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  "id": "nexus-sen-1-0007-1365358",
  "citation": "Res. 01719-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión municipal de respuesta a solicitud de diputado sobre protección de nacientes",
  "title_en": "Municipal failure to respond to deputy's request regarding spring protection",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce de un recurso de amparo interpuesto por un diputado contra la Municipalidad de El Guarco por no haber respondido a una solicitud de información sobre el estado de protección de nacientes y construcciones irregulares en una zona de protección del plan regulador. El recurrente envió un oficio el 4 de julio de 2025, sin recibir respuesta al momento de presentar el amparo en noviembre de ese año. Durante la tramitación, la municipalidad brindó la información requerida mediante oficio del 4 de diciembre de 2025, donde indicó que el caso fue remitido al SINAC y a la Dirección de Aguas por movimientos de tierra ilegales que afectaron nacientes no registradas, y que las diligencias de demolición estaban suspendidas hasta que la investigación penal de la Fiscalía de Cartago concluyese. La Sala declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, al haberse subsanado la omisión durante el proceso. La mayoría resuelve sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la naturaleza no patrimonial de la pretensión y la subsanación oportuna lo justifican. Los magistrados Salazar y Garro salvan parcialmente el voto e imponen condenatorias por considerar que la respuesta extemporánea no excusa la lesión inicial.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews a petition for amparo filed by a deputy against the Municipality of El Guarco for failing to respond to a request for information on the protection status of springs and illegal constructions in a protection zone under the regulatory plan. The petitioner sent a communication on July 4, 2025, and had received no reply by the time the petition was filed in November. During the proceedings, the municipality provided the requested information by means of an official letter dated December 4, 2025, stating that the case had been referred to SINAC and the Water Directorate due to illegal earthworks affecting unregistered springs, and that demolition proceedings were suspended pending the criminal investigation by the Cartago Prosecutor's Office. The Chamber grants the petition on the grounds of violation of the right to petition and timely response, since the omission was cured during the process. The majority decides without awarding costs, damages, or losses, considering the non-pecuniary nature of the claim and the timely remedy. Justices Salazar and Garro issue partial dissenting opinions imposing costs and/or damages, arguing that the belated response does not excuse the initial violation.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "16/01/2026",
  "year": "2026",
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    "water-law",
    "procedural-environmental"
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  "es_concept_hints": [
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    "amparo por omisión de respuesta",
    "recurso de amparo",
    "Sala Constitucional",
    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
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    "SINAC",
    "Dirección de Aguas"
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    "Municipalidad de El Guarco",
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  "keywords_en": [
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    "Municipality of El Guarco",
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    "earthworks",
    "SINAC",
    "Water Directorate",
    "Cartago Prosecutor's Office",
    "costs"
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  "excerpt_es": "IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente, en su condición de diputado de la República, manifiesta que el 4 de julio de 2025 remitió vía correo electrónico el oficio nro. ALFPFA-36-OFI-0161-2025 ante la Municipalidad de El Guarco, a través del cual requirió una información de su interés; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este proceso no ha recibido lo peticionado. Solicita la intervención de la Sala.\n\nAl respecto, del estudio de los autos, consta que efectivamente el 4 de julio de 2025, el recurrente, en su condición de diputado de la República, remitió vía correo electrónico a las direcciones ...3253 y ...3254 el oficio nro. ALFPFA-36-OFI-0161-2025, por medio del cual requirió: “• ¿Tiene conocimiento de los hechos denunciados con relación a las nacientes ubicadas en la Dirección7411 y fincas aledañas?• ¿Cuál es el estado actual de protección de las nacientes? ¿Las construcciones irregulares se detuvieron?• ¿Su administración ha continuado con el seguimiento a los hechos denunciados? En caso contrario, ¿por qué motivos?”. Sin embargo, no había sido contestada a la fecha de interpuesto este recurso, pese a que había transcurrido los diez días hábiles a los que hace referencia el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que resulta irrazonable.\n\n...\n\nEn consecuencia, como la omisión referida fue subsanada durante la tramitación de este proceso lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en cuanto a costas, daños y perjuicios.",
  "excerpt_en": "IV.- On the specific case. In the case at hand, the petitioner, in his capacity as a deputy of the Republic, states that on July 4, 2025, he sent via email official communication no. ALFPFA-36-OFI-0161-2025 to the Municipality of El Guarco, through which he requested information of interest to him; however, he claims that at the time of filing this petition he had not received what was requested. He seeks the Chamber’s intervention.\n\nFrom the review of the file, it is evident that on July 4, 2025, the petitioner, in his capacity as a deputy, indeed sent via email to addresses ...3253 and ...3254 official communication no. ALFPFA-36-OFI-0161-2025, requesting: “• Are you aware of the reported facts regarding the springs located at property Dirección7411 and adjacent properties? • What is the current protection status of the springs? Have the illegal constructions been halted? • Has your administration continued monitoring the reported facts? If not, for what reasons?” However, it had not been answered by the date this petition was filed, even though the ten business days referred to in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law had elapsed, which is unreasonable.\n\n...\n\nConsequently, since the omission was remedied during the proceedings, it is appropriate to grant the petition, without special award of costs, damages or losses.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted without award",
    "label_es": "Con lugar sin condenatoria",
    "summary_en": "The Chamber grants the amparo petition for violation of the right to petition and timely response, as the municipality remedied its failure to answer during the proceedings. The majority imposes no award of costs, damages or losses.",
    "summary_es": "La Sala declara con lugar el recurso de amparo por violación al derecho de petición y pronta respuesta, ya que la municipalidad subsanó la omisión de contestar durante la tramitación del proceso. La mayoría impone sin condenatoria en costas, daños y perjuicios."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "However, it had not been answered by the date this petition was filed, even though the ten business days referred to in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law had elapsed, which is unreasonable.",
      "quote_es": "Sin embargo, no había sido contestada a la fecha de interpuesto este recurso, pese a que había transcurrido los diez días hábiles a los que hace referencia el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que resulta irrazonable."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Consequently, since the omission was remedied during the proceedings, it is appropriate to grant the petition, without special award of costs, damages or losses.",
      "quote_es": "En consecuencia, como la omisión referida fue subsanada durante la tramitación de este proceso lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en cuanto a costas, daños y perjuicios."
    },
    {
      "context": "Resultando 3 (informe municipal)",
      "quote_en": "This limitation is intended to avoid potential harm to the owners in case the criminal investigation does not determine the existence of environmental damage on the land or if the actions taken by the administration cause a greater environmental impact.",
      "quote_es": "Esta limitación tiene como finalidad evitar eventuales perjuicios a los propietarios en caso de que, durante la investigación judicial, no se determine la existencia de una afectación ambiental en los terrenos o bien que por actuación de la administración con las medidas que tome cause un mayor impacto al ambiente."
    },
    {
      "context": "VI.- Voto salvado magistrado Salazar",
      "quote_en": "Similarly, Law No. 9097 on the Regulation of the Right to Petition of October 26, 2012, establishes that this right may be judicially protected through the amparo remedy set forth in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution…",
      "quote_es": "En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política..."
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        "label": "Ley de Regulación del Derecho de Petición Nº 9097  Art. 6"
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01719 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 16 de Enero del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-035903-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-035903-0007-CO\n\nRes. Nº 2026001719\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de enero de dos mil veintiseis .\n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre75891, cédula de identidad CED41037, en su condición de diputado de la República, contra la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.             \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 17 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de El Guarco. Manifiesta que el 4 de julio de 2025 remitió el oficio nro. ALFPFA-36- OFI-0161- 2025 del 25 de junio anterior, vía correo electrónico a la dirección electrónica: ...3253 y ...3254, dirigido a la autoridad recurrida. En dicho documento requirió, entre otra, la siguiente información: “• ¿Tiene conocimiento de los hechos denunciados con relación a las nacientes ubicadas en la Dirección7411 y fincas aledañas?• ¿Cuál es el estado actual de protección de las nacientes? ¿Las construcciones irregulares se detuvieron?• ¿Su administración ha continuado con el seguimiento a los hechos denunciados? En caso contrario, ¿por qué motivos?” (véase copia de la gestión y del comprobante de remisión aportados como prueba). Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, no se le había contestado ni dado acceso a toda la información solicitada. Estima que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n\n2.- Mediante resolución de las 1 horas del 27 de noviembre de 2025, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al alcalde de la Municipalidad de El Guarco, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de diciembre de 2025, Víctor Hugo Monestel Tencio, en su condición de alcalde de la Municipalidad de El Guarco, informa bajo juramento que “sobre los hechos alegados por el recurrente es menester señalar que desde esta alcaldía el día cuatro de diciembre del presente año. Es preciso indicar que la finca número Dirección7413, así como las propiedades aledañas, se encuentran dentro de una zona de protección definida por el Plan Regulador. Esta Administración, en sesión celebrada el 14 de julio del presente año, me informó sobre la situación actual de los terrenos denunciados y las actuaciones realizadas dentro del ámbito de competencia municipal. Dado que en el sitio existen nacientes no registradas que resultaron afectadas por movimientos de tierra ejecutados de forma ilegal, el caso fue remitido al SINAC y a la Dirección de Aguas, autoridades competentes en la materia dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, para su debido análisis y seguimiento. En relación con el estado actual de las nacientes, esta Administración realizó una inspección conjunta con el SINAC. Sin embargo, no se ha recibido un informe final de dicho organismo, dado que, tal como consta en el expediente adjunto a este oficio, el caso se encuentra bajo conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Cartago. Respecto a las construcciones irregulares, el Departamento de Control Constructivo ha mantenido un seguimiento continuo sobre la finca denunciada y las propiedades aledañas. A la fecha, no se han identificado nuevas edificaciones ni se ha observado la formalización de trámites relacionados con permisos de construcción. Esta Administración ha dado seguimiento a las denuncias presentadas respecto a la zona, tal como se evidencia en el expediente. No obstante, es importante señalar que, debido a la denuncia interpuesta por el SINAC ante la Fiscalía Adjunta de Cartago, la Municipalidad se encuentra impedida de continuar con los procedimientos administrativos ordinarios de demolición hasta tanto el proceso judicial no alcance firmeza. Esta limitación tiene como finalidad evitar eventuales perjuicios a los propietarios en caso de que, durante la investigación judicial, no se determine la existencia de una afectación ambiental en los terrenos o bien que por actuación de la administración con las medidas que tome cause un mayor impacto al ambiente”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Cuestión previa. En vista de que Víctor Hugo Monestel Tencio, en su condición de alcalde de la Municipalidad de El Guarco omitió indicar en el informe rendido bajo juramento si los correos electrónicos ...3253 y ...3254 se encuentran previstos como mecanismos oficiales de comunicación para la recepción de gestiones de los usuarios ante la Municipalidad de El Guarco, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- Objeto del recurso. El recurrente, en su condición de diputado de la República, manifiesta que el 4 de julio de 2025 remitió vía correo electrónico el oficio nro. ALFPFA-36-OFI-0161-2025 ante la Municipalidad de El Guarco, a través del cual requirió una información de su interés; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este proceso no ha recibido lo peticionado. Solicita la intervención de la Sala.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na.    El 4 de julio de 2025, el recurrente, en su condición de diputado de la República, remitió vía correo electrónico a las direcciones ...3253 y ...3254 el oficio nro. ALFPFA-36-OFI-0161-2025, por medio del cual requirió: “• ¿Tiene conocimiento de los hechos denunciados con relación a las nacientes ubicadas en la finca 3-266275-000 y fincas aledañas?• ¿Cuál es el estado actual de protección de las nacientes? ¿Las construcciones irregulares se detuvieron?• ¿Su administración ha continuado con el seguimiento a los hechos denunciados? En caso contrario, ¿por qué motivos?” (ver prueba aportada);\n\nb.    Los correos electrónicos utilizados por el recurrente se encuentran previstos como mecanismos oficiales para la recepción de gestiones de los usuarios ante la Municipalidad de El Guarco (hecho incontrovertido);\n\nc.     El 28 de noviembre de 2025, el alcalde de la Municipalidad de El Guarco fue notificado de la resolución que dio curso a este proceso (ver acta de notificación);\n\nd.    Mediante el oficio nro. 389-ALC-2025 del 4 de diciembre de 2025, el alcalde de la Municipalidad de El Guarco atendió la gestión del recurrente de la siguiente manera: “me permito hacer referencia al caso Denuncias ambientales en Dirección7412, mismo que es de suma importancia para esta alcaldía y el departamento correspondiente. 1. ¿Tiene conocimiento de los hechos denunciados con relación a las nacientes ubicadas en la finca 3-266275-000 y fincas aledañas? Es preciso indicar que la finca número 3-266275-000, así como las propiedades aledañas, se encuentran dentro de una zona de protección definida por el Plan Regulador. Esta Administración, en sesión celebrada el 14 de julio del presente año, me informó sobre la situación actual de los terrenos denunciados y las actuaciones realizadas dentro del ámbito de competencia municipal. Dado que en el sitio existen nacientes no registradas que resultaron afectadas por movimientos de tierra ejecutados de forma ilegal, el caso fue remitido al SINAC y a la Dirección de Aguas, autoridades competentes en la materia dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, para su debido análisis y seguimiento. 2. ¿Cuál es el estado actual de protección de las nacientes? ¿Las construcciones irregulares se detuvieron? En relación con el estado actual de las nacientes, esta Administración realizó una inspección conjunta con el SINAC. Sin embargo, no se ha recibido un informe final de dicho organismo, dado que, tal como consta en el expediente adjunto a este oficio, el caso se encuentra bajo conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Cartago. Respecto a las construcciones irregulares, el Departamento de Control Constructivo ha mantenido un seguimiento continuo sobre la finca denunciada y las propiedades aledañas. A la fecha, no se han identificado nuevas edificaciones ni se ha observado la formalización de trámites relacionados con permisos de construcción. 3. ¿Su administración ha continuado con el seguimiento a los hechos denunciados? En caso contrario, ¿por qué motivos? Esta Administración ha dado seguimiento a las denuncias presentadas respecto a la zona, tal como se evidencia en el expediente. No obstante, es importante señalar que, debido a la denuncia interpuesta por el SINAC ante la Fiscalía Adjunta de Cartago, la Municipalidad se encuentra impedida de continuar con los procedimientos administrativos ordinarios de demolición hasta tanto el proceso judicial no alcance firmeza. Esta limitación tiene como finalidad evitar eventuales perjuicios a los propietarios en caso de que, durante la investigación judicial, no se determine la existencia de una afectación ambiental en los terrenos o bien que por actuación de la administración con las medidas que tome cause un mayor impacto al ambiente”. Dicha respuesta le fue notificada ese mismo día al medio que señaló para atender notificaciones (ver informe rendido bajo juramento y pruebas aportadas).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente, en su condición de diputado de la República, manifiesta que el 4 de julio de 2025 remitió vía correo electrónico el oficio nro. ALFPFA-36-OFI-0161-2025 ante la Municipalidad de El Guarco, a través del cual requirió una información de su interés; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este proceso no ha recibido lo peticionado. Solicita la intervención de la Sala.\n\nAl respecto, del estudio de los autos, consta que efectivamente el 4 de julio de 2025, el recurrente, en su condición de diputado de la República, remitió vía correo electrónico a las direcciones ...3253 y ...3254 el oficio nro. ALFPFA-36-OFI-0161-2025, por medio del cual requirió: “• ¿Tiene conocimiento de los hechos denunciados con relación a las nacientes ubicadas en la Dirección7411 y fincas aledañas?• ¿Cuál es el estado actual de protección de las nacientes? ¿Las construcciones irregulares se detuvieron?• ¿Su administración ha continuado con el seguimiento a los hechos denunciados? En caso contrario, ¿por qué motivos?”. Sin embargo, no había sido contestada a la fecha de interpuesto este recurso, pese a que había transcurrido los diez días hábiles a los que hace referencia el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que resulta irrazonable.\n\nAhora bien, se debe advertir que este Tribunal en la resolución de curso de las 12:18 horas del 25 de noviembre de 2025 realizó la siguiente prevención: “Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios”; no obstante, el alcalde del municipio accionado no se pronunció sobre lo solicitado. Por lo anterior, es que se tiene como hecho incontrovertido que el correo electrónico utilizado por el recurrente se encuentra previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios ante la autoridad accionada.\n\nAsí las cosas, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales del amparado. Ahora, tomando en cuenta fue con posterioridad a la notificación del presente recurso realizada -el 28 de noviembre de 2025- que la autoridad recurrida procedió a brindar respuesta formal a la gestión en disputa. Dado que del análisis del informe rendido bajo la solemnidad del juramento y de las pruebas aportadas a los autos consta que la gestión reclamada fue atendida por medio del oficio nro. 389-ALC-2025 del 4 de diciembre de 2025, el cual fue debidamente notificado al recurrente al medio que señaló para atender notificaciones -ver pruebas aportadas al expediente electrónico-.\n\nEn consecuencia, como la omisión referida fue subsanada durante la tramitación de este proceso lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en cuanto a costas, daños y perjuicios.  \n\nV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- Razones diferentes y voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado.\n\nSi bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.\n\nEl derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  \n\nEl artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  \n\n“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. \n\nPor su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:\n\n“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.\n\nEn el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: \n\n“Presentación de escritos y plazo de respuesta. \n\nEl escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. \n\nDe este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. \n\nAsimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  \n\nEn consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.\n\nPor lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.\n\nAsí, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\".\n\n Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa \"resolución\" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase \"si fueren procedentes\" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\n Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: \"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\".\n\n Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\n Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\n En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nVIII.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n GVWOS247EJIK61\n\nEXPEDIENTE N° 25-035903-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:03:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the sixteenth of January of two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre75891, identity card CED41037, in his capacity as deputy of the Republic, against the MUNICIPALITY OF EL GUARCO.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on November 17, 2025, the petitioner files an amparo action against the Municipality of El Guarco. He states that on July 4, 2025, he sent official letter no. ALFPFA-36- OFI-0161- 2025 of the previous June 25, via email to the electronic addresses: ...3253 and ...3254, addressed to the respondent authority. In said document he requested, among others, the following information: \"• Are you aware of the reported facts concerning the springs (nacientes) located at Dirección7411 and neighboring properties? • What is the current protection status of the springs? Have the irregular constructions been halted? • Has your administration continued to follow up on the reported facts? If not, for what reasons?\" (see copy of the request and the proof of delivery provided as evidence). He complains that, as of the date of filing this action, he had not been answered or given access to all the requested information. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the action be granted, with the legal consequences.\n\n2.- By resolution at 1 o'clock on November 27, 2025, this process was admitted and a report was requested from the mayor of the Municipality of El Guarco, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- By brief incorporated into the digital file on December 4, 2025, Víctor Hugo Monestel Tencio, in his capacity as mayor of the Municipality of El Guarco, reports under oath that \"regarding the facts alleged by the petitioner, it is necessary to point out that from this mayor's office on the fourth day of December of the current year. It is necessary to indicate that property number Dirección7413, as well as the neighboring properties, are located within a protection zone defined by the Regulatory Plan. This Administration, in a session held on July 14 of the current year, informed me about the current situation of the reported lands and the actions carried out within the scope of municipal competence. Given that there are unregistered springs at the site that were affected by illegal earthworks (movimientos de tierra), the case was referred to SINAC and the Water Directorate, competent authorities in the matter within the Ministry of Environment and Energy, for their due analysis and follow-up. Regarding the current status of the springs, this Administration carried out a joint inspection with SINAC. However, a final report has not been received from said body, given that, as recorded in the file attached to this official letter, the case is under the cognizance of the Adjacent Prosecutor's Office of Cartago. With respect to the irregular constructions, the Department of Building Control has maintained continuous follow-up on the reported property and the neighboring properties. To date, no new buildings have been identified, nor has the formalization of procedures related to construction permits been observed. This Administration has followed up on the complaints filed regarding the area, as evidenced in the file. However, it is important to note that, due to the complaint filed by SINAC before the Adjacent Prosecutor's Office of Cartago, the Municipality is prevented from continuing with the ordinary administrative demolition procedures until the judicial process reaches finality. This limitation aims to avoid potential harm to the owners in the event that, during the judicial investigation, the existence of environmental damage (afectación ambiental) on the lands is not determined, or that due to the administration's actions with the measures it takes, a greater impact to the environment is caused.\"\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary Matter. Given that Víctor Hugo Monestel Tencio, in his capacity as mayor of the Municipality of El Guarco, omitted indicating in the report rendered under oath whether the emails ...3253 and ...3254 are provided as official communication mechanisms for receiving requests from users before the Municipality of El Guarco, this fact is taken as true and this matter's constitutionality is analyzed in accordance with the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nII.- Object of the action. The petitioner, in his capacity as deputy of the Republic, states that on July 4, 2025, he sent via email official letter no. ALFPFA-36-OFI-0161-2025 to the Municipality of El Guarco, through which he requested information of interest to him; however, he complains that as of the date of filing this process, he has not received what was requested. He requests the Chamber's intervention.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na. On July 4, 2025, the petitioner, in his capacity as deputy of the Republic, sent via email to the addresses ...3253 and ...3254 official letter no. ALFPFA-36-OFI-0161-2025, by means of which he requested: \"• Are you aware of the reported facts concerning the springs (nacientes) located at property 3-266275-000 and neighboring properties? • What is the current protection status of the springs? Have the irregular constructions been halted? • Has your administration continued to follow up on the reported facts? If not, for what reasons?\" (see evidence provided);\n\nb. The emails used by the petitioner are provided as official mechanisms for receiving requests from users before the Municipality of El Guarco (undisputed fact);\n\nc. On November 28, 2025, the mayor of the Municipality of El Guarco was notified of the resolution that admitted this process (see notification record);\n\nd. By official letter no. 389-ALC-2025 of December 4, 2025, the mayor of the Municipality of El Guarco addressed the petitioner's request as follows: \"I take the liberty of referring to the case of Environmental complaints at Dirección7412, which is of utmost importance to this mayor's office and the corresponding department. 1. Are you aware of the reported facts concerning the springs (nacientes) located at property 3-266275-000 and neighboring properties? It is necessary to indicate that property number 3-266275-000, as well as the neighboring properties, are located within a protection zone defined by the Regulatory Plan. This Administration, in a session held on July 14 of the current year, informed me about the current situation of the reported lands and the actions carried out within the scope of municipal competence. Given that there are unregistered springs at the site that were affected by illegal earthworks (movimientos de tierra), the case was referred to SINAC and the Water Directorate, competent authorities in the matter within the Ministry of Environment and Energy, for their due analysis and follow-up. 2. What is the current protection status of the springs? Have the irregular constructions been halted? Regarding the current status of the springs, this Administration carried out a joint inspection with SINAC. However, a final report has not been received from said body, given that, as recorded in the file attached to this official letter, the case is under the cognizance of the Adjacent Prosecutor's Office of Cartago. With respect to the irregular constructions, the Department of Building Control has maintained continuous follow-up on the reported property and the neighboring properties. To date, no new buildings have been identified, nor has the formalization of procedures related to construction permits been observed. 3. Has your administration continued to follow up on the reported facts? If not, for what reasons? This Administration has followed up on the complaints filed regarding the area, as evidenced in the file. However, it is important to note that, due to the complaint filed by SINAC before the Adjacent Prosecutor's Office of Cartago, the Municipality is prevented from continuing with the ordinary administrative demolition procedures until the judicial process reaches finality. This limitation aims to avoid potential harm to the owners in the event that, during the judicial investigation, the existence of environmental damage (afectación ambiental) on the lands is not determined, or that due to the administration's actions with the measures it takes, a greater impact to the environment is caused.\" Said response was notified on that same day to the address he indicated for receiving notifications (see report rendered under oath and evidence provided).\n\nIV.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner, in his capacity as deputy of the Republic, states that on July 4, 2025, he sent via email official letter no. ALFPFA-36-OFI-0161-2025 to the Municipality of El Guarco, through which he requested information of interest to him; however, he complains that as of the date of filing this process, he has not received what was requested. He requests the Chamber's intervention.\n\nIn this regard, from the study of the case file, it is recorded that indeed on July 4, 2025, the petitioner, in his capacity as deputy of the Republic, sent via email to the addresses ...3253 and ...3254 official letter no. ALFPFA-36-OFI-0161-2025, by means of which he requested: \"• Are you aware of the reported facts concerning the springs (nacientes) located at Dirección7411 and neighboring properties? • What is the current protection status of the springs? Have the irregular constructions been halted? • Has your administration continued to follow up on the reported facts? If not, for what reasons?\" However, it had not been answered as of the date this action was filed, despite the fact that the ten business days referred to in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction had elapsed, which is unreasonable.\n\nNow then, it must be noted that this Tribunal in the admission resolution at 12:18 hours on November 25, 2025, made the following warning: \"Furthermore, the respondent authority shall report whether the email to which the petitioner sent the information request is provided as an official mechanism for receiving requests from users\"; however, the mayor of the sued municipality did not rule on what was requested. For the foregoing, it is taken as an undisputed fact that the email used by the petitioner is provided as an official mechanism for receiving requests from users before the sued authority.\n\nGiven the circumstances, this Tribunal verifies the injury to the fundamental rights of the amparo petitioner. Now, taking into account that it was after the notification of this action – carried out on November 28, 2025 – that the respondent authority proceeded to provide a formal response to the request in dispute. Given that from the analysis of the report rendered under the solemnity of oath and the evidence provided to the case file, it is recorded that the claimed request was addressed by means of official letter no. 389-ALC-2025 of December 4, 2025, which was duly notified to the petitioner at the address he indicated for receiving notifications – see evidence provided to the electronic file.\n\nConsequently, as the omission referred to was remedied during the processing of this process, it is appropriate to grant the action, without special condemnation regarding costs, damages, and losses.\n\nV.- On the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (\"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable\"), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges that the operative part of the ruling indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same final paragraph refers that the granting is ordered \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the claim of the amparo petitioner and the respondent authority's conduct of acknowledging it, suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt about this, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: \"any resolution that upholds the action shall abstractly condemn to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether indemnification and costs are applicable or not is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without condemnation for costs, damages, and losses.\n\nVI.- Different reasons and partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado.\n\nAlthough I concur with the majority vote, which grants the action for violation of the right to petition and prompt response, I consider that it must be upheld; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as the indemnification for the damages and losses caused, for the following reasons.\n\nThe right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve requests from the administered within a period of ten business days from the date of presentation of such requests, unless a different period for answering has been indicated. However, Article 32 cited also provides that, in the decision of the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced to consider said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the reasons for the delay in ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is indicated by the aforementioned rules.\n\nArticle 27 of the Political Constitution establishes the following:\n\n\"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution is guaranteed.\"\n\nFor its part, numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:\n\n\"When the amparo action refers to the right to petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no period indicated for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the action, the reasons adduced to consider said period insufficient may be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter.\"\n\nIn the same vein, in Law Regulating the Right to Petition No. 9097 of October 26, 2012, it is established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to keep in mind what is indicated in numeral 6 of said regulation:\n\n\"Presentation of briefs and response period.\n\nThe brief in which the petition is filed and any other documents and communications that are provided, before the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt of it, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…\".\n\nThus, in amparo actions related to the alleged violation of this right, there is an express legal norm – constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction – that orders the requested information to be provided within the ten business days following its request, as provided by Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.\n\nLikewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:\n\n\"...any resolution that upholds the action shall abstractly condemn to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nThis last norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nConsequently, in the case at hand, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified – which, incidentally, is not required for other amparo actions, except for rectification and response (numeral 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction).\n\nTherefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority's thesis, is to consider the violation of the right to petition and prompt response accredited, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for information purposes on matters of public interest, ordering the condemnation for costs, damages, and losses against the respondent authority.\n\nThus, dealing with a constitutionally endorsed period – both by the legislator, as well as by this Constitutional Tribunal – its non-compliance entails a violation of the fundamental right noted that prompted the petitioner to file this amparo action as a mechanism for obtaining the response to his request or access to the information he has required, the foregoing regardless of whether the response or delivery of information occurred before or on the occasion of the amparo action; because, it is true, the administered ultimately saw his constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo action which he was forced to file, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or access given by the respondent Administration that occurs once the period in question has expired, even when it occurs before the notification of the admission of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the notification of said admission, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by ordinals 27 and 30 Constitutional. It is clear that in that hypothesis, that untimely response implies satisfaction of the amparo petitioner's claim, but this is not an obstacle to the recognition of the damages and losses that such indolence may have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the protection of his fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nConsequently, I partially dissent, and impose on the sued party the payment of costs, damages, and losses.\n\nVII.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: \"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\"\n\nMy interpretation of this norm is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo action is not indemnificatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: \"Any resolution that upholds the action shall abstractly condemn to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so confirms it, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the abstract condemnation of these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this process – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, as it corresponds only to him to take as proven the real existence and the magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber convicts in costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and I order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.\n\nVIII.- Documentation provided to the file. This Chamber must warn the petitioner that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office, within a period of 30 business days, after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is granted without special condemnation for costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado sets forth different reasons and partially dissents, solely for indemnification purposes, and imposes on the sued party the payment of costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not for costs. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nGVWOS247EJIK61\n\nFILE N° 25-035903-0007-CO\n\nTelephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:03:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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