denominado \"Auto Decoración Bairon\", por cuanto es uno de los locales en los que se reúnen quienes luego trasladan la fiesta a las vías públicas de las comunidades”; sin embargo, estiman que la respuesta que se les dio es insuficiente para atender la problemática acusada, pues este es uno de los locales en donde se inician las fiestas clandestinas señaladas. Consideran que la falta de acción de la municipalidad accionada para atender la problemática denunciada lesiona sus derechos fundamentales.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 29 de agosto de 2024, los accionantes acudieron ante la municipalidad accionada a denunciar situaciones que afectan a su comunidad, en concreto: “• La existencia varios negocios ente los cuales figura: “La 19”, la soda “Pura Vida” Licorera “Way” y Auto decoración Byron, que presentan problemas a la comunidad. • (…) que desde el 2019 tienen problemas con la licorera, la venta de licor, venta de droga, consumo de droga y escándalos musicales, también señalaron en dicha ocasión que en los últimos años tuvieron balaceras contra su casa, específicamente esto lo señala don Nombre03. • Exceso de ruido que causa problemas de contaminación sónica a la comunidad (…)”. En la sesión del propio 29 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de Pococí acordó: “Sobre las presuntas irregularidades que realizan varios comercios de Guápiles que afectan las comunidades de Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 y 2 y el cuadrante, se convoca a mesa de trabajo con las siguientes instituciones y departamentos de la municipalidad: Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos del Distrito de Guápiles, Fuerza Pública, comunidades afectadas (un representante de cada una de las comunidades). Se instruye al Señor alcalde para que convoque a los encargados de los siguientes departamentos: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores y departamento jurídico. Todo lo acordado con copia al Ministerio de Seguridad Pública...”. El 9 de octubre de 2024, la municipalidad accionada realizó una mesa de trabajo en la que se adoptaron las siguientes decisiones: “• Se acordó en esta mesa de trabajo que la Municipalidad instalaría unos postes de concreto y metálicos en la zona en zona de conflicto, pintar la zona color amarillo para que la Policía de Tránsito pueda actuar. • Solicitar a la Alcaldía la compra de un sonómetro para el Ministerio de Salud, ya que de la denuncia se desprende que dicho Ministerio no cuenta con la herramienta tecnológica que permita agilizar la atención de las denuncias, de modo que la Municipalidad ante el interés público, tomó la decisión de colaborar en este sentido. • Realizar una visita al sitio para la reubicación de cámaras de monitoreo con el fin de poder abarcar un mayor perímetro y contactar con RACSA para tal fin. • Solicitar al Departamento la notificación a los comercios involucrados, sobre las irregularidades denunciadas.”. El 22 de octubre de 2024, la municipalidad recurrida realizó una segunda mesa de trabajo en la que se tomaron los siguientes acuerdos: “• Marcar la zona de conflicto de color amarillo para que el tránsito pueda tener su intervención en el momento que lo requieran. • Contactar a Racsa para ver la viabilidad de mover las cámaras que están por la iglesia católica lugar de conflicto y puedan ir al sitio en conjunto con fuerza pública para dónde se necesitan más. • Coordinar mesa de trabajo con el ingeniero Raúl Jiménez Guevara de la dirección general de tránsito en conjunto con el señor Ronald Céspedes Mora, su jefe regional de la policía de tránsito para que se analice el tema de la demarcación de la calle en el punto de conflicto. • Realizar un chat en conjunto con las instituciones para que para coordinar el tema de los operativos que se van a realizar. • Realizar un operativo en conjunto con las instituciones. • Incorporar al chat de los operativos al licenciado Elberth González Ramírez del Ministerio de Obras Públicas. • Consultar a la licenciada Vera Jiménez Villalobos coordinadora del departamento de patentes si ya notificó a los patentados en donde se está dando la problemática.”. La municipalidad accionada realizó inspecciones el 15 y 23 de octubre en el local comercial “Auto Decoración Bairon” y no detectó ninguna anomalía. Mediante el oficio nro. DPCC-186-2024 de 4 de diciembre de 2024, el gobierno local accionado le indicó a los accionantes que “la auto decoración es compatible con el uso de suelo definido en el Plan Regulador vigente del cantón de Pococí, debido a la zonificación correspondiente al inmueble.”.\n\nDesde este panorama, en el sub iudice resulta necesaria la intervención de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, si bien se observa que la municipalidad accionada ha realizado algunas acciones con miras a la atención de las denuncias formuladas por los recurrentes, no menos cierto es que no se constata la materialización de las medidas acordadas para abordar el asunto en cuestión.\n\nEn ese tanto, la autoridad accionada no detalla haber efectuado las acciones que fueron decididas en las mesas de trabajo realizadas el año anterior. Así, por ejemplo, nótese que en el propio informe rendido en el sub lite el gobierno local accionado esgrime que “En cuanto a la colocación de postes abatibles, reubicación de cámaras y demarcación de la zona en color amarillo, actualmente la Municipalidad se encuentra coordinando para hacer efectivas estas acciones que se consideran obtendrían resultados positivos para la problemática denunciada”; empero, ni siquiera especifica alguna fecha probable para la ejecución de las medidas de marras. También, se observa que dentro de los acuerdos adoptados estaba “realizar un operativo en conjunto con las instituciones”; sin embargo, de los autos no consta que se haya efectuado algún tipo de operativo en alguna fecha en concreto.\n\nAsí las cosas, se acredita que ha transcurrido un plazo desproporcionado sin la debida atención y solución de la problemática denunciada, de manera que corresponde declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento.\n\nFinalmente, no está de más advertir que no le compete a esta Sala determinar si propiamente la actividad comercial de un establecimiento resulta compatible con el uso de suelo establecido para un sitio en concreto según la legislación ordinaria. En ese tanto, si los accionantes se encuentran inconformes con lo indicado por la municipalidad accionante respecto de tal aspecto en cuanto al local de decoración de vehículos que señalan en su escrito de interposición, deberán plantear los alegatos que correspondan ante las instancias comunes competentes.