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  "citation": "Res. 35404-2025 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Negativa de suministro de agua potable por razones técnicas",
  "title_en": "Denial of drinking water supply for technical reasons",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por una adulta mayor, usufructuaria de un inmueble en Heredia, contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. La recurrente alegó que se le negó el servicio de agua potable y la instalación eléctrica, lo que le impide construir y vivir en el lugar. La empresa recurrida justificó la negativa en la cercanía de un pozo de agua (AB-0478) y la exigencia de un estudio hidrogeológico que la recurrente no puede costear. La Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es absoluto; las entidades prestadoras pueden denegar el servicio si existen razones técnicas que lo justifiquen. El Tribunal declara inadmisible el recurso, indicando que la verificación de requisitos técnicos y legales corresponde a las autoridades administrativas, siendo un asunto de legalidad ordinaria fuera de su competencia. El magistrado Rueda Leal salva el voto, al considerar que se requieren más elementos para determinar si existió una afectación constitucional, destacando el carácter prioritario del agua potable según el artículo 50 constitucional y la obligación de las entidades de adaptarse a nuevos requerimientos.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly dismisses an amparo action filed by an elderly female usufructuary of a property in Heredia against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia. The petitioner alleged denial of drinking water service and electricity, preventing her from building and living on the property. The respondent company justified the denial based on the proximity of a water well (AB-0478) and the requirement of a hydrogeological study the petitioner cannot afford. The Chamber reiterates its case law that, while there is a fundamental right to drinking water, its exercise is not absolute; service providers may deny service if technical reasons justify it. The Court declares the action inadmissible, holding that verification of technical and legal requirements falls to administrative authorities, a matter of ordinary legality beyond its jurisdiction. Justice Rueda Leal dissents, arguing that more evidence is needed to determine if a constitutional violation occurred, emphasizing the priority of drinking water supply under Article 50 of the Constitution and the duty of entities to adapt to new demands.",
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  "excerpt_es": "Esta Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y otros entes competentes pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen.",
  "excerpt_en": "This Chamber has held that, while there is a fundamental right to drinking water, its exercise is not indiscriminate, to the point that there is an obligation on the entities providing such service to supply it under any condition or opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, municipalities, or associations administering aqueducts and sewers and other competent entities may deny the availability of drinking water if there are technical reasons that justify it.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 35404 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 28 de Octubre del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-031965-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE: No. 25-031965-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN: No. 2025035404\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-031965-0007-CO, interpuesto por Nombre90296, cédula de identidad número CED50493; contra LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y manifiesta lo siguiente: “(…) La suscrita, a mi edad, soy usufructuaria de una propiedad situada en Heredia, Ulloa del costado este de Hospital un kilómetro al sur, mide 480 metros cuadrados. deseo construir en el lugar para vivir allí, en mi tercera edad. He hecho esfuerzos y solicitudes para obtener la segregación y división. La Municipalidad indica que necesito un visto bueno del ente Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Pero el ente mencionado ente (sic) se niega a conceder una paja de agua potable ni tampoco puedo instalar luz. Se establece que el fundo esta inmerso en zona de prohibición absoluta desde el año 2022; cuando el señorío que tengo sobre el fundo nació en 2000 en que la suscrita lo adquirió. Primero mi padre quien se llamaba Nombre90297´. En el año 2015 constituí el usufructo y doné el fundo a mis hijos, reservando el usufructo. Nadie me mencionó que tenia una prohibición administrativa. La misma es sorpresiva y muy reciente. En nada se tomo en cuenta que hacia tiempo, años, que yo había adquirido. Se da un trato desigual a la suscrita en su solicitud con respecto a otros dueños de propiedades. Porque en los alrededores, en los linderos, existen casas, talleres mecánicos, una urbanización que colinda con el lote en el lado oeste. casas construidas al sur y el taller al norte. A mi edad se me pone en un predicamento, tengo derecho a la asignación de agua y disponibilidad. También existe un taller mecánico todos los mencionados dueños si tienen los servicios. EI ente administrativo deniega la petición basado en la Ley N.º. 7788 Ley de Biodiversidad en su articulo 109 ordena “la carga de la prueba la carga de la prueba (sic) de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, correspondiera a quien solicita la aprobación, el  permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acusa de haber ocasionado daño ambiental Pero dicha prueba debe hacerla el ente para no estropear los intereses de los administrados. No podría pagarla. Me baso en la Ley de Protección al Adulto mayor. 4 En concreto el acto contiene la lesión a mis derechos fundamentales de subsistencia de vivir en un ambiente sano. Diciendo que se deniega la petición y se obliga a realizar un estudio hidrogeológico el cual no puedo costear y me produce un gran perjuicio. La suscrita soy pensionada del Ministerio de Educación y no tengo la posibilidad de realizarlo. El pozo no me pertenece así que no debo realizar yo el estudio sino el propietario del pozo que se desea proteger. Con la existencia ya del visado en el plano tengo derecho a considerar que la propiedad es idónea para conseguir el recurso hídrico. Sorpresivamente se me deniega algo vital para mi permanencia en el lugar. Se me causa en particular un gran perjuicio y se da un trato retroactivo a la mencionada Ley en mi perjuicio. 5 6 7. Considero violados los derechos fundamentales de igualdad ante la Ley, de mi derecho de vivir en un ambiente sano, de no aplicar retroactivamente una ley que me produce un perjuicio, violación al derecho a !a propiedad, artículo 45 de la Constitución Política (…)”. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.\n\n2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.  \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente muestra su disconformidad con la empresa recurrida por cuanto, es usufructuaria de una propiedad que se ubica en Heredia y realizó una solicitud para poder segregar el inmueble. No obstante, la Municipalidad le indicó que necesita un visto bueno de la empresa recurrida; empero, se le niega la paja de agua potable, pese a que, en otras propiedades aledañas sí se les ha brindado el servicio. Lo anterior, por cuanto se indicó lo siguiente: “(...)El Negocio de Agua Potable e Hidrantes no avala el otorgamiento de servicios para la propiedad con el plano H-47360-1992 (Dirección5820) debido a la cercanía del pozo AB-0478 (POZO Esperanza 1A(...)”. Menciona que se le obliga a realizar un estudio hidrogeológico para poder brindar el servicio, para el cual no cuenta con posibilidades económicas. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.\n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Esta Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y otros entes competentes pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. Al respecto, mediante Sentencia N° 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, esta Sala resolvió lo siguiente:\n\n“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.\n\nEstas consideraciones son aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Además, es menester indicar que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la instalación de tal servicio les corresponde a las autoridades administrativas correspondientes, sin que esta Sala incursione en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia (en ese sentido, ver la Sentencia N° 2016-004202 de las 14:30 horas del 29 de marzo de 2016). Por lo expuesto, lo propio es que la parte recurrente acuda, si a bien lo tiene, ante la vía común, a fin de alegar su disconformidad con lo resuelto por la recurrida. Por lo expuesto, el recurso es inadmisible y así se declara.\n\nIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, la mayoría de la Sala rechaza el amparo con el argumento de que las instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable o condicionarlas, si existen razones técnicas o legales que así lo justifican; sin embargo, salvo el voto con base en las siguientes consideraciones:\n\nEl artículo 50 de la Carta Magna establece que toda persona es titular del derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. Añade que el agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. También impone que su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, así como que tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nA partir de lo anterior, está claro que el carácter prioritario que constitucionalmente se le da al abastecimiento de agua potable obliga a las entidades competentes a adoptar las medidas adecuadas para prever que tal servicio público se brinde de manera igual, continúa y eficiente, lo que exige, a la vez, la adaptación o mutabilidad pertinente, de manera tal que, dentro de una marco de razonabilidad, la infraestructura y las tecnologías se adecuen a los nuevos requerimientos de la sociedad y a los cambios de la naturaleza.\n\nAsí las cosas, estimo que se requiere de más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub lite se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.\n\n \n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KY436GLLQ36W61\n\nEXPEDIENTE N° 25-031965-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:35:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE: No. 25-031965-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN: No. 2025035404\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of October two thousand twenty-five.\n\n Recourse of amparo processed in expediente No. 25-031965-0007-CO, filed by Nombre90296, identity card number CED50493; against LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber, the petitioner files a recurso de amparo against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and states the following: “(...) The undersigned, at my age, am a usufructuary of a property located in Heredia, Ulloa, one kilometer south of the east side of the Hospital, measuring 480 square meters. I wish to build on the site to live there, in my senior years. I have made efforts and requests to obtain the segregation and division. The Municipalidad indicates that I need an approval from the entity Empresa de Servicios Públicos de Heredia. But the aforementioned entity refuses to grant a drinking water connection (paja de agua potable), nor can I install electricity. It is established that the rural property (fundo) is immersed in a zone of absolute prohibition since the year 2022; when the lordship I hold over the fundo was born in 2000 when the undersigned acquired it. First my father whose name was Nombre90297. In the year 2015 I constituted the usufruct and donated the fundo to my children, reserving the usufruct. Nobody mentioned to me that there was an administrative prohibition. The same is surprising and very recent. In no way was it taken into account that for a long time, years, I had acquired it. Unequal treatment is given to the undersigned in her request with respect to other property owners. Because in the surroundings, along the boundaries, there are houses, mechanical workshops, an urbanization that borders the lot on the west side. houses built to the south and the workshop to the north. At my age I am put in a predicament, I have the right to the assignment of water and availability. There is also a mechanical workshop; all the mentioned owners do have the services. The administrative entity denies the petition based on Ley N.º. 7788 Ley de Biodiversidad in its article 109 which mandates “the burden of proof of the absence of contamination, degradation or non-permitted affectation, shall correspond to whoever requests the approval, the permit or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage. But said proof must be carried out by the entity so as not to spoil the interests of the administered parties. I could not pay for it. I base myself on the Ley de Protección al Adulto Mayor. 4 Specifically, the act contains the injury to my fundamental rights of subsistence to live in a healthy environment. Saying that the petition is denied and one is obligated to carry out a hydrogeological study which I cannot afford and which causes me great harm. The undersigned is a pensioner of the Ministerio de Educación and I do not have the possibility of carrying it out. The well does not belong to me, so I should not carry out the study but rather the owner of the well that is desired to be protected. With the existence already of the approval (visado) on the plan, I have the right to consider that the property is suitable for obtaining the water resource. Surprisingly, something vital is denied to me for my permanence in the place. Great harm is caused to me in particular and retroactive treatment is given to the aforementioned Ley to my detriment. 5 6 7. I consider the fundamental rights of equality before the Law, my right to live in a healthy environment, not to retroactively apply a law that causes me harm, violation of the right to property, article 45 of the Constitución Política violated (...)”. For the foregoing, she requests the intervention of the Chamber.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject de plano or on the merits, at any time, even from its presentation, any proceeding that comes to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar proceeding that was rejected.  \n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner shows her disconformity with the respondent company inasmuch as she is a usufructuary of a property located in Heredia and made a request to be able to subdivide (segregar) the real property (inmueble). However, the Municipalidad indicated to her that she needs an approval from the respondent company; but, the drinking water connection (paja de agua potable) is denied to her, despite the fact that in other neighboring properties they have been provided the service. The foregoing, insofar as the following was indicated: “(...) The Negocio de Agua Potable e Hidrantes does not endorse the granting of services for the property with plan H-47360-1992 (Address5820) due to the proximity of well AB-0478 (POZO Esperanza 1A(...)”. She mentions that she is forced to carry out a hydrogeological study in order to be provided the service, for which she does not have the economic means. For the foregoing, she requests the intervention of the Chamber.\n\nII.- ON THE SPECIFIC CASE. This Chamber has considered that, although there exists a fundamental right to drinking water, its exercise is not indiscriminate, to the point that there is an obligation on the entities that provide that service to provide it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalidades, or the associations that administer aqueducts and sewer systems and other competent entities may deny the availability of drinking water if there exist technical reasons that so justify it. In this regard, through Sentence No. 2009-003825 of 16:49 hours on March 10, 2009, this Chamber resolved the following:\n\n“(...) It is understood then, that although there exists a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or advise against the administration providing the drinking water service, a situation that determines that the administration lacks the obligation to provide the drinking water service in the event of the existence of technical reasons that advise against it or make it impossible, and must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be attended to (...)”.\n\nThese considerations are applicable to the case under study, as this Tribunal finds no reasons to vary the criterion expressed in said sentence, nor motives that would make it assess the situation posed in a different manner. Furthermore, it is necessary to indicate that the verification of compliance with legal or technical requirements to obtain the installation of such service corresponds to the corresponding administrative authorities, without this Chamber venturing into the matter, because it involves aspects of ordinary legality beyond its competence (in that sense, see Sentence No. 2016-004202 of 14:30 hours on March 29, 2016). For the foregoing, the proper course is for the petitioner to resort, if she so wishes, to the ordinary jurisdiction (vía común), in order to assert her disconformity with what was resolved by the respondent. For the foregoing, the recurso is inadmissible and is so declared.\n\nIII.- DISSENTING VOTE (VOTO SALVADO) OF JUDGE RUEDA LEAL. In the case at hand (sub lite), the majority of the Chamber rejects the amparo with the argument that the institutions that provide the drinking water supply service can validly reject requests for drinking water service or condition them, if there exist technical or legal reasons that so justify it; however, I dissent based on the following considerations:\n\nArticle 50 of the Carta Magna establishes that every person is the holder of the human, basic and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. It adds that water is a good of the nation, indispensable to protect such human right. It also imposes that its use, protection, sustainability, conservation and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, as well as that the supply of drinking water for consumption by persons and populations shall have priority.\n\nBased on the foregoing, it is clear that the priority character that is constitutionally given to the supply of drinking water obliges the competent entities to adopt the appropriate measures to provide for such public service to be rendered equally, continuously and efficiently, which demands, at the same time, the pertinent adaptation or mutability, in such a way that, within a framework of reasonableness, the infrastructure and technologies adapt to the new requirements of society and to changes in nature.\n\nThus, I deem that more elements of knowledge are required to accredit or rule out that in the sub lite a constitutional-level affectation has occurred that merits the intervention of the Chamber.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe recurso is rejected de plano. Judge Rueda Leal dissents and orders the amparo to be processed.\n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nPresidente a.i\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\n \n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\n \n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\n \n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n \n\nKY436GLLQ36W61\n\nEXPEDIENTE N° 25-031965-0007-CO"
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