{ "id": "nexus-sen-1-0007-1351746", "citation": "Res. 40620-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Detención de activista en desalojo ambiental sin uso desproporcionado de fuerza", "title_en": "Arrest of activist in environmental eviction without excessive force", "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó un recurso de hábeas corpus presentado en favor de una mujer detenida durante un desalojo judicial en la comunidad de Chorreras, Cutris de San Carlos. El desalojo, ordenado en el expediente 25-000857-0306-PE por invasión al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, contó con la participación de autoridades como SINAC, Fuerza Pública y Ministerio Público. La amparada, quien se identificó como abogada sin acreditarlo, incitó a los ocupantes a no desalojar voluntariamente, profirió insultos y opuso resistencia, lo que motivó su aprehensión. La Sala determinó que no se acreditó uso desproporcionado de la fuerza ni desaparición forzada; la detención se fundamentó en flagrancia y fue puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos, que abrió causa por resistencia. El caso ilustra los límites del hábeas corpus en contextos de desalojos ambientales cuando la actuación policial se ajusta al artículo 235 del Código Procesal Penal y existe control judicial posterior en la vía ordinaria.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denied a habeas corpus petition filed on behalf of a woman arrested during a judicial eviction in the community of Chorreras, Cutris de San Carlos. The eviction, ordered in case 25-000857-0306-PE for invasion of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, involved authorities such as SINAC, Public Force, and the Prosecutor’s Office. The detainee, who claimed to be a lawyer without proof, incited occupants not to leave voluntarily, insulted officers, and resisted, leading to her apprehension. The Chamber found no excessive force or enforced disappearance; the arrest was based on flagrancy and she was placed at the disposal of the Flagrancy Prosecutor’s Office in San Carlos, which opened a case for resistance. The ruling illustrates the limits of habeas corpus in environmental eviction contexts when police action complies with Article 235 of the Code of Criminal Procedure and subsequent judicial oversight exists.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "05/12/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "hábeas corpus", "flagrancia", "desalojo", "Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo", "SINAC", "fuerza mínima", "dirección funcional", "resistencia" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 235", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 236", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "hábeas corpus", "detención", "desalojo", "fuerza pública", "flagrancia", "resistencia", "Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo", "SINAC", "activista", "ambiente" ], "keywords_en": [ "habeas corpus", "arrest", "eviction", "public force", "flagrancy", "resistance", "National Wildlife Refuge Border Corridor", "SINAC", "activist", "environment" ], "excerpt_es": "Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala.\n\nSobre el particular, la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional. En ese sentido, únicamente sostiene que fue “reducida a la impotencia” y, por su parte, las autoridades policiales señalan que se utilizó la “fuerza mínima”.\n\nAhora, aun cuando se acusa se la detención fue arbitraria e infundada, no menos cierto es que la Fuerza Pública, según el informe policial, abordó una situación de conflicto en la que estuvo involucrada la amparada, en virtud de la cual fue aprehendida y, posteriormente, puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), la cual le abrió una causa “por el delito de resistencia” y la indagó el mismo día e, incluso, le notificó la fecha de otra diligencia a realizarse el 10 de diciembre siguiente. Es decir, a los efectos de esta jurisdicción constitucional no constata alguna arbitrariedad manifiesta ni alguna actuación que haya desbordado el contenido del artículo 235 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se determine si ella cometió o no algún delito.", "excerpt_en": "From this perspective, in the terms set forth in the filing, any situation that at this time warrants the Chamber’s intervention is ruled out.\n\nOn this point, the petitioner does not describe any situation of disproportionate use of force or allege any physical injury of constitutional significance. In that regard, they merely assert that she was “rendered powerless,” while the police authorities state that “minimum force” was used.\n\nNow, even though it is claimed that the arrest was arbitrary and unfounded, it is no less true that the Public Force, according to the police report, addressed a conflict situation in which the detainee was involved, by virtue of which she was apprehended and subsequently placed at the disposal of the Flagrancy Prosecutor’s Office of the Second Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos), which opened a case “for the crime of resistance” and questioned her the same day, and even notified her of the date of another proceeding to be held on December 10. In other words, for the purposes of this constitutional jurisdiction, no manifest arbitrariness is found or any action that exceeded the scope of Article 235 of the Code of Criminal Procedure, without prejudice to whether the ordinary courts determine whether she committed a crime or not.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The habeas corpus petition was denied because no disproportionate use of force or enforced disappearance was proven; the arrest was based on flagrancy and was referred to ordinary criminal proceedings.", "summary_es": "Se declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus porque no se acreditó un uso desproporcionado de la fuerza ni desaparición forzada; la detención se basó en flagrancia y fue remitida a la vía penal ordinaria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "the petitioner does not describe any situation of disproportionate use of force or allege any physical injury of constitutional significance.", "quote_es": "la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "for the purposes of this constitutional jurisdiction, no manifest arbitrariness is found or any action that exceeded the scope of Article 235 of the Code of Criminal Procedure, without prejudice to whether the ordinary courts determine whether she committed a crime or not.", "quote_es": "a los efectos de esta jurisdicción constitucional no constata alguna arbitrariedad manifiesta ni alguna actuación que haya desbordado el contenido del artículo 235 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se determine si ella cometió o no algún delito." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "it is not for this Chamber to determine whether there was any illegal seizure of the detainee’s cell phone. 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ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: LIBERTAD DE TRÁNSITO\n\nSubtemas:\n\nDETENCION.\n\n40620-25. LIBERTAD DE TRÁNSITO. SOBRE LA DETENCIÓN DE UNA MUJER EN DESALOJO. SIN LUGAR AL COMPROBARSE QUE NO HUBO USO DESPROPORCIONADO DE FUERZA EN SU DETENCIÓN. VCG01/2026\n\n“(…) III.-Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante indica que, de forma arbitraria e infundada, la Fuerza Pública detuvo a la persona tutelada en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos de Alajuela. Afirma que se desconoce el paradero de la amparada. Expone que, con ocasión del desalojo, derribo y demolición de la comunidad de Las Chorreras, la justiciable, quien se encontraba presente en el lugar, “puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido” (sic).\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la persona tutelada tiene 42 años. El Informe de la Fuerza Pública nro. 199641-25 de 25 de noviembre de 2025, consignó las siguientes diligencias policiales: “1. AL SER LAS 08:10 SE REALIZANDO DESALOJO EN EL SECTOR SAN CARLOS CUTRIS CHORRERAS BAJO RESOLUCION NUMERO 967-2025 CAUSA NÚMERO 25-000857-0306-PE A LA HORA DE ESTAR REALIZANDO LA LABOR POLICIAL SE APERSONA AL LUGAR UNA FEMENINA DE NOMBRE SUSANA [Nombre 002] COSTARRICENSE CEDULA [Valor 002] CON UNA CONDUCTA AGRESIVA AGITANDO LAS PERSONAS DEL LUGAR A QUE NO SALGAN LAS CUALES NO SE IDENTIFICAN Y QUE DESOVEDESCA LA ORDEN DE SALIR VULUMTARIAMENTE, OFENDIENDO A LA FIGURA DE LOS OFICIALES DE FUERZA PÚBLICA DICIENDO SINVERGÜENZAS POLICÍAS MUERTOS DE HAMBRE USTEDES NO SEBEN LO QUE HACEN MALDITOS, TAMBIEN INDICA QUE ELLA ES ABOGADA QUE LOS REPRESENTA PERO LA. MISMA NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE LA ACREDITE COMO TAL NI PORTA NINGUN DOCUMENTO QUE AVALE SU MANIFESTACION POR LO QUE SE LE INVITA A SALIR DEL LUGAR POR SEGURIDAD DE TODOS PRESENTES EN LA EN LA LABOR DE DESALOO ESTA SE NIEGA DE FORMA DESAFIANTE Y MANIFIESTA NO VA SALIR DE NINGUNA MANERA POR LO QUE APREHENDE Y ESTA SE TORNA AGRESIVA HACIA LA FIGURA POLÍCIAL, A LA HORA DE LA APREHENCION SE LE. PERSIBE UN OLOR A ALCOHOL SE LE INDICA EL MOTIVO DE LA APREHENCION AL OSTRUIR LA LABOR POLICIAL, SE LE INDICA QUE TIENE DERECHO A NO DECLARAR, A INFORMAR SU CONDICIÓN JURIDICA Y DERECHO A UN ABOGADO ESTA LOS. COMPRENDE DE BUENA FORMA AL SER LAS 08:24 INDICA LICENCIADO DE APOYO LEGAL BERNY ABARCA VEGA DEJAR DETENIDA DETENIDA A LA ORDEN LA FISCAL DE TURNO ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA FISCAL AUXILIAR DE SAN CARLOS POR EL DELITO 2. DE OBSTRUCCION A LA LABOR POLICIAL AL SER LAS 09:00 HORAS SE. CONFECCIÓNA INFORME POLICIAL PARA REMITIRLO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE” (sic). El comandante Junier Villalta Rubí, subdirector regional de la Dirección Chorotega Norte de la Fuerza Pública, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 de 26 de noviembre de 2025, consignó: “El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes (…) Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como [Nombre 002], en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Everlin Andino Espinoza, cédula de identidad 206420605, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia. Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. (…) La amparada [Nombre 002] fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros. (…) Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada [Nombre 002] dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos”.\n\nDesde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala.\n\nSobre el particular, la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional. En ese sentido, únicamente sostiene que fue “reducida a la impotencia” y, por su parte, las autoridades policiales señalan que se utilizó la “fuerza mínima”.\n\nAhora, aun cuando se acusa se la detención fue arbitraria e infundada, no menos cierto es que la Fuerza Pública, según el informe policial, abordó una situación de conflicto en la que estuvo involucrada la amparada, en virtud de la cual fue aprehendida y, posteriormente, puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), la cual le abrió una causa “por el delito de resistencia” y la indagó el mismo día e, incluso, le notificó la fecha de otra diligencia a realizarse el 10 de diciembre siguiente. Es decir, a los efectos de esta jurisdicción constitucional no constata alguna arbitrariedad manifiesta ni alguna actuación que haya desbordado el contenido del artículo 235 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se determine si ella cometió o no algún delito. Justamente, es en tal cauce procesal ordinario es donde la parte legitimada puede, si lo estima pertinente, someter a contradictorio su posición y evacuar prueba de forma amplia.\n\nPor otro lado, el recurrente no demostró contar con algún vínculo jurídico que obligara a la Fuerza Pública a comunicarle a él el paradero de la tutelada, ni tampoco expuso haber solicitado tal información, por lo que prima facie no se observa alguna vulneración en ese sentido. A la fecha de interposición del recurso y hasta donde tuvo conocimiento el accionante (momento de la aprehensión), no se configura alguna transgresión susceptible de ser declarada en la vía del habeas corpus.\n\nFinalmente, no corresponde a la Sala determinar si hubo o no algún decomiso ilegal del celular de la amparada. Más bien, las autoridades policiales señalaron que “se mantuvo provisionalmente en custodia” como parte “del Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública”. De igual manera, la recurrente no se expuso alguna afectación concreta e individualizada que le haya ocurrido a la tutelada durante su traslado. Tampoco mencionó que haya comunicado alguna situación personal o condición médica que ameritaran ser tomadas en consideración.\n\nAtinente al sub examine, la Sala, en la sentencia nro. 2025011242 de las 9:20 horas de 10 de abril de 2025, resolvió en un asunto cuyas consideraciones resultan aplicables:\n\n“En primer lugar, respecto del motivo y dinámica de la aprehensión, a priori se descarta alguna situación lesiva de los derechos fundamentales del tutelado, susceptible de ser declarada en esta vía sumaria de habeas corpus.\n\nAl respecto, de los elementos de prueba aportados a los autos se verifica que el 13 de marzo de 2025 el tutelado fue aprehendido por agentes del OIJ de Santa Cruz, toda vez que, en la sala de espera de esa dependencia, el justiciable se comportó de manera violenta, al punto que propició un golpe a uno de los funcionarios con el que se encontraba previamente dialogando. Esta situación, evidenciada en los videos incorporados a los autos, justificó el actuar policial, el cual no observa esta Cámara que haya sido desmedido o desproporcionado, pues simplemente los agentes le colocaron los dispositivos de seguridad (esposas metálicas) en sus manos y lo trasladaron a las celdas. De manera que en el sub iudice no se tiene por acreditado que los agentes judiciales hayan utilizado una fuerza de tal magnitud como para justificar la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\nAhora bien, el recurrente cuestiona que la aprehensión se haya efectuado pese a que, a su juicio, no cometió ningún delito; sin embargo, se constata que por los hechos en cuestión al tutelado se le sigue un proceso penal por el delito de resistencia, que se tramita en el expediente nro. 25-000139-1260-PE ante el Tribunal de Flagrancia de Santa Cruz. En tal sentido, conviene resaltar que el ordinal 236 del Código Procesal Penal estatuye:\n\nARTICULO 235.-Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, cuando:\n\na) Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo (…)”.\n\nPor su parte, el artículo 236 eiusdem dispone:\n\n“ARTICULO 236.-Flagrancia Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.”.\n\nDe tal manera, contrario a lo alegado por el accionante, la actuación policial cuestionada obedeció a hechos que se investigan como delito en una sumaria penal tramitada bajo el procedimiento de flagrancia, de modo que a los efectos de esta jurisdicción constitucional no se trata de una actuación ilegítima. Ahora, advierta el recurrente que no le compete a esta Cámara determinar si finalmente los hechos resultan constitutivos o no de un delito, ni tampoco establecer la calificación según la normativa penal sustantiva. Así, cualquier inconformidad con tales aspectos deberá formularla en la propia vía penal, a través de los mecanismos que la legislación procesal establece para tales efectos.\n\nEn consecuencia, en relación con estos extremos se declara sin lugar el recurso”.\n\nErgo, se declara sin lugar el recurso. (…)”\n\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-036808-0007-CO\n\nRes. Nº 2025040620\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del cinco de diciembre de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de habeas corpus que se tramita en el expediente nro. 25-036808-0007-CO, interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, a favor de Nombre91426, cédula de identidad CED22584, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital 25 de noviembre de 2025, la parte accionante interpone recurso de habeas corpus a favor de Nombre91426. Expone: “ha sido en este momento reducida a la impotencia fisica, detenida arbitrariamente por la fuerza publica en la comunidad de Chorreras, en Cutris, San Carlos Alajuela, sin razón alguna, de manera arbitraria y lo más grave se desconoce su actual paradero. Estamos en presencia de la primera desaparición documentada de un activista social en Costa Rica bajo el regimen del actual gobierno? En la comunidad de Las Chorreras se está llevando a cabo un proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad asentada en ese lugar por decadas, el cual estaba siendo documentado y expuesto en vivo la pais por parte de la Señora Nombre91426,. Además la Señora Nombre91426 puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido. En este momento se desconoce el paradero de la Señora Nombre91426. DERECHO VIOLENTADO: La fuerza publica destacada en la comunidad de las Chorreras, en Cutris de San Carlos, ha violentado en el caso concreto de la señora Nombre91427 el articulo 48 de nuestra Carta Magna que reza: ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10. Asimismo Desde la emisión del voto de nuestra Sala Constitucional número 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, que posteriormente fue reforzado en la sentencia 01185-95 de la misma Sala, se ha plasmado como elemento esencial del Debido Proceso Penal, el derecho a ser oído y escuchado, por parte de un juez, de previo a tomarse una decisión judicial que limite la libertad ambulatoria de un ciudadano. SOLICITUD Solicito que se exija al Ministerio de Seguridad Pública que indique dónde tienen detenida ilegalmente a la Señora Nombre91426, y determinando que la Señora Nombre91426 no ha sido torturada y no está desaparecida, que sea puesta en libertad de manera inmediata, pues no existen cargos penales contra ella y adicional se le permita libremente seguir documentando los actos de demolición y derribo de la comunidad de Chorreras, en el ejecicio de su libertad de expresión, para exponer al pais como un monumento de este gobierno que lo que ocurre en Chorreras de aplastar a los excluidos y a los que menos tienen, es una politica de Estado” (sic).\n\n2.- Mediante resolución de las 15:48 horas de 25 de noviembre de 2025, la Presidencia de la Sala dispuso: “Visto el recurso de habeas corpus que se tramita en expediente número 25- 036808-0007-CO, interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, a favor de Nombre91426, cédula de identidad CED22584, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe el director general de la Fuerza Pública y el jefe de la Delegación Policial de San Carlos, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: que la tutelada es activista social y fue detenida arbitrariamente por la Fuerza Pública, en la comunidad de Chorreras, en Cutris, San Carlos Alajuela, sin razón alguna. Afirma que al día de interposición del recurso se desconoce el paradero de su representada, lo que considera como \"la primera desaparición documentada de un activista social en Costa Rica bajo el régimen del actual gobierno\". Expone que en la comunidad de Las Chorreras se está llevando a cabo un proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad asentada en ese lugar por décadas, el cual estaba siendo documentado y expuesto en vivo el país por parte de la Señora Nombre91426. Refiere que la tutelada puso en conocimiento la Fuerza Pública de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos, y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia, le decomisaron ilegalmente su celular con el que informaba a la comunidad y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representada. Solicita la intervención de esta Sala”.\n\n3.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de noviembre de 2025, rinde informe bajo juramento Marlon Cubillo Hernández, director general de la Fuerza Pública, en los siguientes términos: “SEGUNDO: En primera instancia se debe aclarar a esta Honorable Sala, que en la división territorial político administrativo el distrito de Cutris pertenece al Cantón Central de San Carlos. En lo que respecta a la división policial operativa de la Fuerza Pública, por un tema de alcance, control policial, fiscalización y por la realidad geográfica el distrito de Cutris es competencia de la Delegación Policial de los Chiles, la cual está adscrita a la Dirección Regional Chorotega Norte, que está compuesta por los cantones de los Chiles, Upala y los distritos de Cutris y Pocosol pertenecientes administrativamente al cantón central de San Carlos, por lo que el dispositivo para dar cumplimiento a la orden judicial con sentencia penal firme, estuvo a cargo del Comandante Junier Villalta Rubí, Sub Director Regional de la Dirección Chorotega Norte y se desarrolló bajo la Orden de Operaciones N° 216-2025-DO-PYO. TERCERO: Para iniciar con la narrativa del presente informe, es prudente informarle que, los hechos alegados por la recurrente no constan de forma personal, ni tuve actuaciones dado que las acciones citadas se dan en el sector de Cutris, por lo que se le solicito al Comandante Junier Villalta, el cual como ya se mencione anteriormente fue quien estuvo encargado de la operación, que rindiera un informe con la finalidad de dar respuesta a su honorable autoridad. CUARTO: Mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025, del 26 de noviembre del 2025 el Comandante, Junier Villalta Rubí, detalla acerca de los hechos recurridos según se cita a continuación: “... El Sistema Nacional de Áreas de Conservación interpuso ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos denuncia penal por el delito de Invasión a Área de Protección, mismo tramitado bajo expediente 25-000857-0306- PE. Al respecto se detalla que, en fecha anterior al 07 de mayo del año 2025, personas de calidades ignoradas, invadieron el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, ubicado en la localidad de Chorreras y Las Crucitas de Cutris, San Carlos, para lo cual dentro del cordón fronterizo construyeron casas de habitación, locales comerciales y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas; sin autorización alguna. Posteriormente el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela conoce la causa y acoge la solicitud de la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos; sea la aplicación del ordinal 140 del Código Procesal Penal, en el tanto que considera que existe una probabilidad de que nos encontremos ante una conducta delictiva (típica, antijurídica y sujeta a pena), y por otro lado debe cumplirse con el mandato constitucional y legal de procurar la conservación de las zonas destinadas a la protección ambiental ... \" Continua con la narración de hechos indicando: “Para ello se determinó: a. La invasión se realiza dentro de un Refugio Nacional de Vida Silvestre, b. Que, pese a que se habían otorgado permisos de uso y arrendamiento en dicha franja fronteriza, los mismos ya vencieron y no han sido renovados desde el año 2010. c. Que las personas que ocupan o podrían estar ocupando estos terrenos lo hacen de manera ilegítima, d. Se aportó prueba (imagen satelital de los años 2014 al 2017), de que dichas estructuras no existían. e. Construcciones carecen de permisos respectivos por las entidades del Estado, por lo que deben considerarse ilegales, f. Se cuenta con el grado de probabilidad suficiente y requerido para valorar la imposición de la medida cautelar, aunado a ello, se verifica detrimento en los recursos naturales por las acciones realizadas, que en definitiva ponen en peligro el delicado balance de los ecosistemas que estos refugios protegen, surgiendo la necesidad que el Estado por medio del Poder Judicial, intervenga los hechos denunciados, con la finalidad de evitar una lesión mayor al medio ambiente o en el peor de los casos que sea irreversible; con la implementación de la medida cautelar pretendida la restitución de las cosas a su estado anterior). Al respecto se han emitido cuatro resoluciones, tres de ellas resueltas por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela y una resuelta por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos. Por disposición del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, ratificada por Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos se ordenó la demolición de 76 estructuras; casas de habitación (algunas en construcción), pulperías, bar-restaurante, la demolición y limpieza de escombros, en caso de no realizarse la obligación de Municipalidad de San Carlos y el SINAC de realizar la demolición y disposición de residuos. Además, advierte a interesados en caso de no acatar lo dispuesto la posibilidad de ser procesados por el delito de desobediencia a la autoridad\". Nótese, que existe todo un antecedente judicial previo, gestionado por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación quien interpuso ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos denuncia penal por el delito de Invasión a Área de Protección, mismo tramitado bajo expediente 25-000857-0306- PE. QUINTO: Que la Fuerza Pública, en cumplimento de las resoluciones que emite la autoridad judicial se presentó a dar cumplimento a lo sentenciado con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad de los funcionarios del Poder Judicial, de los funcionarios del Poder Ejecutivo y acompañando al personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes fueron los encargados de gestionar los trámites para la ejecución del desalojo, además, garantizar la seguridad de los usurpadores del dominio público, según se detalla: \" ... Que previo a la ejecución del desalojo judicial expediente 25-000857-0306- PE, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) mediante oficio CARTA SINAC-ACAHN-DR-329-2025, suscrito por Mariana Jiménez A. Directora Regional a. I. Área de Conservación Arenal Huetar Norte, solicita la colaboración de la Fuerza Pública para la ejecución de dicho desalojo ...” Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 39277-MP-MSP-JP-MIVHA-MDHIS, el Reglamento para el trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Publica y en concordancia con la Circular MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0061-2023, previo a dar cumplimiento a la orden judicial se realizó todas las coordinaciones interinstitucionales a efectos de que el proceso fuese lo menos lesivo posible, según se cita a continuación: “ ... El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes ... \" SEXTO: Sobre el caso que nos ocupa, ya propiamente en lo que fue la ejecución del desalojo se presentan los siguientes hechos: “Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como Nombre91426, en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Nombre91428, cédula de identidad CED51670, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia. Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. SETIMO (sic): Que las acciones realizadas no responden a una \"desaparición\", tal como lo quiere hacer ver la recurrente si no que las actuaciones policiales se realizaron en procura de garantizar el orden público y la seguridad de las personas que se mantenían en el lugar, que además se actuó bajo la dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos según se señala: \" ... La amparada Nombre91426 fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros. Falta a la verdad el recurrente Nombre87592 al indicar que la amparada fue arbitrariamente detenida por la Fuerza Pública, puesto que tal y como se ha indicado anteriormente la amparada fue inicialmente abordada realizando actos que podían atentar contra la seguridad y tranquilidad del desalojo judicial que se estaba ejecutando y posteriormente y bajo dirección funcional al ser sorprendida en flagrante delito ... \" Obsérvese, que pese a que se le indico (sic) en varias ocasiones a la amparada que se retirara del sitio donde se llevaba a cabo el dispositivo, la misma hizo caso omiso y asumió actitudes violentas en contra de los oficiales actuantes, inclusive ingreso (sic) a un inmueble que no era de su propiedad, causando temor en los ocupantes del inmueble. OCTAVO: En relación al (sic) alegato de la parte recurrente que a la amparada se le decomiso (sic) su teléfono, en el informe supra citado se establece: “... La Fuerza Pública no realizó el decomiso del teléfono celular de la amparada Nombre91426, el mismo se mantuvo provisionalmente en custodia de Fuerza Pública como parte de los haberes de la Imputada (amparada en el recurso 25-036808-0007-CO), custodia realizada en acatamiento del Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada Nombre91426 dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos ... \" Es decir, que la amparada fue puesta a la ordenes de la autoridad judicial competente donde se definió su situación jurídica y se le fijo fecha para la audiencia correspondiente, que valoren los señores magistrados que en el cumplimiento de la sentencia la autoridad que representa al Ministerio Público estuvo presente en sitio fiscalizando las distintas labores de las autoridades tanto judiciales como administrativas , dando dirección funcional por la presunción con los hechos existentes de la comisión de un delito de acción pública en perjuicio de la autoridad policial obsérvese sumaria 25-001026-1261-PE. NOVENO: En cuanto a la operación policial realizada, la fecha señalada, responde a la solicitud de colaboración del SINAC, por la invasión que hacen las personas que ocupan de manera irregular el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, ubicado en la localidad de Chorreras y Las Crucitas de Cutris, San Carlos, la Fuerza Pública actuó de acuerdo en (sic) sus funciones y atribuciones constitucionales y legales de vigilancia- y conservación del orden público, que son las de prevenir manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico, establecida estas en los artículos 11,12 y 50 de la Constitución Política artículos 8, 10 y 22 de la Ley General de Policía N° 7410, los funcionarios policiales actuaron bajo el amparo de la normativa costarricense, y no ha existido ninguna ilegítima aprehensión de forma arbitraria, abuso de autoridad u otra transgresión a los derechos constitucionales de la amparada. DECIMO (sic): Es importante mencionar, que en el sitio se contaba con maquinaria pesada que se mantenía demoliendo las estructuras (ver anexos), por lo que la permanencia de personas en el lugar podría comprometer la integridad física de las mismas, por lo que las acciones y manifestaciones de la señora Nombre91426, donde le indicaba a las personas que no se retiraran del sitio, no solo la ponía en riesgo a ella si no a las otras personas que se mantenían en la zona, y con este comportamiento se trataba por parte de esta de incumplir la sentencia judicial que fue emitida por una autoridad judicial y que debe ser de acatamiento de autoridades y de habitantes pues es una sentencia judicial que fue emitida durante un proceso donde todas las partes tuvieron la oportunidad de utilizar los recursos que para dichos efectos a establecido el proceso penal costarricense. SOBRE EL FONDO De acuerdo a (sic) lo que señala la parte recurrente, donde indica que: \" ... que la tutelada es activista social y fue detenida arbitrariamente por la Fuerza Pública, en la comunidad de Chorreras, en Cutris, San Carlos Alajuela, sin razón alguna. Afirma que al día de interposición del recurso se desconoce el paradero de su representada, lo que considera como “la primera desaparición documentada de un activista social en Costa Rica bajo el régimen del actual gobierno”. Expone que en la comunidad de Las Chorreras se está llevando a cabo un proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad asentada en ese lugar por décadas, el cual estaba siendo documentado y expuesto en vivo el país por parte de la Señora Nombre91426. Refiere que la tutelada puso en conocimiento la Fuerza Pública de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos, y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia, le decomisaron ilegalmente su celular con el que informaba a la comunidad y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representada ... \" Para esta Dirección General y de acuerdo a (sic) la prueba aportada se considera que las actuaciones policiales realizadas, estuvieron debidamente fundamentadas, motivadas y se encuentran conforme a derecho, se realizaron respetando el debido proceso, las garantías constitucionales de la amparada conforme a las potestades otorgadas por ley como se mencionó anteriormente, las diligencias policiales se realizaron en procura de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas que se mantenían en el lugar del desalojo, las personas que usurpaban el dominio público, trabajadores del SINAC y otras instituciones que se apersonaron al sitio, para la adecuada atención del cumplimiento de la sentencia judicial. En el presente caso, el inmueble a desalojar como ya se citó anteriormente, corresponde a un Refugio Nacional de Vida Silvestre del Corredor Fronterizo, al ser un área silvestre protegidas, forma parte del patrimonio forestal del Estado, por lo cual en cumplimento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, la Fuerza Pública apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en la ejecución de la sentencia para la recuperación del mismo, como en derecho corresponde, velando por el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dado que las acciones perpetradas por la aquí amparada atentaban contra el adecuado desarrollo del proceso se procedió con su aprehensión, siguiendo la dirección funcional de la Fiscalía, y posteriormente es remitida a la autoridad judicial competente donde se definió su situación jurídica. Con todo respecto por no haberse vulnerado derechos fundamentales de la señora Nombre91426, es importante indicar, que a la fecha al cierre de la operación el único acto de violencia que se registró fue la actuación delictiva de la amparada quién a la fecha de hoy está sujeta a un proceso penal que tramita la Fiscalía de Flagrancia de la Jurisdicción de San Carlos. Con todo respeto le solicito declarar SIN LUGAR la Acción de Habeas Corpus interpuesto, y se proceda al archivo del expediente. (…) PETITORIA 1. Se le solicita a su honorable autoridad declarar SIN LUGAR el Acción de Habeas Corpus, tramitado bajo el expediente número 25-036808-0007-CO, interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, a favor de Nombre91426, cédula de identidad CED22584, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, de, a efectos de archivar el expediente”.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de diciembre de 2025, rinde informe bajo juramento Marianela Rodríguez Delgado, jefe de la Delegación Policial de San Carlos Este del Ministerio de Seguridad Pública, en los siguientes términos: “PRIMERO: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación interpuso ante la fiscalía de San Carlos II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos denuncia penal por delito de invasión a Área Protección, misma tramitando bajo expediente 25-000857-0306- PE. Lo cual tenía una resolución 967-2025 que tenia (sic) dos meses a partir de la firmeza de la presente resolución para que se ejecute desalojo ordenado por el Juzgado Penal de San Carlos, la resolución al ser las trece horas veinte minutos del veintidós de setiembre del dos mil veinticinco. SEGUNDO: Previo a la ejecución del desalojo judicial expediente 25-000857-0306- PE el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Mediante oficio Carta SINAC-ACAHNDR-329-2025, suscrita por Mariana Jiménez A. Directora Regional a.i. Área de Conservación Arenal Huetar Norte, solicita la colaboración de la ejecución de dicho desalojo. TERCERO: El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente a la 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en el expediente 25-000857-3006-PE operativo participo varias instituciones al desalojo. CUARTO: La Delegación de San Carlos Este no es la jurisdicción de la competencia de dicho desalojo de Chorreras Cutris, por ende, el personal policial de la Delegación de San Carlos, no estaba convocado en dicho evento por lo tanto en los libros de la Delegación no tenemos registro de la recurrente. QUINTO: Honorable Sala es importante mencionar el Director Regional Chorotega Norte, Comandante Junier Villalta Rubí, es el responsable ver el sector de Chorreras el mismo contesto las diligencias al Director General de la Fuerza Pública al Comisario Marlon Cubillo Hernández bajo el Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP – DROCHN-2619-2025. PRETENSIÓN Por todo lo anterior expuesto, se le solicita con el respeto debido a la Honorable Sala, que, en virtud de los hechos alejados, y la fundamentación presentada, se declare sin lugar el recurso de Habeas corpus presentado por la señora Nombre91426”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,\n\nConsiderando:\n\n I.-Objeto del recurso. La parte accionante indica que, de forma arbitraria e infundada, la Fuerza Pública detuvo a la persona tutelada en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos de Alajuela. Afirma que se desconoce el paradero de la amparada. Expone que, con ocasión del desalojo, derribo y demolición de la comunidad de Las Chorreras, la justiciable, quien se encontraba presente en el lugar, “puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido” (sic).\n\nII.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na.     La persona tutelada tiene 42 años. (Consulta en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb.    El Informe de la Fuerza Pública nro. 199641-25 de 25 de noviembre de 2025, consignó las siguientes diligencias policiales: “1. AL SER LAS 08:10 SE REALIZANDO DESALOJO EN EL SECTOR Dirección5913 BAJO RESOLUCION NUMERO 967-2025 CAUSA NÚMERO 25-000857-0306-PE A LA HORA DE ESTAR REALIZANDO LA LABOR POLICIAL SE APERSONA AL LUGAR UNA FEMENINA DE NOMBRE Nombre91426 CEDULA CED25412 CON UNA CONDUCTA AGRESIVA AGITANDO LAS PERSONAS DEL LUGAR A QUE NO SALGAN LAS CUALES NO SE IDENTIFICAN Y QUE DESOVEDESCA LA ORDEN DE SALIR VULUMTARIAMENTE, OFENDIENDO A LA FIGURA DE LOS OFICIALES DE FUERZA PÚBLICA DICIENDO SINVERGÜENZAS POLICÍAS MUERTOS DE HAMBRE USTEDES NO SEBEN LO QUE HACEN MALDITOS, TAMBIEN INDICA QUE ELLA ES ABOGADA QUE LOS REPRESENTA PERO LA. MISMA NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE LA ACREDITE COMO TAL NI PORTA NINGUN DOCUMENTO QUE AVALE SU MANIFESTACION POR LO QUE SE LE INVITA A SALIR DEL LUGAR POR SEGURIDAD DE TODOS PRESENTES EN LA EN LA LABOR DE DESALOO ESTA SE NIEGA DE FORMA DESAFIANTE Y MANIFIESTA NO VA SALIR DE NINGUNA MANERA POR LO QUE APREHENDE Y ESTA SE TORNA AGRESIVA HACIA LA FIGURA POLÍCIAL, A LA HORA DE LA APREHENCION SE LE. PERSIBE UN OLOR A ALCOHOL SE LE INDICA EL MOTIVO DE LA APREHENCION AL OSTRUIR LA LABOR POLICIAL, SE LE INDICA QUE TIENE DERECHO A NO DECLARAR, A INFORMAR SU CONDICIÓN JURIDICA Y DERECHO A UN ABOGADO ESTA LOS. COMPRENDE DE BUENA FORMA AL SER LAS 08:24 INDICA LICENCIADO DE APOYO LEGAL BERNY ABARCA VEGA DEJAR DETENIDA DETENIDA A LA ORDEN LA FISCAL DE TURNO ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA FISCAL AUXILIAR DE SAN CARLOS POR EL DELITO 2. DE OBSTRUCCION A LA LABOR POLICIAL AL SER LAS 09:00 HORAS SE. CONFECCIÓNA INFORME POLICIAL PARA REMITIRLO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE” (sic). (Prueba aportada por el director general de la Fuerza Pública).\n\nc.     El comandante Junier Villalta Rubí, subdirector regional de la Dirección Chorotega Norte de la Fuerza Pública, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 de 26 de noviembre de 2025, consignó: “El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes (…) Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como Nombre91426, en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Nombre91428, cédula de identidad CED51670, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia. Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. (…) La amparada Nombre91426 fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros. (…) Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada Nombre91426 dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos”. (Prueba aportada por el director general de la Fuerza Pública).\n\nIII.-Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante indica que, de forma arbitraria e infundada, la Fuerza Pública detuvo a la persona tutelada en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos de Alajuela. Afirma que se desconoce el paradero de la amparada. Expone que, con ocasión del desalojo, derribo y demolición de la comunidad de Las Chorreras, la justiciable, quien se encontraba presente en el lugar, “puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido” (sic).\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la persona tutelada tiene 42 años. El Informe de la Fuerza Pública nro. 199641-25 de 25 de noviembre de 2025, consignó las siguientes diligencias policiales: “1. AL SER LAS 08:10 SE REALIZANDO DESALOJO EN EL SECTOR Dirección5913 BAJO RESOLUCION NUMERO 967-2025 CAUSA NÚMERO 25-000857-0306-PE A LA HORA DE ESTAR REALIZANDO LA LABOR POLICIAL SE APERSONA AL LUGAR UNA FEMENINA DE NOMBRE Nombre91426 CEDULA CED25412 CON UNA CONDUCTA AGRESIVA AGITANDO LAS PERSONAS DEL LUGAR A QUE NO SALGAN LAS CUALES NO SE IDENTIFICAN Y QUE DESOVEDESCA LA ORDEN DE SALIR VULUMTARIAMENTE, OFENDIENDO A LA FIGURA DE LOS OFICIALES DE FUERZA PÚBLICA DICIENDO SINVERGÜENZAS POLICÍAS MUERTOS DE HAMBRE USTEDES NO SEBEN LO QUE HACEN MALDITOS, TAMBIEN INDICA QUE ELLA ES ABOGADA QUE LOS REPRESENTA PERO LA. MISMA NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE LA ACREDITE COMO TAL NI PORTA NINGUN DOCUMENTO QUE AVALE SU MANIFESTACION POR LO QUE SE LE INVITA A SALIR DEL LUGAR POR SEGURIDAD DE TODOS PRESENTES EN LA EN LA LABOR DE DESALOO ESTA SE NIEGA DE FORMA DESAFIANTE Y MANIFIESTA NO VA SALIR DE NINGUNA MANERA POR LO QUE APREHENDE Y ESTA SE TORNA AGRESIVA HACIA LA FIGURA POLÍCIAL, A LA HORA DE LA APREHENCION SE LE. PERSIBE UN OLOR A ALCOHOL SE LE INDICA EL MOTIVO DE LA APREHENCION AL OSTRUIR LA LABOR POLICIAL, SE LE INDICA QUE TIENE DERECHO A NO DECLARAR, A INFORMAR SU CONDICIÓN JURIDICA Y DERECHO A UN ABOGADO ESTA LOS. COMPRENDE DE BUENA FORMA AL SER LAS 08:24 INDICA LICENCIADO DE APOYO LEGAL BERNY ABARCA VEGA DEJAR DETENIDA DETENIDA A LA ORDEN LA FISCAL DE TURNO ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA FISCAL AUXILIAR DE SAN CARLOS POR EL DELITO 2. DE OBSTRUCCION A LA LABOR POLICIAL AL SER LAS 09:00 HORAS SE. CONFECCIÓNA INFORME POLICIAL PARA REMITIRLO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE” (sic). El comandante Junier Villalta Rubí, subdirector regional de la Dirección Chorotega Norte de la Fuerza Pública, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 de 26 de noviembre de 2025, consignó: “El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes (…) Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como Nombre91426, en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Nombre91428, cédula de identidad CED51670, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia. Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. (…) La amparada Nombre91426 fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros. (…) Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada Nombre91426 dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos”.\n\nDesde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala.\n\nSobre el particular, la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional. En ese sentido, únicamente sostiene que fue “reducida a la impotencia” y, por su parte, las autoridades policiales señalan que se utilizó la “fuerza mínima”.\n\nAhora, aun cuando se acusa se la detención fue arbitraria e infundada, no menos cierto es que la Fuerza Pública, según el informe policial, abordó una situación de conflicto en la que estuvo involucrada la amparada, en virtud de la cual fue aprehendida y, posteriormente, puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), la cual le abrió una causa “por el delito de resistencia” y la indagó el mismo día e, incluso, le notificó la fecha de otra diligencia a realizarse el 10 de diciembre siguiente. Es decir, a los efectos de esta jurisdicción constitucional no constata alguna arbitrariedad manifiesta ni alguna actuación que haya desbordado el contenido del artículo 235 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se determine si ella cometió o no algún delito. Justamente, es en tal cauce procesal ordinario es donde la parte legitimada puede, si lo estima pertinente, someter a contradictorio su posición y evacuar prueba de forma amplia.\n\nPor otro lado, el recurrente no demostró contar con algún vínculo jurídico que obligara a la Fuerza Pública a comunicarle a él el paradero de la tutelada, ni tampoco expuso haber solicitado tal información, por lo que prima facie no se observa alguna vulneración en ese sentido. A la fecha de interposición del recurso y hasta donde tuvo conocimiento el accionante (momento de la aprehensión), no se configura alguna transgresión susceptible de ser declarada en la vía del habeas corpus.\n\nFinalmente, no corresponde a la Sala determinar si hubo o no algún decomiso ilegal del celular de la amparada. Más bien, las autoridades policiales señalaron que “se mantuvo provisionalmente en custodia” como parte “del Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública”. De igual manera, la recurrente no se expuso alguna afectación concreta e individualizada que le haya ocurrido a la tutelada durante su traslado. Tampoco mencionó que haya comunicado alguna situación personal o condición médica que ameritaran ser tomadas en consideración.\n\nAtinente al sub examine, la Sala, en la sentencia nro. 2025011242 de las 9:20 horas de 10 de abril de 2025, resolvió en un asunto cuyas consideraciones resultan aplicables:\n\n“En primer lugar, respecto del motivo y dinámica de la aprehensión, a priori se descarta alguna situación lesiva de los derechos fundamentales del tutelado, susceptible de ser declarada en esta vía sumaria de habeas corpus.\n\nAl respecto, de los elementos de prueba aportados a los autos se verifica que el 13 de marzo de 2025 el tutelado fue aprehendido por agentes del OIJ de Santa Cruz, toda vez que, en la sala de espera de esa dependencia, el justiciable se comportó de manera violenta, al punto que propició un golpe a uno de los funcionarios con el que se encontraba previamente dialogando. Esta situación, evidenciada en los videos incorporados a los autos, justificó el actuar policial, el cual no observa esta Cámara que haya sido desmedido o desproporcionado, pues simplemente los agentes le colocaron los dispositivos de seguridad (esposas metálicas) en sus manos y lo trasladaron a las celdas. De manera que en el sub iudice no se tiene por acreditado que los agentes judiciales hayan utilizado una fuerza de tal magnitud como para justificar la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\nAhora bien, el recurrente cuestiona que la aprehensión se haya efectuado pese a que, a su juicio, no cometió ningún delito; sin embargo, se constata que por los hechos en cuestión al tutelado se le sigue un proceso penal por el delito de resistencia, que se tramita en el expediente nro. 25-000139-1260-PE ante el Tribunal de Flagrancia de Santa Cruz. En tal sentido, conviene resaltar que el ordinal 236 del Código Procesal Penal estatuye:\n\nARTICULO 235.-Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, cuando:\n\na) Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo (…)”.\n\nPor su parte, el artículo 236 eiusdem dispone:\n\n“ARTICULO 236.-Flagrancia Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.”.\n\nDe tal manera, contrario a lo alegado por el accionante, la actuación policial cuestionada obedeció a hechos que se investigan como delito en una sumaria penal tramitada bajo el procedimiento de flagrancia, de modo que a los efectos de esta jurisdicción constitucional no se trata de una actuación ilegítima. Ahora, advierta el recurrente que no le compete a esta Cámara determinar si finalmente los hechos resultan constitutivos o no de un delito, ni tampoco establecer la calificación según la normativa penal sustantiva. Así, cualquier inconformidad con tales aspectos deberá formularla en la propia vía penal, a través de los mecanismos que la legislación procesal establece para tales efectos.\n\nEn consecuencia, en relación con estos extremos se declara sin lugar el recurso”.\n\nErgo, se declara sin lugar el recurso.\n\nIV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n VE1OEHL7VBY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-036808-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:40:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "SALA CONSTITUCIONAL\n\nResolution No. 40620 - 2025\n\nDate of Resolution: December 5, 2025, at 09:43\n\nExpediente: 25-036808-0007-CO\n\nDrafted by: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nType of matter: Recurso de hábeas corpus\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nIndicators of Relevance\n\nRelevant ruling\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Voto de mayoría\n\nBranch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTopic: FREEDOM OF MOVEMENT\n\nSubtopics:\n\nDETENTION.\n\n40620-25. FREEDOM OF MOVEMENT. REGARDING THE DETENTION OF A WOMAN DURING AN EVICTION. UNFOUNDED AS IT WAS PROVEN THAT NO DISPROPORTIONATE USE OF FORCE OCCURRED IN HER DETENTION. VCG01/2026\n\n“(…) III.-On the specific case. In the sub lite matter, the petitioner states that, in an arbitrary and unfounded manner, the Fuerza Pública detained the protected person in the community of Chorreras, in Cutris de San Carlos de Alajuela. They affirm that the whereabouts of the amparada are unknown. They explain that, on the occasion of the eviction (desalojo), demolition (derribo y demolición) of the community of Las Chorreras, the justiciable, who was present at the site, “made the repressive forces of the State aware of the existence of two amparo appeals against such acts and it was at that moment that they reduced her to impotence, illegally seized her cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, and she was detained, and transferred in a dogcatcher truck to an unknown destination” (sic).\n\nFrom the study of the case file, it has been proven that the protected person is 42 years old. The Fuerza Pública Report No. 199641-25 of November 25, 2025, recorded the following police proceedings: “1. AT 08:10 AN EVICTION IS BEING CARRIED OUT IN THE SAN CARLOS CUTRIS CHORRERAS SECTOR UNDER RESOLUTION NUMBER 967-2025 CAUSE NUMBER 25-000857-0306-PE AT THE TIME OF CARRYING OUT THE POLICE WORK A FEMALE NAMED SUSANA [Name 002] COSTA RICAN ID CARD [Value 002] APPEARED WITH AGGRESSIVE BEHAVIOR INCITING THE PEOPLE AT THE SITE NOT TO LEAVE WHICH ARE NOT IDENTIFIED AND TO DISOBEY THE ORDER TO LEAVE VOLUNTARILY, OFFENDING THE FIGURE OF THE FUERZA PÚBLICA OFFICERS SAYING SHAMELESS STARVING POLICE YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING DAMN YOU, ALSO INDICATES THAT SHE IS A LAWYER WHO REPRESENTS THEM BUT THE SAME DOES NOT PRESENT ANY DOCUMENT THAT ACCREDITS HER AS SUCH NOR CARRIES ANY DOCUMENT THAT SUPPORTS HER STATEMENT SO SHE IS INVITED TO LEAVE THE SITE FOR THE SAFETY OF EVERYONE PRESENT IN THE EVICTION WORK SHE REFUSES IN A DEFIANT MANNER AND STATES SHE IS NOT GOING TO LEAVE IN ANY WAY SO SHE IS APPREHENDED AND SHE BECOMES AGGRESSIVE TOWARDS THE POLICE FIGURE, AT THE TIME OF THE APPREHENSION A SMELL OF ALCOHOL IS PERCEIVED THE REASON FOR THE APPREHENSION IS INDICATED TO HER FOR OBSTRUCTING POLICE WORK, SHE IS INFORMED THAT SHE HAS THE RIGHT TO NOT DECLARE, TO INFORM HER LEGAL STATUS AND THE RIGHT TO A LAWYER SHE UNDERSTANDS THEM WELL AT 08:24 LEGAL SUPPORT ATTORNEY BERNY ABARCA VEGA INDICATES DETAIN HER DETAINED BY ORDER OF THE DUTY PROSECUTOR ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA AUXILIARY PROSECUTOR OF SAN CARLOS FOR THE CRIME 2. OF OBSTRUCTION OF POLICE WORK AT 09:00 HOURS A POLICE REPORT WAS DRAWN UP TO BE SENT TO THE CORRESPONDING AUTHORITY” (sic). Commander Junier Villalta Rubí, regional deputy director of the Dirección Chorotega Norte of the Fuerza Pública, by official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 of November 26, 2025, recorded: “On Tuesday, November 25, 2025, at approximately 06:00 hours, the eviction ordered in expediente 25-000857-0306-PE began, a device in which authorities such as SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado participate. During its execution, the Fuerza Pública, among other proceedings, established a perimeter in the area to be evicted, control of entry and exit of persons, identification of persons, registration of structures, and others focused on guaranteeing the safety of the persons to be evicted, as well as the participating authorities (…) At approximately 07:30 hours inside the secured area and in which the judicial eviction was being executed, a group of approximately five persons (unrelated to the eviction) is observed, they are approached by Fuerza Pública personnel and invited to leave the eviction zone, one of these persons indicates that she is a lawyer and incites the other persons not to vacate the place voluntarily, shouts that she has documents that authorize staying in the place, DID NOT PRESENT (sic) ANY DOCUMENTATION TO ACCREDIT HER SAYING, identifies herself as [Name 002], because of this she is requested to leave the place and it is even explained to her repeatedly that this corresponds to an area that is being evicted and that for security reasons it is necessary that they withdraw, she fails to comply with the Fuerza Pública's orders while continuing to shout at the people who were in the place to leave, that they could not be removed, obstructs the police work inciting people not to leave their houses voluntarily indicating that she is a representative of the evicted persons, therefore she is escorted by Fuerza Pública personnel out of the zone where the eviction was being executed, however, when passing by one of the structures used as a small grocery store (pulpería) (without any permit), she tries to enter its interior and even sits on a bench located immediately outside and tells one of the occupants to bring her coffee, for which Fuerza Pública personnel using the minimum and necessary Force try to extract her from the place, at which moment she tries to assault the figure of Police Officer Everlin Andino Espinoza, identification card 206420605, for which at 08:05 hours she is apprehended in the act, she is informed of the rights that assist her; that is: to know the reason for her apprehension, that she has the right to communicate it to the person, group of persons, association, grouping or entity to which she wishes to communicate her apprehension, to be assisted, from the first act of the procedure, by the defender that he, his relatives or the grouping that was communicated his capture designates and, in default of this (sic), by a public defender, to refrain from declaring and if he accepts to do so, that his defender be present at the moment of rendering his statement and in other proceedings in which his presence is required. Likewise, Licdo. Berny Abarca Vega; Police Legal Advisor of the Región Chorotega Norte makes the facts known to Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Auxiliary Prosecutor of San Carlos (the same who was participating in the execution of said eviction), and indicates at 08:15 hours, that she be detained by her order for the crime of Resistance to be processed by the expedited procedure for offenses in Flagrancy and that a police report be sent in this regard, as well as the domicile verification records, health status records, information of the accused's rights to the Fiscalía de Flagrancias of the II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). In this regard, the police report with consecutive number 0199641-2025 was drawn up. (…) The amparada [Name 002] was detained under the functional direction of the Auxiliary Prosecutor of San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, for the crime of resistance and others. (…) According to information provided by the Fiscalía de Flagrancias of the II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), against the amparada [Name 002] said prosecution office opened expediente 25-001026-1261-PE for the crime of resistance and others, likewise on November 25, 2025, she was questioned by said judicial authority and she was notified of a hearing for December 10, 2025, at the Fiscalía de Flagrancias of San Carlos”.\n\nFrom this panorama, in the terms set forth in the writ of filing, any situation that, at this time, warrants the intervention of the Sala is ruled out.\n\nRegarding this point, the petitioner does not describe any situation of disproportionate use of force nor does he allege that any physical injury of constitutional relevance was caused. In this sense, he only maintains that she was “reduced to impotence” and, for their part, the police authorities state that “minimum force” was used.\n\nNow, even though it is alleged that the detention was arbitrary and unfounded, it is no less true that the Fuerza Pública, according to the police report, addressed a conflict situation in which the amparada was involved, by virtue of which she was apprehended and, subsequently, placed under the order of the Fiscalía de Flagrancia of the II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), which opened a case against her “for the crime of resistance” and questioned her the same day and, even, notified her of the date of another proceeding to be held on the following December 10. That is, for the purposes of this constitutional jurisdiction, no manifest arbitrariness nor any action that exceeded the content of article 235 of the Código Procesal Penal is verified, without prejudice to the determination in ordinary proceedings of whether or not she committed a crime. It is precisely in such ordinary procedural channel where the legitimate party may, if deemed pertinent, submit their position to adversarial testing and present evidence broadly.\n\nOn the other hand, the appellant did not demonstrate having any legal link that obligated the Fuerza Pública to communicate to him the whereabouts of the protected person, nor did he state having requested such information, so prima facie no violation in that sense is observed. As of the date of filing the recourse and as far as the petitioner had knowledge (moment of the apprehension), no transgression susceptible of being declared in the habeas corpus jurisdiction is established.\n\nFinally, it is not for this Sala to determine whether or not there was any illegal seizure of the amparada's cell phone. Rather, the police authorities stated that it “was kept provisionally in custody” as part “of the Protocol for the Approach, Conduction, Custody and Transfer of apprehended persons of the Police Forces Attached to the Ministerio de Seguridad Pública”. Similarly, the appellant did not state any concrete and individualized affectation that occurred to the protected person during her transfer. Nor did he mention having communicated any personal situation or medical condition that warranted being taken into consideration.\n\nRegarding the sub examine matter, this Sala, in ruling No. 2025011242 of 09:20 hours of April 10, 2025, resolved in a matter whose considerations are applicable:\n\n“In the first place, regarding the reason and dynamics of the apprehension, a priori any situation harmful to the fundamental rights of the protected person, susceptible of being declared in this summary habeas corpus jurisdiction, is ruled out.\n\nIn this regard, from the evidence provided to the case file, it is verified that on March 13, 2025, the protected person was apprehended by OIJ agents of Santa Cruz, since, in the waiting room of that office, the justiciable behaved violently, to the point that he struck one of the officials with whom he was previously speaking. This situation, evidenced in the videos incorporated into the case file, justified the police action, which this Chamber does not observe to have been excessive or disproportionate, since the agents simply placed the security devices (metal handcuffs) on his hands and transferred him to the cells. Therefore, in the sub iudice matter, it is not proven that the judicial agents used force of such magnitude as to justify the intervention of this Constitutional Court.\n\nNow then, the appellant questions that the apprehension was carried out despite the fact that, in his judgment, he committed no crime; however, it is verified that due to the facts in question, the protected person is subject to criminal proceedings for the crime of resistance, which is being processed in expediente No. 25-000139-1260-PE before the Tribunal de Flagrancia of Santa Cruz. In this sense, it is worth highlighting that section 236 of the Código Procesal Penal stipulates:\n\nARTICLE 235.-Apprehension of persons Police authorities may apprehend any person, even without a judicial order, when:\n\na) They have been caught in flagrante delicto or contravention or are pursued immediately after attempting or committing it (…)”.\n\nFor its part, article 236 eiusdem provides:\n\n“ARTICLE 236.-Flagrancy There shall be flagrancy when the perpetrator of the punishable act is caught in the moment of committing it or immediately after, or while being pursued, or when they have objects or present traces that strongly suggest they have just participated in a crime.”.\n\nThus, contrary to what is alleged by the petitioner, the questioned police action was due to acts being investigated as a crime in a criminal proceeding processed under the flagrancy procedure, so that for the purposes of this constitutional jurisdiction it is not an illegitimate action. Now, let the appellant note that it is not the responsibility of this Chamber to determine whether the facts are ultimately constitutive of a crime or not, nor to establish the classification according to substantive criminal regulations. Thus, any disagreement with such aspects must be formulated in the criminal avenue itself, through the mechanisms that procedural legislation establishes for such purposes.\n\nConsequently, in relation to these extremes, the recourse is declared unfounded”.\n\nErgo, the recourse is declared unfounded. (…)”\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-036808-0007-CO\n\nRes. No. 2025040620\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-three minutes of December fifth, two thousand twenty-five.\n\nRecurso de habeas corpus processed in expediente No. 25-036808-0007-CO, filed by Nombre87592, identification card CED48213, on behalf of Nombre91426, identification card CED22584, against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.\n\nWhereas:\n\n1.- By writ incorporated into the digital file on November 25, 2025, the petitioner files a recurso de habeas corpus on behalf of Nombre91426. He states: “she has been at this moment reduced to physical impotence, arbitrarily detained by the fuerza publica in the community of Chorreras, in Cutris, San Carlos Alajuela, without any reason, arbitrarily and most seriously her current whereabouts are unknown. Are we in the presence of the first documented disappearance of a social activist in Costa Rica under the current government's regime? In the community of Las Chorreras, a process of demolition (demolición, derribo) and eviction (desalojo) of the community settled in that place for decades is being carried out, which was being documented and exposed live to the country by Mrs. Nombre91426,. In addition, Mrs. Nombre91426 made the repressive forces of the State aware of the existence of two amparo appeals against such acts and it was at that moment that they reduced her to impotence, illegally seized her cell phone with which she was informing the community and was detained, and transferred in a dogcatcher truck to an unknown destination. At this moment, the whereabouts of Mrs. Nombre91426 are unknown. VIOLATED RIGHT: The fuerza publica assigned to the community of Las Chorreras, in Cutris of San Carlos, has violated, in the specific case of Mrs. Nombre91427, article 48 of our Magna Carta which reads: ARTICLE 48.- Every person has the right to the recurso de hábeas corpus to guarantee their personal liberty and integrity, and to the recurso de amparo to maintain or restore the enjoyment of the other rights enshrined in this Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international human rights instruments, applicable to the Republic. Both recourses shall be within the competence of the Chamber indicated in article 10. Likewise, since the issuance of the vote of our Constitutional Chamber number 1739-92 of eleven hours forty-five minutes of July first, nineteen ninety-two, which was later reinforced in ruling 01185-95 of the same Chamber, it has been established as an essential element of Due Criminal Process, the right to be heard and listened to, by a judge, prior to taking a judicial decision that limits the ambulatory freedom of a citizen. REQUEST I request that the Ministerio de Seguridad Pública be required to indicate where they have illegally detained Mrs. Nombre91426, and determining that Mrs. Nombre91426 has not been tortured and is not disappeared, that she be released immediately, since there are no criminal charges against her and additionally she be freely allowed to continue documenting the acts of demolition and derribo of the community of Chorreras, in the exercise of her freedom of expression, to expose to the country as a monument of this government that what happens in Chorreras of crushing the excluded and those who have the least, is a State policy” (sic).\n\n2.- By resolution of 15:48 hours of November 25, 2025, the Presidency of the Chamber ordered: “Having seen the recurso de habeas corpus processed in expediente number 25-036808-0007-CO, filed by Nombre87592, identification card CED48213, on behalf of Nombre91426, identification card CED22584, against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, in accordance with the provisions of articles 19 and 22 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the director general of the Fuerza Pública and the chief of the Delegación Policial de San Carlos, both of the Ministerio de Seguridad Pública, shall report on the facts alleged by the appellant, in summary: that the protected person is a social activist and was arbitrarily detained by the Fuerza Pública, in the community of Chorreras, in Cutris, San Carlos Alajuela, without any reason. He affirms that as of the date of filing the recourse, the whereabouts of his represented party is unknown, which he considers as \\\"the first documented disappearance of a social activist in Costa Rica under the current government's regime\\\". He explains that in the community of Las Chorreras, a process of demolition, derribo and eviction of the community settled in that place for decades is being carried out, which was being documented and exposed live to the country by Mrs. Nombre91426. He states that the protected person made the Fuerza Pública aware of the existence of two amparo appeals against such acts, and it was at that moment that they reduced her to impotence, illegally seized her cell phone with which she informed the community and she was detained, and transferred in a dogcatcher truck to an unknown destination. He deems the fundamental rights of his represented party violated. He requests the intervention of this Chamber”.\n\n3.- By writ received in the Secretariat of the Chamber on November 27, 2025, Marlon Cubillo Hernández, director general of the Fuerza Pública, submits a sworn report in the following terms: “SECOND: In the first instance, it must be clarified to this Honorable Chamber, that in the political-administrative territorial division the district of Cutris belongs to the Cantón Central de San Carlos. Regarding the operational police division of the Fuerza Pública, due to scope, police control, oversight, and geographic reality, the district of Cutris is the competence of the Delegación Policial de los Chiles, which is attached to the Dirección Regional Chorotega Norte, which is composed of the cantons of Los Chiles, Upala and the districts of Cutris and Pocosol administratively belonging to the cantón central de San Carlos, so the device to comply with the judicial order with a final criminal judgment was under the charge of Commander Junier Villalta Rubí, Sub Director Regional of the Dirección Chorotega Norte and was developed under Operations Order No. 216-2025-DO-PYO. THIRD: To begin with the narrative of this report, it is prudent to inform you that the facts alleged by the appellant are not personally known to me, nor did I have any actions given that the cited actions occur in the sector of Cutris, therefore Commander Junier Villalta, who as previously mentioned was the one in charge of the operation, was requested to render a report in order to respond to your honorable authority. FOURTH: By official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025, of November 26, 2025, Commander Junier Villalta Rubí, details the recurred facts as quoted below: “... The Sistema Nacional de Áreas de Conservación filed a criminal complaint before the Fiscalía of the II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos for the crime of Invasion of a Protection Area, processed under expediente 25-000857-0306-PE. In this regard, it is detailed that, on a date prior to May 7, 2025, persons of unknown qualities, invaded the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, located in the locality of Chorreras and Las Crucitas de Cutris, San Carlos, for which purpose within the border cordon they built houses of habitation, commercial premises and developed agricultural and livestock activities; without any authorization. Subsequently, the Juzgado Penal of the II Circuito Judicial de Alajuela hears the case and accepts the request of the Fiscalía of the II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos; that is, the application of section 140 of the Código Procesal Penal, insofar as it considers that there is a probability that we are facing a criminal conduct (typical, unlawful and subject to penalty), and on the other hand the constitutional and legal mandate of ensuring the conservation of areas destined for environmental protection must be fulfilled ... \\\" Continues the narration of facts indicating: “For this purpose it was determined: a. The invasion is carried out within a Refugio Nacional de Vida Silvestre, b. That, despite the fact that use and lease permits had been granted in said border strip, the same have already expired and have not been renewed since 2010. c. That the persons who occupy or could be occupying these lands do so illegitimately, d. Evidence was provided (satellite image from the years 2014 to 2017), that said structures did not exist. e. Constructions lack the respective permits from the State entities, therefore they must be considered illegal, f. There is a sufficient and required degree of probability to assess the imposition of the precautionary measure, additionally, detriment to natural resources is verified due to the actions carried out, which definitively endanger the delicate balance of the ecosystems that these refuges protect, the need arising that the State, through the Poder Judicial, intervene in the denounced facts, with the purpose of avoiding greater harm to the environment or in the worst case that it be irreversible; with the implementation of the requested precautionary measure the restitution of things to their previous state). In this regard four resolutions have been issued, three of them resolved by the Juzgado Penal of the II Circuito Judicial de Alajuela and one resolved by the Tribunal de Juicio of the Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos. By provision of the Juzgado Penal of the II Circuito Judicial de Alajuela, ratified by the Tribunal de Juicio of the Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, the demolition of 76 structures was ordered; houses of habitation (some under construction), small grocery stores (pulperías), bar-restaurant, the demolition and clean-up of debris, in case the obligation of the Municipalidad de San Carlos and SINAC to carry out the demolition and waste disposal is not performed. In addition, it warns interested parties in case of not complying with the ordered, the possibility of being prosecuted for the crime of disobedience to authority\\\". Note, there is a whole prior judicial background, managed by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación which filed a criminal complaint before the Fiscalía of the II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos for the crime of Invasion of a Protection Area, processed under expediente 25-000857-0306-PE. FIFTH: That the Fuerza Pública, in compliance with the resolutions issued by the judicial authority, appeared to comply with what was ordered with the objective of guaranteeing public order, the safety of the Poder Judicial officials, the officials of the Poder Ejecutivo and accompanying the personnel of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), who were in charge of managing the procedures for the execution of the eviction (desalojo), in addition, guaranteeing the safety of the usurpers of the public domain, as detailed: \\\" ... That prior to the execution of the judicial eviction expediente 25-000857-0306-PE, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) by official letter CARTA SINAC-ACAHN-DR-329-2025, signed by Mariana Jiménez A. Directora Regional a. I. Área de Conservación Arenal Huetar Norte, requests the collaboration of the Fuerza Pública for the execution of said eviction ...” On the other hand, in compliance with the provisions of Decreto No. 39277-MP-MSP-JP-MIVHA-MDHIS, the Reglamento para el trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Publica and in accordance with Circular MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0061-2023, prior to complying with the judicial order, all inter-institutional coordinations were carried out so that the process would be as little harmful as possible, as quoted below: “ ... On Tuesday, November 25, 2025, at approximately 06:00 hours, the eviction ordered in expediente 25-000857-0306-PE began, a device in which authorities such as SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado participate. During its execution, the Fuerza Pública, among other proceedings, established a perimeter in the area to be evicted, control of entry and exit of persons, identification of persons, registration of structures, and others focused on guaranteeing the safety of the persons to be evicted, as well as the participating authorities ... \\\" SIXTH: Regarding the case that concerns us, strictly in what was the execution of the eviction, the following facts occur: “At approximately 07:30 hours inside the secured area and in which the judicial eviction was being executed, a group of approximately five persons (unrelated to the eviction) is observed, they are approached by Fuerza Pública personnel and invited to leave the eviction zone, one of these persons indicates that she is a lawyer and incites the other persons not to vacate the place voluntarily, shouts that she has documents that authorize staying in the place, DID NOT PRESENT (sic) ANY DOCUMENTATION TO ACCREDIT HER SAYING, identifies herself as Nombre91426, because of this she is requested to leave the place and it is even explained to her repeatedly that this corresponds to an area that is being evicted and that for security reasons it is necessary that they withdraw, she fails to comply with the Fuerza Pública's orders while continuing to shout at the people who were in the place to leave, that they could not be removed, obstructs the police work inciting people not to leave their houses voluntarily indicating that she is a representative of the evicted persons, therefore she is escorted by Fuerza Pública personnel out of the zone where the eviction was being executed, however, when passing by one of the structures used as a small grocery store (pulpería) (without any permit), she tries to enter its interior and even sits on a bench located immediately outside and tells one of the occupants to bring her coffee, for which Fuerza Pública personnel using the minimum and necessary Force try to extract her from the place, at which moment she tries to assault the figure of Police Officer Nombre91428, identification card CED51670, for which at 08:05 hours she is apprehended in the act, she is informed of the rights that assist her; that is: to know the reason for her apprehension, that she has the right to communicate it to the person, group of persons, association, grouping or entity to which she wishes to communicate her apprehension, to be assisted, from the first act of the procedure, by the defender that he, his relatives or the grouping that was communicated his capture designates and, in default of this (sic), by a public defender, to refrain from declaring and if he accepts to do so, that his defender be present at the moment of rendering his statement and in other proceedings in which his presence is required. Likewise, Licdo. Berny Abarca Vega; Police Legal Advisor of the Región Chorotega Norte makes the facts known to Licda.\n\nAdriana Rodríguez Córdoba; Assistant Prosecutor of San Carlos (who was participating in the execution of the cited eviction), and indicates at 08:15 hours that she be detained on her order for the crime of Resistance to be processed through the expedited procedure for Flagrancy crimes and that a police report be sent in this regard, along with the records of address verification, health status, and information on the rights of the accused to the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos). In this regard, the police report with the consecutive number 0199641-2025 was prepared. SEVENTH (sic): That the actions carried out do not amount to a \"disappearance,\" as the petitioner seeks to portray, but rather the police actions were carried out in an effort to guarantee public order and the safety of the persons who remained at the site, and furthermore, they acted under the functional direction of the Assistant Prosecutor of San Carlos, as stated: \" ... The person protected by amparo, Nombre91426, was detained by functional direction of the Assistant Prosecutor of San Carlos, Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, for the crime of resistance and others. The petitioner Nombre87592 fails to tell the truth by indicating that the protected person was arbitrarily detained by the Public Force, since, as previously indicated, the protected person was initially approached while carrying out acts that could threaten the safety and tranquility of the judicial eviction that was being executed, and subsequently and under functional direction, upon being caught in flagrante delicto ... \" It should be observed that despite the protected person being told on several occasions to withdraw from the site where the operation was taking place, she ignored this and adopted violent attitudes against the acting officers, even entering a property that was not hers, causing fear among the property's occupants. EIGHTH: Regarding the argument of the petitioner that the protected person's telephone was seized from her, the aforementioned report states: “... The Public Force did not seize the cellular telephone of the protected person Nombre91426; it was kept provisionally in the custody of the Public Force as part of the belongings of the Accused (the protected person in recurso 25-036808-0007-CO), custody carried out in compliance with the Protocol for the Approach, Conduction, Custody, and Transfer of Detainees of the Police Forces Attached to the Ministry of Public Security. According to information provided by the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos), against the protected person Nombre91426 said prosecutor's office opened expediente 25-001026-1261-PE for the crime of resistance and others; likewise, on November 25, 2025, she was questioned by said judicial authority and was notified of a hearing for December 10, 2025, at the Flagrancy Prosecutor's Office of San Carlos ... \" That is, the protected person was placed at the orders of the competent judicial authority where her legal situation was defined and a date was set for the corresponding hearing; let the justices assess that in compliance with the judgment, the authority representing the Public Prosecutor's Office was present on site overseeing the various tasks of both judicial and administrative authorities, issuing functional direction based on the presumption of the existing facts regarding the commission of a crime of public action (acción pública) to the detriment of the police authority; see summary proceedings 25-001026-1261-PE. NINTH: As for the police operation carried out on the indicated date, it responds to the request for collaboration from SINAC, due to the encroachment by persons irregularly occupying the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, located in the locality of Chorreras and Las Crucitas de Cutris, San Carlos. The Public Force acted in accordance with its constitutional and legal functions and powers of surveillance and conservation of public order, which are to prevent manifestations of crime and cooperate to suppress them in the manner determined by the legal system, established in articles 11, 12, and 50 of the Political Constitution and articles 8, 10, and 22 of the General Police Law No. 7410. The police officers acted under the protection of Costa Rican regulations, and there has been no illegitimate apprehension in an arbitrary manner, abuse of authority, or other transgression of the constitutional rights of the protected person. TENTH (sic): It is important to mention that there was heavy machinery at the site that was demolishing the structures (see annexes), so the presence of people in the area could compromise their physical integrity. Therefore, the actions and statements of Ms. Nombre91426, where she told people not to leave the site, not only put her at risk but also the other people who remained in the area, and with this behavior she was attempting to breach the judicial judgment issued by a judicial authority, which must be complied with by authorities and residents, as it is a judicial judgment issued during a process where all parties had the opportunity to use the recourses established for such purposes by the Costa Rican criminal procedure. ON THE MERITS According to what the petitioner states, where he indicates that: \" ... that the protected person is a social activist and was arbitrarily detained by the Public Force in the community of Chorreras, in Cutris, San Carlos, Alajuela, without any reason. He affirms that on the date of filing the recurso, the whereabouts of his represented party are unknown, which he considers the 'first documented disappearance of a social activist in Costa Rica under the current government's regime.' He explains that in the community of Las Chorreras, a process of demolition, tearing down, and eviction of the community settled there for decades is being carried out, which was being documented and broadcast live to the country by Ms. Nombre91426. He relates that the protected person informed the Public Force of the existence of two recursos de amparo against such acts, and it was at that moment that they overpowered her, illegally seized her cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, and she was detained and transferred in a paddy wagon (perrera) to an unknown destination. He considers that his represented party's fundamental rights have been violated ... \" For this General Directorate and according to the evidence provided, it is considered that the police actions carried out were duly founded, motivated, and are in accordance with the law. They were carried out respecting due process and the constitutional guarantees of the protected person, in accordance with the powers granted by law as previously mentioned. The police proceedings were carried out to ensure the maintenance of public order and the safety of the people who remained at the eviction site, the people who were usurping the public domain, workers from SINAC, and other institutions that appeared at the site for the proper handling of the enforcement of the judicial judgment. In the present case, the property to be evicted, as previously cited, corresponds to a Refugio Nacional de Vida Silvestre del Corredor Fronterizo. As a protected wilderness area, it forms part of the State's forest heritage (patrimonio forestal del Estado), and therefore, in compliance with the Wildlife Conservation Law No. 7317, the Public Force supported the National System of Conservation Areas (SINAC) in the execution of the judgment to recover it, as rightly corresponds, ensuring the maintenance of public order and citizen security. Given that the actions perpetrated by the amparo protected person here threatened the proper development of the process, we proceeded with her apprehension following the functional direction of the Prosecutor's Office, and she was subsequently referred to the competent judicial authority where her legal situation was defined. With all due respect, since no fundamental rights of Ms. Nombre91426 have been violated, it is important to indicate that, as of the date of the conclusion of the operation, the only act of violence recorded was the criminal action of the protected person, who as of today's date is subject to criminal proceedings processed by the Flagrancy Prosecutor's Office of the San Carlos Jurisdiction. With all due respect, I request that the Habeas Corpus Action filed be declared WITHOUT MERIT, and that the expediente be archived. (…) PRAYER FOR RELIEF 1. Your honorable authority is requested to declare the Habeas Corpus Action, processed under expediente number 25-036808-0007-CO, filed by Nombre87592, identity card CED48213, in favor of Nombre91426, identity card CED22584, against the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY, to be WITHOUT MERIT, for the purposes of archiving the expediente.”\n\n4.- Through a brief incorporated into the digital expediente on December 2, 2025, Marianela Rodríguez Delgado, head of the San Carlos East Police Delegation of the Ministry of Public Security, renders a report under oath in the following terms: “FIRST: The National System of Conservation Areas filed a criminal complaint with the Prosecutor's Office of San Carlos, II Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos, for the crime of encroachment on a Protected Area, which is being processed under expediente 25-000857-0306-PE. This had a resolution 967-2025, which granted two months from the date the resolution became final for the eviction ordered by the Criminal Court of San Carlos to be executed, the resolution being at 1:20 p.m. on September 22, 2025. SECOND: Prior to the execution of the judicial eviction, expediente 25-000857-0306-PE, the National System of Conservation Areas (SINAC), through official letter SINAC-ACAHNDR-329-2025, signed by Mariana Jiménez A., Acting Regional Director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, requests collaboration in the execution of said eviction. THIRD: On Tuesday, November 25, 2025, at approximately 6:00 a.m., the eviction ordered in expediente 25-000857-3006-PE began; an operation in which several institutions participated in the eviction. FOURTH: The San Carlos East Delegation does not have jurisdiction over said eviction in Chorreras, Cutris; therefore, the police personnel of the San Carlos Delegation were not summoned to said event, and thus, we have no record of the petitioner in the Delegation's books. FIFTH: Honorable Chamber, it is important to mention that the Regional Director for Chorotega Norte, Commander Junier Villalta Rubí, is responsible for overseeing the sector of Chorreras, and he answered the proceedings to the Director General of the Public Force, Commissioner Marlon Cubillo Hernández, under Official Letter MSP-DM-DVURFP-DGFP – DROCHN-2619-2025. CLAIM Based on all the foregoing, it is respectfully requested of the Honorable Chamber that, by virtue of the facts presented and the substantiation provided, the recurso of Habeas corpus filed by Ms. Nombre91426 be declared without merit.”\n\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Alvarado Paniagua; and,\n\nConsidering:\n\nI.-Object of the recurso. The petitioner indicates that the Public Force arbitrarily and without basis detained the protected person in the community of Chorreras, in Cutris de San Carlos de Alajuela. He affirms that the whereabouts of the person under amparo are unknown. He explains that, on the occasion of the eviction, tearing down, and demolition of the community of Las Chorreras, the justiciable person, who was present at the site, “informed the repressive forces of the State of the existence of two recursos de amparo against such acts, and it was at that moment that they overpowered her, illegally seized her cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, and she was detained and transferred in a paddy wagon (perrera) to an unknown destination” (sic).\n\nII.-Proven facts. For the importance to the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:\n\na. The protected person is 42 years old. (Consultation on the website of the Supreme Electoral Tribunal).\n\nb. The Public Force Report No. 199641-25 of November 25, 2025, recorded the following police proceedings: “1. AT 08:10 AN EVICTION IS BEING CARRIED OUT IN THE SECTOR Dirección5913 UNDER RESOLUTION NUMBER 967-2025 CASE NUMBER 25-000857-0306-PE AT THE TIME OF CARRYING OUT THE POLICE WORK A FEMALE INDIVIDUAL BY THE NAME OF Nombre91426 ID CED25412 APPEARS AT THE PLACE WITH AGGRESSIVE BEHAVIOR INCITING THE PEOPLE AT THE LOCATION NOT TO LEAVE, WHO ARE NOT IDENTIFIED, AND TO DISOBEY THE ORDER TO LEAVE VOLUNTARILY, OFFENDING THE FIGURE OF THE PUBLIC FORCE OFFICERS BY SAYING SHAMELESS HUNGRY POLICE YOU DON'T KNOW WHAT YOU'RE DOING DAMN YOU, SHE ALSO STATES THAT SHE IS A LAWYER WHO REPRESENTS THEM BUT THE SAME DOES NOT PRESENT ANY DOCUMENT ACCREDITING HER AS SUCH NOR BEARS ANY DOCUMENT THAT SUPPORTS HER STATEMENT SO SHE IS INVITED TO LEAVE THE PLACE FOR THE SAFETY OF ALL THOSE PRESENT AT THE EVICTION WORK, SHE REFUSES DEFIANTLY AND STATES SHE WILL NOT LEAVE IN ANY WAY SO SHE IS APPREHENDED AND BECOMES AGGRESSIVE TOWARD THE POLICE FIGURE, AT THE TIME OF APPREHENSION A SMELL OF ALCOHOL IS PERCEIVED ON HER, THE REASON FOR THE APPREHENSION IS TOLD TO HER FOR OBSTRUCTING POLICE WORK, SHE IS TOLD THAT SHE HAS THE RIGHT NOT TO DECLARE, TO BE INFORMED OF HER LEGAL STATUS, AND THE RIGHT TO A LAWYER, SHE UNDERSTANDS THESE WELL. AT 08:24 THE LEGAL SUPPORT ADVISOR BERNY ABARCA VEGA INDICATES TO LEAVE HER DETAINED AT THE ORDER OF THE DUTY PROSECUTOR ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA ASSISTANT PROSECUTOR OF SAN CARLOS FOR THE CRIME 2. OF OBSTRUCTION OF POLICE WORK AT 09:00 HOURS A POLICE REPORT IS PREPARED TO BE SENT TO THE CORRESPONDING AUTHORITY” (sic). (Evidence provided by the director general of the Public Force).\n\nc. Commander Junier Villalta Rubí, regional subdirector of the Chorotega Norte Directorate of the Public Force, through official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 of November 26, 2025, recorded: “On Tuesday, November 25, 2025, at approximately 6:00 a.m., the eviction ordered in expediente 25-000857-0306-PE began, an operation in which authorities such as SINAC, the Municipality of San Carlos, SENASA, PANI, the Red Cross, the Public Force, the Public Prosecutor's Office, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, the Migration Police, and the Directorate of Intelligence and State Security participated. During its execution, the Public Force, among other proceedings, established a perimeter in the area to be evicted, controlled the entry and exit of persons, identified persons, recorded structures, and carried out other actions focused on guaranteeing the safety of the persons to be evicted as well as of the participating authorities (…) At approximately 7:30 a.m., inside the secured area where the judicial eviction was being executed, a group of approximately five people was observed (unrelated to the eviction). They were approached by Public Force personnel and invited to leave the zone to be evicted. One of these people states that she is a lawyer and incites the other people not to vacate the place voluntarily, shouting that she has documents authorizing them to remain in the place. SHE DID NOT PRESENT (sic) ANY DOCUMENTATION THAT WOULD ACCREDIT HER CLAIM. She identifies herself as Nombre91426. Because of this, she is asked to leave the place, and it is even explained to her repeatedly that this is an area being evicted and that for safety reasons it is necessary that they leave. She fails to comply with the Public Force's orders while continuing to shout at the people who were there to come out, that they could not remove them. She obstructs the police work by inciting people not to leave their homes voluntarily, stating that she is the representative of the evicted persons. Therefore, she is escorted by Public Force personnel out of the area where the eviction was taking place. However, upon passing one of the structures used as a small grocery store (pulpería) (without any permit), she attempts to enter it and even sits on a bench located immediately outside and tells one of the occupants to bring her coffee. For this reason, Public Force personnel, using the minimum necessary force, try to remove her from the place, at which point she attempts to assault the Police figure Nombre91428, identity card CED51670. For this reason, at 8:05 a.m. she is apprehended in the act, and she is informed of the rights that assist her; namely: to know the reason for her apprehension; that she has the right to communicate it to the person, group of persons, association, grouping, or entity to which she wishes to communicate her apprehension; to be assisted from the first act of the procedure by the defender she designates, her relatives, or the group to which her capture was communicated, and failing this (sic), by a public defender; to abstain from declaring, and if she agrees to do so, to have her defender present at the time of making her statement and in other proceedings in which her presence is required. Likewise, Licdo. Berny Abarca Vega, Police Legal Advisor of the Chorotega Norte Region, informs Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Assistant Prosecutor of San Carlos (who was participating in the execution of the cited eviction) of the facts, and indicates at 8:15 a.m. that she be detained on her order for the crime of Resistance to be processed through the expedited procedure for Flagrancy crimes and that a police report be sent in this regard, along with the records of address verification, health status, and information on the rights of the accused to the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos). In this regard, the police report with the consecutive number 0199641-2025 was prepared. (…) The person protected by amparo, Nombre91426, was detained by functional direction of the Assistant Prosecutor of San Carlos, Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, for the crime of resistance and others. (…) According to information provided by the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos), against the protected person Nombre91426 said prosecutor's office opened expediente 25-001026-1261-PE for the crime of resistance and others; likewise, on November 25, 2025, she was questioned by said judicial authority and was notified of a hearing for December 10, 2025, at the Flagrancy Prosecutor's Office of San Carlos.” (Evidence provided by the director general of the Public Force).\n\nIII.-Regarding the specific case. Sub lite, the petitioner indicates that the Public Force arbitrarily and without basis detained the protected person in the community of Chorreras, in Cutris de San Carlos de Alajuela. He affirms that the whereabouts of the person under amparo are unknown. He explains that, on the occasion of the eviction, tearing down, and demolition of the community of Las Chorreras, the justiciable person, who was present at the site, “informed the repressive forces of the State of the existence of two recursos de amparo against such acts, and it was at that moment that they overpowered her, illegally seized her cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, and she was detained and transferred in a paddy wagon (perrera) to an unknown destination” (sic).\n\nFrom the study of the case file, it has been demonstrated that the protected person is 42 years old. The Public Force Report No. 199641-25 of November 25, 2025, recorded the following police proceedings: “1. AT 08:10 AN EVICTION IS BEING CARRIED OUT IN THE SECTOR Dirección5913 UNDER RESOLUTION NUMBER 967-2025 CASE NUMBER 25-000857-0306-PE AT THE TIME OF CARRYING OUT THE POLICE WORK A FEMALE INDIVIDUAL BY THE NAME OF Nombre91426 ID CED25412 APPEARS AT THE PLACE WITH AGGRESSIVE BEHAVIOR INCITING THE PEOPLE AT THE LOCATION NOT TO LEAVE, WHO ARE NOT IDENTIFIED, AND TO DISOBEY THE ORDER TO LEAVE VOLUNTARILY, OFFENDING THE FIGURE OF THE PUBLIC FORCE OFFICERS BY SAYING SHAMELESS HUNGRY POLICE YOU DON'T KNOW WHAT YOU'RE DOING DAMN YOU, SHE ALSO STATES THAT SHE IS A LAWYER WHO REPRESENTS THEM BUT THE SAME DOES NOT PRESENT ANY DOCUMENT ACCREDITING HER AS SUCH NOR BEARS ANY DOCUMENT THAT SUPPORTS HER STATEMENT SO SHE IS INVITED TO LEAVE THE PLACE FOR THE SAFETY OF ALL THOSE PRESENT AT THE EVICTION WORK, SHE REFUSES DEFIANTLY AND STATES SHE WILL NOT LEAVE IN ANY WAY SO SHE IS APPREHENDED AND BECOMES AGGRESSIVE TOWARD THE POLICE FIGURE, AT THE TIME OF APPREHENSION A SMELL OF ALCOHOL IS PERCEIVED ON HER, THE REASON FOR THE APPREHENSION IS TOLD TO HER FOR OBSTRUCTING POLICE WORK, SHE IS TOLD THAT SHE HAS THE RIGHT NOT TO DECLARE, TO BE INFORMED OF HER LEGAL STATUS, AND THE RIGHT TO A LAWYER, SHE UNDERSTANDS THESE WELL. AT 08:24 THE LEGAL SUPPORT ADVISOR BERNY ABARCA VEGA INDICATES TO LEAVE HER DETAINED AT THE ORDER OF THE DUTY PROSECUTOR ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA ASSISTANT PROSECUTOR OF SAN CARLOS FOR THE CRIME 2. OF OBSTRUCTION OF POLICE WORK AT 09:00 HOURS A POLICE REPORT IS PREPARED TO BE SENT TO THE CORRESPONDING AUTHORITY” (sic). Commander Junier Villalta Rubí, regional subdirector of the Chorotega Norte Directorate of the Public Force, through official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 of November 26, 2025, recorded: “On Tuesday, November 25, 2025, at approximately 6:00 a.m., the eviction ordered in expediente 25-000857-0306-PE began, an operation in which authorities such as SINAC, the Municipality of San Carlos, SENASA, PANI, the Red Cross, the Public Force, the Public Prosecutor's Office, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, the Migration Police, and the Directorate of Intelligence and State Security participated. During its execution, the Public Force, among other proceedings, established a perimeter in the area to be evicted, controlled the entry and exit of persons, identified persons, recorded structures, and carried out other actions focused on guaranteeing the safety of the persons to be evicted as well as of the participating authorities (…) At approximately 7:30 a.m., inside the secured area where the judicial eviction was being executed, a group of approximately five people was observed (unrelated to the eviction). They were approached by Public Force personnel and invited to leave the zone to be evicted. One of these people states that she is a lawyer and incites the other people not to vacate the place voluntarily, shouting that she has documents authorizing them to remain in the place. SHE DID NOT PRESENT (sic) ANY DOCUMENTATION THAT WOULD ACCREDIT HER CLAIM. She identifies herself as Nombre91426. Because of this, she is asked to leave the place, and it is even explained to her repeatedly that this is an area being evicted and that for safety reasons it is necessary that they leave. She fails to comply with the Public Force's orders while continuing to shout at the people who were there to come out, that they could not remove them. She obstructs the police work by inciting people not to leave their homes voluntarily, stating that she is the representative of the evicted persons. Therefore, she is escorted by Public Force personnel out of the area where the eviction was taking place. However, upon passing one of the structures used as a small grocery store (pulpería) (without any permit), she attempts to enter it and even sits on a bench located immediately outside and tells one of the occupants to bring her coffee. For this reason, Public Force personnel, using the minimum necessary force, try to remove her from the place, at which point she attempts to assault the Police figure Nombre91428, identity card CED51670. For this reason, at 8:05 a.m. she is apprehended in the act, and she is informed of the rights that assist her; namely: to know the reason for her apprehension; that she has the right to communicate it to the person, group of persons, association, grouping, or entity to which she wishes to communicate her apprehension; to be assisted from the first act of the procedure by the defender she designates, her relatives, or the group to which her capture was communicated, and failing this (sic), by a public defender; to abstain from declaring, and if she agrees to do so, to have her defender present at the time of making her statement and in other proceedings in which her presence is required. Likewise, Licdo. Berny Abarca Vega, Police Legal Advisor of the Chorotega Norte Region, informs Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Assistant Prosecutor of San Carlos (who was participating in the execution of the cited eviction) of the facts, and indicates at 8:15 a.m. that she be detained on her order for the crime of Resistance to be processed through the expedited procedure for Flagrancy crimes and that a police report be sent in this regard, along with the records of address verification, health status, and information on the rights of the accused to the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos). In this regard, the police report with the consecutive number 0199641-2025 was prepared. (…) The person protected by amparo, Nombre91426, was detained by functional direction of the Assistant Prosecutor of San Carlos, Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, for the crime of resistance and others. (…) According to information provided by the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos), against the protected person Nombre91426 said prosecutor's office opened expediente 25-001026-1261-PE for the crime of resistance and others; likewise, on November 25, 2025, she was questioned by said judicial authority and was notified of a hearing for December 10, 2025, at the Flagrancy Prosecutor's Office of San Carlos.”\n\nFrom this perspective, in the terms set forth in the filing brief, any situation that at this time would warrant the intervention of this Chamber is ruled out.\n\nOn this particular point, the petitioner does not describe any situation of disproportionate use of force, nor does she allege that any physical injury of constitutional relevance was caused. In that sense, she only maintains that she was “overpowered,” and, for their part, the police authorities state that “minimum force” was used.\n\nNow, even though it is alleged that the detention was arbitrary and baseless, it is no less true that the Public Force, according to the police report, addressed a conflict situation in which the amparo protected person was involved, by virtue of which she was apprehended and subsequently placed at the order of the Flagrancy Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos), which opened a case against her “for the crime of resistance” and questioned her the same day and, even, notified her of the date of another proceeding to be held on the following December 10. That is, for the purposes of this constitutional jurisdiction, no manifest arbitrariness is confirmed, nor any action that would have exceeded the content of article 235 of the Criminal Procedure Code, without prejudice to the determination in the ordinary jurisdiction of whether or not she committed a crime. Precisely, it is in such an ordinary procedural channel where the authorized party may, if it deems it pertinent, submit its position to adversarial proceedings and offer evidence in a broad manner.\n\nOn the other hand, the petitioner did not demonstrate having any legal relationship that would obligate the Public Force to communicate the whereabouts of the protected person to him, nor did he state having requested such information, so prima facie no violation is observed in that sense. As of the date the recurso was filed and as far as the petitioner was aware (at the time of the apprehension), no transgression subject to being declared through the habeas corpus channel is configured.\n\nFinally, it does not correspond to this Chamber to determine whether or not there was an illegal seizure of the amparo protected person's cell phone. Rather, the police authorities stated that it “was kept provisionally in custody” as part “of the Protocol for the Approach, Conduction, Custody, and Transfer of Detainees of the Police Forces Attached to the Ministry of Public Security.” Likewise, the petitioner did not describe any concrete and individualized harm that may have occurred to the protected person during her transfer. Neither did she mention having communicated any personal situation or medical condition that would warrant being taken into consideration.\n\nPertinent to the sub examine, this Chamber, in judgment No. 2025011242 of 9:20 a.m. on April 10, 2025, resolved a matter whose considerations are applicable:\n\n“In the first place, regarding the motive and dynamics of the apprehension, a priori any situation harmful to the fundamental rights of the protected person, subject to being declared in this summary habeas corpus channel, is ruled out.\n\nIn this regard, from the evidentiary elements provided in the case file, it is verified that on March 13, 2025, the protected person was apprehended by agents of the OIJ of Santa Cruz, given that, in the waiting room of that unit, the justiciable person behaved violently, to the point of causing a blow to one of the officers with whom he was previously speaking. This situation, evidenced in the videos incorporated into the case file, justified the police action, which this Chamber does not observe to have been excessive or disproportionate, since the agents simply placed the security devices (metal handcuffs) on his hands and transferred him to the cells.\n\nThus, in the sub iudice, it is not established that the judicial agents used force of such magnitude as to justify the intervention of this Constitutional Court.\n\nNow, the appellant challenges the apprehension on the grounds that, in his view, he committed no crime; however, it is noted that, for the facts in question, the protected party is subject to criminal proceedings for the crime of resistance, processed under case file no. 25-000139-1260-PE before the Flagrancy Court of Santa Cruz (Tribunal de Flagrancia de Santa Cruz). In this regard, it is worth noting that article 236 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) provides:\n\nARTICLE 235.-Apprehension of persons Police authorities may apprehend any person, even without a court order, when:\n\na) The person has been caught in flagrante delicto or committing a contravention, or is pursued immediately after attempting or committing it (…)”.\n\nFor its part, article 236 of the same code provides:\n\n“ARTICLE 236.-Flagrancy There shall be flagrancy when the perpetrator of the punishable act is caught in the act of committing it or immediately thereafter, or while being pursued, or when the person has objects or presents traces that strongly suggest that he or she has just participated in a crime.”.\n\nThus, contrary to what was alleged by the claimant, the challenged police action stemmed from facts being investigated as a crime in a criminal summary proceeding handled under the flagrancy procedure, such that, for the purposes of this constitutional jurisdiction, this is not an illegitimate action. Now, the appellant should note that it is not within the purview of this Chamber to determine whether the facts ultimately constitute a crime or not, nor to establish the classification under substantive criminal law. Thus, any disagreement with such aspects must be raised within the criminal proceeding itself, through the mechanisms that procedural legislation establishes for such purposes.\n\nConsequently, with respect to these points, the appeal is dismissed”.\n\nErgo, the appeal is dismissed.\n\nIV.- Documentation contributed to the case file. The parties are warned that, if any paper document, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or device produced by new technologies has been contributed, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial) (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n VE1OEHL7VBY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-036808-0007-CO\n\n \n\nTelephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:40:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }