{ "id": "nexus-sen-1-0007-1319336", "citation": "Res. 22293-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Diferencia entre petición y exhortación en amparo por falta de respuesta municipal", "title_en": "Distinction between petition and exhortation in amparo for municipal failure to respond", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra la Municipalidad de Grecia por la falta de respuesta a una gestión presentada el 26 de marzo de 2025. El recurrente solicitó información sobre una torre de telecomunicaciones, incluyendo distancias, criterios técnicos y estudios de impacto ambiental, y también exigió la aplicación de normativa sobre retiros y la nulidad de permisos. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso: considera que algunas solicitudes eran exhortaciones y no peticiones, por lo que no había obligación de responder; respecto a las solicitudes de información, la municipalidad respondió durante el trámite del amparo, cesando la violación. La mayoría exime de condenatoria en costas, daños y perjuicios, al estimar que la conducta municipal no tuvo repercusión patrimonial directa, mientras que los magistrados disidentes sostienen que toda lesión a derechos fundamentales genera condena en abstracto. Se fija el criterio sobre la distinción entre petición y exhortación en el derecho de petición constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo against the Municipality of Grecia for failing to respond to a request submitted on March 26, 2025. The requester sought information about a telecommunications tower, including distances, technical criteria, and environmental impact studies, and also demanded enforcement of setback regulations and annulment of permits. The Chamber partially grants the amparo: it holds that some requests were exhortations, not petitions, so there was no duty to respond; as for the information requests, the municipality responded during the proceedings, thereby ending the violation. The majority waives costs, damages, and losses, finding no direct pecuniary impact, while dissenting judges argue any fundamental-rights violation mandates abstract condemnation. The decision establishes criteria for distinguishing petitions from exhortations in the constitutional right of petition.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "18/07/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "exhortación", "artículo 27 Constitución Política", "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "exhortación", "Sala Constitucional", "Municipalidad de Grecia", "torre de telecomunicaciones", "artículo 27 Constitución Política", "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional", "costas en amparo", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "right of petition", "exhortation", "Constitutional Chamber", "Municipality of Grecia", "telecommunications tower", "Article 27 Political Constitution", "Article 52 Law of Constitutional Jurisdiction", "costs in amparo", "dissenting vote" ], "excerpt_es": "Primeramente, recuérdese que en la gestión cuya falta de respuesta se acusa en la especie se requirió a la Municipalidad de Grecia: “1 - Solicito se aplique la publicación en La Gaceta N° 121 del 22 de junio. Capítulo de Construcciones 19 bis Se indica con claridad que las torres de comunicaciones tienen que estar con retiro de 6 metros de los colindantes. 2 - Solicito Señor Donald Quesada Rodríguez, La municipalidad es el ente rector que otorgó los permisos de construcción de dicha torre, se le ordene al funcionario que aprobó la construcción, proceder con la nulidad, revocatoria o cualquier permiso de construcción en la Dirección03 a la EMPRESA GOLDEN COMUNICACIONES, por supuestamente no cumplir con los retiros de los colindantes”.\n\nAcerca de esto, resulta de relevancia traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2024008805 de las 9:20 horas del 5 de abril de 2024:\n\n“(…) Primeramente, por oficio SMTA-010-2023 del 11 de agosto de 2023, el accionante mencionó a la Municipalidad de Atenas: (…) debido a que los funcionarios de esta municipalidad nos hemos quedado sin espacio para parquear nuestros vehículos, respetuosamente les solicitamos autorización para utilizar las instalaciones del Estadio Municipal de Atenas como parqueo (…)”. Ese escrito cuenta con sello de recibido del 21 de setiembre de 2023. Asimismo, por memorial SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023, el recurrente señaló al gobierno local recurrido: “(…) debido a que los miembros de este sindicato no contamos con un espacio para realizar las reuniones tanto ordinarias, como extraordinarias, les solicitamos se nos asigne una oficina exclusiva para uso de SITRAMA (…)”. Tal memorial cuenta con sello de recibido del 27 de setiembre de 2023.\n\nAl respecto, de la lectura integral de los memoriales SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 se desprende que en el fondo tratan de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Acerca de este tema, la Sala se refirió en la sentencia nro. 2022018615 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022:\n\n“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, los accionantes sostienen que el 9 de junio de 2022 remitieron a la dirección electrónica ...06 una gestión en la que solicitaron, entre otras cosas, les comunicaran sobre aspectos relacionados con la implementación de la Ley n.° 65 del 30 de julio de 1888 y el cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal Constitucional. Afirman que tal gestión fue reiterada el 14 de junio de 2022, momento en el que se formuló de forma personal ante el despacho del ministro de Ambiente y Energía. Acusan que, al momento te interposición de este recurso, no han recibido respuesta alguna.\n\nDel estudio de los autos se desprende que, el 9 de junio de 2022 la parte recurrente remitió un correo electrónico a la cuenta ...06, en el que se adjuntó un memorial que contiene una solicitud de información referente al cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal. Al respecto, cabe señalar que en la especie se tiene como incontrovertido que tal correo electrónico constituye un medio oficial de la autoridad recurrida para recibir gestiones. Asimismo, la Sala verifica que tal gestión fue reiterada por la parte recurrente, dado que se aprecia que, 14 de junio de 2022, el despacho del ministro accionado recibió el memorial JFAC/032/2022 fechado 9 de junio de 2022.\n\nEn tal gestión, la parte accionante solicitó: “1. Se proceda en cuanto antes a cumplir el voto 12109-2008 de la Sala Constitucional, y se recuperen los terrenos de la zona inalienable, y mientras se lleve el procedimiento legal de recuperación, y tomando en cuenta que nos encontramos en una zona de alta recarga acuífera y de muy alta vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica, se actúe por parte del MINAE en coordinación con las municipalidades, para que no se permitan actividades dentro de la ampliación del 2015 del Parque Braulio Carrillo y en el resto de la zona inalienable. 2. Solicitamos que, de todos los expedientes de reclamos de derechos de propiedad o posesión, antes de que el MINAE emita resoluciones que avalen o nieguen los derechos, se consulte como ente técnico registral al Registro de la Propiedad Inmueble y a la vez a la Procuraduría General de la República, sobre la veracidad de los derechos; esto ante la falta de pericia que pueden adolecer en el MINAE para resolver los casos (…) 9. Se vuelvan a revisar por parte del MINAE, y se pida criterio al Registro nacional (sic) y Procuraduría General de la República los procedimientos y las resoluciones dictadas por ministros de ambiente anteriores por medio de las cuales han avalado derechos de propiedad de terrenos que geográficamente se encuentren en la zona inalienable, esto a efecto de la transparencia y tener la certeza que se hizo el procedimiento correspondiente y a derecho. 10. Considerando que los terrenos que se ubican en la Zona Inalienable (sic) de la Ley 65 de 1888, son patrimonio estatal, estando su administración bajo la tutela del MINAE, solicitamos que cualquier arreglo y construcción de un camino por parte del Ministerio de Obras Públicas o una municipalidad o particular se lleve a cabo previo aval del MINAE, el que considerará o tomará en cuenta el posible efecto ambiental sobre la zona que puede significar directamente las obras sobre el terrenos (sic), como las indirectas, como la carga humana por una mayor visitación de ciudadanos, en una zona ambientalmente frágil (…)”.\n\nSobre lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión bajo estudio, cabe indicar que trata de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Al respecto, la Sala se refirió en la sentencia n.° 705-96 de las 16:12 horas de 7 de febrero de 1996:\n\n“(…) Del análisis del oficio de fecha 29 de noviembre de 1995, enviado por el recurrente al Ministro de Obras Públicas y Transportes (Ver a folio 4) y cuya omisión de dar respuesta es el objeto de los alegatos aquí planteados, no se observa que tal omisión constituya violación al derecho de petición y pronta respuesta tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, lo que sí se desprende de ese documento, es que el objetivo que buscaba era hacerle una exitativa (sic) al señor Ministro para que se abocara a promover al interior del Ministerio que tiene a su cargo el proceso ‘concertado, participativo y transparente en la cuestión de la Transformación del Estado’, tal y como lo afirma el recurrente en el libelo de interposición del recurso… En razón de lo anterior, no se podría pretender obligar al Ministro de Obras Públicas y Transportes a rendir una respuesta, pues no se le está solicitando que rinda información alguna sobre el proceso de transformación en su cartera, lo cuál (sic) hace necesario, declarar sin lugar el recurso. (…)” .\n\nMientras que en la sentencia n.° 2002003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, esta Cámara consideró que:\n\n“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (el destacado no es del original).\n\nEl Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en las supracitadas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, dado que lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión del 9 de junio de 2022, reiterada el día 14 de ese mismo mes, constituyen exhortaciones, no procede acoger el amparo en lo que a tales agravios refiere” (el resaltado fue agregado).\n\nAsimismo, en la sentencia nro. 2022021561 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022 se estableció:\n\n“VI.- En los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022, la parte recurrente solicitó: 1. Solicitamos revocar y dejar sin efecto el oficio JDC-SINDEU-314-2022 con fecha 6 de junio del 2022 (…) 4. Solicitamos una disculpa por parte de la Junta Directiva Central del SINDEU, por haber realizado \"una revisión\" de los afiliados sin haber tomado en cuenta a la Seccional de Maquinaria y Equipo. 5. Solicitamos que se subsanen estos hechos lamentables, para que no vuelvan a ocurrir en el futuro (…)”.\n\nObsérvese que tales requerimientos no tratan de solicitudes de información en ejercicio del derecho de asociación, sino que constituyen exhortaciones, en las que se procuró incitar al sindicato recurrido a efectuar una serie de actuaciones acordes con las pretensiones de los tutelados. Ergo, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada en cuanto a los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022”.\n\nEn igual sentido, en la sentencia nro. 2023019751 de las 9:30 horas del 11 de agosto de 2023 se indicó:\n\n“V.- Ahora bien, esta Cámara verifica que los puntos 2 y 3 de la gestión de la amparada, concernientes a “SEGUNDO: Sea de conocimiento general la lista de elegibles del puesto ocupacional de Profesionales en Enfermería actualizado a la fecha. TERCERO: Que las listas supra solicitadas sean debidamente “ubicadas en un lugar de fácil acceso a la persona funcionaria que así lo requieran o que demuestre un interés legítimo” como lo indica la circular GG-DAGP-0724-2021”, no versan sobre una solicitud de información ni alguna petición pura y simple, sino que tratan más bien de exhortaciones con las que se procura incitar a la autoridad recurrida a que haga de conocimiento general la lista de elegibles de profesionales en Enfermería y que incluso se ubiquen en determinados lugares. De allí que la aparente omisión en contestar tales puntos no implica una lesión a su derecho de petición ni tampoco al de pronta resolución y, por ende, no resulta amparable en esta Sala. Verbigracia, en lo atinente a estos temas, la Sala, mediante sentencia 2002-003910 de las 15:55 horas del 30 de abril de 2002, dispuso lo siguiente:\n\n“II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (El destacado no es del original).\n\nTales consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, se desestima el recurso en relación con tales extremos”.\n\nEn el sub examine, recuérdese que lo requerido por el amparado en los oficios SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 cuya falta de respuesta se acusa fue la autorización para que las personas funcionarias de la Municipalidad de Atenas utilicen las instalaciones del estadio municipal para parquear y la asignación de una oficina para uso exclusivo de Sitrama, cuestiones que, evidentemente, no constituyen meras peticiones ni solicitudes de información, sino en exhortaciones. Por ende, al consistir en exhortaciones las gestiones planteadas por la parte accionante el 11 de agosto de 2023, no procede la estimatoria de este recurso en cuanto a estos extremos (…)”.\n\nAsí las cosas, nótese que lo requerido por el accionante en los puntos 1 y 2 de la gestión bajo estudio no constituye una mera petición ni solicitudes de información, sino que trata de exhortaciones, motivo por el cual no procede estimar el recurso.", "excerpt_en": "First, recall that in the request whose lack of response is challenged here, the Municipality of Grecia was required: “1 - I request the application of the publication in La Gaceta No. 121 of June 22. Chapter of Constructions 19 bis It clearly states that communication towers must have a 6-meter setback from adjoining properties. 2 - I request Mr. Donald Quesada Rodríguez, The municipality is the governing body that granted the construction permits for said tower, order the official who approved the construction to proceed with the annulment, revocation or any construction permit in Dirección03 to EMPRESA GOLDEN COMUNICACIONES, for allegedly not complying with the setbacks from adjoining properties”.\n\nRegarding this, it is relevant to bring up what was indicated in ruling no. 2024008805 of 9:20 hours on April 5, 2024:\n\n“(…) First, by communication SMTA-010-2023 of August 11, 2023, the plaintiff mentioned to the Municipality of Atenas: (…) since the officials of this municipality have run out of space to park our vehicles, we respectfully request authorization to use the facilities of the Municipal Stadium of Atenas for parking (…)”. That document has a receipt stamp of September 21, 2023. Likewise, by memorandum SMTA-011-2023 of August 11, 2023, the appellant pointed out to the respondent local government: “(…) since the members of this union do not have a space to hold both ordinary and extraordinary meetings, we request that an exclusive office be assigned for the use of SITRAMA (…)”. Said memorandum has a receipt stamp of September 27, 2023.\n\nIn this regard, from the comprehensive reading of memoranda SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 of August 11, 2023, it appears that they essentially deal with exhortations and not simple requests or requests for information. On this topic, the Chamber referred in ruling no. 2022018615 of 9:05 hours on August 12, 2022:\n\n“IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, the plaintiffs maintain that on June 9, 2022, they sent to the electronic address ...06 a request in which they requested, among other things, to be informed about aspects related to the implementation of Law No. 65 of July 30, 1888 and compliance with a ruling issued by this Constitutional Court. They affirm that such request was reiterated on June 14, 2022, when it was presented personally before the office of the Minister of Environment and Energy. They accuse that, at the time of filing this appeal, they have not received any response.\n\nFrom the study of the case file, it appears that on June 9, 2022, the appellant sent an email to the account ...06, to which was attached a memorandum containing a request for information regarding compliance with a ruling issued by this Court. In this regard, it should be noted that in this case it is uncontested that such email constitutes an official means of the respondent authority to receive requests. Likewise, the Chamber verifies that such request was reiterated by the appellant, since it appears that on June 14, 2022, the office of the respondent minister received memorandum JFAC/032/2022 dated June 9, 2022.\n\nIn such request, the appellant requested: “1. Proceed as soon as possible to comply with vote 12109-2008 of the Constitutional Chamber, and recover the lands of the inalienable zone, and while the legal recovery procedure is carried out, taking into account that we are in a zone of high aquifer recharge and very high environmental and hydrogeological vulnerability, the MINAE shall act in coordination with the municipalities to prevent activities within the 2015 expansion of the Braulio Carrillo Park and in the rest of the inalienable zone. 2. We request that, from all the files of claims of property or possession rights, before the MINAE issues resolutions that endorse or deny the rights, it consult as a technical registry entity the Real Property Registry and at the same time the Office of the Attorney General, on the veracity of the rights; this given the lack of expertise that the MINAE may suffer in resolving the cases (…) 9. The procedures and resolutions issued by previous ministers of environment by which they have endorsed property rights of lands that geographically fall within the inalienable zone should be reviewed again by the MINAE, and seek the opinion of the National Registry (sic) and the Office of the Attorney General, for the sake of transparency and certainty that the corresponding procedures were carried out properly. 10. Considering that the lands located in the Inalienable Zone (sic) of Law 65 of 1888 are state heritage, and their administration is under the guardianship of the MINAE, we request that any arrangement and construction of a road by the Ministry of Public Works or a municipality or individual be carried out with the prior endorsement of the MINAE, which will consider or take into account the potential environmental effect on the area that may mean the works directly on the lands (sic), as well as indirect ones, such as the human burden from greater visitation by citizens, in an environmentally fragile area (…)”.\n\nRegarding what was requested by the appellant in points 1, 2, 9 and 10 of the request under study, it should be noted that they are exhortations and not simple requests or requests for information. In this regard, the Chamber referred in ruling No. 705-96 of 16:12 hours on February 7, 1996:\n\n“(…) From the analysis of the communication dated November 29, 1995, sent by the appellant to the Minister of Public Works and Transport (See folio 4) and whose failure to respond is the object of the allegations raised here, it is not observed that such omission constitutes a violation of the right of petition and prompt response protected by Article 27 of the Political Constitution. Indeed, what emerges from that document is that the objective sought was to make an exhortation (sic) to the Minister to address promoting within the Ministry under his charge the process ‘concerted, participatory and transparent on the matter of State Transformation’, as stated by the appellant in the initial filing… Therefore, one could not attempt to force the Minister of Public Works and Transport to issue a response, since he is not being asked to provide any information on the transformation process within his portfolio, which makes it necessary to dismiss the appeal. (…)” .\n\nWhile in ruling No. 2002003910 of 15:55 hours on April 30, 2002, this Chamber considered that:\n\n“(…) II.- The appellant also complains that Article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been obtained to the note sent by the Legal Advisor of the Union of Public Education Janitors to the Director of Personnel of the Ministry of Public Education on the past twenty-sixth of February. Indeed, the cited constitutional article refers to the power every person has to address any public official or official entity in writing, so that they inform or resolve matters of their interest, a guarantee complemented by the right to obtain prompt resolution. However, from reading the document in question and whose omission to resolve is complained of (see copy at folio 6 of the file), this Chamber deduces that such request does not meet the requirements of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since it actually constitutes an exhortation or supportive request, by which it is sought to prompt the respondent to interpose “his good offices so that Mrs. Nombre02 be appointed on a permanent basis”. Hence, if the intention of said Legal Advisor was to urge the respondent to act in the way he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms set forth in the initial brief (see in similar sense rulings number 1481-96 of 18:15 hours on March 27, 1996, number 2000-8491 of 15:01 hours on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 hours on January 5, 2001). (…)” (emphasis not in the original).\n\nThe Court finds no reasons to vary the criterion expressed in the aforementioned rulings, nor reasons to value the situation raised differently. Consequently, given that what was required by the appellant in points 1, 2, 9 and 10 of the request of June 9, 2022, reiterated on the 14th of the same month, constitute exhortations, the amparo cannot be granted regarding those grievances” (highlighting added).