{ "id": "nexus-sen-1-0007-1341149", "citation": "Res. 31663-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Hábeas corpus rechazado por allanamiento y uso de esposas en investigación sobre manejo de donaciones en Parque Nacional Cahuita", "title_en": "Habeas corpus denied over raid and handcuffing in investigation on donation management in Cahuita National Park", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza el recurso de hábeas corpus interpuesto por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) contra el Poder Judicial y la Contraloría General de la República. El recurrente alegó violaciones a su libertad personal e integridad étnica tras un allanamiento en su vivienda y en las instalaciones del Parque Nacional Cahuita durante una investigación penal por presunta malversación de fondos públicos provenientes de donaciones de visitantes. La Sala concluye que la investigación se originó en un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la administración de recursos, que la orden de allanamiento fue emitida conforme a la ley y que el uso de esposas durante la diligencia no fue ilegítimo. Desestima los argumentos sobre derechos tribales y falta de consulta previa basándose en que el recurrente no fue detenido formalmente y en que el proceso penal se funda en hechos distintos a actos inherentes a derechos tribales.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the habeas corpus petition filed by the president of the Cahuita Integral Development Association (ADIC) against the Judiciary and the Office of the Comptroller General. The petitioner alleged violations of his personal liberty and ethnic integrity after a raid on his home and on facilities of Cahuita National Park during a criminal investigation for the alleged embezzlement of public funds derived from visitor donations. The Chamber concludes that the investigation originated from a Comptroller’s report that detected irregularities in resource management, that the search warrant was issued in accordance with the law, and that handcuffing during the procedure was not unlawful. It rejects arguments concerning tribal rights and lack of prior consultation on the grounds that the petitioner had not been formally detained, and that the criminal proceedings were based on facts other than acts inherent to tribal rights.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/09/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "hábeas corpus", "allanamiento", "Convenio 169 de la OIT", "consulta previa", "gobernanza compartida", "malversación", "legalidad", "Parque Nacional Cahuita" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 15", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 35, 38, 42", "law": "Ley de Biodiversidad 7788" }, { "article": "", "law": "Decreto Ejecutivo 40110-MINAE" }, { "article": "Art. 6", "law": "Convenio 169 de la OIT" }, { "article": "Arts. 62, 67, 193-199", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "hábeas corpus", "allanamiento", "Parque Nacional Cahuita", "ADIC", "Convenio 169 OIT", "consulta previa", "discriminación estructural", "malversación", "contraloría", "gobernanza compartida", "Playa Blanca", "fondos públicos", "afrodescendiente", "esposas", "principio de legalidad", "sin lugar" ], "keywords_en": [ "habeas corpus", "search and seizure", "Cahuita National Park", "ADIC", "ILO Convention 169", "prior consultation", "structural discrimination", "embezzlement", "Comptroller", "shared governance", "Playa Blanca", "public funds", "Afro-descendant", "handcuffs", "principle of legality", "denied" ], "excerpt_es": "Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:1.) Que el recurrente figura como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) que es organización comunitaria que administra recursos económicos derivados del Parque Nacional de Cahuita; 2.) Que la Contraloría General de la República ha girando una serie de directrices relacionadas con el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita; 3.) Tal y como indicó la Contraloría General de la República en el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015 “En el caso de una organización privada considera el Órgano Contralor que el argumento de la Administración, en cuanto a la existencia de un acuerdo político y la importancia de la participación ciudadana mediante la figura de manejo compartido, es insuficiente para permitir el uso de instalaciones del SINAC a favor de esa organización para solicitar donativos a los visitantes del Parque. Así, en el tanto ese uso no esté autorizado en virtud de norma de rango de ley, se violenta el principio de legalidad dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales, condicionan la sujeción del actuar Administrativo al ordenamiento Jurídico. Recuérdese que el manejo compartido no es una figura jurídica definida y reconocida en la legislación nacional”; 4.) Que no existe un convenio vigente que habilite la participación de la Asociación que representa el recurrente dentro del modelo y que regule la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca; 5.) Que atendiendo al informe emitido por la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 la Fiscalía ordenó la apertura de la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros -proceso que se encuentra en investigación-. De manera que no es cierto que la investigación se haya ordenado por actos inherentes a derechos tribales del recurrente; 6.) Finalmente, la colocación de esposas a las personas detenidas que se encuentren en un inmueble allanado no es una medida abiertamente ilegítima en el contexto de la ejecución de una diligencia de esa naturaleza. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone.", "excerpt_en": "Based on the foregoing, the following may be concluded: 1.) That the petitioner serves as president of the Cahuita Integral Development Association (ADIC), which is a community organization that manages economic resources derived from the Cahuita National Park; 2.) That the Office of the Comptroller General has issued a series of directives relating to the shared governance model of Cahuita National Park; 3.) As indicated by the Comptroller General in report No. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, “In the case of a private organization, the Comptroller’s Office considers that the Administration’s argument regarding the existence of a political agreement and the importance of citizen participation through a shared management scheme is insufficient to allow the use of SINAC facilities by that organization to solicit donations from Park visitors. Therefore, as long as such use is not authorized by a statutory norm, the principle of legality set forth in articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Public Administration Act is violated, since they condition the conformity of administrative action to the legal order. It should be recalled that shared management is not a legally defined and recognized figure in national legislation”; 4.) That there is no current agreement enabling the association represented by the petitioner to participate within the model, nor regulating the failure to deposit into the National Parks Fund the income from donations received at the Playa Blanca sector; 5.) That, based on the report issued by the Comptroller General on September 28, 2023, the Prosecution ordered the opening of criminal case No. 23-000397-1218-PE for the alleged crime of embezzlement and others – a matter that is under investigation. Thus, it is not true that the investigation was ordered for acts inherent to the petitioner’s tribal rights; 6.) Finally, the handcuffing of persons who are within a property being searched is not an openly unlawful measure in the context of such a procedure. 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ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PENAL\n\nSubtemas:\n\nALLANAMIENTO.\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nAREA PROTEGIDA.\n\n031663-25. PENAL. AMBIENTE. SE CUESTIONA PROCESO PENAL, MEDIANTE EL CUAL ALLANARON Y MANTUVIERON ESPOSADO AL RECURRENTE (PARTE DE ENTIDAD PRIVADA), POR SUPUESTOS COBROS INDEBIDOS EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA DEL PARQUE NACIONAL CAHUITA. SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO. VCG10/2025\n\n“(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende en cuanto a la Contraloría General de la República que mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015, el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió el informe: “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL CERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO NRO. BID 1824/OC/CR: PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS” -en el informe se senaló la omisión del cobro de la tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita-. Se acreditó que en el informe se giraron disposiciones a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para elaborar una propuesta de modificación parcial al Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE que incorpore el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el Sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, que sean estimados conforme deriva de los artículos 35, 38 y 42 de la Ley de Biodiversidad y el 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales; y se tomen medidas para prohibir a sujetos privados solicitar donaciones dentro de los límites de dicho Parque, y solo se permitan actividades y ocupar instalaciones del SINAC con fines permitidos por el ordenamiento jurídico, y se gestione el cobro del ingreso al sector de Playa Blanca. Se demostró que en el período 2015-2020, las Administraciones anteriores promulgaron el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita y emitieron el Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, publicado en La Gaceta n.° 15 del 20 de enero 2017, Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, en el cual se estableció que en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita no se cobraría la tarifa de ingreso por parte del SINAC. Se identificó que en fecha 09 de setiembre de 2025, el recurrente suscribió un documento solicitando a la CGR explicación técnica y legal sobre la aplicación de los Convenios 107 y 169 de la OIT para un convenio de administración compartida con SINAC en el Parque Nacional Cahuita. Se constató que mediante oficio n.° 16528-2025 (DJ-1735) del 16 de setiembre del 2025 la División Jurídica de la Contraloría rechazó por inadmisible la consulta conforme lo establecido en los incisos 1 y 2) del numeral 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República. Se afirmó que a la fecha de rendir el informe las disposiciones giradas en el informe DFOE-AE-IF-02-2015 en especial las 4.3, 4.5 y 4.7 se tienen por incumplidas. Se verificó que mediante documento n.° DFOE-SOS-RH-00001-2023 del 28 de setiembre de 2023, la Contraloría General puso en conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, un informe que evidencia la falta de implementación de los mecanismos de control en la administración de fondos públicos por parte de una entidad privada; se alertó también el riesgo de que el mantenimiento, operación y vigilancia nocturna del Parque Nacional Cahuita estuviera en manos de un privado, además, ejecutando directamente los recursos públicos generados en el Parque: por lo que el órgano contralor estimó pertinente hacer la situación de conocimiento de esa Autoridad Judicial y someter el asunto a su valoración en el marco de sus competencias. Finalmente se acreditó que mediante oficios n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de septiembre de 2024 la Contraloría General informó al Director Ejecutivo del SINAC y a la Directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) algunos aspectos sobre la situación actual del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita -se identificaron situaciones opuestas a la observancia del marco jurídico aplicable, específicamente relacionadas con la falta de un convenio vigente que habilitara la participación de la ADIC dentro del modelo, la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca y la falta de controles en relación con las sumas ingresadas por ese concepto-. En cuanto al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se acreditó que contra el recurrente se tramita la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros, el cual está siendo investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con ocasión a un informe remitido a este despacho por parte de la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 Se constató que la referencia del expediente asignado por la Contraloría, número CGR-INV-2023001463, titulado con el asunto: “Oficio de remisión de relación de hechos N° DFOE-SOS-RH-00001-2023, sobre la administración irregular de los recursos que se recaudan en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita”, fungió como noticia criminis y se complementó con el informe emitido por la Sección de Anticorrupción, del Organismo de Investigación Judicial, bajo el número 23-SANT-CI-2025, de fecha 12 de marzo de 2025, en el cual, además de las conclusiones y resultados obtenidos, se solicita la diligencia de investigación de allanamiento, registro y secuestro, mediante las cuales, se empezó a analizar una serie de hechos en apariencia irregulares, atribuibles a funcionarios de Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE y a sujetos equiparados en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). Se identificó que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ACLAC ha incumplido lo establecido en la Ley de la Biodiversidad, en torno al Fondo de Parques Nacionales, desde el año 2017, no ha asegurado la sostenibilidad financiera de las inversiones realizadas en el Parque Nacional Cahuita, al dejar de tener control sobre el cobro y la tarifa de ingreso en Playa Blanca, sector que representa el 80% de la visitación total, permitiendo que la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), una entidad privada, utilice las instalaciones del parque para solicitar donaciones a los turistas que ingresan por dicho sector, incumpliendo ambos sus deberes al no aplicar, desde su constitución el Convenio de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, pactado desde 2017 entre la ADIC y MINAE (ACLAC), convenio que se estableció por el plazo de cinco años y que debió renovarse en el año 2022, renovación que no se ha efectuado en el año 2025. Quedó probado que la Contraloría General de la República emitió disposiciones para que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el SINAC modificaran el Decreto Ejecutivo número 38546-MINAE, con el objetivo de establecer un cobro de tarifa de ingreso diferenciado para residentes y no residentes, en Playa Blanca. Por lo anterior, el MINAE promulgó posteriormente los Decretos Ejecutivos número 35919, sobre el Reconocimiento de los Modelos de Gobernanza Compartida, y 40110- MINAE, que regula el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, siendo que este último decreto estipulo que el SINAC no cobraría tarifa de ingreso en Playa Blanca, sino que el Estado podría recibir contribuciones económicas no reembolsables (donaciones) de los visitantes, las cuales deberían depositarse en el Fondo de Parques Nacionales, constituyéndose así, los dineros recibidos en razón de las donaciones por concepto de los ingresos al Parque Nacional Cahuita, en fondos públicos. Se afirmó que el Convenio Marco de Cooperación entre el SINAC y la ADIC, firmado en el año 2017, para la implementación del Modelo de Gobernanza Compartida, especificó que todos los recursos recibidos por concepto de donaciones debían ser depositados por la ADIC en las cuentas del SINAC, en el Fondo de Parques Nacionales, con base en la Ley de la Biodiversidad. Se confirmó que en el mes de marzo de 2023, el SINAC-ACLAC confirmó la caducidad del convenio de cooperación entre el SINAC y la ADIC y la ausencia de un análisis sobre la calidad de la gobernanza en el parque, conforme a los principios establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39519. Se afirmó que en la denuncia principal incorporada en el expediente principal, establece que los presidentes de la ADIC, incluyendo a Enrique Joseph Jackson, como ex presidente y al recurrente como actual presidente [Nombre 001], en función de sus cargos, sustrajeron y continúan sustrayendo dineros públicos cuya administración y custodia les fue confiada. Se aseveró que en fecha 29 de agosto de 2025 se presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda, solicitud de allanamiento, registro y secuestro por lo que mediante resolución de las 09:27 horas del 01 de setiembre de 2025 el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial, ordenaron allanamiento, registro y secuestro y apertura de la evidencia decomisada. Finalmente se reconoció que durante la diligencia de allanamiento en su casa de habitación el recurrente se mantuvo esposado pero no fue detenido. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:1.) Que el recurrente figura como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) que es  organización comunitaria que administra recursos económicos derivados del Parque Nacional de Cahuita; 2.) Que la Contraloría General de la República ha girando una serie de directrices relacionadas con el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita; 3.) Tal y como indicó la Contraloría General de la República en el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015 “En el caso de una organización privada considera el Órgano Contralor que el argumento de la Administración, en cuanto a la existencia de un acuerdo político y la importancia de la participación ciudadana mediante la figura de manejo compartido, es insuficiente para permitir el uso de instalaciones del SINAC a favor de esa organización para solicitar donativos a los visitantes del Parque. Así, en el tanto ese uso no esté autorizado en virtud de norma de rango de ley, se violenta el principio de legalidad dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales, condicionan la sujeción del actuar Administrativo al ordenamiento Jurídico. Recuérdese que el manejo compartido no es una figura jurídica definida y reconocida en la legislación nacional”; 4.) Que no existe un convenio vigente que habilite la participación de la Asociación que representa el recurrente dentro del modelo y que regule la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca; 5.) Que atendiendo al informe emitido por la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 la Fiscalía ordenó la apertura de la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros -proceso que se encuentra en investigación-. De manera que no es cierto que la investigación se haya ordenado por actos inherentes a derechos tribales del recurrente; 6.) Finalmente, la colocación de esposas a las personas detenidas que se encuentren en un inmueble allanado no es una medida abiertamente ilegítima en el contexto de la ejecución de una diligencia de esa naturaleza. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone. En mérito de las anteriores consideraciones y con sustento en los elementos probatorios que constan en el expediente, la Sala no ha logrado demostrar la existencia de alguna lesión o amenaza a los derechos fundamentales del recurrente ocasionada por las autoridades accionadas y, por ende, el recurso debe ser declarado sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se ordena. (…)”\n\n\n\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-027477-0007-CO\n\nRes. Nº 2025031663\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de hábeas corpus presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el PODER JUDICIAL, y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 08:37 horas del 10 de setiembre de 2025 el recurrente presenta recurso de hábeas corpus contra el Poder Judicial y la Contraloría General de la República. Manifiesta que “1. Soy ciudadano afrodescendiente, perteneciente a la comunidad de Cahuita, en la provincia de Limón, y Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), organización comunitaria que administra recursos económicos derivados del Parque Nacional de Cahuita, reconocido como territorio tribal ancestral al amparo de los Convenios OIT N° 107 (ratificado por Costa Rica en 1959) y N° 169 (ratificado en 1992). Estos convenios protegen los derechos de las poblaciones tribales y indígenas, incluyendo la administración de recursos en sus territorios tradicionales, la preservación de sus instituciones sociales y económicas, y la no interferencia estatal en sus costumbres, siempre que no violen derechos humanos fundamentales (artículos 1, 2, 5 y 6 del Convenio 107; artículos 1, 2, 6, 7 y 14 del Convenio 169). 2. El Parque Nacional de Cahuita, ubicado en Limón, Talamanca, Cahuita (coordenadas aproximadas: 9.736296, -82.839187 para el sector Playa Blanca), constituye un territorio tribal para la comunidad afrodescendiente de Cahuita, descendiente de poblaciones traídas durante la colonización y que han mantenido sus instituciones tradicionales. Como tal, la ADIC realiza actos inherentes a nuestros derechos colectivos, tales como la recolección de contribuciones voluntarias de visitantes en el sector Playa Blanca (que representa el 80% de la visitación del parque), para garantizar la sostenibilidad económica y cultural de la comunidad, en concordancia con el principio de desarrollo autónomo y la gestión compartida reconocida en el Convenio 169 (artículo 7). Esta práctica ha sido parte de nuestras costumbres desde hace décadas y no implica cobro indebido, sino ejercicio legítimo de competencias tribales. 3. No obstante, la Contraloría General de la República emitió disposiciones dirigidas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), modificando parcialmente el Decreto Ejecutivo N° 38546-MINAE, para incorporar un cobro de tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca, ignorando el carácter tribal del territorio y los derechos conferidos por los Convenios OIT. Esta acción estatal transgrede el artículo 14 del Convenio 169, que exige reconocer los derechos de propiedad y posesión de las tierras tradicionales, y el artículo 6 del Convenio 107, que prioriza el mejoramiento de condiciones económicas en regiones habitadas por poblaciones tribales mediante planes de desarrollo que favorezcan sus iniciativas. 4. En el marco del expediente penal N° 23-000397-1218-PE, seguido contra Enrique Antonio Josepil Jackson y otros por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de los deberes de la función pública, el Licenciado Carlos David Ledezma Aguilar, Fiscal Auxiliar, presentó solicitud el 1 de septiembre de 2025 (a las 9:27 a.m.) para ordenar allanamiento, registro y secuestro en: (i) caseta de recolección de contribuciones de la ADIC en el Parque Nacional Cahuita, sector Playa Blanca; (ii) oficina administrativa de la ADIC en el mismo sector; (iii) oficina del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) en Limón, cantón Central, 50 metros sur del Registro Civil (coordenadas: 9.995851, - 83.032095); y (iv) mi vivienda en Cahuita (coordenadas: 9.739894, -82.845178). Además, se ordenó la apertura de la evidencia decomisada por el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública. 5. Los antecedentes alegados en la solicitud fiscal se basan en una supervisión bajo el Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas (N° 8967) y el contrato de préstamo 1824/OC-CR, afirmando que el SINAC no garantiza la sostenibilidad financiera al dejar de cobrar tarifas en Playa Blanca, y que la ADIC realiza “cobro indebido” mediante contribuciones. Sin embargo, el expediente omite por completo el carácter tribal del Parque Nacional de Cahuita, reconocido implícitamente en la gestión compartida con la comunidad afrodescendiente desde hace más de 20 años, y viola el principio de consulta previa (artículo 6 del Convenio 169), que obliga al Estado a consultar a las comunidades tribales antes de cualquier medida que afecte sus derechos territoriales o económicos. 6. Como resultado de estas acciones, fui acusado penalmente por actos inherentes a mis derechos tribales (administración de contribuciones en territorio ancestral), privado de mi libertad personal mediante detención, y mi vivienda allanada y registrada sin consideración a mi condición étnica ni a los convenios internacionales. Esto ha causado un grave perjuicio irreparable a mi integridad personal, familiar y comunitaria, perpetuando la discriminación estructural contra la población afrodescendiente en Costa Rica.” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- Por resolución de las 14:05 horas del 12 de setiembre de 2025 se dio curso al presente recurso de hábeas corpus y se solicitó informe a la JUEZA EN EL JUZGADO PENAL DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, CON SEDE EN GOICOECHEA Y AL FISCAL ADJUNTO DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ENCARGADOS DE TRAMITAR EL EXPEDIENTE 23- 000397-1218-PE, O EN SU DEFECTO, EL COORDINADOR DE ESOS DESPACHOS; ASÍ COMO A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ver registro electrónico).\n\n3.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 15:02 horas del 15 de setiembre de 2025 el recurrente presenta una ampliación de hechos y manifiesta lo siguiente: “HECHOS • El día 3 de setiembre de 2025, de manera sorpresiva, se realizó un allanamiento en el Parque Nacional Cahuita y en mi vivienda por parte del Ministerio Público, el Juzgado Penal de Bribri-Talamanca, la Policía Judicial y por orden del Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública de San José (resolución de las 09:27 horas del 1 de setiembre de 2025), dentro de la causa penal N.° 23-000397-1218-PE, seguida contra ENRIQUE ANTONIO JOSEPH JACKSON Y OTROS. • Fui esposado y privado de mi libertad por casi tres horas, sin lectura de derechos como persona protegida por el Convenio 169, pues se irrespeto mi condición de afrodescendiente, sin presencia de defensor público, y sin valorar mi condición de ciudadano afrodescendiente que me otorga derechos especiales y diferenciados como el derecho a un intérprete en idioma creole. Durante todo ese tiempo estuve privado de mi libertad frente a mi familia, sin saber yo porque razón se me esposaba y sin la posibilidad de que un abogado defensor público me explicara que era lo que estaba sucediendo. Estuve esposado y cuando las autoridades recurridas se iban a marchar simplemente me quitaron las esposas y sin darme explicación del porque me esposaron, me dijeron que ya se iban. Después de mi privación de libertad no fui llevado a la fiscalía, no fui indagado, no se me presento ante un juez para que conociera las razones de porque estuve detenido por más de tres horas y no se me hizo ninguna entrega de un expediente en el cual se me indicara porque razón fui detenido y más bien se me dijo que si quería ver el expediente tenía que trasladarme desde Cahuita hasta San José. • Según la Contraloría General de la República, a partir de una supervisión vinculada al “Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” (convenio N.° 8967) y al contrato de préstamo BID 1824/OC-CR, se cuestionó que en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita se dejó de cobrar tarifa, y que la ADIC solicita donaciones en el punto de ingreso. • La Contraloría indicó que, por ese supuesto cobro indebido, se emitieron disposiciones para que el MINAE y el SINAC impulsaran la modificación parcial del Decreto Ejecutivo N.° 38546-MINAE a fin de establecer cobro de tarifa diferenciada (residentes/no residentes) en el sector de Playa Blanca, y que CONAC/SINAC gestionaran el cobro por el ingreso de visitantes. •Tanto la Contraloría, Ministerio Público y el Juez Penal, citaron como fundamento del proceso y de la orden de allanamiento los Decretos Ejecutivos N.° 35919-MINAE (26 de febrero de 2016), “Reconocimiento de los Modelos de Gobernanza Compartida en Áreas Silvestres de Costa Rica”, y N.° 40110-MINAE (2017), “Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita”. • Ni el Juez Penal ni el Ministerio Público valoraron que el Decreto 40110-MINAE utilizado como fuente de derecho en la orden de allanamiento, se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT (Ley N.° 7316, 3 de noviembre de 1992), el cual es transversal en la aplicación e interpretación de toda la normativa relacionada con el manejo del Parque Nacional Cahuita. Por ello se reconoce que el mecanismo financiero de donaciones para el sector Playa Blanca, pueda ser administrado por la comunidad tribal afrodescendiente y reinvertido en el Parque con participación comunitaria. • El modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita, vigente por más de dos décadas, reconoce la participación, co-decisión y distribución de beneficios de la comunidad local —afrodescendiente—, conforme a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 (consulta y participación efectiva). •La vinculación del decreto N.° 40110-MINAE (2017) al Convenio 169 del a OIT en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022) que asigna a la ADIC la organización del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, reconociéndole función representativa y reforzando su carácter de autoridad ancestral y representante colectiva, demuestra que la ADIC realiza una función de autoridad ancestral en la administración del Parque Nacional Cahuita, la cual ha sido reconocida comunitariamente por la población afrodescendiente y por parte del Estado en los Decretos. • En la práctica, la ADIC ejerce funciones de gestión y control territorial, custodia cultural y espiritual, mediación comunitaria y representación ancestral, dentro del Consejo Local de Manejo y en coordinación con el SINAC. • El allanamiento y mi detención generaron afectación social y cultural intensa en la comunidad, pues el Parque Nacional Cahuita tiene valor inmaterial ancestral: allí se ubican espacios de memoria, incluyendo el cementerio de nuestros ancestros. La diligencia se percibió como allanamiento del hogar colectivo de la comunidad afrodescendiente. INVISIBILIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN Y DERECHO PROTEGIDO POR EL CONVENIO 169 DE LA OIT, EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE Los recurridos en mi detención incurrieron en una invisibilización y criminalización de una función reconocida como un derecho de administración en el Convenio 169 de la OIT. Pues se me detuvo sin acceso a un defensor público, ni intérprete en creole y con ello se invisibiliza mi identidad afrodescendiente y la especificidad cultural de la comunidad, así como el carácter ancestral del Parque Nacional Cahuita. Se borró el enfoque de territorio ancestral del Parque Nacional Cahuita y se reduce el conflicto a una supuesta infracción administrativa, ignorando que las prácticas comunitarias de administración, participación en beneficios y uso consuetudinario están protegidas por el Convenio 169 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fue adoptado en Río de Janeiro en 1992 y ratificado mediante la Ley N.° 7416 de 1994. La recepción de contribuciones no reembolsables y su reinversión por parte de la comunidad en el Parque —prevista en el Decreto 40110-MINAE— fue tratada como ilícita, configurando criminalización de una actividad amparada por derecho internacional (convenios 107 y luego 169 de la OIT) y por normativa interna. DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL AL TRATAR A LA ADIC COMO “SUJETO PRIVADO” La actuación de la Contraloría General de la República (CGR) al promover la causa penal N.° 23-000397-1218-PE y solicitar el allanamiento del Parque Nacional Cahuita y de la vivienda del suscrito [Nombre 001], evidencia discriminación estructural en la medida en que califica a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) como un simple “sujeto privado”, negando su carácter de autoridad ancestral y representante colectiva de la comunidad afrodescendiente de Cahuita. Esta calificación desconoce el marco jurídico vigente pues en el plano constitucional, el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica dispone que los tratados internacionales ratificados tienen rango superior a la ley, de modo que los Convenios 107 y 169 de la OIT, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se integran al ordenamiento con fuerza supralegal y dichas normas fueron inobservadas por la Contraloría en su denuncia. El artículo 33 Constitucional prohíbe a la Contraloría General de la república toda forma de discriminación en perjuicio de la población afrodescendiente de Cahuita y garantiza la igualdad ante la ley, mientras que el artículo 89 le obliga a proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación, conminándola a respetar las instituciones y las autoridades propias de los pueblos afrodescendientes de Cahuita como lo es la ADIC. El Convenio 169 de la OIT (Ley N.° 7316 de 1992) es categórico al exigir al Estado en su artículo 6 que los pueblos interesados sean consultados a través de sus instituciones representativas, de todas las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar a la población tribal de Cahuita y al día de hoy la Contraloría NUNCA le ha comunicado o notificado formal ni legalmente -a través de los mecanismos legales de consulta previaal Pueblo tribal de Cahuita- sus inconformidades en relación con la reinversión de los recursos del parque en el mismo Parque Nacional Cahuita y más bien pretende que los recursos del parque -que es territorio ancestral afrodescendiente de Cahuita-, financie al resto de parques nacionales del país lo cual es ilegal por violentar el Convenio 169 de la OIT. El artículo 7 del Convenio 169 reconoce al Pueblo tribal de Cahuita su derecho a decidir sus prioridades de desarrollo y a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural, lo cual fue irrespetado por la Contraloría en su denuncia penal. Por su parte los artículos 13, 14 y 15 del mismo convenio consagran el derecho a la propiedad, posesión, utilización y administración de las tierras y recursos naturales que ocupa la Población Tribal de Cahuita, y en este caso el irrespeto de la Contraloría se da por la violación al desconocer al Parque Nacional Cahuita como territorio ancestral protegido por el Convenio 169 OIT. Por ello el artículo 34 del Convenio le a la Contraloría que debe aplicar el Convenio directamente cuando falte normativa interna, de manera que ninguna ausencia de reglamentación puede usarse para desconocer los derechos de administración del Parque por parte de la Comunidad de Cahuita y la reinversión de los recursos en el mismo parque. Asimismo, la Convención de Viena (Ley N.° 7615) refuerza, en su artículo 26, el principio pacta sunt servanda —los tratados obligan y deben cumplirse de buena fe—, y en su artículo 27 prohíbe invocar el derecho interno para incumplir el Convenio 169. Incurriendo en racismo estructural -la Contraloría- en su demanda desconoce el Parque Nacional Cahuita como territorio ancestral y desconoce a la ADIC como institución con una función ancestral emitida y reconocida por parte del mismo Estado, pues en el plano interno, el Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE (2017), en su artículo 5, declara a la ADIC como miembro permanente del Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita; y en su artículo 6 ordena la suscripción de un convenio marco con el SINAC e instituye un mecanismo de donaciones para ser administradas por la comunidad y reinvertidas en el Parque. Este decreto cita expresamente el Convenio 169 de la OIT como fundamento jurídico, reconociendo el derecho de la ADIC a participar en la administración y uso de los recursos naturales del parque. El Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022), por su parte, encarga a la ADIC la organización del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, otorgándole un papel nacional como institución representativa del pueblo tribal afrodescendiente. Al desconocer este entramado normativo y reducir a la ADIC a un mero “sujeto privado”, la Contraloría ignora la naturaleza colectiva y ancestral de la representación que ejerce el suscrito [Nombre 001] como presidente de la ADIC. Ello implica una discriminación racial estructural, prohibida por el artículo 33 de la Constitución, la Declaración de Durban (2001) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Afrodescendientes (2024), las cuales obligan a eliminar toda forma de racismo, garantizar la participación efectiva y proteger los territorios y recursos de los pueblos afrodescendientes. La discriminación se agrava porque la Contraloría, al impulsar la acción penal, criminaliza una actividad protegida por el derecho internacional: la administración ancestral del Parque Nacional Cahuita, la recepción de contribuciones no reembolsables y su reinversión en el propio parque. Estas actividades son expresión de uso consuetudinario de recursos biológicos, amparadas por el artículo 10(c) del CDB, y forman parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la Convención de la UNESCO (2003). En suma, al considerar a la ADIC como un ente privado sin atribuciones especiales y al desconocer que yo ejerzo una función ancestral de administración y resguardo del territorio, la Contraloría General de la República contraviene la Constitución (arts. 7, 33, 48, 89), los Convenios 107 y 169 de la OIT (arts. 6, 7, 13-15, 34), la Convención de Viena (arts. 26 y 27), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (arts. 8(j) y 10(c)) y los Decretos 40110-MINAE y 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP. Este proceder constituye una discriminación estructural y una violación del principio de convencionalidad, pues se sustenta en una interpretación administrativa que desconoce obligaciones internacionales de rango supralegal y lesiona los derechos colectivos de la comunidad afrodescendiente de Cahuita. El tratamiento “privado” senalado por la Contraloría a las funciones de la ADI, generó que en el proceso se borraran salvaguardas diferenciadas: consulta previa, intérprete creole y defensa técnica inmediata, afectando la igualdad sustantiva y la no discriminación. VIOLACION DE LOS RECURRIDOS DEL VALOR INMATERIAL DEL PARQUE NACIONAL CAHUITA Y MEMORIA ANCESTRAL Con los allanamientos, la denuncia penal y con la consideración de los recurridos de que la ADIC es un simple sujeto de derecho privado, se discrimina estructuralmente a la población tribal de Cahuita y su relación con el parque. El Parque Nacional Cahuita es, ante todo, territorio de memoria pues ahí se ubican los cementerios, sitios sagrados, para la población afrodescendiente pues ahí están sus ancestros. Es un territorio de prácticas vivas, lengua y música (calipso) que anudan a la comunidad afrodescendiente con el lugar. En esa trama, la ADIC no opera como “asociación privada” cualquiera como así lo señala la Contraloría, sino como instancia ancestral de administración, cuidado, articulación y decisión colectiva. Su autoridad emana de la historia y consueto locales: custodiar el campo santo, mediar conflictos, organizar la vida común, transmitir, colaborar, reconocer y proteger los derechos de los pescadores, de los ancestros adultos mayores, el saber de mar y monte (protección del parque), y sostener el vínculo espiritual con el territorio. El derecho internacional no “crea” esa autoridad a la ADIC y a los afrodescendientes; la reconoce y por ello exige a los Estados consultar y cooperar “a través de sus instituciones representativas” (art. 6 Convenio 169), respetar sus valores, prácticas e instituciones (art. 5), y garantizar su derecho a decidir prioridades y controlar su propio desarrollo (art. 7). Desde esta mirada ancestral, el vínculo espiritual-territorial no es retórica: el Convenio 169 ordena “respetar la importancia especial” de esa relación y sus aspectos colectivos (art. 13), reconocer la propiedad/posesión sobre tierras tradicionalmente ocupadas (art. 14) y proteger la participación en la utilización, administración y conservación de los recursos (art. 15). De ahí deriva que la presencia de la ADIC en el manejo del Parque no es una concesión temporal, sino la proyección institucional de una práctica histórica de gestión cultural y ambiental. Esa raíz es luego nombrada por el propio Estado. El Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida del P.N. Cahuita (D.E. 40110-MINAE) no “otorga” a la ADIC un lugar; constata un camino de más de veinte años de co-manejo y dispone que “La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) será una organización permanente en [el] Consejo Local” (art. 5). Además, regula un mecanismo de donaciones para sostener el modelo, a través de un Convenio Marco SINAC–ADIC, reconociendo el aporte cultural de la comunidad a la conservación in situ (art. 6). Todo ello se inserta en una política general que “reconoce, promueve y fortalece” modelos de gobernanza con participación social (D.E. 39519-MINAE). El paso más nítido, en clave identitaria, es el D.E. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022): el Poder Ejecutivo “reafirma” que la población afrocostarricense “se ha reconocido a sí misma como pueblo tribal” y constata ese autoreconocimiento, con base en el Convenio 169; y explicita que la organización del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense “se encuentra a cargo” de la ADIC. Es decir: el Estado reconoce y ratifica en pleno una condición preexistente —pueblo tribal afrodescendiente— y, dentro de esa condición, ubica a la ADIC como instancia organizadora/representativa para el diálogo y seguimiento de derechos. Desde la óptica ancestral, ese foro es expresión contemporánea de la palabra colectiva (lugar de consulta y co-decisión) más que un simple órgano burocrático. Esta lectura se alinea, además, con dos pilares internacionales que protegen saberes y usos consuetudinarios de pueblos tribales y comunidades locales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que manda “respetar, preservar y mantener” conocimientos y prácticas (art. 8(j)) y “proteger y fomentar el uso consuetudinario” de los recursos biológicos (art. 10(c)); y la Convención de la UNESCO (2003), que coloca el patrimonio cultural inmaterial bajo la tutela activa de las propias comunidades. En Cahuita, prácticas como la recepción y reinversión comunitaria de donaciones para sostener el Parque son, desde la cultura local, formas de cuidado y redistribución que materializan esos mandatos. Por eso, cuando una actuación pública (denuncia penal de la Contraloría y allanamientos) desatiende esta condición ancestral y reduce a la ADIC a “sujeto privado”, no solo rompe el hilo de legitimidad comunitaria: también desconoce el encuadre convencional que obliga a consultar y co-decidir con las instituciones representativas, y la normativa interna que “reconoce y oficializa” la gobernanza compartida con ADIC como miembro permanente. En clave ancestral, tal desconocimiento no es técnico: hiere el tejido de memoria, contigüidad afectiva y espiritualidad que hace de Cahuita y su parque un hogar colectivo. De allí que el estándar de intervención deba incluir —además de garantías procesales— salvaguardas culturales concretas: presencia de representantes comunitarios, intérprete en creole, y protocolos de resguardo de sitios sagrados, todo ello coherente con el art. 6 del Convenio 169 y con la práctica participativa que reflejan los decretos citados. En síntesis, la ADIC ejerce una autoridad ancestral en el territorio-Parque, y el Estado ya la reconoció y reafirmó: (i) como permanencia orgánica en el Consejo Local y cogestión financiera (D.E. 40110-MINAE); (ii) como paradigma dentro de la política de gobernanza con participación social (D.E. 39519-MINAE); y (iii) como institución organizadora del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, tras constatar el autoreconocimiento del pueblo afro como pueblo tribal (D.E. 43532). Este trípode normativo no crea la autoridad ancestral: le pone nombre jurídico y la protege en armonía con el Convenio 169, el CDB y la Convención de 2003. Cualquier lectura que ignore esta matriz desancla el Parque de su sentido profundo y vulnera el deber de respeto, consulta y participación efectiva que el bloque de convencionalidad impone. VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES • Privación arbitraria de libertad (arts. 48 CP; 25 y 30 LJC). • Discriminación étnica y racial estructural por invisibilización de identidad y territorio ancestral (arts. 33 y 89 CP; Conv. 169 OIT). • Desconocimiento del derecho a consulta y participación (art. 6 Conv. 169). • Criminalización de actividades protegidas de administración y uso consuetudinario (arts. 7, 14 y 15 Conv. 169; arts. 8(j) y 10(c) CDB). • Violación del principio de convencionalidad y bloque de constitucionalidad (art. 7 CP; arts. 26, 27 y 31 Convención de Viena; art. 34 Conv. 169). • Falta de garantías procesales diferenciadas: ausencia de intérprete creole y defensa técnica inmediata (debido proceso con enfoque intercultural). FUNDAMENTO DE DERECHO La privación de libertad del suscrito [Nombre 001] y los allanamientos realizados en el Parque Nacional Cahuita y en mi vivienda carecen de validez jurídica porque violentan el bloque de constitucionalidad y los Tratados Internacionales de derechos humanos que protegen a la comunidad afrodescendiente de Cahuita y su territorio ancestral Parque Nacional Cahuita. La Constitución Política establece en su artículo 7 que los tratados internacionales debidamente aprobados tienen rango superior a la ley ordinaria. De este modo, los Convenios 107 y 169 de la OIT, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, así como la Declaración de Durban y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Afrodescendientes, se integran al ordenamiento costarricense con jerarquía supralegal. Por ello, ninguna norma interna ni actuación administrativa o judicial puede prevalecer sobre estos compromisos internacionales. El Convenio 169 de la OIT —Ley N.° 7316 de 1992— es el pilar de esta protección. Su artículo 6 impone a los gobiernos el deber de consultar a los pueblos interesados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Esta obligación de consulta previa es de aplicación inmediata y directa, conforme a su artículo 34, que ordena aplicar el Convenio aun cuando falten normas internas específicas. A su vez, el artículo 7 garantiza el derecho de estos pueblos a decidir sus propias prioridades de desarrollo y a controlar su propio proceso económico, social y cultural; mientras que los artículos 13 a 15 reconocen su derecho de propiedad, posesión y administración de las tierras y de los recursos naturales existentes en ellas. En consecuencia, el Parque Nacional Cahuita, donde la comunidad afrodescendiente ha ejercido históricamente su vida social, cultural y económica, es un territorio ancestral protegido y toda actuación estatal que lo afecte debe contar con el consentimiento de su institución representativa, la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). El Convenio 107 de la OIT, antecedente del 169, ya protegía desde 1957 los derechos territoriales de los pueblos tribales. Su vigencia en Costa Rica antes de la creación del Parque refuerza que el desalojo histórico de familias afrodescendientes de Cahuita, así como cualquier actuación estatal que ignore su condición de pueblo tribal, constituye una violación de derechos adquiridos y reconocidos internacionalmente. El bloque de protección se amplía con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Ley N.° 7615 de 1996), que en su artículo 26 consagra el principio pacta sunt servanda, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, y en su artículo 27 prohíbe a los Estados invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado. Su artículo 31 exige interpretar los tratados conforme a su objeto y fin, privilegiando la protección de los derechos humanos (pro persona). De acuerdo con estas normas, ninguna disposición de derecho interno puede legitimar una detención o un allanamiento que desconozca el Convenio 169. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.° 7416 de 1994, complementa esta protección. Su artículo 8(j) obliga a respetar, preservar y mantener los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y locales que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; y su artículo 10(c) ordena proteger y fomentar el uso consuetudinario de los recursos biológicos conforme a las prácticas culturales tradicionales. La administración comunitaria y la reinversión de donaciones en el Parque Nacional Cahuita constituyen precisamente un uso consuetudinario orientado a la conservación y, por tanto, están amparados por este tratado. Asimismo, la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) reconoce y protege los espacios, prácticas, expresiones y conocimientos que las comunidades transmiten de generación en generación. El Parque Nacional Cahuita no solo es un área de biodiversidad, sino también un lugar de memoria colectiva, pues cuenta con dos cementerios que son ancestrales y que guardan los restos de las familias ancestrales afrodescendientes, cuyos restos quedaron ahí al momento de ser expulsada la comunidad cuando se creó el parque. La intervención policial sin consideración de este valor inmaterial atenta contra las obligaciones de respeto y protección derivadas de la Convención. Las Declaraciones de Durban (2001) y de la ONU sobre los Derechos de los Afrodescendientes (2024) refuerzan el deber estatal de erradicar toda forma de racismo y discriminación estructural, y de garantizar la participación efectiva y la protección de los territorios y recursos naturales de los afrodescendientes. Al no prever intérprete en creole ni defensor público y al tratar a la ADIC como un simple “sujeto privado”, las autoridades incurrieron en discriminación racial institucional. En el plano interno, el Decreto Ejecutivo N.° 35919-MINAE (2016) reconoce los modelos de gobernanza compartida en áreas silvestres protegidas. El Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE (2017) va más allá al establecer un reglamento específico para el comanejo del Parque Nacional Cahuita: su artículo 5 declara a la ADIC miembro permanente del Consejo Local de Manejo, y su artículo 6 autoriza la suscripción de un Convenio Marco con el SINAC e instituye un mecanismo de donaciones para la gestión del parque. Este decreto cita expresamente el Convenio 169 de la OIT como fundamento jurídico. A su vez, el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022) designa a la ADIC como organizadora del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, reforzando su carácter de autoridad ancestral y representante colectiva. Estas normas confieren a la ADIC un mandato expreso del Estado para administrar el Parque y gestionar los recursos generados. Relacionando este conjunto normativo, resulta evidente que ninguna autoridad podía tratar las donaciones recibidas y reinvertidas en el mismo parque como un manejo ilícito de fondos. Por el contrario, ese manejo es la forma autorizada por el propio Estado para cumplir el Convenio 169 y para garantizar el derecho de la comunidad a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales (art. 15 del Convenio 169). En este contexto, la privación de mi libertad —ejecutada sin lectura de derechos, sin asistencia de defensor público y sin intérprete en mi idioma cultural— viola el artículo 48 de la Constitución y los artículos 25 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que protegen la libertad personal y exigen que toda detención sea legal, motivada y respetuosa de las garantías mínimas. La calificación de la ADIC como “sujeto privado” en la orden de allanamiento ignora deliberadamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en especial el 169 de la OIT y los Decretos 40110 y 43532, desconociendo el carácter ancestral y colectivo reconocido por el propio Estado. Este tratamiento reduccionista convierte una actividad protegida por el derecho internacional en un supuesto delito, reproduciendo racismo institucional y criminalización de derechos colectivos. Por lo anterior la detención ilegal de la que fui víctima y los allanamientos al Parque Nacional Cahuita y de mi vivienda fueron ilegales, porque: • Se ejecutaron sin consulta previa a la comunidad, violando el artículo 6 del Convenio 169. • Desconocieron la jerarquía supralegal de los tratados, en contra del artículo 7 de la Constitución y de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena. • Criminalizaron una actividad legítima prevista en el Decreto 40110-MINAE en relación con el Convenio 169 OIT, consistente en recibir y reinvertir donaciones en el Parque. • Invisibilizaron la identidad afrodescendiente y el carácter ancestral del Parque, contraviniendo los artículos 33 y 89 de la Constitución, así como la Declaración de Durban y la Declaración ONU 2024. • Lesionaron el derecho fundamental a la libertad personal, protegido por el artículo 48 de la Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por todo lo expuesto, mi privación de libertad y los allanamientos practicados carecen de toda base legal y deben declararse nulos, ordenando además reparación integral y garantías de no repetición. PETITORIA • Que se declare CON LUGAR el presente hábeas corpus; se reconozca la detención ilegítima sufrida el 3 de setiembre de 2025 y la existencia de discriminación estructural al tratar a la ADIC como “sujeto privado”, con criminalización de actividades protegidas por el Convenio 169. • Que se ordene la protección permanente de mi libertad personal y la prohibición de nuevas detenciones por los mismos hechos vinculados al ejercicio de funciones comunitarias en el Parque Nacional Cahuita. • Que se anulen los efectos jurídicos de la detención y del allanamiento en lo que concierne a mi persona y se dispongan medidas correctivas inmediatas. • Que se declare que la ADIC no es un mero sujeto privado, sino autoridad ancestral y representante colectiva de la comunidad afrodescendiente de Cahuita, conforme a los Decretos 40110-MINAE y 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, y que toda actuación estatal que la involucre debe observar y respetar el principio de convencionalidad y el deber de consulta previa (art. 6, Conv. 169). • Que se ordenen garantías de no repetición: a) protocolos de intervención con enfoque intercultural (consulta previa, presencia de representantes comunitarios, intérprete en creole y defensa técnica desde el primer momento); b) capacitación obligatoria a Contraloría, Poder Judicial, Ministerio Público y OIJ en derechos de pueblos tribales y afrodescendientes” (ver registro electrónico).\n\n4.- Informa bajo juramento Marta Eugenia Acosta Zúniga, en su calidad de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “ANTECEDENTES RELEVANTES 1. Mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015, el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió el informe: “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL CERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO NRO. BID 1824/OC/CR: PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS”. En dicho informe -en lo que interesa- dentro de su apartado de resultados se senaló la omisión del cobro de la tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita (ver páginas 13 a la 19 del informe). El informe describe que el Parque Nacional Cahuita, tendrá acceso a inversiones en servicios y duchas, tiendas y a senderos submarinos, sin embargo, no se garantiza la sostenibilidad financiera para el mantenimiento de dichas obras, pues, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación está dejando de cobrar la tarifa en el sector de Playa Blanca, que representa el 80% de la visitación total del Parque; y permite a su vez, que un sujeto privado utilice sus propias instalaciones para solicitar donaciones a los turistas que ingresan por ese mismo sector. Además, en el citado informe se giraron disposiciones a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para elaborar una propuesta de modificación parcial al Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE que incorpore el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el Sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, que sean estimados conforme deriva de los artículos 35, 38 y 42 de la Ley de Biodiversidad y el 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales; y se tomen medidas para prohibir a sujetos privados solicitar donaciones dentro de los límites de dicho Parque, y solo se permitan actividades y ocupar instalaciones del SINAC con fines permitidos por el ordenamiento jurídico, y se gestione el cobro del ingreso al sector de Playa Blanca. 2. En el período 2015-2020, las Administraciones anteriores promulgaron el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita. Además, se emitió el Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, publicado en La Gaceta n.° 15 del 20 de enero 2017, Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, en el cual se estableció que en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita no se cobraría la tarifa de ingreso por parte del SINAC. Adicionalmente, el MINAE informó a la CGR sobre la realización de análisis jurídicos para mantener el sistema actual de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita sin tener que modificar los Decretos 38546-MINAE y 40110-MINAE, la valoración de tendencias de ingresos del SINAC, y una consultoría para elaborar una metodología para el establecimiento de tarifas y desarrollo de un nuevo modelo tarifario de entradas y estimación de costos para la gestión de las ASP. 3. Con oficios n.° DM-0280-2020 y n.° DM-0392-2020 del 12 de noviembre y 15 de diciembre de 2020, respectivamente, la Ministra de Ambiente informó sobre las acciones realizadas a fin de redactar un proyecto de ley para el fortalecimiento de la gobernanza de las Áreas Silvestres Protegidas, que promueva, a su vez, el desarrollo integral de las comunidades, para poner a derecho una serie de situaciones que han surgido en las Áreas Silvestres Protegidas y que no son consistentes con los enunciados de la Ley de Biodiversidad, como es el caso del ingreso al Sector de Playa Blanca en el Parque Nacional Cahuita. 4. Con oficios n.° DM-0373-2021, n.° DM-0458-2021 y n.° DM-1072-2021 del 29 de abril, 21 de mayo y 21 de octubre de 2021, respectivamente, el Ministerio de Ambiente informó sobre la elaboración de una propuesta acerca de la actualización de tarifas de entrada para Áreas Silvestres Protegidas y un proyecto de ley para el fortalecimiento de la gobernanza en las Áreas Silvestres Protegidas. Asimismo, se informó que se estaba trabajando en una propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo n.° 38295-MINAE para \"Tarifas por derechos de ingreso y otros servicios ofrecidos en las Áreas Silvestres Protegidas bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación\"; en donde según se indicó, “...se incorporará lo referente al derecho de admisión al Parque Nacional Cahuita y otras Áreas Silvestres Protegidas”. 5. Con oficio n.° DM-0166-2022 del 18 de febrero de 2022, la Ministra a.i. de MINAE informó que la “Metodología para la Definición de Tarifas de Ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC” fue aprobada por CONAC mediante acuerdo n.° 10 de la sesión ordinaria n.° 10-2022 y se instruyó a la Dirección Ejecutiva del SINAC realizar el trámite respectivo para su implementación. Asimismo, con oficio n.° DM-0165-2022 del 16 de febrero del 2022, el Despacho Ministerial instruyó a la Dirección Ejecutiva del SINAC para que se establezcan las nuevas tarifas a cobrar, de manera prioritaria en el Sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita. 6. Con oficio n.° SINAC-SE-DE-556 del 30 de marzo de 2022, el Director Ejecutivo del SINAC solicitó una ampliación de plazo al 30 de julio de 2023, señalando que a fin de implementar la metodología de tarifas aprobada por el CONAC, se solicitó la coordinación del Programa de Turismo y se planteó una hoja de ruta a seguir para avanzar con el tema, y se ratificó el acompañamiento BIOFIN mediante la contratación de un consultor que aplique la metodología para el cobro de tarifas. Dicha ampliación fue denegada por la Contraloría General, según se comunicó al SINAC con oficio n.° 07595 (DFOE-SEM-0637). 7. Mediante oficio n.° 07598-2022 (DFOE-SOS-0191/DFOE-SEM-0638) del 6 de mayo de 2022, la Gerente a.i del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible y el Gerente del Área de Seguimiento para la Mejora Pública de esta Contraloría comunicaron al Ministro de Ambiente y Energía, al Director Ejecutivo del Sistema de Áreas de Conservación y a los Miembros del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, el incumplimiento de las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.7 del informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad del avance en la implementación del crédito externo n.° BID 1824/OC/CR: Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas. En dicho documento se concluye que es obligación de esas instancias emitir los instrumentos normativos correspondientes en donde se incorpore el cobro de la tarifa de ingreso en el Parque Nacional Cahuita por todos sus accesos, y específicamente en el sector de Playa Blanca, en los montos para residentes y no residentes en el país, y gestionar su cobro respectivo; lo cual atiende al mandato de normas de rango de ley, principios de sostenibilidad financiera y solidaridad en la aplicación de los ingresos, y por el compromiso asumido en Ley n.° 8967 Contrato de préstamo n.° 1824/OC/CR y su anexo único. Adicionalmente, se señala que si bien el MINAE, CONAC y SINAC han realizado acciones que tienen como fin la actualización de tarifas por derechos de ingreso y otros servicios ofrecidos en las Áreas Silvestres Protegidas, a pesar del tiempo transcurrido desde la emisión del informe de fiscalización, a esa fecha no estaba modificado el Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE, para incorporar el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita; ni el Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, el cual en su artículo 6 expresamente señala que no se cobrará la tarifa por parte del SINAC en ese sector; y por ende no se ha gestionado su respectivo cobro. Por consiguiente, dado que las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-02-2015 no fueron atendidas cabalmente por parte de ninguna de las Autoridades a las que se giraron, se encuentran incumplidas y se informa que según las competencias del Órgano Contralor, se procederá a iniciar la ejecución de otra acción de fiscalización sobre el particular. Así también, se reitera la obligación de esas Administraciones, según sus competencias, de modificar el Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE y n.° 40110-MINAE, para incorporar el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita; así como gestionar el cobro respectivo en dicho Parque Nacional. 8. Mediante documento n.° DFOE-SOS-RH-00001-2023 del 28 de setiembre de 2023, el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, remitió al Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, una relación de hechos sobre la administración irregular de los recursos que se recaudan en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita para que valore la legalidad del caso; con el fin de comprobar la verdad real de lo acontecido, estableciendo en tal sentido, las responsabilidades que pudieren derivar. 9. A través del oficio n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de septiembre de 2024 la Gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible informó al Director Ejecutivo y a la Directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) ambos pertenecientes al Sistema Nacional de Conservación, sobre la situación actual del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita señalando que se identificaron una serie de irregularidades en el manejo del Parque Nacional Cahuita. Estas deficiencias están relacionadas con el modelo de gobernanza compartida y se centraron en la falta de un convenio actualizado que permita la participación de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). Además, se identificó que los ingresos por donaciones en el sector de Playa Blanca no se depositaron en el Fondo de Parques Nacionales y no había controles adecuados sobre ese dinero. También se indicó que la Contraloría comunicó estas situaciones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Área de Conservación La Amistad Caribe a través de un oficio con fecha del 24 de abril de 2024, instándolos a tomar las medidas correctivas. En respuesta, SINAC y ACLAC informaron el 9 y 13 de agosto de 2024, respectivamente, que habían implementado acciones para solucionar las irregularidades y que tenían un plan de trabajo en marcha para asegurar los resultados. Por último en el citado oficio, se resalta que es responsabilidad exclusiva de SINAC y ACLAC asegurar que las medidas tomadas sean efectivas y que estén debidamente respaldadas por el marco legal y técnico, específicamente los decretos ejecutivos n.° 39519 y n.° 40110. De igual manera, se advierte que la Contraloría se reserva el derecho de realizar una futura fiscalización para verificar que las acciones correctivas se hayan implementado de manera adecuada. 10. El 9 de setiembre de 2025, el señor [Nombre 001], suscribió un documento solicitando a la CGR explicación técnica y legal sobre la aplicación de los Convenios 107 y 169 de la OIT para un convenio de administración compartida con SINAC en el Parque Nacional Cahuita, por lo que a través de oficio n.° 16528-2025 (DJ-1735) del 16 de setiembre del año en curso la División Jurídica de la Contraloría rechazó por inadmisible la consulta conforme lo establecido en los incisos 1 y 2) del numeral 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República. II EN CUANTO A LOS HECHOS EXPUESTOS EN EL RECURSO PRIMERO: Se rechaza. Respecto a la administración de los recursos económicos del Parque Nacional Cahuita por parte de un sujeto privado, remitimos a lo dicho y analizado en el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015, y el oficio n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de septiembre de 2024. SEGUNDO: De lo descrito en este hecho lo que la CGR tiene conocimiento es lo senalado en el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015, así como lo mencionado en el oficio n.° DFOE-SOS-0360 del 31 de julio de 2023 y el oficio n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de setiembre de 2024. En lo demás, no nos consta ni corresponde a este órgano contralor efectuar ese tipo de valoraciones y calificaciones. TERCERO: Es cierto con aclaraciones. En efecto la Contraloría emitió el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 en atención a nuestra labor de fiscalización conforme a las competencias constitucionales y legales asignadas. Por otra parte se rechaza que con las disposiciones emitidas se vulneren derechos de pueblos tribales, pues las disposiciones giradas se dirigen al MINAE y al SINAC con competencias en la materia y no tienen el objetivo de vulnerar “derecho” alguno. Además, resulta preciso señalar que a la fecha las disposiciones giradas en el informe DFOE-AE-IF-02-2015 en especial las 4.3, 4.5 y 4.7 se tienen por incumplidas tal y como se desprende del oficio n.° 017598-2022 (DFOE-SOS-0191/DEFOE-SEM-0638) del 6 de mayo de 2022. CUARTO: No nos consta. Al no tratarse de un acto emanado de este órgano contralor. QUINTO: No nos consta. Lo mencionado en este hecho no corresponde a alguna actuación o conducta de esta Contraloría General, por lo que se desconoce lo descrito por el recurrente. SEXTO: No nos consta. Al no corresponder a alguna actuación o conducta de la Contraloría General de la República, por lo que se desconoce lo descrito por el recurrente. III SOBRE EL FONDO De conformidad con lo establecido en el numeral 22 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a continuación se describen las actuaciones o gestiones realizadas por la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales en resguardo de la Hacienda Pública, lo cual resulta relevante para la comprensión y análisis del cuadro fáctico que describe el recurrente y acredita la ausencia de infracciones por parte de este órgano contralor respecto de los derechos y garantías del recurrente. 1. SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CGR. a. Sobre los resultados obtenidos en el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 relacionados con el ingreso a Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita En el informe de fiscalización titulado “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO NRO. BID 1824/OC/CR: PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS”, se detalla -entre otros aspectos- la omisión del cobro de la tarifa de ingreso en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita: El referido informe indica que el Parque Nacional Cahuita, es uno de los beneficiarios del Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, y se indica que este parque presenta problemas de sostenibilidad financiera. De igual manera, la Contraloría General encontró que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no estaba cobrando la tarifa de entrada en el sector de Playa Blanca, a pesar de que esta fue establecida por el Decreto Ejecutivo n.° 34164-MINAE, publicado el 10 de enero de 2008. Se indica también que el sector representa el 80% de la visitación total del parque y la falta de cobro es incongruente con los objetivos del programa de turismo, que busca lograr una mayor sostenibilidad financiera para el SINAC a través de los ingresos. Además de la omisión del cobro, se determinó que una organización privada local utilizaba una caseta propiedad del SINAC en el mismo sector para solicitar “donaciones voluntarias” a los visitantes. En ese orden, una auditoría interna del SINAC en 2012 y una inspección de la Contraloría en 2014 confirmaron que esta organización operaba dentro de los límites del parque, con personal que incluso utilizaba los logotipos del SINAC y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Sobre el particular, la CGR hizo mención a las regulaciones existentes sobre la materia y estableció: “(...) el argumento de la Administración, en cuanto a la existencia de un acuerdo político y la importancia de la participación ciudadana mediante la figura de manejo compartido, es insuficiente para permitir el uso de instalaciones del SINAC a favor de esa organización para solicitar donativos a los visitantes del Parque. Así, en el tanto ese uso no esté autorizado en virtud de norma de rango de ley, se violenta el principio de legalidad dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales, condicionan la sujeción del actuar Administrativo al ordenamiento Jurídico. Recuérdese que el manejo compartido no es una figura jurídica definida y reconocida en la legislación nacional”. De igual manera, el órgano contralor indicó que la participación comunal está concebida en las normas legales vigentes en figuras diferentes al manejo compartido, como es el esquema desconcentrado de la estructura del SINAC conformado por instancias denominadas Consejos Regionales de las Áreas de Conservación y Consejos Locales de las Área de Conservación, creados en el artículo 29 de la Ley de Biodiversidad y regulados en los artículos del 49 al 51 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo n.° 34433-MINAE. De ahí que, el citado informe definió que la omisión de cobro a los visitantes en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, constituía un menoscabo a los ingresos que debe recibir el Fondo de Parques Nacionales (FPN) por ese concepto, según lo regulado en el artículo 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, n.° 6084. En respuesta a estas debilidades, la Contraloría emitió disposiciones de acatamiento obligatorio para la Administración fiscalizada. En virtud de ello, se le dispuso al Ministro de Ambiente y Energía elaborar una propuesta de modificación al Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE para incorporar el cobro de la tarifa de ingreso en Playa Blanca. Adicionalmente, se ordenó al Consejo Nacional de Áreas de Conservación prohibir a cualquier sujeto privado solicitar donaciones dentro del parque y que el SINAC gestione el cobro del ingreso en dicho sector. (ver prueba 1) b. Sobre el incumplimiento de las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.7 del informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 En el proceso de seguimiento y verificación de cumplimiento de las disposiciones giradas en el citado informe (DFOE-AE-IF-02-2015), mediante oficio n.° 07598 (DFOE-SOS-0191/DFOE-SEM-0638) del 06 de mayo de 2022, se tuvieron por incumplidas las disposiciones dirigidas al Ministro del MINAE para la elaboración de una reforma parcial del Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE a efectos de incorporar el cobro de la tarifa de ingreso a visitantes en el sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita —con montos diferenciados para residentes y no residentes— conforme a los arts. 35, 38 y 42 de la Ley de Biodiversidad y el art. 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (disposición 4.3); así como al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) para que brindara instrucciones al Director Ejecutivo del SINAC para gestionar dicho cobro por el sector Playa Blanca (disposición 4.5), y al Director Ejecutivo del SINAC para que procediera a ejecutar la mencionada instrucción de acuerdo con lo indicado en la disposición anterior (disposición 4.7). En el mencionado oficio de conclusión del seguimiento, se indican los esfuerzos realizados por parte de las autoridades públicas; sin embargo, se señala la ausencia de modificación del Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE, para incorporar el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, al igual que el Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, el cual en su artículo 6 expresamente señala que no se cobrará la tarifa por parte del SINAC en ese sector; y por ende no se ha gestionado su respectivo cobro. Finalmente, se estableció: “(...) es criterio de la Contraloría General que las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-02-2015 no han sido atendidas cabalmente por parte de ninguna de las Autoridades a las que se destinaron las disposiciones, por lo que se encuentran incumplidas y se informa que conforme a las competencias del Órgano Contralor, se procederá a iniciar la ejecución de otra acción de fiscalización sobre el particular. Así también, se reitera la obligación de esas Administraciones, según sus competencias, de modificar el Decreto Ejecutivo N.° 38546-MINAE y N.° 40110-MINAE, para incorporar el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita; así como gestionar el cobro respectivo en dicho Parque Nacional”. (ver prueba 2) c. Sobre la relación de hechos en cuanto a la aparente administración irregular de los recursos que se recaudan en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita A través del documento n.° DFOE-SOS-RH-00001-2023 del 28 de setiembre de 2023, la Contraloría General puso en conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, un informe que concluye que la falta de implementación de los mecanismos de control en la administración de fondos públicos por parte de una entidad privada. En relación con lo anterior, se alertó también el riesgo de que el mantenimiento, operación y vigilancia nocturna del Parque Nacional Cahuita estuviera en manos de un privado, además, ejecutando directamente los recursos públicos generados en el Parque. En razón de lo anterior, el órgano contralor estimó pertinente hacer la situación de conocimiento de esa Autoridad Judicial y someter el asunto a su valoración en el marco de sus competencias. d. Comunicación sobre la situación actual del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita Finalmente, como se indicó en el recuento inicial de antecedentes, cabe mencionar que a través del oficio n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de septiembre de 2024 la Contraloría General informó al Director Ejecutivo del SINAC y a la Directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) algunos aspectos sobre la situación actual del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita. En ese sentido, se identificaron situaciones opuestas a la observancia del marco jurídico aplicable, específicamente relacionadas con la falta de un convenio vigente que habilitara la participación de la ADIC dentro del modelo, la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca y la falta de controles en relación con las sumas ingresadas por ese concepto; situaciones que también fueron puestas en conocimiento del Director Ejecutivo del SINAC y la Directora de la ACLAC por medio del oficio n.° 06844 (DFOE-SOS-0209) del 24 de abril de 2024, con el propósito de que adoptaran las acciones correspondientes dentro de un plazo razonable. Por su parte, el Director Ejecutivo del SINAC y la Directora de la ACLAC, por medio de los oficios SINAC-ACLAC-DR-0654-2024 y SINAC-SE-DE-1124-20241 del 9 y 13 de agosto de 2024, respectivamente, informaron a esta Contraloría General respecto de las acciones adoptadas por ambas instancias en relación con las irregularidades en el modelo de gobernanza compartida del PNC, para lo cual se contaba con un plan de trabajo al cual se continuaría dando seguimiento para asegurar sus resultados. De manera que, este órgano contralor senaló a esas instancias administrativas, su responsabilidad exclusiva conforme a sus competencias, en la adopción de las acciones necesarias para atender las debilidades identificadas y que dichas acciones se encuentren debidamente sustentadas en el ordenamiento jurídico y técnico, bajo el amparo de los Decretos Ejecutivos n.° 39519 “Reconocimiento de los modelos de gobernanza en áreas silvestres protegidas de Costa Rica” y n.° 40110 “Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita”. Del mismo modo, se hizo énfasis en su obligación de velar porque se continuarán cumpliendo las acciones para corregir las irregularidades y tomar las acciones adicionales que se requirieran en un futuro para que no se llegaran a repetir las situaciones referidas. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo la Contraloría General sobre lo actuado por esa Administración, como parte de las funciones de fiscalización superior de la hacienda pública. (ver prueba 3). Sin embargo a la fecha después de esta comunicación no se ha realizado ninguna otra acción de fiscalización. En síntesis, como se puede observar, en todo momento la labor de la CGR se ha llevado a cabo apegada al bloque de constitucionalidad y legalidad, ejerciendo sus competencias como órgano de control superior de la Hacienda Pública y no se ha extralimitado ni incurrido en violación de garantías y libertades tutelables del recurrente. 2. EN CUANTO A LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL RECURRENTE TUTELABLES MEDIANTE EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS (LIBERTAD E INTEGRIDAD PERSONALES) El recurrente alega que fue privado de su libertad personal mediante detención y que su vivienda fue allanada y registrada sin consideración a su condición étnica ni a los convenios internacionales, lo que le habría causado un \"grave perjuicio irreparable\" a su integridad personal y familiar. Las acciones descritas, que no nos constan en absoluto, en tanto implican la privación de libertad y el registro de la vivienda del recurrente, son atribuciones exclusivas de los órganos encargados de la persecución penal y la administración de justicia. La CGR, en el ejercicio de su función constitucional como órgano vigilante de la Hacienda Pública, ha realizado actuaciones de carácter administrativo tal y como corresponde a sus competencias. Así, el informe o relación de hechos que se ha remitido a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción constituye únicamente un insumo para la valoración de posibles irregularidades, no una orden ni una instrucción para la detención o el allanamiento de alguna persona. De manera que la responsabilidad de determinar si existe mérito para llevar a cabo dichas acciones, así como la forma y tiempo de ejecutarlas, recae íntegramente en las autoridades judiciales competentes, quienes deben actuar conforme a sus propias potestades y los procedimientos legales establecidos. Por lo tanto, cualquier perjuicio alegado por el recurrente en relación con su presunta detención y el allanamiento de su vivienda no puede ser atribuido a la CGR, ya que dichas actuaciones exceden absolutamente nuestro ámbito de acción y competencia”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Informa bajo juramento Karol Castro Fallas en su calidad de Jueza Penal del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y encargada de tramitar el expediente 23-000397-1218-PE (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “la orden de allanamiento registro y secuestro en la vivienda del imputado responde a una investigación por el presunto delito de Malversación y otros, el cual está siendo investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Mediante el análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la diligencia solicitada, se autorizó el allanamiento en la vivienda del recurrente al considerarse sospechosos de una conducta presumiblemente constitutiva de delito. Al tener lo anterior, rechaza categóricamente este despacho que la misma responda a una circunstancia de discriminación estructural contra la población afrodescendiente en Costa Rica tal y como lo sugiere el recurrente, puesto que la orden ejecutada se dio en el marco de una investigación penal. Todos los demás argumentos corresponden a aspectos de fondo los cuales deberán ser alegados por el recurrente ante el despacho competente”.\n\n6.- Informa bajo juramento María Natalia Villalta Hidalgo en su calidad de Fiscala Adjunta Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “En consideración de quien suscribe, el presente recurso de Hábeas Corpus debe ser declarado sin lugar, sobre la base de lo siguiente: de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Jurisdicción Constitucional según se señala en su artículo 15, el hábeas corpus procede para garantizar la libertad e integridad personal, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio. En el caso que nos ocupa, resulta pertinente acotar que, del resumen de los hechos supra citados, es posible extraer que el recurrente incurre en una serie de apreciaciones subjetivas sobre los hechos que investiga el Ministerio Publico y sus consideraciones sobre la dirección del proceso penal en relación a su etnia y demás aspectos culturales               que rodean de manera periférica los puntos allanados, y lo cierto del caso es que, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y anticorrupción (en adelante FAPTA) mantiene en trámite la causa 23-000397-1218-PE, seguido contra Enrique Antonio Joseph Jackson y otros por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de los deberes de la función pública, la cual se encuentra en investigación. Dichas manifestaciones referidas son ajenas a la naturaleza del Recurso de Habeas Corpus planteado, por lo que se rinde informe al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de jurisdicción Constitucional. Por su parte, las actuaciones realizadas han sido amparadas y apegadas a la ley de conformidad con lo dispuesto con los artículos 62, 63, 67, 68, 69 193, 196, 198, 199 y 237 del Co digo Procesal Penal. El Ministerio Publico ejerció la acción penal en la forma establecida por la ley y en el caso que nos ocupa practico las diligencias pertinentes y útiles a efecto de determinar la existencia del hecho delictivo. Esta investigación inició el día 28 de septiembre de 2023, con ocasión a un informe remitido a este despacho por parte de la Contraloría General de la República, mediante la referencia del expediente asignado por la Contraloría, número CGR-INV-2023001463, titulado con el asunto: “Oficio de remisión de relación de hechos N° DFOE-SOS-RH-00001-2023, sobre la administración irregular de los recursos que se recaudan en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita”, el cual fungió como noticia criminis y se complementó con el informe emitido por la Sección de Anticorrupción, del Organismo de Investigación Judicial, bajo el número 23-SANT-CI-2025, de fecha 12 de marzo de 2025, en el cual, además de las conclusiones y resultados obtenidos, se solicita la diligencia de investigación de allanamiento, registro y secuestro, mediante las cuales, se empezó a analizar una serie de hechos en apariencia irregulares, atribuibles a funcionarios de Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE y a sujetos equiparados en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). Del análisis de la información supra, se estableció una hipótesis fáctica, mediante la cual se establecieron en grado probable una serie de actos irregulares en torno a una serie de irregularidades financieras detectadas en el manejo de ingresos del Parque Nacional Cahuita, particularmente en el sector de Playa Blanca, entrada administrada por la ADIC, siendo que se ha identificado que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ACLAC incumpliendo lo establecido en la Ley de la Biodiversidad, en torno al Fondo de Parques Nacionales, desde el año 2017, no ha asegurado la sostenibilidad financiera de las inversiones realizadas en el Parque Nacional Cahuita, al dejar de tener control sobre el cobro y la tarifa de ingreso en Playa Blanca, sector que representa el 80% de la visitación total, permitiendo que la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), una entidad privada, utilice las instalaciones del parque para solicitar donaciones a los turistas que ingresan por dicho sector, incumpliendo ambos sus deberes al no aplicar, desde su constitución el Convenio de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, pactado desde 2017 entre la ADIC y MINAE (ACLAC), convenio que se estableció por el plazo de cinco años y que debió renovarse en el año 2022, renovación que no se ha efectuado en el año 2025. Ante esta situación, la Contraloría General de la República emitió disposiciones para que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el SINAC modificaran el Decreto Ejecutivo número 38546-MINAE, con el objetivo de establecer un cobro de tarifa de ingreso diferenciado para residentes y no residentes, en Playa Blanca, teniendo como consecuencia que el MINAE promulgo posteriormente los Decretos Ejecutivos número 35919, sobre el Reconocimiento de los Modelos de Gobernanza Compartida, y 40110- MINAE, que regula el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, siendo que este último decreto estipulo que el SINAC no cobraría tarifa de ingreso en Playa Blanca, sino que el Estado podrí a recibir contribuciones económicas no reembolsables (donaciones) de los visitantes, las cuales deberían depositarse en el Fondo de Parques Nacionales, constituyéndose así, los dineros recibidos en razón de las donaciones por concepto de los ingresos al Parque Nacional Cahuita, en fondos públicos. En su artículo 6, este mismo decreto asigno estos recursos exclusivamente para la atención, mantenimiento, sostenibilidad y conservación del Parque Nacional Cahuita, aunque no estableció que el manejo total de estos recursos debería quedar en manos de la entidad privada con la que se suscribiera el convenio de gobernanza compartida, en este caso la ADIC. El Decreto 40110-MINAE también estableció que el SINAC y la ADIC debían fijar, de manera conjunta, los mecanismos para el registro y control de los recursos económicos provenientes de las donaciones. Además, el Convenio Marco de Cooperación entre el SINAC y la ADIC, firmado en el año 2017, para la implementación del Modelo de Gobernanza Compartida, especifico que todos los recursos recibidos por concepto de donaciones debían ser depositados por la ADIC en las cuentas del SINAC, en el Fondo de Parques Nacionales, con base en la Ley de la Biodiversidad. Cabe destacar que, a pesar de estos acuerdos y los compromisos asumidos en la Ley número 8967 y el Contrato de Préstamo número 1824/OC/CR, el MINAE no ha implementado un esquema normativo para el cobro de la tarifa de ingreso, lo que generó que la Contraloría General de la República, mediante oficio emitido en el mes de mayo de 2022, reitero al MINAE y al SINAC su obligación de establecer y gestionar el cobro respectivo para todos los accesos del Parque Nacional Cahuita. A raí z de estas circunstancias, la Contraloría General de la República inicio una investigación debido a que la ADIC continúa captando y administrando directamente los recursos generados por donaciones en el sector de Playa Blanca, de lo cual se debe destacar que como parte de la investigación se ha podido verificar que el convenio de cooperación entre el SINAC y la ADIC tuvo vigencia hasta marzo del año 2022 y no ha sido renovado ni se ha suscrito un nuevo contrato, aunado a que el SINAC, en la actualidad, no ha generado ni establecido los mecanismos mínimos necesarios de control para la recepción de los fondos recaudados por la ADIC. Consta en el expediente principal que, en el mes de marzo de 2023, el SINAC-ACLAC confirmo la caducidad del convenio y la ausencia de un análisis sobre la calidad de la gobernanza en el parque, conforme a los principios establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39519, siendo que en el mes de julio del año 2023, la Contraloría General de la República solicito a Enrique Joseph Jackson, ex-presidente de la ADIC, copia certificada de los estados de cuenta con el detalle de ingresos y gastos de las donaciones desde enero de 2018 hasta junio de 2023, obteniendo como respuesta, de parte de Joseph Jackson, que las donaciones en el sector comunal del parque se realizan directamente a la ADIC, una entidad privada que, según su criterio, no está sujeta al control y supervisión de la Contraloría, rigiéndose por los principios del Derecho Privado. Cabe destacar que, a pesar de estos acuerdos y los compromisos asumidos en la Ley número 8967 y el Contrato de Préstamo número 1824/OC/CR, el MINAE no ha implementado un esquema normativo para el cobro de la tarifa de ingreso, lo que generó que la Contraloría General de la República, mediante oficio emitido en el mes de mayo de 2022, reitero al MINAE y al SINAC su obligación de establecer y gestionar el cobro respectivo para todos los accesos del Parque Nacional Cahuita. A raíz de estas circunstancias, la Contraloría General de la República inicio una investigación debido a que la ADIC continúa captando y administrando directamente los recursos generados por donaciones en el sector de Playa Blanca, de lo cual se debe destacar que como parte de la investigación se ha podido verificar que el convenio de cooperación entre el SINAC y la ADIC tuvo vigencia hasta marzo del año 2022 y no ha sido renovado ni se ha suscrito un nuevo contrato, aunado a que el SINAC, en la actualidad, no ha generado ni establecido los mecanismos mínimos necesarios de control para la recepción de los fondos recaudados por la ADIC. Consta en el expediente principal que, en el mes de marzo de 2023, el SINAC-ACLAC confirmo la caducidad del convenio y la ausencia de un análisis sobre la calidad de la gobernanza en el parque, conforme a los principios establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39519, siendo que en el mes de julio del año 2023, la Contraloría General de la República solicito a Enrique Joseph Jackson, ex-presidente de la ADIC, copia certificada de los estados de cuenta con el detalle de ingresos y gastos de las donaciones desde enero de 2018 hasta junio de 2023, obteniendo como respuesta, de parte de Joseph Jackson, que las donaciones en el sector comunal del parque se realizan directamente a la ADIC, una entidad privada que, según su criterio, no está sujeta al control y supervisión de la Contraloría, rigiéndose por los principios del Derecho Privado. La denuncia principal incorporada en el expediente principal, establece que los presidentes de la ADIC, incluyendo a Enrique Joseph Jackson, como ex presidente y al actual presidente [Nombre 001], en función de sus cargos, sustrajeron y continúan sustrayendo dineros públicos cuya administración y custodia les fue confiada, lo que configura un incumplimiento de los deberes por parte de funcionarios del SINAC-ACLAC, ya que los compromisos del convenio de 2017 no fueron acatados desde 2018, y contraviene la Ley de Biodiversidad, que en su artículo 35 exige que todos los fondos generados por los parques deben depositarse en el Fondo Nacional de Parques Nacionales. En fecha 29 de agosto de 2025 se presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda, solicitud de allanamiento, registro y secuestro dentro de la causa bajo examen y siendo que, la solicitud presentada al juez contaba con elementos probatorios y sustento legal, mediante resolución del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial, de las nueve horas veintisiete minutos del uno de septiembre de dos mil veinticinco, se ordenó allanamiento, registro y secuestro y se ordena apertura de la evidencia decomisada. La investigación ha sido llevada de manera objetiva, acuciosa, apegada a la Ley y bajo el respeto al principio de legalidad y garantí as individuales y procesales de las partes. Asimismo, no lleva razón el recurrente al indicar que se llevó a cabo su detención; lo que sucedió fue que durante la diligencia de allanamiento en su casa de habitación de acuerdo a los protocolos de seguridad del Organismo de Investigación Judicial, fue mantener esposado al imputado durante el desarrollo de la diligencia, lo cual se realizó bajo el marco de la legalidad. El Ministerio Público investiga un asunto serio que le podrí a traer graves consecuencias al erario público, descalificar de esta manera nuestras actuaciones no es más que un grito desesperado de querer empañar nuestras acciones, las cuales repito fueron apegadas a la ley. Al respecto, los artículos 180, 181, 182 y 183 del Código Procesal Penal, en lo que respecta a los medios de prueba, disponen que el Ministerio Público y los Tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación. Por otra parte, el artículo 67 de este mismo cuerpo normativo establece que durante la investigación de los hechos que se investigan se reunirán los elementos de prueba u tiles. Desde el día en que se recibió la denuncia o fue puesto en conocimiento de los hechos el Ministerio Público, sea el 28 de septiembre de 2023, con ocasión a un informe remitido a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público ha mantenido activa la investigación, y se han llevado a cabo las diligencias necesarias, útiles y permitentes para la obtención de prueba y arribar a la verdad real de los hechos que se investigan, lo que demuestra la objetividad con la que se ha llevado a cabo esta investigación y que se le ha facilitado al imputado toda la prueba recopilada para su debido ejercicio de defensa en tutela del debido proceso, y la resolución de este asunto a efecto de que se defina la situación jurídica de los encartados como partes interesadas de la investigación. De esta manera, reitero mi solicitud inicial en el sentido de declarar sin lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto por [Nombre 001]”.\n\n7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente afirma que es presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), organización comunitaria que administra recursos económicos derivados del Parque Nacional de Cahuita, reconocido como territorio tribal ancestral al amparo de los Convenios OIT N° 107  y N° 169. Reclama que la Contraloría General de la República emitió disposiciones dirigidas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), modificando parcialmente el Decreto Ejecutivo N° 38546-MINAE, para incorporar un cobro de tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca, ignorando el carácter tribal del territorio y los derechos conferidos por los Convenios OIT. Esta acción estatal transgrede el artículo 14 del Convenio 169, que exige reconocer los derechos de propiedad y posesión de las tierras tradicionales, y el artículo 6 del Convenio 107, que prioriza el mejoramiento de condiciones económicas en regiones habitadas por poblaciones tribales mediante planes de desarrollo que favorezcan sus iniciativas. Señala que en el marco del expediente penal N° 23-000397-1218-PE, el Fiscal Auxiliar, presentó solicitud el 1 de septiembre de 2025 para ordenar allanamiento, registro y secuestro; además ordenó la apertura de la evidencia decomisada por el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública. Expone que los antecedentes alegados en la solicitud fiscal se basan en una supervisión bajo el Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas (N° 8967) y el contrato de préstamo 1824/OC-CR, afirmando que el SINAC no garantiza la sostenibilidad financiera al dejar de cobrar tarifas en Playa Blanca, y que la ADIC realiza “cobro indebido” mediante contribuciones. Sin embargo, el expediente omite por completo el carácter tribal del Parque Nacional de Cahuita, reconocido implícitamente en la gestión compartida con la comunidad afrodescendiente desde hace más de 20 años, y viola el principio de consulta previa (artículo 6 del Convenio 169), que obliga al Estado a consultar a las comunidades tribales antes de cualquier medida que afecte sus derechos territoriales o económicos. Reclama que fue acusado penalmente por actos inherentes a sus derechos tribales (administración de contribuciones en territorio ancestral), privado de su libertad personal mediante detención, y su vivienda allanada y registrada sin consideración a su condición étnica ni a los convenios internacionales.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos:\n\nEN CUANTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\na)    Que mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015, el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió el informe: “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL CERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO NRO. BID 1824/OC/CR: PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS” -en el informe se senaló la omisión del cobro de la tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nb)    Que en el informe se giraron disposiciones a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para elaborar una propuesta de modificación parcial al Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE que incorpore el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el Sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, que sean estimados conforme deriva de los artículos 35, 38 y 42 de la Ley de Biodiversidad y el 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales; y se tomen medidas para prohibir a sujetos privados solicitar donaciones dentro de los límites de dicho Parque, y solo se permitan actividades y ocupar instalaciones del SINAC con fines permitidos por el ordenamiento jurídico, y se gestione el cobro del ingreso al sector de Playa Blanca (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nc)    Que en el período 2015-2020, las Administraciones anteriores promulgaron el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita y emitieron el Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, publicado en La Gaceta n.° 15 del 20 de enero 2017, Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, en el cual se estableció que en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita no se cobraría la tarifa de ingreso por parte del SINAC (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nd)    Que en fecha 09 de setiembre de 2025, el recurrente suscribió un documento solicitando a la CGR explicación técnica y legal sobre la aplicación de los Convenios 107 y 169 de la OIT para un convenio de administración compartida con SINAC en el Parque Nacional Cahuita (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ne)    Que mediante oficio n.° 16528-2025 (DJ-1735) del 16 de setiembre del 2025 la División Jurídica de la Contraloría rechazó por inadmisible la consulta conforme lo establecido en los incisos 1 y 2) del numeral 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nf)      Que a la fecha de rendir el informe las disposiciones giradas en el informe DFOE-AE-IF-02-2015 en especial las 4.3, 4.5 y 4.7 se tienen por incumplidas  (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ng)    Que mediante documento n.° DFOE-SOS-RH-00001-2023 del 28 de setiembre de 2023, la Contraloría General puso en conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, un informe que evidencia la falta de implementación de los mecanismos de control en la administración de fondos públicos por parte de una entidad privada; se alertó también el riesgo de que el mantenimiento, operación y vigilancia nocturna del Parque Nacional Cahuita estuviera en manos de un privado, además, ejecutando directamente los recursos públicos generados en el Parque (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nh)    En razón de lo anterior, el órgano contralor estimó pertinente hacer la situación de conocimiento de esa Autoridad Judicial y someter el asunto a su valoración en el marco de sus competencias (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ni)       Que mediante oficios n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de septiembre de 2024 la Contraloría General informó al Director Ejecutivo del SINAC y a la Directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) algunos aspectos sobre la situación actual del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita -se identificaron situaciones opuestas a la observancia del marco jurídico aplicable, específicamente relacionadas con la falta de un convenio vigente que habilitara la participación de la ADIC dentro del modelo, la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca y la falta de controles en relación con las sumas ingresadas por ese concepto- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nEN CUANTO AL JUZGADO PENAL DEL JUZGADO PENAL DE HACIENDA Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA FISCALÍA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN\n\nj)       Que contra el recurrente se tramita la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros, el cual está siendo investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con ocasión a un informe remitido a este despacho por parte de la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nk)    Que la referencia del expediente asignado por la Contraloría, número CGR-INV-2023001463, titulado con el asunto: “Oficio de remisión de relación de hechos N° DFOE-SOS-RH-00001-2023, sobre la administración irregular de los recursos que se recaudan en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita”, fungió como noticia criminis y se complementó con el informe emitido por la Sección de Anticorrupción, del Organismo de Investigación Judicial, bajo el número 23-SANT-CI-2025, de fecha 12 de marzo de 2025, en el cual, además de las conclusiones y resultados obtenidos, se solicita la diligencia de investigación de allanamiento, registro y secuestro, mediante las cuales, se empezó a analizar una serie de hechos en apariencia irregulares, atribuibles a funcionarios de Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE y a sujetos equiparados en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nl)       Que se identificó que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ACLAC ha incumplido lo establecido en la Ley de la Biodiversidad, en torno al Fondo de Parques Nacionales, desde el año 2017, no ha asegurado la sostenibilidad financiera de las inversiones realizadas en el Parque Nacional Cahuita, al dejar de tener control sobre el cobro y la tarifa de ingreso en Playa Blanca, sector que representa el 80% de la visitación total, permitiendo que la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), una entidad privada, utilice las instalaciones del parque para solicitar donaciones a los turistas que ingresan por dicho sector, incumpliendo ambos sus deberes al no aplicar, desde su constitución el Convenio de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, pactado desde 2017 entre la ADIC y MINAE (ACLAC), convenio que se estableció por el plazo de cinco años y que debió renovarse en el año 2022, renovación que no se ha efectuado en el año 2025 (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nm) Que la Contraloría General de la República emitió disposiciones para que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el SINAC modificaran el Decreto Ejecutivo número 38546-MINAE, con el objetivo de establecer un cobro de tarifa de ingreso diferenciado para residentes y no residentes, en Playa Blanca (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nn)    Que el MINAE promulgó posteriormente los Decretos Ejecutivos número 35919, sobre el Reconocimiento de los Modelos de Gobernanza Compartida, y 40110- MINAE, que regula el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, siendo que este último decreto estipulo que el SINAC no cobraría tarifa de ingreso en Playa Blanca, sino que el Estado podría recibir contribuciones económicas no reembolsables (donaciones) de los visitantes, las cuales deberían depositarse en el Fondo de Parques Nacionales, constituyéndose así, los dineros recibidos en razón de las donaciones por concepto de los ingresos al Parque Nacional Cahuita, en fondos públicos (ver informe de la autoridad recurrida).\n\no)    Que el Convenio Marco de Cooperación entre el SINAC y la ADIC, firmado en el año 2017, para la implementación del Modelo de Gobernanza Compartida, especificó que todos los recursos recibidos por concepto de donaciones debían ser depositados por la ADIC en las cuentas del SINAC, en el Fondo de Parques Nacionales, con base en la Ley de la Biodiversidad (ver informe de la autoridad recurrida).\n\np)    Que en el mes de marzo de 2023, el SINAC-ACLAC confirmó la caducidad del convenio de cooperación entre el SINAC y la ADIC y la ausencia de un análisis sobre la calidad de la gobernanza en el parque, conforme a los principios establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39519 (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nq)    Que en la denuncia principal incorporada en el expediente principal, establece que los presidentes de la ADIC, incluyendo a Enrique Joseph Jackson, como ex presidente y al recurrente como actual presidente [Nombre 001], en función de sus cargos, sustrajeron y continúan sustrayendo dineros públicos cuya administración y custodia les fue confiada (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nr)      Que en fecha 29 de agosto de 2025 se presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda, solicitud de allanamiento, registro y secuestro (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ns)    Que mediante resolución de las 09:27 horas del 01 de setiembre de 2025 el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial, ordenaron allanamiento, registro y secuestro y apertura de la evidencia decomisada (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nt)      Que durante la diligencia de allanamiento en su casa de habitación el recurrente se mantuvo esposado pero no fue detenido (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende en cuanto a la Contraloría General de la República que mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015, el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió el informe: “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL CERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO NRO. BID 1824/OC/CR: PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS” -en el informe se senaló la omisión del cobro de la tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita-. Se acreditó que en el informe se giraron disposiciones a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para elaborar una propuesta de modificación parcial al Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE que incorpore el cobro de la tarifa de ingreso a los visitantes en el Sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, que sean estimados conforme deriva de los artículos 35, 38 y 42 de la Ley de Biodiversidad y el 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales; y se tomen medidas para prohibir a sujetos privados solicitar donaciones dentro de los límites de dicho Parque, y solo se permitan actividades y ocupar instalaciones del SINAC con fines permitidos por el ordenamiento jurídico, y se gestione el cobro del ingreso al sector de Playa Blanca. Se demostró que en el período 2015-2020, las Administraciones anteriores promulgaron el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita y emitieron el Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, publicado en La Gaceta n.° 15 del 20 de enero 2017, Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, en el cual se estableció que en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita no se cobraría la tarifa de ingreso por parte del SINAC. Se identificó que en fecha 09 de setiembre de 2025, el recurrente suscribió un documento solicitando a la CGR explicación técnica y legal sobre la aplicación de los Convenios 107 y 169 de la OIT para un convenio de administración compartida con SINAC en el Parque Nacional Cahuita. Se constató que mediante oficio n.° 16528-2025 (DJ-1735) del 16 de setiembre del 2025 la División Jurídica de la Contraloría rechazó por inadmisible la consulta conforme lo establecido en los incisos 1 y 2) del numeral 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República. Se afirmó que a la fecha de rendir el informe las disposiciones giradas en el informe DFOE-AE-IF-02-2015 en especial las 4.3, 4.5 y 4.7 se tienen por incumplidas. Se verificó que mediante documento n.° DFOE-SOS-RH-00001-2023 del 28 de setiembre de 2023, la Contraloría General puso en conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, un informe que evidencia la falta de implementación de los mecanismos de control en la administración de fondos públicos por parte de una entidad privada; se alertó también el riesgo de que el mantenimiento, operación y vigilancia nocturna del Parque Nacional Cahuita estuviera en manos de un privado, además, ejecutando directamente los recursos públicos generados en el Parque: por lo que el órgano contralor estimó pertinente hacer la situación de conocimiento de esa Autoridad Judicial y someter el asunto a su valoración en el marco de sus competencias. Finalmente se acreditó que mediante oficios n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) del 23 de septiembre de 2024 la Contraloría General informó al Director Ejecutivo del SINAC y a la Directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) algunos aspectos sobre la situación actual del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita -se identificaron situaciones opuestas a la observancia del marco jurídico aplicable, específicamente relacionadas con la falta de un convenio vigente que habilitara la participación de la ADIC dentro del modelo, la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca y la falta de controles en relación con las sumas ingresadas por ese concepto-. En cuanto al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se acreditó que contra el recurrente se tramita la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros, el cual está siendo investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con ocasión a un informe remitido a este despacho por parte de la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 Se constató que la referencia del expediente asignado por la Contraloría, número CGR-INV-2023001463, titulado con el asunto: “Oficio de remisión de relación de hechos N° DFOE-SOS-RH-00001-2023, sobre la administración irregular de los recursos que se recaudan en el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita”, fungió como noticia criminis y se complementó con el informe emitido por la Sección de Anticorrupción, del Organismo de Investigación Judicial, bajo el número 23-SANT-CI-2025, de fecha 12 de marzo de 2025, en el cual, además de las conclusiones y resultados obtenidos, se solicita la diligencia de investigación de allanamiento, registro y secuestro, mediante las cuales, se empezó a analizar una serie de hechos en apariencia irregulares, atribuibles a funcionarios de Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE y a sujetos equiparados en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). Se identificó que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ACLAC ha incumplido lo establecido en la Ley de la Biodiversidad, en torno al Fondo de Parques Nacionales, desde el año 2017, no ha asegurado la sostenibilidad financiera de las inversiones realizadas en el Parque Nacional Cahuita, al dejar de tener control sobre el cobro y la tarifa de ingreso en Playa Blanca, sector que representa el 80% de la visitación total, permitiendo que la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), una entidad privada, utilice las instalaciones del parque para solicitar donaciones a los turistas que ingresan por dicho sector, incumpliendo ambos sus deberes al no aplicar, desde su constitución el Convenio de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, pactado desde 2017 entre la ADIC y MINAE (ACLAC), convenio que se estableció por el plazo de cinco años y que debió renovarse en el año 2022, renovación que no se ha efectuado en el año 2025. Quedó probado que la Contraloría General de la República emitió disposiciones para que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el SINAC modificaran el Decreto Ejecutivo número 38546-MINAE, con el objetivo de establecer un cobro de tarifa de ingreso diferenciado para residentes y no residentes, en Playa Blanca. Por lo anterior, el MINAE promulgó posteriormente los Decretos Ejecutivos número 35919, sobre el Reconocimiento de los Modelos de Gobernanza Compartida, y 40110- MINAE, que regula el Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque Nacional Cahuita, siendo que este último decreto estipulo que el SINAC no cobraría tarifa de ingreso en Playa Blanca, sino que el Estado podría recibir contribuciones económicas no reembolsables (donaciones) de los visitantes, las cuales deberían depositarse en el Fondo de Parques Nacionales, constituyéndose así, los dineros recibidos en razón de las donaciones por concepto de los ingresos al Parque Nacional Cahuita, en fondos públicos. Se afirmó que el Convenio Marco de Cooperación entre el SINAC y la ADIC, firmado en el año 2017, para la implementación del Modelo de Gobernanza Compartida, especificó que todos los recursos recibidos por concepto de donaciones debían ser depositados por la ADIC en las cuentas del SINAC, en el Fondo de Parques Nacionales, con base en la Ley de la Biodiversidad. Se confirmó que en el mes de marzo de 2023, el SINAC-ACLAC confirmó la caducidad del convenio de cooperación entre el SINAC y la ADIC y la ausencia de un análisis sobre la calidad de la gobernanza en el parque, conforme a los principios establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39519. Se afirmó que en la denuncia principal incorporada en el expediente principal, establece que los presidentes de la ADIC, incluyendo a Enrique Joseph Jackson, como ex presidente y al recurrente como actual presidente [Nombre 001], en función de sus cargos, sustrajeron y continúan sustrayendo dineros públicos cuya administración y custodia les fue confiada. Se aseveró que en fecha 29 de agosto de 2025 se presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda, solicitud de allanamiento, registro y secuestro por lo que mediante resolución de las 09:27 horas del 01 de setiembre de 2025 el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial, ordenaron allanamiento, registro y secuestro y apertura de la evidencia decomisada. Finalmente se reconoció que durante la diligencia de allanamiento en su casa de habitación el recurrente se mantuvo esposado pero no fue detenido. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:1.) Que el recurrente figura como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) que es  organización comunitaria que administra recursos económicos derivados del Parque Nacional de Cahuita; 2.) Que la Contraloría General de la República ha girando una serie de directrices relacionadas con el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita; 3.) Tal y como indicó la Contraloría General de la República en el informe n.° DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 de enero de 2015 “En el caso de una organización privada considera el Órgano Contralor que el argumento de la Administración, en cuanto a la existencia de un acuerdo político y la importancia de la participación ciudadana mediante la figura de manejo compartido, es insuficiente para permitir el uso de instalaciones del SINAC a favor de esa organización para solicitar donativos a los visitantes del Parque. Así, en el tanto ese uso no esté autorizado en virtud de norma de rango de ley, se violenta el principio de legalidad dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales, condicionan la sujeción del actuar Administrativo al ordenamiento Jurídico. Recuérdese que el manejo compartido no es una figura jurídica definida y reconocida en la legislación nacional”; 4.) Que no existe un convenio vigente que habilite la participación de la Asociación que representa el recurrente dentro del modelo y que regule la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca; 5.) Que atendiendo al informe emitido por la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 la Fiscalía ordenó la apertura de la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros -proceso que se encuentra en investigación-. De manera que no es cierto que la investigación se haya ordenado por actos inherentes a derechos tribales del recurrente; 6.) Finalmente, la colocación de esposas a las personas detenidas que se encuentren en un inmueble allanado no es una medida abiertamente ilegítima en el contexto de la ejecución de una diligencia de esa naturaleza. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone. En mérito de las anteriores consideraciones y con sustento en los elementos probatorios que constan en el expediente, la Sala no ha logrado demostrar la existencia de alguna lesión o amenaza a los derechos fundamentales del recurrente ocasionada por las autoridades accionadas y, por ende, el recurso debe ser declarado sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se ordena.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SSKVIYLZVVS61\n\nEXPEDIENTE N° 25-027477-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:49:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**RESOLUTION Nº 31663 – 2025**\n\n**Date of Resolution:** 09:45 a.m. on September 30, 2025\n\n**Case File:** 25-027477-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Cruz Castro\n\n**Type of Matter:** Habeas corpus remedy\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Content of Interest:**\n\n**Strategic Themes:** Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights, Indigenous Peoples\n\n**Type of Content:** Voto de mayoría\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Subject:** CRIMINAL\n\n**Subtopics:**\n\nSEARCH AND SEIZURE.\n\n**Subject:** ENVIRONMENT\n\n**Subtopics:**\n\nPROTECTED AREA.\n\n031663-25. CRIMINAL. ENVIRONMENT. A CRIMINAL PROCEEDING IS CHALLENGED, THROUGH WHICH THE PETITIONER (PART OF A PRIVATE ENTITY) WAS SUBJECTED TO A SEARCH AND WAS KEPT HANDCUFFED, FOR ALLEGED IMPROPER CHARGES IN THE PLAYA BLANCA SECTOR OF THE CAHUITA NATIONAL PARK. THE REMEDY IS DECLARED WITHOUT GROUNDS. VCG10/2025\n\n\"(…) III.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it emerges that, regarding the Contraloría General de la República, through report no. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, the Environmental Services and Energy Oversight Area of the Operative and Evaluative Oversight Division of the Contraloría General de la República issued the report: \"SPECIAL NATURE AUDIT ON THE REASONABLENESS OF THE PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN LOAN NO. BID 1824/OC/CR: TOURISM PROGRAM IN PROTECTED WILD AREAS\" -the report noted the omission of the collection of the entrance fee (tarifa de ingreso) in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park-. It was accredited that the report issued directives to the authorities of the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas, to prepare a proposal for a partial modification to the Executive Decree no. 38546-MINAE that incorporates the collection of the entrance fee from visitors in the Playa Blanca Sector of the Cahuita National Park, which are estimated pursuant to articles 35, 38, and 42 of the Biodiversity Law and article 6 of the Law Creating the National Parks Service; and measures be taken to prohibit private subjects from soliciting donations within the limits of said Park, and only activities and occupation of SINAC facilities be permitted for purposes allowed by the legal system, and the collection of entrance fees to the Playa Blanca sector be managed. It was demonstrated that in the 2015-2020 period, the previous Administrations enacted the Shared Governance Model (Modelo de Gobernanza Compartida) in the Cahuita National Park and issued Executive Decree no. 40110-MINAE, published in La Gaceta no. 15 of January 20, 2017, Regulation of the Shared Governance Model in the Cahuita National Park, in which it was established that in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park, the entrance fee would not be charged by SINAC. It was identified that on September 9, 2025, the petitioner signed a document requesting from the CGR a technical and legal explanation on the application of ILO Conventions 107 and 169 for a shared administration agreement with SINAC in the Cahuita National Park. It was verified that through official communication no. 16528-2025 (DJ-1735) of September 16, 2025, the Legal Division of the Contraloría rejected the query as inadmissible in accordance with the provisions of subsections 1 and 2) of section 8 of the Regulation on the receipt and handling of queries directed to the Contraloría General de la República. It was affirmed that as of the date of rendering the report, the directives issued in report DFOE-AE-IF-02-2015, especially 4.3, 4.5, and 4.7, are considered unfulfilled. It was verified that through document no. DFOE-SOS-RH-00001-2023 of September 28, 2023, the Contraloría General brought to the attention of the Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, a report that evidences the lack of implementation of control mechanisms in the administration of public funds by a private entity; the risk that the maintenance, operation, and nighttime surveillance of the Cahuita National Park was in the hands of a private party was also alerted to, furthermore, directly executing the public resources generated in the Park: for which the auditing body deemed it pertinent to make the situation known to that Judicial Authority and submit the matter to its evaluation within the framework of its powers. Finally, it was accredited that through official communications no. 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024, the Contraloría General informed the Executive Director of SINAC and the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) of some aspects regarding the current situation of the shared governance model of the Cahuita National Park -situations contrary to the observance of the applicable legal framework were identified, specifically related to the lack of a valid agreement that enabled the participation of the ADIC within the model, the lack of deposit into the National Parks Fund of the income from donations received in the Playa Blanca sector, and the lack of controls regarding the sums received for that concept-. Regarding the Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública and the Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, it was accredited that criminal case number 23-000397-1218-PE is being processed against the petitioner for the alleged crime of Embezzlement and others, which is being investigated by the Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción on the occasion of a report sent to this office by the Contraloría General de la República dated September 28, 2023. It was verified that the reference of the file assigned by the Contraloría, number CGR-INV-2023001463, titled with the subject: \"Official communication forwarding statement of facts No. DFOE-SOS-RH-00001-2023, on the irregular administration of resources collected in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park,\" served as a notitia criminis and was complemented by the report issued by the Anti-Corruption Section of the Judicial Investigation Agency, under number 23-SANT-CI-2025, dated March 12, 2025, in which, in addition to the conclusions and results obtained, the investigation procedure of a search, registration, and seizure (allanamiento, registro y secuestro) is requested, through which a series of apparently irregular acts began to be analyzed, attributable to officials of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), of the National System of Conservation Areas, MINAE, and to subjects equated to public officials representing the Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). It was identified that the National System of Conservation Areas (SINAC), ACLAC has breached the provisions of the Biodiversity Law, regarding the National Parks Fund, since 2017, has not ensured the financial sustainability of the investments made in the Cahuita National Park, by having lost control over the collection and the entrance fee in Playa Blanca, a sector that represents 80% of the total visitation, allowing the Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), a private entity, to use the park facilities to solicit donations from tourists entering through said sector, both failing in their duties by not applying, since its establishment, the Shared Governance Agreement (Convenio de Gobernanza Compartida) in the Cahuita National Park, agreed upon in 2017 between ADIC and MINAE (ACLAC), an agreement that was established for a term of five years and that should have been renewed in 2022, a renewal that has not been carried out in 2025. It was proven that the Contraloría General de la República issued directives for the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and SINAC to modify Executive Decree Number 38546-MINAE, with the objective of establishing a differentiated entrance fee for residents and non-residents in Playa Blanca. Due to the foregoing, MINAE subsequently enacted Executive Decrees Number 35919, on the Recognition of Shared Governance Models, and 40110-MINAE, which regulates the Shared Governance Model in the Cahuita National Park, with this last decree stipulating that SINAC would not charge an entrance fee in Playa Blanca, but rather the State could receive non-reimbursable economic contributions (donations) from visitors, which should be deposited into the National Parks Fund, thus constituting the money received by way of donations for entrance to the Cahuita National Park as public funds. It was affirmed that the Framework Cooperation Agreement between SINAC and ADIC, signed in 2017, for the implementation of the Shared Governance Model, specified that all resources received from donations must be deposited by ADIC into the SINAC accounts, in the National Parks Fund, based on the Biodiversity Law. It was confirmed that in March 2023, SINAC-ACLAC confirmed the expiration of the cooperation agreement between SINAC and ADIC and the absence of an analysis on the quality of governance in the park, in accordance with the principles established in Executive Decree Number 39519. It was affirmed that the main complaint incorporated into the main file establishes that the presidents of the ADIC, including Enrique Joseph Jackson, as former president, and the petitioner as current president [Name 001], by virtue of their positions, misappropriated and continue to misappropriate public funds whose administration and custody were entrusted to them. It was asserted that on August 29, 2025, a request for a search, registration, and seizure was filed before the Juzgado Penal de Hacienda, such that by resolution at 09:27 hours on September 1, 2025, the Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública of the Second Judicial Circuit ordered a search, registration, and seizure and the opening of the seized evidence. Finally, it was acknowledged that during the search procedure at his place of residence, the petitioner was kept handcuffed but was not detained. Based on the foregoing, it is possible to conclude the following: 1.) That the petitioner appears as president of the Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), which is a community organization that manages economic resources derived from the Cahuita National Park; 2.) That the Contraloría General de la República has issued a series of guidelines related to the shared governance model of the Cahuita National Park; 3.) As indicated by the Contraloría General de la República in report no. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, \"In the case of a private organization, the Auditing Body considers that the Administration's argument, regarding the existence of a political agreement and the importance of citizen participation through the shared management model, is insufficient to allow the use of SINAC facilities in favor of that organization to solicit donations from Park visitors. Thus, as long as such use is not authorized by virtue of a norm of legal rank, the principle of legality provided for in articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration is violated, which condition the subjection of Administrative action to the Legal system. It should be remembered that shared management is not a legal figure defined and recognized in national legislation\"; 4.) That there is no valid agreement that enables the participation of the Association that the petitioner represents within the model and that regulates the lack of deposit into the National Parks Fund of the income from donations received in the Playa Blanca sector; 5.) That based on the report issued by the Contraloría General de la República dated September 28, 2023, the Fiscalía ordered the opening of criminal case number 23-000397-1218-PE for the alleged crime of Embezzlement and others – a process that is under investigation. So it is not true that the investigation was ordered for acts inherent to the petitioner's tribal rights; 6.) Finally, the placement of handcuffs on detained persons who are in a searched property is not an openly illegitimate measure in the context of the execution of a procedure of that nature. Thus, the appropriate course is to declare the remedy without grounds, as is hereby ordered. By merit of the foregoing considerations and based on the evidentiary elements contained in the file, the Chamber has not been able to demonstrate the existence of any injury or threat to the fundamental rights of the petitioner caused by the respondent authorities, and, therefore, the remedy must be declared without grounds in all its aspects, as is hereby ordered. (…)\"\n\n**Citas de Legislación y Doctrina**\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 25-027477-0007-CO\n\nRes. Nº 2025031663\n\n**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine forty-five on September thirtieth, two thousand twenty-five.\n\nHabeas corpus remedy filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the PODER JUDICIAL, and the CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By written brief filed in the Secretariat of this Chamber at 08:37 on September 10, 2025, the petitioner files a habeas corpus remedy against the Poder Judicial and the Contraloría General de la República. He states that \"1. I am an Afro-descendant citizen, belonging to the community of Cahuita, in the province of Limón, and President of the Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), a community organization that manages economic resources derived from the Cahuita National Park, recognized as ancestral tribal territory under ILO Conventions No. 107 (ratified by Costa Rica in 1959) and No. 169 (ratified in 1992). These conventions protect the rights of tribal and indigenous populations, including the administration of resources in their traditional territories, the preservation of their social and economic institutions, and non-interference by the state in their customs, provided they do not violate fundamental human rights (articles 1, 2, 5, and 6 of Convention 107; articles 1, 2, 6, 7, and 14 of Convention 169). 2. The Cahuita National Park, located in Limón, Talamanca, Cahuita (approximate coordinates: 9.736296, -82.839187 for the Playa Blanca sector), constitutes a tribal territory for the Afro-descendant community of Cahuita, descendants of populations brought during colonization and who have maintained their traditional institutions. As such, the ADIC performs acts inherent to our collective rights, such as the collection of voluntary contributions from visitors in the Playa Blanca sector (which represents 80% of the park's visitation), to guarantee the economic and cultural sustainability of the community, in accordance with the principle of autonomous development and shared management recognized in Convention 169 (article 7). This practice has been part of our customs for decades and does not imply improper charging, but rather the legitimate exercise of tribal competences. 3. However, the Contraloría General de la República issued directives directed at the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC), partially modifying Executive Decree No. 38546-MINAE, to incorporate an entrance fee collection in the Playa Blanca sector, ignoring the tribal nature of the territory and the rights conferred by the ILO Conventions. This state action transgresses article 14 of Convention 169, which requires recognizing the rights of ownership and possession of traditional lands, and article 6 of Convention 107, which prioritizes the improvement of economic conditions in regions inhabited by tribal populations through development plans that favor their initiatives. 4. Within the framework of criminal case file No. 23-000397-1218-PE, brought against Enrique Antonio Josepil Jackson and others for the crime of breach of duties to the detriment of the duties of public function, the Prosecutor Carlos David Ledezma Aguilar, Auxiliary Prosecutor, filed a request on September 1, 2025 (at 9:27 a.m.) to order a search, registration, and seizure at: (i) ADIC contribution collection booth in the Cahuita National Park, Playa Blanca sector; (ii) ADIC administrative office in the same sector; (iii) office of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) in Limón, Central canton, 50 meters south of the Civil Registry (coordinates: 9.995851, -83.032095); and (iv) my home in Cahuita (coordinates: 9.739894, -82.845178). In addition, the opening of the evidence seized was ordered by the Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública. 5. The background alleged in the prosecutorial request is based on supervision under the Cooperation Agreement for Financing Tourism Projects in Protected Wild Areas (No. 8967) and loan agreement 1824/OC-CR, affirming that SINAC does not guarantee financial sustainability by failing to charge fees in Playa Blanca, and that the ADIC carries out \"improper charging\" through contributions. However, the file completely omits the tribal nature of the Cahuita National Park, implicitly recognized in the shared management with the Afro-descendant community for more than 20 years, and violates the principle of prior consultation (article 6 of Convention 169), which obliges the State to consult tribal communities before any measure that affects their territorial or economic rights. 6. As a result of these actions, I was criminally charged for acts inherent to my tribal rights (administration of contributions in ancestral territory), deprived of my personal liberty through detention, and my home searched and registered without consideration of my ethnic condition or the international conventions. This has caused serious irreparable harm to my personal, family, and community integrity, perpetuating structural discrimination against the Afro-descendant population in Costa Rica.\" (sic). Based on the arguments put forward, he deems that the accused actions are violating fundamental rights. He requests that the remedy be declared with grounds, with the legal consequences.\n\n2.- By resolution at 14:05 on September 12, 2025, this habeas corpus remedy was processed, and a report was requested from the JUDGE AT THE JUZGADO PENAL DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA OF THE II JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, BASED IN GOICOECHEA, AND FROM THE FISCAL ADJUNTO DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN OF THE I JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, IN CHARGE OF PROCESSING CASE FILE 23-000397-1218-PE, OR IN THEIR ABSENCE, THE COORDINATOR OF THOSE OFFICES; AS WELL AS FROM THE CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (see electronic record).\n\n3.- By written brief filed in the Secretariat of this Chamber at 15:02 on September 15, 2025, the petitioner submits an expansion of facts and states the following: \"FACTS • On September 3, 2025, unexpectedly, a search was carried out at the Cahuita National Park and at my home by the Public Ministry, the Juzgado Penal de Bribri-Talamanca, the Judicial Police, and by order of the Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública of San José (resolution at 09:27 on September 1, 2025), within criminal case No. 23-000397-1218-PE, against ENRIQUE ANTONIO JOSEPH JACKSON AND OTHERS. • I was handcuffed and deprived of my liberty for almost three hours, without reading of rights as a person protected by Convention 169, as my Afro-descendant status was disrespected, without the presence of a public defender, and without assessing my status as an Afro-descendant citizen that grants me special and differentiated rights such as the right to a Creole language interpreter. During all that time I was deprived of my liberty in front of my family, without knowing why I was being handcuffed and without the possibility that a public defender lawyer explain to me what was happening. I was handcuffed and when the respondent authorities were about to leave, they simply removed the handcuffs and without giving me an explanation of why I was handcuffed, they told me they were leaving. After my deprivation of liberty, I was not taken to the prosecutor's office, I was not questioned, I was not presented before a judge so that they would know the reasons why I was detained for more than three hours, and I was not given any file indicating why I was detained, and rather I was told that if I wanted to see the file, I had to travel from Cahuita to San José. • According to the Contraloría General de la República, based on supervision linked to the \"Cooperation Agreement for Financing Tourism Projects in Protected Wild Areas\" (agreement No. 8967) and the loan agreement BID 1824/OC-CR, it was questioned that in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park, fee collection was stopped, and that the ADIC solicits donations at the entry point. • The Contraloría indicated that, due to this alleged improper charging, directives were issued for MINAE and SINAC to promote the partial modification of Executive Decree No. 38546-MINAE in order to establish a differentiated fee (residents/non-residents) in the Playa Blanca sector, and for CONAC/SINAC to manage the collection for visitor entry. • Both the Contraloría, the Public Ministry, and the Criminal Judge cited as the basis for the process and the search warrant Executive Decrees No. 35919-MINAE (February 26, 2016), \"Recognition of Shared Governance Models in Wild Areas of Costa Rica,\" and No. 40110-MINAE (2017), \"Regulation of the Shared Governance Model in the Cahuita National Park.\" • Neither the Criminal Judge nor the Public Ministry assessed that Decree 40110-MINAE, used as a source of law in the search warrant, is based on ILO Convention 169 (Law No. 7316, November 3, 1992), which is transversal in the application and interpretation of all regulations related to the management of the Cahuita National Park. For this reason, it is recognized that the financial mechanism of donations for the Playa Blanca sector may be administered by the Afro-descendant tribal community and reinvested in the Park with community participation. • The shared governance model of the Cahuita National Park, in force for more than two decades, recognizes the participation, co-decision, and distribution of benefits of the local community—Afro-descendant—in accordance with articles 6 and 7 of Convention 169 (consultation and effective participation). • The link of Decree No. 40110-MINAE (2017) to ILO Convention 169, in concordance with the provisions of Executive Decree No. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022) that assigns to the ADIC the organization of the Forum of the Afro-Costa Rican Tribal People, recognizing it a representative function and reinforcing its character as ancestral authority and collective representative, demonstrates that the ADIC performs a function of ancestral authority in the administration of the Cahuita National Park, which has been recognized community-wise by the Afro-descendant population and by the State in the Decrees. • In practice, the ADIC exercises territorial management and control functions, cultural and spiritual custody, community mediation, and ancestral representation, within the Local Management Council (Consejo Local de Manejo) and in coordination with SINAC. • The search and my detention generated intense social and cultural affectation in the community, as the Cahuita National Park has intangible ancestral value: there are spaces of memory located there, including the cemetery of our ancestors. The procedure was perceived as a search of the collective home of the Afro-descendant community. INVISIBILIZATION AND CRIMINALIZATION OF A FUNCTION AND RIGHT PROTECTED BY ILO CONVENTION 169, IN THE ADMINISTRATION OF THE PARK The respondents in my detention incurred in an invisibilization and criminalization of a function recognized as a right of administration in ILO Convention 169. As I was detained without access to a public defender, nor a Creole interpreter, and with that, my Afro-descendant identity and the cultural specificity of the community were invisibilized, as well as the ancestral character of the Cahuita National Park. The ancestral territory approach of the Cahuita National Park was erased, and the conflict is reduced to an alleged administrative infraction, ignoring that the community practices of administration, participation in benefits, and customary use are protected by Convention 169 and the Convention on Biological Diversity, which was adopted in Rio de Janeiro in 1992 and ratified by Law No. 7416 of 1994. The reception of non-reimbursable contributions and their reinvestment by the community in the Park—provided for in Decree 40110-MINAE—was treated as illicit, configuring the criminalization of an activity protected by international law (conventions 107 and later 169 of the ILO) and by internal regulations. STRUCTURAL DISCRIMINATION BY TREATING THE ADIC AS A \"PRIVATE SUBJECT\" The action of the Contraloría General de la República (CGR) in promoting criminal case No. 23-000397-1218-PE and requesting the search of the Cahuita National Park and the home of the undersigned [Name 001], evidences structural discrimination insofar as it qualifies the Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) as a simple \"private subject,\" denying its character as ancestral authority and collective representative of the Afro-descendant community of Cahuita. This qualification disregards the current legal framework, as at the constitutional level, article 7 of the Political Constitution of Costa Rica provides that ratified international treaties have a rank higher than law, so that ILO Conventions 107 and 169, the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Convention on Biological Diversity (CBD), and the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage are integrated into the legal system with supra-legal force, and these norms were not observed by the Contraloría in its complaint. Article 33 of the Constitution prohibits the Contraloría General de la República from any form of discrimination to the detriment of the Afro-descendant population of Cahuita and guarantees equality before the law, while article 89 obliges it to protect the ethnic and cultural plurality of the Nation, urging it to respect the institutions and authorities of the Afro-descendant peoples of Cahuita such as the ADIC. ILO Convention 169 (Law No. 7316 of 1992) is categorical in requiring the State in its article 6 that the interested peoples be consulted through their representative institutions, on all administrative or legislative measures that may affect the tribal population of Cahuita, and to this day the Contraloría has NEVER formally or legally communicated or notified—through the legal mechanisms of prior consultation—the Tribal People of Cahuita of its disagreements regarding the reinvestment of the park's resources in the Cahuita National Park itself, and rather intends that the park's resources—which is Afro-descendant ancestral territory of Cahuita—finance the rest of the country's national parks, which is illegal for violating ILO Convention 169. Article 7 of Convention 169 recognizes the Tribal People of Cahuita their right to decide their development priorities and to control their own economic, social, and cultural development, which was disrespected by the Contraloría in its criminal complaint. For their part, articles 13, 14, and 15 of the same convention enshrine the right to the property, possession, utilization, and administration of the lands and natural resources occupied by the Tribal Population of Cahuita, and in this case, the disrespect by the Contraloría is due to the violation of not recognizing the Cahuita National Park as ancestral territory protected by ILO Convention 169. Therefore, article 34 of the Convention obliges the Contraloría to directly apply the Convention when internal regulations are lacking, so that no absence of regulation can be used to disregard the rights of administration of the Park by the Community of Cahuita and the reinvestment of resources in the park itself. Likewise, the Vienna Convention (Law No. 7615) reinforces, in its article 26, the principle pacta sunt servanda—treaties are binding and must be fulfilled in good faith—and in its article 27 prohibits invoking internal law to breach Convention 169.\n\nBy engaging in structural racism, the Comptroller General's Office—in its complaint—fails to recognize Cahuita National Park as ancestral territory and fails to recognize the ADIC as an institution with an ancestral function issued and recognized by the State itself, given that, domestically, Executive Decree No. 40110-MINAE (2017), in its Article 5, declares the ADIC a permanent member of the Local Management Council of Cahuita National Park; and in its Article 6 orders the signing of a framework agreement with SINAC and establishes a donation mechanism to be administered by the community and reinvested in the Park. This decree expressly cites ILO Convention 169 as its legal basis, recognizing the right of the ADIC to participate in the administration and use of the park's natural resources. Executive Decree No. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022), for its part, entrusts the ADIC with organizing the Forum of the Afro-Costa Rican Tribal People, granting it a national role as a representative institution of the Afro-descendant tribal people. By ignoring this normative framework and reducing the ADIC to a mere “private subject,” the Comptroller General's Office disregards the collective and ancestral nature of the representation exercised by the undersigned [Name 001] as president of the ADIC. This constitutes structural racial discrimination, prohibited by Article 33 of the Constitution, the Durban Declaration (2001), and the UN Declaration on the Rights of Afro-descendants (2024), which require eliminating all forms of racism, guaranteeing effective participation, and protecting the territories and resources of Afro-descendant peoples. The discrimination is aggravated because the Comptroller General's Office, by promoting criminal action, criminalizes an activity protected by international law: the ancestral administration of Cahuita National Park, the receipt of non-reimbursable contributions, and their reinvestment in the park itself. These activities are an expression of customary use of biological resources, protected by Article 10(c) of the CBD, and form part of the intangible cultural heritage recognized by the UNESCO Convention (2003). In sum, by considering the ADIC a private entity without special powers and by ignoring that I exercise an ancestral function of administration and safeguarding of the territory, the Comptroller General of the Republic contravenes the Constitution (Arts. 7, 33, 48, 89), ILO Conventions 107 and 169 (Arts. 6, 7, 13-15, 34), the Vienna Convention (Arts. 26 and 27), the Convention on Biological Diversity (Arts. 8(j) and 10(c)), and Decrees 40110-MINAE and 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP. This conduct constitutes structural discrimination and a violation of the principle of conventionality, as it is based on an administrative interpretation that ignores international obligations of supra-legal rank and harms the collective rights of the Afro-descendant community of Cahuita. The “private” treatment noted by the Comptroller General's Office regarding the ADI's functions resulted in the erasure of differentiated safeguards in the process: prior consultation, a Creole interpreter, and immediate legal defense, affecting substantive equality and non-discrimination. VIOLATION BY THE RESPONDENTS OF THE INTANGIBLE VALUE OF CAHUITA NATIONAL PARK AND ANCESTRAL MEMORY With the raids, the criminal complaint, and the respondents' consideration that the ADIC is a simple subject of private law, the tribal population of Cahuita and its relationship with the park are structurally discriminated against. Cahuita National Park is, above all, a territory of memory because the cemeteries and sacred sites for the Afro-descendant population are located there, as their ancestors are there. It is a territory of living practices, language, and music (calypso) that bind the Afro-descendant community to the place. In this framework, the ADIC does not operate as any “private association,” as the Comptroller General's Office states, but as an ancestral body for administration, care, coordination, and collective decision-making. Its authority emanates from local history and custom: guarding the cemetery (campo santo), mediating conflicts, organizing common life, transmitting, collaborating, recognizing and protecting the rights of the fishermen, of the elder ancestors, the knowledge of the sea and the mountain (protection of the park), and sustaining the spiritual bond with the territory. International law does not “create” this authority for the ADIC and Afro-descendants; it recognizes it and therefore requires States to consult and cooperate “through their representative institutions” (Art. 6, Convention 169), to respect their values, practices, and institutions (Art. 5), and to guarantee their right to decide priorities and control their own development (Art. 7). From this ancestral perspective, the spiritual-territorial bond is not rhetorical: Convention 169 orders “respect for the special importance” of that relationship and its collective aspects (Art. 13), recognition of ownership/possession over traditionally occupied lands (Art. 14), and protection of participation in the use, administration, and conservation of resources (Art. 15). Hence, the ADIC's presence in the Park's management is not a temporary concession but the institutional projection of a historical practice of cultural and environmental management. This root is later named by the State itself. The Regulation for the Shared Governance Model of Cahuita National Park (D.E. 40110-MINAE) does not “grant” the ADIC a place; it confirms a path of over twenty years of co-management and provides that “The Cahuita Integral Development Association (ADIC) shall be a permanent organization on [the] Local Council” (Art. 5). Furthermore, it regulates a donation mechanism to sustain the model, through a SINAC–ADIC Framework Agreement, recognizing the cultural contribution of the community to in situ conservation (Art. 6). All this is inserted into a general policy that “recognizes, promotes, and strengthens” governance models with social participation (D.E. 39519-MINAE). The clearest step, in terms of identity, is D.E. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022): the Executive Branch “reaffirms” that the Afro-Costa Rican population “has recognized itself as a tribal people” and confirms this self-recognition, based on Convention 169; and specifies that the organization of the Forum of the Afro-Costa Rican Tribal People “is in charge of” the ADIC. That is to say: the State fully recognizes and ratifies a pre-existing condition—Afro-descendant tribal people—and, within that condition, positions the ADIC as the organizing/representative body for dialogue and rights monitoring. From the ancestral perspective, this forum is a contemporary expression of the collective word (a place for consultation and co-decision) rather than a simple bureaucratic organ. This reading also aligns with two international pillars that protect the knowledge and customary uses of tribal peoples and local communities: the Convention on Biological Diversity, which mandates “respect, preserve and maintain” knowledge and practices (Art. 8(j)) and “protect and encourage customary use” of biological resources (Art. 10(c)); and the UNESCO Convention (2003), which places intangible cultural heritage under the active guardianship of the communities themselves. In Cahuita, practices such as the community reception and reinvestment of donations to sustain the Park are, from the local culture, forms of care and redistribution that materialize these mandates. Therefore, when a public action (criminal complaint by the Comptroller General's Office and raids) disregards this ancestral condition and reduces the ADIC to a “private subject,” it not only breaks the thread of community legitimacy; it also ignores the conventional framework that obligates consultation and co-decision with representative institutions, and the domestic regulations that “recognize and formalize” shared governance with the ADIC as a permanent member. In an ancestral key, such disregard is not technical: it wounds the fabric of memory, affective contiguity, and spirituality that makes Cahuita and its park a collective home. Hence, the standard of intervention must include—in addition to procedural guarantees—concrete cultural safeguards: the presence of community representatives, a Creole interpreter, and protocols for the safeguarding of sacred sites, all consistent with Art. 6 of Convention 169 and the participatory practice reflected in the cited decrees. In summary, the ADIC exercises ancestral authority in the territory-Park, and the State has already recognized and reaffirmed it: (i) as an organic permanent body on the Local Council and co-manager of finances (D.E. 40110-MINAE); (ii) as a paradigm within the governance policy with social participation (D.E. 39519-MINAE); and (iii) as the organizing institution of the Forum of the Afro-Costa Rican Tribal People, after confirming the self-recognition of the Afro people as a tribal people (D.E. 43532). This normative tripod does not create ancestral authority: it gives it a legal name and protects it in harmony with Convention 169, the CBD, and the 2003 Convention. Any reading that ignores this matrix uproots the Park from its profound meaning and violates the duty of respect, consultation, and effective participation imposed by the conventionality block. CONSTITUTIONAL AND CONVENTIONAL VIOLATIONS • Arbitrary deprivation of liberty (Arts. 48 CP; 25 and 30 LJC). • Structural ethnic and racial discrimination through the invisibilization of identity and ancestral territory (Arts. 33 and 89 CP; Conv. 169 ILO). • Disregard of the right to consultation and participation (Art. 6, Conv. 169). • Criminalization of protected activities of customary administration and use (Arts. 7, 14, and 15, Conv. 169; Arts. 8(j) and 10(c), CBD). • Violation of the principle of conventionality and the constitutionality block (Art. 7 CP; Arts. 26, 27, and 31, Vienna Convention; Art. 34, Conv. 169). • Lack of differentiated procedural guarantees: absence of a Creole interpreter and immediate legal defense (due process with an intercultural approach). LEGAL BASIS The deprivation of liberty of the undersigned [Name 001] and the raids carried out in Cahuita National Park and at my home lack legal validity because they violate the constitutionality block and the International Human Rights Treaties that protect the Afro-descendant community of Cahuita and its ancestral territory, Cahuita National Park. The Political Constitution establishes in its Article 7 that duly approved international treaties have a rank superior to ordinary law. Thus, ILO Conventions 107 and 169, the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Convention on Biological Diversity (CBD), the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, as well as the Durban Declaration and the UN Declaration on the Rights of Afro-descendants, are integrated into the Costa Rican legal system with supra-legal hierarchy. Therefore, no domestic regulation or administrative or judicial action can prevail over these international commitments. ILO Convention 169—Law No. 7316 of 1992—is the pillar of this protection. Its Article 6 imposes on governments the duty to consult the concerned peoples, through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures that may directly affect them are foreseen. This obligation of prior consultation is of immediate and direct application, in accordance with its Article 34, which orders the Convention to be applied even when specific domestic regulations are lacking. In turn, Article 7 guarantees the right of these peoples to decide their own development priorities and to control their own economic, social, and cultural process; while Articles 13 to 15 recognize their right to ownership, possession, and administration of the lands and natural resources existing therein. Consequently, Cahuita National Park, where the Afro-descendant community has historically exercised its social, cultural, and economic life, is a protected ancestral territory, and any state action affecting it must have the consent of its representative institution, the Cahuita Integral Development Association (ADIC). ILO Convention 107, the antecedent to 169, had already protected the territorial rights of tribal peoples since 1957. Its validity in Costa Rica before the creation of the Park reinforces that the historical displacement of Afro-descendant families from Cahuita, as well as any state action that ignores their condition as a tribal people, constitutes a violation of acquired and internationally recognized rights. The protective block is expanded by the Vienna Convention on the Law of Treaties (Law No. 7615 of 1996), which in its Article 26 enshrines the principle of pacta sunt servanda, according to which every treaty in force binds the parties and must be performed in good faith, and in its Article 27 prohibits States from invoking provisions of their domestic law as justification for failing to perform a treaty. Its Article 31 requires that treaties be interpreted in accordance with their object and purpose, giving priority to the protection of human rights (pro persona). In accordance with these norms, no provision of domestic law can legitimize a detention or raid that disregards Convention 169. The Convention on Biological Diversity (CBD), ratified by Costa Rica through Law No. 7416 of 1994, complements this protection. Its Article 8(j) obligates the respect, preservation, and maintenance of the knowledge and practices of indigenous and local communities relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity; and its Article 10(c) orders the protection and encouragement of the customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices. The community administration and reinvestment of donations in Cahuita National Park precisely constitute a customary use oriented towards conservation and are, therefore, covered by this treaty. Likewise, the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) recognizes and protects the spaces, practices, expressions, and knowledge that communities transmit from generation to generation. Cahuita National Park is not only an area of biodiversity but also a place of collective memory, as it contains two cemeteries that are ancestral and hold the remains of ancestral Afro-descendant families, whose remains were left there at the time the community was expelled when the park was created. Police intervention without consideration of this intangible value violates the obligations of respect and protection derived from the Convention. The Durban Declaration (2001) and the UN Declaration on the Rights of Afro-descendants (2024) reinforce the state duty to eradicate all forms of racism and structural discrimination, and to guarantee effective participation and the protection of the territories and natural resources of Afro-descendants. By failing to provide a Creole interpreter or a public defender and by treating the ADIC as a simple “private subject,” the authorities engaged in institutional racial discrimination. On the domestic level, Executive Decree No. 35919-MINAE (2016) recognizes shared governance models in wild protected areas. Executive Decree No. 40110-MINAE (2017) goes further by establishing a specific regulation for the co-management of Cahuita National Park: its Article 5 declares the ADIC a permanent member of the Local Management Council, and its Article 6 authorizes the signing of a Framework Agreement with SINAC and establishes a donation mechanism for the management of the park. This decree expressly cites ILO Convention 169 as its legal basis. In turn, Executive Decree No. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022) designates the ADIC as the organizer of the Forum of the Afro-Costa Rican Tribal People, reinforcing its character as an ancestral authority and collective representative. These norms confer upon the ADIC an express mandate from the State to administer the Park and manage the resources generated. Relating this set of norms, it is evident that no authority could treat the donations received and reinvested in the same park as illicit management of funds. On the contrary, this management is the form authorized by the State itself to comply with Convention 169 and to guarantee the community's right to participate in the use, administration, and conservation of natural resources (Art. 15 of Convention 169). In this context, the deprivation of my liberty—carried out without a reading of rights, without the assistance of a public defender, and without an interpreter in my cultural language—violates Article 48 of the Constitution and Articles 25 and 30 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which protect personal liberty and require that any detention be legal, reasoned, and respectful of minimum guarantees. The classification of the ADIC as a “private subject” in the raid order deliberately ignores the International Human Rights Treaties, especially ILO Convention 169 and Decrees 40110 and 43532, disregarding the ancestral and collective character recognized by the State itself. This reductionist treatment converts an activity protected by international law into an alleged crime, reproducing institutional racism and the criminalization of collective rights. For the foregoing reasons, the illegal detention of which I was a victim and the raids on Cahuita National Park and my home were illegal, because: • They were carried out without prior consultation with the community, violating Article 6 of Convention 169. • They disregarded the supra-legal hierarchy of treaties, contrary to Article 7 of the Constitution and Articles 26 and 27 of the Vienna Convention. • They criminalized a legitimate activity provided for in Decree 40110-MINAE in relation to ILO Convention 169, consisting of receiving and reinvesting donations in the Park. • They invisibilized the Afro-descendant identity and the ancestral character of the Park, contravening Articles 33 and 89 of the Constitution, as well as the Durban Declaration and the 2024 UN Declaration. • They injured the fundamental right to personal liberty, protected by Article 48 of the Constitution and the Ley de la Jurisdicción Constitucional. For all the foregoing, my deprivation of liberty and the raids carried out lack any legal basis and must be declared null and void, also ordering integral reparation and guarantees of non-repetition. PRAYER FOR RELIEF • That the present habeas corpus be declared GRANTED; that the illegitimate detention suffered on September 3, 2025, and the existence of structural discrimination for treating the ADIC as a “private subject,” with criminalization of activities protected by Convention 169, be recognized. • That the permanent protection of my personal liberty and the prohibition of new detentions for the same facts linked to the exercise of community functions in Cahuita National Park be ordered. • That the legal effects of the detention and the raid concerning my person be annulled, and immediate corrective measures be ordered. • That it be declared that the ADIC is not a mere private subject, but an ancestral authority and collective representative of the Afro-descendant community of Cahuita, in accordance with Decrees 40110-MINAE and 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, and that any state action involving it must observe and respect the principle of conventionality and the duty of prior consultation (Art. 6, Conv. 169). • That guarantees of non-repetition be ordered: a) intervention protocols with an intercultural approach (prior consultation, presence of community representatives, Creole interpreter, and legal defense from the outset); b) mandatory training for the Comptroller General's Office, the Judicial Branch, the Public Ministry, and the OIJ on the rights of tribal and Afro-descendant peoples” (see electronic record).\n\n4.- Marta Eugenia Acosta Zúniga, in her capacity as COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, reports under oath (see electronic record) in the following terms: “RELEVANT BACKGROUND 1. Through report No. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, the Environmental Services and Energy Audit Area of the Operational and Evaluative Audit Division of the Comptroller General of the Republic issued the report: “SPECIAL AUDIT ON THE REASONABLENESS OF THE PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL CREDIT NO. BID 1824/OC/CR: TOURISM PROGRAM IN PROTECTED WILD AREAS.” In said report—to the extent relevant—within its results section, the omission of charging the entry fee in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park was noted (see pages 13 to 19 of the report). The report describes that Cahuita National Park will have access to investments in services and showers, shops, and underwater trails; however, financial sustainability for the maintenance of these works is not guaranteed, since the National System of Conservation Areas is failing to collect the fee in the Playa Blanca Sector, which represents 80% of the Park's total visitation; and also allows a private subject to use their own facilities to request donations from tourists entering through that same sector. Furthermore, in the cited report, dispositions were issued to the authorities of the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas to prepare a proposal for the partial modification of Executive Decree No. 38546-MINAE that incorporates the charging of the entry fee for visitors in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park, to be estimated as derived from Articles 35, 38, and 42 of the Biodiversity Law and Article 6 of the Law Creating the National Parks Service; and to take measures to prohibit private subjects from requesting donations within the limits of said Park, only allowing activities and occupying SINAC facilities for purposes permitted by the legal system, and to manage the collection of the entry fee to the Playa Blanca Sector. 2. In the period 2015-2020, the previous Administrations promulgated the Shared Governance Model in Cahuita National Park. Furthermore, Executive Decree No. 40110-MINAE was issued, published in La Gaceta No. 15 of January 20, 2017, Regulation of the Shared Governance Model in Cahuita National Park, which established that in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park, the entry fee would not be charged by SINAC. Additionally, MINAE informed the CGR about the performance of legal analyses to maintain the current shared governance system in Cahuita National Park without having to modify Decrees 38546-MINAE and 40110-MINAE, the evaluation of SINAC income trends, and a consultancy to develop a methodology for establishing fees and developing a new entry-fee model and cost estimation for the management of the ASPs. 3. Through official letters No. DM-0280-2020 and No. DM-0392-2020 of November 12 and December 15, 2020, respectively, the Minister of Environment reported on actions taken to draft a bill to strengthen the governance of Protected Wild Areas, which also promotes the comprehensive development of communities, to bring into legality a series of situations that have arisen in the Protected Wild Areas and that are not consistent with the provisions of the Biodiversity Law, as is the case with entry to the Playa Blanca Sector in Cahuita National Park. 4. Through official letters No. DM-0373-2021, No. DM-0458-2021, and No. DM-1072-2021 of April 29, May 21, and October 21, 2021, respectively, the Ministry of Environment reported on the preparation of a proposal regarding the updating of entry fees for Protected Wild Areas and a bill to strengthen governance in Protected Wild Areas. Likewise, it was reported that work was underway on a proposal to modify Executive Decree No. 38295-MINAE on “Fees for entry rights and other services offered in the Protected Wild Areas under the administration of the National System of Conservation Areas”; which, it was indicated, “...will incorporate the matter of the admission fee to Cahuita National Park and other Protected Wild Areas.” 5. Through official letter No. DM-0166-2022 of February 18, 2022, the Acting Minister of MINAE reported that the “Methodology for Defining Entry Fees to SINAC's Protected Wild Areas” was approved by CONAC through Agreement No. 10 of Ordinary Session No. 10-2022, and the Executive Directorate of SINAC was instructed to carry out the respective process for its implementation. Likewise, through official letter No. DM-0165-2022 of February 16, 2022, the Ministerial Office instructed the Executive Directorate of SINAC to establish the new fees to be charged, as a priority, in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park. 6. Through official letter No. SINAC-SE-DE-556 of March 30, 2022, the Executive Director of SINAC requested an extension of the deadline to July 30, 2023, noting that in order to implement the fee methodology approved by CONAC, the coordination of the Tourism Program was requested, and a roadmap was proposed to advance the issue, and BIOFIN's support was confirmed through the hiring of a consultant to apply the methodology for collecting fees. Said extension was denied by the Comptroller General's Office, as communicated to SINAC through official letter No. 07595 (DFOE-SEM-0637). 7. Through official letter No. 07598-2022 (DFOE-SOS-0191/DFOE-SEM-0638) of May 6, 2022, the Acting Manager of the Audit Area for Sustainable Development and the Manager of the Monitoring Area for Public Improvement of this Comptroller General's Office communicated to the Minister of Environment and Energy, the Executive Director of the System of Conservation Areas, and the Members of the National Council of Conservation Areas, the non-compliance with dispositions 4.3, 4.5, and 4.7 of report No. DFOE-AE-IF-02-2015, which sets forth the results of the special audit on the reasonableness of the progress in the implementation of external credit No. BID 1824/OC/CR: Tourism Program in Protected Wild Areas. Said document concludes that it is the obligation of these bodies to issue the corresponding normative instruments incorporating the charging of the entry fee in Cahuita National Park through all its accesses, specifically in the Playa Blanca Sector, in the amounts for residents and non-residents in the country, and to manage its respective collection; which addresses the mandate of statutory norms, principles of financial sustainability and solidarity in the application of income, and the commitment assumed in Law No. 8967, Loan Agreement No. 1824/OC/CR, and its sole annex. Additionally, it is noted that although MINAE, CONAC, and SINAC have carried out actions aimed at updating fees for entry rights and other services offered in the Protected Wild Areas, despite the time elapsed since the issuance of the audit report, as of that date, Executive Decree No. 38546-MINAE had not been modified to incorporate the charging of the entry fee for visitors in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park; nor had Executive Decree No. 40110-MINAE, which in its Article 6 expressly states that the fee will not be charged by SINAC in that sector; and therefore its respective collection has not been managed. Consequently, given that dispositions 4.3, 4.5, and 4.7 of report DFOE-AE-IF-02-2015 were not fully addressed by any of the Authorities to whom they were issued, they remain unfulfilled, and it is reported that, according to the powers of the Comptroller Body, another audit action on the matter will be initiated. Furthermore, the obligation of these Administrations, according to their powers, to modify Executive Decree No. 38546-MINAE and No. 40110-MINAE, to incorporate the charging of the entry fee for visitors in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park, is reiterated; as well as to manage the respective collection in said National Park. 8. Through document No. DFOE-SOS-RH-00001-2023 of September 28, 2023, the Audit Area for Sustainable Development referred to the Prosecutor of the Adjacent Prosecutor's Office for Probity, Transparency, and Anti-Corruption, a statement of facts regarding the irregular administration of the resources collected in the Playa Blanca Sector of Cahuita National Park for it to assess the legality of the case; in order to verify the actual truth of what occurred, thereby establishing the responsibilities that may arise. 9. Through official letter No. 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024, the Manager of the Audit Area for Sustainable Development informed the Executive Director and the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), both belonging to the National System of Conservation, about the current situation of the shared governance model of Cahuita National Park, noting that a series of irregularities were identified in the management of Cahuita National Park. These deficiencies are related to the shared governance model and focused on the lack of an updated agreement permitting the participation of the Cahuita Integral Development Association (ADIC).\n\nAdditionally, it was identified that donation income in the Playa Blanca sector was not deposited into the National Parks Fund (Fondo de Parques Nacionales) and there were no adequate controls over that money. It was also indicated that the Office of the Comptroller General (Contraloría) communicated these situations to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe) through an official communication dated April 24, 2024, urging them to take corrective measures. In response, SINAC and ACLAC reported on August 9 and 13, 2024, respectively, that they had implemented actions to resolve the irregularities and that they had a work plan underway to ensure results. Finally, in the aforementioned official communication, it is highlighted that it is the exclusive responsibility of SINAC and ACLAC to ensure that the measures taken are effective and are duly supported by the legal and technical framework, specifically Decreto Ejecutivo n.° 39519 and n.° 40110. Similarly, it is warned that the Office of the Comptroller General reserves the right to conduct a future audit to verify that the corrective actions have been properly implemented.\n\n10. On September 9, 2025, Mr. [Name 001] signed a document requesting from the CGR a technical and legal explanation regarding the application of ILO Conventions 107 and 169 for a shared management agreement (convenio de administración compartida) with SINAC in the Cahuita National Park, and therefore, through official communication n.° 16528-2025 (DJ-1735) dated September 16 of this year, the Legal Division of the Office of the Comptroller General rejected the inquiry as inadmissible in accordance with subsections 1 and 2 of numeral 8 of the Regulation on the reception and handling of inquiries directed to the Office of the Comptroller General of the Republic.\n\nII REGARDING THE FACTS SET FORTH IN THE APPEAL\n\nFIRST: It is rejected. Regarding the administration of the economic resources of Cahuita National Park by a private entity, we refer to what was stated and analyzed in report n.° DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, and official communication n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024.\n\nSECOND: From what is described in this fact, what the CGR is aware of is what was pointed out in report n.° DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, as well as what was mentioned in official communication n.° DFOE-SOS-0360 of July 31, 2023, and official communication n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024. As for the rest, we have no record of it, nor is it for this oversight body to make that type of assessment and qualification.\n\nTHIRD: It is true, with clarifications. Indeed, the Office of the Comptroller General issued report n.° DFOE-AE-IF-02-2015 in response to our oversight work in accordance with the assigned constitutional and legal powers. On the other hand, it is rejected that the issued provisions violate the rights of tribal peoples, since the provisions issued are directed at MINAE and SINAC with competence in the matter and do not have the objective of violating any \"right.\" Furthermore, it is pertinent to point out that to date, the provisions issued in report DFOE-AE-IF-02-2015, especially 4.3, 4.5, and 4.7, are considered unfulfilled as can be seen from official communication n.° 017598-2022 (DFOE-SOS-0191/DEFOE-SEM-0638) of May 6, 2022.\n\nFOURTH: We have no record of this, as it does not involve an act emanating from this oversight body.\n\nFIFTH: We have no record of this. What is mentioned in this fact does not correspond to any action or conduct of this Office of the Comptroller General, and therefore, what is described by the appellant is unknown.\n\nSIXTH: We have no record of this, as it does not correspond to any action or conduct of the Office of the Comptroller General of the Republic, and therefore, what is described by the appellant is unknown.\n\nIII ON THE MERITS\n\nIn accordance with the provisions of numeral 22 of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the actions or proceedings carried out by the Office of the Comptroller General of the Republic in the exercise of its constitutional and legal powers in safeguarding the Public Treasury (Hacienda Pública) are described below, which is relevant for the understanding and analysis of the factual scenario described by the appellant and demonstrates the absence of violations by this oversight body regarding the rights and guarantees of the appellant.\n\n1. ON THE ACTIONS CARRIED OUT BY THE CGR.\n\na. On the results obtained in report n.° DFOE-AE-IF-02-2015 related to the entry to Playa Blanca of Cahuita National Park\n\nIn the audit report titled \"SPECIAL NATURE AUDIT REGARDING THE REASONABLENESS OF PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL CREDIT NO. BID 1824/OC/CR: TOURISM PROGRAM IN PROTECTED WILD AREAS,\" the omission of entry fee collection in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park is detailed - among other aspects:\n\nThe referred report indicates that Cahuita National Park is one of the beneficiaries of the Tourism Program in Protected Wild Areas, and it points out that this park has financial sustainability problems. Similarly, the Office of the Comptroller General found that the National System of Conservation Areas was not charging the entry fee in the Playa Blanca sector, despite this being established by Decreto Ejecutivo n.° 34164-MINAE, published on January 10, 2008. It is also indicated that the sector represents 80% of the park's total visitation and the lack of fee collection is inconsistent with the objectives of the tourism program, which seeks to achieve greater financial sustainability for SINAC through income.\n\nIn addition to the omission of fee collection, it was determined that a local private organization was using a booth owned by SINAC in the same sector to request \"voluntary donations\" from visitors. In this regard, an internal audit by SINAC in 2012 and an inspection by the Office of the Comptroller General in 2014 confirmed that this organization operated within the park's limits, with personnel who even used the logos of SINAC and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE). On this point, the CGR referred to the existing regulations on the matter and established: \"(...) the Administration's argument, regarding the existence of a political agreement and the importance of citizen participation through the shared management (manejo compartido) figure, is insufficient to allow the use of SINAC facilities in favor of that organization to request donations from Park visitors. Thus, as long as such use is not authorized by virtue of a law-level norm, the principle of legality established in Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration is violated, which condition the subjection of Administrative action to the Legal Order. It should be remembered that shared management is not a legal figure defined and recognized in national legislation.\"\n\nSimilarly, the oversight body indicated that community participation is conceived in the current legal norms under figures different from shared management, such as the decentralized scheme of the SINAC structure made up of bodies called Regional Councils of Conservation Areas and Local Councils of Conservation Areas, created in Article 29 of the Biodiversity Law and regulated in Articles 49 to 51 of its Regulation, Decreto Ejecutivo n.° 34433-MINAE. Hence, the cited report defined that the omission of fee collection from visitors in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park constituted a detriment to the income that the National Parks Fund (Fondo de Parques Nacionales, FPN) should receive for that concept, as regulated in Article 6 of the Law for the Creation of the National Parks Service, n.° 6084.\n\nIn response to these weaknesses, the Office of the Comptroller General issued provisions of mandatory compliance for the audited Administration. By virtue of this, the Minister of Environment and Energy was instructed to prepare a proposal to amend Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE to incorporate the collection of the entry fee in Playa Blanca. Additionally, the National Council of Conservation Areas was ordered to prohibit any private entity from requesting donations within the park and that SINAC manages the collection of the entry fee in said sector. (see exhibit 1)\n\nb. On the non-compliance with provisions 4.3, 4.5, and 4.7 of report n.° DFOE-AE-IF-02-2015\n\nIn the process of monitoring and verifying compliance with the provisions issued in the cited report (DFOE-AE-IF-02-2015), through official communication n.° 07598 (DFOE-SOS-0191/DFOE-SEM-0638) of May 6, 2022, the provisions directed at the Minister of MINAE for the preparation of a partial reform of Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE for the purpose of incorporating the collection of the entry fee for visitors in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park—with differentiated amounts for residents and non-residents—in accordance with Articles 35, 38, and 42 of the Biodiversity Law and Article 6 of the Law for the Creation of the National Parks Service (provision 4.3); as well as to the National Council of Conservation Areas (CONAC) to provide instructions to the Executive Director of SINAC to manage said collection for the Playa Blanca sector (provision 4.5), and to the Executive Director of SINAC to proceed to execute the aforementioned instruction in accordance with the previous provision (provision 4.7) were deemed unfulfilled.\n\nIn the aforementioned follow-up conclusion communication, the efforts made by the public authorities are indicated; however, it points out the absence of amendment to Decreto Ejecutivo n.° 38546-MINAE to incorporate the collection of the entry fee for visitors in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park, as well as Decreto Ejecutivo n.° 40110-MINAE, which in its Article 6 expressly states that the fee will not be charged by SINAC in that sector; and therefore, its respective collection has not been managed. Finally, it was established: \"(...) it is the criterion of the Office of the Comptroller General that provisions 4.3, 4.5, and 4.7 of report DFOE-AE-IF-02-2015 have not been fully addressed by any of the Authorities to which the provisions were directed, and therefore they are unfulfilled, and it is reported that, in accordance with the powers of the Oversight Body, it will proceed to initiate another oversight action on the matter. Likewise, the obligation of those Administrations, according to their powers, is reiterated to amend Decreto Ejecutivo N.° 38546-MINAE and N.° 40110-MINAE to incorporate the collection of the entry fee for visitors in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park; as well as to manage the respective collection in said National Park.\" (see exhibit 2)\n\nc. On the statement of facts regarding the apparent irregular administration of the resources collected in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park\n\nThrough document n.° DFOE-SOS-RH-00001-2023 of September 28, 2023, the Office of the Comptroller General brought to the attention of the Deputy Probity, Transparency and Anti-Corruption Prosecutor's Office (Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción) a report concluding the lack of implementation of control mechanisms in the administration of public funds by a private entity. In relation to the above, it was also alerted about the risk that the maintenance, operation, and nighttime surveillance of Cahuita National Park was in the hands of a private party, which was also directly executing the public resources generated in the Park. Due to the foregoing, the oversight body deemed it pertinent to make the situation known to that Judicial Authority and submit the matter for its assessment within the framework of its powers.\n\nd. Communication on the current situation of the shared governance model of Cahuita National Park\n\nFinally, as indicated in the initial background summary, it is worth mentioning that through official communication n.° 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024, the Office of the Comptroller General informed the Executive Director of SINAC and the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) of some aspects of the current situation of the shared governance model of Cahuita National Park. In that sense, situations contrary to the observance of the applicable legal framework were identified, specifically related to the lack of a current agreement enabling ADIC's participation within the model, the lack of deposit into the National Parks Fund of the income from donations received in the Playa Blanca sector, and the lack of controls regarding the amounts received for that concept; situations that were also brought to the attention of the Executive Director of SINAC and the Director of ACLAC through official communication n.° 06844 (DFOE-SOS-0209) of April 24, 2024, for the purpose of them adopting the corresponding actions within a reasonable period.\n\nFor their part, the Executive Director of SINAC and the Director of ACLAC, through official communications SINAC-ACLAC-DR-0654-2024 and SINAC-SE-DE-1124-20241 of August 9 and 13, 2024, respectively, informed this Office of the Comptroller General regarding the actions adopted by both bodies in relation to the irregularities in the shared governance model of the PNC, for which a work plan was available that would continue to be monitored to ensure its results. Thus, this oversight body pointed out to those administrative bodies their exclusive responsibility, in accordance with their powers, for adopting the necessary actions to address the identified weaknesses and that said actions are duly supported by the legal and technical framework, under the protection of Decretos Ejecutivos n.° 39519 \"Recognition of Governance Models in Protected Wild Areas of Costa Rica\" and n.° 40110 \"Regulation of the Shared Governance Model of Cahuita National Park.\" Similarly, emphasis was placed on their obligation to ensure that the actions to correct the irregularities would continue to be fulfilled and to take any additional actions required in the future so that the referred situations would not be repeated. The foregoing, without prejudice to the subsequent audit that the Office of the Comptroller General may carry out regarding the actions taken by that Administration, as part of the supreme oversight functions of the public treasury. (see exhibit 3). However, to date after this communication, no further oversight action has been carried out.\n\nIn summary, as can be observed, at all times the work of the CGR has been carried out in adherence to the constitutional and legal framework, exercising its powers as the supreme oversight body of the Public Treasury and has not exceeded its authority nor incurred in violations of the actionable guarantees and freedoms of the appellant.\n\n2. REGARDING THE ALLEGED VIOLATION OF THE APPELLANT'S FUNDAMENTAL GUARANTEES ACTIONABLE THROUGH HABEAS CORPUS (PERSONAL FREEDOM AND INTEGRITY)\n\nThe appellant claims that he was deprived of his personal liberty through detention and that his home was raided and searched without regard to his ethnic condition or international conventions, which allegedly caused him \"serious irreparable harm\" to his personal and family integrity. The actions described, which we have absolutely no record of, insofar as they involve the deprivation of liberty and the search of the appellant's home, are exclusive powers of the bodies responsible for criminal prosecution and the administration of justice. The CGR, in the exercise of its constitutional function as a watchdog body of the Public Treasury, has carried out administrative actions as corresponds to its powers. Thus, the report or statement of facts that has been sent to the Deputy Probity, Transparency and Anti-Corruption Prosecutor's Office constitutes solely an input for the assessment of possible irregularities, not an order or instruction for the detention or raid of any person. Therefore, the responsibility to determine if there is merit to carry out such actions, as well as the manner and timing of their execution, rests entirely with the competent judicial authorities, who must act in accordance with their own powers and established legal procedures. Consequently, any harm alleged by the appellant in connection with his alleged detention and the raid of his home cannot be attributed to the CGR, since said actions completely exceed our scope of action and competence.\" It requests that the appeal be dismissed.\n\n5.- Karol Castro Fallas reports under oath in her capacity as Criminal Judge of the Criminal Court of Treasury and Public Function (Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública) and in charge of processing expediente 23-000397-1218-PE (see electronic record) as follows: \"the order for raid, search, and seizure at the accused's home is in response to an investigation for the alleged crime of Embezzlement and others, which is being investigated by the Deputy Probity, Transparency and Anti-Corruption Prosecutor's Office. Through an analysis of suitability, necessity, and proportionality of the requested procedure, the raid on the appellant's home was authorized as they are considered suspects of conduct presumably constituting a crime. Having the foregoing, this office categorically rejects that the same responds to a circumstance of structural discrimination against the Afro-descendant population in Costa Rica as suggested by the appellant, since the executed order was given within the framework of a criminal investigation. All other arguments correspond to aspects of the merits which must be raised by the appellant before the competent office.\"\n\n6.- María Natalia Villalta Hidalgo reports under oath in her capacity as Deputy Prosecutor of the Deputy Probity, Transparency and Anti-Corruption Prosecutor's Office (see electronic record) as follows: \"In the opinion of the undersigned, this Habeas Corpus appeal must be dismissed, based on the following: according to the provisions of the Law on Constitutional Jurisdiction as indicated in its Article 15, habeas corpus is appropriate to guarantee personal freedom and integrity, against acts or omissions originating from an authority of any order, including judicial, against threats to that freedom and the disturbances or restrictions regarding it unduly established by authorities, as well as against illegitimate restrictions on the right to move from one place to another in the Republic, and free stay, exit, and entry into its territory. In the case at hand, it is pertinent to note that, from the summary of the aforementioned facts, it is possible to extract that the appellant engages in a series of subjective assessments about the facts being investigated by the Public Ministry and his considerations about the direction of the criminal process in relation to his ethnicity and other cultural aspects that peripherally surround the points raided, and the truth of the matter is that the Deputy Probity, Transparency and Anti-Corruption Prosecutor's Office (hereinafter FAPTA) is processing case 23-000397-1218-PE, filed against Enrique Antonio Joseph Jackson and others for the crime of breach of duties to the detriment of the duties of public function, which is under investigation. Said referred statements are alien to the nature of the Habeas Corpus Appeal filed, and therefore a report is rendered in accordance with Article 15 of the Law on Constitutional Jurisdiction. For its part, the actions taken have been supported and adhered to the law in accordance with Articles 62, 63, 67, 68, 69, 193, 196, 198, 199 and 237 of the Code of Criminal Procedure. The Public Ministry exercised criminal action in the manner established by law and in the case at hand, carried out the pertinent and useful procedures to determine the existence of the criminal act. This investigation began on September 28, 2023, on the occasion of a report sent to this office by the Office of the Comptroller General of the Republic, through the reference of the file assigned by the Office of the Comptroller General, number CGR-INV-2023001463, titled with the subject: \"Official communication forwarding statement of facts N° DFOE-SOS-RH-00001-2023, on the irregular administration of the resources collected in the Playa Blanca sector of Cahuita National Park,\" which served as notitia criminis and was complemented by the report issued by the Anti-Corruption Section of the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial), under number 23-SANT-CI-2025, dated March 12, 2025, in which, in addition to the conclusions and results obtained, the investigation procedure of raid, search, and seizure is requested, through which a series of apparently irregular facts began to be analyzed, attributable to officials of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), of the National System of Conservation Areas, MINAE, and to assimilated subjects representing the Comprehensive Development Association of Cahuita (Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, ADIC). From the analysis of the above information, a factual hypothesis was established, through which a series of irregular acts were established with a probable degree around a series of financial irregularities detected in the handling of income of Cahuita National Park, particularly in the Playa Blanca sector, an entrance managed by ADIC, it having been identified that the National System of Conservation Areas (SINAC), ACLAC, in violation of the Biodiversity Law regarding the National Parks Fund, since 2017, has not ensured the financial sustainability of the investments made in Cahuita National Park, by ceasing to have control over the collection and the entry fee in Playa Blanca, a sector that represents 80% of total visitation, allowing the Comprehensive Development Association of Cahuita (ADIC), a private entity, to use the park's facilities to request donations from tourists entering through that sector, both failing in their duties by not applying, since its constitution, the Shared Governance Agreement in Cahuita National Park, agreed upon since 2017 between ADIC and MINAE (ACLAC), an agreement that was established for a term of five years and should have been renewed in 2022, a renewal that has not been carried out in 2025. Faced with this situation, the Office of the Comptroller General of the Republic issued provisions for the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and SINAC to amend Decreto Ejecutivo number 38546-MINAE, with the objective of establishing a differentiated entry fee collection for residents and non-residents in Playa Blanca, resulting in MINAE subsequently promulgating Decretos Ejecutivos number 35919, on the Recognition of Shared Governance Models, and 40110-MINAE, which regulates the Shared Governance Model in Cahuita National Park, with the latter decree stipulating that SINAC would not charge an entry fee in Playa Blanca, but that the State could receive non-reimbursable economic contributions (donations) from visitors, which should be deposited into the National Parks Fund, thus making the monies received from donations for entry to Cahuita National Park public funds. In its Article 6, this same decree allocated these resources exclusively to the attention, maintenance, sustainability, and conservation of Cahuita National Park, although it did not establish that the total management of these resources should be left in the hands of the private entity with which the shared governance agreement was signed, in this case ADIC. Decree 40110-MINAE also established that SINAC and ADIC should jointly establish the mechanisms for recording and controlling the economic resources from donations. Additionally, the Framework Cooperation Agreement between SINAC and ADIC, signed in 2017, for the implementation of the Shared Governance Model, specified that all resources received from donations were to be deposited by ADIC into SINAC's accounts in the National Parks Fund, based on the Biodiversity Law. It is noteworthy that, despite these agreements and the commitments assumed in Law number 8967 and Loan Contract number 1824/OC/CR, MINAE has not implemented a regulatory scheme for the collection of the entry fee, which led the Office of the Comptroller General of the Republic, through an official communication issued in May 2022, to reiterate to MINAE and SINAC their obligation to establish and manage the respective collection for all accesses to Cahuita National Park. As a result of these circumstances, the Office of the Comptroller General of the Republic initiated an investigation because ADIC continues to directly collect and administer the resources generated by donations in the Playa Blanca sector, of which it must be highlighted that as part of the investigation it has been possible to verify that the cooperation agreement between SINAC and ADIC was valid until March 2022 and has not been renewed nor has a new contract been signed, coupled with the fact that SINAC, at present, has not generated or established the minimum necessary control mechanisms for the receipt of the funds collected by ADIC. It is recorded in the main file that, in March 2023, SINAC-ACLAC confirmed the expiration of the agreement and the absence of an analysis on the quality of governance in the park, in accordance with the principles established in Decreto Ejecutivo number 39519, and in July 2023, the Office of the Comptroller General of the Republic requested Enrique Joseph Jackson, former president of ADIC, a certified copy of the account statements detailing income and expenses of the donations from January 2018 to June 2023, obtaining as a response, from Joseph Jackson, that the donations in the communal sector of the park are made directly to ADIC, a private entity that, in his opinion, is not subject to the control and supervision of the Office of the Comptroller General, being governed by the principles of Private Law. It is noteworthy that, despite these agreements and the commitments assumed in Law number 8967 and Loan Contract number 1824/OC/CR, MINAE has not implemented a regulatory scheme for the collection of the entry fee, which led the Office of the Comptroller General of the Republic, through an official communication issued in May 2022, to reiterate to MINAE and SINAC their obligation to establish and manage the respective collection for all accesses to Cahuita National Park. As a result of these circumstances, the Office of the Comptroller General of the Republic initiated an investigation because ADIC continues to directly collect and administer the resources generated by donations in the Playa Blanca sector, of which it must be highlighted that as part of the investigation it has been possible to verify that the cooperation agreement between SINAC and ADIC was valid until March 2022 and has not been renewed nor has a new contract been signed, coupled with the fact that SINAC, at present, has not generated or established the minimum necessary control mechanisms for the receipt of the funds collected by ADIC. It is recorded in the main file that, in March 2023, SINAC-ACLAC confirmed the expiration of the agreement and the absence of an analysis on the quality of governance in the park, in accordance with the principles established in Decreto Ejecutivo number 39519, and in July 2023, the Office of the Comptroller General of the Republic requested Enrique Joseph Jackson, former president of ADIC, a certified copy of the account statements detailing income and expenses of the donations from January 2018 to June 2023, obtaining as a response, from Joseph Jackson, that the donations in the communal sector of the park are made directly to ADIC, a private entity that, in his opinion, is not subject to the control and supervision of the Office of the Comptroller General, being governed by the principles of Private Law. The main complaint incorporated into the main file establishes that the presidents of ADIC, including Enrique Joseph Jackson, as former president, and the current president [Name 001], by virtue of their positions, misappropriated and continue to misappropriate public monies whose administration and custody was entrusted to them, which constitutes a breach of duties by officials of SINAC-ACLAC, since the commitments of the 2017 agreement were not observed since 2018, and contravenes the Biodiversity Law, which in its Article 35 requires that all funds generated by the parks must be deposited into the National Parks Fund. On August 29, 2025, a request for raid, search, and seizure was submitted to the Criminal Court of Treasury within the case under review, and given that the request submitted to the judge had evidentiary elements and legal support, by resolution of the Criminal Court of Treasury and Public Function of the Second Judicial Circuit, at nine hours twenty-seven minutes on September 1, 2025, a raid, search, and seizure was ordered, and the opening of the seized evidence is ordered.\n\nThe investigation has been carried out objectively, thoroughly, in accordance with the Law, and with respect for the principle of legality and the individual and procedural guarantees of the parties. Likewise, the appellant is incorrect in stating that his detention was carried out; what happened was that during the search (allanamiento) at his home, in accordance with the security protocols of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), the accused was kept in handcuffs during the course of the proceeding, which was done within the framework of legality. The Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) is investigating a serious matter that could bring grave consequences to the public treasury; to discredit our actions in this manner is nothing more than a desperate cry to tarnish our actions, which I repeat were in accordance with the law. In this regard, Articles 180, 181, 182, and 183 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), with respect to means of proof, provide that the Public Prosecutor's Office and the Courts have the duty to seek the truth themselves through the permitted means of proof, strictly complying with the purposes of criminal prosecution and the objectives of the investigation. Furthermore, Article 67 of this same normative body establishes that during the investigation of the facts under inquiry, the useful evidentiary elements shall be gathered. From the day the complaint was received or the facts were brought to the attention of the Public Prosecutor's Office, namely September 28, 2023, on the occasion of a report sent to the Office of the Assistant Prosecutor for Probity, Transparency, and Anti-Corruption (Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción) by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the Public Prosecutor's Office has kept the investigation active, and the necessary, useful, and pertinent proceedings have been carried out to obtain evidence and arrive at the real truth of the facts being investigated, which demonstrates the objectivity with which this investigation has been conducted and that all the evidence gathered has been made available to the accused for his due exercise of defense in protection of due process, and the resolution of this matter in order to define the legal situation of the accused as interested parties in the investigation. Thus, I reiterate my initial request to declare the Habeas Corpus petition filed by [Name 001] without merit.\"\n\n7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nJustice Cruz Castro writes; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE PETITION: The petitioner claims to be the president of the Integral Development Association of Cahuita (Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, ADIC), a community organization that administers economic resources derived from the Cahuita National Park, recognized as ancestral tribal territory under the auspices of ILO Conventions No. 107 and No. 169. He complains that the Comptroller General of the Republic issued provisions directed to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), partially modifying Executive Decree No. 38546-MINAE, to incorporate a collection of an entrance fee in the Playa Blanca sector, ignoring the tribal character of the territory and the rights conferred by the ILO Conventions. This state action violates Article 14 of Convention 169, which requires recognizing the rights of ownership and possession of traditional lands, and Article 6 of Convention 107, which prioritizes the improvement of economic conditions in regions inhabited by tribal populations through development plans that favor their initiatives. He points out that within the framework of criminal case file No. 23-000397-1218-PE, the Assistant Prosecutor filed a request on September 1, 2025, to order a search, registration, and seizure (allanamiento, registro y secuestro); he also ordered the opening of the evidence seized by the Criminal Court for Treasury and Public Function Matters (Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública). He states that the background alleged in the prosecutorial request is based on a supervision under the Cooperation Agreement for the Financing of Tourism Projects in Protected Wild Areas (No. 8967) and loan contract 1824/OC-CR, affirming that SINAC does not guarantee financial sustainability by failing to collect fees in Playa Blanca, and that ADIC carries out \"improper collection\" (cobro indebido) through contributions. However, the case file completely omits the tribal character of the Cahuita National Park, implicitly recognized in the shared management with the Afro-descendant community for over 20 years, and violates the principle of prior consultation (Article 6 of Convention 169), which obligates the State to consult tribal communities before any measure affecting their territorial or economic rights. He complains that he was criminally accused for acts inherent to his tribal rights (administration of contributions in ancestral territory), deprived of his personal liberty through detention, and his home searched and registered without consideration of his ethnic status or international conventions.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them:\n\nREGARDING THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC\n\na) That through report No. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, the Environmental Services and Energy Audit Area of the Operational and Evaluative Audit Division of the Comptroller General of the Republic issued the report: \"SPECIAL CHARACTER AUDIT ON THE REASONABLENESS OF THE PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL CREDIT NO. BID 1824/OC/CR: TOURISM PROGRAM IN PROTECTED WILD AREAS\" - the report noted the omission of the collection of the entrance fee in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park - (see report of the respondent authority).\n\nb) That in the report, provisions were issued to the authorities of the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas to prepare a proposal for partial modification of Executive Decree No. 38546-MINAE that incorporates the collection of the entrance fee for visitors in the Playa Blanca Sector of the Cahuita National Park, to be estimated as derived from Articles 35, 38, and 42 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) and Article 6 of the Law Creating the National Parks Service (Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales); and that measures be taken to prohibit private individuals from soliciting donations within the limits of said Park, and to only permit activities and occupation of SINAC facilities for purposes permitted by the legal system, and to manage the collection of the entrance fee to the Playa Blanca sector (see report of the respondent authority).\n\nc) That in the period 2015-2020, previous Administrations promulgated the Shared Governance Model in the Cahuita National Park and issued Executive Decree No. 40110-MINAE, published in La Gaceta No. 15 of January 20, 2017, Regulations for the Shared Governance Model in the Cahuita National Park, which established that in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park, the entrance fee would not be collected by SINAC (see report of the respondent authority).\n\nd) That on September 9, 2025, the petitioner signed a document requesting from the CGR a technical and legal explanation on the application of ILO Conventions 107 and 169 for a shared administration agreement with SINAC in the Cahuita National Park (see report of the respondent authority).\n\ne) That through official communication No. 16528-2025 (DJ-1735) of September 16, 2025, the Legal Division of the Comptroller's Office rejected the inquiry as inadmissible in accordance with the provisions of subsections 1 and 2 of numeral 8 of the Regulation on the receipt and handling of inquiries addressed to the Comptroller General of the Republic (see report of the respondent authority).\n\nf) That as of the date of rendering the report, the provisions issued in report DFOE-AE-IF-02-2015, especially 4.3, 4.5, and 4.7, are considered unfulfilled (see report of the respondent authority).\n\ng) That through document No. DFOE-SOS-RH-00001-2023 of September 28, 2023, the Comptroller General brought to the attention of the Office of the Assistant Prosecutor for Probity, Transparency, and Anti-Corruption a report evidencing the lack of implementation of control mechanisms in the administration of public funds by a private entity; it also warned of the risk that the maintenance, operation, and nighttime surveillance of the Cahuita National Park were in the hands of a private entity, which was also directly executing the public resources generated in the Park (see report of the respondent authority).\n\nh) By reason of the foregoing, the comptroller body deemed it pertinent to bring the situation to the attention of that Judicial Authority and submit the matter for its assessment within the framework of its competencies (see report of the respondent authority).\n\ni) That through official communications No. 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024, the Comptroller General informed the Executive Director of SINAC and the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe, ACLAC) about certain aspects of the current situation of the shared governance model of the Cahuita National Park - situations contrary to the observance of the applicable legal framework were identified, specifically related to the lack of a current agreement enabling ADIC's participation within the model, the lack of deposit into the National Parks Fund (Fondo de Parques Nacionales) of the income from donations received in the Playa Blanca sector, and the lack of controls regarding the sums received for that concept - (see report of the respondent authority).\n\nREGARDING THE CRIMINAL COURT FOR TREASURY AND PUBLIC FUNCTION MATTERS AND THE OFFICE OF THE ASSISTANT PROSECUTOR FOR PROBITY, TRANSPARENCY, AND ANTI-CORRUPTION\n\nj) That criminal case No. 23-000397-1218-PE is being processed against the petitioner for the alleged crime of Embezzlement (Malversación) and others, which is being investigated by the Office of the Assistant Prosecutor for Probity, Transparency, and Anti-Corruption on the occasion of a report sent to this office by the Comptroller General of the Republic dated September 28, 2023 (see report of the respondent authority).\n\nk) That the reference of the file assigned by the Comptroller's Office, number CGR-INV-2023001463, titled with the subject: \"Official communication forwarding relation of facts No. DFOE-SOS-RH-00001-2023, on the irregular administration of the resources collected in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park,\" served as notitia criminis and was complemented by the report issued by the Anti-Corruption Section of the Judicial Investigation Agency, under number 23-SANT-CI-2025, dated March 12, 2025, in which, in addition to the conclusions and results obtained, the investigative proceeding of search, registration, and seizure (allanamiento, registro y secuestro) is requested, through which a series of apparently irregular facts began to be analyzed, attributable to officials of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), of the National System of Conservation Areas, MINAE, and persons equated in representation of the Integral Development Association of Cahuita (ADIC) (see report of the respondent authority).\n\nl) That it was identified that the National System of Conservation Areas (SINAC), ACLAC, has failed to comply with the provisions of the Biodiversity Law regarding the National Parks Fund since 2017, has not ensured the financial sustainability of the investments made in the Cahuita National Park, by ceasing to have control over the collection and the entrance fee in Playa Blanca, a sector that represents 80% of total visitation, allowing the Integral Development Association of Cahuita (ADIC), a private entity, to use the park facilities to solicit donations from tourists entering through said sector, both failing in their duties by not applying, since its constitution, the Shared Governance Agreement in the Cahuita National Park, agreed upon since 2017 between ADIC and MINAE (ACLAC), an agreement that was established for a term of five years and should have been renewed in 2022, a renewal that has not been effected in 2025 (see report of the respondent authority).\n\nm) That the Comptroller General of the Republic issued provisions for the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and SINAC to modify Executive Decree number 38546-MINAE, with the objective of establishing a differentiated entrance fee collection for residents and non-residents, in Playa Blanca (see report of the respondent authority).\n\nn) That MINAE subsequently promulgated Executive Decrees number 35919, on the Recognition of Shared Governance Models, and 40110-MINAE, which regulates the Shared Governance Model in the Cahuita National Park, with this latter decree stipulating that SINAC would not collect an entrance fee in Playa Blanca, but rather that the State could receive non-reimbursable economic contributions (donations) from visitors, which should be deposited in the National Parks Fund, thus constituting the monies received as donations for the concept of entrance to the Cahuita National Park as public funds (see report of the respondent authority).\n\no) That the Framework Cooperation Agreement between SINAC and ADIC, signed in 2017, for the implementation of the Shared Governance Model, specified that all resources received as donations were to be deposited by ADIC into SINAC's accounts, in the National Parks Fund, based on the Biodiversity Law (see report of the respondent authority).\n\np) That in March 2023, SINAC-ACLAC confirmed the expiration of the cooperation agreement between SINAC and ADIC and the absence of an analysis on the quality of governance in the park, in accordance with the principles established in Executive Decree number 39519 (see report of the respondent authority).\n\nq) That the main complaint incorporated into the main case file establishes that the presidents of ADIC, including Enrique Joseph Jackson as former president and the petitioner as current president [Name 001], by reason of their positions, misappropriated and continue to misappropriate public funds whose administration and custody were entrusted to them (see report of the respondent authority).\n\nr) That on August 29, 2025, a request for search, registration, and seizure (allanamiento, registro y secuestro) was filed before the Criminal Court for Treasury Matters (see report of the respondent authority).\n\ns) That by resolution at 09:27 hours on September 1, 2025, the Criminal Court for Treasury and Public Function Matters of the Second Judicial Circuit ordered the search, registration, and seizure, and the opening of the seized evidence (see report of the respondent authority).\n\nt) That during the search (allanamiento) proceeding at his home, the petitioner was kept in handcuffs but was not detained (see report of the respondent authority).\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it follows that, regarding the Comptroller General of the Republic, through report No. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, the Environmental Services and Energy Audit Area of the Operational and Evaluative Audit Division of the Comptroller General of the Republic issued the report: \"SPECIAL CHARACTER AUDIT ON THE REASONABLENESS OF THE PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL CREDIT NO. BID 1824/OC/CR: TOURISM PROGRAM IN PROTECTED WILD AREAS\" - the report noted the omission of the collection of the entrance fee in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park -. It was accredited that in the report, provisions were issued to the authorities of the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas to prepare a proposal for partial modification of Executive Decree No. 38546-MINAE that incorporates the collection of the entrance fee for visitors in the Playa Blanca Sector of the Cahuita National Park, to be estimated as derived from Articles 35, 38, and 42 of the Biodiversity Law and Article 6 of the Law Creating the National Parks Service; and that measures be taken to prohibit private individuals from soliciting donations within the limits of said Park, and to only permit activities and occupation of SINAC facilities for purposes permitted by the legal system, and to manage the collection of the entrance fee to the Playa Blanca sector. It was demonstrated that in the period 2015-2020, previous Administrations promulgated the Shared Governance Model in the Cahuita National Park and issued Executive Decree No. 40110-MINAE, published in La Gaceta No. 15 of January 20, 2017, Regulations for the Shared Governance Model in the Cahuita National Park, which established that in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park, the entrance fee would not be collected by SINAC. It was identified that on September 9, 2025, the petitioner signed a document requesting from the CGR a technical and legal explanation on the application of ILO Conventions 107 and 169 for a shared administration agreement with SINAC in the Cahuita National Park. It was verified that through official communication No. 16528-2025 (DJ-1735) of September 16, 2025, the Legal Division of the Comptroller's Office rejected the inquiry as inadmissible in accordance with the provisions of subsections 1 and 2 of numeral 8 of the Regulation on the receipt and handling of inquiries addressed to the Comptroller General of the Republic. It was affirmed that as of the date of rendering the report, the provisions issued in report DFOE-AE-IF-02-2015, especially 4.3, 4.5, and 4.7, are considered unfulfilled. It was verified that through document No. DFOE-SOS-RH-00001-2023 of September 28, 2023, the Comptroller General brought to the attention of the Office of the Assistant Prosecutor for Probity, Transparency, and Anti-Corruption a report evidencing the lack of implementation of control mechanisms in the administration of public funds by a private entity; it was also warned of the risk that the maintenance, operation, and nighttime surveillance of the Cahuita National Park were in the hands of a private entity, which was also directly executing the public resources generated in the Park: for which reason the comptroller body deemed it pertinent to bring the situation to the attention of that Judicial Authority and submit the matter for its assessment within the framework of its competencies. Finally, it was accredited that through official communications No. 14850-2024 (DFOE-SOS-0570) of September 23, 2024, the Comptroller General informed the Executive Director of SINAC and the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) about certain aspects of the current situation of the shared governance model of the Cahuita National Park - situations contrary to the observance of the applicable legal framework were identified, specifically related to the lack of a current agreement enabling ADIC's participation within the model, the lack of deposit into the National Parks Fund of the income from donations received in the Playa Blanca sector, and the lack of controls regarding the sums received for that concept -. Regarding the Criminal Court for Treasury and Public Function Matters and the Office of the Assistant Prosecutor for Probity, Transparency, and Anti-Corruption, it was accredited that criminal case No. 23-000397-1218-PE is being processed against the petitioner for the alleged crime of Embezzlement and others, which is being investigated by the Office of the Assistant Prosecutor for Probity, Transparency, and Anti-Corruption on the occasion of a report sent to this office by the Comptroller General of the Republic dated September 28, 2023. It was verified that the reference of the file assigned by the Comptroller's Office, number CGR-INV-2023001463, titled with the subject: \"Official communication forwarding relation of facts No. DFOE-SOS-RH-00001-2023, on the irregular administration of the resources collected in the Playa Blanca sector of the Cahuita National Park,\" served as notitia criminis and was complemented by the report issued by the Anti-Corruption Section of the Judicial Investigation Agency, under number 23-SANT-CI-2025, dated March 12, 2025, in which, in addition to the conclusions and results obtained, the investigative proceeding of search, registration, and seizure (allanamiento, registro y secuestro) is requested, through which a series of apparently irregular facts began to be analyzed, attributable to officials of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), of the National System of Conservation Areas, MINAE, and persons equated in representation of the Integral Development Association of Cahuita (ADIC). It was identified that the National System of Conservation Areas (SINAC), ACLAC, has failed to comply with the provisions of the Biodiversity Law regarding the National Parks Fund since 2017, has not ensured the financial sustainability of the investments made in the Cahuita National Park, by ceasing to have control over the collection and the entrance fee in Playa Blanca, a sector that represents 80% of total visitation, allowing the Integral Development Association of Cahuita (ADIC), a private entity, to use the park facilities to solicit donations from tourists entering through said sector, both failing in their duties by not applying, since its constitution, the Shared Governance Agreement in the Cahuita National Park, agreed upon since 2017 between ADIC and MINAE (ACLAC), an agreement that was established for a term of five years and should have been renewed in 2022, a renewal that has not been effected in 2025. It was proven that the Comptroller General of the Republic issued provisions for the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and SINAC to modify Executive Decree number 38546-MINAE, with the objective of establishing a differentiated entrance fee collection for residents and non-residents, in Playa Blanca. For the foregoing, MINAE subsequently promulgated Executive Decrees number 35919, on the Recognition of Shared Governance Models, and 40110-MINAE, which regulates the Shared Governance Model in the Cahuita National Park, with this latter decree stipulating that SINAC would not collect an entrance fee in Playa Blanca, but rather that the State could receive non-reimbursable economic contributions (donations) from visitors, which should be deposited in the National Parks Fund, thus constituting the monies received as donations for the concept of entrance to the Cahuita National Park as public funds. It was affirmed that the Framework Cooperation Agreement between SINAC and ADIC, signed in 2017, for the implementation of the Shared Governance Model, specified that all resources received as donations were to be deposited by ADIC into SINAC's accounts, in the National Parks Fund, based on the Biodiversity Law. It was confirmed that in March 2023, SINAC-ACLAC confirmed the expiration of the cooperation agreement between SINAC and ADIC and the absence of an analysis on the quality of governance in the park, in accordance with the principles established in Executive Decree number 39519. It was affirmed that the main complaint incorporated into the main case file establishes that the presidents of ADIC, including Enrique Joseph Jackson as former president and the petitioner as current president [Name 001], by reason of their positions, misappropriated and continue to misappropriate public funds whose administration and custody were entrusted to them. It was asserted that on August 29, 2025, a request for search, registration, and seizure (allanamiento, registro y secuestro) was filed before the Criminal Court for Treasury Matters, for which reason, by resolution at 09:27 hours on September 1, 2025, the Criminal Court for Treasury and Public Function Matters of the Second Judicial Circuit ordered the search, registration, and seizure, and the opening of the seized evidence. Finally, it was acknowledged that during the search (allanamiento) proceeding at his home, the petitioner was kept in handcuffs but was not detained. Based on the foregoing, it is possible to conclude the following: 1.) That the petitioner serves as president of the Integral Development Association of Cahuita (ADIC), which is a community organization that administers economic resources derived from the Cahuita National Park; 2.) That the Comptroller General of the Republic has been issuing a series of directives related to the shared governance model of the Cahuita National Park; 3.) As indicated by the Comptroller General of the Republic in report No. DFOE-AE-IF-02-2015 of January 12, 2015, \"In the case of a private organization, the Comptroller Body considers that the Administration's argument, regarding the existence of a political agreement and the importance of citizen participation through the shared management figure, is insufficient to allow the use of SINAC facilities in favor of that organization to solicit donations from Park visitors. Thus, as long as that use is not authorized by virtue of a law-level norm, the principle of legality provided in Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) is violated, which condition the subjection of Administrative action to the Juridical System. It should be remembered that shared management is not a defined and recognized juridical figure in national legislation\"; 4.) That there is no current agreement that enables the participation of the Association that the petitioner represents within the model and that regulates the lack of deposit into the National Parks Fund of the income from donations received in the Playa Blanca sector; 5.) That in response to the report issued by the Comptroller General of the Republic dated September 28, 2023, the Prosecutor's Office ordered the opening of criminal case No. 23-000397-1218-PE for the alleged crime of Embezzlement and others - a process that is under investigation. Thus, it is not true that the investigation was ordered for acts inherent to the tribal rights of the petitioner; 6.) Finally, the placement of handcuffs on detained persons who are in a building being searched is not an openly illegitimate measure in the context of the execution of a proceeding of that nature. Therefore, the appropriate course is to declare the petition without merit, as is hereby ordered. By virtue of the foregoing considerations and with support in the evidentiary elements contained in the case file, the Chamber has not been able to demonstrate the existence of any injury or threat to the fundamental rights of the petitioner caused by the respondent authorities and, therefore, the petition must be declared without merit in all its aspects, as is hereby ordered.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe petition is declared without merit. Let it be notified.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nSSKVIYLZVVS61\nCASE FILE No. 25-027477-0007-CO\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch.\n\nProhibited its reproduction and/or distribution in onerous form.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 07:49:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }