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  "id": "nexus-sen-1-0007-1324588",
  "citation": "Res. 24023-2025 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Restricción de visitas de menores en circuitos de alta contención penitenciaria",
  "title_en": "Restriction of Minor Children Visits in High-Security Prison Units",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un privado de libertad en el CAI Terrazas, quien reclama por reducción de alimentos, falta de atención médica, acumulación de basura e imposibilidad de visitas de sus hijos. La mayoría del tribunal declara sin lugar el recurso, al considerar que no se acreditaron los hechos denunciados: la alimentación no fue reducida, la atención médica se brinda, la inspección del Ministerio de Salud descartó problemas sanitarios, y el recurrente no gozaba del beneficio de visitas desde 2016. Sin embargo, el voto salvado del magistrado Cruz Castro sostiene que la directriz DVJ-009-04-2025 establece una presunción general contraria a las visitas de menores que vulnera derechos fundamentales de los niños y de los privados de libertad, en contravención de la Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo declararse con lugar el amparo en ese punto.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by an inmate at CAI Terrazas alleging food reduction, denial of medical care, garbage accumulation, and prohibition of visits from his minor children. The majority dismisses the amparo, finding no evidence: food portions were not reduced, medical care is provided, a Ministry of Health inspection found no sanitary violations, and the inmate has not had visitation rights since 2016. However, the dissenting opinion of Judge Cruz Castro argues that administrative directive DVJ-009-04-2025 establishes a general presumption against child visits, violating the fundamental rights of both inmates and their children under the Convention on the Rights of the Child, and would have granted the amparo on that ground.",
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    "privado de libertad",
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  "keywords_en": [
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    "child visits",
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  "excerpt_es": "Artículo 2. Regla general de no presencialidad 1. Se establece una presunción “iuris tantum” —es decir, una presunción legal que goza de efectos jurídicos mientras no sea desvirtuada con prueba en contrario— según la cual las visitas físicas de niñas, niños y adolescentes a las personas privadas de libertad ubicadas en el Circuito de Alta Contención no serán, en principio, autorizadas.\n\nCiertamente las quejas o denuncias en abstracto no corresponden conocerse por la vía sumaria del amparo. Sin embargo, en este caso considero que no estamos frente a quejas o denuncias abstractas, sino frente a una amenaza cierta de violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, además, de sus hijos. La restricción es doble, no solo para la persona privada de libertad, sino también para la persona menor de edad.\n\nEl artículo inciso 1) del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley número 7184 del 18/07/1990), dispone lo siguiente:\n“1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.",
  "excerpt_en": "Article 2. General rule of non-presentiality 1. A 'iuris tantum' presumption is established —that is, a legal presumption that has legal effects until disproven by evidence to the contrary— according to which physical visits of girls, boys and adolescents to persons deprived of liberty located in the High Containment Circuit will not, in principle, be authorized.\n\nCertainly, abstract complaints or denunciations are not cognizable through the summary amparo procedure. However, in this case I consider that we are not facing abstract complaints, but rather a real threat of violation of the fundamental rights of persons deprived of liberty and, moreover, of their children. The restriction is twofold, not only for the person deprived of liberty, but also for the minor.\n\nArticle 8(1) of the Convention on the Rights of the Child (approved by Law No. 7184 of 18/07/1990) provides:\n“1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.”",
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      "quote_en": "The presumption deriving from the Convention and the recommendation of the Committee on the Rights of the Child is in favor of maintaining direct contact, which cannot be overturned by a directive issued by a prison authority.",
