{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1353486",
  "citation": "Res. 36233-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo sobre servicio de agua agrícola denegado",
  "title_en": "Amparo on denied agricultural water service",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto contra la Sociedad Usuarios de Agua de Escobio (SUA). El recurrente solicitó servicio de agua agrícola para su propiedad, el cual le fue denegado después de un prolongado silencio administrativo. La Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que, si bien el derecho al agua es fundamental, su acceso no es irrestricto y puede condicionarse al cumplimiento de requisitos técnicos y legales. Distingue entre el servicio de agua para vivienda, cuya afectación puede tutelarse por vulnerar la salud y la vida, y el servicio para fines agrícolas o comerciales, que al perseguir fines lucrativos no involucra esos derechos fundamentales. Por tanto, el amparo es inadmisible al tratarse de dotación de agua para actividad agrícola. Además, el reclamo administrativo presentado el 5 de septiembre de 2025 se considera prematuro, por lo que no se tutela la alegada violación al artículo 41 constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses an amparo filed against the Escobio Water Users Society (SUA). The petitioner requested agricultural water service for his property, which was denied after extended administrative silence. The Chamber reiterates its case law: while the right to water is fundamental, access is not unrestricted and may be conditioned on compliance with technical and legal requirements. It distinguishes between water service for residences—whose denial may affect health and life, warranting protection—and service for agricultural or commercial purposes, which, being profit-driven, does not implicate those fundamental rights. The amparo is therefore inadmissible as it concerns water supply for agricultural activity. Additionally, the administrative complaint filed on September 5, 2025, is considered premature, so the alleged violation of Article 41 of the Constitution is not addressed.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "04/11/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "derecho fundamental al agua",
    "silencio positivo",
    "inadmisibilidad",
    "Sala Constitucional",
    "artículo 41 Constitución Política"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 9",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 41",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "derecho al agua",
    "agua agrícola",
    "servicio de agua",
    "inadmisibilidad",
    "silencio positivo",
    "Sala Constitucional",
    "discriminación",
    "salud",
    "vida"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo",
    "right to water",
    "agricultural water",
    "water service",
    "inadmissibility",
    "positive silence",
    "Constitutional Chamber",
    "discrimination",
    "health",
    "life"
  ],
  "excerpt_es": "Asimismo, es preciso, hacer una diferenciación entre el servicio de agua residencial y el servicio de agua comercial o agrícola, pues en otras oportunidades esta Sala ha establecido que en el primer caso, sea, cuando se trata de casas de habitación, esta Sala tutela el derecho a la salud y la vida de las personas. Por el contrario, cuando se trata de locales comerciales o actividades agrícolas, cuyos fines son lucrativos, este Tribunal rechaza el conocimiento de estos asuntos, pues no conlleva violación alguna al derecho fundamental a la salud (véanse en similar sentido la sentencia número 2022007365 de las 10:30 horas del 29 de marzo de 2022).\n\nCon base en lo anteriormente expuesto, estima esta Sala que el presente amparo es inadmisible, toda vez que, del escrito de interposición se desprende que el trámite para la dotación de agua que requiere el amparado es para uso agrícola y no para vivienda; en consecuencia, la situación no puede ser tutelada por esta Sala a través del amparo, por no estar de por medio la lesión de un derecho fundamental, al tratarse de una solicitud de agua para desarrollar una actividad agrícola.",
  "excerpt_en": "Likewise, it is necessary to differentiate between residential water service and commercial or agricultural water service, since on other occasions this Chamber has established that in the first case, i.e., when it involves dwelling houses, this Chamber protects the right to health and life of individuals. Conversely, when it involves commercial premises or agricultural activities, whose purposes are lucrative, this Court declines to hear such matters, as they do not entail any violation of the fundamental right to health (see, in a similar vein, ruling number 2022007365 of 10:30 a.m. on March 29, 2022).\n\nBased on the foregoing, this Chamber finds the present amparo inadmissible, since it is clear from the filing that the water supply sought by the petitioner is for agricultural use and not for a dwelling; consequently, the situation cannot be protected by this Chamber through amparo, as no fundamental right is at stake, given that the water request is for developing an agricultural activity.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The amparo is summarily dismissed as inadmissible because it concerns water service for agricultural, not residential, use, and the complaint about delay in administrative resolution is premature.",
    "summary_es": "Se rechaza de plano el recurso de amparo por ser inadmisible, al tratarse de un servicio de agua para uso agrícola y no residencial, y por ser prematuro el reclamo sobre dilación en la resolución administrativa."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "Likewise, it is necessary to differentiate between residential water service and commercial or agricultural water service, since on other occasions this Chamber has established that in the first case, i.e., when it involves dwelling houses, this Chamber protects the right to health and life of individuals. Conversely, when it involves commercial premises or agricultural activities, whose purposes are lucrative, this Court declines to hear such matters, as they do not entail any violation of the fundamental right to health.",
      "quote_es": "Asimismo, es preciso, hacer una diferenciación entre el servicio de agua residencial y el servicio de agua comercial o agrícola, pues en otras oportunidades esta Sala ha establecido que en el primer caso, sea, cuando se trata de casas de habitación, esta Sala tutela el derecho a la salud y la vida de las personas. Por el contrario, cuando se trata de locales comerciales o actividades agrícolas, cuyos fines son lucrativos, este Tribunal rechaza el conocimiento de estos asuntos, pues no conlleva violación alguna al derecho fundamental a la salud."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1353486",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 36233 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 04 de Noviembre del 2025 a las 09:35\n\nExpediente: 25-026587-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE: No.  25-026587-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2025036233\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente 25-026587-0007-CO, interpuesto por Nombre44937, contra SOCIEDAD USUARIOS DE AGUA DE ESCOBIO (SUA).\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Sociedad Usuarios de Agua de Escobio (SUA) y manifiesta que en el 2019, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), mediante la contratación No. 2019LA-000010-0019900001, con un costo de ¢187.540.000,00 y con viabilidad ambiental EXPD1-20398-2019 SETENA, financió con transferencia del Gobierno Central el “Proyecto Riego del Escobio, Curubandé”, el cual fue donado a la sociedad recurrida, con la finalidad beneficiar a los pobladores del sector con agua agrícola para actividades como siembra, ganadería y otras relacionadas. El 1° de abril de 2025 planteó ante la recurrida una solicitud de servicio de agua agrícola, para iniciar actividades agrícolas en su propiedad ubicada en El Escobio (véase prueba aportada). Aduce que, si bien la solicitud fue recibida, no obtuvo respuesta. Por lo anterior, el 24 de julio en curso aportó una segunda nota reiterando la solicitud anterior, y tampoco recibió contestación alguna. Reclama que, a la fecha de la interposición del recurso continuaba sin acceso al servicio de agua agrícola, lo cual impide el inicio de su proyecto de siembra y otras actividades, además de afectar sus condiciones básicas de higiene en su vivienda, teniendo conocimiento de que dicha agua no es apta para consumo humano. Ello, pese a que ambas gestiones mencionadas fueron recibidas por el presidente de la sociedad, y de que el derecho al agua constituye un derecho fundamental respaldado por el ordenamiento jurídico nacional. Aduce que, con posterioridad a la interposición del recurso, se le resolvieron las gestiones en fechas 3 y 4 de setiembre del presente año, denegándole el servicio de agua. Pero, al haberse hecho fuera del plazo de 10 días que legalmente correspondía, ya él había aplicado el \"silencio positivo\" y había instalado el servicio de agua. No obstante, el 3 de setiembre de 2025, se envió a uno de sus colaboradores o miembros de la recurrida a quitar el agua en su propiedad, violentado su derecho humano al agua. Sostiene que, al haber hecho uso de la figura jurídica del silencio positivo, no se le podía interrumpir arbitrariamente el servicio o suministro de agua en su propiedad y la manera en que ello se hizo fue incorrecta, ya que, previamente, se le debió seguir un proceso administrativo. Finalmente, añade que el 5 de setiembre en curso planteó un reclamo a la acción anterior (véase prueba aportada), el cual, a la fecha de la contestación de la prevención, no se había resuelto. Por lo expuesto, estima violados sus derechos fundamentales. Solicita declarar con lugar el recurso.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n \n\n  Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n  \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO.  El recurrente alega que el 1° de abril de 2025 planteó ante la recurrida una solicitud de servicio de agua agrícola, para iniciar actividades agrícolas en su propiedad ubicada en El Escobio. Aduce que, si bien la solicitud fue recibida, no obtuvo respuesta. Por lo anterior, el 24 de julio en curso aportó una segunda nota reiterando la solicitud anterior, y tampoco recibió contestación alguna. Aduce que, con posterioridad a la interposición del recurso, se le resolvieron las gestiones en fechas 3 y 4 de setiembre del presente año, denegándole el servicio de agua. Finalmente, añade que el 5 de setiembre en curso planteó un reclamo a la acción anterior (véase prueba aportada), el cual, a la fecha de la contestación de la prevención, no se había resuelto. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.\n\n II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua  y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales  para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido  que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la  carta de disponibilidad de agua, cuando  el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o  legales que los justifiquen. Así por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n “Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: “(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\n Asimismo, es preciso, hacer una diferenciación entre el servicio de agua residencial y el servicio de agua comercial o agrícola, pues en otras oportunidades esta Sala ha establecido que en el primer caso, sea, cuando se trata de casas de habitación, esta Sala tutela el derecho a la salud y la vida de las personas. Por el contrario, cuando se trata de locales comerciales o actividades agrícolas, cuyos fines son lucrativos, este Tribunal rechaza el conocimiento de estos asuntos, pues no conlleva violación alguna al derecho fundamental a la salud (véanse en similar sentido la sentencia número 2022007365 de las 10:30 horas del 29 de marzo de 2022).\n\n Con base en lo anteriormente expuesto, estima esta Sala que el presente amparo es inadmisible, toda vez que, del escrito de interposición se desprende  que el trámite para la dotación de agua que requiere el amparado es para uso agrícola y no para vivienda; en consecuencia, la situación no puede ser tutelada por esta Sala a través del amparo, por no estar de por medio la lesión de un derecho fundamental, al tratarse de una solicitud de agua para desarrollar una actividad agrícola.\n\n De manera que, si el amparado se encuentra inconforme con las razones expuestas por la recurrida para rechazar su solicitud,  deberá plantear el asunto ante las autoridades recurridas o en la vía judicial competente  y presentar ahí  las pruebas que estime convenientes a efecto de que se resuelva lo que en derecho corresponda.\n\n III.- SOBRE EL RECLAMO INTERPUESTO. De otra parte, reclama el amparado que no se ha resuelto un reclamo administrativo que planteó en contra de la negativa en brindar el servicio. No obstante la acusada dilación constituiría, de ser el caso, una violación al artículo 41 de la Constitución Política, motivo por el cual el amparo resulta inadmisible; empero, el mismo fue presentado el pasado 5 de setiembre por lo que se considera que el presente reclamo resulta prematuro. Así las cosas, deberá el recurrente, una vez pasado el plazo establecido, plantear su inconformidad ante la autoridad correspondiente.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nHubert Fernández A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 5TLOF3OWR47K61\n\nEXPEDIENTE N° 25-026587-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:42:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE: No. 25-026587-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION No. 2025036233\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five hours on the fourth of November of two thousand twenty-five.\n\nAmparo action processed in expediente 25-026587-0007-CO, filed by Nombre44937, against SOCIEDAD USUARIOS DE AGUA DE ESCOBIO (SUA).\n\nWHEREAS:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber, the petitioner files an amparo action against the Sociedad Usuarios de Agua de Escobio (SUA) and states that in 2019, the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), through contract No. 2019LA-000010-0019900001, with a cost of ¢187,540,000.00 and with environmental viability (viabilidad ambiental) EXPD1-20398-2019 SETENA, financed with a transfer from the Central Government the “El Escobio, Curubandé Irrigation Project” (Proyecto Riego del Escobio, Curubandé), which was donated to the respondent society, with the purpose of benefiting the sector's residents with agricultural water for activities such as planting, livestock raising, and other related activities. On April 1, 2025, he submitted to the respondent a request for agricultural water service, to begin agricultural activities on his property located in El Escobio (see evidence provided). He argues that, although the request was received, he did not obtain a response. Therefore, on July 24 of the current year, he submitted a second note reiterating the previous request, and he also did not receive any reply. He complains that, as of the date of filing the action, he continued without access to agricultural water service, which prevents the start of his planting project and other activities, in addition to affecting his basic hygiene conditions in his dwelling, having knowledge that said water is not suitable for human consumption. This, despite both aforementioned proceedings having been received by the society's president, and despite the right to water constituting a fundamental right supported by the national legal system. He argues that, after the filing of the action, his proceedings were resolved on the 3rd and 4th of September of this year, denying him the water service. But, having been done outside the legally corresponding 10-day period, he had already applied the “positive silence” (silencio positivo) and had installed the water service. However, on September 3, 2025, one of his collaborators or members of the respondent was sent to remove the water on his property, violating his human right to water. He maintains that, having made use of the legal figure of positive silence, the service or supply of water on his property could not be arbitrarily interrupted and the manner in which this was done was incorrect, since, previously, an administrative process should have been followed against him. Finally, he adds that on September 5 of this year he filed a complaint against the previous action (see evidence provided), which, as of the date of the response to the preliminary order, had not been resolved. Based on the foregoing, he considers his fundamental rights violated. He requests that the action be granted.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any proceeding brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of an earlier, identical, or similar proceeding that was rejected.\n\nDrafted by Justice Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner alleges that on April 1, 2025, he submitted to the respondent a request for agricultural water service, to begin agricultural activities on his property located in El Escobio. He argues that, although the request was received, he did not obtain a response. Therefore, on July 24 of the current year, he submitted a second note reiterating the previous request, and he also did not receive any reply. He argues that, after the filing of the action, his proceedings were resolved on the 3rd and 4th of September of this year, denying him the water service. Finally, he adds that on September 5 of this year he filed a complaint against the previous action (see evidence provided), which, as of the date of the response to the preliminary order, had not been resolved. Based on the foregoing, he requests the Chamber's intervention.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. On repeated occasions, this Chamber has held that while the fundamental right to water and its access under equal conditions is recognized, as it is an essential service for life and health, it has also indicated that this right does not imply unrestricted access to water, given that the Administration can validly establish general conditions and requirements to access this service. Likewise, it is valid for entities—public or private—that administer the service to reject water requests, or the certificate of water availability (carta de disponibilidad de agua), when the interested party does not meet the requirements or when there are technical or legal reasons that justify it. Thus, for example, in judgment number 2016-006027 at 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following:\n\n“This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 at 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed a matter very similar to the one presented in this action, ruled: ‘(...) This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every provider of public services—whether a public entity or a private entity—is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 at ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). It is clear then to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for the provision of the public potable water service, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now then, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, faced with legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or faced with formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a refusal of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that the lack of provision of the potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request filed by the petitioner, but rather due to the failure to meet all of the technical-legal requirements that exist in the Regulation for the Provision of Services to Clients of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for approving new services.’”\n\nFurthermore, it is necessary to differentiate between residential water service and commercial or agricultural water service, since on other occasions this Chamber has established that in the first case, i.e., when it concerns dwelling houses, this Chamber protects the right to health and life of individuals. Conversely, when it concerns commercial premises or agricultural activities, whose purposes are for-profit, this Court declines to hear these matters, as they do not entail any violation of the fundamental right to health (see in a similar sense judgment number 2022007365 at 10:30 hours on March 29, 2022).\n\nBased on the foregoing, this Chamber considers the present amparo to be inadmissible, given that it is evident from the filing brief that the procedure for the water supply required by the amparo petitioner is for agricultural use and not for housing; consequently, the situation cannot be protected by this Chamber through amparo, as there is no injury to a fundamental right at stake, it being a water request to develop an agricultural activity.\n\nTherefore, if the amparo petitioner is dissatisfied with the reasons given by the respondent for rejecting his request, he must raise the matter before the respondent authorities or in the competent judicial venue and there present the evidence he deems appropriate so that what is legally appropriate may be resolved.\n\nIII.- REGARDING THE COMPLAINT FILED. On the other hand, the amparo petitioner complains that an administrative complaint he filed against the denial of providing the service has not been resolved. However, the alleged delay would constitute, if applicable, a violation of Article 41 of the Political Constitution, a reason for which the amparo is inadmissible; however, it was filed on the past 5th of September, and therefore this claim is considered premature. Thus, the petitioner, once the established period has elapsed, must raise his disagreement before the corresponding authority.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is warned that if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Court Filing before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is rejected outright.\n\nFernando Cruz C.\n\nActing Presiding Judge\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nIngrid Hess H.\n\nHubert Fernández A.\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n5TLOF3OWR47K61\n\nEXPEDIENTE No. 25-026587-0007-CO\n\nTelephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:42:57."
}