{ "id": "nexus-sen-1-0007-1317682", "citation": "Res. 20062-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho a información jurídica y atención médica de privados de libertad", "title_en": "Right to Legal Information and Medical Care for Prisoners", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de hábeas corpus interpuesto por un privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. El recurrente reclama que, pese a que un juzgado ordenó la unificación de penas hace más de dos años, no recibió información sobre el nuevo cómputo, desconociendo el tiempo total de su condena. También alega falta de atención médica y deficiencias en alimentación. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso. Respecto a la información sobre la unificación de penas, se acredita que la ficha fue actualizada en febrero de 2024, pero no se notificó al tutelado sino hasta junio de 2025, tras la interposición del recurso, lo que vulnera su derecho fundamental a la información. Se acoge para efectos indemnizatorios. En cuanto a las condiciones médicas y alimentarias, ante la omisión de las autoridades de referirse a estos hechos, se tienen por ciertos en virtud del artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ordenando valoración médica y verificación de alimentación adecuada en un plazo de tres días. Se rechaza el reclamo sobre limitación de telecomunicaciones por falta de prueba.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears a habeas corpus petition filed by an inmate at the CAI Jorge Arturo Montero Castro. The petitioner claims that, although a court ordered the unification of sentences over two years ago, he was not informed of the new sentence computation, leaving him unaware of his total sentence. He also alleges lack of medical care and inadequate food. The Chamber grants the petition in part. Regarding the sentence unification information, it is proven that the information sheet was updated in February 2024, but the petitioner was not notified until June 2025, after the habeas corpus was filed, violating his fundamental right to information. Relief is granted for damages purposes. As to medical and food conditions, since the authorities failed to address these facts, they are deemed true under Article 23 of the Constitutional Jurisdiction Law; the Chamber orders a medical evaluation and verification of adequate nutrition within three days. The claim regarding telecommunications limitations is dismissed for lack of evidence.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "27/06/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "hábeas corpus", "privados de libertad", "cómputo de pena", "unificación de penas", "artículo 23 Ley de la Jurisdicción Constitucional", "tortuguismo administrativo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 23", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "hábeas corpus", "derecho a la información", "privados de libertad", "unificación de penas", "cómputo de pena", "atención médica", "alimentación adecuada", "artículo 23 Ley de la Jurisdicción Constitucional", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "habeas corpus", "right to information", "prisoners", "sentence unification", "sentence computation", "medical care", "adequate food", "Article 23 Constitutional Jurisdiction Law", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "Dicha resolución fue recibida por la Unidad de Cómputo de Penas el 19 de febrero de 2024, y la ficha de información del privado de libertad fue actualizada el 29 de febrero de 2024, según consta en el sistema institucional. No obstante, ha quedado debidamente acreditado que la comunicación efectiva al tutelado de dicha información —referida a un aspecto central de su situación jurídica— no se realizó sino hasta el 19 de junio de 2025, fecha en que las autoridades penitenciarias fueron notificadas del curso del presente proceso de garantía y, en consecuencia, procedieron a entregar la ficha de información respectiva al amparado.\n\nDicho lapso de más de un año y tres meses entre la actualización del cómputo oficial y su notificación efectiva al tutelado, resulta irrazonable y lesivo a su derecho fundamental a la información sobre su situación jurídica, máxime cuando se trata de una persona privada de libertad.\n\nPor otra parte, dado que la directora a. i. y el director de la Clínica La Reforma, ambos funcionarios del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, omitieron pronunciarse en su informe sobre las condiciones de atención médica y alimentación del tutelado, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos alegados por el recurrente en este extremo.", "excerpt_en": "Said resolution was received by the Sentence Computation Unit on February 19, 2024, and the inmate's information sheet was updated on February 29, 2024, as recorded in the institutional system. However, it has been duly proven that the effective communication of this information to the petitioner—referring to a central aspect of his legal situation—did not occur until June 19, 2025, when the prison authorities were notified of the course of this habeas corpus proceeding and, consequently, proceeded to deliver the respective information sheet to the petitioner.\n\nThis period of more than one year and three months between the updating of the official computation and its effective notification to the petitioner is unreasonable and harmful to his fundamental right to information about his legal situation, especially considering he is a person deprived of liberty.\n\nOn the other hand, given that the acting director and the director of the La Reforma Clinic, both officials of the Jorge Arturo Montero Castro Institutional Care Center, failed to address in their report the conditions of medical care and food of the petitioner, pursuant to Article 23 of the Constitutional Jurisdiction Law, the facts alleged by the petitioner in this regard are deemed true.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The petition is partially granted. It is upheld regarding the failure to notify the unified sentence computation (for damages purposes) and the omissions in medical care and food, ordering corrective actions. The claim regarding telecommunications is dismissed.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se acoge en cuanto a la falta de notificación del cómputo unificado de penas (para efectos indemnizatorios) y por las omisiones en atención médica y alimentación, ordenando acciones correctivas. Se rechaza el reclamo sobre telecomunicaciones." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This period of more than one year and three months between the updating of the official computation and its effective notification to the petitioner is unreasonable and harmful to his fundamental right to information about his legal situation, especially considering he is a person deprived of liberty.", "quote_es": "Dicho lapso de más de un año y tres meses entre la actualización del cómputo oficial y su notificación efectiva al tutelado, resulta irrazonable y lesivo a su derecho fundamental a la información sobre su situación jurídica, máxime cuando se trata de una persona privada de libertad." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "persons deprived of liberty are under a containment regime derived from their legal situation; this does not exempt the State from its duty to guarantee minimum conditions of human dignity, which include adequate food and timely access to medical care.", "quote_es": "las personas privadas de libertad se encuentran bajo un régimen de contención derivado de su situación jurídica, ello no exime al Estado de su deber de garantizar condiciones mínimas de dignidad humana, entre las que se incluyen la alimentación adecuada y el acceso oportuno a la atención médica." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "It is ordered... to carry out all actions within their scope of competence and coordinate as necessary, so that within THREE DAYS from notification of this judgment, the petitioner be evaluated at La Reforma Clinic and it be verified whether he receives adequate food.", "quote_es": "Se ordena... llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro de su ámbito de competencias y coordinen lo necesario, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir la notificación de esta sentencia, el amparado sea valorado en la Clínica La Reforma y se verifique si recibe una adecuada alimentación." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1317682", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 20062 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-017555-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de hábeas corpus\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-017555-0007-CO\n\nRes. Nº 2025020062\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de habeas corpus que se tramita en expediente número No. 25-017555-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 19 de junio de 2025, el recurrente interpone un recurso de habeas corpus, contra MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ. Manifiesta que se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, en condición de sentenciado. Indica que hace más de 2 años interpuso recurso de unificación de penas, el cual fue declarado con lugar en el expediente nro. 22-008627-549-PE perteneciente al Circuito Judicial de Alajuela. Señala que el juez en relación con la solicitud de unificación de causas ordenó en el Por Tanto que “tienen 10 días hábiles para la confección de un nuevo computo de pena al privado de libertad” (sic). Aduce que la orden se realizó para el CAI y el Instituto Nacional de Criminología (INC). Reclama que a pesar de lo anterior, ha agotado la vía administrativa con el área jurídica y la Dirección de ese CAI, sin que se le hayan brindado respuesta alguna. Detalla que no cuenta con el recibo de las solicitudes realizadas, dado que a los cables no se les anota el recibido. Cuestiona que al día que acude a la Sala, han transcurrido más de 2 años desde que se ordenó la unificación de penas, sin que conozca el monto total de la condena a descontar ya que no se le ha brindado información alguna de parte de las autoridades recurridas sobre el cómputo de pena. De igual forma, alega que lleva más de un año solicitando al área médica que lo atienda en Consulta Externa; sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna. Arguye que la situación que viven en ese CAI por limitación de la comida, de las telecomunicaciones y la falta de atención médica es una tortura. Asegura que la actuación de las recurridas es un “tortuguismo administrativo”, que violenta sus derechos fundamentales a la salud e información. Por lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias que este implique.\n\n2.- Mediante la resolución de las 11:53 horas del 19 de junio de 2025, se dio curso a este proceso.\n\n3.