      "quote_es": "La presunción que se deriva de la Convención y de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño es a favor de mantener el contacto directo, lo cual no puede ser revertido por una directriz emanada de una autoridad penitenciaria."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1324588",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24023 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 25-017473-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-017473-0007-CO\n\nRes. Nº 2025024023\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-017473-0007-CO, interpuesto por Nombre42376   , cédula de identidad CED33763, contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ (MJP).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 17 de junio de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que se encuentra descontando una pena de prisión de treinta años en el CAI Terrazas, donde fue trasladado con base en la directriz DVJ-009-04-2025. Afirma que se les redujo la cantidad de porciones que reciben y se eliminó la posibilidad de asistir al médico, pues se le indica que solo atienden a personas heridas por puñal. De igual forma, aduce que se acumula la basura hasta por dos semanas, lo que aumenta la presencia de moscas. Finalmente, alega que se le impide poder ver a sus hijos, ante las restricciones impuestas para el ingreso de menores de edad. Estima que lo expuesto, viola sus derechos fundamentales dada su condición de reclusión. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n\n2.- Por resolución de las 12:57 horas del 3 de julio de 2025 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informa bajo juramento Yamileth Valverde Granados, en su condición de directora del Centro de Atención Institucional Terrazas, lo siguiente: “SEGUNDO. La presente es la situación jurídica del amparado: Se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología, descontando una sentencia de Cincuenta años, Cero meses, Cero días ( y no de 30 años como adujo el amparado) impuesta por el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sede Grecia, por el delito de Homicidio Calificado y otros, en perjuicio de Nombre42377  , que Cumple con Prisión: tres de octubre del dos mil sesenta y cinco, con descuento aproximadamente el veintisiete de marzo del dos mil cincuenta y cuatro, con Derecho a Tramitar Libertad Condicional: veintidós de octubre del dos mil treinta y siete Fecha Tercio Pena con Prisión: veinticinco de noviembre del dos mil treinta y dos. con prisión preventiva del veintitrés de junio del dos mil dieciséis al dos de febrero del dos mil veintitrés. Con pena líquida a partir del tres de febrero del dos mil veintitrés.  TERCERO. La directriz DVJ-009-04-2025, emitida el 22 de abril de 2025, establece la regulación relativa al ingreso, control y registro de objetos permitidos mediante encomiendas dirigidas a las personas privadas de libertad ubicadas en los Circuitos de Alta Contención. Asimismo, regula la periodicidad de las visitas generales e íntimas con vínculo demostrado y la comunicación con el exterior, en apego a la normativa vigente y conforme al principio de seguridad institucional.  Posteriormente, mediante adición del 7 de mayo de 2025 a la misma directriz, se amplía la posibilidad de contacto con personas menores de edad, estableciendo lo siguiente:  En sustitución de la visita presencial, la Administración Penitenciaria garantizará modalidades alternativas de comunicación seguras y gratuitas (como videollamadas u otros medios equivalentes), a fin de preservar el vínculo familiar sin comprometer la seguridad institucional ni el bienestar psico-socioemocional de la niñez.  Se dispone, además, que las jefaturas nacionales de las Secciones Profesionales de Trabajo Social y Psicología deben emitir los lineamientos respectivos para viabilizar el contacto con personas menores de edad, cuando exista un vínculo de primer grado de consanguinidad o  afinidad (hijos/as biológicos o de crianza). No obstante, a la fecha no se han emitido di lineamientos, según lo informado por la profesional en trabajo social a cargo de la población penal en la que actualmente se encuentra el sentenciado.  CUARTO. Cabe señalar que el sentenciado no ha planteado formalmente ninguna solicitud al respecto, situación que no se refleja en el informe correspondiente, Por tanto, una vez que se formule dicha gestión, esta será tramitada conforme al procedimiento establecido y, de ser necesario, se elevará a las autoridades competentes encargadas de desarrollar el protocolo respectivo.  En consecuencia, si la persona amparada no ha solicitado el trámite de manera expresa, no es procedente alegar una vulneración a derechos fundamentales, pues la Administración Penitenciaria no ha recibido ni conocido formalmente el caso.  QUINTO. El área médica del CAI Terrazas continúa brindando atención a la población privada de libertad. Para los Circuitos de Alta Contención, se están atendiendo casos de urgencias, emergencias, controles de enfermedades crónicas e ingresos médicos por condiciones crónicas.  La consulta externa será reanudada una vez se habiliten los consultorios periféricos y se complete el personal del área médica, según lo acordado en la reunión del 6 de mayo de 2025, Se adjunta la minuta correspondiente.  En cuanto al privado de libertad Nombre42376 , se informa que actualmente cuenta con prescripción médica por lumbalgia, correspondiente a los siguientes medicamentos: acetaminofén, ibuprofeno y difenhidramina.  No se ha reportado que el señor Nombre42376  haya presentado ninguna urgencia o emergencia médica reciente; en tal sentido, en tanto, esta Dirección se adhiere en todos sus extremos al informe rendido por el área médica del CAI Terrazas”.\n\n 4.- Informa bajo juramento Johanna Torres González, en su condición de directora a.i. Área Rectora de Salud Alajuela 2, lo siguiente: “En atención a la solicitud de informe sobre los problemas de salubridad indicados por el señor Nombre42376   , en el Centro Atención Institucional Terrazas en adelante CAI TERRAZAS, lo anterior tramitado mediante el expediente 25-017473-0007-CO, según lo requerido mediante resolución de las doce horas cincuenta y siete minutos del tres de julio de dos mil veinticinco, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se apersona el señor Iván Arias Chavarría Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Alajuela 2, emitiéndose el acta de inspección MSDRRSCN-DARSA2-1897-2025 y el oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1929-2025. Elementos previos de relevancia 1- Resulta de importancia indicar que esta Dirección a.i. de Área Rectora, no reporta denuncias interpuestas, en trámite o pendientes de atender, establecidas por el señor Nombre42376    o a través de representación legal, sobre los hechos indicados en el expediente 25-017473-0007-CO. 2- Que mediante directriz DVJ-009-04-2025 de fecha del 22 de abril de 2025 (folios 5 a 10), la Dirección General de Adaptación Social, determina nuevos lineamientos específicos para los circuitos de Alta Contención donde está incluido el Centro Atención Institucional Terrazas. En estos lineamientos se establecieron rigurosas medidas a la población penitenciaria de carácter inmediato, que para lo que interesa señala: disminución de encomiendas de alimentos y otros, así como restricción de personas que entregan encomiendas. Que según lo manifestado en el Centro de marras, la aplicación de la directriz DVJ-009-04-2025 ha causado malestar general en los privados de libertad recluidos en los circuitos de alta contención. Visita de inspección para valorar las condiciones físico-sanitarias Que el día de la visita, atendieron al señor Arias Chavarría, la señora Yamileth Valverde Granados, directora del CAI TERRAZAS, posteriormente se inspecciona, valorándose lo señalado por el amparista, situación que se plasma en el siguiente cuadro: (…) De los resultados obtenidos durante la inspección efectuada el día 09 de julio del 2025 y según lo requerido por esta respetable Sala en cuanto a que se informe sobre “si se producen los problemas de insalubridad” señalados por el recurrente, según nuestras competencias, se concluye que las instalaciones CAI TERRAZAS, no presentan ningún incumplimiento en las condiciones físico-sanitarias, por lo tanto, no se comprueban las problemáticas planteadas en el recurso de marras”.\n\n5.- Mediante resolución de las 16:14 horas del 18 de julio de 2025 se solicitó prueba para mejor resolver.\n\n6.- Informa bajo juramento Yamileth Valverde Granados, en su condición de directora del Centro de Atención Institucional Terrazas, lo siguiente: “…SEGUNDO. Con respecto a lo indicado se tiene informe de Trabajo Social que indica basado en el expediente del privado de libertad lo siguiente: A folios 28-24 consta que en fecha 28-11-2016, se realizó el trámite para el ingreso de la hija de la persona privada de libertad, no obstante, el ingreso se aprobó solo por el mes de diciembre del año 2016, en las conclusiones se indicó: “Concede el permiso… solo por el mes de diciembre, dado que la madre expresa que no desea que la menor entre mucho al centro”. Posterior a dicha fecha no consta en el expediente que se hayan realizado tramites de revaloración o renovación de carnet de ingreso de la persona menor de edad al centro”.\n\n7.- Según constancia del 15 de julio de 2025 de este Tribunal “…en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 03 al 09 de julio de 2025, el jefe de Seguridad del Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó…”.\n\n 8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión previa. En vista de que jefe de Seguridad del Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que cumple pena de prisión. Reclama que: a) se le redujo la cantidad de porciones de alimento; b) se eliminó la posibilidad de asistir al médico, pues se le indica que solo atienden a personas heridas por puñal; c) se acumula la basura hasta por dos semanas, lo que aumenta la presencia de moscas; d) se le impide ver a sus hijos, ante las restricciones impuestas para el ingreso de menores de edad.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)      El tutelado cumple pena de 50 años de prisión por homicidio calificado en el CAI accionado. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nb)      El 28 de enero de 2025, el amparado fue atendido en la Clínica del CAI Terrazas por lumbalgia. Se le suministró tratamiento por seis meses. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nc)      El Área Médica del CAI Terrazas brinda atención médica a la población privada de libertad. Para los circuitos de alta contención se están atendiendo casos de urgencias, emergencias, controles de enfermedades crónicas e ingresos médicos por condiciones crónicas. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nd)      El tutelado no ha presentado ninguna urgencia o emergencia médica reciente. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\ne)      No se ha reducido la cantidad de porciones que se les da a los privados de libertad. Se les suministran cinco tiempos de comida. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nf)        Durante la inspección efectuada por el Ministerio de Salud no se evidenció acumulación de basura ni se percibió la presencia de moscas. Ese ministerio concluyó que “…las instalaciones CAI TERRAZAS, no presentan ningún incumplimiento en las condiciones físico-sanitarias, por lo tanto, no se comprueban las problemáticas planteadas en el recurso de marras…”. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\ng)      El justiciable no goza del beneficio de visita de sus hijos. En su expediente únicamente se registra que tal beneficio se aprobó una sola vez para el mes de diciembre de 2016. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente indica que cumple pena de prisión. Reclama que: a) se le redujo la cantidad de porciones de alimento; b) se eliminó la posibilidad de asistir al médico, pues se le indica que solo atienden a personas heridas por puñal; c) se acumula la basura hasta por dos semanas, lo que aumenta la presencia de moscas; d) se le impide ver a sus hijos, ante las restricciones impuestas para el ingreso de menores de edad.\n\nEn lo que respecta a punto a), la Sala tuvo por probado que no se ha reducido la cantidad de porciones que se les da a los privados de libertad. Ellos reciben cinco tiempos de comida. En ese tanto, se desestima el reclamo.\n\nAtinente al objeto b), la Sala corroboró que el Área Médica del CAI Terrazas brinda atención médica a la población privada de libertad. Para los circuitos de alta contención se están atendiendo casos de urgencias, emergencias, controles de enfermedades crónicas e ingresos médicos por condiciones crónicas. Incluso, el amparado registra una atención el 28 de enero de 2025 por lumbalgia, cuando se le suministró tratamiento por seis meses. Además, se informó bajo juramento que el tutelado no ha presentado ninguna urgencia o emergencia médica reciente. En ese tanto, no se encuentran elementos fácticos que permitan acreditar que se lesionó el derecho a la salud del amparado.\n\nEn lo que concierne al punto c), la inspección efectuada por el Área Rectora de Salud descartó el reclamo planteado, toda vez que no se evidenció acumulación de basura ni se percibió la presencia de moscas. Esa Área concluyó que “…las instalaciones CAI TERRAZAS, no presentan ningún incumplimiento en las condiciones físico-sanitarias, por lo tanto, no se comprueban las problemáticas planteadas en el recurso de marras…”. Así las cosas, no se encuentran elementos que den sustento al reclamo y, en consecuencia, se descarta.\n\nFinalmente, con respecto al punto d), el CAI informó que el tutelado no goza del beneficio de visita de sus hijos. De hecho, en su expediente únicamente se registra que tal beneficio se aprobó una sola vez para el mes de diciembre de 2016. Por este motivo, no se observa que las autoridades accionadas incurrieran en una acción u omisión en perjuicio de sus derechos. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- VOTO SALVADO MAGISTRADO CRUZ CASTRO\n\nConforme a las consideraciones que indico a continuación considero que el presente recurso debe declararse con lugar. Me aparto así, con el respeto debido, del criterio de mayoría que lo declara sin lugar.\n\nEl recurrente alega por medio de una medida administrativa se restringen las visitas de menores de edad, por lo que no se le permite tener contacto con sus hijos.\n\nDe conformidad con los informes rendidos, consta que, efectivamente, las autoridades penitenciarias establecieron, mediante directriz, la siguiente regla general:\n\n“Artículo 2. Regla general de no presencialidad 1. Se establece una presunción “iuris tantum” —es decir, una presunción legal que goza de efectos jurídicos mientras no sea desvirtuada con prueba en contrario— según la cual las visitas físicas de niñas, niños y adolescentes a las personas privadas de libertad ubicadas en el Circuito de Alta Contención no serán, en principio, autorizadas”.\n\nCiertamente las quejas o denuncias en abstracto no corresponden conocerse por la vía sumaria del amparo. Sin embargo, en este caso considero que no estamos frente a quejas o denuncias abstractas, sino frente a una amenaza cierta de violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, además, de sus hijos. La restricción es doble, no solo para la persona privada de libertad, sino también para la persona menor de edad.\n\nAhora bien, la directriz establece una “presunción legal” sin que indique ningún respaldo legal que la sustente. Si ya es cuestionable que una ley disponga de manera general que, salvo resolución en contrario, las personas menores de edad no pueden tener contacto directo con sus progenitores, con mayor razón no puede disponerse tal limitación en una directriz emanada de una autoridad penitenciaria.\n\nEl artículo inciso 1) del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley número 7184 del 18/07/1990), dispone lo siguiente:\n\n“1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.\n\n \n\nY el artículo 9 inciso 3) de dicha Convención dispone lo siguiente:\n\n \n\n“3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.\n\nSobre este tema, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en el Informe y recomendaciones del día de debate general sobre \"los hijos de padres encarcelados” (Debate General de 2011 del Comité de los Derechos del Niño), recomendó lo siguiente:\n\n“Para los niños separados de su padre/madre encarcelado:\n\n35 . El Comité reitera la obligación de los Estados partes bajo la Convención, de respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.\n\nLa presunción que se deriva de la Convención y de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño es a favor de mantener el contacto directo, lo cual no puede ser revertido por una directriz emanada de una autoridad penitenciaria. Ciertamente, es posible establecer restricciones particulares, pero cada caso concreto debe fundamentarse y no lo contrario. La regla general es el Derecho Fundamental “a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular”, como indica la Convención y no la presunción de una directriz administrativa. El Derecho de las personas menores de edad a mantener contacto con sus progenitores es un Derecho Fundamental que no puede ser desconocido por las autoridades penitenciarias.\n\nEn consecuencia, de conformidad con las razones expuestas me aparto del voto de mayoría y declaro con lugar el recurso.\n\nVI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar el recurso, únicamente, en relación con la imposibilidad de las visitas de personas menores de edad.\n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ZZK614VDKOG61\n\nEXPEDIENTE N° 25-017473-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:58:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 24023 - 2025\n\nDate of Resolution: August 1, 2025 at 09:15\n\nCase File: 25-017473-0007-CO\n\nDrafted by: Paul Rueda Leal\n\nType of Matter: Amparo recourse\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-017473-0007-CO\n\nRes. No. 2025024023\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the first of August of two thousand twenty-five.\n\nAmparo recourse processed in case file no. 25-017473-0007-CO, filed by Nombre42376, identity card CED33763, against the MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE (MJP).\n\nWhereas:\n\n1.- By document received in the Chamber on June 17, 2025, the petitioner files an amparo recourse. He states that he is serving a thirty-year prison sentence at the CAI Terrazas, where he was transferred based on directive DVJ-009-04-2025. He claims that the number of food portions they receive was reduced and the possibility of seeing a doctor was eliminated, as he is told they only treat people wounded by a knife. Likewise, he alleges that garbage accumulates for up to two weeks, which increases the presence of flies. Finally, he alleges that he is prevented from seeing his children, due to the restrictions imposed on the entry of minors. He considers that the foregoing violates his fundamental rights given his condition of confinement. He requests that the recourse be granted, with the consequences provided by law.\n\n2.- By resolution at 12:57 hours on July 3, 2025, the amparo was admitted for processing.\n\n3.- Yamileth Valverde Granados, in her capacity as director of the Terrazas Institutional Care Center, reports under oath as follows: \"SECOND. The following is the legal situation of the protected party: He is under the authority of the National Institute of Criminology, serving a sentence of Fifty years, Zero months, Zero days (and not 30 years as the protected party alleged) imposed by the Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Grecia Venue, for the crime of Aggravated Homicide and others, to the detriment of Nombre42377, whose Prison Term is completed: October 3, two thousand sixty-five, with early release approximately on March 27, two thousand fifty-four, with the Right to Process Parole: October 22, two thousand thirty-seven, One-Third of Sentence Date with Prison: November 25, two thousand thirty-two. with preventive detention from June 23, two thousand sixteen to February 2, two thousand twenty-three. With final sentence starting from February 3, two thousand twenty-three. THIRD. Directive DVJ-009-04-2025, issued on April 22, 2025, establishes the regulation regarding the entry, control, and registration of permitted objects through parcels addressed to persons deprived of liberty located in the High Containment Circuits. Likewise, it regulates the frequency of general and intimate visits with a demonstrated bond and communication with the outside world, in compliance with current regulations and in accordance with the principle of institutional security. Subsequently, by an addendum dated May 7, 2025, to the same directive, the possibility of