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  "id": "nexus-sen-1-0007-1360882",
  "citation": "Res. 38014-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a infraestructura accesible y terapia de lenguaje para estudiante con discapacidad",
  "title_en": "Right to Accessible Infrastructure and Speech Therapy for Student with Disability",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de una estudiante con discapacidad del Liceo de San Diego, en La Unión de Cartago, contra el Ministerio de Educación Pública (MEP). La recurrente alegó dos violaciones: la falta del servicio educativo de terapia de lenguaje, que la menor necesitaba según recomendación técnica desde 2023, y la ausencia de infraestructura accesible (rampas, baños adaptados, mobiliario ergonómico) para personas con discapacidad. La Sala confirmó que el MEP conocía ambas necesidades desde 2024 pero no había implementado medidas remediales efectivas. Sobre la terapia de lenguaje, la Sala reiteró jurisprudencia que obliga al Estado a garantizar servicios de apoyo educativo especial sin demoras irrazonables. En cuanto a infraestructura, consideró que la mera existencia de un diagnóstico sin cronograma ni asignación presupuestaria constituía una violación continua a los derechos a la educación, salud y ambiente sano de la estudiante. La sentencia ordena: (1) brindar terapia de lenguaje de manera inmediata mientras exista criterio técnico; (2) ejecutar en un máximo de 24 meses las obras de rehabilitación y adaptación para accesibilidad en el Liceo de San Diego. La magistrada Garro Vargas emitió un voto salvado parcial, indicando que la fase de ejecución debía realizarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la complejidad técnica del seguimiento (rampas, baños, mobiliario).",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo action filed on behalf of a student with disabilities at Liceo de San Diego, La Unión de Cartago, against the Ministry of Public Education (MEP). The petitioner alleged two violations: failure to provide speech therapy services, which the minor had required since 2023 per technical recommendation, and lack of accessible infrastructure (ramps, accessible restrooms, ergonomic furniture) for persons with disabilities. The Chamber confirmed that MEP had been aware of both needs since 2024 but had not implemented effective remedial measures. On speech therapy, the Chamber reiterated case law obliging the State to guarantee special education support services without unreasonable delay. On infrastructure, it held that the mere existence of a diagnosis without a timeline or budget allocation constituted an ongoing violation of the student's rights to education, health, and a healthy environment. The ruling orders: (1) immediate provision of speech therapy as long as technical criteria so require; (2) completion within a maximum of 24 months of rehabilitation and adaptation works to ensure accessibility at Liceo de San Diego. Justice Garro Vargas issued a partial dissenting opinion, stating that the execution phase should be handled by the Administrative Litigation Court given the technical complexity of overseeing compliance (ramps, restrooms, furniture).",
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  "date": "14/11/2025",
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  "excerpt_es": "IV.- TOCANTE AL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN. El derecho a la salud, reconocido en los artículos 21, de la Constitución Política; 1 y 11, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 Constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa.\n\nVII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. ... b.- Tocante a las deficiencias estructurales y la falta de infraestructura que permita la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad. ... No obstante lo anterior, no consta un cronograma, un plan ni las disposiciones presupuestarias para poner en marcha un procedimiento de contratación pública a efectos de ejecutar los trabajos que se requieren para rehabilitar y poner en condiciones adecuadas al Liceo de San Diego. Solamente se cuenta con un diagnóstico, pero sin que haya certeza en cuanto a un período determinado para contar con los recursos necesarios y ejecutar las obras de construcción y rehabilitación del centro educativo, prolongando a través del tiempo la lesión de los derechos fundamentales, principalmente aquellos ligados al proceso educativo, de los menores que acuden al Liceo de San Diego, incluyendo a la amparada quien es persona en condición de discapacidad, así como del personal docente y administrativo del mismo.\n\nBajo tal estado de las cosas, en la especie, se concluye que con las omisiones de cita el MEP ha lesionado los derechos fundamentales de la amparada, quien tiene afectación directa en su proceso de aprendizaje al no tener las condiciones de infraestructura adecuadas y de accesibilidad, la cual requiere con ocasión de su condición. Así, sobre este extremo, se declara con lugar este proceso de amparo.",
  "excerpt_en": "IV. REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL CENTERS. The right to health, recognized in Article 21 of the Political Constitution; articles 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; article 4 of the American Convention on Human Rights and article 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is closely linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life, along with health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection of the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from pollution and that alterations produced by both human action and nature, in the nearby or distant surroundings, do not constitute harm to the environment or to the health of the people who live in it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service that the State provides in the various educational centers of the country. Therefore, the least the State can do when providing this public service is not to injure other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution.\n\nVII. ON THE SPECIFIC CASE. ... b. Regarding the structural deficiencies and lack of infrastructure that ensures accessibility for persons with disabilities. ... Nevertheless, there is no schedule, plan, or budgetary provisions to initiate a public procurement process to carry out the works required to rehabilitate and bring the Liceo de San Diego to adequate conditions. There is only a diagnosis, but with no certainty regarding a specific timeframe to have the necessary resources and to execute the construction and rehabilitation works of the educational center, thus prolonging over time the violation of fundamental rights, primarily those linked to the educational process, of the minors attending the Liceo de San Diego, including the petitioner who is a person with disabilities, as well as the teaching and administrative staff.\n\nUnder this state of affairs, in this case, it is concluded that through the cited omissions, the MEP has violated the fundamental rights of the petitioner, who is directly affected in her learning process by not having adequate infrastructure and accessibility conditions, which she requires due to her condition. Thus, on this point, this amparo proceeding is granted.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered MEP to immediately provide speech therapy and to complete accessibility works at Liceo de San Diego within a maximum of 24 months.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó al MEP brindar terapia de lenguaje de inmediato y realizar las obras de accesibilidad en el Liceo de San Diego en un plazo máximo de 24 meses."
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      "context": "Considerando IV",
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      "quote_es": "Lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 38014 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2025 a las 13:40\n\nExpediente: 25-031061-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: EDUCACIÓN\n\nSubtemas:\n\nESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: MINORÍAS\n\nSubtemas:\n\nMENORES DE EDAD..\nPERSONAS CON DISCAPACIDAD.\n\n038014-25. EDUCACIÓN. MINORÍAS. ESTUDIANTE DEL LICEO DE SAN DIEGO, EN LA UNIÓN DE CARTAGO, ACUSA QUE, NO RECIBE TERAPIA DE LENGUAJE Y ADEMÁS, EL CENTRO EDUCATIVO NO REÚNE LAS CONDICIONES DE ACCESO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LO SIGUIENTE: 1) A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS PARA EL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA Y MIENTRAS EXISTA CRITERIO TÉCNICO, A LA AMPARADA SE LE BRINDE EL SERVICIO EDUCATIVO DE TERAPIA DE LENGUAJE; B) AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  QUE REALICEN LAS COORDINACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS Y SE EJECUTEN LOS ACTOS QUE SEAN PERTINENTES PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO MESES, SE REALICEN LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, DE REHABILITACIÓN Y DE ADAPTACIÓN QUE PERMITA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, DEL LICEO DE SAN DIEGO, LA UNIÓN DE CARTAGO. VCG01/2026\n\n“(…) VI.- SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD. Sobre la normativa vigente en materia de accesibilidad. Asimismo, los derechos de las personas discapacitadas están reconocidos en instrumentos internacionales, como la \"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad\", ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948 y en la legislación nacional en la \"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad\" N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Dentro de ese marco jurídico base, se debe señalar que existe una obligación por parte de las autoridades nacionales de brindar a las personas con discapacidad iguales derechos y libertades fundamentales que a cualquier otra persona, lo que se traduce en un deber de proscribir toda forma de discriminación por razón de la discapacidad de las personas, que deriva del respeto a la dignidad inherente a todo ser humano.  La Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad define, en su artículo primero, qué se entiende por discapacidad, de la siguiente manera: “El término \"discapacidad\" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. Asimismo, define el término discriminación hacia las personas con discapacidad, de la manera que a continuación se transcribe: “El término \"discriminación contra las personas con discapacidad\" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. La referida Convención parte de la premisa de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidades. Del preámbulo de dicha Convención y de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 se desprende que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad.  Por esa razón, se considera que cualquier discriminación o cualquier trato discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación a sus derechos. Finalmente, reconoce que a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad (en el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias N° 2001-12062 de las 10:24 horas de 23 de noviembre de 2001, la N° 2003-09003 de las 18:47 horas de 26 de agosto de 2003 y la N° 2024-034729 de las 09:20 horas de 22 de noviembre de 2024).\n\nVII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, el reclamo de la recurrente versa sobre dos cuestiones en particular: a) que la amparada no recibe el servicio educativo de terapia en lenguaje; b) que el centro educativo en el que esta estudia no cuenta con infraestructura que permita la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Sobre el particular, corresponde referirse en los siguientes términos.\n\na.- Respecto del servicio de educativo de terapia en lenguaje. A partir de la relación de hechos probados y demás elementos que obran en autos, se tiene por acreditado que la amparada es persona en condición de discapacidad y es estudiante del Liceo de San Diego, La Unión de Cartago. Por su condición, la tutelada ha requerido del servicio educativo de terapia de lenguaje, el cual lo fue brindado durante su etapa de primaria educativa. Una vez finalizado ese período, se indicó que la estudiante debe continuar con dicho servicio, tal como consta en el informe final del período académico del curso lectivo 2023. No obstante, en la especie, no se acredita que la tutelada haya recibido el servicio en mención durante los cursos lectivos 2024 y 2025, lo que, a criterio de este Tribunal, atenta contra el proceso educativo de la menor. Sobre el particular, debe indicarse que esta Sala ha sido conteste en resguardar los intereses en el proceso educativo de las personas menores de edad que requieren algún servicio de educación especial. Así, en un caso similar al que nos ocupa, en Sentencia No. 2025-010349 de las 09:20 horas de 4 de abril de 2025, declaró el derecho a la educación de un estudiante a quien no se le brindó terapia de lenguaje, siendo que al efecto se indicó:\n\n“(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que el tutelado requiere terapia de lenguaje, lo que fue diagnosticado en 2023. Afirma que entregó la referencia respectiva en la Escuela La Riviera. Sin embargo, la referencia aparentemente fue extraviada. Este año matriculó al tutelado en la Escuela de Marañonal porque le indicaron que ahí había un especialista en terapia de lenguaje. Empero, posteriormente le indicaron que el servicio estaba saturado. Debido a lo anterior, solicitó nuevamente el traslado a la Escuela La Riviera. Empero, le indicaron que, debido al traslado a la Escuela de Marañoral, ahora debía iniciar nuevamente los trámites para que su hijo obtenga terapia de lenguaje.\n\nAnalizados los autos, la Sala tuvo por probado que el tutelado es persona menor de edad. Actualmente, es estudiante de la Escuela La Riviera. El 3 de marzo de 2023, el amparado fue referido por las autoridades de la Escuela La Riviera al Servicio de Terapia del Lenguaje del Jardín de Niños Esparza. La referencia fue confeccionada por esas autoridades. Según la directora del mencionado jardín: “…en su momento se llamó al contacto anotado en la referencia con fecha 3 de marzo del año 2023 (…) y no se obtuvo respuesta…”. En 2024, la recurrente entregó a la docente una referencia del pediatra del Hospital Monseñor Sanabria, cuyo plan de manejo era terapia de lenguaje. En 2025, la accionante hizo la prematrícula del amparado en la Escuela La Riviera. Empero, fue matriculado en la Escuela de Marañoral. Sin embargo, hizo traslado a la Escuela La Riviera el 18 de febrero de 2025. El 28 de febrero de 2025, la docente de grado entregó a la recurrente la referencia para terapia de lenguaje, a efectos de que la presentara en el Jardín de Niños de Esparza. Actualmente, el amparado se encuentra en el puesto tres de la lista de espera para terapia de lenguaje en el Jardín de Niños de Esparza.\n\nAhora bien, a partir de los elementos anteriores, la Sala concluye que se han lesionado los derechos de tutelado. En efecto, se verifica que él no ha iniciado la terapia de lenguaje que requiere, a pesar de que se determinó su necesidad en marzo de 2023, es decir, hace dos años; tal plazo resulta abiertamente irrazonable. Asimismo, se observa que la recurrente sí ha procurado que se brinde tal terapia al tutelado. Así, además de la referencia de marzo de 2023, consta también la referencia del pediatra del Hospital Monseñor Sanabria que ella aportó en 2024 al centro educativo y, este año, la referencia de la Escuela La Riviera del 28 de febrero de 2025. Empero, el justiciable continúa actualmente en lista de espera. Este Tribunal resta valor al hecho de que, aparentemente, con respecto a la referencia de 2023, “…en su momento se llamó al contacto anotado en la referencia con fecha 3 de marzo del año 2023 (…) y no se obtuvo respuesta, hago referencia a que el número telefónico anotado en la referencia recibida en nuestro servicio el 03 de marzo del año 2023 no coincide con el número telefónico de la referencia adjunta en el informe que se recibió el día de ayer…”. Ante esta situación, la debida diligencia obligaba a que se efectuara la coordinación respectiva con la escuela para contactar a la interesada; especialmente, si se toma en cuenta que la referencia fue confeccionada por esa escuela (por lo que le sería atribuible el eventual error en el número telefónico señalado en la referencia). Finalmente, la referencia de 2023 no fue el único intento de la recurrente por obtener la terapia de lenguaje, sino que consta también la referencia a portada en 2024. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso (…)”\n\nEn el caso que nos ocupa, en igual que en aquel, se tiene que el MEP ha sido omisa en atender adecuadamente la situación de la menor tutelada y, a pesar de constar con la recomendación de que esta continúe con el servicio educativo de terapia de lenguaje, no se ha hecho lo propio para que tenga acceso a este, lo que atenta contra su derecho a la educación y, por consiguiente, sobre este extremo corresponde estimar este proceso de amparo.\n\nb.- Tocante a las deficiencias estructurales y la falta de infraestructura que permita la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad. Respecto al reprocho incoado, a partir de la relación de hechos probados, se tiene que el Liceo de San Diego, código 4059, cuenta con deficiencias de infraestructura y que no cuenta con la correspondiente que permita la accesibilidad para la población estudiantil en condición de discapacidad. Esto es de conocimiento del MEP desde el año 2024, con ocasión de un informe emitido al efecto puso en evidencia las deficiencias y la necesidad de intervención del centro educativo. No obstante, no consta que las instancias del MEP hayan dispuesto algún plan remedial. En sus informes, las autoridades recurridas en este proceso reconocen la imperante necesidad de intervenir la planta física del centro educativo, tanto para dotar de infraestructura inclusiva como para mejorarla de manera general, lo que implica un rediseño completo de las instalaciones. Al respecto y de relevancia para este caso, es menester señalar que, en oficio DVM-A-DIE-DPS-0640-2025 de 23 de octubre de 2025, el Departamento de Programación y Seguimiento Dirección de Infraestructura Educativa del MEP indicó:\n\n“(…) es importante señalar que, conforme a un criterio técnico emitido por un funcionario de esta Dirección a inicios del año 2024, se tiene conocimiento de que la atención integral de la problemática de infraestructura del centro educativo —incluidos los aspectos de accesibilidad regulados en la Ley 7600— requiere de un rediseño completo de las instalaciones, ya sea en el sitio actual, si las condiciones lo permiten, o mediante la eventual reubicación del centro educativo en un nuevo terreno, lo que conlleva la activación de un proceso de adquisición de terreno.\n\nPor la magnitud de una atención de esta naturaleza y las fases que implica su desarrollo, su ejecución no es posible en el corto plazo. Este tipo de proyectos demanda una importante planificación presupuestaria que garantice el financiamiento necesario. En promedio, procesos de esta magnitud pueden requerir un plazo de hasta cuatro años para su materialización, e incluso más si se incluye la etapa de adquisición de terreno. Este plazo puede verse influenciado por otros factores como la disponibilidad presupuestaria, los procedimientos de contratación pública, tramitología asociada y el rol que desempeñe la Junta Administrativa, entre otros (...)”.\n\n \n\n \n\n \n\nNo obstante lo anterior, no consta un cronograma, un plan ni las disposiciones presupuestarias para poner en marcha un procedimiento de contratación pública a efectos de ejecutar los trabajos que se requieren para rehabilitar y poner en condiciones adecuadas al Liceo de San Diego. Solamente se cuenta con un diagnóstico, pero sin que haya certeza en cuanto a un período determinado para contar con los recursos necesarios y ejecutar las obras de construcción y rehabilitación del centro educativo, prolongando a través del tiempo la lesión de los derechos fundamentales, principalmente aquellos ligados al proceso educativo, de los menores que acuden al Liceo de San Diego, incluyendo a la amparada quien es persona en condición de discapacidad, así como del personal docente y administrativo del mismo.\n\nBajo tal estado de las cosas, en la especie, se concluye que con las omisiones de cita el MEP ha lesionado los derechos fundamentales de la amparada, quien tiene afectación directa en su proceso de aprendizaje al no tener las condiciones de infraestructura adecuadas y de accesibilidad, la cual requiere con ocasión de su condición. Así, sobre este extremo, se declara con lugar este proceso de amparo.\n\nVIII.- CONCLUSIÓN. Se declara con lugar el recurso de amparo en todos sus extremos y de conformidad con lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 021- Vida humana\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 21 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) IV.- TOCANTE AL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN. El derecho a la salud, reconocido en los artículos 21, de la Constitución Política; 1 y 11, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 Constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa (véanse en este sentido, entre otras, Sentencias N° 2007-017719 de las 15:50 horas de 5 de diciembre de 2007, N° 2012-014633 de las 9:05 horas de 19 de octubre del 2012, N° 2018-003873 de las 09:30 horas de 9 de marzo de 2018). (…)” VCG01/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 033- Igualdad ante la ley\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: 051- Familia. Protección de la madre, niño, anciano y enfermo desvalido\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 33 Y 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…)V.- SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. En múltiples ocasiones, la Sala Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de los individuos, se ha pronunciado sobre casos donde se encuentran involucradas personas con algún tipo de discapacidad, recalcando la tutela especial que merecen a raíz del contenido de los artículos 33 y 51, la Carta Magna. Es así como resulta de interés retomar en esta sentencia las consideraciones realizadas en oportunidades anteriores respecto al punto: \"...En primer término, es importante señalar que la Constitución Política de Costa Rica y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (instrumento internacional con fuerza superior a la ley por disposición del artículo 7 constitucional) consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones contrarias a su dignidad –artículos 33 y 24 respectivamente-. Adicionalmente, los derechos de las personas discapacitadas están reconocidos en otros instrumentos internacionales como la \"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad\", aprobada por la Asamblea Legislativa por ley número 7948 y la \"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad\", número 7600, publicada en la Gaceta del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis. Esta última Convención define en su artículo 1° la discriminación, de la siguiente manera: \"El término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de  discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular  el reconocimiento, goce  o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales\". Asimismo, consagra la obligación de los Estados que la suscribieron, a adoptar:  \"las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración\" (ver Sentencia N° 2005-03829 de las 16:06 horas de 13 de abril de 2005). (…)” VCG01/2026\n\n \n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 056- Ejecución de sentencias\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nIX.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, dado que, en la parte dispositiva de esta sentencia, se indica: “…se ordena lo siguiente: (…)  b) a la misma funcionaria y a Allan Ramírez Solano, en condición de director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe tal cargo, que realicen las coordinaciones que resulten necesarias y se ejecuten los actos que sean pertinentes para que, en el plazo máximo de veinticuatro meses posteriores a la notificación de esta sentencia, se realicen las obras de intervención, de rehabilitación y de adaptación que permita la accesibilidad de personas en condición de discapacidad, del Liceo de San Diego, La Unión de Cartago…” hago ver que, en lo tocante a lo ordenado sobre la realización de obras en el Liceo de La Unión de Cartago, conforme lo dispone la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como, por ejemplo, la construcción de rampas de acceso y baños accesibles, o la adquisición de asientos ergonómicos o de espuma. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\nVCG01/2026\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*CO*\n\nExp: 25-031061-0007-CO\n\nRes. Nº 2025-038014\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 25-031061-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA -MEP-.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría a las 14:05 horas del 8 de octubre de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP). Manifiesta que la menor tutelada es estudiante en el Liceo de San Diego, ubicado en la Provincia de Cartago, Cantón La Unión, distrito San Diego. Alega que la Ley N° 7600 establece la obligación de garantizar condiciones de accesibilidad, igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad; empero, ha constatado que en el centro educativo recurrido existen varias irregularidades, a saber, no existe un baño accesible para personas con discapacidad; no se han instalado rampas u otras facilidades para el acceso adecuado a las instalaciones; no se ofrece terapia de lenguaje, servicio indispensable para la amparada [Nombre 002], quien requiere este apoyo para su desarrollo; no se proveen asientos ergonómicos o de espuma que permitan a los estudiantes con discapacidad permanecer sentados por períodos prolongados sin afectar su salud. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representada. Solicita la intervención de esta Sala.\n\n2.- Por auto de las 13:22 horas de 14 de octubre de 2025, se le previno a la recurrente lo siguiente: “(…) indique la parte recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento lo siguiente: Si presenta este recurso de amparo en favor de algún menor que sea estudiante del centro educativo recurrido y, de ser así, indique el nombre completo del estudiante, y mencione si el menor tiene algún tipo de discapacidad. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho (…)”.\n\n3.- Por constancia de 21 de octubre de 2025, se indicó que la recurrente no cumplió con lo prevenido.\n\n4.- Mediante resolución de las 05:25 horas de 22 de octubre de 2025, se le dio curso a este proceso de amparo y se le solicitó informe a la directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo y la jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, ambas del Ministerio de Educación Pública.\n\n5.- Rinden informe, bajo juramento, Allan Ramírez Solano, en condición de director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública. Manifiesta que, en oficio DVM-A-DIEDPS-0640-2025 de 23 de octubre de 2025, el Departamento de Programación y Seguimiento de esa Dirección se refieren al fonde este asunto, por lo que se adhiere a ese documento. Refiere a que el oficio en mención señala:\n\n“(…) De conformidad con lo solicitado por la Licda. Elizabeth Villalobos Montero, Asesora Legal de la Dirección, en relación con el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 25-031061-0007-CO, referente al Centro Educativo Liceo San Diego, código 4059, ubicado en la provincia de Cartago, cantón La Unión, distrito San Diego, se informa que con el propósito de atender de manera oportuna la situación planteada por el recurrente, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) programará una visita técnica al centro educativo. Dicha visita tiene como objetivo valorar la factibilidad de implementar alternativas inmediatas o de corto plazo —ya sean paliativas, temporales o de carácter administrativo—que contribuyan a mejorar las condiciones de accesibilidad para la estudiante tutelada, mientras se avanza hacia una solución definitiva.\n\nEn razón de lo anterior, es importante señalar que, conforme a un criterio técnico emitido por un funcionario de esta Dirección a inicios del año 2024, se tiene conocimiento de que la atención integral de la problemática de infraestructura del centro educativo —incluidos los aspectos de accesibilidad regulados en la Ley 7600— requiere de un rediseño completo de las instalaciones, ya sea en el sitio actual, si las condiciones lo permiten, o mediante la eventual reubicación del centro educativo en un nuevo terreno, lo que conlleva la activación de un proceso de adquisición de terreno.\n\nPor la magnitud de una atención de esta naturaleza y las fases que implica su desarrollo, su ejecución no es posible en el corto plazo. Este tipo de proyectos demanda una importante planificación presupuestaria que garantice el financiamiento necesario. En promedio, procesos de esta magnitud pueden requerir un plazo de hasta cuatro años para su materialización, e incluso más si se incluye la etapa de adquisición de terreno. Este plazo puede verse influenciado por otros factores como la disponibilidad presupuestaria, los procedimientos de contratación pública, tramitología asociada y el rol que desempeñe la Junta Administrativa, entre otros.\n\nFinalmente, se aclara que los aspectos mencionados en el recurso relacionados con la oferta educativa —como la prestación del servicio de terapia de lenguaje— y el mobiliario especializado, no son competencia de esta Dirección, por lo que no se emite criterio respecto de dichos puntos (…)”.\n\nSolicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- Rinde informe, bajo juramento, Danae Espinoza Villalobos, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiante con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública. Manifiesta que, por oficio DVM-AC-DDC-DAEED-0530-2025, se indicó:\n\n“(…) … PRIMERO. El Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad como instancia técnica no ejecutora, adscrita a la Dirección de Desarrollo Curricular, informa que carece de competencia directa respecto de la administración y gestión operativa del Liceo de San Diego, toda vez que dichas funciones corresponden a la dirección del centro educativo Liceo San Diego, al supervisor de centros educativos, Circuito 06 y a la Dirección Regional de Educación de Cartago.\n\nNo obstante, en aras de coadyuvar con la autoridad constitucional en la determinación de los hechos y la protección efectiva de los derechos de la persona tutelada, se procedió a solicitar, vía correo electrónico, a la Asesoría de Educación Especial perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Cartago, la información relacionada con los hechos alegados (Anexo 1), con el fin de informar sobre los antecedentes o acciones conocidas. Al respecto dicha asesoría emitió el oficio DRECDAP-AREE-01096-2025 y 15 anexos (Anexo 2)\n\nLo expuesto es congruente con el Decreto Nº 35513-MEP Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación, que determina lo siguiente en el artículo 38.- Las Direcciones Regionales de Educación, para el cumplimiento de sus funciones y competencias, contarán con las siguientes dependencias:\n\na) Dirección.\n\nb) Departamento de Asesoría Pedagógica.\n\nc) Departamento de Servicios Administrativos y Financieros.\n\nd) Oficinas de Supervisión.\n\nAdicionalmente en el decreto supra mencionado, se específica diversas funciones para cada dependencia de las cuales se desean destacar las siguientes:\n\nArtículo 40.- La Dirección será ejercida por el Director o la Directora Regional, quien será la máxima autoridad regional. Le corresponden las siguientes funciones:\n\n“(…)\n\nc) Velar para que los centros educativos, en todos los ciclos, niveles y modalidades, implementen la política educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación, así como los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para tales efectos por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública. (…)\n\nArtículo 76.-En cada Circuito Educativo, la Oficina de Supervisión funcionará bajo la responsabilidad del correspondiente Supervisor de Centros Educativos, quien tendrá las siguientes funciones:\n\n(…)\n\nc) Supervisar que los Directores y las Directoras de los centros educativos cumplan las disposiciones legales, técnicas y administrativas que regulan el funcionamiento de los centros educativos.\n\nd) Asesorar a los Directores y las Directoras de los centros educativos en la correcta interpretación de la política educativa, los planes y programas, las ofertas educativas y las disposiciones emanadas de los niveles nacional y regional, para su adecuada ejecución.\n\ne) Asesorar a los Directores y Directoras de los centros educativos en materia de planificación, organización y administración de centros educativos, con el fin de mejorar su capacidad de gestión, tanto en el ámbito académico como administrativo.\n\nj) Atender consultas y denuncias presentadas por las comunidades educativas del correspondiente Circuito Educativo, canalizando a las instancias que corresponda aquellos asuntos que no sean de su competencia.\n\nArtículo 73.- El funcionamiento de los centros educativos localizados en cada Circuito Educativo, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, será responsabilidad exclusiva de los Directores y Directoras destacados por el Ministerio de Educación Pública. El Director o Directora de cada centro educativo es el superior jerárquico de todo el personal destacado en el mismo. (resaltado no del original)\n\nAunado a lo anterior y de conformidad con el artículo Nº 123 del Código de Educación, “El director de una escuela es responsable de la marcha general de la misma y el jefe inmediato de todos los empleados de ella”.\n\nPor otra parte, se considera pertinente citar las funciones que, como instancia técnica, se le han otorgado al Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, mediante el artículo Nº. 83 del Decreto N° 42058-MEP de reforma al Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP, Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, a saber:\n\na) Proponer a la Dirección de Desarrollo Curricular las políticas curriculares para el funcionamiento de los servicios específicos existentes y los apoyos educativos para el estudiantado con discapacidad, con el fin de que sean sometidas a consulta de las autoridades superiores y presentadas al Consejo Superior de Educación (CSE) para su autorización.\n\nb) Proponer a la Dirección de Desarrollo Curricular las directrices, los lineamientos y las orientaciones técnicas nacionales para el desarrollo de los servicios específicos existentes y los apoyos educativos para el estudiantado con discapacidad.\n\nc) Evaluar los planes y los programas de estudio de los distintos servicios específicos existentes para el estudiantado con discapacidad y someterlos a consulta y aprobación de las autoridades superiores.\n\nd) Formular propuestas innovadoras para el mejoramiento de servicios específicos existentes y los apoyos educativos para el estudiantado con discapacidad.\n\ne) Promover el uso de recursos didácticos innovadores para el desarrollo curricular de los servicios específicos existentes y los apoyos educativos para el estudiantado con discapacidad, incorporando el diseño universal para el aprendizaje (DUA) y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).\n\nf) Llevar a cabo procesos de investigación, evaluación y sistematización sobre diferentes aspectos relacionados con el proceso educativo del estudiantado con discapacidad en diversos contextos, para orientar la toma de decisiones de conformidad con lo establecido por el CSE.\n\ng) Brindar asesoría técnica para la implementación y desarrollo pertinente de los servicios específicos existentes y los apoyos educativos del estudiantado con discapacidad, a las diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, tanto de Oficinas Centrales como de las Direcciones Regionales de Educación.\n\nh) Proponer a la Dirección de Desarrollo Curricular estrategias de articulación y de trabajo colaborativo entre los distintos departamentos de la Dirección de Desarrollo Curricular, así como con las otras Direcciones del Despacho del Viceministerio Académico, para la promoción de la educación inclusiva del estudiantado con discapacidad.\n\ni) Formular propuestas tendientes a la información y toma de conciencia en la comunidad educativa, para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva del estudiantado con discapacidad.\n\nj) Formular, en coordinación con el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, directrices curriculares para la evaluación de los procesos de aprendizaje en los servicios específicos existentes y desde los apoyos educativos del estudiantado con discapacidad, de conformidad con la normativa vigente.\n\nk) Promover la participación y toma de decisiones del estudiantado con discapacidad y sus familias en el proceso educativo.\n\nl) Coordinar la Comisión Técnica de la Ley Nº 8283, para el financiamiento de los diferentes planes de inversión (infraestructura, equipamiento, proyectos didácticos y productos de apoyo), para el estudiantado con discapacidad matriculado en Tercer Ciclo y Educación Diversificada, de conformidad con los lineamientos vigentes.\n\nm) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de acción y sus atribuciones, asignadas por el superior jerárquico.\n\nSEGUNDO. En relación con lo alegado respecto a la inexistencia de un baño accesible para personas con discapacidad y la ausencia de rampas u otras facilidades para el acceso adecuado a las instalaciones del Liceo de San Diego, esta instancia no posee conocimiento directo para verificar tales condiciones de infraestructura, por corresponder dicha materia a la Dirección de Infraestructura Educativa.\n\nNo obstante, en anexo 14 del oficio DREC-DAP- AREE-01096-2025, emitido por la Asesoría de Educación Especial de la Dirección Regional de Educación de Cartago, (anexo 2), se indica que:\n\n“… en relación con la denuncia de las rampas de aseso (sip) y el servicio de discapacidad le comento que el colegio presente (sip) un proyecto de mejoras en infraestructura por parte de la DIE, al cual estamos a la espera de que se otorgue el financiamiento para tales obras, ya que la Junta de Educación no cuenta con fondos para tal inversión… (Director, José Antonio Méndez Cortés)\n\nEn consecuencia, el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad se limita a informar lo anterior, sin asumir responsabilidad directa sobre las condiciones de infraestructura señaladas, reiterando que la materia corresponde a la Dirección de Infraestructura Educativa y que, según lo indicado por el señor director del Liceo de San Diego, se encuentra en trámite un proyecto de mejora que contempla la atención de dichas necesidades.\n\nTERCERO. Con relación al hecho de que “no se proveen asientos ergonómicos o de espuma que permitan a los estudiantes con discapacidad permanecer sentados por períodos prolongados sin afectar su salud”, esta instancia no posee conocimiento directo para verificar tales condiciones de equipamiento, dado que la dotación de mobiliario y recursos materiales depende de las especificaciones incluidas en el requerimiento de apoyo requerido por cada persona estudiante, el cual es tramitado por el centro educativo.\n\nSobre este particular se solicitó a la señora Laurita Carvajal Granados, funcionaria del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad y colaboradora en la Comisión de la Ley 8283, Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de Estudiantes con Discapacidad matriculados en III y IV Ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial, verificar si existe alguna solicitud por parte del Liceo de San Diego, tanto en infraestructura como en productos de apoyo, respondiendo lo siguiente:\n\n“En respuesta a su consulta, me permito informarle que en los archivos de gestión de la Comisión Técnica de la Ley 8283, no aparecen proyectos de infraestructura ni ayudas técnicas, enviados por el Liceo San Diego.\n\nAdicionalmente le recuerdo que el tema de accesibilidad debe ser asumido por la Dirección de Infraestructura Educativa, no por la CTE Ley 8283.” (Anexo 3) Por otra parte, en el anexo 15 del oficio DREC-DAP- AREE-01096-2025, emitido por la Asesoría de Educación Especial de la Dirección Regional de Educación de Cartago (anexo 2), se evidencia que el Liceo de San Diego realiza la solicitud al Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec) de asesoría en productos de apoyo para la estudiante [Nombre 002], en fecha 8 de octubre del 2025.\n\nEn este particular y lo vinculado con la Comisión de la Ley 8283, el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad se limita a procesar y tramitar los proyectos que los centros educativos gestionan conforme al requerimiento de apoyos de las personas estudiantes. En ese sentido, no resulta material ni administrativamente posible que este Departamento determine de manera individual el requerimiento de apoyos de las personas estudiantes en situación de discapacidad de cada centro educativo, toda vez que dicha identificación y tramites corresponden al director del centro educativo, en su calidad de responsable de la gestión y funcionamiento general de la institución, según lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Educación.\n\nCUARTO. Sobre el hecho que “no se ofrece terapia de lenguaje, servicio indispensable para la amparada [Nombre 002], quien requiere este apoyo para su desarrollo”, se detalla:\n\nEl Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad mediante oficio DVM-AC-DDC-DAEED-0728-2024 Divulga para la implementación el documento, Apoyos Educativos: Una Visión Integral, señalando que el “documento permite profundizar y avanzar hacia una nueva perspectiva de la gestión, organización y disposición de los apoyos educativos que se aplican a la población estudiantil que los requiera, permitiendo no solo crear oportunidades de aprendizaje, sino también minimizar y eliminar las barreras que enfrentan las personas estudiantes, asegurando así el acceso, participación, aprendizaje, permanencia y promoción de todo el estudiantado”\n\nDel documento en mención y sin menoscabar la totalidad del mismo, se destaca lo siguiente:\n\n“se comprenden los apoyos educativos como todos los recursos, actividades y estrategias tendientes a reconocer la variabilidad en el proceso de aprendizaje del estudiantado y optimización de la enseñanza, con el propósito de eliminar las barreras que experimenta la población estudiantil. Estos apoyos se gestionan, organizan y disponen en el centro educativo, tanto diurno como nocturno, con el acompañamiento del personal de la Dirección Regional de Educación respectiva, con el fin de responder a la diversidad estudiantil” (p.p. 22-23). Resaltado no el original.\n\n“Con el propósito de orientar a los centros educativos en la gestión, organización, disposición y aplicación de los apoyos educativos, se presenta… la clasificación de estos en: organizativos, materiales y tecnológicos, personales y curriculares, brindándose algunos ejemplos u orientaciones” (P.24)\n\nAl respecto es importante destacar que, desde los apoyos personales, figuran los servicios de apoyo en Terapia del Lenguaje, que de acuerdo con el documento Normas y procedimientos para el manejo técnico administrativo de los servicios de Apoye en Terapia de Lenguaje (2005), estos servicios contarán con la sectorización:\n\nelaborada por cada Asesoría Regional de Educación Especial, la cual debe ser actualizada y entregada cada año a los servicios por dicha dependencia, con el objetivo de asignarle a cada servicio la comunidad escolar que le corresponde atender tanto en atención directa como en proyecto.” (p.25)\n\nPor otra parte, en el oficio DREC-DAP- AREE-01096-2025 y su anexo 6, emitidos por la Asesoría de Educación Especial de la Dirección Regional de Educación de Cartago, (anexo 2), se establece y evidencia que, “En el caso del Liceo Nuevo de San Diego, se definió que la boleta de referencia debe ser enviada a la Escuela Santiago del Monte”.\n\nEscuela donde se encuentra ubicado el Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje y tiene por responsabilidad atender por sectorización aquellas personas estudiantes de seguimiento o referidas por el Colegio Liceo de San Diego.\n\nTambién como antecedentes, cabe destacar que, en el oficio DREC-DAP- AREE-01096-2025 mencionado y sus anexos 1,2,3,4,5. La estudiante [Nombre 002], en resumen, recibió el Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje ubicado en la Escuela Santiago del Monte desde el año 2016 al 2023 por parte de la Terapeuta del Lenguaje Lorena Soto Barquero, profesional que indicó en el Informe Final 2023 la recomendación de “Continuar en el servicio de terapia de lenguaje 2024”.\n\nAdicional a esto, la señora Soto expresa:\n\nAl finalizar el año, cuando los estudiantes egresan de la escuela y aún requieren continuar con el servicio de terapia de lenguaje, se comunica esta situación a las familias con el fin de coordinar la atención correspondiente. En el caso de la estudiante Ashley, dicha información fue oportunamente transmitida a su familia. Sin embargo, no se recibió comunicación posterior por parte de los encargados ni solicitud alguna del colegio en el que actualmente se encuentra la estudiante.\n\nAunado a lo anterior, la Asesoría Regional de Educación Especial de la Dirección Regional de Cartago, solicitó a la señora Soto, asignar una cita a la familia de la estudiante para la próxima semana (27 al 31 de octubre del año en curso), con el fin de retomar el Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje, respondiéndole ella lo siguiente:\n\nTengo dos fechas a disposición para proponerle a la familia. Martes 28 de octubre a las 3 pm o Miércoles 29 de octubre a las 10: am. Igual coordinaría con la familia para ajustar la cita a un horario que a la familia le quede mejor (…)\n\nEn consecuencia, se evidencia que el Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje correspondiente al sector del Liceo de San Diego, se encuentra debidamente asignado y en proceso de restablecerse, conforme a la coordinación efectuada entre la Asesoría Regional de Educación Especial de la Dirección Regional de Cartago y la profesional en Terapeuta del Lenguaje responsable del Servicio de Apoyo.\n\nEn este orden, se ratifica que el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, no tiene competencia para la gestión individual de los apoyos educativos que requiera una persona estudiantes, limitándose a emitir los lineamientos técnicos y de política curricular para su funcionamiento, mientras que la coordinación operativa recae sobre las instancias regionales del Ministerio de Educación Pública, tales como las Direcciones Regionales de Educación, el Departamento de Asesoría Pedagógica —figuras de asesorías regionales—, las Oficinas de Supervisión y los propios centros educativos, en conjunto con las familias.\n\nAsí las cosas, en lo relativo a la situación de la estudiante [Nombre 002], el acompañamiento técnico, la coordinación de los apoyos educativos, así como el seguimiento de las solicitudes específicas, corresponden a las instancias de la Dirección Regional de Educación de Cartago y al centro educativo del Liceo San Diego, conforme a sus competencias y a la normativa vigente (...)”\n\nEn virtud de lo dicho en el oficio antes transcrito, solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que la amparada es estudiante del Liceo de San Diego, en La Unión de Cartago, centro educativo que no reúne las condiciones de acceso para personas en condición de discapacidad, tal como lo dispone la Ley N° 7600. Aunado a lo anterior, alega que no se ofrece terapia de lenguaje, servicio requerido por la amparada.\n\nII.- HECHO PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nLa amparada, quien es persona en condición de discapacidad, es estudiante en Liceo de San Diego, código 4059 (prueba aportada).\nLa amparada ha requerido los servicios de terapia de lenguaje, lo cuales le fueron brindados durante su educación primaria (informes y prueba aportada).\nEn informe final del período académico del curso lectivo 2023, se indicó que la amparada debe continuar con el servicio de terapia de lenguaje (informes y prueba aportada).\nDesde el año 2024, el MEP tiene conocimiento que el centro educativo de cita cuenta con deficiencias de infraestructura y que no cuenta con la correspondiente que permita la accesibilidad para la población estudiantil en condición de discapacidad (informes y prueba aportada).\n\nIII.- HECHOS NO PROBADOS. No se tienen por demostrados los siguientes hechos de relevancia:\n\n1)    Que durante los cursos lectivos 2024 y 2025 la amparada haya recibido el servicio educativo de terapia de lenguaje (informes rendidos).\n\n2)    Que el Liceo de San Diego cuente con las condiciones correspondientes para población en condición de discapacidad (informes rendidos).\n\n3)    Que se haya dispuesto un plan remedial para intervenir la infraestructura del Liceo de San Diego (informes rendidos).\n\nIV.- TOCANTE AL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN. El derecho a la salud, reconocido en los artículos 21, de la Constitución Política; 1 y 11, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 Constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa (véanse en este sentido, entre otras, Sentencias N° 2007-017719 de las 15:50 horas de 5 de diciembre de 2007, N° 2012-014633 de las 9:05 horas de 19 de octubre del 2012, N° 2018-003873 de las 09:30 horas de 9 de marzo de 2018).\n\nV.- SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. En múltiples ocasiones, la Sala Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de los individuos, se ha pronunciado sobre casos donde se encuentran involucradas personas con algún tipo de discapacidad, recalcando la tutela especial que merecen a raíz del contenido de los artículos 33 y 51, la Carta Magna. Es así como resulta de interés retomar en esta sentencia las consideraciones realizadas en oportunidades anteriores respecto al punto: \"...En primer término, es importante señalar que la Constitución Política de Costa Rica y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (instrumento internacional con fuerza superior a la ley por disposición del artículo 7 constitucional) consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones contrarias a su dignidad –artículos 33 y 24 respectivamente-. Adicionalmente, los derechos de las personas discapacitadas están reconocidos en otros instrumentos internacionales como la \"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad\", aprobada por la Asamblea Legislativa por ley número 7948 y la \"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad\", número 7600, publicada en la Gaceta del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis. Esta última Convención define en su artículo 1° la discriminación, de la siguiente manera: \"El término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de  discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular  el reconocimiento, goce  o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales\". Asimismo, consagra la obligación de los Estados que la suscribieron, a adoptar:  \"las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración\" (ver Sentencia N° 2005-03829 de las 16:06 horas de 13 de abril de 2005).\n\nVI.- SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD. Sobre la normativa vigente en materia de accesibilidad. Asimismo, los derechos de las personas discapacitadas están reconocidos en instrumentos internacionales, como la \"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad\", ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948 y en la legislación nacional en la \"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad\" N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Dentro de ese marco jurídico base, se debe señalar que existe una obligación por parte de las autoridades nacionales de brindar a las personas con discapacidad iguales derechos y libertades fundamentales que a cualquier otra persona, lo que se traduce en un deber de proscribir toda forma de discriminación por razón de la discapacidad de las personas, que deriva del respeto a la dignidad inherente a todo ser humano.  La Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad define, en su artículo primero, qué se entiende por discapacidad, de la siguiente manera: “El término \"discapacidad\" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. Asimismo, define el término discriminación hacia las personas con discapacidad, de la manera que a continuación se transcribe: “El término \"discriminación contra las personas con discapacidad\" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. La referida Convención parte de la premisa de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidades. Del preámbulo de dicha Convención y de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 se desprende que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad.  Por esa razón, se considera que cualquier discriminación o cualquier trato discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación a sus derechos. Finalmente, reconoce que a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad (en el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias N° 2001-12062 de las 10:24 horas de 23 de noviembre de 2001, la N° 2003-09003 de las 18:47 horas de 26 de agosto de 2003 y la N° 2024-034729 de las 09:20 horas de 22 de noviembre de 2024).\n\nVII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, el reclamo de la recurrente versa sobre dos cuestiones en particular: a) que la amparada no recibe el servicio educativo de terapia en lenguaje; b) que el centro educativo en el que esta estudia no cuenta con infraestructura que permita la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Sobre el particular, corresponde referirse en los siguientes términos.\n\na.- Respecto del servicio de educativo de terapia en lenguaje. A partir de la relación de hechos probados y demás elementos que obran en autos, se tiene por acreditado que la amparada es persona en condición de discapacidad y es estudiante del Liceo de San Diego, La Unión de Cartago. Por su condición, la tutelada ha requerido del servicio educativo de terapia de lenguaje, el cual lo fue brindado durante su etapa de primaria educativa. Una vez finalizado ese período, se indicó que la estudiante debe continuar con dicho servicio, tal como consta en el informe final del período académico del curso lectivo 2023. No obstante, en la especie, no se acredita que la tutelada haya recibido el servicio en mención durante los cursos lectivos 2024 y 2025, lo que, a criterio de este Tribunal, atenta contra el proceso educativo de la menor. Sobre el particular, debe indicarse que esta Sala ha sido conteste en resguardar los intereses en el proceso educativo de las personas menores de edad que requieren algún servicio de educación especial. Así, en un caso similar al que nos ocupa, en Sentencia No. 2025-010349 de las 09:20 horas de 4 de abril de 2025, declaró el derecho a la educación de un estudiante a quien no se le brindó terapia de lenguaje, siendo que al efecto se indicó:\n\n“(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que el tutelado requiere terapia de lenguaje, lo que fue diagnosticado en 2023. Afirma que entregó la referencia respectiva en la Escuela La Riviera. Sin embargo, la referencia aparentemente fue extraviada. Este año matriculó al tutelado en la Escuela de Marañonal porque le indicaron que ahí había un especialista en terapia de lenguaje. Empero, posteriormente le indicaron que el servicio estaba saturado. Debido a lo anterior, solicitó nuevamente el traslado a la Escuela La Riviera. Empero, le indicaron que, debido al traslado a la Escuela de Marañoral, ahora debía iniciar nuevamente los trámites para que su hijo obtenga terapia de lenguaje.\n\nAnalizados los autos, la Sala tuvo por probado que el tutelado es persona menor de edad. Actualmente, es estudiante de la Escuela La Riviera. El 3 de marzo de 2023, el amparado fue referido por las autoridades de la Escuela La Riviera al Servicio de Terapia del Lenguaje del Jardín de Niños Esparza. La referencia fue confeccionada por esas autoridades. Según la directora del mencionado jardín: “…en su momento se llamó al contacto anotado en la referencia con fecha 3 de marzo del año 2023 (…) y no se obtuvo respuesta…”. En 2024, la recurrente entregó a la docente una referencia del pediatra del Hospital Monseñor Sanabria, cuyo plan de manejo era terapia de lenguaje. En 2025, la accionante hizo la prematrícula del amparado en la Escuela La Riviera. Empero, fue matriculado en la Escuela de Marañoral. Sin embargo, hizo traslado a la Escuela La Riviera el 18 de febrero de 2025. El 28 de febrero de 2025, la docente de grado entregó a la recurrente la referencia para terapia de lenguaje, a efectos de que la presentara en el Jardín de Niños de Esparza. Actualmente, el amparado se encuentra en el puesto tres de la lista de espera para terapia de lenguaje en el Jardín de Niños de Esparza.\n\nAhora bien, a partir de los elementos anteriores, la Sala concluye que se han lesionado los derechos de tutelado. En efecto, se verifica que él no ha iniciado la terapia de lenguaje que requiere, a pesar de que se determinó su necesidad en marzo de 2023, es decir, hace dos años; tal plazo resulta abiertamente irrazonable. Asimismo, se observa que la recurrente sí ha procurado que se brinde tal terapia al tutelado. Así, además de la referencia de marzo de 2023, consta también la referencia del pediatra del Hospital Monseñor Sanabria que ella aportó en 2024 al centro educativo y, este año, la referencia de la Escuela La Riviera del 28 de febrero de 2025. Empero, el justiciable continúa actualmente en lista de espera. Este Tribunal resta valor al hecho de que, aparentemente, con respecto a la referencia de 2023, “…en su momento se llamó al contacto anotado en la referencia con fecha 3 de marzo del año 2023 (…) y no se obtuvo respuesta, hago referencia a que el número telefónico anotado en la referencia recibida en nuestro servicio el 03 de marzo del año 2023 no coincide con el número telefónico de la referencia adjunta en el informe que se recibió el día de ayer…”. Ante esta situación, la debida diligencia obligaba a que se efectuara la coordinación respectiva con la escuela para contactar a la interesada; especialmente, si se toma en cuenta que la referencia fue confeccionada por esa escuela (por lo que le sería atribuible el eventual error en el número telefónico señalado en la referencia). Finalmente, la referencia de 2023 no fue el único intento de la recurrente por obtener la terapia de lenguaje, sino que consta también la referencia a portada en 2024. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso (…)”\n\nEn el caso que nos ocupa, en igual que en aquel, se tiene que el MEP ha sido omisa en atender adecuadamente la situación de la menor tutelada y, a pesar de constar con la recomendación de que esta continúe con el servicio educativo de terapia de lenguaje, no se ha hecho lo propio para que tenga acceso a este, lo que atenta contra su derecho a la educación y, por consiguiente, sobre este extremo corresponde estimar este proceso de amparo.\n\nb.- Tocante a las deficiencias estructurales y la falta de infraestructura que permita la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad. Respecto al reprocho incoado, a partir de la relación de hechos probados, se tiene que el Liceo de San Diego, código 4059, cuenta con deficiencias de infraestructura y que no cuenta con la correspondiente que permita la accesibilidad para la población estudiantil en condición de discapacidad. Esto es de conocimiento del MEP desde el año 2024, con ocasión de un informe emitido al efecto puso en evidencia las deficiencias y la necesidad de intervención del centro educativo. No obstante, no consta que las instancias del MEP hayan dispuesto algún plan remedial. En sus informes, las autoridades recurridas en este proceso reconocen la imperante necesidad de intervenir la planta física del centro educativo, tanto para dotar de infraestructura inclusiva como para mejorarla de manera general, lo que implica un rediseño completo de las instalaciones. Al respecto y de relevancia para este caso, es menester señalar que, en oficio DVM-A-DIE-DPS-0640-2025 de 23 de octubre de 2025, el Departamento de Programación y Seguimiento Dirección de Infraestructura Educativa del MEP indicó:\n\n“(…) es importante señalar que, conforme a un criterio técnico emitido por un funcionario de esta Dirección a inicios del año 2024, se tiene conocimiento de que la atención integral de la problemática de infraestructura del centro educativo —incluidos los aspectos de accesibilidad regulados en la Ley 7600— requiere de un rediseño completo de las instalaciones, ya sea en el sitio actual, si las condiciones lo permiten, o mediante la eventual reubicación del centro educativo en un nuevo terreno, lo que conlleva la activación de un proceso de adquisición de terreno.\n\nPor la magnitud de una atención de esta naturaleza y las fases que implica su desarrollo, su ejecución no es posible en el corto plazo. Este tipo de proyectos demanda una importante planificación presupuestaria que garantice el financiamiento necesario. En promedio, procesos de esta magnitud pueden requerir un plazo de hasta cuatro años para su materialización, e incluso más si se incluye la etapa de adquisición de terreno. Este plazo puede verse influenciado por otros factores como la disponibilidad presupuestaria, los procedimientos de contratación pública, tramitología asociada y el rol que desempeñe la Junta Administrativa, entre otros (...)”.\n\n \n\nNo obstante lo anterior, no consta un cronograma, un plan ni las disposiciones presupuestarias para poner en marcha un procedimiento de contratación pública a efectos de ejecutar los trabajos que se requieren para rehabilitar y poner en condiciones adecuadas al Liceo de San Diego. Solamente se cuenta con un diagnóstico, pero sin que haya certeza en cuanto a un período determinado para contar con los recursos necesarios y ejecutar las obras de construcción y rehabilitación del centro educativo, prolongando a través del tiempo la lesión de los derechos fundamentales, principalmente aquellos ligados al proceso educativo, de los menores que acuden al Liceo de San Diego, incluyendo a la amparada quien es persona en condición de discapacidad, así como del personal docente y administrativo del mismo.\n\nBajo tal estado de las cosas, en la especie, se concluye que con las omisiones de cita el MEP ha lesionado los derechos fundamentales de la amparada, quien tiene afectación directa en su proceso de aprendizaje al no tener las condiciones de infraestructura adecuadas y de accesibilidad, la cual requiere con ocasión de su condición. Así, sobre este extremo, se declara con lugar este proceso de amparo.\n\nVIII.- CONCLUSIÓN. Se declara con lugar el recurso de amparo en todos sus extremos y de conformidad con lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nIX.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, dado que, en la parte dispositiva de esta sentencia, se indica: “…se ordena lo siguiente: (…)  b) a la misma funcionaria y a Allan Ramírez Solano, en condición de director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe tal cargo, que realicen las coordinaciones que resulten necesarias y se ejecuten los actos que sean pertinentes para que, en el plazo máximo de veinticuatro meses posteriores a la notificación de esta sentencia, se realicen las obras de intervención, de rehabilitación y de adaptación que permita la accesibilidad de personas en condición de discapacidad, del Liceo de San Diego, La Unión de Cartago…” hago ver que, en lo tocante a lo ordenado sobre la realización de obras en el Liceo de La Unión de Cartago, conforme lo dispone la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como, por ejemplo, la construcción de rampas de acceso y baños accesibles, o la adquisición de asientos ergonómicos o de espuma. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. \n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena lo siguiente: 1) a Danae Espinoza Villalobos, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiante con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe tal cargo, tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, de manera inmediata a la notificación de esta sentencia y mientras exista criterio técnico, a la amparada se le brinde el servicio educativo de terapia de lenguaje; b) a la misma funcionaria y a Allan Ramírez Solano, en condición de director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe tal cargo, que realicen las coordinaciones que resulten necesarias y se ejecuten los actos que sean pertinentes para que, dentro del plazo máximo de veinticuatro meses posteriores a la notificación de esta sentencia, se realicen las obras de intervención, de rehabilitación y de adaptación que permita la accesibilidad de personas en condición de discapacidad, del Liceo de San Diego, La Unión de Cartago. Lo anterior bajo apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto a la ejecución de la orden impartida bajo el apartado b) de la parte dispositiva de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.                                    Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.                                 Jorge Araya G.  \n\n \n\n \n\nAnamari Garro V.                                   Ingrid Hess H.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nvotado con boleta // Según el Sistema de Gestión la fecha de la sentencias es a las 13:40 horas del 14 de noviembre de 2025.- vcg01/2026\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:59:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER**\n\n**Resolution No. 38014 - 2025**\n\n**Date of the Resolution:** 14 November 2025 at 13:40\n\n**Expediente:** 25-031061-0007-CO\n\n**Written by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\n**Type of matter:** Amparo action\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n**Judgment with Dissenting Vote**\n\n**Relevance Indicators**\n\nRelevant judgment\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 4. MATTERS OF GUARANTEE\n\n**Topic:** EDUCATION\n\n**Subtopics:**\n\nSTUDENTS WITH DISABILITIES.\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n**Topic:** MINORITIES\n\n**Subtopics:**\n\nMINORS..\nPERSONS WITH DISABILITIES.\n\n038014-25. EDUCATION. MINORITIES. STUDENT OF THE LICEO DE SAN DIEGO, IN LA UNIÓN DE CARTAGO, ALLEGES THAT SHE DOES NOT RECEIVE SPEECH THERAPY AND THAT, FURTHERMORE, THE EDUCATIONAL CENTER DOES NOT MEET THE ACCESS CONDITIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES. THE ACTION IS GRANTED. CONSEQUENTLY, THE FOLLOWING IS ORDERED: 1) TO THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SUPPORTS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES OF THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION, TO TAKE THE CORRESPONDING MEASURES AND WITHIN THE SCOPE OF HER COMPETENCIES SO THAT, IMMEDIATELY AND AS LONG AS A TECHNICAL CRITERION EXISTS, THE PROTECTED PARTY IS PROVIDED THE EDUCATIONAL SERVICE OF SPEECH THERAPY; B) TO THE DIRECTOR OF THE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION, TO CARRY OUT THE NECESSARY COORDINATIONS AND EXECUTE THE RELEVANT ACTS SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWENTY-FOUR MONTHS, THE INTERVENTION, REHABILITATION, AND ADAPTATION WORKS ARE CARRIED OUT TO ALLOW ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH DISABILITIES, AT THE LICEO DE SAN DIEGO, LA UNIÓN DE CARTAGO. VCG01/2026\n\n“(…) VI.- REGARDING THE CURRENT REGULATIONS ON ACCESSIBILITY. Regarding the current regulations on accessibility. Likewise, the rights of persons with disabilities are recognized in international instruments, such as the \\\"Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities\\\", ratified by the Legislative Assembly through Law No. 7948, and in national legislation in the \\\"Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities\\\" No. 7600, published in La Gaceta of May 29, 1996. Within this basic legal framework, it must be pointed out that there is an obligation on the part of national authorities to provide persons with disabilities with equal rights and fundamental freedoms as any other person, which translates into a duty to proscribe all forms of discrimination based on the disability of persons, which derives from respect for the dignity inherent in every human being. The Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities defines, in its first article, what is understood by disability, as follows: “The term ‘disability’ means a physical, mental, or sensory impairment, whether of a permanent or temporary nature, that limits the capacity to perform one or more essential activities of daily life, which may be caused or aggravated by the economic and social environment.” Likewise, it defines the term discrimination against persons with disabilities in the manner transcribed below: “The term ‘discrimination against persons with disabilities’ means any distinction, exclusion, or restriction based on a disability, record of disability, consequence of previous disability, or perception of a present or past disability, which has the effect or purpose of preventing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by persons with disabilities of their human rights and fundamental freedoms.” The referred Convention is based on the premise that all human rights and fundamental freedoms are universal, and therefore includes persons with disabilities without reservation. From the preamble of said Convention and from the World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action of 1993, it follows that all persons have the same right to life and well-being, to education and to work, to live independently, and to active participation in all aspects of society. For this reason, it is considered that any discrimination or any negative discriminatory treatment of a disabled person is a violation of their rights. Finally, it recognizes that disabled persons must be guaranteed equal opportunities through the removal of all socially determined obstacles, whether physical, economic, social, or psychological, that exclude or restrict their full participation in society (in the same sense, see Judgments No. 2001-12062 of 10:24 a.m. on November 23, 2001, No. 2003-09003 of 6:47 p.m. on August 26, 2003, and No. 2024-034729 of 9:20 a.m. on November 22, 2024).\n\nVII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the petitioner's claim concerns two matters in particular: a) that the protected party does not receive the educational service of speech therapy (terapia en lenguaje); b) that the educational center where she studies does not have infrastructure that allows the inclusion of persons with disabilities. On this matter, it is appropriate to refer in the following terms.\n\na.- Regarding the educational service of speech therapy. Based on the statement of proven facts and other elements in the record, it is considered accredited that the protected party is a person with a disability and is a student at the Liceo de San Diego, La Unión de Cartago. Due to her condition, the ward has required the educational service of speech therapy, which was provided during her primary education stage. Once that period ended, it was indicated that the student must continue with said service, as recorded in the final report for the academic period of the 2023 school year. However, in the case, it is not proven that the ward received the aforementioned service during the 2024 and 2025 school years, which, in the opinion of this Tribunal, violates the minor's educational process. On this matter, it must be indicated that this Chamber has consistently safeguarded the interests in the educational process of minors who require some special education service. Thus, in a case similar to the one at hand, in Judgment No. 2025-010349 of 9:20 a.m. on April 4, 2025, it declared the right to education of a student who was not provided with speech therapy, stating to that effect:\n\n“(…) IV.- On the specific case. In the sub examine, the petitioner indicates that the ward requires speech therapy, which was diagnosed in 2023. She affirms that she submitted the respective referral at the Escuela La Riviera. However, the referral was apparently lost. This year she enrolled the ward in the Escuela de Marañonal because she was told that there was a specialist in speech therapy there. However, she was later told that the service was saturated. Due to the foregoing, she again requested a transfer to the Escuela La Riviera. However, she was told that, due to the transfer to the Escuela de Marañoral, she now had to restart the procedures for her son to obtain speech therapy.\n\nAfter analyzing the record, the Chamber considered it proven that the ward is a minor. He is currently a student at the Escuela La Riviera. On March 3, 2023, the protected party was referred by the authorities of the Escuela La Riviera to the Speech Therapy Service (Servicio de Terapia del Lenguaje) of the Jardín de Niños Esparza. The referral was prepared by those authorities. According to the principal of the mentioned kindergarten: “…at the time, the contact noted in the referral dated March 3, 2023, was called (…) and no response was obtained…”. In 2024, the petitioner provided the teacher with a referral from the pediatrician of the Hospital Monseñor Sanabria, whose management plan was speech therapy. In 2025, the petitioner pre-enrolled the protected party in the Escuela La Riviera. However, he was enrolled in the Escuela de Marañoral. However, she transferred him to the Escuela La Riviera on February 18, 2025. On February 28, 2025, the grade teacher gave the petitioner the referral for speech therapy, for her to present it at the Jardín de Niños de Esparza. Currently, the protected party is in third place on the waiting list for speech therapy at the Jardín de Niños de Esparza.\n\nNow, based on the foregoing elements, the Chamber concludes that the rights of the ward have been violated. Indeed, it is verified that he has not started the speech therapy he requires, even though his need was determined in March 2023, that is, two years ago; such a period is openly unreasonable. Likewise, it is observed that the petitioner has indeed sought to provide such therapy to the ward. Thus, in addition to the March 2023 referral, there is also the referral from the pediatrician of the Hospital Monseñor Sanabria that she provided in 2024 to the educational center and, this year, the referral from the Escuela La Riviera dated February 28, 2025. However, the justice seeker continues to be on the waiting list. This Tribunal discounts the fact that, apparently, with respect to the 2023 referral, “…at the time, the contact noted in the referral dated March 3, 2023, was called (…) and no response was obtained, I refer to the fact that the telephone number noted in the referral received in our service on March 3, 2023, does not match the telephone number on the attached referral in the report received yesterday…”. Faced with this situation, due diligence required that the respective coordination be carried out with the school to contact the interested party; especially, taking into account that the referral was prepared by that school (making it attributable for the possible error in the telephone number indicated in the referral). Finally, the 2023 referral was not the petitioner's only attempt to obtain speech therapy, as the referral provided in 2024 is also recorded. By virtue of the foregoing, the action is granted (…)”\n\nIn the case at hand, as in that one, it is established that the MEP has been remiss in adequately addressing the situation of the tutelary minor and, despite having the recommendation that she continue with the educational service of speech therapy, the necessary action has not been taken for her to have access to it, which violates her right to education and, consequently, on this point it is appropriate to grant this amparo process.\n\nb.- Regarding the structural deficiencies and the lack of infrastructure that allows accessibility for persons with disabilities. Regarding the complaint filed, based on the statement of proven facts, it is established that the Liceo de San Diego, code 4059, has infrastructure deficiencies and does not have the corresponding infrastructure to allow accessibility for the student population with disabilities. This has been known to the MEP since 2024, on the occasion of a report issued to that effect that highlighted the deficiencies and the need for intervention at the educational center. However, there is no record that the MEP instances have arranged any remedial plan. In their reports, the authorities sued in this process acknowledge the imperative need to intervene in the physical plant of the educational center, both to provide inclusive infrastructure and to improve it generally, which implies a complete redesign of the facilities. In this regard, and of relevance to this case, it is necessary to note that, in official communication DVM-A-DIE-DPS-0640-2025 of October 23, 2025, the Department of Programming and Monitoring of the Educational Infrastructure Directorate (Dirección de Infraestructura Educativa) of the MEP stated:\n\n“(…) it is important to note that, according to a technical criterion issued by an official of this Directorate at the beginning of 2024, it is known that the comprehensive attention to the infrastructure problems of the educational center —including the accessibility aspects regulated in Law 7600— requires a complete redesign of the facilities, either at the current site, if conditions allow, or through the eventual relocation of the educational center to a new property, which entails the activation of a land acquisition process.\n\nDue to the magnitude of an undertaking of this nature and the phases its development implies, its execution is not possible in the short term. This type of project demands significant budgetary planning to guarantee the necessary financing. On average, processes of this magnitude can require a period of up to four years for their materialization, and even longer if the land acquisition stage is included. This period may be influenced by other factors such as budgetary availability, public procurement procedures, associated paperwork, and the role played by the Administrative Board (Junta Administrativa), among others (...)”.\n\nNotwithstanding the above, there is no record of a schedule, a plan, or the budgetary provisions to initiate a public procurement procedure to carry out the works required to rehabilitate and bring the Liceo de San Diego into adequate conditions. There is only a diagnosis, but without any certainty regarding a specific period to have the necessary resources and execute the construction and rehabilitation works at the educational center, thus prolonging over time the violation of fundamental rights, mainly those linked to the educational process, of the minors attending the Liceo de San Diego, including the protected party who is a person with a disability, as well as its teaching and administrative staff.\n\nUnder this state of affairs, in the case, it is concluded that through the cited omissions, the MEP has violated the fundamental rights of the protected party, who is directly affected in her learning process by not having adequate infrastructure and accessibility conditions, which she requires due to her condition. Thus, on this point, this amparo process is granted.\n\nVIII.- CONCLUSION. The amparo action is granted in all its points and in accordance with the provisions of the operative part of this judgment. (…)”\n\n... See more\n**Related Judgments**\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 021- Human life\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\n**Topic:** 050- Environment\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLES 21 AND 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) IV.- REGARDING THE RIGHT TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL CENTERS. The right to health, recognized in Articles 21 of the Political Constitution; 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; 4 of the American Convention on Human Rights; and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate environmental protection, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that the alterations produced both by man and by nature, in the near or distant surroundings, do not constitute harm to the environment or to the health of the people who inhabit it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service provided by the State in the different educational centers of the country. Therefore, the least the State can do is, when providing this public service, not harm other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, of both the students and the teaching and administrative staff of the educational institution (see in this sense, among others, Judgments No. 2007-017719 of 3:50 p.m. on December 5, 2007, No. 2012-014633 of 9:05 a.m. on October 19, 2012, No. 2018-003873 of 9:30 a.m. on March 9, 2018). (…)” VCG01/2026\n\n... See more\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 033- Equality before the law\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\n**Topic:** 051- Family. Protection of the mother, child, elderly, and helplessly ill\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLES 33 AND 51 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) V.- ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. On multiple occasions, the Constitutional Chamber, as guarantor of the fundamental rights of individuals, has ruled on cases involving persons with some type of disability, emphasizing the special protection they deserve by virtue of the content of Articles 33 and 51 of the Magna Carta. Thus, it is of interest to return to the considerations made in previous opportunities on this point in this judgment: \\\"...First of all, it is important to note that the Political Constitution of Costa Rica and the American Convention on Human Rights (an international instrument with force superior to the law by provision of Article 7 of the Constitution) enshrine the principle of equality of persons and the prohibition of making distinctions contrary to their dignity – Articles 33 and 24 respectively. Additionally, the rights of disabled persons are recognized in other international instruments such as the \\\\\\\"Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities\\\\\\\", approved by the Legislative Assembly by Law No. 7948, and the \\\\\\\"Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities\\\\\\\", No. 7600, published in La Gaceta of May twenty-ninth, nineteen ninety-six. This latter Convention defines discrimination in its Article 1, as follows: \\\\\\\"The term discrimination against persons with disabilities means any distinction, exclusion, or restriction based on a disability, record of disability, consequence of present or past disability, which has the effect or purpose of preventing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by persons with disabilities of their human rights and fundamental freedoms\\\\\\\". Likewise, it enshrines the obligation of the States that signed it to adopt: \\\\\\\"measures to progressively eliminate discrimination and promote integration by government authorities and/or private entities in the provision or supply of goods, services, facilities, programs, activities, such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, access to justice and police services, and political and administrative activities\\\\\\\" (see Judgment No. 2005-03829 of 4:06 p.m. on April 13, 2005). (…)” VCG01/2026\n\n... See more\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Dissenting vote\n\n**Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 056- Execution of judgments\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\nIX.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY MAGISTRATE GARRO VARGAS. Although I agree with the majority of the Chamber that the action should be granted, given that, in the operative part of this judgment, it is stated: “…the following is ordered: (…) b) to the same official and to Allan Ramírez Solano, in his capacity as director of the Educational Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Education, or to whoever holds such position, to carry out the necessary coordinations and execute the relevant acts so that, within a maximum period of twenty-four months following the notification of this judgment, the intervention, rehabilitation, and adaptation works are carried out to allow accessibility for persons with disabilities, at the Liceo de San Diego, La Unión de Cartago…” I point out that, regarding what was ordered on the execution of works at the Liceo de La Unión de Cartago, in accordance with the provisions of the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities No. 7600, I differ on where to locate the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, such as, for example, the construction of access ramps and accessible bathrooms, or the acquisition of ergonomic or foam seats. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment execution rules of said Code.\n\nVCG01/2026\n\n... See more\n**Text of the resolution**\n\n*CO*\n\nExp: 25-031061-0007-CO\n\nRes. No. 2025-038014\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen forty on November fourteenth, two thousand twenty-four.\n\nAmparo action processed in file No. 25-031061-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], against the MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION -MEP-.\n\n**Whereas:**\n\n1.- Through a brief filed with the Secretariat at 2:05 p.m. on October 8, 2025, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Public Education (MEP). She states that the tutelary minor is a student at the Liceo de San Diego, located in the Province of Cartago, Canton La Unión, district San Diego. She alleges that Law No. 7600 establishes the obligation to guarantee conditions of accessibility, equality, and non-discrimination for persons with disabilities; however, she has verified that in the sued educational center there are several irregularities, namely, there is no accessible bathroom for persons with disabilities; ramps or other facilities for adequate access to the installations have not been installed; speech therapy is not offered, an indispensable service for the protected party [Name 002], who requires this support for her development; ergonomic or foam seats that allow students with disabilities to remain seated for prolonged periods without affecting their health are not provided. She considers the fundamental rights of her represented party violated. She requests the intervention of this Chamber.\n\n2.- By order of 1:22 p.m. on October 14, 2025, the petitioner was warned as follows: “(…) the petitioner shall indicate, within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this pronouncement, the following: If she files this amparo action on behalf of a minor who is a student of the sued educational center and, if so, indicate the full name of the student, and mention if the minor has any type of disability. Likewise, she must provide any additional evidence on which she bases her statement (…)”.\n\n3.- By record of October 21, 2025, it was indicated that the petitioner did not comply with the warning.\n\n4.- Through a resolution at 5:25 a.m. on October 22, 2025, this amparo process was processed and a report was requested from the director of Educational Infrastructure and Equipment and the head of the Department of Educational Supports for Students with Disabilities, both of the Ministry of Public Education.\n\n5.- Allan Ramírez Solano, in his capacity as director of the Educational Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Education, renders a report, under oath. He states that, in official communication DVM-A-DIEDPS-0640-2025 of October 23, 2025, the Department of Programming and Monitoring of that Directorate refers to the background of this matter, so he adheres to that document. He refers that the mentioned communication states:\n\n“(…) In accordance with the request of Licda. Elizabeth Villalobos Montero, Legal Advisor of the Directorate, in relation to the amparo action being processed under file number 25-031061-0007-CO, referring to the Educational Center Liceo San Diego, code 4059, located in the province of Cartago, canton La Unión, district San Diego, it is reported that in order to address in a timely manner the situation raised by the petitioner, the Educational Infrastructure Directorate (Dirección de Infraestructura Educativa, DIE) will schedule a technical visit to the educational center. The purpose of said visit is to assess the feasibility of implementing immediate or short-term alternatives —whether palliative, temporary, or of an administrative nature— that contribute to improving the accessibility conditions for the tutelary student, while progress is made toward a definitive solution.\n\nTherefore, it is important to note that, according to a technical criterion issued by an official of this Directorate at the beginning of 2024, it is known that the comprehensive attention to the infrastructure problems of the educational center —including the accessibility aspects regulated in Law 7600— requires a complete redesign of the facilities, either at the current site, if conditions allow, or through the eventual relocation of the educational center to a new property, which entails the activation of a land acquisition process.\n\nDue to the magnitude of an undertaking of this nature and the phases its development implies, its execution is not possible in the short term. This type of project demands significant budgetary planning to guarantee the necessary financing. On average, processes of this magnitude can require a period of up to four years for their materialization, and even longer if the land acquisition stage is included. This period may be influenced by other factors such as budgetary availability, public procurement procedures, associated paperwork, and the role played by the Administrative Board, among others.\n\nFinally, it is clarified that the aspects mentioned in the action related to the educational offering —such as the provision of speech therapy services— and specialized furniture are not within the competence of this Directorate, and therefore no opinion is issued on these points (…)”.\n\nHe requests that the action be declared without merit.\n\n6.- Danae Espinoza Villalobos, head of the Department of Educational Supports for Students with Disabilities of the Ministry of Public Education, renders a report, under oath. She states that, through official communication DVM-AC-DDC-DAEED-0530-2025, it was indicated:\n\n“(…) … FIRST. The Department of Educational Supports for Students with Disabilities, as a non-executive technical instance, attached to the Directorate of Curricular Development, reports that it lacks direct competence regarding the administration and operational management of the Liceo de San Diego, since these functions correspond to the direction of the educational center Liceo San Diego, to the supervisor of educational centers, Circuito 06, and to the Regional Directorate of Education of Cartago.\n\nHowever, in order to assist the constitutional authority in determining the facts and the effective protection of the rights of the tutelary person, the Special Education Advisory Office belonging to the Regional Directorate of Education of Cartago was requested, via email, to provide the information related to the alleged facts (Anexo 1), in order to report on the background or actions known.\n\nIn that regard, the advisory body issued official communication DRECDAP-AREE-01096-2025 and 15 annexes (Anexo 2).\n\nThe foregoing is consistent with Decreto Nº 35513-MEP Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación, which stipulates the following in article 38.- The Direcciones Regionales de Educación, in order to fulfill their functions and powers, shall have the following dependencies:\n\na) Dirección.\n\nb) Departamento de Asesoría Pedagógica.\n\nc) Departamento de Servicios Administrativos y Financieros.\n\nd) Oficinas de Supervisión.\n\nAdditionally, the aforementioned decree specifies various functions for each dependency, of which the following are noteworthy:\n\nArticle 40.- The Dirección shall be exercised by the Director or Directora Regional, who shall be the highest regional authority. The following functions correspond to this office:\n\n“(…)\n\nc) Ensure that educational centers, at all cycles, levels, and modalities, implement the educational policy approved by the Consejo Superior de Educación, as well as the technical and administrative guidelines established for such purposes by the higher authorities of the Ministerio de Educación Pública. (…)\n\nArticle 76.- In each Circuito Educativo, the Oficina de Supervisión shall operate under the responsibility of the corresponding Supervisor de Centros Educativos, who shall have the following functions:\n\n(…)\n\nc) Supervise that the Directors of educational centers comply with the legal, technical, and administrative provisions that regulate the operation of educational centers.\n\nd) Advise the Directors of educational centers on the correct interpretation of educational policy, plans and programs, educational offerings, and provisions issued from the national and regional levels, for their proper execution.\n\ne) Advise the Directors of educational centers on matters of planning, organization, and administration of educational centers, in order to improve their management capacity, both in the academic and administrative spheres.\n\nj) Attend to inquiries and complaints presented by the educational communities of the corresponding Circuito Educativo, channeling matters that are not within their competence to the appropriate instances.\n\nArticle 73.- The operation of educational centers located in each Circuito Educativo, in both their technical and administrative aspects, shall be the exclusive responsibility of the Directors assigned by the Ministerio de Educación Pública. The Director of each educational center is the hierarchical superior of all personnel assigned to it. (highlighting not from the original)\n\nIn addition to the foregoing, and in accordance with article Nº 123 of the Código de Educación, “The director of a school is responsible for the general operation of the same and the immediate superior of all its employees.”\n\nOn the other hand, it is considered pertinent to cite the functions that, as a technical instance, have been granted to the Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, through article Nº. 83 of Decreto N° 42058-MEP reforming Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP, Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, namely:\n\na) Propose to the Dirección de Desarrollo Curricular the curricular policies for the operation of the existing specific services and the educational supports (apoyos educativos) for students with disabilities, so that they may be submitted for consultation to the higher authorities and presented to the Consejo Superior de Educación (CSE) for its authorization.\n\nb) Propose to the Dirección de Desarrollo Curricular the national directives, guidelines, and technical orientations for the development of the existing specific services and the educational supports (apoyos educativos) for students with disabilities.\n\nc) Evaluate the plans and programs of study of the distinct existing specific services for students with disabilities and submit them for consultation and approval by the higher authorities.\n\nd) Formulate innovative proposals for the improvement of existing specific services and educational supports (apoyos educativos) for students with disabilities.\n\ne) Promote the use of innovative didactic resources for the curricular development of the existing specific services and the educational supports (apoyos educativos) for students with disabilities, incorporating universal design for learning (DUA) and information and communication technologies (TIC).\n\nf) Carry out processes of research, evaluation, and systematization on different aspects related to the educational process of students with disabilities in diverse contexts, to guide decision-making in accordance with the provisions established by the CSE.\n\ng) Provide technical advice for the pertinent implementation and development of the existing specific services and educational supports (apoyos educativos) for students with disabilities, to the different instances of the Ministerio de Educación Pública, both from Oficinas Centrales and the Direcciones Regionales de Educación.\n\nh) Propose to the Dirección de Desarrollo Curricular strategies for articulation and collaborative work among the different departments of the Dirección de Desarrollo Curricular, as well as with the other Direcciones of the Despacho del Viceministerio Académico, for the promotion of inclusive education for students with disabilities.\n\ni) Formulate proposals aimed at information and awareness-raising in the educational community, to make effective the right to inclusive education for students with disabilities.\n\nj) Formulate, in coordination with the Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, curricular directives for the evaluation of learning processes in the existing specific services and from the educational supports (apoyos educativos) for students with disabilities, in accordance with current regulations.\n\nk) Promote the participation and decision-making of students with disabilities and their families in the educational process.\n\nl) Coordinate the Comisión Técnica de la Ley Nº 8283, for the financing of different investment plans (infrastructure, equipment, didactic projects, and support products), for students with disabilities enrolled in Tercer Ciclo and Educación Diversificada, in accordance with current guidelines.\n\nm) Other inherent functions, related to its scope of action and its attributions, assigned by the hierarchical superior.\n\nSEGUNDO. In relation to the allegations regarding the lack of an accessible restroom for persons with disabilities and the absence of ramps or other facilities for adequate access to the facilities of the Liceo de San Diego, this instance does not possess direct knowledge to verify such infrastructure conditions, as this matter corresponds to the Dirección de Infraestructura Educativa.\n\nHowever, in annex 14 of official communication DREC-DAP-AREE-01096-2025, issued by the Asesoría de Educación Especial of the Dirección Regional de Educación de Cartago, (anexo 2), it is indicated that:\n\n“… in relation to the complaint about access ramps (sic) and the disability service, I inform you that the school has submitted (sic) an infrastructure improvement project through the DIE, for which we are awaiting the granting of financing for such works, since the Junta de Educación does not have funds for such an investment… (Director, José Antonio Méndez Cortés)\n\nConsequently, the Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad limits itself to reporting the foregoing, without assuming direct responsibility for the indicated infrastructure conditions, reiterating that the matter corresponds to the Dirección de Infraestructura Educativa and that, according to what was indicated by the director of the Liceo de San Diego, an improvement project that contemplates addressing said needs is in process.\n\nTERCERO. Regarding the fact that “ergonomic or foam seats are not provided that allow students with disabilities to remain seated for prolonged periods without affecting their health,” this instance does not possess direct knowledge to verify such equipment conditions, given that the provision of furniture and material resources depends on the specifications included in the support requirement (requerimiento de apoyo) requested for each student, which is processed by the educational center.\n\nIn this regard, Ms. Laurita Carvajal Granados, an official of the Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad and collaborator on the Comisión de la Ley 8283, Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de Estudiantes con Discapacidad matriculados en III y IV Ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial, was asked to verify if there is any request from the Liceo de San Diego, both in infrastructure and in support products (productos de apoyo), responding as follows:\n\n“In response to your inquiry, I am pleased to inform you that in the management files of the Comisión Técnica de la Ley 8283, there are no infrastructure projects or technical aids (ayudas técnicas) submitted by the Liceo San Diego.\n\nAdditionally, I remind you that the issue of accessibility must be addressed by the Dirección de Infraestructura Educativa, not by the CTE Ley 8283.” (Anexo 3) On the other hand, in annex 15 of official communication DREC-DAP-AREE-01096-2025, issued by the Asesoría de Educación Especial of the Dirección Regional de Educación de Cartago (anexo 2), it is evidenced that the Liceo de San Diego made a request to the Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec) for advice on support products (productos de apoyo) for the student [Name 002], on October 8, 2025.\n\nIn this particular and what is related to the Comisión de la Ley 8283, the Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad limits itself to processing and handling the projects that educational centers manage according to the support requirements of the students. In that sense, it is neither materially nor administratively possible for this Department to individually determine the support requirements of students with disabilities at each educational center, since said identification and procedures correspond to the director of the educational center, in their capacity as responsible for the management and general operation of the institution, as provided in article 123 of the Código de Educación.\n\nCUARTO. Regarding the fact that “language therapy is not offered, an indispensable service for the protected party [Name 002], who requires this support for her development,” the following is detailed:\n\nThe Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, through official communication DVM-AC-DDC-DAEED-0728-2024, disseminates for implementation the document, Apoyos Educativos: Una Visión Integral, noting that the “document allows for a deeper understanding and progress toward a new perspective on the management, organization, and provision of educational supports (apoyos educativos) applied to the student population that requires them, allowing not only the creation of learning opportunities but also the minimization and elimination of barriers faced by students, thus ensuring access, participation, learning, permanence, and promotion of all students.”\n\nFrom the mentioned document, and without undermining its entirety, the following is highlighted:\n\n“educational supports (apoyos educativos) are understood as all resources, activities, and strategies aimed at recognizing variability in the student learning process and optimizing teaching, with the purpose of eliminating the barriers experienced by the student population. These supports are managed, organized, and provided in the educational center, both day and night, with the accompaniment of the staff of the respective Dirección Regional de Educación, in order to respond to student diversity” (pp. 22-23). Highlighting not from the original.\n\n“With the purpose of guiding educational centers in the management, organization, provision, and application of educational supports (apoyos educativos), the classification of these is presented… into: organizational, material and technological, personal, and curricular, providing some examples or orientations” (P.24)\n\nIn this regard, it is important to note that, from the personal supports, the support services in Terapia del Lenguaje appear, which according to the document Normas y procedimientos para el manejo técnico administrativo de los servicios de Apoye en Terapia de Lenguaje (2005), these services will have the sectorization:\n\nprepared by each Asesoría Regional de Educación Especial, which must be updated and delivered each year to the services by said dependency, with the objective of assigning to each service the school community it is responsible for attending, both in direct attention and in projects.” (p.25)\n\nOn the other hand, in official communication DREC-DAP-AREE-01096-2025 and its annex 6, issued by the Asesoría de Educación Especial of the Dirección Regional de Educación de Cartago, (anexo 2), it is established and evidenced that, “In the case of the Liceo Nuevo de San Diego, it was defined that the referral form must be sent to the Escuela Santiago del Monte.”\n\nA school where the Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje is located and has the responsibility to attend, through sectorization, those follow-up students or those referred by the Colegio Liceo de San Diego.\n\nAlso as background, it is worth noting that, in the aforementioned official communication DREC-DAP-AREE-01096-2025 and its annexes 1,2,3,4,5. The student [Name 002], in summary, received the Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje located at the Escuela Santiago del Monte from 2016 to 2023 from the Language Therapist Lorena Soto Barquero, a professional who indicated in the Final Report 2023 the recommendation to “Continue in the language therapy service 2024.”\n\nIn addition to this, Ms. Soto states:\n\nAt the end of the year, when students graduate from the school and still require to continue with the language therapy service, this situation is communicated to the families in order to coordinate the corresponding attention. In the case of the student Ashley, this information was duly transmitted to her family. However, no subsequent communication was received from the guardians nor any request from the high school the student currently attends.\n\nIn addition to the foregoing, the Asesoría Regional de Educación Especial of the Dirección Regional de Cartago, requested Ms. Soto to schedule an appointment with the student's family for the following week (October 27 to 31 of the current year), in order to resume the Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje, with her responding as follows:\n\nI have two dates available to propose to the family. Tuesday, October 28 at 3 p.m. or Wednesday, October 29 at 10 a.m. I would also coordinate with the family to adjust the appointment to a time that works best for the family (…)\n\nConsequently, it is evidenced that the Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje corresponding to the sector of the Liceo de San Diego is duly assigned and in the process of being reestablished, in accordance with the coordination carried out between the Asesoría Regional de Educación Especial of the Dirección Regional de Cartago and the professional Language Therapist responsible for the Servicio de Apoyo.\n\nIn this regard, it is ratified that the Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad does not have competence for the individual management of the educational supports (apoyos educativos) that a student requires, limiting itself to issuing the technical and curricular policy guidelines for their operation, while the operational coordination falls upon the regional instances of the Ministerio de Educación Pública, such as the Direcciones Regionales de Educación, the Departamento de Asesoría Pedagógica —figures of regional advisory bodies—, the Oficinas de Supervisión, and the educational centers themselves, together with the families.\n\nThus, regarding the situation of the student [Name 002], the technical accompaniment, the coordination of educational supports (apoyos educativos), as well as the follow-up of specific requests, correspond to the instances of the Dirección Regional de Educación de Cartago and the educational center Liceo San Diego, according to their competencies and current regulations (…)”\n\nBy virtue of what is stated in the transcribed official communication, it requests that the appeal be declared without merit.\n\n7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that the protected party is a student at the Liceo de San Diego, in La Unión de Cartago, an educational center that does not meet the conditions of access for persons with disabilities, as provided by Ley N° 7600. In addition to the foregoing, she alleges that language therapy, a service required by the protected party, is not offered.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as warned in the initial ruling:\n\nThe protected party, who is a person with a disability, is a student at Liceo de San Diego, code 4059 (evidence provided).\nThe protected party has required language therapy services, which were provided to her during her primary education (reports and evidence provided).\nIn the final report for the academic period of the 2023 school year, it was indicated that the protected party must continue with the language therapy service (reports and evidence provided).\nSince the year 2024, the MEP has been aware that the cited educational center has infrastructure deficiencies and that it lacks the corresponding [measures] to allow accessibility for the student population with disabilities (reports and evidence provided).\n\nIII.- UNPROVEN FACTS. The following relevant facts are not deemed proven:\n\n1) That during the 2024 and 2025 school years, the protected party received the educational service of language therapy (reports rendered).\n\n2) That the Liceo de San Diego has the corresponding conditions for the population with disabilities (reports rendered).\n\n3) That a remedial plan has been put in place to intervene in the infrastructure of the Liceo de San Diego (reports rendered).\n\nIV.- REGARDING THE RIGHT TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL CENTERS. The right to health, recognized in articles 21, of the Constitución Política; 1 and 11, of the Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4, of the Convención Americana sobre Derechos Humanos and 10, of the Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to provide adequate protection to the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that the alterations produced both by man and by nature, in the near or distant surroundings, do not constitute harm to the environment or to the health of the people who inhabit it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service provided by the State in the different educational centers of the country. Therefore, the least the State can do is to ensure that when providing this public service, it does not harm other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution (see in this regard, among others, Sentencias N° 2007-017719 of 3:50 p.m. on December 5, 2007, N° 2012-014633 of 9:05 a.m. on October 19, 2012, N° 2018-003873 of 09:30 a.m. on March 9, 2018).\n\nV.- REGARDING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. On multiple occasions, the Sala Constitucional, as guarantor of the fundamental rights of individuals, has ruled on cases where persons with some type of disability are involved, emphasizing the special protection they deserve arising from the content of articles 33 and 51, the Carta Magna. Thus, it is of interest to revisit in this judgment the considerations made in prior opportunities regarding the point: \"...First of all, it is important to note that the Constitución Política de Costa Rica and the Convención Americana Sobre Derechos Humanos (an international instrument with force superior to the law by provision of article 7 of the Constitution) enshrine the principle of equality of persons and the prohibition of making distinctions contrary to their dignity –articles 33 and 24 respectively-. Additionally, the rights of persons with disabilities are recognized in other international instruments such as the \"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad\", approved by the Asamblea Legislativa through law number 7948 and the \"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad\", number 7600, published in La Gaceta of May twenty-ninth, nineteen ninety-six. This latter Convention defines discrimination in its article 1, as follows: \"The term discrimination against persons with disabilities means any distinction, exclusion, or restriction based on a disability, record of disability, consequence of present or past disability, that has the effect or purpose of preventing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by persons with disabilities, of their human rights and fundamental freedoms\". Likewise, it enshrines the obligation of the States that signed it, to adopt: \"the measures to progressively eliminate discrimination and promote integration by governmental authorities and/or private entities in the provision or supply of goods, services, facilities, programs, activities, such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, access to justice and police services, and political and administrative activities\" (see Sentencia N° 2005-03829 of 4:06 p.m. on April 13, 2005).\n\nVI.- REGARDING CURRENT REGULATIONS ON ACCESSIBILITY. Regarding current regulations on accessibility. Likewise, the rights of persons with disabilities are recognized in international instruments, such as the \"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad\", ratified by the Asamblea Legislativa through Ley N° 7948, and in national legislation in the \"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad\" N° 7600, published in La Gaceta on May 29, 1996. Within this basic legal framework, it must be noted that there is an obligation on the part of the national authorities to provide persons with disabilities the same fundamental rights and freedoms as any other person, which translates into a duty to proscribe all forms of discrimination based on a person's disability, deriving from respect for the dignity inherent in every human being. The Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad defines, in its first article, what is understood by disability, as follows: “The term \"disability\" means a physical, mental, or sensory impairment, whether of a permanent or temporary nature, that limits the capacity to exercise one or more essential activities of daily life, which may be caused or aggravated by the economic and social environment.” Likewise, it defines the term discrimination against persons with disabilities, in the manner transcribed below: “The term \"discrimination against persons with disabilities\" means any distinction, exclusion, or restriction based on a disability, record of disability, consequence of previous disability, or perception of a present or past disability, that has the effect or purpose of preventing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by persons with disabilities, of their human rights and fundamental freedoms.” The referenced Convention is based on the premise that all human rights and fundamental freedoms are universal, and therefore comprehensively includes persons with disabilities. From the preamble of said Convention and from the Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena of 1993, it is apparent that all persons have the same right to life and to well-being, to education and to work, to live independently, and to active participation in all aspects of society. For that reason, any discrimination or any negative discriminatory treatment of a person with a disability is considered a violation of their rights. Finally, it recognizes that persons with disabilities must be guaranteed equality of opportunity, through the elimination of all socially determined obstacles, whether physical, economic, social, or psychological that exclude or restrict their full participation in society (in the same sense, see Sentencias N° 2001-12062 of 10:24 a.m. on November 23, 2001, N° 2003-09003 of 6:47 p.m. on August 26, 2003, and N° 2024-034729 of 09:20 a.m. on November 22, 2024).\n\nVII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the appellant's complaint concerns two issues in particular: a) that the protected party does not receive the educational service of language therapy; b) that the educational center where she studies does not have infrastructure that allows for the inclusion of persons with disabilities. In this regard, it is necessary to address these matters as follows.\n\na.- Regarding the educational service of language therapy. From the list of proven facts and other elements on file, it is deemed accredited that the protected party is a person with a disability and is a student of the Liceo de San Diego, La Unión de Cartago. Due to her condition, the ward has required the educational service of language therapy, which was provided to her during her primary education stage. Once that period ended, it was indicated that the student must continue with said service, as recorded in the final report of the academic period for the 2023 school year. However, in this case, it is not accredited that the ward has received the service in question during the 2024 and 2025 school years, which, in the opinion of this Tribunal, violates the minor's educational process. In this regard, it must be noted that this Chamber has been consistent in safeguarding the interests in the educational process of minors who require some special education service. Thus, in a case similar to the one at hand, in Sentencia No. 2025-010349 of 09:20 a.m. on April 4, 2025, it declared the right to education of a student who was not provided with language therapy, wherein it was stated to that effect:\n\n“(…) IV.- Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant indicates that the ward requires language therapy, which was diagnosed in 2023. She affirms that she delivered the respective referral at the Escuela La Riviera. However, the referral was apparently lost. This year she enrolled the ward in the Escuela de Marañonal because they indicated to her that there was a specialist in language therapy there. However, they later told her that the service was saturated. Due to the foregoing, she again requested a transfer to the Escuela La Riviera. However, they indicated to her that, due to the transfer to the Escuela de Marañoral, she now had to reinitiate the procedures for her son to receive language therapy.\n\nHaving analyzed the records, the Chamber considered it proven that the ward is a minor. He is currently a student at the Escuela La Riviera. On March 3, 2023, the protected party was referred by the authorities of the Escuela La Riviera to the Servicio de Terapia del Lenguaje of the Jardín de Niños Esparza. The referral was prepared by those authorities. According to the director of the aforementioned kindergarten: “…at the time, the contact noted in the referral dated March 3, 2023 (…) was called and no response was obtained…”. In 2024, the appellant gave the teacher a referral from the pediatrician at Hospital Monseñor Sanabria, whose management plan was language therapy. In 2025, the petitioner pre-enrolled the protected party at the Escuela La Riviera. However, he was enrolled in the Escuela de Marañoral. Nevertheless, he transferred to the Escuela La Riviera on February 18, 2025.\n\nOn February 28, 2025, the grade-level teacher gave the appellant the referral for speech therapy (terapia de lenguaje), so that she could present it at the Jardín de Niños de Esparza. Currently, the protected party is in third place on the waiting list for speech therapy (terapia de lenguaje) at the Jardín de Niños de Esparza.\n\nNow, based on the foregoing elements, the Chamber concludes that the rights of the ward have been violated. Indeed, it is verified that he has not begun the speech therapy (terapia de lenguaje) that he requires, despite the fact that his need was determined in March 2023, that is, two years ago; such a timeframe is openly unreasonable. Likewise, it is observed that the appellant has indeed sought to have such therapy provided to the ward. Thus, in addition to the referral of March 2023, the record also contains the referral from the pediatrician at Hospital Monseñor Sanabria that she provided to the educational center in 2024 and, this year, the referral from Escuela La Riviera dated February 28, 2025. However, the claimant is still currently on a waiting list. This Court discounts the fact that, apparently, with respect to the 2023 referral, “…at the time, the contact noted in the referral dated March 3, 2023, was called (…) and no response was obtained, I refer to the fact that the telephone number noted in the referral received at our service on March 3, 2023, does not match the telephone number on the referral attached to the report that was received yesterday…”. Faced with this situation, due diligence required that the respective coordination be carried out with the school to contact the interested party; especially if one takes into account that the referral was prepared by that school (so the eventual error in the telephone number indicated in the referral would be attributable to it). Finally, the 2023 referral was not the appellant's only attempt to obtain speech therapy (terapia de lenguaje), as the referral provided in 2024 is also on record. By virtue of the foregoing, the appeal is granted (…)”\n\nIn the case at hand, as in that one, it is found that the MEP has failed to adequately address the situation of the protected minor and, despite having a recommendation that she continue with the educational service of speech therapy (terapia de lenguaje), the necessary actions have not been taken for her to have access to it, which violates her right to education and, consequently, on this point, it is appropriate to grant this amparo proceeding.\n\nb.- Regarding the structural deficiencies and lack of infrastructure allowing accessibility for persons with disabilities. With respect to the complaint filed, based on the statement of proven facts, it is found that the Liceo de San Diego, code 4059, has infrastructure deficiencies and lacks the corresponding infrastructure to allow accessibility for the student population with disabilities. The MEP has been aware of this since 2024, on the occasion of a report issued for this purpose that highlighted the deficiencies and the need for intervention at the educational center. However, the record does not show that the MEP authorities have ordered any remedial plan. In their reports, the authorities appealed in this proceeding acknowledge the pressing need to intervene in the physical plant of the educational center, both to provide inclusive infrastructure and to improve it generally, which implies a complete redesign of the facilities. In this regard, and of relevance to this case, it is necessary to point out that, in official communication DVM-A-DIE-DPS-0640-2025 dated October 23, 2025, the Department of Programming and Monitoring of the MEP's Dirección de Infraestructura Educativa stated:\n\n“(…) it is important to point out that, according to a technical criterion issued by an official of this Dirección at the beginning of 2024, it is known that the comprehensive attention of the educational center's infrastructure problems —including the accessibility aspects regulated in Law 7600— requires a complete redesign of the facilities, either at the current site, if conditions permit, or through the eventual relocation of the educational center to a new plot of land, which entails the activation of a land acquisition process.\n\nDue to the magnitude of attention of this nature and the phases its development implies, its execution is not possible in the short term. This type of project demands significant budgetary planning to guarantee the necessary financing. On average, processes of this magnitude can require a period of up to four years for their completion, and even more if the land acquisition stage is included. This timeframe may be influenced by other factors such as budgetary availability, public procurement procedures, associated bureaucratic procedures, and the role played by the Junta Administrativa, among others (…)”.\n\nNotwithstanding the foregoing, the record does not show a timeline, a plan, or the budgetary provisions to initiate a public procurement procedure for the purpose of executing the works required to rehabilitate and put the Liceo de San Diego in suitable conditions. There is only a diagnosis, but without any certainty as to a specific period for securing the necessary resources and executing the construction and rehabilitation works of the educational center, thus prolonging over time the violation of the fundamental rights, mainly those linked to the educational process, of the minors attending the Liceo de San Diego, including the protected party, who is a person with a disability, as well as its teaching and administrative staff.\n\nUnder this state of affairs, in this specific case, it is concluded that the aforementioned omissions by the MEP have violated the fundamental rights of the protected party, who is directly affected in her learning process by not having adequate infrastructure and accessibility conditions, which she requires due to her condition. Thus, on this point, this amparo proceeding is granted.\n\nVIII.- CONCLUSION. The amparo appeal is granted in all its aspects and in accordance with the provisions set forth in the operative part of this judgment.\n\nIX.- PARTIALLY DISSENTING OPINION REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY MAGISTRATE GARRO VARGAS. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, given that the operative part of this judgment states: “…the following is ordered: (…) b) to the same official and to Allan Ramírez Solano, in his capacity as director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, or whoever holds that position, to carry out the necessary coordination and execute the pertinent acts so that, within a maximum period of twenty-four months after notification of this judgment, the intervention, rehabilitation, and adaptation works that allow accessibility for persons with disabilities are carried out at the Liceo de San Diego, La Unión de Cartago…” I note that, with regard to what is ordered regarding the execution of works at the Liceo de La Unión de Cartago, as provided by the Equal Opportunities for Persons with Disabilities Law No. 7600, I differ on where the execution phase of the matter should be housed, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, such as, for example, the construction of access ramps and accessible bathrooms, or the acquisition of ergonomic or foam seats. Conversely, the provisions of the Code of Contentious-Administrative Procedure regarding execution (article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase must be carried out before the Execution Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch,\" approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. Consequently, the following is ordered: 1) to Danae Espinoza Villalobos, head of the Department of Educational Supports for Students with Disabilities of the Ministry of Public Education, or whoever holds that position, to take the corresponding measures and within her scope of competence so that, immediately upon notification of this judgment and as long as there is a technical criterion, the protected party is provided with the educational service of speech therapy (terapia de lenguaje); b) to the same official and to Allan Ramírez Solano, in his capacity as director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, or whoever holds that position, to carry out the necessary coordination and execute the pertinent acts so that, within a maximum period of twenty-four months after notification of this judgment, the intervention, rehabilitation, and adaptation works that allow accessibility for persons with disabilities are carried out at the Liceo de San Diego, La Unión de Cartago. The foregoing under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and does not fulfill it or does not have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment proceeding before the contentious-administrative court. Magistrate Garro Vargas partially dissents regarding the execution of the order issued under section b) of the operative part of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Code of Contentious-Administrative Procedure. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution proceedings for this ruling can be initiated.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C. Paul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.\n\nAnamari Garro V. Ingrid Hess H.\n\n1\n\nObservations of SALA CONSTITUCIONAL\n\nvoted by ballot // According to the Management System, the date of the judgments is at 1:40 p.m. on November 14, 2025.- vcg01/2026\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:59:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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