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n \n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Manuel Hernández Rivera y Juan Mauricio Mora Cruz, por su orden, alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Pococí, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo pertinente, tomen las medidas necesarias y giren las órdenes correspondientes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que, en el plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecuten las acciones pertinentes para atender y resolver las situaciones denunciadas por los accionantes. Se le advierte a la autoridad recurrida que, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KC2Z1S4X9LS61\n\nEXPEDIENTE N° 25-012304-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:52:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Sala Constitucional**\n\n**Resolution No. 18830 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** June 20, 2025, at 09:20\n\n**Expediente:** 25-012304-0007-CO\n\n**Drafted by:** Paul Rueda Leal\n\n**Type of matter:** Recurso de amparo\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n**Judgment with separate note**\n\n**Relevance Indicators**\n\nRelevant judgment\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\n**Content of Interest:**\n\n**Strategic Topics:** Economic, social, cultural, and environmental rights\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Topic:** MUNICIPALIDAD\n\n**Subtopics:**\n\nDENUNCIA.\n\n018830-25. MUNICIPALIDAD. RESIDENTS OF THE COMMUNITIES OF LLAMAS DEL BOSQUE, LOS ALMENDROS, EL JARDÍN, AND SANTA CECILIA IN GUÁPILES, ALLEGE THAT THERE ARE A SERIES OF SITUATIONS AFFECTING PEACEFUL COEXISTENCE, AS PUBLIC ROADS HAVE BECOME SITES OF CLANDESTINE PARTIES AND DISORDER, WITHOUT THE AUTHORITIES TAKING ACTION. THE RECURSO IS GRANTED. THE MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ IS ORDERED TO COORDINATE AS PERTINENT, TAKE THE NECESSARY MEASURES, AND ISSUE THE CORRESPONDING ORDERS WITHIN THE SCOPE OF THEIR RESPECTIVE COMPETENCIES, SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, THE PERTINENT ACTIONS ARE EXECUTED TO ADDRESS AND RESOLVE THE SITUATIONS DENOUNCED BY THE PETITIONERS. VCG07/2025\n\n“(…) V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioners state that since 2019 their community has suffered a series of situations that affect peaceful coexistence, as public roads have become sites of clandestine parties and disorder. They argue that on August 29, 2024, they presented the following situations to the municipalidad: “there is a growing consumption of liquor on public roads, which is aggravated by the sale and consumption of drugs; without neglecting, of course, the scandal that is generated, not only with the people who are consuming, but with the music they play to liven up their 'parties.' 3. Furthermore, the use of firearms by those participating in said parties is frequent, to such an extent that, on one occasion when shots were fired, one of the bullets struck the wall of a neighboring residence.” They recount that, at the session of August 29, 2024, the Concejo Municipal de Pococí agreed to hold a working group to address the situation. Likewise, they point out that they subsequently sent the respondent local government a request for it to refer to the “land use (uso de suelo) granted to the property registered with the Registry under farm number 7-94955-000, where the establishment called \\\"Auto Decoración Bairon\\\" operates, as it is one of the establishments where those who later move the party to the communities' public roads gather”; however, they consider that the response they received is insufficient to address the denounced problem, since this is one of the establishments where the indicated clandestine parties begin. They consider that the respondent municipalidad's lack of action to address the denounced problem violates their fundamental rights.\n\nFrom the study of the case file, it has been demonstrated that, on August 29, 2024, the petitioners appeared before the respondent municipalidad to denounce situations affecting their community, specifically: “• The existence of several businesses including: “La 19”, the soda “Pura Vida”, Licorera “Way”, and Auto decoración Byron, which present problems for the community. • (…) that since 2019 they have had problems with the liquor store, the sale of liquor, drug sales, drug consumption, and loud music scandals; they also indicated on that occasion that in recent years there were shootouts against their house, specifically pointed out by Mr. [Name 003]. • Excessive noise causing noise pollution problems for the community (…)”. At the session on August 29, 2024, itself, the Concejo Municipal de Pococí agreed: “Regarding the alleged irregularities carried out by several businesses in Guápiles affecting the communities of Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 and 2, and the quadrant, a working group is convened with the following institutions and departments of the municipalidad: Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos of the District of Guápiles, Fuerza Pública, affected communities (one representative from each community). The Mayor is instructed to convene the heads of the following departments: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores, and the legal department. All agreed upon, with a copy to the Ministerio de Seguridad Pública...”