- Informa bajo juramento Viviana Ramírez Cubillo, en su condición de jefa de la Unidad de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología, quien manifiesta lo siguiente: “… De conformidad con el expediente administrativo N° 017397-MJ-2007 del Instituto Nacional de Criminología, el recurrente se encuentre recluido en el CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), en condición de SENTENCIADO descontando una pena de 25 AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, en causa penal Nº 17-000020-515-UNI, según resolución Nº 2024-000997 de fecha 09 de febrero del 2024 emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, por el delito de coacción, comercio de drogas y robo agravado, en perjuicio de Salud Pública y otros, por hechos ocurridos el 01 de febrero del 2017, 31 de octubre del 2015, 15 de noviembre del 2015 y 21 de diciembre del 2015. Con un periodo de prisión preventiva que va del 26 de mayo del 2017 al 13 de agosto del 2017, del 20 de noviembre del 2015 al 09 de diciembre del 2015 y del 14 de agosto del 2017 al 11 de setiembre del 2017 para un total de 129 días. Inició la ejecución de esta sentencia en fecha 12 de setiembre del 2017 y cumple con descuento en fecha 10 de febrero del 2038. SEGUNDO: Consta en el expediente administrativo del recurrente resolución Nº 2024 997 de fecha 09 de febrero del 2024 emitida por el Lic. Roy Murillo Rodríguez, Juez del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, bajo expediente Nº 22-008627-549-PE, donde declara con lugar la unificación de las causas penales Nº15-4265-057-PE, Nº 17-20-515-PE, N°19- 50-951-PE y Nº 15-5958-59-PE, quedando una pena total de 25 años y 06 meses de prisión. Dicha resolución fue recibida vía correo electrónico en la Unidad de Cómputo de Penas en fecha 19 de febrero del 2024, motivo por el cual desde el 29 de febrero del 2024 al ser las 11:44 horas según sistema de información se puede apreciar que se encuentra actualizada la Ficha de Información de conformidad con lo resuelto por la autoridad judicial. Ver Ficha de Información. TERCERO: Es por lo anterior que no evidencia ningún error en la Ficha de Información del privado de libertad encontrándose su situación conforme a la condición jurídica del caso no existiendo ninguna dilación de parte de esta unidad en el trámite del mismo y se desconoce los motivos por los cuales desde el Centro Penal no se le ha informado al recurrente sobre la Ficha de Información. CUARTO: Ahora bien, en relación con lo alegado por el recurrente sobre la solicitud de Consulta Externa del Área Médica, la limitación de comida, de las telecomunicaciones y la falta de atención médica; deberá el centro penal donde se encuentra recluida la persona privada de libertad referirse a estos hechos al ser ajenos a las competencias de esta Unidad.”.\n\n4.- Informan bajo juramento Melissa González Gaitán y Adin Largo Cruz, por su orden directora a.i. y director de la Clínica La Reforma, ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, quienes manifiestan lo siguiente: “… A efecto de dar cumplimiento a lo requerido; se rinde informe/contestación en los términos que desglosamos: Uno) Situación jurídica de la persona privada de libertad; Nombre01, se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología en este Centro Penal en condición de SENTENCIADO, descontado pena de VEINTICINCO AÑOS, SEIS MESES, CERO DIAS de prisión, por la causa 17-000020-0515-UN, por el delito de COACCION, COMERCIO DE DROGAS y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de Nombre02, Nombre03, Nombre04, Nombre05, LA SALUD PUBLICA y otros, unificación de penas impuesta por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE ALAJUELA, inicio de ejecución penal partir del 12/09/2017, cumple con prisión 23/06/2042, cumple con descuento el 10/02/2038, tercio de la pena 20/09/2025, derecho a tramitar libertad condicional 24/09/2029. Causas unificadas 19-000050·0951·PE, 15· 005958-0059-PE, 15·004265-0057-PE, 17-000020-0515-PE. Dos) Según lo requiere la Sala Constitucional, conforme a las inconformidades del recurrente se rechazan por inexactas, al respecto se informa puntualmente en lo conducente y en lo que atañe competencia a este centro penitenciario, para lo cual se expone: Nombre06. Las manifestaciones de la persona recurrente son caracterizan por expresiones vacías sin fundamento concreto, ni prueba de las circunstancias que advierte que le afectan en lo particular, siendo imposible palpar afectación en sus derechos penitenciarios, constitucionales o fundamentales. Igualmente, como lo puede verificar la misma Sala Constitucional en los registros respectivos, el recurrente se trata de una persona plurirecurrente del sistema de justicia, en abuso del derecho, circunstancia que en medida colabora con lo que este sujeto a su vez denomina \"tortuguismo administrativo”; al tener que enfocarse los recursos penitenciarios a las reiteradas inconformidades del recurrente, ante el abuso y exceso de sus gestiones infundadas o inexactas. ii. La persona privada de libertad Nombre01, ingresó al Ámbito de Convivencia D, Modulo D5, desde el día 09/04/2025, procedente del Ámbito de Convivencia A, por medio de Nota de traslado bajo el Oficio OACA1288-2025. Lugar donde pernocta hasta la fecha, sin ningún inconveniente, riesgo o alerta en su perjuicio, ni comunicación de este a su vez, al respecto. iii. En cuanto a la falta de atención médica, se procedió a requerir Informe al área médica de fa Clínica La Reforma, siendo que por la premura de respuesta, la naturaleza del recurso que se atiende y la verificación de la condición médica y salud del recurrente que debe llevar a cabo el centro médico, el informe resultante será suministrado como prueba para mejor proveer en la primera oportunidad con que se cuente el mismo, para esta semana entrante. iv. En cuanto al tema de inconformidad referente a la unificación de penas, conforme a la situación jurídica expuesta en el punto Uno), la ficha de información adjunta -con firma de recibido por el recurrente-, así como la última valoración realizada al recurrente igualmente con firma de recibido por el administrado posteriormente al 15 de diciembre de 2023-, el mismo tiene conocimiento de las unificaciones de penas, que a través del tiempo y espacio argumentado, se han llevado a cabo a favor del mismo, por lo que se rechaza por inexacto los argumentos expuestos en este sentido v. Referente a la tramitación de cables/notas de las personas privadas de libertad, en cuanto al manejo de los recibidos, se reconoce y expone el hecho de que en este centro penitenciario sí se ejecuta la recolección de solicitudes por parte de los privados de libertad y se llevan sus respectivos controles por medio de listas o cuadernos de bitácora según sea el caso, con la colaboración de la policía penitenciaria y las áreas administrativas. Sin embargo, en cuanto a aportar medios de probanzas para la población penar, hay que admitir que el uso de papel se encuentra restringido y limitado por el costo ambiental, económico, operativo y volumen masivo que usualmente tramitan sin restricción las personas privadas de libertad, para que la administración emita un comprobante por cada solicitud. Asimismo, por su condición, no se puede imponer al solicitante la entrega de copia para recibido, por lo que, bajo el principio de eficacia y economía, los controles actuales resultan ser los más viables y efectivos al efecto. En virtud de lo anterior, según los eventos descritos, se constata la actuación diligente y oportuna en cuanto a las gestiones que compete al centro con relación al recurrente, no constatándose a la vez acto alguno que implique lesión, abuso, omisión, negligencia o amenaza a la vida e integridad física, los derechos penitenciarios y fundamentales de la persona privada de libertad en cuestión.”.\n\n5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando\n\nI.- CUESTIÓN PRELIMINAR. En vista de que la directora a.i. y el director de la Clínica La Reforma, ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro omitieron referirse en su informe sobre la atención médica y la alimentación del tutelado, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos y se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. Manifiesta el recurrente que actualmente se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. Alega que pese a que un juez ordenó hace más de dos años la confección de un nuevo cómputo de pena tras declarar con lugar un recurso de unificación de causas, no ha recibido respuesta por parte del CAI ni del Instituto Nacional de Criminología. Alega que desconoce el tiempo total de condena a cumplir. Asimismo, señala que lleva más de un año solicitando atención médica en Consulta Externa sin ser atendido. Reclama deficiencias en la alimentación, telecomunicaciones y salud. Considera que las omisiones de las autoridades recurridas vulneran sus derechos fundamentales, por lo que solicita que se acoja el recurso.\n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)   El tutelado se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, en condición de sentenciado (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nb)   El 12 de setiembre de 2017, inicia la ejecución de la pena impuesta al recurrente por los delitos de coacción, comercio de drogas y robo agravado, en diversas causas unificadas (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nc)    El 15 de diciembre de 2023, se realizó una última valoración jurídica del caso del privado de libertad, que este firmó como recibido (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nd)   El 09 de febrero de 2024, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, mediante la resolución N° 2024-000997 declaró con lugar la unificación de las causas penales N° 15-4265-057-PE, N° 17-20-515-PE, N° 19-50-951-PE y N° 15-5958-59-PE, fijando una pena total de 25 años y 06 meses de prisión (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ne)    El 19 de febrero de 2024, la resolución judicial de unificación de penas es recibida vía correo electrónico por la Unidad de Cómputo de Penas (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nf)     A las 11:44 horas del 29 de febrero de 2024 -según el sistema de información institucional- la ficha de información fue actualizada conforme a lo resuelto por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ng)   El 09 de abril de 2025, Nombre01 es trasladado desde el Ámbito de Convivencia A al Ámbito de Convivencia D, Módulo D5 del CAI Jorge Arturo Montero Castro -oficio OACA1288-2025-. Desde entonces permanece allí sin reportar inconvenientes ni riesgos personales (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nh)   El 19 de junio de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso de habeas corpus (ver actas de notificación).\n\ni)     El 19 de junio de 2025, las autoridades del CAI recurrido notificaron al tutelado de la ficha de información donde se contempla la unificación de las penas por parte del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal Constitucional, al valorar los hechos probados y la documentación incorporada al expediente, constata que la persona tutelada, Nombre01 se encuentra privada de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, en condición de sentenciado cumpliendo una pena unificada de 25 años y 6 meses de prisión, conforme a la resolución N° 2024-000997 dictada por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela el 09 de febrero de 2024, en las causas penales N° 15-4265-057-PE, N° 17-20-515-PE, N° 19-50-951-PE y N° 15-5958-59-PE.\n\nDicha resolución fue recibida por la Unidad de Cómputo de Penas el 19 de febrero de 2024, y la ficha de información del privado de libertad fue actualizada el 29 de febrero de 2024, según consta en el sistema institucional. No obstante, ha quedado debidamente acreditado que la comunicación efectiva al tutelado de dicha información —referida a un aspecto central de su situación jurídica— no se realizó sino hasta el 19 de junio de 2025, fecha en que las autoridades penitenciarias fueron notificadas del curso del presente proceso de garantía y, en consecuencia, procedieron a entregar la ficha de información respectiva al amparado.\n\nDicho lapso de más de un año y tres meses entre la actualización del cómputo oficial y su notificación efectiva al tutelado, resulta irrazonable y lesivo a su derecho fundamental a la información sobre su situación jurídica, máxime cuando se trata de una persona privada de libertad.\n\nSi bien no se ha verificado una afectación directa al contenido material de su condena, ni una prolongación indebida de su encierro, es claro que tal omisión supone una afectación evidente en detrimento de los derechos fundamentales del tutelado\n\nEn consecuencia, respecto a este extremo se declara con lugar el presente recurso únicamente para efectos indemnizatorios.\n\nV.- Por otra parte, dado que la directora a. i. y el director de la Clínica La Reforma, ambos funcionarios del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, omitieron pronunciarse en su informe sobre las condiciones de atención médica y alimentación del tutelado, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos alegados por el recurrente en este extremo.\n\nEn consecuencia, se declara con lugar el recurso en lo que respecta a esta omisión, en virtud de que, si bien las personas privadas de libertad se encuentran bajo un régimen de contención derivado de su situación jurídica, ello no exime al Estado de su deber de garantizar condiciones mínimas de dignidad humana, entre las que se incluyen la alimentación adecuada y el acceso oportuno a la atención médica.\n\nPor tanto, este Tribunal estima que dicho extremo del reclamo debe ser acogido, conforme se dispone en la parte resolutiva de la presente sentencia.\n\nVI.- Finalmente, en cuanto al alegato del accionante relacionado a una presunta limitación en el acceso a las telecomunicaciones por parte de las autoridades penitenciarias recurridas, no se ha acreditado dicha afirmación ni obra en autos prueba indiciaria que permita respaldarla. Asimismo, el recurrente no demuestra hechos concretos o individualizados que justifiquen la intervención de este Tribunal en defensa de sus derechos fundamentales. En consecuencia, respecto a este extremo del reclamo, el recurso debe declararse sin lugar.\n\nVII.- CONCLUSIÓN: En suma, se declara parcialmente lugar el recurso, como en efecto se dispone.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, respecto a la notificación del tutelado de la unificación de penas -para efectos indemnizatorios-, así como cuanto a la condición médica y la alimentación del tutelado. Se ordena a Melissa González Gaitán y Adin Largo Cruz, por su orden directora a.i. y director de la Clínica La Reforma, ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro de su ámbito de competencias y coordinen lo necesario, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir la notificación de esta sentencia, el amparado sea valorado en la Clínica La Reforma y se verifique si recibe una adecuada alimentación. Lo anterior bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de habeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En los demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n H43KR8BG43LHY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-017555-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:46:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 20062 - 2025\n\nDate of Resolution: June 27, 2025 at 09:20\n\nCase File: 25-017555-0007-CO\n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera\n\nType of Matter: Recurso de hábeas corpus\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-017555-0007-CO\n\nRes. No. 2025020062\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-seventh of June of two thousand twenty-five.\n\nHabeas corpus recourse processed in case file No. 25-017555-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.\n\nConsidering:\n\n1.- By brief received in the Sala on June 19, 2025, the petitioner files a habeas corpus recourse against MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ. He states that he is deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro, as a sentenced prisoner. He indicates that more than 2 years ago he filed a motion for unification of sentences (recurso de unificación de penas), which was granted in case file no. 22-008627-549-PE belonging to the Circuito Judicial de Alajuela. He points out that the judge, in relation to the petition for unification of cases, ordered in the Por Tanto that “they have 10 business days for the preparation of a new sentence computation for the person deprived of liberty” (sic). He argues that the order was made for the CAI and the Instituto Nacional de Criminología (INC). He claims that despite the foregoing, he has exhausted the administrative route with the legal area and the Directorate of that CAI, without having been provided any response. He details that he does not have a receipt for the requests made, given that the cables are not marked as received. He questions that as of the day he comes to the Sala, more than 2 years have passed since the unification of sentences was ordered, without his knowing the total amount of the sentence to be served since he has not been provided any information from the appealed authorities about the sentence computation. Likewise, he alleges that he has been requesting for more than a year that the medical area attend to him in Consulta Externa; however, he has not obtained any response. He argues that the situation they experience in that CAI due to limitations on food, telecommunications, and lack of medical attention is torture. He asserts that the action of the appealed parties is “administrative foot-dragging (tortuguismo administrativo),” which violates his fundamental rights to health and information. For the reasons stated, he requests that the recourse be granted, with the consequences this entails.\n\n2.- By resolution at 11:53 a.m. on June 19, 2025, this process was given course.\n\n3.- Viviana Ramírez Cubillo reports under oath, in her capacity as head of the Unidad de Cómputo de Penas of the Instituto Nacional de Criminología, who states as follows: “… Pursuant to administrative file No. 017397-MJ-2007 of the Instituto Nacional de Criminología, the petitioner is confined in the CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), as a SENTENCED prisoner, serving a sentence of 25 YEARS AND SIX MONTHS OF IMPRISONMENT, in criminal case No. 17-000020-515-UNI, according to resolution No. 2024-000997 dated February 9, 2024, issued by the Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, for the crime of coercion (coacción), drug trafficking, and aggravated robbery (robo agravado), to the detriment of Salud Pública and others, for acts occurring on February 1, 2017, October 31, 2015, November 15, 2015, and December 21, 2015. With a period of pretrial detention (prisión preventiva) ranging from May 26, 2017, to August 13, 2017; from November 20, 2015, to December 9, 2015; and from August 14, 2017, to September 11, 2017, for a total of 129 days. He began the execution of this sentence on September 12, 2017, and completes the discount on February 10, 2038. SECOND: The petitioner's administrative file contains resolution No. 2024 997 dated February 9, 2024, issued by Lic. Roy Murillo Rodríguez, Judge of the Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, under case file No. 22-008627-549-PE, where it grants the unification of criminal cases No. 15-4265-057-PE, No. 17-20-515-PE, No. 19-50-951-PE, and No. 15-5958-59-PE, resulting in a total sentence of 25 years and 06 months of imprisonment. Said resolution was received via email at the Unidad de Cómputo de Penas on February 19, 2024, which is why, as of February 29, 2024, at 11:44 hours, according to the information system, it can be seen that the Information Sheet (Ficha de Información) was updated in accordance with what was resolved by the judicial authority. See Information Sheet. THIRD: It is for the foregoing that no error is evidenced in the Information Sheet of the person deprived of liberty, his situation being in accordance with the legal status of the case, there being no delay on the part of this unit in its processing, and the reasons why the Centro Penal has not informed the petitioner about the Information Sheet are unknown. FOURTH: Now then, in relation to what is alleged by the petitioner regarding the request for Consulta Externa from the Medical Area, the limitation of food, telecommunications, and the lack of medical attention; the centro penal where the person deprived of liberty is confined must refer to these facts as they are outside the competencies of this Unit.”.\n\n4.- Melissa González Gaitán and Adin Largo Cruz report under oath, in their respective roles as acting director and director of the Clínica La Reforma, both of the Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, who state as follows: “… In order to comply with what is required; a report/answer is rendered in the terms we break down: One) Legal status of the person deprived of liberty; Nombre01, is at the order of the Instituto Nacional de Criminología in this Centro Penal as a SENTENCED prisoner, serving a sentence of TWENTY-FIVE YEARS, SIX MONTHS, ZERO DAYS of imprisonment, for case 17-000020-0515-UN, for the crime of COERCION, DRUG TRAFFICKING, and AGGRAVATED ROBBERY, to the detriment of Nombre02, Nombre03, Nombre04, Nombre05, LA SALUD PUBLICA, and others, unification of sentences imposed by the JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE ALAJUELA, start of criminal execution as of 12/09/2017, completes imprisonment on 23/06/2042, completes discount on 10/02/2038, one-third of the sentence 20/09/2025, right to process parole (libertad condicional) 24/09/2029. Unified cases 19-000050·0951·PE, 15·005958-0059-PE, 15·004265-0057-PE, 17-000020-0515-PE. Two) As required by the Sala Constitucional, in accordance with the petitioner's disagreements, they are rejected as inaccurate; in this regard, a punctual report is made on what is pertinent and what concerns the competence of this prison center, for which it is set forth: Nombre06. The manifestations of the petitioner are characterized by empty expressions without concrete foundation, nor proof of the circumstances that he warns affect him in particular, making it impossible to perceive any affectation of his penitentiary, constitutional, or fundamental rights. Likewise, as the Sala Constitucional itself can verify in the respective records, the petitioner is a multi-recourse person of the justice system, in abuse of right, a circumstance that to some extent contributes to what this subject himself calls \"administrative foot-dragging (tortuguismo administrativo)\"; by having to focus penitentiary resources on the reiterated disagreements of the petitioner, given the abuse and excess of his unfounded or inaccurate actions. ii. The person deprived of liberty Nombre01 entered Ámbito de Convivencia D, Module D5, as of 04/09/2025, coming from Ámbito de Convivencia A, by means of a Transfer Note under Official Letter OACA1288-2025. A place where he remains overnight to date, without any inconvenience, risk, or alert to his detriment, nor communication from him, in turn, about it. iii. Regarding the lack of medical attention, a report was requested from the medical area of the Clínica La Reforma, and given the urgency of the response, the nature of the recourse being attended to, and the verification of the petitioner's medical condition and health that the medical center must carry out, the resulting report will be provided as evidence for a better provision at the first opportunity available, for this upcoming week. iv. Regarding the issue of disagreement concerning the unification of sentences, in accordance with the legal status set forth in point One), the attached information sheet -signed as received by the petitioner-, as well as the last assessment performed on the petitioner, also signed as received by the administered party after December 15, 2023-, he has knowledge of the unifications of sentences that, over the time and space argued, have been carried out in his favor, therefore the arguments presented in this sense are rejected as inaccurate. v. Regarding the processing of cables/notes from persons deprived of liberty, concerning the handling of receipts, the fact is acknowledged and set forth that in this prison center the collection of requests from persons deprived of liberty is indeed carried out, and their respective controls are kept by means of lists or logbooks as the case may be, with the collaboration of the penitentiary police and the administrative areas. However, regarding providing means of proof for the prison population, it must be admitted that the use of paper is restricted and limited due to the environmental, economic, operational cost, and the massive volume that persons deprived of liberty usually process without restriction, for the administration to issue a receipt for each request. Likewise, due to their condition, the delivery of a copy for receipt cannot be imposed on the applicant, therefore, under the principle of effectiveness and economy, the current controls turn out to be the most viable and effective for this purpose. By virtue of the foregoing, according to the events described, diligent and timely action is verified regarding the actions within the competence of the center in relation to the petitioner, while no act implying injury, abuse, omission, negligence, or threat to the life and physical integrity, the penitentiary and fundamental rights of the person deprived of liberty in question is verified.”.\n\n5.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nConsidering\n\nI.- PRELIMINARY QUESTION. In view of the fact that the acting director and the director of the Clínica La Reforma, both officials of the Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, omitted to refer in their report to the medical attention and food of the protected party, in accordance with Article 23 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts are deemed true, and we proceed to analyze the constitutionality of the matter based on the other elements contributed to the record.\n\nII.- OBJECT OF THE RECOURSE. The petitioner states that he is currently deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro. He alleges that despite a judge having ordered more than two years ago the preparation of a new sentence computation after granting a motion for unification of cases, he has not received a response from the CAI or from the Instituto Nacional de Criminología. He alleges that he does not know the total amount of the sentence to be served. Likewise, he indicates that he has been requesting medical attention in Consulta Externa for more than a year without being attended to. He claims deficiencies in food, telecommunications, and health. He considers that the omissions of the appealed authorities violate his fundamental rights, and therefore requests that the recourse be granted.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) The protected party is deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro, as a sentenced prisoner (see report rendered under oath and attached evidence).\n\nb) On September 12, 2017, the execution of the sentence imposed on the petitioner for the crimes of coercion, drug trafficking, and aggravated robbery, in various unified cases, began (see report rendered under oath and attached evidence).\n\nc) On December 15, 2023, the last legal assessment of the case of the person deprived of liberty was made, which he signed as received (see report rendered under oath and attached evidence).\n\nd) On February 9, 2024, the Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, through resolution No. 2024-000997, granted the unification of criminal cases No. 15-4265-057-PE, No. 17-20-515-PE, No. 19-50-951-PE, and No. 15-5958-59-PE, setting a total sentence of 25 years and 06 months of imprisonment (see report rendered under oath and attached evidence).\n\ne) On February 19, 2024, the judicial resolution of unification of sentences was received via email by the Unidad de Cómputo de Penas (see report rendered under oath and attached evidence).\n\nf) At 11:44 hours on February 29, 2024 -according to the institutional information system- the information sheet was updated in accordance with what was resolved by the Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela (see report rendered under oath and attached evidence).\n\ng) On April 9, 2025, Nombre01 was transferred from Ámbito de Convivencia A to Ámbito de Convivencia D, Module D5 of the CAI Jorge Arturo Montero Castro -official letter OACA1288-2025-. Since then, he remains there without reporting personal inconveniences or risks (see report rendered under oath and attached evidence).\n\nh) On June 19, 2025, the appealed authorities were notified of the resolution giving course to this habeas corpus process (see notification records).\n\ni) On June 19, 2025, the authorities of the appealed CAI notified the protected party of the information sheet that contemplates the unification of sentences by the Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela (see report rendered under oath and attached evidence).\n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. This Constitutional Tribunal, upon evaluating the proven facts and the documentation incorporated into the case file, verifies that the protected person, Nombre01, is deprived of liberty in the Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, as a sentenced prisoner, serving a unified sentence of 25 years and 6 months of imprisonment, in accordance with resolution No. 2024-000997 issued by the Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela on February 9, 2024, in criminal cases No. 15-4265-057-PE, No. 17-20-515-PE, No. 19-50-951-PE, and No. 15-5958-59-PE.\n\nSaid resolution was received by the Unidad de Cómputo de Penas on February 19, 2024, and the information sheet of the person deprived of liberty was updated on February 29, 2024, as recorded in the institutional system. However, it has been duly accredited that the effective communication to the protected party of said information —referring to a central aspect of his legal status— was not carried out until June 19, 2025, the date on which the penitentiary authorities were notified of the course of the present guarantee process and, consequently, proceeded to deliver the respective information sheet to the petitioner.\n\nSaid period of more than one year and three months between the updating of the official computation and its effective notification to the protected party is unreasonable and injurious to his fundamental right to information about his legal status, especially when it concerns a person deprived of liberty.\n\nAlthough a direct affectation on the material content of his sentence, nor an undue prolongation of his confinement, has not been verified, it is clear that such omission constitutes an evident affectation to the detriment of the fundamental rights of the protected party.\n\nConsequently, regarding this point, the present recourse is granted solely for indemnification purposes.\n\nV.- On the other hand, given that the acting director and the director of the Clínica La Reforma, both officials of the Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, omitted to rule in their report on the conditions of medical attention and food of the protected party, in accordance with the provisions of Article 23 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts alleged by the petitioner on this point are deemed true.\n\nConsequently, the recourse is granted with respect to this omission, by virtue of the fact that, although persons deprived of liberty are under a containment regime derived from their legal status, this does not exempt the State from its duty to guarantee minimum conditions of human dignity, among which adequate food and timely access to medical attention are included.\n\nTherefore, this Tribunal considers that said part of the claim must be accepted, as provided in the operative part of this judgment.\n\nVI.- Finally, regarding the plaintiff's allegation related to a presumed limitation on access to telecommunications by the appealed penitentiary authorities, said affirmation has not been accredited, nor does there exist in the record any indiciary evidence to support it. Furthermore, the petitioner does not demonstrate concrete or individualized facts that justify this Tribunal's intervention in defense of his fundamental rights. Consequently, regarding this part of the claim, the recourse must be denied.\n\nVII.- CONCLUSION: In summary, the recourse is partially granted, as in effect it is ordered.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Sala must warn the parties that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions established in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe recourse is partially granted, regarding the notification to the protected party of the unification of sentences -for indemnification purposes-, as well as regarding the medical condition and food of the protected party. Melissa González Gaitán and Adin Largo Cruz, in their respective roles as acting director and director of the Clínica La Reforma, both of the Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, or whomever may hold these positions in their place, are ordered to carry out all actions within their scope of competencies and coordinate what is necessary, so that within the period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the petitioner is assessed in the Clínica La Reforma and it is verified whether he receives adequate food. The foregoing under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in a recurso de amparo or habeas corpus, and does not carry it out or does not have it carried out, provided that the crime is not more severely penalized. The State is condemned to pay the damages and losses caused by the facts that serve as grounds for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contentious-administrative court. In all other respects, the recourse is denied. Notify. -\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n H43KR8BG43LHY61\n\nCASE FILE No. 25-017555-0007-CO\n\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro).\n\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:46:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }