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  "id": "nexus-sen-1-0007-1320292",
  "citation": "Res. 23120-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "No ha lugar a gestión por incumplimiento prematuro de sentencia de amparo",
  "title_en": "Premature enforcement motion denied — amparo compliance period still running",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció una gestión de incumplimiento presentada por el recurrente del amparo 25-008655-0007-CO, relativo al tránsito irregular de vehículos pesados en una zona residencial de Alajuela. El recurrente alegó que, vencido el plazo, las autoridades municipales y el MOPT no habían adoptado medidas para cumplir la sentencia N° 2025014448, que ordenaba solucionar la problemática. La Sala verificó que la última notificación de esa sentencia se realizó el 22 de mayo de 2025, por lo que el plazo de dos meses comenzó a correr el 23 de mayo y aún estaba vigente al 21 de julio, fecha de la gestión. Concluyó que no existía incumplimiento alguno en ese momento y declaró no ha lugar la gestión. Además, se previno a las partes sobre el retiro de documentación física o electrónica aportada. El fallo no aborda el fondo ambiental, sino un aspecto procesal del cumplimiento de lo ordenado en amparo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber considered an enforcement motion filed by the amparo petitioner in case 25-008655-0007-CO, concerning irregular heavy-vehicle traffic in a residential area of Alajuela. The petitioner claimed that the municipal and MOPT authorities had failed to comply with Judgment No. 2025014448, which ordered them to solve the problem within a set period. The Chamber verified that the last notification of that judgment was on May 22, 2025, so the two-month deadline began on May 23 and was still running when the motion was filed on July 21, 2025. Therefore, there was no noncompliance to declare at that stage, and the motion was dismissed. The court also warned parties to retrieve any physical or electronic documents submitted. The ruling does not address environmental merits; it is purely procedural regarding enforcement of the amparo order.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/07/2025",
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    "gestión de incumplimiento",
    "Ley de Notificaciones Judiciales",
    "cómputo del plazo",
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  "excerpt_es": "En tal sentido, cabe resaltar que el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales estatuye: “ARTÍCULO 38.- Cómputo del plazo. Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día \"hábil\" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.”.\n\nAsí las cosas, en consideración a que la última notificación realizada fue el 22 de mayo de 2025, el plazo indicado en la sentencia principal de este asuntó inició su cómputo el 23 de ese mismo mes. De tal manera, al momento en el que el recurrente plantea la gestión (21 de julio de 2025), aún el plazo para cumplir lo ordenado se encontraba vigente.\n\nEn consecuencia, no se advierte incumplimiento alguno susceptible de ser declarado en este momento, por lo que se declara no ha lugar la gestión incoada.",
  "excerpt_en": "In this regard, it is worth noting that Article 38 of the Judicial Notification Law provides: “ARTICLE 38.- Computation of the term. When an email, fax or casillero is designated, the person shall be deemed notified on the next business day following the transmission or deposit. However, any term begins to run as of the business day following notification to all parties.”.\n\nThus, considering that the last notification was made on May 22, 2025, the deadline indicated in the main judgment of this case began to run on the 23rd of that month. Therefore, at the time the petitioner filed the motion (July 21, 2025), the period to comply with the order was still in effect.\n\nConsequently, no noncompliance is evident to be declared at this time, so the motion is dismissed.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 23120 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-008655-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-008655-0007-CO\n\nRes. Nº 2025023120\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .\n\n \n\nGestión posterior planteada por Nombre01, cédula de identidad CED01, en el expediente nro. 25-008655-0007-CO.\n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente el 21 de julio de 2025, el recurrente expone: “1. En resolución dictada por esa Honorable Sala se otorgó un plazo determinado a la Municipalidad de Alajuela y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que adoptaran las medidas necesarias respecto a la problemática denunciada en torno a la circulación indebida de vehículos pesados en zona residencial. 2. El plazo concedido ha vencido el día de hoy. No obstante, dentro de lo que hemos podido verificar directamente en la zona afectada, no se han observado avances ni acciones concretas por parte de las instituciones accionadas para dar cumplimiento a lo ordenado. 3. Por el contrario, la situación se ha agravado, como se evidencia en las fotografías recientes que se acompañan con este escrito. En ellas puede apreciarse la constante circulación de vehículos pesados, lo cual representa un peligro para peatones y conductores, además de generar un excesivo ruido ambiental, especialmente cuando utilizan el freno de motor o transitan sobre reductores de velocidad, a cualquier hora del día (…)”.\n\n2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\n Considerando:\n\nI.- En la sentencia nro. 2025014448 de las 9:35 horas de 16 de mayo de 2025 se dispuso:\n\n“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Javier Sánchez Gómez y Roberto Hernán Thompson Chacón, por su orden, presidente del Concejo Municipal y alcalde, ambos de la Municipalidad de Alajuela, así como a Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo pertinente, tomen las medidas necesarias y giren las órdenes correspondientes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que, en el plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas pertinentes y se realicen las acciones necesarias para solucionar la problemática relativa al tránsito irregular de vehículos en la ruta aducida por los accionantes. Se le advierte a la autoridad recurridas que, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese.”.\n\n \n\nTal sentencia fue notificada a las autoridades de la Municipalidad de Alajuela por correo electrónico el 19 de mayo de 2025, mientras que se notificó en el domicilio señalado al ministro del MOPT el 22 de mayo de 2025.\n\nII.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente acusa que las autoridades accionadas no han cumplido con lo dispuesto en la sentencia nro. 2025014448 de las 9:35 horas de 16 de mayo de 2025.\n\nAl respecto, interesa advertir que la sentencia citada fue notificada por correo electrónico a las autoridades de la municipalidad recurrida el 19 de mayo de 2025, mientras que la notificación al ministro del MOPT se efectuó en el domicilio señalado por esa autoridad el 22 de mayo de 2025.\n\nEn tal sentido, cabe resaltar que el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales estatuye: “ARTÍCULO 38.- Cómputo del plazo. Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día \"hábil\" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.”.\n\nAsí las cosas, en consideración a que la última notificación realizada fue el 22 de mayo de 2025, el plazo indicado en la sentencia principal de este asuntó inició su cómputo el 23 de ese mismo mes. De tal manera, al momento en el que el recurrente plantea la gestión (21 de julio de 2025), aún el plazo para cumplir lo ordenado se encontraba vigente.\n\nEn consecuencia, no se advierte incumplimiento alguno susceptible de ser declarado en este momento, por lo que se declara no ha lugar la gestión incoada.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n \n\n No ha lugar a la gestión formulada.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n IYNZ7QYDG2O61\n\nEXPEDIENTE N° 25-008655-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:52:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Constitutional Chamber\n\nResolution No. 23120 - 2025\n\nResolution Date: July 24, 2025 at 09:20\n\nCase File: 25-008655-0007-CO\n\nDrafted by: Paul Rueda Leal\n\nType of Matter: Amparo action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-008655-0007-CO\n\nRes. No. 2025023120\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty in the morning on July twenty-fourth, two thousand twenty-five.\n\nSubsequent filing submitted by Nombre01, identity card number CED01, in case file no. 25-008655-0007-CO.\n\nWhereas:\n\n1.- By a document added to the case file on July 21, 2025, the claimant states: “1. In a resolution issued by this Honorable Chamber, a specific time period was granted to the Municipality of Alajuela and the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) to adopt the necessary measures regarding the reported issue of improper heavy-vehicle traffic in a residential area. 2. The time period granted has expired today. However, based on what we have been able to verify directly in the affected area, no progress or concrete actions have been observed by the respondent institutions to comply with what was ordered. 3. On the contrary, the situation has worsened, as evidenced by the recent photographs attached to this filing. In them, the constant circulation of heavy vehicles can be observed, which poses a danger to pedestrians and drivers, in addition to generating excessive environmental noise, especially when they use engine brakes or travel over speed bumps, at any time of day (…)”.\n\n2.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- The judgment no. 2025014448 of 9:35 a.m. on May 16, 2025, ordered:\n\n“The amparo action is granted. It is ordered that Francisco Javier Sánchez Gómez and Roberto Hernán Thompson Chacón, in their respective order, president of the Municipal Council and mayor, both of the Municipality of Alajuela, as well as Efraím Zeledón Leiva, minister of Public Works and Transport, or whoever holds those positions, coordinate accordingly, take the necessary measures, and issue the corresponding orders within the scope of their respective competencies, so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pertinent measures are adopted and the necessary actions are taken to resolve the issue of irregular vehicle transit on the route cited by the claimants. The respondent authorities are warned that, according to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo action, and fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Let it be notified.”.\n\nThis judgment was notified to the authorities of the Municipality of Alajuela by email on May 19, 2025, while it was notified at the designated address to the minister of MOPT on May 22, 2025.\n\nII.- REGARDING THE FILING SUBMITTED. In this case, the claimant alleges that the respondent authorities have not complied with the provisions of judgment no. 2025014448 of 9:35 a.m. on May 16, 2025.\n\nIn this regard, it is important to note that the cited judgment was notified by email to the authorities of the respondent municipality on May 19, 2025, while notification to the minister of MOPT was carried out at the address provided by that authority on May 22, 2025.\n\nIn this sense, it is worth highlighting that section 38 of the Law on Judicial Notifications states: “ARTICLE 38.- Calculation of the time period. When an email, fax, or post office box is indicated, the person shall be deemed notified on the \\\"business\\\" day following the respective transmission or deposit. However, all time periods begin to run from the business day following notification to all parties.”.\n\nThus, considering that the last notification made was on May 22, 2025, the period indicated in the principal judgment of this matter began its calculation on the 23rd of that same month. Consequently, at the time the claimant filed this submission (July 21, 2025), the period to comply with the order was still in effect.\n\nTherefore, no breach susceptible of being declared at this time is observed, and accordingly, the filed petition is dismissed.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device have been provided, they must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary”, approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judiciary, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe filed petition is dismissed.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nIYNZ7QYDG2O61\n\nCASE FILE N° 25-008655-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:52:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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