{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1362472",
  "citation": "Res. 03559-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "ASADA no está obligada a sustitución inmediata de tubería si el servicio cumple estándares",
  "title_en": "ASADA not required to immediately replace pipes if service meets standards",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto contra la ASADA de Cacao de Nandayure y la ARESEP. Los recurrentes solicitaban la sustitución inmediata de la red de tuberías del Barrio El Sur, alegando que su antigüedad (más de 30 años) constituía una amenaza a sus derechos al agua potable, la salud y la vida. La Sala analizó el caso a la luz del derecho fundamental de acceso al agua potable, derivado de los derechos a la vida, la salud y un ambiente sano. Sin embargo, determinó que no existía vulneración actual de derechos porque el servicio se prestaba conforme a los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad. Las autoridades habían realizado inspecciones técnicas, emitido recomendaciones de mejora y activado procesos de fiscalización. La Sala concluyó que la antigüedad de la infraestructura, por sí sola, no constituye una lesión constitucional si no hay afectación real en el servicio, y que la jurisdicción constitucional no debe sustituir el criterio técnico-administrativo para imponer soluciones estructurales cuando existen acciones en curso orientadas a la mejora progresiva.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber denied an amparo action filed against the ASADA of Cacao de Nandayure and ARESEP. The petitioners sought the immediate replacement of the water pipe network in Barrio El Sur, arguing its age (over 30 years) threatened their rights to drinking water, health, and life. The Court analyzed the case under the fundamental right to water—derived from the rights to life, health, and a healthy environment. It found no current violation because the service complied with minimum standards of continuity, pressure, and quality. The authorities had conducted technical inspections, issued recommendations for improvements, and initiated oversight processes. The Court held that infrastructure age alone does not constitute a constitutional injury absent actual service disruption, and the constitutional jurisdiction should not displace technical-administrative judgment to impose structural solutions when progressive improvement actions are underway.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/01/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
  ],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "agua potable",
    "amparo",
    "ASADA",
    "principio dispositivo",
    "estándares mínimos",
    "ARESEP",
    "hechos futuros e inciertos"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 11.1",
      "law": "Protocolo de San Salvador"
    },
    {
      "article": "Art. 8",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Arts. 44-45",
      "law": "Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE)"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "agua potable",
    "amparo",
    "derecho fundamental",
    "ASADA",
    "infraestructura",
    "servicio público",
    "Sala Constitucional",
    "ARESEP",
    "AyA",
    "estándares mínimos"
  ],
  "keywords_en": [
    "drinking water",
    "amparo",
    "fundamental right",
    "ASADA",
    "infrastructure",
    "public service",
    "Constitutional Chamber",
    "ARESEP",
    "AyA",
    "minimum standards"
  ],
  "excerpt_es": "En el presente asunto, la parte recurrente sostiene que la antigüedad de la red de tuberías del sector Barrio El Sur del acueducto administrado por la ASADA de Cacao de Nandayure constituye, por sí misma, una vulneración a sus derechos fundamentales al acceso al agua potable, a la salud y a la vida, al estimar que dicha infraestructura presenta un riesgo de colapso que no ha sido atendido oportunamente por las autoridades competentes. Sin embargo, un examen cuidadoso, integral y técnicamente fundado del material probatorio incorporado al expediente conduce a una conclusión distinta.\n\nEn primer término, resulta determinante constatar que el servicio público de abastecimiento de agua potable que se brinda en el sector Barrio El Sur cumple, a la fecha, con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad exigidos por la normativa vigente. En efecto, las pruebas de presión realizadas por el ICAA, efectuadas durante la visita de inspección al sistema, reflejaron valores que superan el umbral mínimo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, mientras que los análisis de laboratorio practicados con posterioridad acreditaron que el agua suministrada es apta para el consumo humano, sin presencia de parámetros que comprometan su potabilidad.\n\nA partir de esos resultados técnicos, no se desprende la existencia de interrupciones en el suministro, disminuciones en la cantidad entregada ni afectaciones en la calidad del agua, elementos que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, resultan indispensables para tener por configurada una vulneración actual del derecho fundamental al acceso al agua potable. Por el contrario, los datos objetivos disponibles permiten afirmar que el servicio se presta de manera regular y conforme a los estándares exigidos, circunstancia que debilita de forma significativa la tesis de una lesión constitucional en curso.",
  "excerpt_en": "In the present case, the petitioner argues that the age of the pipe network in the Barrio El Sur sector of the aqueduct managed by the ASADA of Cacao de Nandayure constitutes, by itself, a violation of their fundamental rights to access to drinking water, health, and life, considering that said infrastructure presents a risk of collapse that has not been addressed in a timely manner by the competent authorities. However, a careful, comprehensive, and technically grounded examination of the evidence in the case file leads to a different conclusion.\n\nFirst, it is decisive to note that the public drinking water supply service provided in the Barrio El Sur sector currently meets the minimum standards of continuity, pressure, and quality required by current regulations. Indeed, the pressure tests performed by ICAA during the system inspection visit showed values that exceed the minimum threshold established in the AyA Service Provision Regulation, while subsequent laboratory analyses confirmed that the supplied water is fit for human consumption, with no parameters compromising its potability.\n\nFrom these technical results, there is no evidence of supply interruptions, reductions in the delivered quantity, or effects on water quality—elements that, according to this Chamber's jurisprudence, are indispensable to establish a current violation of the fundamental right to access to drinking water. On the contrary, the available objective data allow us to affirm that the service is provided regularly and in accordance with the required standards, a circumstance that significantly weakens the thesis of an ongoing constitutional injury.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the amparo, finding no current violation of fundamental rights and that the age of the pipes alone does not constitute a constitutional injury.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al considerar que no se demostró una vulneración actual de derechos fundamentales y que la antigüedad de la tubería por sí sola no constituye una lesión constitucional."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others...",
      "quote_es": "La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros..."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "...the public drinking water supply service provided in the Barrio El Sur sector currently meets the minimum standards of continuity, pressure, and quality required by current regulations.",
      "quote_es": "...el servicio público de abastecimiento de agua potable que se brinda en el sector Barrio El Sur cumple, a la fecha, con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad exigidos por la normativa vigente."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "...the longevity of the infrastructure is relevant data for administrative planning, but it only acquires constitutional relevance when it results in an actual impact or a technically proven risk to health or life...",
      "quote_es": "...la longevidad de la infraestructura constituye un dato relevante para la planificación administrativa, pero solo adquiere relevancia constitucional cuando se traduce en una afectación efectiva o en un riesgo técnicamente acreditado para la salud o la vida..."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The constitutional jurisdiction is not called upon to replace technical planning or impose structural solutions when the service is provided in accordance with the required minimum standards...",
      "quote_es": "La jurisdicción constitucional no está llamada a sustituir la planificación técnica ni a imponer soluciones estructurales cuando el servicio se presta conforme a los estándares mínimos exigidos..."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-92344",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE)  Arts. 44-45"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1362472",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 03559 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 30 de Enero del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-039249-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nAGUA POTABLE.\n\n003559-26. PODER EJECUTIVO. SERVICIOS PÚBLICOS. SE ACUSA LAS CONDICIONES EN QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE AGUA EN BARRIO EL SUR, EN EL CACAO DE NADAYURE. SE DECLARA SIN LUGAR, AL DEMOSTRARSE QUE LAS AUTORIDADES HAN HECHO LO POSIBLE POR PREVENIR Y CORREGIR EVENTUALES DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO. VCG02/2026\n\n“(…) IV.- Análisis por el fondo. Los recurrentes señalan que, desde el 30 de diciembre de 2023, han solicitado formalmente a la ASADA de Cacao de Nandayure la sustitución de la red de tuberías del Barrio El Sur, cuya infraestructura tiene más de treinta años de antigüedad y presenta riesgo de colapso, situación reconocida tanto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como por la ARESEP. Indican que, pese a que mediante el oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 de 5 de junio de 2024 el ICAA recomendó elaborar un plan de trabajo para la sustitución de la red y ordenó no otorgar nuevas disponibilidades de agua, y a que la ARESEP, en el Informe IN 0028-IA-2025 de 13 de febrero de 2025, confirmó la necesidad de ejecutar dichas mejoras y priorizar el citado barrio, la ASADA no ha elaborado ni comunicado un plan técnico ni un cronograma de ejecución. Afirman que, tras casi dos años desde la primera solicitud, no se ha sustituido ningún tramo de la red ni se ha definido un plazo cierto de intervención, lo que estiman lesiona sus derechos fundamentales.\n\nSobre este particular, conviene recordar que esta Sala ha desarrollado una línea jurisprudencial clara y reiterada en torno al derecho fundamental de acceso al agua potable, en cuanto presupuesto indispensable para la efectividad de los derechos a la vida y a la salud, así como para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales. De igual manera, este Tribunal ha reiterado que el acceso al agua potable constituye una condición mínima e indispensable para garantizar un adecuado equilibrio físico, psíquico y ambiental de las personas, reconociendo que el suministro de agua apta para el consumo humano forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la vida y a la salud. Así, a modo de ejemplo, en la sentencia n.°2025-008608 de las 09:30 horas del 21 de marzo de 2025, se resolvió, en lo conducente, lo siguiente:\n\nIV.- Sobre el derecho a consumir agua potable. Este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto de condiciones mínimas necesarias para alcanzar un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones es precisamente el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo que esta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en Sentencia N° 2003-04654, de las 15:44 horas del 27 de mayo del 2003, reiterada en la N° 2018-014649, de las 9:20 horas del 7 de setiembre de 2018, esta Sala resolvió: “(…) La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (\"Protocolo de San Salvador\" de 1988), el cual dispone que: \"Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos\". Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos”.\n\nV.- Antecedente ante este Tribunal. Previo del análisis del presente asunto, es importante mencionar que esta Sala Constitucional ya analizó las condiciones del servicio de agua en el acueducto de Esterillos. Así, mediante 2018-021434 de las 09:20 horas del 21 de diciembre de 2018, dictada dentro del expediente no. 18-018889-0007-CO, se estableció lo siguiente:\n\n“IV.- Sobre el caso concreto. En el presente caso, de las pruebas aportadas al expediente, así como, de lo informado bajo juramento por las autoridades del Instituto recurrido, se constata que ha existido una amenaza ilegítima al derecho a la salud de la persona amparada y demás miembros de la comunidad de Esterillos, así como una violación a su derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, al acceso al agua potable. De los autos se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es la entidad responsable de brindar el servicio de agua potable a la comunidad afectada la cual, a la fecha no ha logrado solventar el problema gestado. Es más, desde el 22 de diciembre de 2016, fecha en que asumió el acueducto, el Instituto recurrido ha realizado diversos estudios, con el fin de establecer una solución a la problemática de la concentración de hierro y manganeso que presenta el sistema de Esterillos- Bejuco, lo que produce una coloración oscura en el agua, lo cual, según lo indicado por el Encargado del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto \"....la suma de las concentraciones de Hierro y Manganeso, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-8, lo cual afecta la estética del agua y el rechazo visual por parte de los usuarios del Acueducto. No obstante, es importante aclarar que el consumo del agua no causa ningún daño a la Salud\". De manera, que si bien el agua que se distribuye no es perjudicial para la salud, lo cierto es que no cumple con el Reglamento para Calidad de Agua Potable. Así las cosas, han transcurrido dos años y el Instituto recurrido no ha sido capaz de resolver el problema del acueducto, ni de presentar las medidas correctivas necesarias que garanticen un adecuado funcionamiento de este implemento, pese a que en las pruebas emitidas por el Laboratorio Nacional de Aguas, son contudentes al respecto. Así las cosas, lleva razón la recurrente en cuanto a la calidad del agua que le es abastecida por la autoridad recurrida. En virtud de lo anterior, las autoridades del AyA han omitido su deber constitucional de garantizar la salud de los habitantes de esa comunidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos. Estos principios constitucionales deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación y constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable, impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, habida cuenta que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11, de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6, de la Ley General de la Administración Pública). En mérito de lo expuesto, debido a la vulneración prolongada del derecho fundamental al agua potable y a un servicio público eficiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso y, en consecuencia, ordenar al Instituto recurrido implementar las mejoras correspondientes en el sistema de acueducto que administra y abastece a las diferentes comunidades de Esterillos, y se ajuste a lo ordenado en el Reglamento de Control de Calidad de Agua. Lo anterior, incluye tomar las medidas necesarias con el fin de disminuir el grado de riesgo, para la salud de la población, y vulnerabilidad de los sistemas, así como dar una vigilancia continua a la calidad del agua potable que consumen los habitantes de la comunidad afectada, para cuyo efecto también deberá el Instituto recurrido realizar los trabajos para garantizar la calidad del recurso hídrico de mantenimiento que ese acueducto requiera. Además, se le recuerda a la recurrida que cuando se presenta el problema denunciado, debe asegurar la repartición de agua potable con camiones cisterna en la zona”. (Lo destacado y subrayado no corresponde al original).\n\nEn el presente asunto, la parte recurrente sostiene que la antigüedad de la red de tuberías del sector Barrio El Sur del acueducto administrado por la ASADA de Cacao de Nandayure constituye, por sí misma, una vulneración a sus derechos fundamentales al acceso al agua potable, a la salud y a la vida, al estimar que dicha infraestructura presenta un riesgo de colapso que no ha sido atendido oportunamente por las autoridades competentes. Sin embargo, un examen cuidadoso, integral y técnicamente fundado del material probatorio incorporado al expediente conduce a una conclusión distinta.\n\nEn primer término, resulta determinante constatar que el servicio público de abastecimiento de agua potable que se brinda en el sector Barrio El Sur cumple, a la fecha, con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad exigidos por la normativa vigente. En efecto, las pruebas de presión realizadas por el ICAA, efectuadas durante la visita de inspección al sistema, reflejaron valores que superan el umbral mínimo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, mientras que los análisis de laboratorio practicados con posterioridad acreditaron que el agua suministrada es apta para el consumo humano, sin presencia de parámetros que comprometan su potabilidad.\n\nA partir de esos resultados técnicos, no se desprende la existencia de interrupciones en el suministro, disminuciones en la cantidad entregada ni afectaciones en la calidad del agua, elementos que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, resultan indispensables para tener por configurada una vulneración actual del derecho fundamental al acceso al agua potable. Por el contrario, los datos objetivos disponibles permiten afirmar que el servicio se presta de manera regular y conforme a los estándares exigidos, circunstancia que debilita de forma significativa la tesis de una lesión constitucional en curso.\n\nAhora bien, es cierto que las autoridades técnicas han reconocido que la red de distribución presenta una antigüedad considerable, lo cual ha motivado la emisión de recomendaciones orientadas a su modernización progresiva. No obstante, dicha constatación no puede ser interpretada, sin más, como sinónimo de una amenaza real e inminente a los derechos fundamentales de las personas usuarias, pues la longevidad de la infraestructura constituye un dato relevante para la planificación administrativa, pero solo adquiere relevancia constitucional cuando se traduce en una afectación efectiva o en un riesgo técnicamente acreditado para la salud o la vida, extremos que no han sido demostrados en este caso.\n\nEn este punto, cobra especial importancia el actuar desplegado por las autoridades competentes, pues del expediente se desprende que el ICAA no solo efectuó inspecciones técnicas al sistema, sino que además formuló recomendaciones específicas dirigidas a la elaboración de un plan de trabajo para la mejora gradual del acueducto, incluyendo la sustitución de la red a mediano y largo plazo. De forma complementaria, la ARESEP activó su potestad fiscalizadora a raíz de la denuncia presentada, emitió disposiciones concretas a la ASADA y al ente rector, verificó la existencia de recursos financieros para planificar las mejoras y, finalmente, programó una visita de campo para constatar el cumplimiento de dichas disposiciones. Este encadenamiento de actuaciones permite descartar la existencia de inercia administrativa, desatención del problema o negativa institucional a adoptar medidas correctivas. Por el contrario, lo que se observa es un abordaje técnico y progresivo de la situación, conforme a las competencias legalmente asignadas a cada órgano y a los procedimientos que rigen la ejecución de obras de mejora en sistemas de acueductos administrados por asociaciones comunales. En tales condiciones, no resulta jurídicamente viable sostener que la Administración haya incumplido su deber de tutela del servicio público esencial.\n\nDesde esta óptica, la pretensión de que este Tribunal ordene la sustitución inmediata e integral de la red de tuberías dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento penal, carece de sustento constitucional, en tanto supondría desplazar el criterio técnico-administrativo de las autoridades especializadas sin que exista una lesión actual a derechos fundamentales que lo justifique. La jurisdicción constitucional no está llamada a sustituir la planificación técnica ni a imponer soluciones estructurales cuando el servicio se presta conforme a los estándares mínimos exigidos y existen acciones administrativas en curso orientadas a su mejora.\n\nFinalmente, esta conclusión se armoniza plenamente con la jurisprudencia constitucional invocada por la parte recurrente, en la cual se ha reconocido el derecho fundamental al acceso al agua potable como presupuesto indispensable para la vida y la salud. Sin embargo, a diferencia de aquellos supuestos, en los que se acreditó el incumplimiento de los estándares reglamentarios o una afectación prolongada y verificable del servicio, en el caso bajo examen se ha constatado expresamente que el agua suministrada cumple con los parámetros técnicos exigidos y que las autoridades competentes han adoptado medidas concretas para atender las necesidades de mejora del sistema. Por consiguiente, al no haberse demostrado una afectación actual, grave o inminente, ni una omisión administrativa que haga necesaria la intervención inmediata de esta Sala, lo alegado por la parte recurrente se ubica en el ámbito de hechos futuros e inciertos, cuya eventual materialización no puede ser anticipada por esta jurisdicción constitucional, máxime cuando existen actuaciones administrativas verificables orientadas a prevenir y corregir eventuales deficiencias en la infraestructura del acueducto.\n\nEn virtud de las consideraciones esgrimidas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace. (…)”\n\n\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: Dispositivo\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nPRINCIPIO DISPOSITIVO\n\n“(…) II.-Cuestión preliminar. Antes de entrar a analizar por el fondo el presente recurso de amparo, conviene precisar que este Tribunal únicamente se referirá a los extremos en los que la parte recurrente afirma expresamente que no ha recibido respuesta por parte de la autoridad recurrida. Ello en aplicación del principio dispositivo que rige el proceso constitucional, el cual impide a esta Sala pronunciarse de oficio sobre extremos que no hayan sido alegados como lesivos. En efecto, el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que el procedimiento se rige por el principio dispositivo, lo cual ha sido reiterado por esta Sala en múltiples pronunciamientos, tales como las sentencias N.° 2004-10021 de las 08:47 horas del 10 de setiembre de 2004, N.° 017810-2006 de las 15:32 horas del 12 de diciembre de 2006, N.° 2007-001147 de las 14:31 horas del 31 de enero de 2007, N.° 2007-001610 de las 09:22 horas del 9 de febrero de 2007, N.° 2007-001701 de las 14:34 horas del 13 de febrero de 2007, N.° 2007-003233 de las 11:35 horas del 9 de marzo de 2007, N.° 2007-003266 de las 12:08 horas del 9 de marzo de 2007, N.° 2013005543 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2012, N.° 2021018726 de las 09:15 horas del 20 de agosto de 2021, N.° 2021023558 de las 09:30 horas del 19 de octubre de 2021, N.° 2022003709 de las 09:30 horas del 11 de febrero de 2022 y N.° 2022020815 de las 09:30 horas del 6 de setiembre de 2022.\n\nPor esta razón, en atención al principio dispositivo, la Sala estudiará el caso al tenor de la pretensión de interés consignada en el líbelo de interposición, siendo esta: “a) Declarar con lugar el Recurso de amparo en todos sus extremos. b) Que se ordene a la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE CACAO DE NANDAYURE implementar la sustitución de la red de tuberías del Barrio El Sur, instalando tubería de 100 mm (4”), con sus respectivas válvulas. conforme a lo indicado por el AyA en el oficio GSD-UEN GAR-2024-02344 y reiterado por la ARESEP en el Informe IN-0028-IA-2025, estableciéndose un plazo prudente de un año para ello y advertir que, si es omiso, se le podrá incoar una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, que la ley castiga con prisión de 15 días a un año, según el artículo 307 del Código Penal. c) Se condene al pago de costas, daños y perjuicios a los recurridos”.  Por lo anterior, este Tribunal circunscribirá su análisis, únicamente, a la pretensión transcrita. (…)” VCG02/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 008- Impulso procesal de oficio. Plazos y términos\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL\n\n“(…) II.-Cuestión preliminar. Antes de entrar a analizar por el fondo el presente recurso de amparo, conviene precisar que este Tribunal únicamente se referirá a los extremos en los que la parte recurrente afirma expresamente que no ha recibido respuesta por parte de la autoridad recurrida. Ello en aplicación del principio dispositivo que rige el proceso constitucional, el cual impide a esta Sala pronunciarse de oficio sobre extremos que no hayan sido alegados como lesivos. En efecto, el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que el procedimiento se rige por el principio dispositivo, lo cual ha sido reiterado por esta Sala en múltiples pronunciamientos, tales como las sentencias N.° 2004-10021 de las 08:47 horas del 10 de setiembre de 2004, N.° 017810-2006 de las 15:32 horas del 12 de diciembre de 2006, N.° 2007-001147 de las 14:31 horas del 31 de enero de 2007, N.° 2007-001610 de las 09:22 horas del 9 de febrero de 2007, N.° 2007-001701 de las 14:34 horas del 13 de febrero de 2007, N.° 2007-003233 de las 11:35 horas del 9 de marzo de 2007, N.° 2007-003266 de las 12:08 horas del 9 de marzo de 2007, N.° 2013005543 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2012, N.° 2021018726 de las 09:15 horas del 20 de agosto de 2021, N.° 2021023558 de las 09:30 horas del 19 de octubre de 2021, N.° 2022003709 de las 09:30 horas del 11 de febrero de 2022 y N.° 2022020815 de las 09:30 horas del 6 de setiembre de 2022. (…)” VCG02/2026\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-039249-0007-CO\n\nRes. Nº 2026003559\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de enero de dos mil veintiseis .\n\n   Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-039249-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] y [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO -ASADA- RURAL DE CACAO DE NANDAYURE y la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS -ARESEP-.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 13:57 horas del 16 de diciembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Asada Rural de Cacao de Nandayure y la ARESEP. Manifiestan que desde el 30 de diciembre de 2023 enviaron la primera solicitud formal a la ASADA de Cacao de Nandayure mediante correo electrónico remitido a la dirección electrónica oficial de solicitudes y gestiones: asadadecacao@gmail.com, solicitando la renovación de la red de tuberías del Barrio \"El Sur\", debido a que la infraestructura presenta más de treinta años de antigüedad, situación reconocida por la ARESEP. Señalan que advirtieron que la red podía colapsar en cualquier momento, generando una interrupción total del servicio de agua potable; no obstante, comentan que ante dicha solicitud la ASADA respondió que tardaría cinco años en efectuar el cambio, plazo que consideraron irrazonable. Agregan que el 5 de junio de 2024 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) emitió el oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344, en el que recomendó a la ASADA elaborar un plan de trabajo para el cambio de la red a tubería de 100 mm con válvulas y ordenó no otorgar nuevas disponibilidades de agua hasta realizar dichas mejoras, por lo que posteriormente el 6 de diciembre de 2024 presentaron una denuncia ante la ARESEP, lo que dio lugar al Informe IN 0028-IA-2025 emitido el 13 de febrero de 2025 en el cual la autoridad reguladora confirmó la antigüedad de la red, la necesidad de su sustitución y la obligación de la ASADA de implementar un plan técnico para priorizar el Barrio \"El Sur\". Añaden que el 7 de julio de 2025 y el 5 de octubre de 2025 remitieron dos solicitudes adicionales a la dirección electrónica: asadadecacao@gmail.com perteneciente a la ASADA accionada, solicitando copia del informe técnico, el plan de trabajo y el cronograma de ejecución para la sustitución de la red conforme a lo dispuesto por el ICAA y la ARESEP, ante lo que la ASADA respondió de manera genérica indicando que \"se encuentra en análisis\", sin aportar información concreta ni establecer plazos. Indican que han transcurrido casi dos años desde aquella solicitud y no se ha sustituido ningún tramo de la red, ni han obtenido respuesta sobre sus gestiones. Estiman que sus derechos fundamentales han sido lesionados, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda.\n\n2.- Por resolución de las 09:38 horas del 22 de diciembre de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al presidente ejecutivo y al director de la Región de Chorotega, ambos del ICAA, así como al regulador general de la ARESEP, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 09:38 horas del 22 de diciembre de 2025, informan bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, Jenner Castrillo Ramírez, Liany Alfaro García, en sus respectivas condiciones de presidenta ejecutiva, jefe de la Región de Chorotega y jefa de la Oficina Regional de Atención de Asadas Chorotega, todos del ICAA, lo siguiente:\n\n“Aclaración previa: La resolución de cita indica que el informe debe ser rendido por el Director de la Región Chorotega, sin embargo, el sistema de acueducto objeto del recurso de amparo es administrado por la Asada de Cacao de Nandayure, mediante delegación del AyA, dicho sistema no es operado por el AyA, mediante la Región Chorotega, sin embargo, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala el informe es firmado por el Director a.i de la Región Chorotega, y, además, se rinde por parte de la Jefatura de la Oficina de Atención de Asadas Chorotega de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, conforme a las competencias funcionales a lo interno del AyA. HECHOS PRIMERO: Es un hecho propio de los recurrentes y de la Asada. SEGUNDO: Se rechaza por inexacto. Si bien es cierto por parte de ARESEP y del AyA, técnicamente se determinó que la Asada debía realizar las gestiones correspondiente con el fin de generar un proyecto de mejora para sustitución de tubería, conforme las prioridades y necesidades del sistema de acueducto que le fue delegado a la Asada de Cacao de Nandayure, el recurrente no demuestra que haya existido alguna afectación en el suministro de agua potable o su incumplimiento de brindar dicho servicio según los principios que lo rigen, como por ejemplo cantidad y calidad; sino que, lo que expone es un hecho futuro e incierto sin fundamentos técnicos. En ese sentido debe tomarse en consideración que, para la ejecución de proyectos de mejoras, ampliaciones y modernizaciones de los sistemas de acueductos administrados por las Asadas, se debe cumplir con los procedimientos de contratación establecidos al efecto, así como, que, tales proyectos deben encontrarse incorporados en los planes de inversión y presupuestos de las Asadas, estableciendo prioridades para su formulación y ejecución. Aunado a lo anterior, tales proyectos deben ser aprobados por parte de AyA según lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Asadas, Decreto Ejecutivo N° 42582-S MINAE. Cabe agregar que, los planes de inversión de las Asadas fortalecen la ejecución preventiva de proyectos en los sistemas de acueductos, donde el plazo determinado para su realización es definido de acuerdo con criterios técnicos en cuanto a su complejidad tomando en consideración el presupuesto y prioridades de los sistemas de acueducto, tal y como se indicó anteriormente. Por lo tanto, lo expuesto por el recurrente sobre que se está vulnerando su derecho al acceso al agua potable por el hecho de que se está formulando un proyecto de mejora para sustitución de tubería que podría tardar cinco años, no es cierto, ya que, tal y como se indicó el servicio no ha sido afectado en cuanto a su continuidad y calidad, según se expone en el informe técnico rendido para la atención del presente recurso, emitido mediante oficio GSD-UEN-GAR-2026-00026. TERCERO: Se rechaza por incierto. Al igual que en el hecho segundo; en efecto la recomendación es que los operadores de acueductos garanticen un plan para el cambio de tubería; sin embargo, no hay criterios técnicos que indiquen que el agua que distribuye la ASADA en el sector y en el acueducto en general no sea apta para consumo humano. Por lo tanto, no se vulnera el derecho a la salud, siendo un hecho incierto lo expuesto por el recurrente. Prueba de lo expuesto, son los análisis de laboratorio sobre la calidad de agua que suministra la Asada (ver anexo 2 del informe GSD-UEN-GAR-2026-00026). CUARTO: No es cierto. Según se desprende del informe técnico supra citado, “en este momento la distribución de agua en el acueducto y en el sector sur se realiza de manera constante por parte de la ASADA. Los recurrentes parten de la premisa que la propuesta de cambio de la tubería como un hecho concreto de vulneración de derecho a la vida; sin embargo, la prestación del servicio se está dando conforme a lo señalado en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA y los principios del servicio público, tanto en calidad y cantidad. El cambio de tubería es parte del plan de trabajo que debe realizar la administración de la ASADA para garantizar la prestación de servicios a futuro y evitar conflictos que pongan en riesgo la prestación del servicio. Esto lo demuestran los análisis de calidad presentes en el anexo 2, y los informes que indican los recurrentes realizados por el AyA mencionan que la presión cumple con el reglamento supra citado.” El recurrente en el presente hecho, continúa especulando y asumiendo que existe una afectación al derecho de acceso al agua potable, a la salud y la vida, no obstante, tal y como se ha expuesto en los hechos dos y tres, lo manifestado es un hecho incierto que carece de fundamento técnico, ya que, por el hecho que se deban realizar mejoras al sistema de acueducto, como en todos los acueductos a nivel nacional, parte de la operación, mantenimiento, desarrollo en tales sistemas, no implica una violación a derechos constitucionales. QUINTO: Se rechaza por inexacto. Mediante informe rendido para la atención del presente recurso, sobre el memorando GSD-UEN-GAR-2024-02344 emitido por la ORAC Chorotega, se indica: “En efecto se le recomienda a la ASADA el cambio de tubería bajo el oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344, sin embargo, se omite indicar en este hecho que las personas recurrentes presentaron el recurso de amparo N° 24-019675-0007-CO; en el cual se indicaba que era necesario un hidrante en el sector, el cual es tomado con lugar según la resolución y se obligó a la ASADA a colocar el hidrante en un año. Esto significó un cambio en los aspectos logísticos y presupuestarios para poner dicho hidrante el cual se logra colocar previo al vencimiento del plazo otorgado, sin que mediara estudios técnicos que priorizarán las necesidades de todo el sistema y no solamente un sector. Por lo tanto, este hecho se rechaza parcialmente, puesto que se brinda sin el contexto que tuvo que afrontar la ASADA. Además, si bien la recomendación existe; se considera oportuno que se aplique lo indicado en el reglamento de ASADAS, bajo el artículo 44, de la ejecución de un estudio técnico que permita un análisis integral de todo el sistema de la ASADA y así se puedan priorizar las mejoras a ejecutar dependiendo de la capacidad financiera del acueducto.” Tal y como puede observarse y según se expuso anteriormente, los planes de inversión y presupuestos se formulan acorde con las necesidades y prioridades establecidos, donde, en el caso concreto, la Asada no solo debe ejecutar el proyecto de sustitución de tubería, sino que, dentro de sus proyectos prioritarios se encuentra el cumplimiento de lo ordenado por la honorable Sala Constitucional sobre la instalación de un hidrante en la zona. En ese orden de ideas, tal y como se expone en el informe técnico citado, la Asada se encuentra obligada a realizar un estudio técnico integral, con el fin de contar con criterios técnicos sobre las necesidades y prioridades de proyectos de mejoras del sistema de acueducto que les fue delegado. SEXTO: Se admite con rectificaciones. Se desprende del informe técnico rendido para la atención del presente recurso: “El informe y los extractos escogidos para el hecho, refuerzan la idea que toda mejora debe realizar con los parámetros técnicos necesarios; y si bien, el tema es con el sector Sur del acueducto, no podemos obviar que el sistema debe verse de manera integral y no solo de un sector, es por esto, que, previo a la realización de una mejora en el sector, es requerido un estudio técnico de todo el sistema y desde allí priorizar, con los resultados del estudio técnico qué es lo primero que se debe atender para toda la población que abastece el acueducto de Cacao.” En ese sentido, cabe indicar que, si bien es cierto existen recomendaciones por parte de AyA y ARESEP para realizar mejoras en la red de la Asada en el sector Sur, el proyecto que al efecto deba ejecutarse debe contar con un estudio técnico que permita determinar a ciencia cierta las obras de mejoras que deben desarrollarse, donde se debe cumplir con los procedimientos establecidos al efecto, tal y como se mencionó en el hecho segundo. SÉTIMO: No nos consta. OCTAVO: Es un hecho propio de los recurrentes con la Asada. No nos constan las gestiones realizadas. Como puede constatarlo la Honorable Sala Constitucional, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha violentado derecho constitucional alguno a los recurrentes, ya que se ha ajustado al cumplimiento de sus competencias, donde ha emitido las recomendaciones correspondientes a la Asada y brindado la asesoría del caso, con el fin de que el operador delegado, formule y ejecute un proyecto de mejora para sustitución de la tubería en cuestión, lo cual deberá realizar amparado a un informe técnico que determine a ciencia cierta las obras de mejoras que deben desarrollarse, cumpliendo con los procedimientos de contratación establecidos al efecto, así como, planes de inversión y presupuesto, amparados al principio precautorio, sin que con ello, se haya determinado que el operador del servicio por delegación del AyA no esté brindando el suministro de agua potable conforme los principios que lo rigen, como por ejemplo cantidad, continuidad y calidad; sino que, la Asada deberá desarrollar el proyecto según las prioridades que sean establecidas conforme al Estudio Técnico Integral que debe realizar la Asada en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 44 del Reglamento de Asadas. En el caso concreto, los recurrentes no han demostrado que exista un riesgo a la salud, la vida o acceso al agua potable, dado que el servicio de abastecimiento de agua potable en la zona ha sido suministrado por la Asada sin que exista interrupciones; aunado al hecho de que, según se desprende de lo expuesto por los mismos recurrentes, la Asada les indicó que el proyecto se encuentra en análisis, no ha existido inercia de la Asada. I. SOBRE HECHOS FUTUROS E INCIERTOS En el caso que nos ocupa, los recurrentes solo hacen mención de hechos futuros e inciertos, no se visualiza una violación a derechos fundamentales, en ese sentido, la Honorable Sala mediante resolución N° 06279 – 2023 del 17 de marzo del 2023, expresó: (…) “Por otra parte, de acuerdo a (sic) los propios hechos narrados por la accionante, se desprende que no existe lesión o bien alguna amenaza de afectación real e inminente que deba abordar la Sala, se trata de un hecho futuro e incierto, el cual constituye una mera probabilidad que no implica -al momento de plantear el amparo-, una violación o amenaza actual o inminente a sus derechos fundamentales.” (…) En el caso concreto, según lo expuesto por los mismos recurrentes, por parte de la Asada se ha indicado un plazo prudencial para realizar las obras de mejoras en cuanto a la sustitución de la tubería, no ha existido inercia u omisión en la actuación por parte de la Asada sobre las recomendaciones brindadas por parte de ARESEP y del AyA, así como, que el servicio no ha sufrido afectaciones o interrupciones producto del proyecto que deberá ejecutar el operador por delegación; lo que resulta un hecho futuro e incierto lo alegado por los recurrentes en cuanto a una posible violación de derechos fundamentales”.\n\n4.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 16:56 horas del 08 de enero de 2026, informa bajo juramento Eric Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general de la ARESEP, lo siguiente:\n\n“I.- ANTECEDENTES DE INTERÉS Como antecedentes de interés al caso concreto, conforme a lo indicado en el recurso de amparo, se tienen los siguientes: 1. El 30 de diciembre de 2023, se emite nota a la Asada el Cacao de Nandayure, Guanacaste, por parte del señor [Nombre 001], en donde solicita de forma prioritaria la modernización de la tubería del Barrio El Sur. 2. El 5 de junio de 2024, mediante el memorando GSD-UEN-GAR-2024-02344, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, emite informe con relación a la visita de inspección del Sistema de Cacao, Nandayure, Guanacaste, para el caso de problemas de presión en Barrio del Sur. 3. El 13 de setiembre de 2024, mediante oficio CBC-035511-2024-DGD-01183, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, da respuesta al recurrente en atención al Expediente 24-019675-0007-CO -Recurso de Amparo del cual la Aresep no es parte-. 4. El 27 de setiembre de 2024, mediante Resolución N°28064-2024, la Sala Constitucional, emitió la sentencia dentro del expediente 24- 019675-0007-CO. 5. El 6 de diciembre de 2024, mediante correo electrónico recibido de la cuenta billyugalde2024@gmail.com, el Sr. [Nombre 001], presenta denuncia de inconformidad ante la Aresep, en relación al plan de remediación planteado por la ASADA de Cacao de Nandayure, sobre la longevidad de la red de tuberías que abastece el sector de Barrio Sur. II.- SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE En la forma y términos que se indican, se procede a contestar los hechos que expone el recurrente, de la siguiente manera: PRIMERO: ES CIERTO. SEGUNDO: SE RECHAZA POR INEXACTO, CON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES. En primer lugar, la Autoridad Reguladora no tuvo conocimiento directo ni participó de alguna manera en la gestión realizada por el recurrente el 30 de diciembre de 2023 ante la ASADA, ni dicha actuación forma parte de los hechos verificados por la Intendencia de Agua mediante el informe IN-0028-IA-2025 del 13 de febrero de 2025 (actuación que se originó a raíz de la denuncia presentada por el recurrente hasta el 06 de diciembre de 2024). Ahora bien, de conformidad con lo consignado en el Informe de Fiscalización IN-0028 IA-2025 del 11 de febrero de 2025, la Intendencia de Agua tuvo por acreditado que la red de distribución del sector Barrio El Sur presenta una antigüedad considerable, según la información suministrada durante el proceso de fiscalización. No obstante, la ARESEP no determinó la existencia de una afectación actual, grave o inminente a la continuidad del servicio, ni calificó la infraestructura como colapsada o inutilizable, limitándose a señalar en el Informe la necesidad de análisis técnico y planificación de mejoras, dentro de sus competencias regulatorias. Tome en cuenta su Autoridad, que la gestión realizada por el recurrente el 30 de diciembre de 2023 fue dirigida única y exclusivamente a la ASADA, tal como él mismo lo indica, así como también lo fue el intercambio de información entre ellas. No habiendo participación directa, ni indirectamente, de esta Autoridad Reguladora en esa gestión. La competencia y participación de la ARESEP fue activada a partir de la denuncia interpuesta por el recurrente ante la Institución el 6 de diciembre de 2024, la cual dio origen al proceso de fiscalización, y al informe IN-0028-IA-2025 del 13 de febrero de 2025. TERCERO: SE RECHAZA POR INEXACTO, CON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES. Mediante el informe IN-0028-IA-2025 del 13 de febrero de 2025, la ARESEP en el apartado de conclusiones en su punto 5), la Intendencia de Agua indicó lo siguiente: “5.Indicarle a señor Ugalde en condición de usuario: i.(…) ii (…) iii. Con base en lo señalado por el abonado y por usuario, y tomando en cuenta la visita realizada por la ORAC AYA (consta el oficio GSD-UENGAR-2024 02344), se concluye que la prestación del servicio cumple con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad establecida en la normativa vigente; iv. Si bien, dando por cierta la longevidad descrita por el señor abonado de que las tuberías tienen un tiempo de uso considerable, es requerido, que en su momento la ASADA, habiendo cumplido con las disposiciones de la Sala Constitucional, deberá implementar acciones de análisis técnico y definición para sustituir la línea de red existente en el sector Barrio Sur de Cacao y de conformidad con lo señalado en el oficio GSD-UEN-GAR- 2024-02344.” (lo subrayado no es del original) De lo anterior se extrae que efectivamente la red de tuberías tiene un tiempo de uso considerable, y que es necesario que en su momento la ASADA tome las acciones necesarias para realizar el remplazo correspondiente. También se indica que, a pesar de ese tiempo considerable de uso que posee la red de tuberías, se concluyó que la prestación del servicio cumple con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad establecida en la normativa vigente. De ahí que, esta Autoridad Reguladora giró una serie de disposiciones tanto para La ORAC regional Chorotega – AyA, como para la ASADA las cuales tenían que ser atendidas en un plazo de 15 días hábiles, dentro de esas disposiciones se traen a colación las que tienen relevancia en atención al objeto del presente recurso de amparo, por ejemplo: A la ORAC regional Chorotega – AyA se le indicó que debía incluir en su plan de trabajo, un acompañamiento, seguimiento y control, para que la Asada a través de su propuesta de trabajo, cumpla con el mandato de la Sala Constitucional, además de la implementación de los cambios que requiere la red de distribución a la luz de lo señalado en su oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344. Por su parte, a la ASADA se le giró la disposición de que debía planificar a mediano plazo los cambios necesarios para iniciar la actualización de la red de distribución, valorar lo que corresponda técnicamente en la mejora del sector Barrio del sur. En el caso de que la ASADA reciba donaciones de tubería, deben priorizar su instalación de manera transparente, con una rendición de cuentas justificada para los usuarios y abonados de la ASADA El Cacao. CUARTO: SE RECHAZA POR INEXACTO, CON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES. Tal como ya se indicó en el hecho anterior, el informe IN-0028-IA-2025 del 13 de febrero de 2025 tuvo por acreditado que la red de tuberías tiene un tiempo de uso considerable y que resultaba necesario, que en su momento la ASADA tomara las acciones necesarias para realizar el remplazo correspondiente. Además, a pesar de ese tiempo considerable de uso que posee la red de tuberías, se concluyó que la prestación del servicio cumple con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad establecida en la normativa vigente. Ahora bien, en el Informe IN-0028-IA-2025 no consta que la ASADA haya establecido un plazo formal de cinco años para la sustitución de la red, ni que dicho plazo haya sido valorado o avalado por la Autoridad Reguladora. Vale indicar que, cualquier referencia a plazos anteriores a la fiscalización de la Aresep (que dio origen a partir de la denuncia formulada por el recurrente el 06 de diciembre de 2024) no forma parte de los hechos comprobados por esta Autoridad Reguladora, ni incide en el análisis regulatorio realizado. QUINTO: SE RECHAZA AL SER ACTUACIONES AJENAS A LA ARESEP, CON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES. La ARESEP tuvo conocimiento del oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 del AyA, en tanto fue citado como antecedente dentro del proceso de fiscalización efectuado por esta Autoridad Reguladora. Sin embargo, la ARESEP no interpretó ni calificó dicho oficio como una orden de sustitución inmediata, sino como un insumo técnico que debía ser considerado dentro del análisis y planificación de mejoras que correspondía realizar al prestador del servicio, por su parte, los alcances y demás consideraciones en cuanto a dicho oficio, deberán ser desarrolladas por el ICAA al momento de rendir su informe para este asunto. Véase que el informe IN-0028-IA-2025 del 13 de febrero de 2025 le indicó al recurrente como parte de sus conclusiones, que la prestación del servicio cumple con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad establecida en la normativa vigente; además de que, por la longevidad del tiempo de uso que tienen las tuberías según lo indicado por el recurrente, es requerido, que en su momento la ASADA, habiendo cumplido con las disposiciones de la Sala Constitucional (exp.24- 019675 0007-CO), deba implementar acciones de análisis técnico y definición para sustituir la línea de red existente en el sector Barrio Sur de Cacao, de conformidad con lo señalado en el oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344. SEXTO: ES CIERTO CON LAS SIGUIENTES PRECISIONES. 1. La red del sector Barrio El Sur presenta una antigüedad considerable. 2. Se requiere que el prestador realice análisis técnicos para definir la atención de mejoras. 3. La ASADA dispone de recursos financieros que permiten planificar inversiones, bajo el principio del servicio al costo. Ahora bien, debe precisarse que la ARESEP no ordenó la ejecución inmediata de obras, sino que dispuso la elaboración de un plan de trabajo técnicamente sustentado, con cronograma y debidamente aprobado. De igual forma, es incorrecto indicar que el Informe IN-0028-IA-2025 haya impuesto a la ASADA una obligación inmediata e incondicionada de sustituir la red del Barrio El Sur. Las disposiciones emitidas por la Intendencia de Agua en el informe brindado, se circunscribieron a: 1. La presentación de un plan de trabajo, 2. La planificación a mediano plazo de mejoras, 3. La coordinación con el AyA como ente rector, todo ello dentro de un proceso gradual, técnico y fiscalizable, conforme a la normativa vigente. Lo anterior se desprende de la simple lectura del Informe de referencia, el cual se adjunta como prueba del presente informe. SÉTIMO: ES CIERTO OCTAVO: NO LE CONSTA A LA ARESEP. Téngase en cuenta que las solicitudes posteriores dirigidas por el recurrente directamente a la ASADA no forman parte del ámbito de competencia directa de esta Autoridad Reguladora, ni fueron objeto de valoración específica en el proceso de fiscalización que dio origen al Informe IN-0028-IA-2025 a raíz de la denuncia presentada el 06 de diciembre de 2024. Es importante decir, que la actuación legal de la ARESEP se limita a la fiscalización del servicio y a la emisión de disposiciones regulatorias, no a la gestión diaria de las comunicaciones entre usuarios y prestadores. Así las cosas, con fundamento en los hechos contestados, se ha podido demostrar que la actuación de la ARESEP, no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales alegados por el recurrente, además obsérvese que el objeto del proceso no se circunscribe o involucra actuaciones u omisiones por parte de esta Autoridad Reguladora. III. SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA ARESEP A partir de la denuncia presentada el 06 de diciembre de 2024 por el recurrente, es posible indicar que ésta fue atendida, y producto de ello se emitió el informe de fiscalización IN-0028-IA-2025 del 13 de febrero de 2025, en el que la ARESEP giro las siguientes disposiciones a la Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste: “(…) 2. A la Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste. En un plazo de 15 días hábiles debe de atender los siguientes puntos: 1. Debe implementar un plan de trabajo con su cronograma aprobado por la Junta Directiva y que cuente con el visto bueno de la ORAC regional Chorotega AyA del diseño e implementación de todo lo relacionado con el cumplimiento del mandato de la Sala Constitucional, según los tres puntos que solicita la Resolución N°28064-2024. 2. Deben planificar a mediano plazo los cambios necesarios para iniciar la actualización de la red de distribución, valorar lo que corresponda técnicamente en la mejora del sector Barrio del sur. En el caso de que la ASADA reciba donaciones de tubería, deben priorizar su instalación de manera transparente, con una rendición de cuentas justificada para los usuarios y abonados de la ASADA El Cacao. a. Suministrar los resultados e implementación del estudio técnico integral de la ASADA para la ubicación, instalación y requisitos técnicos solicitados por Bomberos de Costa Rica. b. Aportar la Justificación de las acciones y labores implementadas por la ASADA El Cacao aplicado al rubro de instalación descrito en un monto por ₡ 7 592 748,95 y todas aquellas otras labores ejecutadas que cuente con el debido visto bueno y aprobación por parte de la Junta Directiva (…)” Se observa entonces que, se otorgó al ente prestador del servicio público un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación de ese Informe, para atender las disposiciones ahí señaladas. Esto, en lo referente a la presentación de la ruta de trabajo o cronograma para atender la situación denunciada por el usuario respecto a al tema de la instalación de hidrantes, y posteriormente mejoras en la infraestructura del acueducto. Es importante indicar que la Asada El Cacao de Nandayure, solicitó ante la Aresep una ampliación de plazo para atender las disposiciones enunciadas; para lo cual, el 12 de marzo de 2025, mediante el oficio OF-0173-IA-2025, se concedió la extensión de plazo al 18 de marzo de 2025. El 7 de marzo de 2025 mediante el oficio GG-2025-00674, el AyA dio respuesta a lo solicitado por la Intendencia en el informe IN-0028-IA-2025, donde se adjunta el respectivo plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva de la Asada Cacao de Nandayure con la debida aprobación de la oficina Regional de Acueductos Comunales en la Región Chorotega. Cabe resaltar que tal y como se indicó en el escrito sin fecha (el cual se adjunta) con el que la Asada contestó los requerimientos de la Aresep, con respecto al deber de planificar la actualización de la red de distribución, se indicó lo siguiente: “En respuesta a esta pregunta esta ASADA ha venido trabajando de la mano con el AYA, por el cual se hará una reunión en el mes de mayo para juntos generar este plan.” Así las cosas, en virtud de que el ente rector y el sistema delegado atendieron lo solicitado por esta Autoridad Reguladora y se encuentran gestionando de manera conjunta una solución respecto de la situación de la red de distribución, la Intendencia de Agua, como parte del seguimiento de fiscalización que realiza a diversos operadores de la Región Chorotega y conforme a su planificación para el año 2026, ha previsto efectuar una visita de campo al sistema operado por la ASADA de El Cacao de Nandayure, durante la semana comprendida del 2 al 6 de marzo del presente año. Dicha visita tiene por finalidad constatar la atención de las disposiciones contenidas en el Informe IN-0028-IA-2025, emitido con ocasión de la inspección realizada el año anterior, según se desprende del oficio OF-0011-IA-2026, todo ello con el objetivo de verificar las mejoras en la calidad del servicio, en ejercicio de las facultades conferidas a esta Autoridad Reguladora por la Ley N.° 7593 y su reglamento Para efectos de este recurso, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 5 de la Ley N°7593, son atribuciones de la ARESEP fijar precios y tarifas por la prestación de los servicios públicos, incluyendo aquellos que prestan las ASADAS –acueducto, alcantarillado sanitario e instalación, operación y mantenimiento del servicio de hidrantes– así como el velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, entre otros, en la prestación de dichos servicios. Asimismo, el reglamento a la Ley N° 7593, Decreto Ejecutivo número 29732, en su artículo 3 señala que la ARESEP no podrá coadministrar ni arrogarse funciones de los prestadores, ni de los entes fiscalizadores que tengan funciones asignadas por ley. De ahí que la actuación de la ARESEP a raíz de la denuncia presentada el 06 de diciembre de 2024 por parte del recurrente se limitó a atender lo señalado en el artículo 6 inciso a) de la Ley N° 7593 que consiste en: “(...) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida (...)” Por ello, es decisión de la administración atender sus obligaciones para con la prestación tanto del servicio de acueducto como el de hidrantes; el cual recae en el prestador y Titular del servicio, que, en el caso de las ASADAS, el AYA debe mantener su rol como figura jurídica responsable de las acciones que implementen las ASADAS como entes delegados en prestar el servicio bajo la figura legal del convenio de delegación. De ahí que, en el caso concreto ha quedado demostrado que la actuación de la ARESEP ha sido, célere, eficiente y eficaz de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7593, aunado a ello, es claro que dichas actuaciones no han mermado derecho fundamental alguno del recurrente, al contrario, esta Autoridad Reguladora ha realizado su función fiscalizadora a raíz de la disconformidad presentada por el recurrente en contra del prestador del servicio púbico”.\n\n 5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 11:04 horas del 20 de enero de 2026, Joseph Mauricio Duarte Sequeira, en su calidad de presidente y representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la ASADA de Cacao de Nandayure, contestó la audiencia conferida, en los siguientes términos:\n\n“PRIMERO: CIERTO.\n\nSEGUNDO: INCIERTO. El recurrente no demuestra que haya existido alguna afectación en el suministro de agua potable o su incumplimiento de brindar dicho servicio según los principios que lo rigen, como por ejemplo cantidad y calidad; incluso en el informe técnico rendido para la atención del presente recurso, emitido mediante oficio GSD-UEN-GAR-2026-00026 se determina que la cantidad y calidad de agua recibida por los vecinos del sector cumplo con todos los requisitos de ley. El recurrente expone un hecho futuro e incierto sin fundamentos técnicos.\n\nEl plazo de 5 años es un tiempo considerable tomando en cuenta todos los demás proyectos y gestiones que debe realizar la asada durante el transcurso del año, seria deshonesto y de mala fe indicar al recurrido un plazo a corto plazo cuando en la realidad de mi representada eso no sería posible de concretar.\n\nTERCERO Y CUARTO: INCIERTO. Nuevamente el recurrente expone un hecho futuro o incierto sin ningún fundamento técnico.\n\nQUINTO: INCIERTO. Si bien es cierto el AYA realizo recomendaciones a mi representada en cuanto a la sustitución de la tubería aquí expuesta, también debe tomarse en cuenta que estas recomendaciones se realizan tomando en cuenta y siguiendo la realidad de la ASADA aquí representada. Ya que para realizar cualquier proyecto de la magnitud del que aquí se expone la ASADA debe hacer un estudio técnico integral para poder determinar las prioridades que debe tener la ASADA en cuanto a sus proyectos y la distribución de sus recursos.\n\nUna vez realizado dicho estudio la ASADA deberá tomar decisiones sobre cuales proyectos en este momento necesitan más presupuesto y mucha más urgencia en su ejecución. Sin dejar de tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por el AYA tal y como lo establece el articulo 44 y 45 del Reglamento de Asadas, Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE.\n\nSEXTO: INCIERTO. Cabe destacar que se toman en cuenta partes de las recomendaciones realizadas por el ARESEP a conveniencia del aquí recurrente, ya que si bien es cierto tanto el AYA como el ARESEP realizaron recomendación en cuanto a la sustitución de la tubería de la Asada en el sector Sur, también se realiza hincapié en que el proyecto que al efecto deba ejecutarse debe contar con un estudio técnico que permita determinar a ciencia cierta las obras de mejoras que deben desarrollarse, donde se debe cumplir con los procedimientos establecidos al efecto entre los que se encuentra la presupuestación y ejecución del proyecto de acuerdo al plan de trabajo que debe ser aprobado por estos mismos entes. SETIMO: NO ME CONSTA.\n\nOCTAVO: INEXACTO. En ningún momento mi representada ha tenido la intención de ignorar las solicitudes del aquí recurrente, sin embargo, la respuesta que se dio en su momento fue exactamente la adecuada, ya que se encontraba tanto en análisis presupuestario con nuestro contador como en análisis de la planificación que debía darse para la ejecución del proyecto (así como todos los demás proyectos y necesidades que debe cubrir la ASADA) por parte de la ASADA.\n\nAquí de manera respetuosa queremos dejar claro que a pesar de tener la obligación de rendir cuentas a los abonados sobre la gestión de la ASADA, también debemos encargarnos del buen funcionamiento y velar por no violentar los derechos a nuestros abonados, es por esto, que no hay una persona encargada solamente de contestar correos electrónicos diariamente. Sino que se hace una revisión rutinaria y se da respuesta a los mismos”.\n\n6.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 20:05 horas del 22 de enero de 2026, la parte recurrente refuta el informe del ARESEP, en los siguientes términos:\n\n“I. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA LONGEVIDAD Y EL PLAZO DE 5 AÑOS BRINDADO POR LA ASADA CACAO La recurrida, mediante su informe de contestación, intenta deslindar responsabilidad a pesar de tener conocimiento expreso del plazo de cinco años otorgado por la ASADA Cacao para la sustitución de la red del Barrio Sur, plazo que fue comunicado sin respaldo en un estudio técnico en el Barrio Sur, en contravención de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Reglamento de ASADAS. Dicho plazo fue de conocimiento de la ARESEP y consta expresamente en el informe de fiscalización IN-0028-IA-2025, sin que esta autoridad haya ejercido oportunamente sus potestades regulatorias para exigir una valoración técnica que garantizara la protección efectiva del derecho humano al agua. Lo anterior se desprende del propio estudio incorporado por la ARESEP en su análisis técnico, en el cual se expone, como parte de la denuncia, y finalmente se acredita que la red de tuberías del Barrio Sur supera los treinta años de antigüedad, evidenciando su avanzada antigüedad; asimismo, se reconoce que el plazo de cinco años propuesto por la ASADA resulta excesivo e inadecuado para atender la urgencia de la situación. Cito a continuación: A. Denuncia del Sr. [Nombre 001]. El usuario se muestra inconforme ante un plan de remediación planteado por la ASADA Cacao de Nandayure, para atender la aparente longevidad de la red de tuberías que abastece el sector de Barrio Sur de esa comunidad, las cuales, según señala, tienen más de 30 años de antigüedad y representa un riesgo latente de fugas masivas en el servicio. El señor Ugalde añade que la infraestructura del acueducto está obsoleta y debe ser renovada en un plazo menor al ofrecido en dicho plan (5 años, con base en el plan de remediación suministrado por el operador). El Sr. [Nombre 001] considera que el tiempo es excesivo e inadecuado para atender la urgencia de la situación. (…) Esta cita evidencia que la problemática no era desconocida para la autoridad reguladora, y que la omisión de acciones regulatorias efectivas permitió y permite la prolongación de un riesgo latente para los derechos fundamentales de la población usuaria del Barrio Sur. II. SOBRE EL OFICIO GSD-UEN-GAR- 2024-02344 Y SU INCORRECTA INTERPRETACIÓN POR PARTE DE LA ARESEP La recurrida, mediante su informe de contestación y en el informe IN-0028-IA-2025, fundamenta sus conclusiones en una interpretación del oficio GSD-UEN-GAR-2024 02344, emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. No obstante, dicho oficio se limita a consignar la medición de la presión del servicio en un único momento, sin constituir una valoración técnica del sistema de distribución del Barrio Sur. Tal medición puntual no satisface los criterios técnicos exigidos por los artículos 44 y 45 del Reglamento de ASADAS, los cuales establecen que únicamente mediante una evaluación técnica elaborada por un profesional en ingeniería y debidamente colegiado ante el CFIA; es posible valorar el estado real de los componentes del sistema de distribución y determinar, con sustento científico; dicho estudio resulta vital para evaluar las condiciones estructurales de la red y los riesgos asociados a su operación, máxime cuando se ha acreditado que la red de tuberías presenta una longevidad considerable, estas circunstancias configuran un riesgo latente para la prestación continua y segura del servicio, por lo que, en ausencia de este criterio técnico, no resulta jurídicamente válido desestimar ni calificar como inexactos los alegatos del recurrente, por lo pronto al no existir este estudio técnico, lo procedente es que se declaré con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos. En consecuencia, cito a continuación la conclusión de mayor relevancia contenida en el referido insumo técnico del AyA: Se recomienda a la ASADA en el sector del Sur, no brindar más disponibilidades de agua con el fin de no afectar a los usuarios de dicho sector a mediano y corto plazo hasta que se realicen los cambios en la red de distribución. La cita del oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 evidencia que el propio AyA reconoce que la red de distribución no soporta nuevas disponibilidades de agua y que la incorporación de servicios adicionales genera una afectación inmediata, situación atribuible a la avanzada antigüedad de la infraestructura, la cual compromete directamente el ejercicio de derechos fundamentales vinculados al acceso al agua potable y servicios actuales III. SOBRE LOS HECHOS ACEPTADOS POR EL ARESEP 3 La recurrida, mediante su informe de contestación, acepta los siguientes hechos que cito a continuación: 1. La red del sector Barrio El Sur presenta una antigüedad considerable. 2. Se requiere que el prestador realice análisis técnicos para definir la atención de mejoras. 3. La ASADA dispone de recursos financieros que permiten planificar inversiones, bajo el principio del servicio al costo. El reconocimiento de la antigüedad avanzada de la red y por otro lado el riesgo que implica mantener en operación el sistema de distribución TAN ANTIGUO del Barrio Sur evidencia una amenaza directa al derecho fundamental de acceso al agua potable, en tanto dicha infraestructura constituye el único medio para garantizar el abastecimiento a la totalidad de la población usuaria del sector Barrio Sur. La inexistencia de un análisis técnico en el barrio sur, aunada a la actuación negligente de la ASADA de Cacao de Nandayure, la cual se encuentra bajo la regulación y fiscalización de la ARESEP, demuestra una omisión regulatoria injustificada, máxime cuando esta última dispone de herramientas normativas y presupuestarias para exigir plazos improrrogables para la sustitución de la tubería. En consecuencia, la falta de aplicación de sanciones o procedimientos administrativos por parte de la ARESEP ha permitido la continuidad de un riesgo latente, comprometiendo la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población del Barrio Sur, por lo cual la recurrida tiene una cuota de responsabilidad enorme en este caso. IV. 4 SOBRE EL OFICIO GSD-UEN-GAR-2025-00767 EMITIDO POR EL AYA A LAS DISPOCISIONES DEL ARESEP La recurrida, mediante su informe de contestación, aporta el oficio GSD-UEN-GAR-2025 00767 emitido por el AyA. De dicho documento, y para efectos del presente caso, resulta pertinente destacar los extremos de mayor relevancia. En particular, el AyA señala en sus conclusiones lo siguiente: 2- En el mes de mayo se tendrá un espacio con la ASADA Cacao para la implementa-ción de las mejoras de tubería para el sector Sur y recordar a la ASADA sobre la transparencia y que las acciones mejoran el sistema en toda la comunidad. De la conclusión contenida en el oficio GSD-UEN-GAR-2025-00767, de fecha 4 de marzo de 2025, se desprende un reconocimiento expreso de la necesidad de implementar mejoras en la red de tuberías del Barrio Sur, con el fin de mitigar el riesgo que implica mantener en operación una infraestructura con una antigüedad avanzada y considerable. La conclusión fue emitida en marzo de 2025, previéndose una reunión hasta el mes de mayo de 2025, mientras que la solicitud inicial de sustitución data del 30 de diciembre de 2023, por lo que el tiempo transcurrido para ejecutar el reemplazo de la tubería del Barrio Sur resulta manifiestamente excesivo al 2026. Dicho reconocimiento confirma que la situación no puede ser minimizada ni tratada como un hecho aislado, sino que requiere la adopción de medidas correctivas concretas. Asimismo, el propio oficio evidencia que lo planteado corresponde a una implementación de sustitución de tubería, lo cual refuerza la necesidad de actuar de manera oportuna y efectiva. En este contexto, resulta improcedente relativizar el riesgo existente, cuando lo jurídicamente correcto es reconocerlo y aplicar las medidas necesarias contra el operador. No obstante, la ARESEP no ha sido cabal en el cumplimiento de sus disposiciones regulatorias, permitiendo la dilación en la sustitución de la tubería requerida, situación que compromete la protección de los derechos fundamentales de la población del Barrio Sur y limita la posibilidad de otorgar nuevas disponibilidades de agua sin afectar a los usuarios actuales, hasta realizar los cambios correspondientes”.\n\n7.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 20:06 horas del 22 de enero de 2026, la parte recurrente refuta el informe de las autoridades recurridas del ICAA, en los siguientes términos:\n\n“ I. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA LONGEVIDAD Y SUS RECOMENDACIONES DEL AyA. El recurrido, mediante el informe técnico No. GSD-UEN-GAR-2026-00026, reconoce expresamente que las recomendaciones emitidas obedecen a la longevidad de la infraestructura, admitiendo que la red de distribución del acueducto cuenta con una longevidad excesiva como el ARESEP lo acreditó. Previo a resolver el presente recurso de amparo, resulta de vital importancia poner en conocimiento de esta Honorable Sala un hecho acreditado con prueba aportada por el propio ARESEP, consistente en un documento emitido por la ASADA Cacao de Nandayure, mediante el cual se responde a las disposiciones de la ARESEP. En dicho documento, la ASADA reconoce expresamente que “(…)se ha cambiado de emergencia un tramo de tubería que abarcaba 600 mts aproximadamente ya que este presentaba problemas de fugas y se reventaban los tubos;” Este hecho no puede considerarse un caso aislado, sino que constituye una manifestación concreta de fallas estructurales ocurridas dentro de la misma red de distribución administrada por la ASADA recurrida. Ello evidencia que la infraestructura de la recurrida presenta vulnerabilidades reales, las cuales se materializan mediante intervenciones de emergencia y no a través de una planificación técnica. La existencia de estas fallas en otro sector cercano al Barrio Sur refuerza la tesis respecto a la presencia de un riesgo latente, susceptible de materializarse en cualquier momento por la longevidad excesiva y previamente demostrada por autoridades. En este contexto, únicamente un estudio técnico, elaborado por un profesional en ingeniería debidamente colegiado ante el CFIA, puede determinar con criterio científico las obras necesarias para garantizar la continuidad, seguridad y calidad del servicio en el Barrio Sur. Por lo pronto al no existir este estudio, la ASADA no puede realizar las mejoras que se requieren con celeridad; por tanto, en protección de los derechos fundamentales del Barrio Sur lo procedente es que se declarare con lugar el presente recurso en todos sus extremos Asimismo, la imposibilidad actual de otorgar nuevas disponibilidades de agua en dicho sector sur constituye un indicio adicional de la insuficiencia estructural del sistema, lo cual confirma que la problemática denunciada no es hipotética ni futura, sino real y verificable. II. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE ASADAS La inexistencia del estudio técnico constituye una violación directa y objetiva del artículo 44 del Reglamento de las ASADAS y de derechos fundamentales; el cual impone de manera expresa y obligatoria el deber de contar con un estudio técnico actualizado que permita determinar la capacidad hídrica e hidráulica del sistema administrado, así como el estado de sus componentes, la infraestructura y las mejoras requeridas para proteger el servicio. En particular, el inciso c) del artículo 44 establece que: Alcances del Estudio Técnico: El estudio técnico deberá establecer la capacidad hídrica e hidráulica del sistema, deberá determinar el estado y los componentes que lo integran, así como las mejoras que se requieran en la producción y la calidad de los caudales de aprovechamiento de las fuentes, así como en infraestructura y en funcionamiento que requiera el sistema. El contenido del Estudio estará determinado por las disposiciones emitidas por AyA para tal efecto. Dicha disposición es clara en cuanto a que el estudio técnico debe determinar el estado de los componentes del sistema, la infraestructura y su funcionamiento. Asimismo, el inciso b) del artículo 44 dispone lo siguiente: Responsabilidad del Estudio Técnico: Es responsabilidad compartida de la ASADA y el profesional responsable velar por la correcta aplicación de la normativa técnica, políticas y directrices emitidas por AyA, siendo éstas de acatamiento obligatorio tanto en la ejecución del estudio, como en el diseño y construcción de las obras resultantes. Asimismo, el inciso a) del artículo 44 dispone lo siguiente: “Ejecución de los Estudios Técnicos: Los estudios técnicos de estos sistemas, deberán ser realizados por la ASADA con el respaldo técnico de un profesional responsable, debidamente incorporado al Colegio Profesional de su área respectiva.” En el presente caso, la ausencia total de dicho estudio no solo acredita el incumplimiento normativo de la ASADA, sino también la omisión del AyA como ente rector, al no exigir ni garantizar el cumplimiento de una obligación reglamentaria esencial dentro de un servicio público delegado. Esta omisión prolongada configura negligencia institucional, incompatible con el deber de tutela efectiva del derecho fundamental al acceso al agua potable. Lo procedente es declarar con lugar el recurso para proteger este derecho ante su inminente vulneración, afectando el servicio público y todos los derechos fundamentales de las familias que viven en el Barrio Sur. III. PRÁCTICAS DEL AyA FRENTE A ESTE TIPO DE CASOS El AyA, dentro del expediente N.° 24-019675-0007-CO, promovido por este mismo recurrente, y referido al mismo sistema administrado por la ASADA de Cacao de Nandayure y al mismo sector del Barrio Sur, sostuvo y defendió de forma arbitraria que no era necesaria la instalación de un hidrante, sin contar con sustento técnico que respaldara dicha posición. No obstante, dicho recurso fue declarado con lugar, y en ese proceso el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica determinó, mediante estudio técnico, que la instalación del hidrante sí era necesaria, lo que dejó en evidencia que la posición inicial del AyA carecía de respaldo técnico objetivo. Este antecedente resulta especialmente relevante, pues evidencia un patrón reiterado de actuación del AyA frente a esta misma ASADA y este mismo sector, consistente en descartar o minimizar requerimientos técnicos sin contar previamente con los estudios exigidos, trasladando las consecuencias de dicha omisión al operador delegado y, en última instancia, a los usuarios del servicio. Tales prácticas reflejan una deficiente labor de supervisión, control y contención por parte del AyA como ente rector del servicio público delegado, lo que deriva en omisiones reiteradas que terminan vulnerando derechos fundamentales, particularmente tratándose de servicios públicos esenciales como el acceso al agua potable. IV. SOBRE LA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD En el informe rendido se rechazan mis alegatos con base en pruebas generales de control de calidad del agua; sin embargo, se omite valorar el riesgo real que puede derivarse del ingreso de sedimentos al sistema de distribución del Barrio Sur. Dicho riesgo no es meramente hipotético, sino que ya se ha materializado en otro sector cercano al Barrio Sur, situación que obligó a realizar una intervención de emergencia, según consta expresamente en la propia contestación del operador ASADA al Aresep. En la cual se extrae lo siguiente: “(…)se ha cambiado de emergencia un tramo de tubería que abarcaba 600 mts aproximadamente ya que este presentaba problemas de fugas y se reventaban los tubos;”. La existencia de este antecedente demuestra que la sola referencia a controles generales de calidad no resulta suficiente para descartar la vulneración al derecho a la salud, cuando la infraestructura presenta riesgo de fallas que pueden comprometer la potabilidad del agua en cualquier momento, particularmente en una red con más de treinta años de antigüedad. V. SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL AYA Del informe rendido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se desprenden conclusiones relevantes que deben ser valoradas de manera integral por esta Honorable Sala, pues lejos de desvirtuar los alegatos, los confirman. Si bien el AyA señala que el servicio de abastecimiento de agua potable no se ha interrumpido en el sector Sur, dicha afirmación no resulta suficiente para descartar una vulneración o amenaza inminente a derechos fundamentales. Asimismo, el propio AyA reconoce que, previo a realizar el cambio de tubería, la ASADA debe ejecutar un estudio técnico del sistema del Barrio Sur y cumplir con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Reglamento de ASADAS. Esta conclusión reafirma lo sostenido desde el inicio del proceso, en cuanto a la necesidad de una evaluación técnica y preventiva del sistema, y esto confirma que no basta con afirmar que el servicio se brinda actualmente, sino que resulta indispensable acreditar que la infraestructura cuenta con condiciones técnicas adecuadas para garantizar un funcionamiento seguro y sostenible. En tanto dicho estudio técnico no exista, la ASADA carece de sustento técnico para rechazar alegatos; y ejecutar las mejoras estructurales requeridas en el Barrio Sur, lo que mantiene latente el riesgo sobre la continuidad y seguridad del servicio en el Barrio Sur. Por ello, en protección de los derechos fundamentales de la población usuaria, lo procedente es que se declararé con lugar el presente recurso en todos sus extremos, ordenando la sustitución de la infraestructura según lo recomendado por el AyA en el oficio GSD-UEN-GAR-2024 02344”.\n\n8.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 12:42 horas del 23 de enero de 2026, la parte recurrente refuta el informe de la ASADA recurrida, en los siguientes términos:\n\n“SOBRE LA ADMISIBLE CONFESIÓN DE AUSENCIA DE ESTUDIO TÉCNICO EN ELBARRIO SUR La ASADA sostiene reiteradamente que los alegatos del recurrente constituyen “hechos futuros e inciertos” y, al mismo tiempo, reconoce expresamente que para ejecutar la sustitución de la red del Barrio Sur es necesario realizar previamente un estudio técnico integral en el sector. Tal afirmación constituye una admisión directa de que dicho estudio técnico no existe actualmente. En consecuencia, resulta jurídicamente contradictorio que la ASADA niegue la existencia de riesgo, cuando ella misma acepta que carece del único instrumento técnico idóneo para descartar dicho riesgo, confirmando así el núcleo del presente amparo. II. SOBRE EL PLAZO DE CINCO AÑOS ALEGADO POR LA ASADA La ASADA justifica el plazo de cinco años para la sustitución de la red argumentando limitaciones presupuestarias y administrativas. No obstante, dicho plazo carece de sustento técnico, pues no se encuentra respaldado por ningún estudio hidráulico, estructural o de vida útil de la red del Barrio Sur, tal como lo exige el artículo 44 del Reglamento de ASADAS. Asimismo, el ARESEP acreditó que la ASADA cuenta con herramientas financieras para presupuestar la sustitución de tubería. Por otro lado, un plazo autoimpuesto, sin respaldo técnico, no puede prevalecer sobre la protección de derechos fundamentales, ni justificar la prolongación indefinida de una infraestructura obsoleta que abastece un servicio público esencial. III. 2 SOBRE EL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EL PRESUPUESTO NO SUPLEN EL ESTUDIO TÉCNICO La ASADA aporta como prueba su Plan Anual de Trabajo 2026 y su presupuesto ordinario, documentos de naturaleza administrativa y financiera que no sustituyen ni equivalen a un estudio técnico integral en el Barrio Sur. Ninguno de estos instrumentos:  Evalúa el estado estructural de la red del Barrio Sur,  Descarta riesgo de fallas en cualquier momento. Por el contrario, dichos documentos confirman que la sustitución de la red ha sido postergada, sin diagnóstico técnico previo, lo que refuerza la omisión denunciada. IV. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DIRECTO DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE ASADAS La conducta de la ASADA configura un incumplimiento objetivo del artículo 44 del Reglamento de ASADAS, que impone la obligación de contar con un estudio técnico actualizado para:  Determinar el estado de los componentes del sistema,  Su capacidad hidráulica,  Y las mejoras requeridas para proteger y garantizar el servicio. La propia ASADA reconoce que no ha realizado dicho estudio, lo cual constituye una infracción reglamentaria que compromete directamente la seguridad y continuidad del servicio, y que no puede ser trasladada a los usuarios. V. CONCLUSIÓN Lejos de desvirtuar el recurso, el informe de la ASADA confirma los hechos denunciados:  No existe estudio técnico del Barrio Sur,  La red presenta una antigüedad avanzada y de uso muy considerable,  Y la sustitución ha sido postergada sin base técnica. Esta omisión prolongada vulnera el derecho fundamental al agua potable, al mantener a la población usuaria expuesta a un riesgo estructural no evaluado”. \n\n9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\nI.- Objeto del recurso. Los recurrentes señalan que, desde el 30 de diciembre de 2023, han solicitado formalmente a la ASADA de Cacao de Nandayure la sustitución de la red de tuberías del Barrio El Sur, cuya infraestructura tiene más de treinta años de antigüedad y presenta riesgo de colapso, situación reconocida tanto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como por la ARESEP. Indican que, pese a que mediante el oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 de 5 de junio de 2024 el ICAA recomendó elaborar un plan de trabajo para la sustitución de la red y ordenó no otorgar nuevas disponibilidades de agua, y a que la ARESEP, en el Informe IN 0028-IA-2025 de 13 de febrero de 2025, confirmó la necesidad de ejecutar dichas mejoras y priorizar el citado barrio, la ASADA no ha elaborado ni comunicado un plan técnico ni un cronograma de ejecución. Afirman que, tras casi dos años desde la primera solicitud, no se ha sustituido ningún tramo de la red ni se ha definido un plazo cierto de intervención, lo que estiman lesiona sus derechos fundamentales.\n\nII.-Cuestión preliminar. Antes de entrar a analizar por el fondo el presente recurso de amparo, conviene precisar que este Tribunal únicamente se referirá a los extremos en los que la parte recurrente afirma expresamente que no ha recibido respuesta por parte de la autoridad recurrida. Ello en aplicación del principio dispositivo que rige el proceso constitucional, el cual impide a esta Sala pronunciarse de oficio sobre extremos que no hayan sido alegados como lesivos. En efecto, el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que el procedimiento se rige por el principio dispositivo, lo cual ha sido reiterado por esta Sala en múltiples pronunciamientos, tales como las sentencias N.° 2004-10021 de las 08:47 horas del 10 de setiembre de 2004, N.° 017810-2006 de las 15:32 horas del 12 de diciembre de 2006, N.° 2007-001147 de las 14:31 horas del 31 de enero de 2007, N.° 2007-001610 de las 09:22 horas del 9 de febrero de 2007, N.° 2007-001701 de las 14:34 horas del 13 de febrero de 2007, N.° 2007-003233 de las 11:35 horas del 9 de marzo de 2007, N.° 2007-003266 de las 12:08 horas del 9 de marzo de 2007, N.° 2013005543 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2012, N.° 2021018726 de las 09:15 horas del 20 de agosto de 2021, N.° 2021023558 de las 09:30 horas del 19 de octubre de 2021, N.° 2022003709 de las 09:30 horas del 11 de febrero de 2022 y N.° 2022020815 de las 09:30 horas del 6 de setiembre de 2022.\n\nPor esta razón, en atención al principio dispositivo, la Sala estudiará el caso al tenor de la pretensión de interés consignada en el líbelo de interposición, siendo esta: “a) Declarar con lugar el Recurso de amparo en todos sus extremos. b) Que se ordene a la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE CACAO DE NANDAYURE implementar la sustitución de la red de tuberías del Barrio El Sur, instalando tubería de 100 mm (4”), con sus respectivas válvulas. conforme a lo indicado por el AyA en el oficio GSD-UEN GAR-2024-02344 y reiterado por la ARESEP en el Informe IN-0028-IA-2025, estableciéndose un plazo prudente de un año para ello y advertir que, si es omiso, se le podrá incoar una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, que la ley castiga con prisión de 15 días a un año, según el artículo 307 del Código Penal. c) Se condene al pago de costas, daños y perjuicios a los recurridos”.  Por lo anterior, este Tribunal circunscribirá su análisis, únicamente, a la pretensión transcrita.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El 30 de diciembre de 2023, el accionante [Nombre 001] presentó ante la ASADA de El Cacao de Nandayure una solicitud para la modernización prioritaria de la tubería del sector Barrio El Sur\n(véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nb)     El 5 de junio de 2024, el ICAA emitió el memorando GSD-UEN-GAR-2024-02344 con ocasión de una visita de inspección al sistema de acueducto de Cacao de Nandayure por problemas de presión en el sector Barrio El Sur. Dicho informe, se consignó lo siguiente: “Actualización del sistema: 1. La ASADA cuenta con tres tanques de almacenamiento, uno de concreto de 40 m3 y dos de Polietileno de Alta densidad (PEAD) de 22 m3, para un total de almacena miento de 84 m3. Los tanques se ubican aproximadamente a 89 msnm. 2. El sistema cuenta con variedad de diámetros en su tubería. Tiene diámetros de 100 mm (4”), 50mm (2”), 25mm (1”), 38mm (11/2”) y 32mm (11/4”). En el levantamiento realizado, se encontraron nuevos ramales que no se tenían mapeados. En la figura 1 se presenta el mapa de sistema. 3. La ASADA cuenta con dos pozos, uno legalmente inscrito ante la Dirección de Aguas (sin equipo), no obstante, se encuentra a la espera de resolución de la inscripción del caudal para su aprovechamiento y otro que está en funcionamiento (con equipo), pero, no tiene caudal legalmente concesionado. 4. Debido a la afectación del fenómeno del niño, los niveles de producción del pozo en funcionamiento bajaron levemente su caudal de operación, por lo tanto, la ASADA implementó racionamiento de 2 pm a 4 pm mitigar la situación.  Análisis del sector Barrio del Sur: 1. Parte de la intención de la visita se basó en inspeccionar el sistema en función de una denuncia de un hijo de un abonado en donde se indicaban algunos malestares con respecto a la gestión de la ASADA y al funcionamiento del sistema debido a que el servicio no cumplía con la presión requerida. 2. En dicha inspección se visitó la casa del servicio afectado para realizar una prueba de presión. La prueba se realizó a las 11:00 am, entre las horas recomendadas de mayor demanda del agua que oscila entre 10 am y 2 pm. El resultado de la prueba fue de 35 PSI, que equivalen a 24 m.c.a. aproximadamente, cumpliendo con la pre sión mínima del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. 3. Se revisó el medidor para verificar que no tuviera algún mal funcionamiento o fuga, y se comprobó que estaba en óptimas condiciones. 4. Debido a la Presión estática es de aproximadamente 10 m.c.a. (nivel de tanques 89 m vs. nivel de servicio 73 m), es importante destacar que cumple con el mínimo de presión estática que indica el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (RPS) en su artículo 9. Conclusiones y Recomendaciones: 1. La ASADA ha realizado algunas mejoras en su red de tubería, ya sea aumentando el diámetro existente o extendiendo la red hacia nuevos lugares. 2. Con respecto al caso del servicio afectado, se pudo comprobar que este cumple con el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA y no presentó ninguna anomalía. 3. A modo de recomendación para la ASADA, se les instó a reparar algunas fugas visibles en algunos puntos de la red. 4. Se les recomendó hacer un plan de trabajo con acuerdo de Junta Directiva para equipar el pozo que se encuentra debidamente inscrito ante la Dirección de Agua para salir de No Factibilidad. 5. Se recomendó realizar un Plan de Trabajo con acuerdo de Junta Directiva para realizar mejoras paulatinas en el acueducto en diferentes zonas una vez superada la No Factibilidad Técnica. 6. Para el caso particular del caso del Barrio del Sur, se le recomienda a la ASADA realizar un plan de trabajo a mediano y largo plazo para el cambio de la red a 100mm (4”), con sus respectivas válvulas. 7. Se recomienda a la ASADA en el sector del Sur, no brindar más disponibilidades de agua con el fin de no afectar a los usuarios de dicho sector a mediano y corto plazo hasta que se realicen los cambios en la red de distribución” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nc)      El 6 de diciembre de 2024, el recurrente presentó una denuncia de inconformidad ante la ARESEP relacionada con la longevidad de la red de tuberías que abastece el sector Barrio El Sur (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nd)     El 6 de diciembre de 2024, la ARESEP activó su competencia fiscalizadora a partir de la denuncia interpuesta por el promovente (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\ne)      El 11 de febrero de 2025, la Intendencia de Agua de la ARESEP emitió el Informe de Fiscalización IN-0028-IA-2025 como resultado del proceso de fiscalización del sistema de acueducto administrado por la ASADA de El Cacao de Nandayure. En dicho informe, se determinó lo siguiente: III. CONCLUSIONES. 1. La denuncia del Sr. [Nombre 001], se basó en dos puntos: i. Longevidad de la tubería y la no aceptación de los 5 años como plazo de cumplimiento del plan de remediación suministrado por el operador; señalando con ello, que la ASADA prioriza mejoras en la infraestructura del acueducto para otros sectores, mientras que discrimina al Barrio Sur; ii. Solicitar que la instalación de hidrantes debe ir acompañada por una red de tuberías adecuada para garantizar su funcionalidad. 2. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por su parte señala en su oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344, sobre la realización de una visita de inspección a la comunidad. Puntualiza que la Asada cuenta con tres tanques de almacenamiento, que la red de tubería cuenta con variedad de diámetros, cuentan con dos pozos, uno legalmente inscrito, pero sin equipo, pendiente resolución de la inscripción del caudal; el otro está en funcionamiento, con equipo, pero, no tiene caudal legalmente concesionado, situación que debe llamar la atención de la ORAC Región Chorotega, ya que los pozos, para su correcto uso, deben estar legalmente inscritos. Además, AyA realizó pruebas de presión que cumplen con la normativa vigente. Que verificaron el medidor y que se encuentra en óptimas condiciones; que la presión estática a nivel del tanque cumple con la normativa vigente. Asimismo, AyA recomendó implementar un plan de trabajo a mediano y largo plazo para el cambio de la red en el sector descrito a 100mm (4”), con sus respectivas válvulas y accesorios. 3. Que la Sala Constitucional acogió parcialmente el recurso presentado por [Nombre 001] y le ordena al Presidente de la Asada o quien ocupe el cargo, tres puntos a acatar, como lo son: i. ii. iii. a) Solicitud de estudio técnico al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en un plazo de ocho días, b) Implementar un plan remedial a la problemática planteada por la falta hidrantes, en un plazo de dos meses, c) realizar la instalación de los hidrantes requeridos en el sector de Barrio El Sur de Cacao de Nandayure, Guanacaste, de acuerdo con el estudio técnico que suministre el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en un plazo de un año. Dichas acciones y su cumplimiento son el seguimiento prioritario que brindará la ARESEP en atención a este caso. 4. Sobre la visita de campo tanto a la casa de habitación del Sr. [Nombre 001] como de la Asada: 5. Indicarle a señor Ugalde en condición de usuario: i. ii. iii. las condiciones hídricas e hidráulicas que deben regir para la toma de decisión de aumentar el tamaño de tuberías en un sector determinado de la red; la importancia de los estudios técnicos que deben imperar en obras de inversión, previo a decisiones técnicas para la mejora de la infraestructura de todo acueducto; Con base en lo señalado por el abonado y por usuario, y tomando en cuenta la visita realizada por la ORAC AYA (consta el oficio GSD-UEN GAR-2024-02344), se concluye que la prestación del servicio cumple con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad establecida en la normativa vigente; iv. Si bien, dando por cierta la longevidad descrita por el señor abonado de que las tuberías tienen un tiempo de uso considerable, es requerido, que en su momento la ASADA, habiendo cumplido con las disposiciones de la Sala Constitucional, deberá implementar acciones de análisis técnico y definición para sustituir la línea de red existente en el sector Barrio Sur de Cacao y de conformidad con lo señalado en el oficio GSD-UEN-GAR 2024-02344. v. que la atención prioritaria de la ASADA es cumplir con lo dictado por la Sala Constitucional en resolución 28064-2024 según expediente 24 019675-0007-CO. 6. Se le indica a la Junta Directiva de la ASADA el Cacao de Nandayure: i. ii. iii. IV. Cumplir con la atención de lo que solicite el Estudio técnico de la ASADA para la ubicación, instalación y requisitos técnicos que establezca Bomberos de Costa Rica para garantizar el cumplimiento de lo señalado por la Sala; e igualmente confirmar que la red de hidrantes cubra el 100% de cobertura de los abonados que reciben dicho servicio. Justificar todas las acciones, obras de mantenimiento, operación y ampliación de la red e infraestructura ejecutadas en el acueducto El Cacao cuenten con la debida coordinación con AyA y visto bueno y aprobación por parte de la Junta Directiva; demostrando con ello transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con información financiera suministrada, dispone de recursos para implementar un plan de trabajo a corto y mediano plazo para hacerle frente a las mejoras que requiera el acueducto y cumplir con el mandato de la Sala Constitucional y con lo establecido por la ORAC Región Chorotega en su oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 para el sector Barrio Sur de Cacao de Nandayure. El plazo y priorización de esa ejecución deberá estar claramente justificada. DISPOSICIONES. Con base en la normativa legal y en las políticas que facultan a la ARESEP en cumplimiento de sus funciones, se emiten las siguientes disposiciones, recordando a aquellos prestadores de servicios regulados, que la inobservancia de estas implicaría un incumplimiento al artículo 33 de la Ley 7593. 1. Al instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En un plazo de 15 días hábiles debe de atender los siguientes puntos: 1. La ORAC regional Chorotega - AyA, deberá incluir en su plan de trabajo, un acompañamiento, seguimiento y control para que la Asada a través de su propuesta de trabajo, cumpla con el mandato de la Sala Constitucional, además de la implementación de los cambios que requiere la red de distribución a la luz de lo señalado en su oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 para el sector Barrio Sur de Cacao de Nandayure. 2. Constatar que toda labor que atienda la ASADA El Cacao de Nandayure, respecto a mejoras por implementar en las redes del acueducto que opera, reflejen transparencia y rendición de cuentas y tomar en cuenta las necesidades de todos los sectores del sistema de acueducto (incluido el sector Barrio Sur de Cacao). 2. A la Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste. En un plazo de 15 días hábiles debe de atender los siguientes puntos: 1. Debe implementar un plan de trabajo con su cronograma aprobado por la Junta Directiva y que cuente con el visto bueno de la ORAC regional Chorotega AyA del diseño e implementación de todo lo relacionado con el cumplimiento del mandato de la Sala Constitucional, según los tres puntos que solicita la Resolución N°28064-2024. 2. Deben planificar a mediano plazo los cambios necesarios para iniciar la actualización de la red de distribución, valorar lo que corresponda técnicamente en la mejora del sector Barrio del sur. En el caso de que la ASADA reciba donaciones de tubería, deben priorizar su instalación de manera transparente, con una rendición de cuentas justificada para los usuarios y abonados de la ASADA El Cacao. a. Suministrar los resultados e implementación del estudio técnico integral de la ASADA para la ubicación, instalación y requisitos técnicos solicitados por Bomberos de Costa Rica. b. Aportar la Justificación de las acciones y labores implementadas por la ASADA El Cacao aplicado al rubro de instalación descrito en un monto por ₡ 7 592 748,95 y todas aquellas otras labores ejecutadas que cuente con el debido visto bueno y aprobación por parte de la Junta Directiva. 3. Aporta la información pendiente referente a: a. Estudio técnico de la ASADA para la ubicación, instalación y requisitos técnicos solicitados por Bomberos de Costa Rica. b. Justificación de las acciones y labores implementadas por la ASADA El Cacao con el debido visto bueno y aprobación por parte de la Junta Directiva” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nf)       El 13 de febrero de 2025, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tuvo por acreditado que la red de distribución del sector Barrio El Sur presenta una antigüedad considerable, determinó que la prestación del servicio de acueducto en dicho sector cumple con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad establecidos en la normativa vigente, no acreditó la existencia de una afectación actual, grave o inminente a la continuidad del servicio de agua potable y no calificó la infraestructura del sistema de acueducto como colapsada o inutilizable (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\ng)     El 13 de febrero de 2025, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ordenó a la ASADA planificar a mediano plazo la actualización de la red de distribución del sector Barrio El Sur (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nh)     El 13 de febrero de 2025, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no avaló ni constató la existencia de un plazo formal de cinco años para la sustitución de la red de tuberías del sector Barrio El Sur (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\ni)       El 7 de marzo de 2025, el ICAA remitió a la ARESEP el plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva de la ASADA de El Cacao de Nandayure, con el visto bueno de la Oficina Regional de Acueductos Comunales de la Región Chorotega\n(véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nj)       La Intendencia de Agua de la ARESEP programó una visita de campo para la semana comprendida del 02 al 06 de marzo de 2026 al sistema de acueducto administrado por la ASADA de El Cacao de Nandayure para verificar el cumplimiento de las disposiciones del Informe IN-0028-IA-2025 (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nk)     El 10 de diciembre de 2025, el ICAA, a través del reporte de Análisis Ambiental sobre la Calidad del Agua, acreditó que el sistema de acueducto administrado por la Asada de Cacao de Nandayure suministra agua potable de manera continua y con parámetros de calidad aptos para consumo humano, sin que se haya constatado afectación en la cantidad, continuidad o calidad del servicio (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).\n\nIV.- Análisis por el fondo. Los recurrentes señalan que, desde el 30 de diciembre de 2023, han solicitado formalmente a la ASADA de Cacao de Nandayure la sustitución de la red de tuberías del Barrio El Sur, cuya infraestructura tiene más de treinta años de antigüedad y presenta riesgo de colapso, situación reconocida tanto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como por la ARESEP. Indican que, pese a que mediante el oficio GSD-UEN-GAR-2024-02344 de 5 de junio de 2024 el ICAA recomendó elaborar un plan de trabajo para la sustitución de la red y ordenó no otorgar nuevas disponibilidades de agua, y a que la ARESEP, en el Informe IN 0028-IA-2025 de 13 de febrero de 2025, confirmó la necesidad de ejecutar dichas mejoras y priorizar el citado barrio, la ASADA no ha elaborado ni comunicado un plan técnico ni un cronograma de ejecución. Afirman que, tras casi dos años desde la primera solicitud, no se ha sustituido ningún tramo de la red ni se ha definido un plazo cierto de intervención, lo que estiman lesiona sus derechos fundamentales.\n\nSobre este particular, conviene recordar que esta Sala ha desarrollado una línea jurisprudencial clara y reiterada en torno al derecho fundamental de acceso al agua potable, en cuanto presupuesto indispensable para la efectividad de los derechos a la vida y a la salud, así como para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales. De igual manera, este Tribunal ha reiterado que el acceso al agua potable constituye una condición mínima e indispensable para garantizar un adecuado equilibrio físico, psíquico y ambiental de las personas, reconociendo que el suministro de agua apta para el consumo humano forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la vida y a la salud. Así, a modo de ejemplo, en la sentencia n.°2025-008608 de las 09:30 horas del 21 de marzo de 2025, se resolvió, en lo conducente, lo siguiente:\n\nIV.- Sobre el derecho a consumir agua potable. Este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto de condiciones mínimas necesarias para alcanzar un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones es precisamente el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo que esta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en Sentencia N° 2003-04654, de las 15:44 horas del 27 de mayo del 2003, reiterada en la N° 2018-014649, de las 9:20 horas del 7 de setiembre de 2018, esta Sala resolvió: “(…) La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (\"Protocolo de San Salvador\" de 1988), el cual dispone que: \"Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos\". Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos”.\n\nV.- Antecedente ante este Tribunal. Previo del análisis del presente asunto, es importante mencionar que esta Sala Constitucional ya analizó las condiciones del servicio de agua en el acueducto de Esterillos. Así, mediante 2018-021434 de las 09:20 horas del 21 de diciembre de 2018, dictada dentro del expediente no. 18-018889-0007-CO, se estableció lo siguiente:\n\n“IV.- Sobre el caso concreto. En el presente caso, de las pruebas aportadas al expediente, así como, de lo informado bajo juramento por las autoridades del Instituto recurrido, se constata que ha existido una amenaza ilegítima al derecho a la salud de la persona amparada y demás miembros de la comunidad de Esterillos, así como una violación a su derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, al acceso al agua potable. De los autos se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es la entidad responsable de brindar el servicio de agua potable a la comunidad afectada la cual, a la fecha no ha logrado solventar el problema gestado. Es más, desde el 22 de diciembre de 2016, fecha en que asumió el acueducto, el Instituto recurrido ha realizado diversos estudios, con el fin de establecer una solución a la problemática de la concentración de hierro y manganeso que presenta el sistema de Esterillos- Bejuco, lo que produce una coloración oscura en el agua, lo cual, según lo indicado por el Encargado del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto \"....la suma de las concentraciones de Hierro y Manganeso, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-8, lo cual afecta la estética del agua y el rechazo visual por parte de los usuarios del Acueducto. No obstante, es importante aclarar que el consumo del agua no causa ningún daño a la Salud\". De manera, que si bien el agua que se distribuye no es perjudicial para la salud, lo cierto es que no cumple con el Reglamento para Calidad de Agua Potable. Así las cosas, han transcurrido dos años y el Instituto recurrido no ha sido capaz de resolver el problema del acueducto, ni de presentar las medidas correctivas necesarias que garanticen un adecuado funcionamiento de este implemento, pese a que en las pruebas emitidas por el Laboratorio Nacional de Aguas, son contudentes al respecto. Así las cosas, lleva razón la recurrente en cuanto a la calidad del agua que le es abastecida por la autoridad recurrida. En virtud de lo anterior, las autoridades del AyA han omitido su deber constitucional de garantizar la salud de los habitantes de esa comunidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos. Estos principios constitucionales deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación y constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable, impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, habida cuenta que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11, de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6, de la Ley General de la Administración Pública). En mérito de lo expuesto, debido a la vulneración prolongada del derecho fundamental al agua potable y a un servicio público eficiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso y, en consecuencia, ordenar al Instituto recurrido implementar las mejoras correspondientes en el sistema de acueducto que administra y abastece a las diferentes comunidades de Esterillos, y se ajuste a lo ordenado en el Reglamento de Control de Calidad de Agua. Lo anterior, incluye tomar las medidas necesarias con el fin de disminuir el grado de riesgo, para la salud de la población, y vulnerabilidad de los sistemas, así como dar una vigilancia continua a la calidad del agua potable que consumen los habitantes de la comunidad afectada, para cuyo efecto también deberá el Instituto recurrido realizar los trabajos para garantizar la calidad del recurso hídrico de mantenimiento que ese acueducto requiera. Además, se le recuerda a la recurrida que cuando se presenta el problema denunciado, debe asegurar la repartición de agua potable con camiones cisterna en la zona”. (Lo destacado y subrayado no corresponde al original).\n\n \n\nEn el presente asunto, la parte recurrente sostiene que la antigüedad de la red de tuberías del sector Barrio El Sur del acueducto administrado por la ASADA de Cacao de Nandayure constituye, por sí misma, una vulneración a sus derechos fundamentales al acceso al agua potable, a la salud y a la vida, al estimar que dicha infraestructura presenta un riesgo de colapso que no ha sido atendido oportunamente por las autoridades competentes. Sin embargo, un examen cuidadoso, integral y técnicamente fundado del material probatorio incorporado al expediente conduce a una conclusión distinta.\n\nEn primer término, resulta determinante constatar que el servicio público de abastecimiento de agua potable que se brinda en el sector Barrio El Sur cumple, a la fecha, con los estándares mínimos de continuidad, presión y calidad exigidos por la normativa vigente. En efecto, las pruebas de presión realizadas por el ICAA, efectuadas durante la visita de inspección al sistema, reflejaron valores que superan el umbral mínimo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, mientras que los análisis de laboratorio practicados con posterioridad acreditaron que el agua suministrada es apta para el consumo humano, sin presencia de parámetros que comprometan su potabilidad.\n\nA partir de esos resultados técnicos, no se desprende la existencia de interrupciones en el suministro, disminuciones en la cantidad entregada ni afectaciones en la calidad del agua, elementos que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, resultan indispensables para tener por configurada una vulneración actual del derecho fundamental al acceso al agua potable. Por el contrario, los datos objetivos disponibles permiten afirmar que el servicio se presta de manera regular y conforme a los estándares exigidos, circunstancia que debilita de forma significativa la tesis de una lesión constitucional en curso.\n\nAhora bien, es cierto que las autoridades técnicas han reconocido que la red de distribución presenta una antigüedad considerable, lo cual ha motivado la emisión de recomendaciones orientadas a su modernización progresiva. No obstante, dicha constatación no puede ser interpretada, sin más, como sinónimo de una amenaza real e inminente a los derechos fundamentales de las personas usuarias, pues la longevidad de la infraestructura constituye un dato relevante para la planificación administrativa, pero solo adquiere relevancia constitucional cuando se traduce en una afectación efectiva o en un riesgo técnicamente acreditado para la salud o la vida, extremos que no han sido demostrados en este caso.\n\nEn este punto, cobra especial importancia el actuar desplegado por las autoridades competentes, pues del expediente se desprende que el ICAA no solo efectuó inspecciones técnicas al sistema, sino que además formuló recomendaciones específicas dirigidas a la elaboración de un plan de trabajo para la mejora gradual del acueducto, incluyendo la sustitución de la red a mediano y largo plazo. De forma complementaria, la ARESEP activó su potestad fiscalizadora a raíz de la denuncia presentada, emitió disposiciones concretas a la ASADA y al ente rector, verificó la existencia de recursos financieros para planificar las mejoras y, finalmente, programó una visita de campo para constatar el cumplimiento de dichas disposiciones. Este encadenamiento de actuaciones permite descartar la existencia de inercia administrativa, desatención del problema o negativa institucional a adoptar medidas correctivas. Por el contrario, lo que se observa es un abordaje técnico y progresivo de la situación, conforme a las competencias legalmente asignadas a cada órgano y a los procedimientos que rigen la ejecución de obras de mejora en sistemas de acueductos administrados por asociaciones comunales. En tales condiciones, no resulta jurídicamente viable sostener que la Administración haya incumplido su deber de tutela del servicio público esencial.\n\nDesde esta óptica, la pretensión de que este Tribunal ordene la sustitución inmediata e integral de la red de tuberías dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento penal, carece de sustento constitucional, en tanto supondría desplazar el criterio técnico-administrativo de las autoridades especializadas sin que exista una lesión actual a derechos fundamentales que lo justifique. La jurisdicción constitucional no está llamada a sustituir la planificación técnica ni a imponer soluciones estructurales cuando el servicio se presta conforme a los estándares mínimos exigidos y existen acciones administrativas en curso orientadas a su mejora.\n\nFinalmente, esta conclusión se armoniza plenamente con la jurisprudencia constitucional invocada por la parte recurrente, en la cual se ha reconocido el derecho fundamental al acceso al agua potable como presupuesto indispensable para la vida y la salud. Sin embargo, a diferencia de aquellos supuestos, en los que se acreditó el incumplimiento de los estándares reglamentarios o una afectación prolongada y verificable del servicio, en el caso bajo examen se ha constatado expresamente que el agua suministrada cumple con los parámetros técnicos exigidos y que las autoridades competentes han adoptado medidas concretas para atender las necesidades de mejora del sistema. Por consiguiente, al no haberse demostrado una afectación actual, grave o inminente, ni una omisión administrativa que haga necesaria la intervención inmediata de esta Sala, lo alegado por la parte recurrente se ubica en el ámbito de hechos futuros e inciertos, cuya eventual materialización no puede ser anticipada por esta jurisdicción constitucional, máxime cuando existen actuaciones administrativas verificables orientadas a prevenir y corregir eventuales deficiencias en la infraestructura del acueducto.\n\nEn virtud de las consideraciones esgrimidas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace.\n\nV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JQZGIENQE6O61\n\nEXPEDIENTE N° 25-039249-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:00:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "\"(…) IV.- Analysis on the merits. The petitioners state that, since 30 December 2023, they have formally requested the ASADA of Cacao de Nandayure to replace the pipe network in Barrio El Sur, whose infrastructure is over thirty years old and presents a risk of collapse, a situation acknowledged both by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and by ARESEP. They indicate that, although through official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344 of 5 June 2024, the ICAA recommended preparing a work plan for the replacement of the network and ordered that no new water availabilities be granted, and that ARESEP, in Report IN 0028-IA-2025 of 13 February 2025, confirmed the need to execute said improvements and prioritize the aforementioned neighborhood, the ASADA has not prepared or communicated a technical plan or an execution schedule. They affirm that, after almost two years since the first request, no section of the network has been replaced, nor has a definite intervention timeline been defined, which they consider harms their fundamental rights.\n\nRegarding this matter, it is worth recalling that this Chamber has developed a clear and reiterated jurisprudential line concerning the fundamental right of access to drinking water, as an indispensable prerequisite for the effectiveness of the rights to life and health, as well as for the proper functioning of essential public services. Likewise, this Court has reiterated that access to drinking water constitutes a minimum and indispensable condition to guarantee an adequate physical, psychological, and environmental balance for persons, recognizing that the supply of water suitable for human consumption is part of the constitutionally protected content of the right to life and health. Thus, by way of example, in judgment No. 2025-008608 of 09:30 hours on 21 March 2025, it was resolved, as pertinent, as follows:\n\nIV.- On the right to consume drinking water. This Constitutional Court has recognized in its jurisprudence that the right to life and health are fundamental rights whose enjoyment requires access to drinking water. For the human being to enjoy health, a set of minimum conditions necessary to achieve an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance must be guaranteed, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that alter their full growth and development. One of these conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Therefore, this Chamber has concluded that, as part of the Law of the Constitution, there exists a fundamental right to the supply of drinking water. Thus, in Judgment No. 2003-04654, of 15:44 hours on 27 May 2003, reiterated in No. 2018-014649, of 09:20 hours on 7 September 2018, this Chamber resolved: “(…) The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated at the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” In addition, recently, the UN Committee on Economic, Cultural and Social Rights reiterated that having access to water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a requirement for the realization of all other human rights.”\n\nV.- Precedent before this Court. Prior to the analysis of the present matter, it is important to mention that this Constitutional Chamber has already analyzed the conditions of the water service in the Esterillos aqueduct. Thus, by means of judgment 2018-021434 of 09:20 hours on 21 December 2018, issued within case file no. 18-018889-0007-CO, the following was established:\n\n“IV.- On the specific case. In the present case, from the evidence provided to the case file, as well as from what was reported under oath by the authorities of the respondent Institute, it is verified that there has been an illegitimate threat to the right to health of the protected person and other members of the Esterillos community, as well as a violation of their right to the proper functioning of public services and to access to drinking water. It is evident from the records that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the entity responsible for providing the drinking water service to the affected community, which, to date, has not been able to solve the problem that has arisen. Moreover, since 22 December 2016, the date on which it took over the aqueduct, the respondent Institute has conducted various studies in order to establish a solution to the problem of the concentration of iron and manganese present in the Esterillos-Bejuco system, which causes a dark coloration in the water, which, according to what was indicated by the Head of the National Water Laboratory of the Institute, ‘....the sum of the concentrations of Iron and Manganese do not comply with the Regulation for the Quality of Drinking Water 38924-8, which affects the aesthetics of the water and the visual rejection by the users of the Aqueduct. However, it is important to clarify that the consumption of the water does not cause any harm to Health.’ Thus, although the water distributed is not harmful to health, the fact is that it does not comply with the Regulation for Drinking Water Quality. As things stand, two years have passed and the respondent Institute has not been able to solve the aqueduct problem, nor to present the necessary corrective measures that guarantee the proper functioning of this implement, despite the fact that the tests issued by the National Water Laboratory are conclusive in this regard. Thus, the petitioner is correct regarding the quality of the water supplied to her by the respondent authority. By virtue of the foregoing, the authorities of AyA have omitted their constitutional duty to guarantee the health of the inhabitants of that community and the proper functioning of public services. These constitutional principles must be observed and respected, at all times and without any exception, by the public officials in charge of their management and provision, and they constitute a legal obligation of an unwaivable nature, imposed on any administrative entity or body by their direct and immediate normative effectiveness, given that the block or parameter of legality (Article 11 of the Political Constitution) to which they must adjust their actions is composed, among other elements, of the general principles of administrative law (Article 6 of the General Law of Public Administration). In view of the foregoing, due to the prolonged violation of the fundamental right to drinking water and to an efficient public service, the appropriate course is to declare the appeal with merit and, consequently, to order the respondent Institute to implement the corresponding improvements in the aqueduct system that it administers and supplies to the different communities of Esterillos, and to adjust to what is ordered in the Water Quality Control Regulation. The foregoing includes taking the necessary measures in order to reduce the degree of risk to the population’s health and the vulnerability of the systems, as well as providing continuous surveillance of the quality of the drinking water consumed by the inhabitants of the affected community, for which purpose the respondent Institute must also carry out the maintenance works required by that aqueduct to guarantee the quality of the water resource. Furthermore, the respondent is reminded that when the reported problem occurs, it must ensure the distribution of drinking water using tanker trucks in the area.” (The highlighting and underlining do not correspond to the original).\n\nIn the present matter, the petitioner argues that the age of the pipe network in the Barrio El Sur sector of the aqueduct administered by the ASADA of Cacao de Nandayure constitutes, in itself, a violation of their fundamental rights to access to drinking water, health, and life, considering that said infrastructure presents a risk of collapse that has not been addressed in a timely manner by the competent authorities. However, a careful, comprehensive, and technically founded examination of the evidentiary material incorporated into the case file leads to a different conclusion.\n\nFirstly, it is decisive to verify that the public drinking water supply service provided in the Barrio El Sur sector currently meets the minimum standards of continuity, pressure, and quality required by current regulations. Indeed, the pressure tests carried out by the ICAA, conducted during the system inspection visit, reflected values that exceed the minimum threshold established in the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, while the laboratory analyses subsequently practiced certified that the water supplied is suitable for human consumption, without the presence of parameters that compromise its potability.\n\nFrom these technical results, the existence of interruptions in the supply, decreases in the quantity delivered, or impairments to water quality—elements which, in accordance with the jurisprudence of this Chamber, are essential for a current violation of the fundamental right to access to drinking water to be deemed established—cannot be inferred. On the contrary, the available objective data allow for the assertion that the service is provided regularly and in accordance with the required standards, a circumstance that significantly weakens the thesis of an ongoing constitutional injury.\n\nNow, it is true that the technical authorities have acknowledged that the distribution network is considerably old, which has prompted the issuance of recommendations aimed at its progressive modernization. However, this finding cannot be interpreted, without more, as synonymous with a real and imminent threat to the fundamental rights of the users, since the longevity of the infrastructure constitutes a relevant piece of information for administrative planning, but only acquires constitutional relevance when it translates into an effective impairment or a technically accredited risk to health or life, outcomes that have not been demonstrated in this case.\n\nOn this point, the actions taken by the competent authorities become especially important, as it is evident from the case file that the ICAA not only carried out technical inspections of the system but also formulated specific recommendations directed at the elaboration of a work plan for the gradual improvement of the aqueduct, including the replacement of the network in the medium and long term. Complementarily, ARESEP activated its supervisory power as a result of the complaint filed, issued concrete directives to the ASADA and the governing body, verified the existence of financial resources to plan the improvements, and, finally, scheduled a field visit to verify compliance with said directives. This chain of actions allows us to dismiss the existence of administrative inertia, neglect of the problem, or institutional refusal to adopt corrective measures. On the contrary, what is observed is a technical and progressive approach to the situation, in accordance with the legally assigned competencies of each body and the procedures governing the execution of improvement works in aqueduct systems administered by community associations. Under such conditions, it is not legally viable to sustain that the Administration has failed in its duty to protect the essential public service.\n\nFrom this perspective, the claim that this Court order the immediate and comprehensive replacement of the pipe network within a peremptory deadline, under criminal penalty warning, lacks constitutional support, insofar as it would entail displacing the technical-administrative judgment of the specialized authorities without the existence of a current injury to fundamental rights that justifies it. The constitutional jurisdiction is not called upon to replace technical planning or to impose structural solutions when the service is provided in accordance with the required minimum standards and administrative actions are underway aimed at its improvement.\n\nFinally, this conclusion fully harmonizes with the constitutional jurisprudence invoked by the petitioner, in which the fundamental right to access to drinking water has been recognized as an indispensable prerequisite for life and health. However, unlike those cases, in which non-compliance with regulatory standards or a prolonged and verifiable impairment of the service was accredited, in the case under review it has been expressly confirmed that the water supplied meets the required technical parameters and that the competent authorities have adopted concrete measures to address the system’s improvement needs. Consequently, since no current, serious, or imminent impairment has been demonstrated, nor an administrative omission that makes the immediate intervention of this Chamber necessary, what is alleged by the petitioner falls within the realm of future and uncertain events, whose eventual materialization cannot be anticipated by this constitutional jurisdiction, especially when verifiable administrative actions exist aimed at preventing and correcting any deficiencies in the aqueduct infrastructure.\n\nBy virtue of the considerations set forth, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is hereby done. (…)”\n\nThis meant a change in the logistical and budgetary aspects of installing said hydrant, which was successfully placed before the deadline granted, without technical studies that would prioritize the needs of the entire system and not just one sector. Therefore, this fact is partially rejected, since it is provided without the context that the ASADA had to face. Furthermore, although the recommendation exists, it is considered appropriate to apply what is indicated in the ASADAS regulation, under Article 44, regarding the execution of a technical study that allows a comprehensive analysis of the entire ASADA system so that the improvements to be executed can be prioritized depending on the financial capacity of the aqueduct.” As can be observed and as previously stated, investment plans and budgets are formulated according to the established needs and priorities, where, in the specific case, the Asada must not only execute the pipe replacement project, but also, among its priority projects, is compliance with what was ordered by the honorable Constitutional Chamber regarding the installation of a hydrant in the area. In that vein, as stated in the cited technical report, the Asada is obligated to carry out a comprehensive technical study, in order to have technical criteria on the needs and priorities of improvement projects for the aqueduct system delegated to it. SIXTH: Admitted with rectifications. It is evident from the technical report rendered for the attention of this appeal: “The report and the excerpts chosen for the fact reinforce the idea that any improvement must be carried out with the necessary technical parameters; and although the issue is with the South sector of the aqueduct, we cannot ignore that the system must be viewed comprehensively and not just from one sector, which is why, prior to carrying out an improvement in the sector, a technical study of the entire system is required and from there prioritize, with the results of the technical study, what is the first thing that must be addressed for the entire population supplied by the Cacao aqueduct.” In this regard, it is worth noting that, although it is true that there are recommendations from AyA and ARESEP to make improvements to the Asada's network in the South sector, the project to be executed for this purpose must have a technical study that allows for a definitive determination of the improvement works to be developed, where the procedures established for this purpose must be followed, as mentioned in the second fact. SEVENTH: Not known to us. EIGHTH: It is a fact belonging to the appellants with the Asada. The procedures carried out are not known to us. As the Honorable Constitutional Chamber can verify, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has not violated any constitutional right of the appellants, as it has adhered to the fulfillment of its competencies, having issued the corresponding recommendations to the Asada and provided the pertinent advice, so that the delegated operator formulates and executes an improvement project for the replacement of the pipe in question, which must be carried out under the protection of a technical report that definitively determines the improvement works to be developed, complying with the contracting procedures established for this purpose, as well as investment plans and budgets, protected by the precautionary principle, without it having been determined that the service operator by delegation from AyA is not providing the drinking water supply in accordance with the principles that govern it, such as quantity, continuity, and quality; rather, the Asada must develop the project according to the priorities established in accordance with the Comprehensive Technical Study that the Asada must carry out in compliance with the provisions of Article 44 of the Asadas Regulation. In the specific case, the appellants have not demonstrated that there is a risk to health, life, or access to drinking water, given that the drinking water supply service in the area has been provided by the Asada without interruptions; coupled with the fact that, as is evident from the statements made by the appellants themselves, the Asada indicated to them that the project is under analysis, there has been no inertia on the part of the Asada. I. REGARDING FUTURE AND UNCERTAIN FACTS In the case at hand, the appellants only mention future and uncertain facts; a violation of fundamental rights is not visualized. In this sense, the Honorable Chamber, through resolution No. 06279 – 2023 of March 17, 2023, expressed: (…) “On the other hand, according to (sic) the very facts narrated by the plaintiff, it is evident that there is no injury or any threat of real and imminent affectation that the Chamber must address; it is a matter of a future and uncertain fact, which constitutes a mere probability that does not imply -at the time of filing the amparo appeal-, a current or imminent violation or threat to their fundamental rights.” (…) In the specific case, according to what was stated by the appellants themselves, the Asada has indicated a reasonable timeframe to carry out the improvement works regarding the replacement of the pipe, there has been no inertia or omission in the action by the Asada regarding the recommendations provided by ARESEP and AyA, as well as the fact that the service has not suffered affectations or interruptions as a result of the project that the delegated operator must execute; which means that what is alleged by the appellants regarding a possible violation of fundamental rights is a future and uncertain fact.”\n\n4.- By means of a document incorporated into the digital file at 4:56 p.m. on January 8, 2026, Eric Bogantes Cabezas, in his capacity as general regulator of ARESEP, reports under oath the following:\n\n“I.- BACKGROUND OF INTEREST As background of interest to the specific case, according to what is indicated in the amparo appeal, the following are noted: 1. On December 30, 2023, a note is issued to the Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste, by Mr. [Name 001], where he requests, as a priority, the modernization of the pipeline in Barrio El Sur. 2. On June 5, 2024, through memorandum GSD-UEN-GAR-2024-02344, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers issues a report regarding the inspection visit of the Cacao, Nandayure, Guanacaste System, for the case of pressure problems in Barrio del Sur. 3. On September 13, 2024, through official letter CBC-035511-2024-DGD-01183, the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica responds to the appellant in attention to File 24-019675-0007-CO -Amparo Appeal of which Aresep is not a part-. 4. On September 27, 2024, through Resolution No. 28064-2024, the Constitutional Chamber issued the judgment within file 24-019675-0007-CO. 5. On December 6, 2024, through an email received from the account billyugalde2024@gmail.com, Mr. [Name 001] files a complaint of non-conformity before Aresep, in relation to the remediation plan proposed by the ASADA of Cacao de Nandayure, regarding the longevity of the pipeline network that supplies the Barrio Sur sector. II.- REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPELLANT In the manner and terms indicated, we proceed to answer the facts stated by the appellant as follows: FIRST: IT IS TRUE. SECOND: IT IS REJECTED AS INACCURATE, WITH THE FOLLOWING CLARIFICATIONS. Firstly, the Regulatory Authority did not have direct knowledge of, nor participated in any way in, the procedure carried out by the appellant on December 30, 2023, before the ASADA, nor is said action part of the facts verified by the Water Intendancy through report IN-0028-IA-2025 of February 13, 2025 (an action that originated from the complaint filed by the appellant only on December 6, 2024). However, in accordance with what is recorded in the Oversight Report IN-0028 IA-2025 of February 11, 2025, the Water Intendancy credited that the distribution network of the Barrio El Sur sector is of considerable age, according to the information provided during the oversight process. Nevertheless, ARESEP did not determine the existence of a current, serious, or imminent affectation to the continuity of the service, nor did it classify the infrastructure as collapsed or unusable, limiting itself to pointing out in the Report the need for technical analysis and improvement planning, within its regulatory competencies. Your Authority should consider that the procedure carried out by the appellant on December 30, 2023, was directed solely and exclusively to the ASADA, as he himself indicates, as was the exchange of information between them. This Regulatory Authority did not have direct or indirect participation in that procedure. The competence and participation of ARESEP were activated as of the complaint filed by the appellant before the Institution on December 6, 2024, which gave rise to the oversight process and report IN-0028-IA-2025 of February 13, 2025. THIRD: IT IS REJECTED AS INACCURATE, WITH THE FOLLOWING CLARIFICATIONS. Through report IN-0028-IA-2025 of February 13, 2025, ARESEP, in the conclusions section in point 5), the Water Intendancy indicated the following: \"5. Indicate to Mr. Ugalde, in his condition as user: i.(…) ii (…) iii. Based on what was indicated by the subscriber and the user, and taking into account the visit carried out by the ORAC AYA (official letter GSD-UENGAR-2024 02344 is on record), it is concluded that the service provision complies with the minimum standards of continuity, pressure, and quality established in the current regulations; iv. Although, taking as true the longevity described by the subscriber that the pipes have a considerable time of use, it is required that, in due course, the ASADA, having complied with the provisions of the Constitutional Chamber, must implement technical analysis and definition actions to replace the existing network line in the Barrio Sur de Cacao sector and in accordance with what is indicated in official letter GSD-UEN-GAR-2024-02344.\" (the underlining is not from the original) From the foregoing, it is extracted that indeed the pipeline network has a considerable time of use, and that it is necessary for the ASADA, in due course, to take the necessary actions to carry out the corresponding replacement. It is also indicated that, despite that considerable time of use that the pipeline network has, it was concluded that the service provision complies with the minimum standards of continuity, pressure, and quality established in the current regulations. Hence, this Regulatory Authority issued a series of provisions both for the ORAC regional Chorotega – AyA and for the ASADA, which had to be addressed within a period of 15 business days. Among those provisions, those relevant to the object of this amparo appeal are brought up, for example: The ORAC regional Chorotega – AyA was instructed that it had to include in its work plan accompaniment, follow-up, and control, so that the Asada, through its work proposal, complies with the mandate of the Constitutional Chamber, in addition to the implementation of the changes required by the distribution network in light of what is indicated in its official letter GSD-UEN-GAR-2024-02344. For its part, the ASADA was given the provision that it had to plan, in the medium term, the necessary changes to begin updating the distribution network, assessing what technically corresponds in the improvement of the Barrio del Sur sector. In the event that the ASADA receives pipe donations, they must prioritize their installation transparently, with justified accountability for the users and subscribers of the ASADA El Cacao. FOURTH: IT IS REJECTED AS INACCURATE, WITH THE FOLLOWING CLARIFICATIONS. As already indicated in the previous fact, report IN-0028-IA-2025 of February 13, 2025, credited that the pipeline network has a considerable time of use and that it was necessary for the ASADA, in due course, to take the necessary actions to carry out the corresponding replacement. Furthermore, despite that considerable time of use that the pipeline network possesses, it was concluded that the service provision complies with the minimum standards of continuity, pressure, and quality established in the current regulations. However, Report IN-0028-IA-2025 does not state that the ASADA established a formal five-year period for the network replacement, nor that said period was evaluated or endorsed by the Regulatory Authority. It is worth noting that any reference to periods prior to the Aresep oversight (which originated from the complaint filed by the appellant on December 6, 2024) does not form part of the facts verified by this Regulatory Authority, nor does it affect the regulatory analysis carried out. FIFTH: IT IS REJECTED AS BEING ACTIONS OUTSIDE ARESEP'S SCOPE, WITH THE FOLLOWING CLARIFICATIONS. ARESEP became aware of official letter GSD-UEN-GAR-2024-02344 from AyA, as it was cited as a background within the oversight process carried out by this Regulatory Authority. However, ARESEP did not interpret or qualify said official letter as an order for immediate replacement, but rather as a technical input that had to be considered within the analysis and planning of improvements that the service provider was responsible for carrying out; for its part, the scope and other considerations regarding said official letter must be developed by the ICAA when rendering its report for this matter. See that report IN-0028-IA-2025 of February 13, 2025, indicated to the appellant, as part of its conclusions, that the service provision complies with the minimum standards of continuity, pressure, and quality established in the current regulations; in addition to the fact that, due to the longevity of the time of use that the pipes have according to what was indicated by the appellant, it is required that, in due course, the ASADA, having complied with the provisions of the Constitutional Chamber (file 24-019675 0007-CO), must implement technical analysis and definition actions to replace the existing network line in the Barrio Sur de Cacao sector, in accordance with what is indicated in official letter GSD-UEN-GAR-2024-02344. SIXTH: IT IS TRUE WITH THE FOLLOWING CLARIFICATIONS. 1. The network in the Barrio El Sur sector is of considerable age. 2. The provider is required to carry out technical analyses to define the attention of improvements. 3. The ASADA has financial resources that allow planning investments, under the cost-of-service principle. However, it must be specified that ARESEP did not order the immediate execution of works, but rather ordered the elaboration of a technically supported work plan, with a schedule and duly approved. Likewise, it is incorrect to indicate that Report IN-0028-IA-2025 imposed an immediate and unconditional obligation on the ASADA to replace the Barrio El Sur network. The provisions issued by the Water Intendancy in the provided report were limited to: 1. The presentation of a work plan, 2. Medium-term planning of improvements, 3. Coordination with AyA as the governing body, all within a gradual, technical, and auditable process, in accordance with current regulations. The foregoing is evident from a simple reading of the referenced Report, which is attached as evidence to this report. SEVENTH: IT IS TRUE. EIGHTH: IT IS NOT KNOWN TO ARESEP. Keep in mind that the subsequent requests directed by the appellant directly to the ASADA do not form part of the direct scope of competence of this Regulatory Authority, nor were they subject to specific assessment in the oversight process that gave rise to Report IN-0028-IA-2025 following the complaint filed on December 6, 2024. It is important to state that the legal action of ARESEP is limited to the oversight of the service and the issuance of regulatory provisions, not to the daily management of communications between users and providers. Therefore, based on the answered facts, it has been possible to demonstrate that the action of ARESEP has not violated any of the fundamental rights alleged by the appellant; furthermore, observe that the object of the process is not limited to or does not involve actions or omissions by this Regulatory Authority. III. ON THE ACTIONS CARRIED OUT BY ARESEP Following the complaint filed on December 6, 2024, by the appellant, it is possible to indicate that it was addressed, and as a result, oversight report IN-0028-IA-2025 of February 13, 2025, was issued, in which ARESEP issued the following provisions to the Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste: \"(…) 2. To the Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste. Within a period of 15 business days, it must address the following points: 1. Must implement a work plan with its schedule approved by the Board of Directors and having the approval of the ORAC regional Chorotega AyA for the design and implementation of everything related to compliance with the mandate of the Constitutional Chamber, according to the three points requested by Resolution No. 28064-2024. 2. Must plan in the medium term the necessary changes to begin updating the distribution network, assessing what technically corresponds in the improvement of the Barrio del Sur sector. In the event that the ASADA receives pipe donations, they must prioritize their installation transparently, with justified accountability for the users and subscribers of the ASADA El Cacao. a. Provide the results and implementation of the comprehensive technical study of the ASADA for the location, installation, and technical requirements requested by the Bomberos de Costa Rica. b. Provide the Justification for the actions and work implemented by the ASADA El Cacao applied to the installation item described in an amount of ₡ 7,592,748.95 and all other executed work that has the due approval and authorization from the Board of Directors (…)\" It can be seen, then, that the public service provider was granted a period of 15 business days from the notification of that Report to address the provisions indicated therein. This, in reference to the presentation of the work route or schedule to address the situation denounced by the user regarding the issue of hydrant installation, and subsequently improvements to the aqueduct infrastructure. It is important to indicate that the Asada El Cacao de Nandayure requested an extension of time from Aresep to address the stated provisions; for which, on March 12, 2025, through official letter OF-0173-IA-2025, the extension was granted until March 18, 2025. On March 7, 2025, through official letter GG-2025-00674, AyA responded to the request made by the Intendancy in report IN-0028-IA-2025, attaching the respective work plan approved by the Board of Directors of the Asada Cacao de Nandayure with the due approval of the Regional Office of Community Aqueducts in the Chorotega Region. It should be highlighted that, as indicated in the undated document (which is attached) with which the Asada responded to Aresep's requirements, regarding the duty to plan the updating of the distribution network, the following was indicated: \"In response to this question, this ASADA has been working hand in hand with AYA, for which a meeting will be held in the month of May to jointly generate this plan.\" Therefore, by virtue of the fact that the governing body and the delegated system addressed what was requested by this Regulatory Authority and are jointly managing a solution regarding the situation of the distribution network, the Water Intendancy, as part of the oversight follow-up carried out on various operators of the Chorotega Region and in accordance with its planning for the year 2026, has planned a field visit to the system operated by the ASADA of El Cacao de Nandayure, during the week of March 2 to 6 of this year. The purpose of said visit is to verify the attention to the provisions contained in Report IN-0028-IA-2025, issued on the occasion of the inspection carried out the previous year, as evident from official letter OF-0011-IA-2026, all with the objective of verifying improvements in the quality of service, in exercise of the powers conferred on this Regulatory Authority by Law No. 7593 and its regulation. For the purposes of this appeal, it must be kept in mind that in accordance with Article 5 of Law No. 7593, the attributions of ARESEP are to set prices and rates for the provision of public services, including those provided by the ASADAS –aqueduct, sanitary sewer, and installation, operation, and maintenance of the hydrant service– as well as to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, among others, in the provision of said services. Likewise, the regulation to Law No. 7593, Executive Decree number 29732, in its Article 3 states that ARESEP may not co-administer nor arrogate the functions of the providers, nor of the oversight bodies that have functions assigned by law. Hence, ARESEP's action following the complaint filed on December 6, 2024, by the appellant was limited to addressing what is indicated in Article 6, subsection a) of Law No. 7593, which consists of: \"(...) To regulate and oversee, accounting-wise, financially, and technically, public service providers, to verify the correct management of the factors that affect the cost of the service, whether the investments made, the indebtedness incurred, the levels of income received, the costs and expenses incurred, or the income received and the profitability or utility obtained (...)\" Therefore, it is the administration's decision to address its obligations for the provision of both the aqueduct service and the hydrant service; which falls on the provider and Holder of the service, which, in the case of the ASADAS, AYA must maintain its role as the legal entity responsible for the actions implemented by the ASADAS as delegated entities providing the service under the legal figure of the delegation agreement. Hence, in the specific case, it has been demonstrated that ARESEP's action has been swift, efficient, and effective in accordance with the provisions of Law No. 7593, coupled with this, it is clear that said actions have not diminished any fundamental right of the appellant; on the contrary, this Regulatory Authority has carried out its oversight function following the disagreement presented by the appellant against the public service provider.”\n\n5.- By means of a document incorporated into the digital file at 11:04 a.m. on January 20, 2026, Joseph Mauricio Duarte Sequeira, in his capacity as president and judicial and extrajudicial representative with powers of unlimited general attorney of the ASADA of Cacao de Nandayure, answered the hearing granted, in the following terms:\n\n“FIRST: TRUE.\n\nSECOND: UNTRUE. The appellant does not demonstrate that there has been any affectation in the drinking water supply or its failure to provide said service according to the principles that govern it, such as quantity and quality; even in the technical report rendered for the attention of this appeal, issued through official letter GSD-UEN-GAR-2026-00026, it is determined that the quantity and quality of water received by the neighbors of the sector comply with all legal requirements. The appellant exposes a future and uncertain fact without technical foundations.\n\nThe 5-year period is a considerable time taking into account all the other projects and procedures that the asada must carry out during the course of the year; it would be dishonest and in bad faith to indicate a short-term period to the appellee when, in the reality of my represented party, that would not be possible to achieve.\n\nTHIRD AND FOURTH: UNTRUE. Once again, the appellant exposes a future or uncertain fact without any technical foundation.\n\nFIFTH: UNTRUE. Although it is true that AYA made recommendations to my represented party regarding the replacement of the pipeline described here, it must also be taken into account that these recommendations are made considering and following the reality of the ASADA represented here. Since, to carry out any project of the magnitude of the one described here, the ASADA must carry out a comprehensive technical study to be able to determine the priorities that the ASADA must have regarding its projects and the distribution of its resources.\n\nOnce said study is completed, the ASADA must make decisions about which projects currently need more budget and much more urgency in their execution. Without neglecting to take into account the recommendations made by AYA as established in Articles 44 and 45 of the Asadas Regulation, Executive Decree No. 42582-S-MINAE.\n\nSIXTH: UNTRUE. It should be noted that parts of the recommendations made by ARESEP are taken into account at the convenience of the appellant here, since although it is true that both AYA and ARESEP made a recommendation regarding the replacement of the Asada's pipeline in the South sector, emphasis is also placed on the fact that the project to be executed for this purpose must have a technical study that allows for a definitive determination of the improvement works to be developed, where the procedures established for this purpose must be complied with, among which are the budgeting and execution of the project according to the work plan that must be approved by these same entities. SEVENTH: NOT KNOWN TO ME.\n\nEIGHTH: INACCURATE. At no time has my represented party intended to ignore the requests of the appellant here; however, the response given at the time was exactly the appropriate one, since it was under budgetary analysis with our accountant as well as under analysis of the planning that had to be done for the execution of the project (as well as all the other projects and needs that the ASADA must cover) by the ASADA.\n\nHere, respectfully, we want to make it clear that despite having the obligation to be accountable to the subscribers for the management of the ASADA, we must also be responsible for the proper functioning and ensure that we do not violate our subscribers' rights; it is for this reason that there is no person solely responsible for answering emails daily. Rather, a routine review is carried out, and they are responded to.”\n\n6.- By means of a document incorporated into the digital file at 8:05 p.m. on January 22, 2026, the appellant refutes ARESEP's report, in the following terms:\n\n“I. REGARDING THE RECOGNITION OF THE LONGEVITY AND THE 5-YEAR PERIOD PROVIDED BY THE ASADA CACAO The respondent, through its reply report, attempts to disclaim responsibility despite having express knowledge of the five-year period granted by the ASADA Cacao for the replacement of the Barrio Sur network, a period that was communicated without support from a technical study in Barrio Sur, in contravention of the provisions of Articles 44 and 45 of the ASADAS Regulation. Said period was known to ARESEP and is expressly recorded in the oversight report IN-0028-IA-2025, without this authority having timely exercised its regulatory powers to demand a technical assessment that would guarantee the effective protection of the human right to water. The foregoing is evident from the study itself incorporated by ARESEP in its technical analysis, in which it is stated, as part of the complaint, and it is finally accredited that the pipeline network in Barrio Sur is over thirty years old, demonstrating its advanced age; likewise, it is recognized that the five-year period proposed by the ASADA is excessive and inadequate to address the urgency of the situation. I quote below: A. Complaint by Mr. [Name 001]. The user is dissatisfied with a remediation plan proposed by the ASADA Cacao de Nandayure to address the apparent longevity of the pipeline network that supplies the Barrio Sur sector of that community, which, according to what he indicates, are more than 30 years old and represent a latent risk of massive leaks in the service. Mr. Ugalde adds that the aqueduct infrastructure is obsolete and must be renewed within a period shorter than that offered in said plan (5 years, based on the remediation plan provided by the operator). Mr. [Name 001] considers that the time is excessive and inadequate to address the urgency of the situation. (…) This quote demonstrates that the problem was not unknown to the regulatory authority, and that the omission of effective regulatory actions allowed and continues to allow the prolongation of a latent risk to the fundamental rights of the user population of Barrio Sur. II. REGARDING OFFICIAL LETTER GSD-UEN-GAR-2024-02344 AND ITS INCORRECT INTERPRETATION BY ARESEP The respondent, through its reply report and in report IN-0028-IA-2025, bases its conclusions on an interpretation of official letter GSD-UEN-GAR-2024 02344, issued by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. However, said official letter is limited to recording the pressure measurement of the service at a single moment, without constituting a technical assessment of the Barrio Sur distribution system.\n\nThat isolated measurement does not satisfy the technical criteria required by articles 44 and 45 of the ASADAS Regulations, which establish that only through a technical assessment (evaluación técnica) prepared by an engineering professional duly registered with the CFIA is it possible to assess the real condition of the distribution system components and determine, with scientific support, said study is vital for evaluating the structural conditions of the network and the risks associated with its operation, especially when it has been proven that the pipeline network is considerably old; these circumstances constitute a latent risk to the continuous and safe provision of the service. Therefore, in the absence of this technical criterion, it is not legally valid to dismiss or qualify the appellant's allegations as inaccurate. For the time being, since this technical study does not exist, the appropriate course is to uphold this amparo appeal in all its aspects. Consequently, I quote below the most relevant conclusion contained in the aforementioned technical input from AyA: \"It is recommended that the ASADA in the southern sector not grant any further water availability (disponibilidades de agua) so as not to affect the users of said sector in the medium and short term until changes are made to the distribution network.\" The quote from official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344 shows that AyA itself recognizes that the distribution network does not support new water availability and that the incorporation of additional services generates immediate impact, a situation attributable to the advanced age of the infrastructure, which directly compromises the exercise of fundamental rights linked to access to drinking water and current services. III. REGARDING THE FACTS ACCEPTED BY ARESEP. The respondent, through its response report, accepts the following facts, which I quote below: 1. The network in the Barrio El Sur sector is considerably old. 2. The provider is required to carry out technical analyses to define the approach to improvements. 3. The ASADA has financial resources that allow for investment planning, under the cost-of-service principle. The acknowledgment of the advanced age of the network and, on the other hand, the risk involved in keeping SUCH AN OLD distribution system in Barrio Sur in operation, demonstrates a direct threat to the fundamental right of access to drinking water, as said infrastructure constitutes the sole means to guarantee supply to the entire user population of the Barrio Sur sector. The lack of a technical analysis in Barrio Sur, coupled with the negligent performance of the ASADA of Cacao de Nandayure, which is under the regulation and oversight of ARESEP, demonstrates an unjustified regulatory omission, especially when the latter has regulatory and budgetary tools to demand non-extendable deadlines for the replacement of the pipeline. Consequently, the lack of application of sanctions or administrative procedures by ARESEP has allowed the continuity of a latent risk, compromising the effective protection of the fundamental rights of the population of Barrio Sur, for which the respondent bears an enormous share of responsibility in this case. IV. REGARDING OFFICIAL COMMUNICATION GSD-UEN-GAR-2025-00767 ISSUED BY AYA TO THE DISPOSITIONS OF ARESEP. The respondent, through its response report, provides official communication GSD-UEN-GAR-2025 00767 issued by AyA. From said document, and for the purposes of this case, it is pertinent to highlight the most relevant aspects. In particular, AyA states in its conclusions the following: \"2- In the month of May, there will be a meeting with the ASADA Cacao for the implementation of pipeline improvements for the southern sector and to remind the ASADA about transparency and that the actions improve the system for the entire community.\" From the conclusion contained in official communication GSD-UEN-GAR-2025-00767, dated March 4, 2025, an express acknowledgment of the need to implement improvements to the pipeline network in Barrio Sur is evident, in order to mitigate the risk involved in keeping an infrastructure of advanced and considerable age in operation. The conclusion was issued in March 2025, foreseeing a meeting until May 2025, while the initial request for replacement dates back to December 30, 2023, meaning the time elapsed to execute the pipeline replacement in Barrio Sur is manifestly excessive going into 2026. Said acknowledgment confirms that the situation cannot be minimized or treated as an isolated event, but rather requires the adoption of specific corrective measures. Likewise, the official communication itself shows that what is proposed corresponds to a pipeline replacement implementation, which reinforces the need to act in a timely and effective manner. In this context, it is inappropriate to relativize the existing risk when the legally correct course is to acknowledge it and apply the necessary measures against the operator. However, ARESEP has not been thorough in fulfilling its regulatory provisions, allowing delay in the required pipeline replacement, a situation that compromises the protection of the fundamental rights of the population of Barrio Sur and limits the possibility of granting new water availability without affecting current users, until the corresponding changes are made.\"\n\n7.- By means of a brief incorporated into the digital case file at 8:06 p.m. on January 22, 2026, the appellant refutes the report of the respondent authorities from the ICAA, in the following terms:\n\n\" I. REGARDING THE ACKNOWLEDGMENT OF LONGEVITY AND ITS RECOMMENDATIONS BY AyA. The respondent, through technical report No. GSD-UEN-GAR-2026-00026, expressly acknowledges that the recommendations issued are due to the longevity of the infrastructure, admitting that the aqueduct's distribution network has excessive longevity as ARESEP has proven. Prior to resolving this amparo appeal, it is of vital importance to bring to the attention of this Honorable Chamber a fact proven with evidence provided by ARESEP itself, consisting of a document issued by the ASADA Cacao de Nandayure, through which it responds to ARESEP's provisions. In said document, the ASADA expressly acknowledges that '(...) a section of pipeline covering approximately 600 meters was replaced on an emergency basis as it presented leakage problems and the pipes burst;' This event cannot be considered an isolated case, but rather constitutes a concrete manifestation of structural failures occurring within the very distribution network managed by the respondent ASADA. This demonstrates that the respondent's infrastructure has real vulnerabilities, which materialize through emergency interventions rather than through technical planning. The existence of these failures in another sector near Barrio Sur reinforces the thesis regarding the presence of a latent risk, capable of materializing at any moment due to the excessive longevity previously demonstrated by authorities. In this context, only a technical study (estudio técnico), prepared by an engineering professional duly registered with the CFIA, can determine with scientific criteria the works necessary to guarantee the continuity, safety, and quality of service in Barrio Sur. For the time being, since this technical study does not exist, the ASADA cannot carry out the required improvements with speed; therefore, in protection of the fundamental rights of Barrio Sur, the appropriate course is to uphold this appeal in all its aspects. Likewise, the current impossibility of granting new water availability in said southern sector constitutes an additional indication of the structural insufficiency of the system, which confirms that the problem reported is neither hypothetical nor future, but real and verifiable. II. NON-COMPLIANCE WITH ARTICLE 44 OF THE ASADAS REGULATIONS. The lack of the technical study constitutes a direct and objective violation of Article 44 of the ASADAS Regulations and of fundamental rights; which expressly and mandatorily imposes the duty to have an updated technical study that allows determining the water and hydraulic capacity of the managed system, as well as the condition of its components, the infrastructure, and the improvements required to protect the service. In particular, subsection c) of Article 44 establishes that: Scope of the Technical Study: The technical study must establish the water and hydraulic capacity of the system, determine the condition and components that comprise it, as well as the improvements required in the production and quality of the source exploitation flows, as well as in infrastructure and in the functioning required by the system. The content of the Study shall be determined by the provisions issued by AyA for that purpose. Said provision is clear in that the technical study must determine the condition of the system's components, infrastructure, and its functioning. Likewise, subsection b) of Article 44 provides the following: Responsibility for the Technical Study: It is the shared responsibility of the ASADA and the responsible professional to ensure the correct application of the technical regulations, policies, and guidelines issued by AyA, these being of mandatory compliance both in the execution of the study and in the design and construction of the resulting works. Likewise, subsection a) of Article 44 provides the following: 'Execution of Technical Studies: The technical studies of these systems must be carried out by the ASADA with the technical support of a responsible professional, duly registered with the Professional Association of their respective area.' In the present case, the total absence of said study not only proves the regulatory non-compliance of the ASADA, but also the omission of AyA as the governing entity, by not demanding or guaranteeing compliance with an essential regulatory obligation within a delegated public service. This prolonged omission constitutes institutional negligence, incompatible with the duty of effective protection of the fundamental right to access drinking water. The appropriate course is to uphold the appeal to protect this right against its imminent violation, affecting the public service and all the fundamental rights of the families living in Barrio Sur. III. PRACTICES OF AYA IN THIS TYPE OF CASE. In case file No. 24-019675-0007-CO, brought by this same appellant, and referring to the same system managed by the ASADA of Cacao de Nandayure and the same Barrio Sur sector, AyA arbitrarily maintained and argued that the installation of a hydrant was not necessary, without having technical support to back up that position. However, said appeal was upheld, and in that process, the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica determined, through a technical study, that the installation of the hydrant was indeed necessary, which revealed that AyA's initial position lacked objective technical support. This precedent is especially relevant, as it evidences a repeated pattern of conduct by AyA towards this same ASADA and this same sector, consisting of discarding or minimizing technical requirements without first having the required studies, transferring the consequences of said omission to the delegated operator and, ultimately, to the service users. Such practices reflect deficient supervision, control, and containment work by AyA as the governing entity of the delegated public service, leading to repeated omissions that end up violating fundamental rights, particularly regarding essential public services such as access to drinking water. IV. REGARDING THE VIOLATION OF THE RIGHT TO HEALTH. The submitted report rejects my allegations based on general water quality control tests; however, it fails to assess the real risk that may arise from the entry of sediment into the distribution system of Barrio Sur. Said risk is not merely hypothetical but has already materialized in another sector near Barrio Sur, a situation that forced an emergency intervention, as expressly stated in the ASADA operator's own response to Aresep. From which the following is extracted: '(...) a section of pipeline covering approximately 600 meters was replaced on an emergency basis as it presented leakage problems and the pipes burst;'. The existence of this precedent demonstrates that the sole reference to general quality controls is not sufficient to rule out the violation of the right to health when the infrastructure presents a risk of failures that could compromise the potability of the water at any moment, particularly in a network that is over thirty years old. V. REGARDING THE CONCLUSIONS OF AYA. From the report submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, relevant conclusions emerge that must be assessed comprehensively by this Honorable Chamber, as far from refuting the allegations, they confirm them. Although AyA notes that the drinking water supply service has not been interrupted in the southern sector, said statement is not sufficient to rule out a violation or imminent threat to fundamental rights. Likewise, AyA itself acknowledges that, prior to carrying out the pipeline replacement, the ASADA must execute a technical study of the Barrio Sur system and comply with the provisions of Articles 44 and 45 of the ASADAS Regulations. This conclusion reaffirms what has been maintained since the beginning of the process, regarding the need for a technical assessment (evaluación técnica) and preventive evaluation of the system, and this confirms that it is not enough to affirm that the service is currently being provided; rather, it is essential to prove that the infrastructure has adequate technical conditions to guarantee safe and sustainable operation. As long as said technical study does not exist, the ASADA lacks technical support to reject allegations and execute the structural improvements required in Barrio Sur, which keeps the risk to the continuity and safety of the service in Barrio Sur latent. Therefore, in protection of the fundamental rights of the user population, the appropriate course is to uphold this appeal in all its aspects, ordering the replacement of the infrastructure as recommended by AyA in official communication GSD-UEN-GAR-2024 02344.\"\n\n8.- By means of a brief incorporated into the digital case file at 12:42 p.m. on January 23, 2026, the appellant refutes the report of the respondent ASADA, in the following terms:\n\n\"REGARDING THE ADMISSIBLE CONFESSION OF THE ABSENCE OF A TECHNICAL STUDY IN BARRIO SUR. The ASADA repeatedly maintains that the appellant's allegations constitute 'future and uncertain events' and, at the same time, expressly acknowledges that to execute the replacement of the Barrio Sur network, it is necessary to first carry out a comprehensive technical study in the sector. Such an assertion constitutes a direct admission that said technical study does not currently exist. Consequently, it is legally contradictory for the ASADA to deny the existence of risk when it itself accepts that it lacks the only suitable technical instrument to rule out said risk, thus confirming the core of this amparo. II. REGARDING THE FIVE-YEAR PERIOD ALLEGED BY THE ASADA. The ASADA justifies the five-year period for the network replacement by arguing budgetary and administrative limitations. However, said period lacks technical support, as it is not backed by any hydraulic, structural, or service-life study of the Barrio Sur network, as required by Article 44 of the ASADAS Regulations. Likewise, ARESEP has proven that the ASADA has financial tools to budget for the pipeline replacement. Furthermore, a self-imposed deadline, without technical support, cannot prevail over the protection of fundamental rights, nor can it justify the indefinite prolongation of an obsolete infrastructure that supplies an essential public service. III. REGARDING THE ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET NOT REPLACING THE TECHNICAL STUDY. The ASADA provides as evidence its 2026 Annual Work Plan and its ordinary budget, documents of an administrative and financial nature that neither substitute for nor equate to a comprehensive technical study in Barrio Sur. None of these instruments: - Evaluates the structural condition of the Barrio Sur network, - Rules out the risk of failures at any moment. On the contrary, said documents confirm that the network replacement has been postponed without prior technical diagnosis, which reinforces the reported omission. IV. REGARDING DIRECT NON-COMPLIANCE WITH ARTICLE 44 OF THE ASADAS REGULATIONS. The conduct of the ASADA constitutes an objective non-compliance with Article 44 of the ASADAS Regulations, which imposes the obligation to have an updated technical study to: - Determine the condition of the system's components, - Its hydraulic capacity, - And the improvements required to protect and guarantee the service. The ASADA itself acknowledges that it has not carried out said study, which constitutes a regulatory infraction that directly compromises the safety and continuity of the service, and which cannot be transferred to the users. V. CONCLUSION. Far from refuting the appeal, the ASADA's report confirms the reported facts: - There is no technical study of Barrio Sur, - The network is of advanced age and has seen very considerable use, - And the replacement has been postponed without a technical basis. This prolonged omission violates the fundamental right to drinking water, by keeping the user population exposed to an unevaluated structural risk.\"\n\n9.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the appeal. The appellants state that, since December 30, 2023, they have formally requested the ASADA of Cacao de Nandayure to replace the pipeline network of Barrio El Sur, an infrastructure that is over thirty years old and presents a risk of collapse, a situation acknowledged by both the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and ARESEP. They indicate that, despite the fact that through official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344 of June 5, 2024, the ICAA recommended developing a work plan for the network replacement and ordered that no new water availability be granted, and that ARESEP, in Report IN 0028-IA-2025 of February 13, 2025, confirmed the need to execute said improvements and prioritize the said neighborhood, the ASADA has not developed or communicated a technical plan or an execution schedule. They affirm that, after nearly two years since the initial request, no section of the network has been replaced nor has a definite intervention period been defined, which they estimate harms their fundamental rights.\n\nII.- Preliminary matter. Before proceeding to analyze the merits of this amparo appeal, it is pertinent to clarify that this Court will only refer to the aspects on which the appellant expressly affirms they have not received a response from the respondent authority. This is in application of the party disposition principle that governs the constitutional process, which prevents this Chamber from ruling ex officio on aspects that have not been alleged as harmful. Indeed, Article 8 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides that the procedure is governed by the party disposition principle, which has been reiterated by this Chamber in multiple pronouncements, such as judgments No. 2004-10021 of 8:47 a.m. on September 10, 2004, No. 017810-2006 of 3:32 p.m. on December 12, 2006, No. 2007-001147 of 2:31 p.m. on January 31, 2007, No. 2007-001610 of 9:22 a.m. on February 9, 2007, No. 2007-001701 of 2:34 p.m. on February 13, 2007, No. 2007-003233 of 11:35 a.m. on March 9, 2007, No. 2007-003266 of 12:08 p.m. on March 9, 2007, No. 2013005543 of 2:30 p.m. on April 23, 2012, No. 2021018726 of 9:15 a.m. on August 20, 2021, No. 2021023558 of 9:30 a.m. on October 19, 2021, No. 2022003709 of 9:30 a.m. on February 11, 2022, and No. 2022020815 of 9:30 a.m. on September 6, 2022.\n\nFor this reason, in consideration of the party disposition principle, the Chamber will study the case in accordance with the claim of interest set forth in the initial brief, which is: \"a) To uphold the Amparo Appeal in all its aspects. b) That the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE CACAO DE NANDAYURE be ordered to implement the replacement of the pipeline network of Barrio El Sur, installing 100 mm (4\") pipe, with its respective valves, as indicated by AyA in official communication GSD-UEN GAR-2024-02344 and reiterated by ARESEP in Report IN-0028-IA-2025, establishing a prudent period of one year for this and warning that, if it fails to act, a criminal case may be brought against it for the crime of disobedience to authority, which the law punishes with imprisonment from 15 days to one year, according to Article 307 of the Penal Code. c) That the respondents be ordered to pay costs, damages, and losses.\" Therefore, this Court will limit its analysis solely to the transcribed claim.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On December 30, 2023, the claimant [Name 001] submitted a request to the ASADA of El Cacao de Nandayure for the prioritized modernization of the pipeline in the Barrio El Sur sector (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).\n\nb) On June 5, 2024, the ICAA issued memorandum GSD-UEN-GAR-2024-02344 on the occasion of an inspection visit to the aqueduct system of Cacao de Nandayure due to pressure problems in the Barrio El Sur sector. Said report stated the following: \"System update: 1. The ASADA has three storage tanks, one concrete of 40 m3 and two High-Density Polyethylene (HDPE) of 22 m3, for a total storage of 84 m3. The tanks are located at approximately 89 meters above sea level. 2. The system has a variety of pipe diameters. It has diameters of 100 mm (4\"), 50mm (2\"), 25mm (1\"), 38mm (11/2\"), and 32mm (11/4\"). In the survey conducted, new branches were found that were not previously mapped. Figure 1 presents the system map. 3. The ASADA has two wells, one legally registered with the Dirección de Aguas (without equipment), however, it is awaiting resolution on the registration of the flow for its use, and another that is in operation (with equipment), but does not have a legally conceded flow. 4. Due to the impact of the El Niño phenomenon, the production levels of the operating well slightly decreased its operating flow; therefore, the ASADA implemented rationing from 2 p.m. to 4 p.m. to mitigate the situation. Analysis of the Barrio del Sur sector: 1. Part of the purpose of the visit was to inspect the system based on a complaint from the child of a subscriber indicating some discomforts regarding the ASADA's management and the system's functioning because the service did not meet the required pressure. 2. During said inspection, the home of the affected service was visited to perform a pressure test. The test was performed at 11:00 a.m., within the recommended hours of highest water demand, which ranges from 10 a.m. to 2 p.m. The test result was 35 PSI, equivalent to approximately 24 meters of water column, complying with the minimum pressure of the Regulations for the Provision of AyA Services. 3. The meter was checked to verify that it did not have any malfunction or leak, and it was found to be in optimal condition. 4. Because the static pressure is approximately 10 meters of water column (tank level 89 m vs. service level 73 m), it is important to note that it complies with the minimum static pressure indicated in Article 9 of the AyA Service Provision Regulations (RPS). Conclusions and Recommendations: 1. The ASADA has made some improvements to its pipeline network, either increasing the existing diameter or extending the network to new locations. 2. Regarding the case of the affected service, it was possible to verify that it complies with the Regulations for the Provision of AyA Services and did not present any anomaly. 3. As a recommendation for the ASADA, they were urged to repair some visible leaks at certain points in the network. 4. They were recommended to develop a work plan, with a Board of Directors agreement, to equip the well that is duly registered with the Dirección de Agua in order to overcome the Unfeasibility status. 5. It was recommended to develop a Work Plan, with a Board of Directors agreement, to make gradual improvements to the aqueduct in different areas once the Technical Unfeasibility is overcome. 6. For the specific case of the Barrio del Sur area, the ASADA is recommended to develop a medium and long-term work plan for replacing the network with 100mm (4\") pipe, with its respective valves. 7. It is recommended that the ASADA in the southern sector not grant any further water availability so as not to affect the users of said sector in the medium and short term until changes are made to the distribution network\" (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).\n\nc) On December 6, 2024, the appellant filed a complaint of disagreement before ARESEP related to the longevity of the pipeline network that supplies the Barrio El Sur sector (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).\n\nd) On December 6, 2024, ARESEP activated its oversight authority based on the complaint filed by the promoter (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).\n\ne) On February 11, 2025, the Water Superintendence of ARESEP issued Oversight Report IN-0028-IA-2025 as a result of the oversight process of the aqueduct system managed by the ASADA of El Cacao de Nandayure. In said report, the following was determined: \"III. CONCLUSIONS. 1. The complaint of Mr. [Name 001] was based on two points: i. The longevity of the pipeline and the non-acceptance of the 5 years as the compliance period for the remediation plan provided by the operator; pointing out thereby that the ASADA prioritizes improvements to the aqueduct infrastructure for other sectors, while discriminating against Barrio Sur; ii. Requesting that the installation of hydrants must be accompanied by an adequate pipeline network to guarantee their functionality. 2. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for its part, notes in its official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344, regarding the conduct of an inspection visit to the community. It points out that the Asada has three storage tanks, that the pipeline network has a variety of diameters, they have two wells, one legally registered but without equipment, pending resolution of the flow registration; the other is in operation, with equipment, but does not have a legally conceded flow, a situation that should draw the attention of the ORAC Región Chorotega, since wells, for their correct use, must be legally registered. In addition, AyA conducted pressure tests that comply with current regulations. They verified the meter and that it is in optimal condition; that the static pressure at the tank level complies with current regulations. Likewise, AyA recommended implementing a medium and long-term work plan for replacing the network in the described sector with 100mm (4\") pipe, with its respective valves and accessories. 3. The Constitutional Chamber partially upheld the appeal filed by [Name 001] and orders the President of the Asada or whoever holds the position, three points to comply with, which are: i. ii. iii. a) Request for a technical study from the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica within a period of eight days, b) Implement a remedial plan for the issues raised by the lack of hydrants, within a period of two months, c) carry out the installation of the required hydrants in the Barrio El Sur sector of Cacao de Nandayure, Guanacaste, in accordance with the technical study provided by the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, within a period of one year. Said actions and their compliance are the priority follow-up that ARESEP will provide in attention to this case. 4. Regarding the field visit to both the residence of Mr. [Name 001] and the Asada: 5. Indicate to Mr. Ugalde as a user: i. ii. iii.\"\n\nthe water and hydraulic conditions that must govern the decision to increase pipe size in a given sector of the network; the importance of the technical studies that must prevail in investment works, prior to technical decisions for the improvement of the infrastructure of any aqueduct; Based on what was indicated by the subscriber and by the user, and taking into account the visit carried out by the ORAC AYA (refer to official communication GSD-UEN GAR-2024-02344), it is concluded that the provision of the service meets the minimum standards of continuity, pressure, and quality established in the current regulations; iv. Although, accepting as true the longevity described by the subscriber that the pipes have a considerable time of use, it is required that, in due course, the ASADA, having complied with the provisions of the Sala Constitucional, must implement technical analysis and definition actions to replace the existing network line in the Barrio Sur de Cacao sector and in accordance with what is indicated in official communication GSD-UEN-GAR 2024-02344. v. that the priority attention of the ASADA is to comply with the ruling of the Sala Constitucional in resolution 28064-2024 according to expediente 24 019675-0007-CO. 6. The Board of Directors of the ASADA el Cacao de Nandayure is instructed: i. ii. iii. IV. To comply with addressing what is requested by the ASADA's Technical Study for the location, installation, and technical requirements established by the Bomberos de Costa Rica to guarantee compliance with what is indicated by the Sala; and likewise confirm that the hydrant network covers 100% coverage of the subscribers receiving said service. To justify all actions, maintenance, operation, and expansion works of the network and infrastructure executed in the El Cacao aqueduct, ensuring they have proper coordination with AyA and the approval and authorization by the Board of Directors; thereby demonstrating transparency and accountability. According to the financial information provided, it has resources to implement a short- and medium-term work plan to address the improvements required by the aqueduct and comply with the mandate of the Sala Constitucional and with what was established by the ORAC Región Chorotega in its official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344 for the Barrio Sur de Cacao de Nandayure sector. The deadline and prioritization of that execution must be clearly justified. PROVISIONS. Based on the legal regulations and policies that empower ARESEP in the fulfillment of its functions, the following provisions are issued, reminding those regulated service providers that non-observance of these would imply a breach of Article 33 of Ley 7593. 1. To the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Within a term of 15 business days, it must address the following points: 1. The ORAC regional Chorotega - AyA, must include in its work plan, an accompaniment, follow-up, and control so that the Asada, through its work proposal, complies with the mandate of the Sala Constitucional, in addition to the implementation of the changes required by the distribution network in light of what is indicated in its official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344 for the Barrio Sur de Cacao de Nandayure sector. 2. To verify that all work addressed by the ASADA El Cacao de Nandayure, regarding improvements to be implemented in the networks of the aqueduct it operates, reflects transparency and accountability and takes into account the needs of all sectors of the aqueduct system (including the Barrio Sur de Cacao sector). 2. To the Asada El Cacao de Nandayure, Guanacaste. Within a term of 15 business days, it must address the following points: 1. It must implement a work plan with its schedule approved by the Board of Directors and that has the approval of the ORAC regional Chorotega AyA for the design and implementation of everything related to compliance with the mandate of the Sala Constitucional, according to the three points requested by Resolution N°28064-2024. 2. They must plan, in the medium term, the necessary changes to begin updating the distribution network, to assess what technically corresponds in the improvement of the South neighborhood sector. In the event that the ASADA receives pipe donations, they must prioritize their installation transparently, with justified accountability for the users and subscribers of the ASADA El Cacao. a. To provide the results and implementation of the ASADA's comprehensive technical study for the location, installation, and technical requirements requested by the Bomberos de Costa Rica. b. To provide the Justification of the actions and work implemented by the ASADA El Cacao applied to the installation item described in an amount of ₡ 7,592,748.95 and all other work executed that has the proper approval and authorization by the Board of Directors. 3. To provide the pending information regarding: a. Technical study of the ASADA for the location, installation, and technical requirements requested by the Bomberos de Costa Rica. b. Justification of the actions and work implemented by the ASADA El Cacao with the proper approval and authorization by the Board of Directors” (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\nf) On February 13, 2025, the Water Intendancy of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos deemed it accredited that the distribution network of the Barrio El Sur sector is considerably old, determined that the provision of the aqueduct service in said sector meets the minimum standards of continuity, pressure, and quality established in the current regulations, did not accredit the existence of a current, serious, or imminent impact on the continuity of the potable water service and did not classify the infrastructure of the aqueduct system as collapsed or unusable (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\ng) On February 13, 2025, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ordered the ASADA to plan, in the medium term, the updating of the distribution network of the Barrio El Sur sector (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\nh) On February 13, 2025, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos did not endorse nor verify the existence of a formal five-year deadline for the replacement of the pipe network of the Barrio El Sur sector (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\ni) On March 7, 2025, the ICAA sent ARESEP the work plan approved by the Board of Directors of the ASADA of El Cacao de Nandayure, with the approval of the Regional Office of Community Aqueducts of the Chorotega Region\n(see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\nj) The Water Intendancy of ARESEP scheduled a field visit for the week of March 2 to 6, 2026, to the aqueduct system managed by the ASADA of El Cacao de Nandayure to verify compliance with the provisions of Report IN-0028-IA-2025 (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\nk) On December 10, 2025, the ICAA, through the Environmental Analysis on Water Quality report, accredited that the aqueduct system managed by the Asada de Cacao de Nandayure supplies potable water continuously and with quality parameters suitable for human consumption, without having verified any impact on the quantity, continuity, or quality of the service (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).\n\nIV.- Analysis on the merits. The appellants state that, since December 30, 2023, they have formally requested the ASADA de Cacao de Nandayure to replace the pipe network of Barrio El Sur, whose infrastructure is more than thirty years old and presents a risk of collapse, a situation recognized both by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and by ARESEP. They indicate that, despite the fact that through official communication GSD-UEN-GAR-2024-02344 of June 5, 2024, the ICAA recommended preparing a work plan for the replacement of the network and ordered not to grant new water connections (disponibilidades de agua), and that ARESEP, in Report IN 0028-IA-2025 of February 13, 2025, confirmed the need to execute said improvements and prioritize the aforementioned neighborhood, the ASADA has not prepared or communicated a technical plan or an execution schedule. They affirm that, after almost two years since the first request, no section of the network has been replaced, nor has a certain intervention deadline been defined, which they estimate harms their fundamental rights.\n\nIn this regard, it is worth recalling that this Sala has developed a clear and reiterated jurisprudential line regarding the fundamental right of access to potable water, as an indispensable prerequisite for the effectiveness of the rights to life and health, as well as for the proper functioning of essential public services. Likewise, this Court has reiterated that access to potable water constitutes a minimum and indispensable condition to guarantee an adequate physical, psychological, and environmental balance of individuals, recognizing that the supply of water suitable for human consumption forms part of the constitutionally protected content of the right to life and health. Thus, by way of example, in ruling n.°2025-008608 of 09:30 hours on March 21, 2025, it was resolved, where relevant, as follows:\n\nIV.- On the right to consume potable water. This Constitutional Court has recognized in its jurisprudence that the right to life and health are fundamental rights whose enjoyment requires access to potable water. For human beings to enjoy health, they require that a set of minimum conditions necessary to achieve an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance be guaranteed, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that alter their full growth and development. One of those conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Therefore, this Sala has concluded that, as part of Constitutional Law, there is a fundamental right to the supply of potable water. Thus, in Ruling N° 2003-04654, of 15:44 hours on May 27, 2003, reiterated in N° 2018-014649, of 9:20 hours on September 7, 2018, this Sala resolved: \"(…) The Sala recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); furthermore, it is stated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obliged in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (\"Protocol of San Salvador\" of 1988), which provides that: \"Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services\". In addition, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a requirement for the realization of all other human rights”.\n\nV.- Precedent before this Court. Prior to the analysis of the present matter, it is important to mention that this Sala Constitucional has already analyzed the conditions of the water service in the Esterillos aqueduct. Thus, through 2018-021434 of 09:20 hours on December 21, 2018, issued within expediente no. 18-018889-0007-CO, the following was established:\n\n\"IV.- On the specific case. In the present case, from the evidence provided to the file, as well as from what was reported under oath by the authorities of the respondent Institute, it is verified that there has been an illegitimate threat to the right to health of the protected person and other members of the Esterillos community, as well as a violation of their right to the proper functioning of public services and access to potable water. It is evident from the record that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the entity responsible for providing the potable water service to the affected community, which, to date, has not been able to solve the generated problem. Moreover, since December 22, 2016, the date on which it took over the aqueduct, the respondent Institute has carried out various studies in order to establish a solution to the problem of iron and manganese concentration presented by the Esterillos- Bejuco system, which produces a dark coloration in the water, which, according to what was indicated by the Head of the National Water Laboratory of the Institute, \"....the sum of the Iron and Manganese concentrations do not comply with the Regulation for the Quality of Potable Water 38924-8, which affects the aesthetics of the water and the visual rejection by the users of the Aqueduct. However, it is important to clarify that the consumption of the water does not cause any harm to Health\". Thus, while the water that is distributed is not harmful to health, the fact is that it does not comply with the Regulation for Quality of Potable Water. Thus, two years have passed and the respondent Institute has not been able to resolve the aqueduct problem, nor to present the necessary corrective measures to guarantee adequate functioning of this system, despite the fact that the tests issued by the National Water Laboratory are conclusive in this regard. Thus, the appellant is correct regarding the quality of the water supplied by the respondent authority. By virtue of the foregoing, the authorities of AyA have omitted their constitutional duty to guarantee the health of the inhabitants of that community and the proper functioning of public services. These constitutional principles must be observed and respected, at all times and without any exception, by the public officials in charge of their management and provision and constitute a legal obligation of an indeclinable nature, imposed on any administrative entity or body by their direct and immediate normative efficacy, given that the block or parameter of legality (Article 11, of the Political Constitution) to which they must adjust in their actions is comprised, among other elements, by the general principles of administrative law (Article 6, of the General Law of Public Administration). In the merit of the foregoing, due to the prolonged violation of the fundamental right to potable water and to an efficient public service, the appropriate course is to declare the appeal with merit and, consequently, order the respondent Institute to implement the corresponding improvements in the aqueduct system it manages and supplies to the different communities of Esterillos, and to adjust to what is ordered in the Water Quality Control Regulation. The foregoing includes taking the necessary measures in order to reduce the degree of risk to the health of the population, and vulnerability of the systems, as well as providing continuous surveillance of the quality of the potable water consumed by the inhabitants of the affected community, for which purpose the respondent Institute must also carry out the work to guarantee the quality of the water resource and maintenance that said aqueduct requires. In addition, the respondent is reminded that when the reported problem arises, it must ensure the distribution of potable water with tanker trucks in the area”. (The highlighted and underlined text does not correspond to the original).\n\nIn the present matter, the appellant party maintains that the age of the pipe network of the Barrio El Sur sector of the aqueduct managed by the ASADA de Cacao de Nandayure constitutes, in itself, a violation of their fundamental rights to access to potable water, health, and life, by estimating that said infrastructure presents a risk of collapse that has not been addressed in a timely manner by the competent authorities. However, a careful, comprehensive, and technically supported examination of the evidentiary material incorporated into the file leads to a different conclusion.\n\nIn the first place, it is decisive to verify that the public potable water supply service provided in the Barrio El Sur sector currently meets the minimum standards of continuity, pressure, and quality required by the current regulations. Indeed, the pressure tests carried out by the ICAA, performed during the system inspection visit, reflected values that exceed the minimum threshold established in the Regulation for the Provision of AyA Services, while the laboratory analyses carried out subsequently accredited that the supplied water is suitable for human consumption, without the presence of parameters that compromise its potability.\n\nFrom these technical results, the existence of interruptions in supply, decreases in the quantity delivered, or impacts on water quality cannot be inferred, elements that, in accordance with the jurisprudence of this Sala, are essential to consider a current violation of the fundamental right of access to potable water as established. On the contrary, the available objective data allow affirming that the service is provided regularly and in accordance with the required standards, a circumstance that significantly weakens the thesis of an ongoing constitutional injury.\n\nNow, it is true that the technical authorities have recognized that the distribution network is considerably old, which has motivated the issuance of recommendations aimed at its progressive modernization. However, this finding cannot be interpreted, without further analysis, as synonymous with a real and imminent threat to the fundamental rights of the users, since the longevity of the infrastructure constitutes relevant data for administrative planning, but only acquires constitutional relevance when it translates into an effective impact or a technically accredited risk to health or life, extremes that have not been demonstrated in this case.\n\nAt this point, the actions deployed by the competent authorities take on special importance, since it is apparent from the file that the ICAA not only carried out technical inspections of the system, but also formulated specific recommendations aimed at preparing a work plan for the gradual improvement of the aqueduct, including the replacement of the network in the medium and long term. In a complementary manner, ARESEP activated its oversight power as a result of the complaint filed, issued concrete provisions to the ASADA and the governing body, verified the existence of financial resources to plan the improvements, and, finally, scheduled a field visit to verify compliance with said provisions. This chain of actions allows discarding the existence of administrative inertia, neglect of the problem, or institutional refusal to adopt corrective measures. On the contrary, what is observed is a technical and progressive approach to the situation, in accordance with the legally assigned competencies of each body and the procedures governing the execution of improvement works in aqueduct systems managed by community associations. Under such conditions, it is not legally viable to maintain that the Administration has breached its duty of guardianship of the essential public service.\n\nFrom this perspective, the claim that this Court order the immediate and comprehensive replacement of the pipe network within a peremptory deadline, under penalty of contempt, lacks constitutional support, as it would imply displacing the technical-administrative criterion of the specialized authorities without there being a current violation of fundamental rights that justifies it. The constitutional jurisdiction is not called upon to substitute technical planning or to impose structural solutions when the service is provided in accordance with the required minimum standards and there are administrative actions underway aimed at its improvement.\n\nFinally, this conclusion is fully harmonized with the constitutional jurisprudence invoked by the appellant party, in which the fundamental right of access to potable water has been recognized as an indispensable prerequisite for life and health. However, unlike those cases, in which non-compliance with regulatory standards or a prolonged and verifiable impact on the service was accredited, in the case under examination it has been expressly verified that the supplied water meets the required technical parameters and that the competent authorities have adopted concrete measures to address the system's improvement needs. Consequently, since a current, serious, or imminent impact has not been demonstrated, nor an administrative omission that necessitates the immediate intervention of this Sala, what is alleged by the appellant party falls within the realm of future and uncertain events, whose eventual materialization cannot be anticipated by this constitutional jurisdiction, especially when there are verifiable administrative actions aimed at preventing and correcting eventual deficiencies in the aqueduct infrastructure.\n\nBy virtue of the considerations made, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is indeed done.\n\nV.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic File before the Judiciary\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared without merit.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\n JQZGIENQE6O61\n\nEXPEDIENTE N° 25-039249-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 20:00:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}