. On October 9, 2024, the respondent municipalidad held a working group in which the following decisions were adopted: “• It was agreed in this working group that the Municipalidad would install concrete and metal posts in the conflict zone, paint the zone yellow so that the Policía de Tránsito can act. • Request the Mayor's office to purchase a sound level meter for the Ministerio de Salud, since the complaint shows that said Ministry does not have the technological tool to expedite the handling of complaints, so the Municipalidad, in the public interest, decided to collaborate in this regard. • Conduct a site visit for the relocation of monitoring cameras in order to cover a larger perimeter and contact RACSA for this purpose. • Request the Department to notify the involved businesses about the reported irregularities.” On October 22, 2024, the respondent municipalidad held a second working group in which the following agreements were made: “• Mark the conflict zone in yellow so that police may intervene there when required. • Contact Racsa to see the feasibility of moving the cameras that are near the Catholic church in the conflict zone and that they can go to the site together with Fuerza Pública to where they are most needed. • Coordinate a working group with engineer Raúl Jiménez Guevara of the Dirección General de Tránsito together with Mr. Ronald Céspedes Mora, his regional chief of the Policía de Tránsito, to analyze the issue of street demarcation at the conflict point. • Create a chat group with the institutions to coordinate the topic of the operations to be carried out. • Carry out a joint operation with the institutions. • Add Lic. Elberth González Ramírez of the Ministerio de Obras Públicas to the operations chat. • Consult Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinator of the Patentes department, if she has already notified the licensees where the problem is occurring.” The respondent municipalidad carried out inspections on October 15 and 23 at the commercial establishment “Auto Decoración Bairon” and did not detect any anomaly. Through official letter no. DPCC-186-2024 of December 4, 2024, the respondent local government informed the petitioners that “auto decoration is compatible with the land use (uso de suelo) defined in the current Plan Regulador of the canton of Pococí, due to the zoning corresponding to the property.”\n\nFrom this panorama, the intervention of this constitutional jurisdiction is necessary in the sub iudice.\n\nIn this regard, although it is observed that the respondent municipalidad has carried out some actions aimed at addressing the complaints filed by the petitioners, it is no less true that the materialization of the measures agreed upon to address the matter in question is not verified.\n\nTo that extent, the respondent authority does not detail having executed the actions that were decided in the working groups held the previous year. Thus, for example, note that in the very report rendered in the sub lite, the respondent local government argues that “Regarding the placement of retractable posts, relocation of cameras, and demarcation of the zone in yellow, the Municipalidad is currently coordinating to make effective these actions that are considered to yield positive results for the denounced problem”; however, it does not even specify any probable date for the execution of the measures in question. Also, it is observed that among the adopted agreements was “to carry out a joint operation with the institutions”; however, the case file does not show that any type of operation was carried out on any specific date.\n\nThus, it is proven that a disproportionate period has elapsed without due attention and resolution of the denounced problem, so it is appropriate to grant the recurso, under the terms indicated in the operative part of this pronouncement.\n\nFinally, it is worth noting that it is not up to this Chamber to determine whether the commercial activity of an establishment is properly compatible with the land use (uso de suelo) established for a specific site according to ordinary legislation. To that extent, if the petitioners disagree with what the respondent municipalidad indicated regarding that aspect concerning the vehicle decoration establishment mentioned in their filing brief, they must raise the corresponding arguments before the competent ordinary instances. (…)”\n\n\n\n... See more\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice\n\n**Subtopics:**\n\nNO APLICA.\n\nARTICLE 41 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- ON THE EXCEPTION OF ARTICLE 41 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contencioso-administrativa jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception is raised, as this is a complaint regarding security and health problems, which is alleged not to have been addressed within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation claimed in this amparo. (…)” VCG07/2025\n\n... See more\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Separate note\n\n**Branch of Law:** 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice\n\n**Subtopics:**\n\nNO APLICA.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Courts of the Contencioso-Administrativo and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the recurso de amparo established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court should modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contencioso-administrativo jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVCG07/2025\n\n... See more\n**Text of the resolution**\n\n\n\nExp: 25-012304-0007-CO\n\nRes. No. 2025018830\n\n \n**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours twenty minutes on June twentieth, two thousand twenty-five.\n\n \nRecurso de amparo processed under expediente no. 25-012304-0007-CO, filed by Name01, identity card CED05, Name02, identity card CED06, Name03, identity card CED07, Name04, identity card CED08, Name05, identity card CED09, Name06, identity card CED10, Name07, identity card CED11, Name08, identity card CED12, and Name09, identity card CED13, against the MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.\n\n**Resultando:**\n\n \n1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber on May 5, 2025, the petitioners file a recurso de amparo. They state that since 2019, a series of situations have been occurring in their community that grossly threaten the peaceful coexistence of the place where they reside, since public roads have become a gathering and party site – clandestine – in plain sight and with the patience of the authorities, specifically, the municipal ones. They detail that \"On August 29, 2024, some of us who signed this recurso de amparo appeared before the Concejo Municipal de Pococí to expose the situation we face. On that occasion, we stated that we have a street analogous to the famous 'Address01' (near the Rodrigo Facio campus of the Universidad de Costa Rica), because there is a growing consumption of liquor on public roads, which is aggravated by the sale and consumption of drugs; without neglecting, of course, the scandal that is generated, not only with the people who are consuming, but with the music they play to liven up their 'parties.' 