\n\nLikewise, in ruling No. 2022021561 of 9:30 hours on September 16, 2022, it was established:\n\n“VI.- In points 1, 4 and 5 of the request of June 15, 2022, the appellant requested: 1. We request to revoke and nullify communication JDC-SINDEU-314-2022 dated June 6, 2022 (…) 4. We request an apology from the Central Board of Directors of SINDEU, for having carried out \"a review\" of the affiliates without having taken into account the Machinery and Equipment Section. 5. We request that these unfortunate events be corrected so that they do not happen again in the future (…)”.\n\nNote that such requirements do not deal with requests for information in the exercise of the right of association, but rather constitute exhortations, in which the purpose was to incite the respondent union to carry out a series of actions in accordance with the protected parties' claims. Therefore, no injury to fundamental rights of the protected party is verified regarding points 1, 4 and 5 of the request of June 15, 2022”.\n\nIn the same sense, in ruling No. 2023019751 of 9:30 hours on August 11, 2023, it was indicated:\n\n“V.- Now, this Chamber verifies that points 2 and 3 of the protected party's request, concerning “SECOND: Let the list of eligible candidates for the occupational position of Nursing Professionals updated as of today be of general knowledge. THIRD: That the above requested lists be duly 'placed in a location easily accessible to the official who so requires or who demonstrates a legitimate interest' as indicated by circular GG-DAGP-0724-2021”, do not deal with a request for information nor a pure and simple petition, but rather are exhortations with which the purpose is to incite the respondent authority to make the list of eligible nursing professionals generally known and even to place them in certain places. Hence, the apparent omission in responding to such points does not imply an injury to their right of petition nor to the right of prompt resolution and, therefore, is not amenable to protection in this Chamber. For example, regarding these topics, the Chamber, through ruling 2002-003910 of 15:55 hours on April 30, 2002, provided as follows:\n\n“II.- The appellant also complains that Article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been obtained to the note sent by the Legal Advisor of the Union of Public Education Janitors to the Director of Personnel of the Ministry of Public Education on the past twenty-sixth of February. Indeed, the cited constitutional article refers to the power every person has to address any public official or official entity in writing, so that they inform or resolve matters of their interest, a guarantee complemented by the right to obtain prompt resolution. However, from reading the document in question and whose omission to resolve is complained of (see copy at folio 6 of the file), this Chamber deduces that such request does not meet the requirements of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since it actually constitutes an exhortation or supportive request, by which it is sought to prompt the respondent to interpose “his good offices so that Mrs. Nombre02 be appointed on a permanent basis”. Hence, if the intention of said Legal Advisor was to urge the respondent to act in the way he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms set forth in the initial brief (see in similar sense rulings number 1481-96 of 18:15 hours on March 27, 1996, number 2000-8491 of 15:01 hours on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 hours on January 5, 2001). (…)” (The emphasis is not from the original).\n\nSuch considerations are applicable to the case under study, since this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said ruling, nor reasons to value the situation raised differently. Therefore, the appeal is dismissed regarding such points”.\n\nIn the sub examine, recall that what was required by the protected party in communications SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 of August 11, 2023, whose lack of response is challenged, was authorization for the officials of the Municipality of Atenas to use the facilities of the municipal stadium for parking and the assignment of an office for the exclusive use of Sitrama, issues that, evidently, do not constitute mere petitions or requests for information, but rather exhortations. Therefore, since the requests made by the plaintiff on August 11, 2023 were exhortations, the granting of this appeal regarding these points is not appropriate (…)”.\n\nThus, note that what was required by the plaintiff in points 1 and 2 of the request under study does not constitute a mere petition or requests for information, but rather are exhortations, which is why the appeal cannot be granted.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted, only regarding the delay in addressing the information requests in points 3, 4, 5, 6, and 7 of the March 26, 2025 petition, while it is denied as to points 1 and 2, since they are exhortations with no duty to respond; the majority waives costs, damages, and losses, with dissenting votes ordering such award.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la demora en la atención de las solicitudes de información de los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la gestión presentada el 26 de marzo de 2025, mientras que se declara sin lugar en lo relativo a los puntos 1 y 2, por tratarse de exhortaciones sin obligación de respuesta, la mayoría sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, con votos salvados que ordenan dicha condenatoria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "Therefore, note that what was required by the plaintiff in points 1 and 2 of the request under study does not constitute a mere petition or requests for information, but rather are exhortations, which is why the appeal cannot be granted.", "quote_es": "Así las cosas, nótese que lo requerido por el accionante en los puntos 1 y 2 de la gestión bajo estudio no constituye una mera petición ni solicitudes de información, sino que trata de exhortaciones, motivo por el cual no procede estimar el recurso." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Thus, the Court finds that the situation that violated the fundamental rights of the protected party due to the Municipality of Grecia's delay in addressing points 3, 4, 5, 6, and 7 of the petition receipt-stamped March 26, 2025 was corrected during the processing of this case. Therefore, it is appropriate to grant the appeal regarding these aspects, in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.", "quote_es": "De este modo, el Tribunal acredita que la situación que conculcaba los derechos fundamentales de la parte amparada ante la demora de la Municipalidad de Grecia en atender los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la gestión con sello de recibido del 26 de marzo de 2025 fue corregida durante la tramitación de este proceso. Por ello, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a estos extremos, de acuerdo con lo establecido en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Upon better consideration, the majority of the Chamber holds that, in the present case, pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…), although there is express wording in the law requiring that the operative part of the judgment state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is also true that the same paragraph in fine states that the grant is issued “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law says “if applicable,” which means the appropriateness or inappropriateness of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.", "quote_es": "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…), si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. 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Nº 2025022293\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-015823-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE GRECIA.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de junio de 2025, la parte accionante interpone recurso de amparo. Expone que formuló una gestión ante la Municipalidad de Grecia que tiene fecha de recibido del 26 de marzo de 2025; empero, a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Pide que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 17:41 horas del 9 de junio de 2025, se dio curso al proceso y se requirió informe el alcalde de Grecia.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de junio de 2025, informa bajo juramento Donald Quesada Rodríguez, en su condición de alcalde de Grecia. Menciona: “En cumplimiento de lo indicado en la resolución de las diecisiete horas cuarenta y un minutos del nueve de junio del dos mil veinticinco, se procede a emitir el informe respectivo de la siguiente forma: Se adjunta oficio UCC-116-2025 del 16 de junio del 2025, en donde se le da respuesta al recurrente respecto a las preguntas planteadas. Dicha información fue notificada a dos de los medios señalados por el amparado: ...01, rechazado automáticamente por encontrarse inactivo y enviado en fecha 16 de junio del 2025. Asimismo, le fue hecha la notificación al recurrente al correo ...02, igualmente señalado como medio de notificación, el cual sí fue recibido correctamente en fecha 16 de junio del 2025. En suma, se estima que se ha cumplido con los comprometido por esta Municipalidad en el presente caso, solicitando en consecuencia se proceda con el archivo del presente asunto. (…) PETITORIA: Por las razones expuestas, solicito a esta honorable Sala sea acogida nuestra gestión y sea declarado sin lugar el presente recurso de amparo, toda vez que nuestra actuación no vulnera derechos elementales del recurrente, a quien ya se le ha dado las respuestas solicitadas. En caso de no acogerse la presente petitoria, favor tomar en consideración los estipulado en el numeral 52 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, para exonerar del cobro de costa del proceso, al haberse actuado de buena fe.”. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que formuló una gestión ante la Municipalidad de Grecia con fecha de recibido del 26 de marzo de 2025; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)   Mediante escrito con sello de recibido del 26 de marzo de 2025, el accionante indicó a la Municipalidad de Grecia:\n\n“1 - Solicito se aplique la publicación en La Gaceta N° 121 del 22 de junio. Capítulo de Construcciones 19 bis Se indica con claridad que las torres de comunicaciones tienen que estar con retiro de 6 metros de los colindantes. 2 - Solicito Señor Donald Quesada Rodríguez, La municipalidad es el ente rector que otorgó los permisos de construcción de dicha torre, se le ordene al funcionario que aprobó la construcción, proceder con la nulidad, revocatoria o cualquier permiso de construcción en la finca Dirección01 a la EMPRESA GOLDEN COMUNICACIONES, por supuestamente no cumplir con los retiros de los colindantes. 3 - Se me aporten los criterios técnicos que aplicó el ingeniero municipal para aprobar dicha construcción, en un terreno, que supuestamente no cumple con los retiros de las colindancias debido al tamaño de esta torre. 4 - Señor Donald Quesada Rodríguez solicito las distancias entre todas las torres de comunicación que existen en el distrito central. 5 - Señor Alcalde solicito la distancia de la torre más cercana a la Escuela Simón Bolívar, Ebais y la Iglesia Católica. 6 - Para la construcción de esta torre se presentaron los Estudios de Impacto Ambiental básico para tramitar permiso de construcción. Si o No? (sic) Se me aporten pruebas. 7 - A que profundidad se construyen los soportes de esta torre? (sic) Solicito se me diga si la Empresa Golden Comunicaciones presentó el estudio de hidrología del agua subterránea. (Nivel) (…) Para recibir respuesta al correo electrónico. ...01 Cc: ...03 ...04”. (Ver prueba documental).\n\nb)   A las 10:37 horas del 11 de junio de 2025, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este asunto. (Ver acta de notificación).\n\nc)    Mediante oficio UCC-116-2025 del 16 de junio de 2025, la Municipalidad de Grecia comunicó al accionante:\n\n“Referencia: “Torre de comunicación Urbanización Aragón” Sirva la presente para saludarle y a la vez brindarle respuesta a las consultas indicadas en su nota del 25 de marzo 1) En relación al (sic) permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones en Dirección02, le informamos que según registros municipales la misma no registra permiso de construcción, ver imagen-1 (…)  Imagen-1. Fuente: Sistema Integrado Municipal (SIM) De lo anterior los puntos 1, 2, 3, 6 y 7 no aplican al no existir permisos de construcción para poder brindar respuesta. 2) Se identifican 8 torres en el casco central con una distancia PROMEDIO entre ambas de 859.57 metros. Este promedio se estima como las distancias entre una torre y otra siguiendo el orden de la imagen-2 (…) Imagen-2 Fuente: Google Maps 3) La distancia aproximada entre la torre más cercana y la iglesia católica ubicada al costado Este del parque central de Grecia es de 215 metros. 4) La distancia aproximada entre la torre más cercana y la escuela Simón Bolívar es de 263 metros. 5) La distancia aproximada entre la torre más cercana y el EBAIS Central de Grecia es de 459 metros. Las distancias se toman de la página de google maps”. (Ver prueba documental).\n\nd)   El 16 de junio de 2025, la corporación local accionada envió el oficio UCC-116-2025 del 16 de junio de 2025 a ...01 y ...03. (Ver prueba documental).\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente señala que formuló una gestión ante la Municipalidad de Grecia con fecha de recibido del 26 de marzo de 2025; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta.\n\nLa Sala acredita que, mediante escrito con sello de recibido del 26 de marzo de 2025, el accionante indicó a la Municipalidad de Grecia: “1 - Solicito se aplique la publicación en La Gaceta N° 121 del 22 de junio. Capítulo de Construcciones 19 bis Se indica con claridad que las torres de comunicaciones tienen que estar con retiro de 6 metros de los colindantes. 2 - Solicito Señor Donald Quesada Rodríguez, La municipalidad es el ente rector que otorgó los permisos de construcción de dicha torre, se le ordene al funcionario que aprobó la construcción, proceder con la nulidad, revocatoria o cualquier permiso de construcción en la Dirección03 a la EMPRESA GOLDEN COMUNICACIONES, por supuestamente no cumplir con los retiros de los colindantes. 3 - Se me aporten los criterios técnicos que aplicó el ingeniero municipal para aprobar dicha construcción, en un terreno, que supuestamente no cumple con los retiros de las colindancias debido al tamaño de esta torre. 4 - Señor Donald Quesada Rodríguez solicito las distancias entre todas las torres de comunicación que existen en el distrito central. 5 - Señor Alcalde solicito la distancia de la torre más cercana a la Escuela Simón Bolívar, Ebais y la Iglesia Católica. 6 - Para la construcción de esta torre se presentaron los Estudios de Impacto Ambiental básico para tramitar permiso de construcción. Si o No? (sic) Se me aporten pruebas. 7 - A que profundidad se construyen los soportes de esta torre? (sic) Solicito se me diga si la Empresa Golden Comunicaciones presentó el estudio de hidrología del agua subterránea. (Nivel) (…) Para recibir respuesta al correo electrónico. ...01 Cc: ...03 ...04”. Mediante oficio UCC-116-2025 del 16 de junio de 2025, la Municipalidad de Grecia comunicó al accionante: “Referencia: “Torre de comunicación Urbanización Aragón” Sirva la presente para saludarle y a la vez brindarle respuesta a las consultas indicadas en su nota del 25 de marzo 1) En relación al (sic) permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones en Dirección02, le informamos que según registros municipales la misma no registra permiso de construcción, ver imagen-1 (…)  Imagen-1. Fuente: Sistema Integrado Municipal (SIM) De lo anterior los puntos 1, 2, 3, 6 y 7 no aplican al no existir permisos de construcción para poder brindar respuesta. 2) Se identifican 8 torres en el casco central con una distancia PROMEDIO entre ambas de 859.57 metros. Este promedio se estima como las distancias entre una torre y otra siguiendo el orden de la imagen-2 (…) Imagen-2 Fuente: Google Maps 3) La distancia aproximada entre la torre más cercana y la iglesia católica ubicada al costado Este del parque central de Grecia es de 215 metros. 4) La distancia aproximada entre la torre más cercana y la escuela Simón Bolívar es de 263 metros. 5) La distancia aproximada entre la torre más cercana y el EBAIS Central de Grecia es de 459 metros. Las distancias se toman de la página de google maps”. El 16 de junio de 2025, la corporación local accionada envió el oficio UCC-116-2025 del 16 de junio de 2025 a ...01 y ...03.\n\nPrimeramente, recuérdese que en la gestión cuya falta de respuesta se acusa en la especie se requirió a la Municipalidad de Grecia: “1 - Solicito se aplique la publicación en La Gaceta N° 121 del 22 de junio. Capítulo de Construcciones 19 bis Se indica con claridad que las torres de comunicaciones tienen que estar con retiro de 6 metros de los colindantes. 2 - Solicito Señor Donald Quesada Rodríguez, La municipalidad es el ente rector que otorgó los permisos de construcción de dicha torre, se le ordene al funcionario que aprobó la construcción, proceder con la nulidad, revocatoria o cualquier permiso de construcción en la Dirección03 a la EMPRESA GOLDEN COMUNICACIONES, por supuestamente no cumplir con los retiros de los colindantes”.\n\nAcerca de esto, resulta de relevancia traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2024008805 de las 9:20 horas del 5 de abril de 2024:\n\n“(…) Primeramente, por oficio SMTA-010-2023 del 11 de agosto de 2023, el accionante mencionó a la Municipalidad de Atenas: “(…) Correo electrónico: ...05 (…) debido a que los funcionarios de esta municipalidad nos hemos quedado sin espacio para parquear nuestros vehículos, respetuosamente les solicitamos autorización para utilizar las instalaciones del Estadio Municipal de Atenas como parqueo (…)”. Ese escrito cuenta con sello de recibido del 21 de setiembre de 2023. Asimismo, por memorial SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023, el recurrente señaló al gobierno local recurrido: “(…) Correo electrónico: ...05 (…) debido a que los miembros de este sindicato no contamos con un espacio para realizar las reuniones tanto ordinarias, como extraordinarias, les solicitamos se nos asigne una oficina exclusiva para uso de SITRAMA (…)”. Tal memorial cuenta con sello de recibido del 27 de setiembre de 2023.\n\nAl respecto, de la lectura integral de los memoriales SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 se desprende que en el fondo tratan de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Acerca de este tema, la Sala se refirió en la sentencia nro. 2022018615 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022:\n\n“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, los accionantes sostienen que el 9 de junio de 2022 remitieron a la dirección electrónica ...06 una gestión en la que solicitaron, entre otras cosas, les comunicaran sobre aspectos relacionados con la implementación de la Ley n.° 65 del 30 de julio de 1888 y el cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal Constitucional. Afirman que tal gestión fue reiterada el 14 de junio de 2022, momento en el que se formuló de forma personal ante el despacho del ministro de Ambiente y Energía. Acusan que, al momento te interposición de este recurso, no han recibido respuesta alguna.\n\nDel estudio de los autos se desprende que, el 9 de junio de 2022 la parte recurrente remitió un correo electrónico a la cuenta ...06, en el que se adjuntó un memorial que contiene una solicitud de información referente al cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal. Al respecto, cabe señalar que en la especie se tiene como incontrovertido que tal correo electrónico constituye un medio oficial de la autoridad recurrida para recibir gestiones. Asimismo, la Sala verifica que tal gestión fue reiterada por la parte recurrente, dado que se aprecia que, 14 de junio de 2022, el despacho del ministro accionado recibió el memorial JFAC/032/2022 fechado 9 de junio de 2022.\n\nEn tal gestión, la parte accionante solicitó: “1. Se proceda en cuanto antes a cumplir el voto 12109-2008 de la Sala Constitucional, y se recuperen los terrenos de la zona inalienable, y mientras se lleve el procedimiento legal de recuperación, y tomando en cuenta que nos encontramos en una zona de alta recarga acuífera y de muy alta vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica, se actúe por parte del MINAE en coordinación con las municipalidades, para que no se permitan actividades dentro de la ampliación del 2015 del Parque Braulio Carrillo y en el resto de la zona inalienable. 2. Solicitamos que, de todos los expedientes de reclamos de derechos de propiedad o posesión, antes de que el MINAE emita resoluciones que avalen o nieguen los derechos, se consulte como ente técnico registral al Registro de la Propiedad Inmueble y a la vez a la Procuraduría General de la República, sobre la veracidad de los derechos; esto ante la falta de pericia que pueden adolecer en el MINAE para resolver los casos (…) 9. Se vuelvan a revisar por parte del MINAE, y se pida criterio al Registro nacional (sic) y Procuraduría General de la República los procedimientos y las resoluciones dictadas por ministros de ambiente anteriores por medio de las cuales han avalado derechos de propiedad de terrenos que geográficamente se encuentren en la zona inalienable, esto a efecto de la transparencia y tener la certeza que se hizo el procedimiento correspondiente y a derecho. 10. Considerando que los terrenos que se ubican en la Zona Inalienable (sic) de la Ley 65 de 1888, son patrimonio estatal, estando su administración bajo la tutela del MINAE, solicitamos que cualquier arreglo y construcción de un camino por parte del Ministerio de Obras Públicas o una municipalidad o particular se lleve a cabo previo aval del MINAE, el que considerará o tomará en cuenta el posible efecto ambiental sobre la zona que puede significar directamente las obras sobre el terrenos (sic), como las indirectas, como la carga humana por una mayor visitación de ciudadanos, en una zona ambientalmente frágil (…)”.\n\nSobre lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión bajo estudio, cabe indicar que trata de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Al respecto, la Sala se refirió en la sentencia n.° 705-96 de las 16:12 horas de 7 de febrero de 1996:\n\n“(…) Del análisis del oficio de fecha 29 de noviembre de 1995, enviado por el recurrente al Ministro de Obras Públicas y Transportes (Ver a folio 4) y cuya omisión de dar respuesta es el objeto de los alegatos aquí planteados, no se observa que tal omisión constituya violación al derecho de petición y pronta respuesta tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, lo que sí se desprende de ese documento, es que el objetivo que buscaba era hacerle una exitativa (sic) al señor Ministro para que se abocara a promover al interior del Ministerio que tiene a su cargo el proceso ‘concertado, participativo y transparente en la cuestión de la Transformación del Estado’, tal y como lo afirma el recurrente en el libelo de interposición del recurso… En razón de lo anterior, no se podría pretender obligar al Ministro de Obras Públicas y Transportes a rendir una respuesta, pues no se le está solicitando que rinda información alguna sobre el proceso de transformación en su cartera, lo cuál (sic) hace necesario, declarar sin lugar el recurso. (…)” .\n\nMientras que en la sentencia n.° 2002003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, esta Cámara consideró que:\n\n“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (el destacado no es del original).\n\nEl Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en las supracitadas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, dado que lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión del 9 de junio de 2022, reiterada el día 14 de ese mismo mes, constituyen exhortaciones, no procede acoger el amparo en lo que a tales agravios refiere” (el resaltado fue agregado).\n\nAsimismo, en la sentencia nro. 2022021561 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022 se estableció:\n\n“VI.- En los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022, la parte recurrente solicitó: 1. Solicitamos revocar y dejar sin efecto el oficio JDC-SINDEU-314-2022 con fecha 6 de junio del 2022 (…) 4. Solicitamos una disculpa por parte de la Junta Directiva Central del SINDEU, por haber realizado \"una revisión\" de los afiliados sin haber tomado en cuenta a la Seccional de Maquinaria y Equipo. 5. Solicitamos que se subsanen estos hechos lamentables, para que no vuelvan a ocurrir en el futuro (…)”.\n\nObsérvese que tales requerimientos no tratan de solicitudes de información en ejercicio del derecho de asociación, sino que constituyen exhortaciones, en las que se procuró incitar al sindicato recurrido a efectuar una serie de actuaciones acordes con las pretensiones de los tutelados. Ergo, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada en cuanto a los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022”.\n\nEn igual sentido, en la sentencia nro. 2023019751 de las 9:30 horas del 11 de agosto de 2023 se indicó:\n\n“V.- Ahora bien, esta Cámara verifica que los puntos 2 y 3 de la gestión de la amparada, concernientes a “SEGUNDO: Sea de conocimiento general la lista de elegibles del puesto ocupacional de Profesionales en Enfermería actualizado a la fecha. TERCERO: Que las listas supra solicitadas sean debidamente “ubicadas en un lugar de fácil acceso a la persona funcionaria que así lo requieran o que demuestre un interés legítimo” como lo indica la circular GG-DAGP-0724-2021”, no versan sobre una solicitud de información ni alguna petición pura y simple, sino que tratan más bien de exhortaciones con las que se procura incitar a la autoridad recurrida a que haga de conocimiento general la lista de elegibles de profesionales en Enfermería y que incluso se ubiquen en determinados lugares. De allí que la aparente omisión en contestar tales puntos no implica una lesión a su derecho de petición ni tampoco al de pronta resolución y, por ende, no resulta amparable en esta Sala. Verbigracia, en lo atinente a estos temas, la Sala, mediante sentencia 2002-003910 de las 15:55 horas del 30 de abril de 2002, dispuso lo siguiente:\n\n“II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (El destacado no es del original).\n\nTales consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, se desestima el recurso en relación con tales extremos”.\n\nEn el sub examine, recuérdese que lo requerido por el amparado en los oficios SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 cuya falta de respuesta se acusa fue la autorización para que las personas funcionarias de la Municipalidad de Atenas utilicen las instalaciones del estadio municipal para parquear y la asignación de una oficina para uso exclusivo de Sitrama, cuestiones que, evidentemente, no constituyen meras peticiones ni solicitudes de información, sino en exhortaciones. Por ende, al consistir en exhortaciones las gestiones planteadas por la parte accionante el 11 de agosto de 2023, no procede la estimatoria de este recurso en cuanto a estos extremos (…)”.\n\nAsí las cosas, nótese que lo requerido por el accionante en los puntos 1 y 2 de la gestión bajo estudio no constituye una mera petición ni solicitudes de información, sino que trata de exhortaciones, motivo por el cual no procede estimar el recurso.\n\nIV.- En la gestión con sello de recibido del 26 de marzo de 2025, el tutelado también requirió a la corporación local de Grecia: “3 - Se me aporten los criterios técnicos que aplicó el ingeniero municipal para aprobar dicha construcción, en un terreno, que supuestamente no cumple con los retiros de las colindancias debido al tamaño de esta torre. 4 - Señor Donald Quesada Rodríguez solicito las distancias entre todas las torres de comunicación que existen en el distrito central. 5 - Señor Alcalde solicito la distancia de la torre más cercana a la Escuela Simón Bolívar, Ebais y la Iglesia Católica. 6 - Para la construcción de esta torre se presentaron los Estudios de Impacto Ambiental básico para tramitar permiso de construcción. Si o No? (sic) Se me aporten pruebas. 7 - A que profundidad se construyen los soportes de esta torre? (sic) Solicito se me diga si la Empresa Golden Comunicaciones presentó el estudio de hidrología del agua subterránea. (Nivel)”. Sobre el particular, esta Cámara acredita que, el 16 de junio de 2025, a saber, con posterioridad a que la resolución de curso de este asunto fue notificada al alcalde de Grecia, se puso en conocimiento del tutelado el memorial UCC-116-2025 del 16 de junio de 2025, en el que se detalló: “(…) 1) En relación al (sic) permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones en Dirección02, le informamos que según registros municipales la misma no registra permiso de construcción, ver imagen-1 (…)  Imagen-1. Fuente: Sistema Integrado Municipal (SIM) De lo anterior los puntos 1, 2, 3, 6 y 7 no aplican al no existir permisos de construcción para poder brindar respuesta. 2) Se identifican 8 torres en el casco central con una distancia PROMEDIO entre ambas de 859.57 metros. Este promedio se estima como las distancias entre una torre y otra siguiendo el orden de la imagen-2 (…) Imagen-2 Fuente: Google Maps 3) La distancia aproximada entre la torre más cercana y la iglesia católica ubicada al costado Este del parque central de Grecia es de 215 metros. 4) La distancia aproximada entre la torre más cercana y la escuela Simón Bolívar es de 263 metros. 5) La distancia aproximada entre la torre más cercana y el EBAIS Central de Grecia es de 459 metros. Las distancias se toman de la página de google maps”.\n\nDe este modo, el Tribunal acredita que la situación que conculcaba los derechos fundamentales de la parte amparada ante la demora de la Municipalidad de Grecia en atender los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la gestión con sello de recibido del 26 de marzo de 2025 fue corregida durante la tramitación de este proceso. Por ello, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a estos extremos, de acuerdo con lo establecido en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARITA NAVARRO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\".\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa \"resolución\" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase \"si fueren procedentes\" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: \"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\".\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no. se diera tal condenatoria, en el caso de que si se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, solo en cuanto a la demora en la atención de lo peticionado en los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la gestión con sello de recibido del 26 de marzo de 2025. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ITAJ7P47JEUE61\n\nEXPEDIENTE N° 25-015823-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:49:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 22293 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** 09:20 a.m., July 18, 2025\n\n**Expediente:** 25-015823-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez\n\n**Type of matter:** Amparo appeal\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 25-015823-0007-CO\n\nRes. No. 2025022293\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty a.m. on the eighteenth of July two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal processed in expediente number 25-015823-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF GRECIA.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief incorporated into the digital expediente on June 6, 2025, the plaintiff files an amparo appeal. He states that he submitted a request to the Municipality of Grecia with a receipt date of March 26, 2025; however, as of the date he files the amparo, he has not obtained a response. He considers his fundamental rights violated. He requests that the appeal be granted.\n\n2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 5:41 p.m. on June 9, 2025, the process was set in motion and a report was requested from the mayor of Grecia.\n\n3.- By brief incorporated into the digital expediente on June 16, 2025, Donald Quesada Rodríguez, in his capacity as mayor of Grecia, reports under oath. He states: “In compliance with what was indicated in the resolution at seventeen forty-one on June ninth two thousand twenty-five, the respective report is hereby issued as follows: Official letter UCC-116-2025 dated June 16, 2025, is attached, in which a response is given to the appellant regarding the questions posed. Said information was notified to two of the means indicated by the amparo beneficiary: ...01, automatically rejected due to being inactive and sent on June 16, 2025. Likewise, notification was made to the appellant at the email ...02, also indicated as a means of notification, which was indeed received correctly on June 16, 2025. In summary, it is considered that this Municipality has fulfilled its commitments in the present case, consequently requesting that this matter be archived. (…) PRAYER FOR RELIEF: For the reasons stated, I request this honorable Chamber to accept our action and declare this amparo appeal dismissed, since our performance does not violate the elementary rights of the appellant, to whom the requested responses have already been given. If this prayer for relief is not accepted, please take into consideration the provisions of numeral 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, to exonerate the payment of costs, having acted in good faith.”\n\n4.- The legal requirements have been observed in the procedures followed.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant indicates that he submitted a request to the Municipality of Grecia with a receipt date of March 26, 2025; however, as of the date he files the amparo, he has not obtained a response.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:\n\na) By brief stamped received on March 26, 2025, the plaintiff indicated to the Municipality of Grecia:\n\n“1 - I request that the publication in La Gaceta No. 121 of June 22 be applied. Constructions Chapter 19 bis It is clearly indicated that communication towers must have a setback (retiro) of 6 meters from adjoining properties. 2 - I request Mr. Donald Quesada Rodríguez, The municipality is the governing body that granted the construction permits for said tower, that the official who approved the construction be ordered to proceed with the nullity, revocation, or annulment of any construction permit on the Dirección01 property to the company GOLDEN COMUNICACIONES, for allegedly not complying with the setbacks (retiros) from adjoining properties. 3 - Provide me with the technical criteria applied by the municipal engineer to approve said construction, on a piece of land that supposedly does not comply with the setbacks (retiros) from adjacent properties due to the size of this tower. 4 - Mr. Donald Quesada Rodríguez, I request the distances between all the communication towers that exist in the central district. 5 - Mr. Mayor, I request the distance from the nearest tower to the Simón Bolívar School, Ebais, and the Catholic Church. 6 - Were the basic environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental) submitted to process the construction permit for this tower? Yes or No? (sic) Provide me with proof. 7 - At what depth are the supports of this tower built? (sic) I request that I be told if the Company Golden Comunicaciones submitted the groundwater hydrology study. (Level) (…) To receive a response at the email address. ...01 Cc: ...03 ...04”. (See documentary evidence).\n\nb) At 10:37 a.m. on June 11, 2025, the respondent authority was notified of the resolution setting this matter in motion. (See notification record).\n\nc) By official letter UCC-116-2025 dated June 16, 2025, the Municipality of Grecia communicated to the plaintiff:\n\n“Reference: “Communication tower Urbanización Aragón” This serves to greet you and at the same time provide a response to the inquiries indicated in your note of March 25 1) In relation to (sic) the construction permit for a telecommunications tower at Dirección02, we inform you that according to municipal records, it does not have a construction permit, see image-1 (…) Image-1. Source: Sistema Integrado Municipal (SIM) From the above, points 1, 2, 3, 6, and 7 do not apply as there are no construction permits to be able to provide an answer. 2) 8 towers are identified in the central core with an AVERAGE distance between them of 859.57 meters. This average is estimated as the distances from one tower to another following the order of image-2 (…) Image-2 Source: Google Maps 3) The approximate distance between the nearest tower and the Catholic church located on the east side of the Grecia central park is 215 meters. 4) The approximate distance between the nearest tower and the Simón Bolívar school is 263 meters. 5) The approximate distance between the nearest tower and the EBAIS Central de Grecia is 459 meters. The distances are taken from the google maps page”. (See documentary evidence).\n\nd) On June 16, 2025, the respondent local corporation sent official letter UCC-116-2025 dated June 16, 2025, to ...01 and ...03. (See documentary evidence).\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellant indicates that he submitted a request to the Municipality of Grecia with a receipt date of March 26, 2025; however, as of the date he files the amparo, he has not obtained a response.\n\nThe Chamber certifies that, by brief stamped received on March 26, 2025, the plaintiff indicated to the Municipality of Grecia: “1 - I request that the publication in La Gaceta No. 121 of June 22 be applied. Constructions Chapter 19 bis It is clearly indicated that communication towers must have a setback (retiro) of 6 meters from adjoining properties. 2 - I request Mr. Donald Quesada Rodríguez, The municipality is the governing body that granted the construction permits for said tower, that the official who approved the construction be ordered to proceed with the nullity, revocation, or annulment of any construction permit on Dirección03 to the company GOLDEN COMUNICACIONES, for allegedly not complying with the setbacks (retiros) from adjoining properties. 3 - Provide me with the technical criteria applied by the municipal engineer to approve said construction, on a piece of land that supposedly does not comply with the setbacks (retiros) from adjacent properties due to the size of this tower. 4 - Mr. Donald Quesada Rodríguez, I request the distances between all the communication towers that exist in the central district. 5 - Mr. Mayor, I request the distance from the nearest tower to the Simón Bolívar School, Ebais, and the Catholic Church. 6 - Were the basic environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental) submitted to process the construction permit for this tower? Yes or No? (sic) Provide me with proof. 7 - At what depth are the supports of this tower built? (sic) I request that I be told if the Company Golden Comunicaciones submitted the groundwater hydrology study. (Level) (…) To receive a response at the email address. ...01 Cc: ...03 ...04”. By official letter UCC-116-2025 dated June 16, 2025, the Municipality of Grecia communicated to the plaintiff: “Reference: “Communication tower Urbanización Aragón” This serves to greet you and at the same time provide a response to the inquiries indicated in your note of March 25 1) In relation to (sic) the construction permit for a telecommunications tower at Dirección02, we inform you that according to municipal records, it does not have a construction permit, see image-1 (…) Image-1. Source: Sistema Integrado Municipal (SIM) From the above, points 1, 2, 3, 6, and 7 do not apply as there are no construction permits to be able to provide an answer. 2) 8 towers are identified in the central core with an AVERAGE distance between them of 859.57 meters. This average is estimated as the distances from one tower to another following the order of image-2 (…) Image-2 Source: Google Maps 3) The approximate distance between the nearest tower and the Catholic church located on the east side of the Grecia central park is 215 meters. 4) The approximate distance between the nearest tower and the Simón Bolívar school is 263 meters. 5) The approximate distance between the nearest tower and the EBAIS Central de Grecia is 459 meters. The distances are taken from the google maps page”. On June 16, 2025, the respondent local corporation sent official letter UCC-116-2025 dated June 16, 2025, to ...01 and ...03.\n\nFirst, it should be recalled that in the request whose lack of response is alleged in this case, the following was requested of the Municipality of Grecia: “1 - I request that the publication in La Gaceta No. 121 of June 22 be applied. Constructions Chapter 19 bis It is clearly indicated that communication towers must have a setback (retiro) of 6 meters from adjoining properties. 2 - I request Mr. Donald Quesada Rodríguez, The municipality is the governing body that granted the construction permits for said tower, that the official who approved the construction be ordered to proceed with the nullity, revocation, or annulment of any construction permit on Dirección03 to the company GOLDEN COMUNICACIONES, for allegedly not complying with the setbacks (retiros) from adjoining properties”.\n\nIn this regard, it is relevant to bring up what was indicated in judgment No. 2024008805 at 9:20 a.m. on April 5, 2024:\n\n“(…) First, by official letter SMTA-010-2023 dated August 11, 2023, the plaintiff mentioned to the Municipality of Atenas: “(…) Email: ...05 (…) because the officials of this municipality have been left without space to park our vehicles, we respectfully request authorization to use the facilities of the Estadio Municipal de Atenas for parking (…)”. Said document is stamped received on September 21, 2023. Likewise, by memorandum SMTA-011-2023 dated August 11, 2023, the appellant indicated to the respondent local government: “(…) Email: ...05 (…) because the members of this union do not have a space to hold both ordinary and extraordinary meetings, we request that an office be assigned exclusively for the use of SITRAMA (…)”. Said memorandum is stamped received on September 27, 2023.\n\nIn this regard, from an integral reading of memoranda SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 of August 11, 2023, it is inferred that they essentially deal with exhortations and not simple petitions or requests for information. On this subject, the Chamber referred in judgment No. 2022018615 at 9:05 a.m. on August 12, 2022:\n\n“IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, the plaintiffs maintain that on June 9, 2022, they sent to the electronic address ...06 a request in which they requested, among other things, to be informed about aspects related to the implementation of Law No. 65 of July 30, 1888, and compliance with a judgment issued by this Constitutional Court. They claim that said request was reiterated on June 14, 2022, at which time it was presented personally before the office of the Minister of Environment and Energy. They allege that, at the time of filing this appeal, they have not received any response.\n\nFrom the examination of the records, it is inferred that, on June 9, 2022, the plaintiff party sent an email to the account ...06, to which a memorandum was attached containing a request for information regarding compliance with a judgment issued by this Court. In this regard, it should be noted that in this case, it is uncontested that such email constitutes an official means of the respondent authority for receiving requests. Likewise, the Chamber verifies that said request was reiterated by the plaintiff party, since it is observed that, on June 14, 2022, the office of the respondent minister received memorandum JFAC/032/2022 dated June 9, 2022.\n\nIn said request, the plaintiff party requested: “1. Proceed as soon as possible to comply with Voto 12109-2008 of the Constitutional Chamber, and recover the lands of the inalienable zone (zona inalienable), and while the legal recovery procedure is carried out, and taking into account that we are in a zone of high aquifer recharge and very high environmental and hydrogeological vulnerability, the MINAE, in coordination with the municipalities, should act so that activities are not permitted within the 2015 expansion of the Parque Braulio Carrillo and in the rest of the inalienable zone (zona inalienable). 2. We request that, for all claim files regarding property or possession rights, before the MINAE issues resolutions that endorse or deny rights, the Property Registry and, at the same time, the Procuraduría General de la República be consulted as a technical registry body, regarding the veracity of the rights; this given the lack of expertise that the MINAE may lack to resolve the cases (…) 9. That the MINAE review again, and request a legal opinion from the national Registry (sic) and the Procuraduría General de la República, the procedures and resolutions issued by previous environment ministers by which they have endorsed property rights over lands geographically located in the inalienable zone (zona inalienable), this for the sake of transparency and to have the certainty that the corresponding procedure was carried out and according to law. 10. Considering that the lands located in the Inalienable Zone (sic) of the Law 65 of 1888 are state heritage, with their administration under the custody of the MINAE, we request that any arrangement and construction of a road by the Ministry of Public Works or a municipality or private individual be carried out with the prior endorsement of the MINAE, which will consider or take into account the possible environmental effect on the zone that the works on the lands may directly mean (sic), as well as indirect ones, such as the human burden due to greater visitation by citizens, in an environmentally fragile zone (…)”.\n\nRegarding what was requested by the plaintiff party in points 1, 2, 9, and 10 of the request under study, it should be noted that they deal with exhortations and not with simple petitions or requests for information. In this regard, the Chamber referred in judgment No. 705-96 at 4:12 p.m. on February 7, 1996:\n\n“(…) From the analysis of official letter dated November 29, 1995, sent by the appellant to the Minister of Public Works and Transport (See folio 4) and whose omission to respond is the object of the allegations raised herein, it is not observed that such omission constitutes a violation of the right to petition and prompt response protected by Article 27 of the Political Constitution. Indeed, what is inferred from that document is that the objective sought was to make an exhortation (sic) to the Minister so that he would take on the task of promoting within the Ministry under his charge the process that is ‘concerted, participatory and transparent in the matter of the Transformation of the State,’ as stated by the appellant in the appeal filing brief… By reason of the foregoing, one could not seek to force the Minister of Public Works and Transport to render a response, since he is not being asked to provide any information about the transformation process in his portfolio, which makes it necessary to dismiss the appeal. (…)” .\n\nWhile in judgment No. 2002003910 at 3:55 p.m. on April 30, 2002, this Chamber considered that:\n\n“(…) II.- The appellant also alleges that Article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been obtained to the note sent by the Legal Advisor of the Unión de Conserjes de Educación Pública Union to the Director of Personnel of the Ministry of Public Education on February twenty-sixth. Indeed, the cited constitutional article refers to the right of every person to address in writing any public official or official entity, so that they may inform or resolve matters of their interest, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from the reading of the document in question and whose omission to resolve is alleged (see copy on folio 6 of the expediente), this Chamber infers that such a request does not fit within the requirements of Article 27 constitutional and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since it properly corresponds to an exhortative note or support request, with which it is sought to incite the respondent to use “his good offices so that Mrs. Nombre02 is appointed permanently.” Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could harm his right to petition in the terms presented in the initial brief (see in a similar sense judgments number 1481-96 at 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 at 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 at 9:26 a.m. on January 5, 2001). (…)” (emphasis is not from the original).\n\nThe Court finds no reasons to vary the criterion expressed in the aforementioned judgments, nor reasons to assess the situation raised differently. Consequently, given that what was requested by the plaintiff party in points 1, 2, 9, and 10 of the request dated June 9, 2022, reiterated on the 14th of that same month, constitute exhortations, it is not appropriate to grant the amparo with respect to such grievances” (the highlighting was added).\n\nLikewise, in judgment No. 2022021561 at 9:30 a.m. on September 16, 2022, it was established:\n\n“VI.- In points 1, 4, and 5 of the request dated June 15, 2022, the plaintiff party requested: 1. We request to revoke and render ineffective official letter JDC-SINDEU-314-2022 dated June 6, 2022 (…) 4. We request an apology from the Central Board of Directors of SINDEU, for having carried out 'a review' of the affiliates without having taken into account the Maquinaria y Equipo Section. 5. We request that these regrettable events be remedied, so that they do not happen again in the future (…)”.\n\nObserve that such requirements are not requests for information in exercise of the right of association, but rather constitute exhortations, in which it was sought to incite the respondent union to carry out a series of actions in accordance with the claims of the protected parties. Ergo, the violation of the fundamental rights of the amparo-seeking party is not verified with respect to points 1, 4, and 5 of the request dated June 15, 2022”.\n\nIn the same sense, in judgment No. 2023019751 at 9:30 a.m. on August 11, 2023, it was indicated:\n\n“V.- Now then, this Chamber verifies that points 2 and 3 of the request of the amparo beneficiary, concerning “SECOND: That the list of eligible candidates for the occupational position of Nursing Professionals updated to date be made of general knowledge. THIRD: That the aforementioned lists be duly ‘placed in a location easily accessible to the functioning person who requires them or who demonstrates a legitimate interest’ as indicated by circular GG-DAGP-0724-2021”, do not deal with a request for information or any pure and simple petition, but rather deal more with exhortations with which it is sought to incite the respondent authority to make the list of eligible candidates in Nursing generally known and even to place them in specific locations. Hence, the apparent omission to respond to such points does not imply an injury to their right to petition or to prompt resolution and, therefore, is not subject to amparo in this Chamber. For example, regarding these issues, the Chamber, through judgment 2002-003910 at 3:55 p.m. on April 30, 2002, ordered the following:\n\n“II.- The appellant also alleges that Article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been obtained to the note sent by the Legal Advisor of the Unión de Conserjes de Educación Pública Union to the Director of Personnel of the Ministry of Public Education on February twenty-sixth. Indeed, the cited constitutional article refers to the right of every person to address in writing any public official or official entity, so that they may inform or resolve matters of their interest, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from the reading of the document in question and whose omission to resolve is alleged (see copy on folio 6 of the expediente), this Chamber infers that such a request does not fit within the requirements of Article 27 constitutional and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since it properly corresponds to an exhortative note or support request, with which it is sought to incite the respondent to use “his good offices so that Mrs. Nombre02 is appointed permanently.” Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could harm his right to petition in the terms presented in the initial brief (see in a similar sense judgments number 1481-96 at 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 at 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 at 9:26 a.m. on January 5, 2001). (…)” (The emphasis is not from the original).\n\nSuch considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor reasons to assess the situation raised differently. This being the case, the appeal is dismissed in relation to such aspects”.\n\nIn the sub examine case, it should be remembered that what was requested by the amparo beneficiary in official letters SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 of August 11, 2023, whose lack of response is alleged, was the authorization for the officials of the Municipality of Atenas to use the facilities of the municipal stadium for parking and the assignment of an office for the exclusive use of Sitrama, issues that, evidently, do not constitute mere petitions or requests for information, but rather exhortations. Therefore, since the requests raised by the plaintiff party on August 11, 2023, consist of exhortations, the granting of this appeal with respect to these aspects is not appropriate (…)”.\n\nThus, it should be noted that what was requested by the plaintiff in points 1 and 2 of the request under study does not constitute a mere petition or requests for information, but rather deals with exhortations, which is why it is not appropriate to grant the appeal.\n\nIV.- In the request stamped received on March 26, 2025, the protected party also requested from the local corporation of Grecia: “3 - Provide me with the technical criteria applied by the municipal engineer to approve said construction, on a piece of land that supposedly does not comply with the setbacks (retiros) from adjacent properties due to the size of this tower. 4 - Mr. Donald Quesada Rodríguez, I request the distances between all the communication towers that exist in the central district. 5 - Mr. Mayor, I request the distance from the nearest tower to the Simón Bolívar School, Ebais, and the Catholic Church. 6 - Were the basic environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental) submitted to process the construction permit for this tower? Yes or No? (sic) Provide me with proof. 7 - At what depth are the supports of this tower built? (sic) I request that I be told if the Company Golden Comunicaciones submitted the groundwater hydrology study. (Level)”. On this matter, this Chamber certifies that, on June 16, 2025, that is, after the resolution setting this matter in motion was notified to the mayor of Grecia, the protected party was made aware of memorandum UCC-116-2025 dated June 16, 2025, in which it was detailed: “(…) 1) In relation to (sic) the construction permit for a telecommunications tower at Dirección02, we inform you that according to municipal records, it does not have a construction permit, see image-1 (…) Image-1. Source: Sistema Integrado Municipal (SIM) From the above, points 1, 2, 3, 6, and 7 do not apply as there are no construction permits to be able to provide an answer. 2) 8 towers are identified in the central core with an AVERAGE distance between them of 859.57 meters. This average is estimated as the distances from one tower to another following the order of image-2 (…) Image-2 Source: Google Maps 3) The approximate distance between the nearest tower and the Catholic church located on the east side of the Grecia central park is 215 meters. 4) The approximate distance between the nearest tower and the Simón Bolívar school is 263 meters. 5) The approximate distance between the nearest tower and the EBAIS Central de Grecia is 459 meters. The distances are taken from the google maps page”.\n\nIn this way, the Court certifies that the situation that violated the fundamental rights of the amparo-seeking party due to the delay of the Municipality of Grecia in attending to points 3, 4, 5, 6, and 7 of the request stamped received on March 26, 2025, was corrected during the processing of this process. Therefore, what is appropriate is to grant the appeal with respect to these aspects, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal will be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that that same final paragraph refers that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate”. It is emphasized that the Law states “if they are appropriate”, which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases like this, the content of the claim of the amparo beneficiary and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evident pecuniary nature (as would indeed occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are appropriate is not foreseen.\n\nThe principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of the Public Administration and the Administrative Contentious Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) -cfr. article 14-. For the administrative-contentious jurisdiction, the legislature established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it deems appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND GARITA NAVARRO, ONLY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES TO THE RESPONDENT PARTY.\n\nAlthough we agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal granted, we separate from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”.\n\nOn the other hand, in article 51 ibidem, it is established that:\n\n“...any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving its liquidation for the execution of the judgment”.\n\nThis latter rule establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, declares the appeal granted, as in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it learns of the amparo – a situation contemplated in the referred article 52 – by imperative of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for compensation for the damages and losses caused and for the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of these situations, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and resolved as granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award on these points contained in the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nFurthermore, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as stated by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding”.\n\nThe legislature established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution granting leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared granted “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn our criterion, such exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is shown in an unmistakable and clear manner that in the specific case no harm capable of being compensated was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions – a specific determination of which does not fall within the purview of this jurisdiction – the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and the very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach to the regime of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis performed by this venue concentrates on that verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52 of the LJC (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in its grammatical scope, stipulates that such award (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted a cause adequate for injuries of a patrimonial nature that are legally compensable. For reference, numerals 179 to 184 of the Administrative Contentious Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 of the same law, that proceeding has the following object:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative-Contentious Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations”.\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract on those items, since those types of claims would not be applicable within that type of case, when the judgment issued in the amparo proceeding established, expressly, the non-applicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the administrative-contentious venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned numeral 52 of the LJC (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the exemption from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably deemed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by cause proper to or alien to the sued entity, the accused inactivity or reproached disturbance may have come to cause damages and losses. However, such merits matter, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are assessments that escape the nature of these proceedings and regarding which, according to what is regulated by the cited mandate 52, are proper to an award in the abstract that later constitutes a basis for analysis in the Administrative-Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not its object or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the protection of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, as a principle thesis and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of cases. Note that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, no assessment is entered into as to whether or not there is an infringement, with which, much less can it be defined whether from what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from award referred to in that rule is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in these situations, the rule imposes the award in the abstract, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person would be put at risk, since, despite that supervening response from the complained-against party, they may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution (Constitución Política), and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by article 9 of the same law. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conduct that, in theory, threatens or infringes the fundamental rights of the individual. That is, in order to obtain protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes mentioned in the rule under examination generated damages and losses, it is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, should in no way be denied, as a presupposition, by the mere realization of the factual situation regulated in the mentioned numeral 52 of the LJC (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Therefore, with the usual respect regarding the majority's stance, we issue our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the award in the abstract of costs, damages, and losses.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS WITH RESPECT TO THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable\".\n\nMy interpretation of that rule is the following: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Indeed, article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC (Ley de la Jurisdicción Constitucional), precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, under article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the remedy of amparo is not compensatory but restitutory; however, article 51 of the LJC (Ley de la Jurisdicción Constitucional) states: \"Any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving its liquidation for the execution of the judgment\".\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the case where it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the award in the abstract thereof is appropriate. If it were not done thus, if such award were not given, in the event that they have occurred, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate article 41 of the CP (Constitución Política). If, despite there being an award in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceedings shall so declare, since only to him does it correspond to deem the real existence and magnitude thereof as proven. With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC (Ley de la Jurisdicción Constitucional) provides the possibility that, if it is deemed just, the Chamber awards costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device have been provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Electronic File Regulations before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial) (approved by the Plenary Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is partially granted without special award of costs, damages, and losses, only regarding the delay in attending to what was petitioned in points 3, 4, 5, 6, and 7 of the filing with receipt stamp of March 26, 2025. In all other respects, the appeal is denied. Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent and order the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Let it be notified.\n\n \n \n \n\n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\t\n \n\n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\n\t\nAnamari Garro V.\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\t\n \n\n\t\nJose Roberto Garita N.\n\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nITAJ7P47JEUE61\nEXPEDIENTE N° 25-015823-0007-CO\n \nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n \n \nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:49:30.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }