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  "id": "nexus-sen-1-0007-1357948",
  "citation": "Res. 38520-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta extemporánea de AyA a solicitud de información sobre PTAR de Golfito",
  "title_en": "AyA's Belated Response to Information Request on Golfito Wastewater Treatment Plant",
  "summary_es": "Un diputado interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no haber respondido a una solicitud de información presentada el 12 de septiembre de 2025, relativa a la identificación de terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el cantón de Golfito. La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso. La mayoría constata que, si bien la solicitud fue presentada el 12 de septiembre, AyA pidió ampliación de plazo el 25 de septiembre y el diputado aceptó; posteriormente, el 14 de octubre de 2025 AyA remitió la respuesta con la información requerida, antes de ser notificado de la tramitación del amparo (17 de octubre). Dado que el recurrente no manifestó disconformidad con la respuesta y que esta se brindó previo a la notificación del amparo, se considera satisfecho el derecho. El magistrado Salazar salva el voto: considera que existió violación porque el plazo de diez días hábiles se incumplió, y la respuesta extemporánea no subsana la lesión, por lo que debió declararse con lugar únicamente para efectos indemnizatorios.",
  "summary_en": "A congressman filed an amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for failing to respond to an information request filed on September 12, 2025, regarding the identification of land for the Wastewater Treatment Plant (PTAR) in Golfito. The Constitutional Chamber denies the amparo. The majority finds that although the request was filed on September 12, AyA requested an extension on September 25, which the congressman accepted; later, on October 14, 2025, AyA sent the response with the required information, before being notified of the amparo proceedings (October 17). Since the petitioner did not express disagreement with the response and it was provided prior to the amparo notification, the right is deemed satisfied. Judge Salazar dissents: he considers there was a violation because the ten-working-day deadline was not met, and the belated response does not remedy the injury, so the amparo should have been granted solely for compensation purposes.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "21/11/2025",
  "year": "2025",
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    "derecho de petición",
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    "plazo diez días hábiles",
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      "law": "Constitución Política"
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    "PTAR Golfito",
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    "right to petition",
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    "Golfito wastewater treatment plant",
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  "excerpt_es": "Consta que la gestión del recurrente tiene relación con una petición en relación con acceso a la información y la parte recurrida, el 15 de octubre de 2025 (antes de ser notificada la resolución de curso de este amparo), procedió a remitirle la información requerida, por oficio no. PRE-2025-00812 del 14 de octubre de 2025, y notificado el día siguiente (15 de octubre de 2025). En consecuencia, la respuesta se le brindó antes de la notificación de la resolución de curso de este amparo, la cual se efectuó el 17 de octubre de 2025. Por otra parte, esta Sala verifica que el accionante posterior a la respuesta brindada por la autoridad recurrida, no presentó gestión posterior con alguna disconformidad con la contestación ofrecida, por lo que se tiene por satisfecho con la información brindada por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "It is recorded that the petitioner's request relates to a petition concerning access to information and the respondent, on October 15, 2025 (before being notified of the order to proceed with this amparo), proceeded to send the requested information, via official letter no. PRE-2025-00812 of October 14, 2025, notified the following day (October 15, 2025). Consequently, the response was provided before notification of the order to proceed with this amparo, which was made on October 17, 2025. Furthermore, this Chamber verifies that after the response provided by the respondent authority, the petitioner did not file any subsequent pleading expressing disagreement with the reply offered, so he is deemed satisfied with the information provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. For these reasons, the amparo is denied.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The amparo is denied because the response was provided before notification of the amparo proceedings and the petitioner did not express disagreement.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo por considerar que la respuesta fue brindada antes de la notificación del curso del amparo y el recurrente no mostró disconformidad."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Voto salvado del magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The right to petition and prompt response, enshrined in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, obliges public officials to resolve citizens' requests within a period of ten working days from the date of filing, unless a different deadline has been set for reply.",
      "quote_es": "El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar."
    },
    {
      "context": "Voto salvado del magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority opinion, is to deem the violation of the right to petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30 of the Constitution), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as proven, ordering the respondent authority to pay costs and damages.",
      "quote_es": "Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 38520 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 25-031083-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-031083-0007-CO\n\nRes. Nº 2025038520\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre79177, cédula de identidad no. CED26218, en su condición de DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado mediante Gestión en Línea de la Sala el 8 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta que el 12 de setiembre de 2025, mediante oficio número AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025, se le solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que remitiera la siguiente información: “¿Se ha identificado un nuevo terreno para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el cantón de Golfito? En caso afirmativo: adjuntar la documentación que respalde dicho hallazgo, incluyendo estudios técnicos, informes de factibilidad, planos, certificaciones de uso de suelo, criterios ambientales y cualquier otro documento oficial que justifique la selección del terreno. En caso negativo: indicar las razones por las cuales no se ha logrado identificar un terreno, así como el estado actual del proceso de búsqueda o de planificación para la localización de un sitio idóneo. (…)”. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- Por resolución de las 16:02 horas del 16 de octubre de 2025, se le dio curso al proceso y se requirió informe al gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos alegados por el recurrente.\n\n3.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 22 de octubre de 2025, informa bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que: \"(...) UNICO. Se solicita a mi representada rendir un informe ante este Tribunal Constitucional, relacionado con una solicitud de información presentada por el señor Nombre79177, con el oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025 de fecha 11 de setiembre del año en curso, recibido el 12 de setiembre en horario ordinario, según confirmación mediante el correo electrónico de la Presidencia Ejecutiva de AyA. La respuesta a este recurso se brindó a partir de lo indicado mediante correo electrónico de Presidencia Ejecutiva de fecha 25 de setiembre, dirigido al señor Nombre79177, antes del vencimiento del plazo de los 10 días. En dicho correo electrónico se solicitó al señor Nombre79177 ampliar el plazo al 6 de octubre, a fin de brindar la respuesta. En la misma fecha 25 de setiembre, el señor diputado acusó recibo a la solicitud del AyA. La Presidencia Ejecutiva coordinó lo necesario a lo interno del Instituto y brindó respuesta y aportó la información solicitada, relacionada al proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Golfito, mediante el oficio PRE-2025-00812 de fecha 14 de octubre 2025 dirigido al señor Nombre79177, mediante el sistema SDI, al correo ...355. …Finalmente, se indica al Tribunal, en cumplimiento de lo prevenido en resolución de traslado, que el correo electrónico ...177 se encuentra habilitado como medio para recibir las solicitudes de información que sean de su competencia (…)”.\n\n4.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 18 de noviembre de 2025, informan bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza y José Darío Guzmán Álvarez, por su orden presidenta ejecutiva y gerente general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que ratifican el informe rendido bajo juramento el 22 de octubre de 2025.\n\n5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que, a la fecha de formulado este amparo, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no había atendido una gestión planteada desde el 12 de setiembre de 2025.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:\n\na)    Por oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025 del 11 de setiembre de 2025 y remitido el 12 de setiembre de 2025, el accionante presentó gestión ante la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la dirección de correo electrónico ..., requiriendo lo siguiente: \"(…) ¿Se ha identificado un nuevo terreno para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el cantón de Golfito? En caso afirmativo: adjuntar la documentación que respalde dicho hallazgo, incluyendo estudios técnicos, informes de factibilidad, planos, certificaciones de uso de suelo, criterios ambientales y cualquier otro documento oficial que justifique la selección del terreno. En caso negativo: indicar las razones por las cuales no se ha logrado identificar un terreno, así como el estado actual del proceso de búsqueda o de planificación para la localización de un sitio idóneo (…)\" (ver prueba aportada al expediente).\n\nb)   La citada dirección de correo electrónico está establecida como un medio oficial del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la recepción de este tipo de gestión (ver informe).\n\nc)    El 25 de setiembre de 2025, el instituto recurrido le contestó al recurrente lo siguiente: “(…) Buenas tardes don Nombre79177, reciba de nuestra parte un respetuoso saludo. Con respecto a su consulta se requiere ampliar el plazo al 6 de octubre a fin de brindar la respuesta (…)”. Ese mismo día, el accionante contestó acuse de recibido (ver prueba aportada al expediente).\n\nd)   Por oficio no. PRE-2025-00812 del 14 de octubre de 2025, la presidenta ejecutiva del Instituto recurrido le brindó respuesta al recurrente. Se adjuntó informe señalando: “(…) El Instituto realizó valoraciones para buscar una nueva ubicación para las obras de tratamiento, pese a que esto implicaría un retroceso casi total en cuanto al avance del proyecto. Sin embargo, de acuerdo con el criterio Institucional emitido en el año 2023 mediante oficio PRE-J-2023-04432 sobre el terreno con número de plano P-2060218-2018 (terreno actual), se reafirma que el mismo cumple a cabalidad con los requerimientos para la ubicación de la PTAR, y es un terreno idóneo por encima de cualquier terreno ubicado en el sector denominado Km5; por esta razón y por instrucción de la Administración Superior se decide mantener la ubicación actual para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Es importante mencionar que el proyecto “Construcción de alcantarillado sanitario para la cuidad de Golfito” cuenta con los diseños finales concluidos, la viabilidad ambiental aprobada y vigente ante SETENA, con los terrenos y servidumbres adquiridos, así como con toda la documentación técnica (Términos de Referencia (TdR), Especificaciones Técnicas y Borrador de Pliego de Condiciones) finalizada para licitar el proyecto. Esta documentación se mantiene actualizada durante la búsqueda de una fuente de financiamiento. Actualmente el AyA realiza el proceso de actualización del estudio de factibilidad según lo requerido por MIDEPLAN (…)” (ver prueba aportada al expediente).\n\ne)    El 15 de octubre de 2025, la autoridad recurrida le notificó al accionante los oficios no. PRE-2025-00812 del 14 de octubre de 2025 e informe Nombre66292, a la dirección de correo electrónico ...355 (ver prueba aportada al expediente).\n\nf)     El 17 de octubre de 2025, el recurrido fue notificado de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).\n\nIII.- SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó:\n\n“(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original).\n\nParalelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la sentencia No. 2019-2204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló:\n\n“(…) Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (…)” (el énfasis no pertenece al original).\n\nEn el caso concreto, es importante acotar que la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó sobre el particular, lo siguiente: “(…) en cumplimiento de lo prevenido en resolución de traslado, que el correo electrónico ...177 se encuentra habilitado como medio para recibir las solicitudes de información que sean de su competencia (…)”. Así las cosas, teniendo por verificado lo anterior, resulta procedente el conocimiento por el fondo de este proceso de amparo.\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, reclama el recurrente que a la fecha de formulado este amparo, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilladosno había atendido una gestión planteada desde el 12 de setiembre de 2025.\n\nEn este sentido, es de especial importancia analizar la interrogante planteada por el accionante, con el fin de determinar si se encuentra amparado por esta Sala y verificar que esta no ha recibido una respuesta concreta por parte de la autoridad recurrida, según se expondrá a continuación:\n\nOficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025 del 11 de setiembre de 2025\n\n \n\n\t\n\nClasificación\n\n\t\n\nRespuesta oficio no. PRE-2025-00812 del 14 de octubre de 2025, e Informe Golfito\n\n\n\n\n¿Se ha identificado un nuevo terreno para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el cantón de Golfito? En caso afirmativo: adjuntar la documentación que respalde dicho hallazgo, incluyendo estudios técnicos, informes de factibilidad, planos, certificaciones de uso de suelo, criterios ambientales y cualquier otro documento oficial que justifique la selección del terreno. En caso negativo: indicar las razones por las cuales no se ha logrado identificar un terreno, así como el estado actual del proceso de búsqueda o de planificación para la localización de un sitio idóneo\n\n\t\n\nPetición en relación con acceso a la información\n\n \n\n\t\n\nEl Instituto realizó valoraciones para buscar una nueva ubicación para las obras de tratamiento, pese a que esto implicaría un retroceso casi total en cuanto al avance del proyecto. Sin embargo, de acuerdo con el criterio Institucional emitido en el año 2023 mediante oficio PRE-J-2023-04432 sobre el terreno con número de plano P-2060218-2018 (terreno actual), se reafirma que el mismo cumple a cabalidad con los requerimientos para la ubicación de la PTAR, y es un terreno idóneo por encima de cualquier terreno ubicado en el sector denominado Km5; por esta razón y por instrucción de la Administración Superior se decide mantener la ubicación actual para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Es importante mencionar que el proyecto “Construcción de alcantarillado sanitario para la cuidad de Golfito” cuenta con los diseños finales concluidos, la viabilidad ambiental aprobada y vigente ante SETENA, con los terrenos y servidumbres adquiridos, así como con toda la documentación técnica (Términos de Referencia (TdR), Especificaciones Técnicas y Borrador de Pliego de Condiciones) finalizada para licitar el proyecto. Esta documentación se mantiene actualizada durante la búsqueda de una fuente de financiamiento. Actualmente el AyA realiza el proceso de actualización del estudio de factibilidad según lo requerido por MIDEPLAN\n\nConsta que la gestión del recurrente tiene relación con una petición en relación con acceso a la información y la parte recurrida, el 15 de octubre de 2025 (antes de ser notificada la resolución de curso de este amparo), procedió a remitirle la información requerida, por oficio no. PRE-2025-00812 del 14 de octubre de 2025, y notificado el día siguiente (15 de octubre de 2025). En consecuencia, la respuesta se le brindó antes de la notificación de la resolución de curso de este amparo, la cual se efectuó el 17 de octubre de 2025. Por otra parte, esta Sala verifica que el accionante posterior a la respuesta brindada por la autoridad recurrida, no presentó gestión posterior con alguna disconformidad con la contestación ofrecida, por lo que se tiene por satisfecho con la información brindada por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Respetuosamente, disiento del criterio de la mayoría; y, por el contrario, considero que el recurso debe ser declarado con lugar, sólo para efectos indemnizatorios, imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como los daños y perjuicios ocasionados por la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, por las siguientes razones.\n\nEl derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse, eso sí, dentro del citado plazo. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.\n\nEl artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente: \n\n“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.\n\nPor su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente: \n\n“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.\n\nEn el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:\n\n“Presentación de escritos y plazo de respuesta.\n\nEl escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.\n\nDe este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.\n\nAsimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.\n\nPor lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida. \n\nAsí, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales.\n\nEn consecuencia, salvo el voto, declaro con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto, declara con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XPDDHHJGQKU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-031083-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:52:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-first of November of two thousand twenty-five.\n\nAmparo action filed by Name79177, identity card number CED26218, in his capacity as DEPUTY OF THE REPUBLIC, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nWHEREAS:\n\n1.- By document submitted through the Chamber’s Online Filing on October 8, 2025, the petitioner files an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He states that on September 12, 2025, by official letter number AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was requested to provide the following information: “Has a new site been identified for the construction of a Wastewater Treatment Plant in the canton of Golfito? If affirmative: attach the documentation supporting such finding, including technical studies, feasibility reports, plans, land-use certifications, environmental criteria, and any other official document justifying the site selection. If negative: indicate the reasons why a site has not been identified, as well as the current status of the search or planning process for locating a suitable site. (…)”. He alleges that, as of the filing date of this action, he has not received a response. Based on the arguments presented, he believes that fundamental rights are being violated by the challenged actions. He requests that the action be granted with the legal consequences.\n\n2.- By resolution at 16:02 hours on October 16, 2025, the proceeding was commenced and the general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was requested to report on the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- By document received through the Chamber’s Online Filing on October 22, 2025, Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president (presidenta ejecutiva) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that: \"(...) SOLE. My represented entity is requested to submit a report to this Constitutional Court regarding a request for information filed by Mr. Name79177, with official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025 dated September 11 of this year, received on September 12 during regular hours, as confirmed via the email of the AyA Executive Presidency. The response to this action was provided based on that indicated via Executive Presidency email dated September 25, addressed to Mr. Name79177, before the expiration of the 10-day period. In said email, Mr. Name79177 was requested to extend the deadline to October 6, in order to provide the response. On the same date, September 25, the Deputy acknowledged receipt of AyA's request. The Executive Presidency coordinated what was necessary internally within the Institute and provided a response and supplied the requested information related to the Golfito Wastewater Treatment Plant construction project, through official letter PRE-2025-00812 dated October 14, 2025, addressed to Mr. Name79177, via the SDI system, to the email ...355. …Finally, the Court is informed, in compliance with the provisions of the transfer resolution, that the email address ...177 is enabled as a means for receiving information requests within its purview (…)”.\n\n4.- By document received through the Chamber’s Online Filing on November 18, 2025, Lourdes María Sáurez Barboza and José Darío Guzmán Álvarez, respectively executive president and general manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that they ratify the report rendered under oath on October 22, 2025.\n\n5.- The prescriptions of law have been observed in the processing of this proceeding.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner claims that, at the date of filing this amparo, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had not addressed a petition filed since September 12, 2025.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of relevance to resolve this amparo action, the following are considered proven:\n\na) By official letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025 of September 11, 2025, and sent on September 12, 2025, the claimant filed a petition before the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, at the email address ..., requesting the following: \"(…) Has a new site been identified for the construction of a Wastewater Treatment Plant in the canton of Golfito? If affirmative: attach the documentation supporting such finding, including technical studies, feasibility reports, plans, land-use certifications, environmental criteria, and any other official document justifying the site selection. If negative: indicate the reasons why a site has not been identified, as well as the current status of the search or planning process for locating a suitable site (…)\" (see evidence provided in the case file).\n\nb) The aforementioned email address is established as an official means of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for the receipt of this type of petition (see report).\n\nc) On September 25, 2025, the respondent institute replied to the petitioner as follows: “(…) Good afternoon Mr. Name79177, receive our respectful greetings. Regarding your inquiry, an extension of the deadline to October 6 is required in order to provide the response (…)”. On that same day, the claimant replied acknowledging receipt (see evidence provided in the case file).\n\nd) By official letter no. PRE-2025-00812 of October 14, 2025, the executive president of the respondent Institute provided a response to the petitioner. A report was attached stating: “(…) The Institute conducted assessments to seek a new location for the treatment works, even though this would imply an almost total setback regarding the project's progress. However, according to the Institutional criterion issued in 2023 by official letter PRE-J-2023-04432 regarding the site with plan number P-2060218-2018 (current site), it is reaffirmed that it fully meets the requirements for the location of the PTAR, and is a suitable site above any site located in the sector called Km5; for this reason and by instruction of Senior Management, the decision is made to maintain the current location for the Wastewater Treatment Plant (PTAR). It is important to mention that the project “Construction of sanitary sewer system for the city of Golfito” has the final designs completed, the environmental viability approved and in force before SETENA, with the lands and easements (servidumbres) acquired, as well as all technical documentation (Terms of Reference (TdR), Technical Specifications, and Draft Tender Documents) finalized to tender the project. This documentation is kept updated during the search for a financing source. AyA is currently carrying out the process of updating the feasibility study as required by MIDEPLAN (…)” (see evidence provided in the case file).\n\ne) On October 15, 2025, the respondent authority notified the claimant of official letters no. PRE-2025-00812 of October 14, 2025, and report Name66292, to the email address ...355 (see evidence provided in the case file).\n\nf) On October 17, 2025, the respondent was notified of the filing of this amparo (see notification record).\n\nIII.- ON THE EXERCISE OF THE RIGHT OF PETITION AND PROMPT RESPONSE, AS WELL AS THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION, THROUGH ELECTRONIC MEANS. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 from 09:55 hours on June 13, 2008, when referring to the right of petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained:\n\n“(…) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. Regarding the right of petition and prompt response, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always considering its progressive and expansive effectiveness, but also taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right of petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the request be channeled through a freely accessible website of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address specifically set up to receive requests, either on a particular topic or that serves as an inbox for all types of petitions (…)” (emphasis not in original).\n\nSimultaneously, regarding requests sent to non-official emails, but whose receipt is acknowledged or processing of the response begins, this Court, in judgment No. 2019-2204 from 09:15 hours on February 8, 2019, stated:\n\n“(…) That being said, in view of the foregoing and after analyzing the elements provided to the case file, the Chamber considers that the petitioner's claim in this regard is admissible, since, although the email address to which the interested party sent his petition does not constitute an official means for the receipt of such petitions, the truth is that the respondent party admitted having proceeded to process said request, and at the moment it was received, they had knowledge of it (…) Thus, the respondent administration acknowledged the petition, and provided what was necessary to give the required response (…)” (emphasis not in original).\n\nIn the specific case, it is important to note that the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reported on the matter as follows: “(…) in compliance with the provisions of the transfer resolution, that the email address ...177 is enabled as a means for receiving information requests within its purview (…)”. Therefore, having verified the foregoing, an examination on the merits of this amparo proceeding is appropriate.\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner claims that at the date of filing this amparo, the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had not addressed a petition filed since September 12, 2025.\n\nIn this sense, it is of special importance to analyze the question posed by the claimant, in order to determine whether it is covered by this Chamber and to verify that he has not received a concrete response from the respondent authority, as will be set out below:\n\nOfficial letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0308-2025 of September 11, 2025\n\n| Classification | Response official letter no. PRE-2025-00812 of October 14, 2025, and Golfito Report |\n| --- | --- |\n| Has a new site been identified for the construction of a Wastewater Treatment Plant in the canton of Golfito? If affirmative: attach the documentation supporting such finding, including technical studies, feasibility reports, plans, land-use certifications, environmental criteria, and any other official document justifying the site selection. If negative: indicate the reasons why a site has not been identified, as well as the current status of the search or planning process for locating a suitable site | Request regarding access to information | The Institute conducted assessments to seek a new location for the treatment works, even though this would imply an almost total setback regarding the project's progress. However, according to the Institutional criterion issued in 2023 by official letter PRE-J-2023-04432 regarding the site with plan number P-2060218-2018 (current site), it is reaffirmed that it fully meets the requirements for the location of the PTAR, and is a suitable site above any site located in the sector called Km5; for this reason and by instruction of Senior Management, the decision is made to maintain the current location for the Wastewater Treatment Plant (PTAR). It is important to mention that the project “Construction of sanitary sewer system for the city of Golfito” has the final designs completed, the environmental viability approved and in force before SETENA, with the lands and easements acquired, as well as all technical documentation (Terms of Reference (TdR), Technical Specifications, and Draft Tender Documents) finalized to tender the project. This documentation is kept updated during the search for a financing source. AyA is currently carrying out the process of updating the feasibility study as required by MIDEPLAN |\n\nIt is evident that the petitioner's petition is related to a request regarding access to information and the respondent party, on October 15, 2025 (before being notified of the resolution commencing this amparo), proceeded to send him the requested information, by official letter no. PRE-2025-00812 of October 14, 2025, and notified the following day (October 15, 2025). Consequently, the response was provided before notification of the resolution commencing this amparo, which took place on October 17, 2025. On the other hand, this Chamber verifies that after the response provided by the respondent authority, the claimant did not file any subsequent petition expressing any disagreement with the offered response, thus, he is considered satisfied with the information provided by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. For the reasons stated, the action is dismissed.\n\nV.- DISSENTING OPINION OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. Respectfully, I dissent from the majority opinion; and, on the contrary, I consider that the action should be granted, only for indemnification purposes, imposing on the respondent party the payment of costs, as well as the damages (daños y perjuicios) caused by the infringement of the fundamental rights of the protected party, for the following reasons.\n\nThe right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obligates public officials to resolve the requests of individuals within the term of ten business days from the date of submission of such petitions, unless a different deadline for responding has been stipulated. However, the cited Article 32 further provides that, in deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced for considering said period insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision, within the aforementioned period. For purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is set forth in the previously cited norms.\n\nArticle 27 of the Political Constitution establishes the following:\n\n“The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, is guaranteed.”\n\nFor its part, numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:\n\n“When the amparo refers to the right of petition and to obtain prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no deadline for responding has been stipulated, the violation shall be understood to occur once ten business days have elapsed from the date the request was submitted in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the action, the reasons adduced for considering that period insufficient are assessed, given the circumstances and the nature of the matter.”\n\nIn the same vein, the Law for the Regulation of the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. It is relevant to keep in mind what is set forth in numeral 6 of said regulation:\n\n“Submission of documents and response period.\n\nThe document in which the petition is presented and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational regulation of each entity…”.\n\nThus, in amparo actions referring to the alleged infringement of this right, there is an express legal norm – constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction – that requires the requested information to be provided within the ten business days following the request, as set forth in Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.\n\nLikewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:\n\n“...any resolution granting the action shall condemn in the abstract to compensation for the damages caused and to the payment of the costs of the action, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system regulating matters concerning compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nConsequently, in the instant case, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period - which, incidentally, is not required for the rest of amparo actions, except for those concerning rectification and response (numeral 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction) - is confirmed.\n\nTherefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority thesis, is to consider the infringement to the right of petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30 of the Constitution), which guarantees free access to administrative departments for information purposes on matters of public interest, to be proven, ordering the respondent authority to be liable for costs, and damages (daños y perjuicios).\n\nThus, dealing with a constitutionally endorsed period - both by the legislator and by this Constitutional Court -, its non-compliance entails an infringement of the fundamental right indicated, which drove the petitioner to file this amparo action as a mechanism for obtaining a response to his petition or access to the information he has required, regardless of whether the response or the delivery of information occurred before or on the occasion of the amparo; because, the truth is, the individual eventually saw his constitutional right satisfied as a result of the filing of the amparo action he was forced to present, with the inconveniences and costs that this entails. It is reiterated, the response or access provided by the respondent Administration that occurs once the period in question has expired, even if it arises before notification of the amparo's commencement, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by ordinals 27 and 30 of the Constitution. It is clear that in this hypothesis, that untimely response entails satisfaction of the protected party's claim, but this is no obstacle to the recognition of the damages that such negligence may have caused the petitioner, as well as the costs associated with exercising the present procedural action, necessary for the safeguarding of his fundamental rights.\n\nConsequently, I save my vote, I grant the action, solely for indemnification purposes, and I impose on the respondent party the payment of costs, and damages (daños y perjuicios).\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is dismissed. Judge Salazar Alvarado saves his vote, grants the action, solely for indemnification purposes, and imposes on the respondent party the payment of costs, and damages (daños y perjuicios).-"
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