contact with minors is expanded, establishing the following: In substitution of in-person visits, the Penitentiary Administration will guarantee safe and free alternative communication modalities (such as video calls or other equivalent means), in order to preserve the family bond without compromising institutional security or the psycho-socio-emotional well-being of children. It is also provided that the national heads of the Professional Sections of Social Work and Psychology must issue the respective guidelines to enable contact with minors, when there is a first-degree bond of consanguinity or affinity (biological or foster children). However, to date, such guidelines have not been issued, according to what was reported by the social work professional in charge of the penal population in which the convicted person is currently located. FOURTH. It should be noted that the convicted person has not formally submitted any request in this regard, a situation not reflected in the corresponding report. Therefore, once such a request is made, it will be processed in accordance with the established procedure and, if necessary, it will be elevated to the competent authorities responsible for developing the respective protocol. Consequently, if the protected person has not expressly requested the procedure, it is not appropriate to allege a violation of fundamental rights, since the Penitentiary Administration has not received or formally known the case. FIFTH. The medical area of CAI Terrazas continues to provide care to the population deprived of liberty. For the High Containment Circuits, cases of urgencies, emergencies, chronic disease check-ups, and medical admissions for chronic conditions are being attended to. External consultation will be resumed once the peripheral clinics are enabled and the medical area staff is complete, as agreed in the meeting of May 6, 2025. The corresponding minutes are attached. Regarding the person deprived of liberty Nombre42376, it is reported that he currently has a medical prescription for lumbago, corresponding to the following medications: acetaminophen, ibuprofen, and diphenhydramine. It has not been reported that Mr. Nombre42376 has presented any recent medical urgency or emergency; in that sense, meanwhile, this Directorate adheres in all aspects to the report rendered by the medical area of CAI Terrazas.\"\n\n4.- Johanna Torres González, in her capacity as acting director of the Alajuela 2 Health Governing Area, reports under oath as follows: \"In response to the request for a report on the sanitation problems indicated by Mr. Nombre42376, at the Terrazas Institutional Care Center, hereinafter CAI TERRAZAS, the foregoing processed under case file 25-017473-0007-CO, as required by resolution at twelve hours fifty-seven minutes on July three, two thousand twenty-five, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Mr. Iván Arias Chavarría, Environmental Manager of the Alajuela 2 Health Governing Area, appears, issuing inspection report MSDRRSCN-DARSA2-1897-2025 and official letter CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1929-2025. Relevant preliminary elements 1- It is important to indicate that this acting Directorate of the Governing Area does not report complaints filed, in progress, or pending attention, established by Mr. Nombre42376 or through legal representation, regarding the facts indicated in case file 25-017473-0007-CO. 2- That through directive DVJ-009-04-2025 dated April 22, 2025 (folios 5 to 10), the General Directorate of Social Adaptation determines new specific guidelines for the High Containment circuits where the Terrazas Institutional Care Center is included. These guidelines established rigorous immediate measures for the penitentiary population, which, for what is relevant, states: reduction of food parcels and others, as well as restriction of persons delivering parcels. That according to what was stated at the Center in question, the application of directive DVJ-009-04-2025 has caused general unrest among the inmates confined in the high containment circuits. Inspection visit to assess the physical-sanitary conditions That on the day of the visit, Mrs. Yamileth Valverde Granados, director of CAI TERRAZAS, attended to Mr. Arias Chavarría; subsequently, an inspection is carried out, assessing what was indicated by the amparo petitioner, a situation reflected in the following table: (…) From the results obtained during the inspection carried out on July 9, 2025, and according to what was required by this honorable Chamber regarding reporting on 'whether the unsanitary conditions occur' as indicated by the petitioner, according to our competencies, it is concluded that the CAI TERRAZAS facilities do not present any non-compliance with the physical-sanitary conditions; therefore, the problems raised in the recourse in question are not verified.\"\n\n5.- By resolution at 16:14 hours on July 18, 2025, evidence was requested for a better resolution.\n\n6.- Yamileth Valverde Granados, in her capacity as director of the Terrazas Institutional Care Center, reports under oath as follows: \"...SECOND. Regarding what was indicated, there is a Social Work report that indicates, based on the file of the person deprived of liberty, the following: At folios 28-24, it is recorded that on 11-28-2016, the procedure for the admission of the daughter of the person deprived of liberty was carried out; however, approval for entry was granted only for the month of December 2016. The conclusions stated: 'Grants the permit… only for the month of December, given that the mother expresses that she does not want the minor to enter the center frequently.' After that date, there is no record in the file that reassessment or renewal procedures for the minor's entry card to the center have been carried out.\"\n\n7.- According to a certification dated July 15, 2025 from this Court \"...in the COSTA RICAN JUDICIAL OFFICE MANAGEMENT SYSTEM, the CONTROL OF RECEIVED DOCUMENTS AND THIS CASE FILE, it did not appear that from July 3 to 9, 2025, the Security chief of the Terrazas Institutional Care Center (CAI) had submitted any writing or document, in order to render the report requested from him…\".\n\n8.- The legal prescriptions have been observed in the procedures followed.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary issue. Given that the Security chief of the Terrazas Institutional Care Center (CAI) omitted to respond to the hearing within the period set by this Court in the resolution admitting the sub lite, the recourse is resolved in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction and taking into consideration the evidentiary elements contained in the record.\n\nII.- Object of the recourse. The petitioner states that he is serving a prison sentence. He complains that: a) the amount of food portions was reduced; b) the possibility of seeing the doctor was eliminated, as he is told that they only treat people wounded by a knife; c) garbage accumulates for up to two weeks, which increases the presence of flies; d) he is prevented from seeing his children, due to the restrictions imposed on the entry of minors.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) The protected person serves a 50-year prison sentence for aggravated homicide at the respondent CAI. (See report rendered and evidence provided).\n\nb) On January 28, 2025, the protected person was treated at the CAI Terrazas Clinic for lumbago. Treatment was provided for six months. (See report rendered and evidence provided).\n\nc) The Medical Area of CAI Terrazas provides medical care to the population deprived of liberty. For the high containment circuits, cases of urgencies, emergencies, chronic disease check-ups, and medical admissions for chronic conditions are being attended to. (See report rendered and evidence provided).\n\nd) The protected person has not presented any recent medical urgency or emergency. (See report rendered and evidence provided).\n\ne) The amount of portions given to those deprived of liberty has not been reduced. Five meal times are provided to them. (See report rendered and evidence provided).\n\nf) During the inspection carried out by the Ministry of Health, no garbage accumulation was evidenced, nor was the presence of flies perceived. That ministry concluded that \"...the CAI TERRAZAS facilities do not present any non-compliance with the physical-sanitary conditions; therefore, the problems raised in the recourse in question are not verified…\". (See report rendered and evidence provided).\n\ng) The person subject to justice does not enjoy the benefit of visits from his children. His file only records that such a benefit was approved once for the month of December 2016. (See report rendered and evidence provided).\n\nIV.- On the specific case. In the sub examine, the petitioner states that he is serving a prison sentence. He complains that: a) the amount of food portions was reduced; b) the possibility of seeing the doctor was eliminated, as he is told that they only treat people wounded by a knife; c) garbage accumulates for up to two weeks, which increases the presence of flies; d) he is prevented from seeing his children, due to the restrictions imposed on the entry of minors.\n\nRegarding point a), the Chamber has found it proven that the amount of portions given to those deprived of liberty has not been reduced. They receive five meal times. To that extent, the claim is dismissed.\n\nConcerning object b), the Chamber corroborated that the Medical Area of CAI Terrazas provides medical care to the population deprived of liberty. For the high containment circuits, cases of urgencies, emergencies, chronic disease check-ups, and medical admissions for chronic conditions are being attended to. In fact, the protected person has a record of being treated on January 28, 2025 for lumbago, when treatment was provided for six months. Furthermore, it was reported under oath that the protected person has not presented any recent medical urgency or emergency. To that extent, no factual elements are found that would allow accrediting that the protected person's right to health was violated.\n\nAs concerns point c), the inspection carried out by the Health Governing Area dismissed the claim raised, since no garbage accumulation was evidenced, nor was the presence of flies perceived. That Area concluded that \"...the CAI TERRAZAS facilities do not present any non-compliance with the physical-sanitary conditions; therefore, the problems raised in the recourse in question are not verified…\". This being the case, no elements are found to support the claim, and consequently, it is dismissed.\n\nFinally, regarding point d), the CAI reported that the protected person does not enjoy the benefit of visits from his children. In fact, his file only records that such benefit was approved once for the month of December 2016. For this reason, it is not observed that the respondent authorities incurred in an action or omission to the detriment of his rights. By virtue of the foregoing, the recourse is denied.\n\nV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO\n\nIn accordance with the considerations I indicate below, I believe this recourse should be granted. I respectfully dissent, therefore, from the majority opinion that denies it.\n\nThe petitioner alleges that through an administrative measure, visits by minors are restricted, and therefore he is not allowed to have contact with his children.\n\nAccording to the reports rendered, it is recorded that, effectively, the penitentiary authorities established, through a directive, the following general rule:\n\n\"Article 2. General rule of non-in-presence 1. An 'iuris tantum' presumption is established —that is, a legal presumption that enjoys legal effects as long as it is not refuted with evidence to the contrary— according to which physical visits by girls, boys, and adolescents to persons deprived of liberty located in the High Containment Circuit will not, in principle, be authorized.\"\n\nCertainly, complaints or denunciations in the abstract should not be heard through the summary amparo procedure. However, in this case, I believe we are not facing abstract complaints or denunciations, but rather a certain threat of violation of the fundamental rights of persons deprived of liberty and, furthermore, of their children. The restriction is twofold, not only for the person deprived of liberty but also for the minor.\n\nNow, the directive establishes a \"legal presumption\" without indicating any legal basis to support it. If it is already questionable for a law to generally provide that, unless there is a contrary resolution, minors cannot have direct contact with their parents, it is even more so that such a limitation cannot be provided in a directive emanating from a penitentiary authority.\n\nSection 1) of Article 8 of the Convention on the Rights of the Child (approved by Law No. 7184 of 07/18/1990) states the following:\n\n\"1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.\"\n\nAnd Article 9, section 3) of said Convention states the following:\n\n\"3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests.\"\n\nOn this subject, the Committee on the Rights of the Child of the United Nations Organization, in the Report and recommendations of the day of general discussion on \"children of incarcerated parents\" (2011 General Discussion of the Committee on the Rights of the Child), recommended the following:\n\n\"For children separated from their incarcerated parent:\n\n35. The Committee reiterates the obligation of States parties under the Convention to respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests.\"\n\nThe presumption derived from the Convention and the recommendation of the Committee on the Rights of the Child is in favor of maintaining direct contact, which cannot be reversed by a directive emanating from a penitentiary authority. Certainly, it is possible to establish particular restrictions, but each specific case must be substantiated, and not the opposite. The general rule is the Fundamental Right \"to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis,\" as the Convention states, and not the presumption of an administrative directive. The Right of minors to maintain contact with their parents is a Fundamental Right that cannot be disregarded by penitentiary authorities.\n\nConsequently, in accordance with the reasons stated, I dissent from the majority vote and grant the recourse.\n\nVI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary\" (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011 and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary no. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe recourse is denied. Magistrate Cruz Castro dissents and grants the recourse, solely, in relation to the impossibility of visits by minors.\n\nNombre137 V.\nPresident\n\nNombre152 C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\nZZK614VDKOG61\nCASE FILE NO. 25-017473-0007-CO\n\nTelephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12, Dirección13, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus PJ on: 05-08-2026 10:58:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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