3. Furthermore, the use of firearms by those participating in said parties is frequent, to such an extent that, on one occasion when shots were fired, one of the bullets struck the wall of a neighboring residence. Fortunately, there were no major consequences; but this, without a doubt, reflects the situation to which we are exposed. At the session of the Concejo Municipal, held on August 29, 2024 - see case file -, that collegial body agreed, unanimously, to convene a working group 'with the following institutions and departments of the municipalidad: * Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos of the District of Guápiles, Fuerza Pública, affected communities (one representative from each community). The Mayor is instructed to convene the heads of the following departments: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores, and the legal department. All agreed upon, with a copy to the Ministerio de Seguridad Pública.' This is recorded in official letter SNE-1613-2024, of September 12, 2024, which corresponds to the transcription of what was agreed by the cited Council in Ordinary Session No. 57, Minutes No. 57, Article II, Agreement No. 1559, which is attached as Documentary Evidence of this recurso de amparo. Subsequently, the residents of Llamas del Bosque and Los Almendros sent the municipal department Unidad de Control Constructivo a formal request to comment on the land use (uso de suelo) granted to the property registered with the Registry under farm number Address02, where the establishment called 'Auto Decoración Bairon' operates, as it is one of the establishments where those who later move the party to the communities' public roads gather. Through official letter DPCC-186-2024, of December 4, 2024, we were given a response that is clearly insufficient, because it merely explains the nature of the land use certificate (certificado de uso de suelo), without directly referring to the operation of said commercial establishment. This, without a doubt, leaves us in an absolute state of insecurity and defenselessness, since it is the municipalidad itself that evades complying with the constitutional mandate to attend to local interests.\" Based on the described situation, they believe their fundamental rights were violated. They request that the recurso be granted.\n\n2.- Through a resolution at 3:22 p.m. on May 7, 2025, the Presidency of the Chamber processed the case and requested a report from the mayor and the president of the Concejo Municipal de Pococí.\n\n3.- Through a brief added to the expediente on May 15, 2025, Manuel Hernández Rivera and Juan Mauricio Mora Cruz, in their order, mayor and president of the Concejo Municipal, both of the Municipalidad de Pococí, report: “Background: In order to comply with the order of the Sala Constitucional, this office requested a report from the competent units on the actions taken in relation to the facts alleged by the residents, for this purpose the following is noted: • Regarding the appearance before the Concejo Municipal: It is recorded in municipal records, according to the Ordinary Session of August 29, 2024, Minutes No. 57, Agreement 1559, that the following persons appeared before the Concejo Municipal: Mr. Marco Antonio Muñoz Rojas, ID: CED01, Mr. Name03. ID. CED02. Resident of Address03, Mr. Name10, identity card No. CED03, Mr. Marco Antonio Muñoz Rojas, Giovanny Guerrero García, identity card No. CED04, representing the residents of Address03, Address04, and surrounding neighborhoods, denouncing the following: • The existence of several businesses including: 'La 19', the soda 'Pura Vida', Licorera 'Way', and Auto decoración Byron, which present problems for the community. • They indicate that since 2019 they have had problems with the liquor store, the sale of liquor, drug sales, drug consumption, and loud music scandals; they also indicated on that occasion that in recent years there were shootouts against their house, specifically pointed out by Mr. Name03. • Excessive noise causing noise pollution problems for the community. • They also point out that numerous calls were made to 911, requesting the presence of the Fuerza Pública, and the OIJ. A complaint was also filed with the Ministerio de Salud, however, they indicate that they did not obtain the desired response. • In that same hearing, the residents presented a document signed by community residents to the Concejo Municipal. Regarding what was indicated by the residents, it is necessary to cite the actions that the Municipalidad, through the Concejo Municipal and different Administration departments, has developed both on its own and in coordination with other public institutions, to address the problem denounced in 2024, as recorded below: First: Actions taken by the Concejo Municipal: As demonstrated by the certified documentation attached hereto, the response from the Concejo Municipal to the residents' complaints, recorded from the year 2024, was attended to in a timely manner with the following actions: 1. In the hearing on August 29, 2024, that is, the same day the complaint was filed by the complaining residents, the Concejo Municipal adopted the following agreement convening an inter-institutional working group to address the matter: Call for the first working group: 'Unanimously IT IS AGREED: Regarding the alleged irregularities carried out by several businesses in Guápiles affecting the communities of Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 and 2, and the quadrant, a working group is convened with the following institutions and departments of the municipalidad: Comisión Municipal de Seguridad, Síndicos of the District of Guápiles, Fuerza Pública, affected communities (one representative from each community). The Mayor is instructed to convene the heads of the following departments: Gestión Ambiental, Patentes, Inspectores, and the legal department. All agreed upon, with a copy to the Ministerio de Seguridad Pública...'. 2. Through official letter SMP-1913-2024, Agreement No. 1894 is communicated, adopted in Extraordinary Session No. 69 of 10-16-2024, where it is recorded that the session or working group was effectively held, with the representatives of the complaining residents, municipal officials, and Fuerza Pública, was carried out on October 9, 2024; in said session, the consensus was reached to: • Call a second working group: For October 22, 2024, the Concejo Municipal promotes a second working group, since as a result of the first meeting on October 9, the need to convene more institutions was determined to develop a joint operation to address the denounced situation; the participation of the Policía de Tránsito, Ministerio de Salud, PANI, MIGRACIÓN, OIJ, FUERZA PÚBLICA, GESTIÓN AMBIENTAL, PATENTES, INSPECTORES, DIRECCIÓN JURÍDICA, AND COMISIÓN DE SEGURIDAD was required. • It was agreed in this working group that the Municipalidad would install concrete and metal posts in the conflict zone, paint the zone yellow so that the Policía de Tránsito can act. • Request the Mayor's office to purchase a sound level meter for the Ministerio de Salud, since the complaint shows that said Ministry does not have the technological tool to expedite the handling of complaints, so the Municipalidad, in the public interest, decided to collaborate in this regard. • Conduct a site visit for the relocation of monitoring cameras in order to cover a larger perimeter and contact RACSA for this purpose. • Request the Department to notify the involved businesses about the reported irregularities. 3. Report of the Second Working Group: Through official letter 169-2024, the Secretariat of Council Commissions transcribes the report of the working group meeting on October 22, 2024, where it was agreed: • That the representative of the Ministerio de Obras Públicas, Eng. Raúl Jimenez Guevara, conduct a site visit to the conflict site to demarcate the area in yellow. • Placement of retractable posts and prohibition signs in the conflict zone. • Carrying out constant operations, requesting the list of officials for the operations and a minute or report of results. Through official letter SMP-2033, the Concejo Municipal notifies the Department of Patentes and the Administration of the agreements reached in the working group on 10/22/2024 where it was agreed Unanimously: Based on the recommendations issued by the working group that was held to solve the problem that is occurring on the boulevard of Guápiles on the street known as 'Address05', Therefore, IT IS AGREED: • Mark the conflict zone in yellow so that police may intervene there when required. • Contact Racsa to see the feasibility of moving the cameras that are near the Catholic church in the conflict zone and that they can go to the site together with Fuerza Pública to where they are most needed. • Coordinate a working group with engineer Raúl Jiménez Guevara of the Dirección General de Tránsito together with Mr. Ronald Céspedes Mora, his regional chief of the Policía de Tránsito, to analyze the issue of street demarcation at the conflict point. • Create a chat group with the institutions to coordinate the topic of the operations to be carried out. • Carry out a joint operation with the institutions. • Add Lic. Elberth González Ramírez of the Ministerio de Obras Públicas to the operations chat. • Consult Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinator of the Patentes department, if she has already notified the licensees where the problem is occurring. Second: Actions taken by the Municipal Administration, Department of Patentes and Municipal Inspectores: As part of the actions taken in the working groups, where it was requested to organize site inspections, the Department of Patentes, in its official letter PAT-130-2025, points out that the complaints were attended to in a timely manner in October 2024; within the proceedings carried out by the municipal inspectors, it was verified that at the time of the inspections, the business called 'Auto Decoración Bairon' was operating within established norms, indicating that no improper occupation of public roads was found. To prove what was indicated, field cards issued by the Municipal Inspector called 'fichas de inspección ocular' (visual inspection cards) dated October 15 and 23, 2024, are attached, noting that no anomaly is present at the commercial establishment. Third: Regarding the Land Use (Uso de Suelo) for the property registered under number Address06: As verified by Eng. Jean Carlo Ruíz, coordinator of the Department of Control Constructivo and responsible for issuing USOS DE SUELO, through official letter DPCC-077-2025, it is noted that through official letter DPCC-186-2024, a response was given to the affected residents regarding the land use (uso de suelo) granted to the property registered under Address07, intended for the auto decoration activity. Eng. Ruíz continues to indicate that the official letter clearly explains the nature of the land use certificate (certificado de uso de suelo), but not concerning the activity carried out therein, since by competence, regarding the topic of the establishment's operation within its commercial line of business, it falls outside the scope of what accredits the issuance of a CERTIFICADO DE USO DE SUELO. In this sense, this Municipalidad considers that the residents are not correct in indicating that the cited official letter leaves them in a state 'of insecurity and defenselessness,' since its purpose was precisely to clarify the scope and limitations of the land use certificate (certificado de uso de suelo) in relation to the consultation raised, and therefore, far from harming the residents, the document offers a technical and normative explanation on the subject. Likewise, observe that regarding the conformity granted for the type of activity, official letter DPCC-186-2025 points out that auto decoration is compatible with the land use (uso de suelo) defined in the current Plan Regulador of the canton of Pococí, due to the zoning corresponding to the property. Said conformity is supported by the fact that the property is located in front of one of the district's main roads, where there is a high concentration of commercial activities, and furthermore, as it is a corner lot, it favorably meets the location conditions for its approval; likewise, the reviewed farm previously had other land uses (usos de suelo) that endorse commercial activity according to the current urbanistic zone. In this understanding, the allegations made by the petitioners regarding aspects such as citizen security, disturbances on public roads, drug consumption, or scandals, are aspects that were properly addressed by the Concejo Municipal, Department of Patentes, and Municipal Inspectores in coordination with other institutions such as the Fuerza Pública, Tránsito, etc.; they are not situations that should be observed in a land use certification (certificación de uso de suelo), as erroneously intended by the complaining residents. Other actions: Regarding the placement of retractable posts, relocation of cameras, and demarcation of the zone in yellow, the Municipalidad is currently coordinating to make effective these actions that are considered to yield positive results for the denounced problem. Pursuant to the foregoing, it is concluded: It is clear to this municipality, that ensuring what we know as 'local interests and services' is a constitutional obligation for local governments. That is why, for several years, we have been executing actions aimed at proper management of commerce within the Canton, which is regulated by Law 8582 de Patentes del Cantón de Pococí, as well as its Regulations and other related laws. The Municipalidad has a body of inspectors that constantly organizes operations in response to citizen complaints; we are aware of the unavoidable duty to protect a healthy and ecologically balanced environment; our represented entity addresses complaints in a timely manner, and as demonstrated in the case under analysis, all corresponding municipal apparatus is convened and activated, as well as inter-institutional organization, clearly acting under the limitation of each one's competencies.\n\nThe Canton of Pococí has been gradually growing in population and commerce for several years, which forces us to mobilize resources as part of the process and planning we have been progressively undertaking to address these types of situations. In this regard, coordination is intended with the Ministry of Health for the acquisition of the appropriate technological tool to measure and certify noise pollution (contaminación sónica); this is an act within the exclusive competence of that entity; however, it is also an indispensable test for establishing municipal administrative procedures against businesses that fail to comply with regulations, which obliges us to cooperate on an inter-institutional basis. For its part, the Department of Environmental Management is coordinating with the Department of Public Works for the possible installation of folding bollards (postes abatibles) and other posts to delineate vehicle parking in the reported area, which in our judgment will prevent the situation from reactivating. Given that the competencies of each institution are set forth in the regulations supporting their actions, the Local Government has served as a coordinating body with the other Public Institutions in order to provide adequate attention to the complaints. Specifically, regarding the situation reported by the neighbors in August 2024, this Local Government attended to it in a timely manner; however, it is important, with all due respect, to point out to the honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) that each institution, within its own bodies and legal powers, has been notified of the situation. The Public Force (Fuerza Pública), Ministry of Health, Judicial Investigation Organization (OIJ), and others already mentioned all have full knowledge of the reported facts and must, on their own, continue with the actions within their purview. Currently, the municipal records show no further complaints or statements from the neighbors regarding the situation under analysis; nonetheless, in this regard, the action plan will be resumed, continuing the monitoring of the area to keep intervening whenever necessary.”.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\n\n\nI.- REGARDING THE EXCEPTION OF ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative dispute jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises, as this involves a complaint related to security and health problems, which is alleged not to have been addressed within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation claimed in this amparo.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellants state that since 2019 their community has suffered a series of situations affecting peaceful coexistence, as public roads have become sites of clandestine parties and disorder. They argue that on August 29, 2024, they presented to the municipality situations such as the following: “there is increasing consumption of liquor on the public road, which is aggravated by the sale and consumption of drugs; not to mention, of course, the disturbance caused not only by the people consuming but also by the music they play to liven up their \\\"parties.\\\" 3. Even the use of firearms by those participating in these parties is frequent, to such an extreme that, on one occasion when shots were fired, one of the bullets hit the wall of a neighbor's dwelling.” They recount that, in the session of August 29, 2024, the Municipal Council of Pococí agreed to convene a task force (mesa de trabajo) to address the situation. Likewise, they indicate that they subsequently sent the respondent local government a request to address the “land use (uso de suelo) granted to the property registered before the Registry with plot number 7-94955-000, in which the establishment called \\\"Auto Decoración Bairon\\\" operates, since it is one of the establishments where those who later move the party to the public roads of the communities gather”; however, they consider that the response given to them is insufficient to address the reported problems, as this is one of the establishments where the indicated clandestine parties begin. They consider that the respondent municipality's lack of action to address the reported problems violates their fundamental rights.\n\nIII. PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na. On August 29, 2024, the claimants appeared before the respondent municipality to report situations affecting their community, specifically: “• The existence of several businesses, including: “La 19”, the soda “Pura Vida”, Licorera “Way”, and Auto decoración Byron, which present problems for the community. • (…) that since 2019 there have been problems with the liquor store, liquor sales, drug sales, drug use, and musical disturbances; they also stated on that occasion that in recent years there were shootouts directed at their house, specifically pointed out by Mr. Nombre03. • Excessive noise causing noise pollution problems to the community (…)”. (Report of the respondent authority).\n\nb. In the session of the very same August 29, 2024, the Municipal Council of Pococí agreed: “Regarding the alleged irregularities involving several businesses in Guápiles affecting the communities of Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 and 2, and the quadrant, a task force is convened with the following institutions and municipal departments: Municipal Security Commission, District Trustees of Guápiles, Public Force, affected communities (one representative from each community). The Mayor is instructed to convene the heads of the following departments: Environmental Management, Business Licenses (Patentes), Inspectors, and Legal Department. All agreed, with a copy to the Ministry of Public Security...”. (Report of the respondent authority).\n\nc. On October 9, 2024, the respondent municipality held a task force where the following decisions were adopted: “• It was agreed in this task force that the Municipality would install concrete and metal posts in the conflict zone and paint the area yellow so that the Traffic Police can act. • Request the Mayor's Office to purchase a sound level meter (sonómetro) for the Ministry of Health, since it is clear from the complaint that said Ministry does not have the technological tool to expedite attention to the complaints, so the Municipality, in the public interest, decided to collaborate in this regard. • Conduct a site visit for the relocation of surveillance cameras in order to cover a larger perimeter and contact RACSA for that purpose. • Request the Department to notify the involved businesses of the reported irregularities.”. (Report of the respondent authority).\n\nd. On October 22, 2024, the respondent municipality held a second task force where the following agreements were made: “• Mark the conflict zone in yellow so that traffic authorities can intervene when required. • Contact Racsa to assess the feasibility of moving the cameras located near the Catholic church in the conflict zone and to visit the site jointly with the Public Force to determine where they are most needed. • Coordinate a task force with engineer Raúl Jiménez Guevara from the General Directorate of Transit together with Mr. Ronald Céspedes Mora, his regional chief of the traffic police, to analyze the issue of road demarcation at the conflict point. • Create a joint chat with the institutions to coordinate the topic of operations to be carried out. • Conduct a joint operation with the institutions. • Add Mr. Elberth González Ramírez of the Ministry of Public Works to the operations chat. • Consult Ms. Vera Jiménez Villalobos, coordinator of the Business Licenses department, whether she has notified the license holders where the problem is occurring.”. (Report of the respondent authority).\n\ne. The respondent municipality conducted inspections on October 15 and 23 at the commercial establishment “Auto Decoración Bairon” and did not detect any anomaly. (Report of the respondent authority).\n\nf. Through official letter no. DPCC-186-2024 of December 4, 2024, the respondent local government informed the claimants that “auto decoration is compatible with the land use defined in the current Regulatory Plan (Plan Regulador) of the canton of Pococí, due to the zoning corresponding to the property.”. (Report of the respondent authority).\n\nIV.- UNPROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this matter, it is deemed not proven that the respondent authority has executed the actions agreed upon in the task forces to address the reported problems.\n\nV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellants state that since 2019 their community has suffered a series of situations affecting peaceful coexistence, as public roads have become sites of clandestine parties and disorder. They argue that on August 29, 2024, they presented to the municipality situations such as the following: “there is increasing consumption of liquor on the public road, which is aggravated by the sale and consumption of drugs; not to mention, of course, the disturbance caused not only by the people consuming but also by the music they play to liven up their \\\"parties.\\\" 3. Even the use of firearms by those participating in these parties is frequent, to such an extreme that, on one occasion when shots were fired, one of the bullets hit the wall of a neighbor's dwelling.” They recount that, in the session of August 29, 2024, the Municipal Council of Pococí agreed to convene a task force to address the situation. Likewise, they indicate that they subsequently sent the respondent local government a request to address the “land use granted to the property registered before the Registry with plot number 7-94955-000, in which the establishment called \\\"Auto Decoración Bairon\\\" operates, since it is one of the establishments where those who later move the party to the public roads of the communities gather”; however, they consider that the response given to them is insufficient to address the reported problems, as this is one of the establishments where the indicated clandestine parties begin. They consider that the respondent municipality's lack of action to address the reported problems violates their fundamental rights.\n\nFrom the study of the case record, it is proven that, on August 29, 2024, the claimants appeared before the respondent municipality to report situations affecting their community, specifically: “• The existence of several businesses, including: “La 19”, the soda “Pura Vida”, Licorera “Way”, and Auto decoración Byron, which present problems for the community. • (…) that since 2019 there have been problems with the liquor store, liquor sales, drug sales, drug use, and musical disturbances; they also stated on that occasion that in recent years there were shootouts directed at their house, specifically pointed out by Mr. Nombre03. • Excessive noise causing noise pollution problems to the community (…)”. In the session of the very same August 29, 2024, the Municipal Council of Pococí agreed: “Regarding the alleged irregularities involving several businesses in Guápiles affecting the communities of Llamas del Bosque, Los Almendros, El Jardín, Santa Cecilia 1 and 2, and the quadrant, a task force is convened with the following institutions and municipal departments: Municipal Security Commission, District Trustees of Guápiles, Public Force, affected communities (one representative from each community). The Mayor is instructed to convene the heads of the following departments: Environmental Management, Business Licenses, Inspectors, and Legal Department. All agreed, with a copy to the Ministry of Public Security...”. On October 9, 2024, the respondent municipality held a task force where the following decisions were adopted: “• It was agreed in this task force that the Municipality would install concrete and metal posts in the conflict zone and paint the area yellow so that the Traffic Police can act. • Request the Mayor's Office to purchase a sound level meter for the Ministry of Health, since it is clear from the complaint that said Ministry does not have the technological tool to expedite attention to the complaints, so the Municipality, in the public interest, decided to collaborate in this regard. • Conduct a site visit for the relocation of surveillance cameras in order to cover a larger perimeter and contact RACSA for that purpose. • Request the Department to notify the involved businesses of the reported irregularities.”. On October 22, 2024, the respondent municipality held a second task force where the following agreements were made: “• Mark the conflict zone in yellow so that traffic authorities can intervene when required. • Contact Racsa to assess the feasibility of moving the cameras located near the Catholic church in the conflict zone and to visit the site jointly with the Public Force to determine where they are most needed. • Coordinate a task force with engineer Raúl Jiménez Guevara from the General Directorate of Transit together with Mr. Ronald Céspedes Mora, his regional chief of the traffic police, to analyze the issue of road demarcation at the conflict point. • Create a joint chat with the institutions to coordinate the topic of operations to be carried out. • Conduct a joint operation with the institutions. • Add Mr. Elberth González Ramírez of the Ministry of Public Works (MOPT) to the operations chat. • Consult Ms. Vera Jiménez Villalobos, coordinator of the Business Licenses department, whether she has notified the license holders where the problem is occurring.”. The respondent municipality conducted inspections on October 15 and 23 at the commercial establishment “Auto Decoración Bairon” and did not detect any anomaly. Through official letter no. DPCC-186-2024 of December 4, 2024, the respondent local government informed the claimants that “auto decoration is compatible with the land use defined in the current Regulatory Plan of the canton of Pococí, due to the zoning corresponding to the property.”.\n\nFrom this perspective, in the sub iudice case, the intervention of this constitutional jurisdiction is necessary.\n\nIn this regard, while it is observed that the respondent municipality has carried out some actions aimed at addressing the complaints filed by the appellants, it is no less true that the materialization of the measures agreed upon to address the matter in question is not verified.\n\nTo that extent, the respondent authority does not detail having carried out the actions that were decided upon in the task forces held the previous year. Thus, for example, note that in the report rendered in the sub lite case, the respondent local government argues that “Regarding the placement of folding bollards, relocation of cameras, and demarcation of the area in yellow, the Municipality is currently coordinating to make these actions effective, which are considered to yield positive results for the reported problems”; however, it does not even specify any likely date for the execution of the measures in question. Also, it is observed that among the adopted agreements was “conduct a joint operation with the institutions”; however, from the case record, it does not appear that any type of operation was carried out on any specific date.\n\nThus, it is evident that a disproportionate period has elapsed without due attention and resolution of the reported problems, making it appropriate to grant the appeal, under the terms indicated in the operative part of this ruling.\n\nFinally, it bears emphasizing that it is not within this Chamber's purview to determine whether the commercial activity of an establishment is properly compatible with the land use established for a specific site under ordinary law. To that extent, if the appellants are dissatisfied with what the respondent municipality indicated regarding that aspect with respect to the vehicle decoration shop they point out in their filing, they must raise the corresponding arguments before the competent ordinary courts.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a party alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Administrative Dispute Tribunals and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the remedy of amparo established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative dispute jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. Parties are cautioned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic Expediente before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\n\nThe appeal is granted. Manuel Hernández Rivera and Juan Mauricio Mora Cruz, in their respective capacities as mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Pococí, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate the pertinent actions, take the necessary measures, and issue the corresponding orders within the scope of their respective competencies, so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, the relevant actions are executed to address and resolve the situations reported by the claimants. The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order issued in an amparo proceeding that they must fulfill or enforce, and do not fulfill it or do not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Pococí is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the administrative dispute jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Notify.\n\n\n\n\n\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n KC2Z1S4X9LS61\n\nEXPEDIENTE N° 25-012304-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:52:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }