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  "id": "nexus-sen-1-0007-1365753",
  "citation": "Res. 01647-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por falta de pago de salarios a juez suplente del TAA",
  "title_en": "Amparo for Non-Payment of Salaries to Alternate TAA Judge",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un juez suplente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Dirección General de Servicio Civil. El recurrente reclamó la falta de pago de sus salarios correspondientes a múltiples nombramientos realizados entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, atribuyendo la demora a la tramitación de la escala salarial global ante el Servicio Civil y MIDEPLAN. La Sala determinó que, respecto a los nombramientos de noviembre y diciembre de 2024 y varios de 2025, el reclamo era inadmisible por extemporáneo, al superar el plazo de dos meses del artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sobre otros períodos reclamados, la Sala consideró prematuro el recurso, pues al momento de su interposición no había transcurrido un plazo irrazonable de impago según su jurisprudencia (más de dos quincenas). Sin embargo, en relación con los nombramientos de junio a agosto de 2025, la Sala constató que, tras la notificación del auto inicial del amparo al MINAE, se realizaron las gestiones que culminaron con el pago de los salarios adeudados correspondientes a enero-octubre de 2025. Por ello, declaró parcialmente con lugar el recurso en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, únicamente en lo que respecta al MINAE y por esos períodos. La mayoría de la Sala sostuvo la procedencia de la condenatoria, mientras que el magistrado Salazar y la magistrada Garro emitieron votos concurrentes con razones diferentes sobre la condena en costas y daños.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by an alternate judge of the Administrative Environmental Tribunal (TAA) against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the Directorate General of Civil Service. The petitioner claimed non-payment of salaries for multiple appointments between November 2024 and October 2025, attributing the delay to the processing of a global salary scale before the Civil Service and MIDEPLAN. The Chamber found that claims for appointments from November–December 2024 and several in 2025 were inadmissible as time-barred, exceeding the two-month limit under Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law. For other periods, the amparo was deemed premature, as an unreasonable delay (over two pay periods) had not elapsed per its jurisprudence. However, regarding appointments from June to August 2025, the Chamber noted that after the MINAE was notified of the initial amparo order, it took steps that led to payment of salaries owed for January–October 2025. Consequently, the amparo was partially granted under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, solely against MINAE for those periods, with the State ordered to pay costs and damages. The majority found the condemnation appropriate, while Judges Salazar and Garro concurred with separate reasoning on the award of costs and damages.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "16/01/2026",
  "year": "2026",
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    "procedural-environmental"
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    "recurso de amparo",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "Tribunal Ambiental Administrativo",
    "salario global",
    "derechos pecuniarios",
    "condenatoria en abstracto",
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    "pago de salario",
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    "Dirección General de Servicio Civil",
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    "salario global",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "costas daños y perjuicios",
    "derecho fundamental al salario",
    "Sala Constitucional",
    "plazo razonable de pago",
    "extemporaneidad del amparo",
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  "keywords_en": [
    "amparo action",
    "salary payment",
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    "Administrative Environmental Tribunal",
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    "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law",
    "costs and damages",
    "fundamental right to salary",
    "Constitutional Chamber",
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    "time-barred amparo",
    "Article 35 Constitutional Jurisdiction Law",
    "abstract condemnation",
    "dissenting vote"
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  "excerpt_es": "VIII.- Finalmente, se demostró que el 21 de noviembre de 2025, luego de notificado el auto inicial del recurso de amparo al MINAE, se pagó al tutelado el salario correspondiente a los nombramientos efectuados del mes de enero a octubre de 2025.  Como fue con ocasión del recurso que se dispuso lo pertinente con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte amparada, se impone declararlo con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se especifican más adelante.\n\nIX.-Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada-sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios\n\nX.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso de amparo, solo en lo que respecta al MINAE, por la la falta de pago del salario correspondiente a los siguientes nombramientos: 16, 17 y 18 de junio de 2025; el 20 de junio de 2025; el 24 de junio de 2025; el 1° de julio de 2025; el 10 y 11 de julio de 2025; el 18 de julio de 2025; el 4 de agosto de 2025; el 19 de agosto de 2025; y el 22 de agosto de 2025; en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de la presente sentencia.",
  "excerpt_en": "VIII.- Finally, it was shown that on November 21, 2025, after the initial order of the amparo was notified to MINAE, the petitioner was paid the salary corresponding to the appointments made from January to October 2025. Since it was on the occasion of the amparo that the relevant actions were taken in order to safeguard the fundamental rights of the protected party, it is necessary to grant it, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences specified below.\n\nIX.- Regarding the condemnation for costs and damages in the specific case. For the reasons extensively set forth in the corresponding judgments, the majority opinion of this Chamber is that when the granting of an amparo is based on the application of the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, i.e., because the challenged act was revoked, suspended, or stopped after notification of the amparo’s admission, such granting must be without a special condemnation for costs and damages. However, upon better consideration and as an exceptional thesis, it must be noted that when the amparo specifically concerns a directly patrimonial situation strictly related to the protection of pecuniary rights – that is, the omission of salary payment or benefits that the interested person is entitled to by right – the full application of the granting of the amparo is appropriate, including the corresponding condemnation for costs and damages, as such condemnation serves as a guarantee that the debt may be honored by the Administration – ex officio or at the party’s request – with the appropriate update or indexation to be determined in the ordinary legal sphere, in the respective enforcement proceeding of the constitutional judgment. For this reason, in the case under study, the condemnation for costs and damages is indeed appropriate.\n\nX.- Conclusion. Under this set of circumstances, the amparo must be partially granted, only with respect to MINAE, for the lack of payment of salaries corresponding to the following appointments: June 16, 17, and 18, 2025; June 20, 2025; June 24, 2025; July 1, 2025; July 10 and 11, 2025; July 18, 2025; August 4, 2025; August 19, 2025; and August 22, 2025; applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences specified in the operative part of this judgment.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The amparo is partially granted only against MINAE for non-payment of salaries for appointments from June to August 2025, with the State condemned to pay costs and damages; the remaining claims are dismissed.",
    "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el amparo solo respecto al MINAE, por la falta de pago de salarios correspondientes a los nombramientos de junio a agosto de 2025, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios; el resto se declara sin lugar."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "… this Court has held that a constitutional violation only occurs when an unreasonable period has elapsed between the provision of services and the corresponding payment.",
      "quote_es": "… este Tribunal ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente."
    },
    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "Since it was on the occasion of the amparo that the relevant actions were taken in order to safeguard the fundamental rights of the protected party, it is necessary to grant it, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
      "quote_es": "Como fue con ocasión del recurso que se dispuso lo pertinente con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte amparada, se impone declararlo con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
    },
    {
      "context": "Considerando IX",
      "quote_en": "… when the amparo specifically concerns a directly patrimonial situation strictly related to the protection of pecuniary rights – that is, the omission of salary payment or benefits that the interested person is entitled to by right – the full application of the granting of the amparo is appropriate, including the corresponding condemnation for costs and damages.",
      "quote_es": "… cuando el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios."
    },
    {
      "context": "Razones diferentes magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has found the violation proven; as a consequence, the need for a condemnation for costs and damages arises.",
      "quote_es": "El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1365753",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01647 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 16 de Enero del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-030509-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-030509-0007-CO\n\nRes. Nº 2026001647\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de enero de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre104630, cédula de identidad CED14824, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.\n\nResultando:\n\n1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:48 horas de 3 de octubre de 2025, Nombre104630 presentó un recurso de amparo en contra del MINAE y la Dirección General del Servicio Civil.  El recurrente, quien afirmó haber sido nombrado juez suplente del Tribunal Ambiental Administrativo, reclamó que por la demora de la Dirección General del Servicio Civil en resolver una gestión que le fuera remitida por el Nombre534 desde el mes de setiembre de 2025, no se le ha pagado nombramientos realizados como juez suplente desde octubre de 2024. En el escrito agregado al expediente digital a las 16:11 horas de 13 de octubre de 2025, detalló que los nombramientos que se le adeudan son: a) del 11 al 15 de noviembre de 2024; b) del 18 al 20 de noviembre de 2024; c) medio día del 4 de diciembre de 2024; d) del 9 al 13 de diciembre de 2024; e) el 20 de diciembre de 2024; f) del 19 de febrero al 19 de marzo de 2025; g) el 12 de febrero de 2025; h) el 3 y 4 de abril de 2025; i) el 23 de mayo de 2025; j) 16, 17 y 18 de junio de 2025; k) el 20 de junio de 2025; l) el 24 de junio de 2025; m) el 1° de julio de 2025; n) el 10 y 11 de julio de 2025; ñ) el 18 de julio de 2025; o) el 4 de agosto de 2025; p) el 19 de agosto de 2025; q) el 22 de agosto de 2025; r) el 3 de setiembre de 2025; s) del 17 al 19 de setiembre de 2025; t) del 14 al 15 de octubre de 2025. Solicitó que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante el auto de las 07:54 horas de 21 de octubre de 2025, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado al Ministro y Director de Recursos Humanos del MINAE, así como al Director General de Servicio Civil.\n\n3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 15:18 horas de 28 de octubre de 2025, Carlos Eduardo Calvo Coto, Directora General a.i. del Servicio Civil, informó: “(…) sobre los hechos alegados por el recurrente que aluden a que esta Dirección General incumplió el plazo de respuesta para resolver lo peticionado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, es oportuno indicar que el 2 de septiembre del año en curso, ese ente ministerial remitió al Despacho de la Dirección General de Servicio Civil el Oficio N° CARTA-MIDEPLAN-DM-0808-2025 de esa misma data, solicitando nuestro criterio como órgano técnico especializado respecto a la propuesta del Ministerio de Ambiente y Energía sobre la clasificación para agrupar los puestos de Presidente y Miembro del Tribunal Ambiental Administrativo. Lo anterior, con la finalidad de validar esa clase y proceder con la propuesta del salario global correspondiente, conforme con la metodología de valoración establecida en la Ley Marco de Empleo Público. Posteriormente, el 3 de septiembre del presente año dicha solicitud fue remitida por este Despacho al Área de Organización de Trabajo y Compensaciones, para su atención. Producto de lo anterior, esa Área luego de realizar un análisis exhaustivo emitió el Informe Técnico N° DGSC-AOTC-UCOM-17-2025 del 9 de octubre de 2025, denominado “Asignación de Salario Global para la clase de puesto de Juez (Presidente y Miembro) del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía” ; informe que fue remitido vía correo electrónico en esa misma data al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para su análisis, valoración y toma de decisiones. Informe que fue debidamente recibido por ese ente ministerial para su análisis, según consta en el Oficio N° CARTAMIDEPLAN-DM-0977-2025 del 20 de octubre de 2025, suscrito por el señor Ministro de Planificación Nacional y Política Económica. En adición a lo expuesto, es necesario clarificar a esa respetable Sala que aunque el recurrente señala que esta Dirección General no brindó una respuesta célere a la solicitud realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, lo cierto es que debe considerarse que dicha solicitud conllevó un trámite extenso y complejo que requirió el análisis de diversas fuentes de información, tal y como se puede constatar en las páginas 4 y 5 del informe N° INFORME-DGSC-AOTC-UCOM-17-2025, ya referenciado; es decir dicho trámite revestía un alto grado de complejidad, máxime si se considera que ese criterio impactaría no solo las finanzas públicas, sino además los derechos salariales de un grupo de personas funcionarias. Situación que fue puesta en conocimiento del recurrente y del Ministerio de Ambiente y Energía con el correo electrónico del 3 de octubre de 2025 (…)” (sic).\n\n4.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:24 horas de 29 de octubre de 2025, Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, informó: “(…) entiende esta representación que las diligencias que se encontraba realizando desde hace varias semanas el Servicio Civil y que hasta este momento mantenían en indefensión los derechos constitucionales del señor Nombre104630, se han materializado finalmente y ahora le corresponde a Nombre534 realizar el acto final del asunto que nos ocupa y comunicar, cuál es la escala salarial de los jueces del Tribunal Ambiental Administrativo y para que este Ministerio proceda a cancelar los rubros adeudados a los jueces suplentes (…) Resulta de suma importancia poner en conocimiento de esta honorable autoridad que la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del SINAC requiere la determinación de la escala salarial bajo el esquema de salario global aplicable a los jueces del Tribunal Ambiental Administrativo, para efectos de sus competencias institucionales. Asimismo, este Ministerio no ha incurrido en ninguna dilación innecesaria, toda vez que nos encontramos a la espera de lo que resolverá el Ministerio de Planificación y Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (…)” (sic).\n\n5.- Mediante el documento agregado al expediente digital a las 11:31 horas de 4 de noviembre de 2025, la Secretaría de la Sala Constitucional hizo constar que no aparece que del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2025, el Director de Recursos Humanos del MINAE, haya presentado escrito o documento alguno para rendir el informe que se le ordenó.\n\n6.- Por medio del auto de las 16:01 horas de 10 de diciembre de 2025, se dispuso ampliar el auto inicial para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, rindiera informe.\n\n7.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:23 horas de 18 de diciembre de 2025, Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, citó el oficio No. MINAE-DGIRH-OF-0462-2025 de 16 de diciembre de 2025, suscrito por la Directora de Gestión Institucional de Recursos Humanos: “(…) 1- Importante indicar que mediante la Directriz No.012-2025-PLAN publicada en la Gaceta el día miércoles 29 de octubre de 2025 se recibe por parte de Nombre534 la debida asignación de los salarios de jueces para la escala de salario global, por ende, se pudo iniciar las gestiones de pago correspondientes. 2- Los cálculos correspondientes a Nombre104630 fueron realizados por el Proceso de Gestión de la Compensación, desde la fecha de recepción de la documentación y son finalizados el día 12 de noviembre de 2025. 3- El Pago del señor Nombre104630 del año 2025, al ser funcionario del SINAC y no estar registrado en nuestro sistema, se emitieron las resoluciones internas MINAE-DGIRH-R-0152-2025 (enero a octubre 2025) y MINAE-DGIRH-R-0164-2025 (noviembre y diciembre 2025), Ambas incluidas en el módulo de Resoluciones Administrativas del sistema INTEGRA. 4- Para el caso de la Resolución MINAE-DGIRH-R-0152-2025 (enero a octubre 2025), el 21 de noviembre de 2025 le fueron cancelados al señor Nombre104630 un monto líquido de ¢1.249.344,77 (un millón doscientos cuarenta nueve mil trescientos cuarenta cuatro colones con setenta siete céntimos) 5- Para el caso de la Resolución MINAE-DGIRH-R-0164-2025 (noviembre y diciembre 2025), el día de ayer 15 de diciembre de 2025, se procesó por medio del sistema de pagos Integra la corrida de este proceso de pago, se espera que en el trascurso de esta semana la Tesorería Nacional haga el formal giro de los fondos, por este tiempo se pagó un total líquido de ¢133.126,90 (ciento treinta y tres mil ciento veintiséis colones con noventa céntimos). 6- Para las diferencias por suplencias del año 2024, se elaboró la resolución MINAE-DGIRH-R-0156- 2025, esta fue remitida el 14 de noviembre a la Dirección de Asesoría Jurídica para revisión e inclusión en el sistema VUI del Ministerio de la Presidencia, a fin de obtener la firma del Presidente de la República y del Jerarca Institucional, dado que corresponden a pagos de años anteriores, esta fue incluida con el consecutivo VUI-77.1_40101 y corresponde a un monto líquido de ¢¢262.698,27 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y ocho colones con veintisiete céntimos). Dicha resolución se encuentra pendiente de firma. 7- Esta Dirección únicamente se encuentra atenta a la recepción de la resolución pendiente del para el pago de las diferencias del año 2024, esto para continuar con las gestiones de pago respectivas, para los registros al día de cierre de la última resolución se encuentra el año 2025 saldado (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Subrayó: “(…) este Ministerio, mediante la Directora Gestión Institucional de Recursos Humanos, ha llevado a cabo todas las diligencias necesarias para realizar el efectivo pago de las suplencias como juez del Tribunal Ambiental Administrativo al funcionario Nombre104630, y escapa a nuestro alcance el tiempo para las firmas de la resolución administrativa MINAEDGIRH-R-0156-2025, ante la Dirección de Leyes y Decretos. Sin embargo, se espera para el cierre de esta semana poder honrar el pago adeudado al funcionario recurrente (…)” (sic).\n\n8.- Mediante el documento agregado al expediente digital a las 07:19 horas de 7 de enero de 2025, la Secretaría de la Sala Constitucional hizo constar que no aparece que del 30 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, el (la) Ministro (a) de Planificación Nacional y Política Económica, haya presentado escrito o documento alguno para rendir el informe que se le ordenó.\n\n9.- Por medio de los escritos agregados al expediente digital a las 18:31 horas de 8 de enero de 2025 y a las 11:41 horas de 9 de enero de 2026, Marlo Andrés Navarro Álvarez, Ministro de Planificación y Política Económica informó: “(…) Por lo anterior, Nombre534 recibió la información técnica correspondiente por parte de la DGSC en fecha del 09 de octubre de 2025, esto mediante oficio N° DGSC-AOTC-UCOM17-2025, suscrito por la señora Gabriela Serrano Chinchilla, Directora del Área de Organización del Trabajo y Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil. Una vez completado el análisis técnico y jurídico correspondiente, Nombre534 emitió la directriz administrativa respectiva, mediante la cual se definió formalmente la escala salarial aplicable a dichos cargos, oficializando la misma mediante la Directriz N° 012- 2025-PLAN, publicada en La Gaceta N° 203 del 29 de octubre de 2025. Cumpliéndose de esta manera con los principios de publicidad, transparencia y eficacia administrativa, así como los postulados de la Ley Marco de Empleo Público, tal y como puede verse a continuación (…) Una vez publicada la Directriz N° 012-2025-PLAN, mediante La Gaceta N° 203 del 29 de octubre de 2025, este Despacho Ministerial procedió a comunicar al aquí recurrente la oficialización de dicha gestión administrativa, para que así la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía culminará el trámite pendiente, realizando los reconocimientos salariales que se encontraran pendientes a favor del aquí recurrente. Dicha comunicación fue realizada en fecha del mismo día de la publicación supra citada, siendo el 29 de octubre del año 2025 y realizada el correo electrónico mario.hidalgo @sinac.go.cr (…) Razón por la cual, el aquí recurrente tuvo conocimiento inmediato de la publicación referida, razón por la cual no es procedente alegar una conducta omisiva y dilatoria por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así como tampoco violación alguna del derecho a una justicia pronta y cumplida, al derecho de petición y pronta resolución, en el tanto que este ministerio ya cumplido con sus competencias legales, tal y como ha sido aquí demostrado (…) Para el caso que nos ocupa, a partir del 29 de octubre de 2025, la determinación salarial quedó plenamente formalizada y comunicada al resto de las instituciones competentes, correspondiendo a cada una de ellas -en el ámbito de sus propias competencias-, realizar las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para el reconocimiento y eventual pago de los rubros correspondientes. Constatándose de esta manera como Nombre534 ha cumplido con sus competencias legales dentro del marco jurídico aplicable (…) Pretender atribuir a Nombre534 la responsabilidad por la falta de pago alegada implicaría desnaturalizar su rol rector y vulnerar el principio de legalidad administrativa, trasladándole competencias que el ordenamiento jurídico no le ha conferido. En el caso concreto, una vez emitida y publicada la directriz que fija la escala salarial aplicable a los jueces del Tribunal Ambiental Administrativo, corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía y a las dependencias administrativas competentes realizar las gestiones necesarias para la aplicación práctica de dicha escala, incluyendo las acciones presupuestarias y administrativas que resulten procedentes. Estas actuaciones se ubican fuera del ámbito competencial de Nombre534 y dependen exclusivamente de la gestión interna de las instituciones involucradas. Este mismo ente de constitucionalidad ha sido insistente en señalar que no puede imputarse responsabilidad constitucional a una autoridad cuando esta ha actuado dentro de sus competencias y ha cumplido con las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico. En este sentido, Nombre534 ha observado estrictamente el marco legal vigente, ejerciendo su función rectora sin invadir competencias ajenas ni incurrir en inactividad administrativa. Por ende, desde la perspectiva del principio de competencia y del diseño institucional del empleo público, no resulta jurídicamente válido atribuir a este Ministerio la supuesta vulneración alegada por la parte recurrente (…)” (sic).\n\n10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso. El recurrente, quien afirmó haber sido nombrado juez suplente del Tribunal Ambiental Administrativo, reclamó que por la demora de la Dirección General del Servicio Civil en resolver una gestión que le fuera remitida por el Nombre534 desde el mes de setiembre de 2025, no se le ha pagado nombramientos realizados como juez suplente desde octubre de 2024. En concreto, los nombramientos que se le adeudan son: a) del 11 al 15 de noviembre de 2024; b) del 18 al 20 de noviembre de 2024; c) medio día del 4 de diciembre de 2024; d) del 9 al 13 de diciembre de 2024; e) el 20 de diciembre de 2024; f) del 19 de febrero al 19 de marzo de 2025; g) el 12 de febrero de 2025; h) el 3 y 4 de abril de 2025; i) el 23 de mayo de 2025; j) 16, 17 y 18 de junio de 2025; k) el 20 de junio de 2025; l) el 24 de junio de 2025; m) el 1° de julio de 2025; n) el 10 y 11 de julio de 2025; ñ) el 18 de julio de 2025; o) el 4 de agosto de 2025; p) el 19 de agosto de 2025; q) el 22 de agosto de 2025; r) el 3 de setiembre de 2025; s) del 17 al 19 de setiembre de 2025; t) del 14 al 15 de octubre de 2025.\n\nII.- Cuestión preliminar. El (la) Director (a) de Recursos Humanos del MINAE omitió rendir el informe que se le ordenó, razón por la cual, en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tuvo por ciertos los hechos en lo que a dicho (a) funcionario (a) atañe, y se resuelve el recurso de amparo a partir de los elementos de juicio que constan en el expediente.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1.    El tutelado fue designado como Juez suplente del Tribunal Ambiental Administrativo (ver el informe rendido por el Ministro de Ambiente y Energía, agregado al expediente digital).\n\n2.    El 2 de setiembre de 2025, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) envió a la Dirección General del Servicio Civil, el oficio No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0808-2025, solicitando criterio técnico especializado respecto a la propuesta del MINAE sobre la clasificación para agrupar los puestos de Presidente y miembros del Tribunal Ambiental Administrativo, con la finalidad de validar esa clase y proceder con la propuesta de salario global correspondiente (ver el informe rendido por el Director General a.i. de Servicio Civil, así como la prueba aportada, agregados al expediente digital).\n\n3.    El 3 de octubre de 2025, se presentó el recurso de amparo (los autos).\n\n4.     El 9 de octubre de 2025, la Dirección General de Servicio Civil remitió al Nombre534 el informe técnico No. DGSC-AOTC-UCOM-17-2025 denominado “Asignación de Salario Global para la clase de puesto de Juez (Presidente y Miembro) del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía” (ver el informe rendido por el Director General a.i. de Servicio Civil, así como la prueba aportada, agregados al expediente digital).\n\n5.    Mediante el oficio No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0977-2025 de 20 de octubre de 2025, el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica confirmó la recepción del informe para su análisis (ver el informe rendido por el Director General a.i. de Servicio Civil, así como la prueba aportada, agregados al expediente digital).\n\n6.    El 22 de octubre de 2025, se notificó al Ministro de Ambiente y Energía el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).\n\n7.    El 23 de octubre de 2025, se notificó a la Dirección de Recursos Humanos del MINAE, el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).\n\n8.    El 23 de octubre de 2025, se notificó a la Dirección General del Servicio Civil el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).\n\n9.    El 29 de octubre de 2025, Nombre534 publicó la directriz No. 12-2025-PLAN, con la debida asignación de los salarios de los jueces para la escala de salario global, con lo que se iniciaron las gestiones de pago correspondientes (ver el oficio No. MINAE-DGIRH-OF-0462-2025, agregado al expediente digital).\n\n10.  El 21 de noviembre de 2025, se pagó al tutelado el salario correspondiente a los nombramientos efectuados del mes de enero a octubre de 2025 (ver el oficio No. MINAE-DGIRH-OF-0462-2025, agregado al expediente digital).\n\n11.  El 24 de diciembre de 2025, se notificó al Ministro de Nombre534 el auto de ampliación del recurso de amparo (ver el acta de notificación, agregada al expediente digital).\n\nIV.- Sobre los retrasos en el pago del salario. En relación con este tema, este Tribunal en la sentencia No. 2019-019160 de las 09:20 horas de 4 de octubre de 2019 (reiterada en la sentencia No. 2020-006781 de las 09:20 horas de 3 de abril de 2020), dispuso:\n\n “(…) Ahora bien, la tutelada también acusa que no le pagaron la primera quincena de enero (..). Ciertamente el salario es un derecho de rango constitucional del trabajador y una obligación para el patrono; no obstante, este Tribunal ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente (véase, entre otras, sentencias 2005-11159 de las 16:24 horas del 23 de agosto de 2005, 2006-09871 de las 13:23 horas del 7 de julio de 2006 y 2008-8048 de las 17:05 horas del 13 de mayo de 2008). Lo anterior encuentra justificación en cuanto, de no fijar un parámetro razonable, incluso un día de atraso daría pie a un recurso de amparo, sin darle oportunidad al patrono de corregir la falta oportunamente (…). En este sentido, dado que en el caso en estudio no se ha producido un retraso en el pago superior a las dos quincenas —plazo que la Sala ha estimado en su jurisprudencia como excesivo e irrazonable, conforme las sentencias N° 2009-04928 de las catorce horas y treinta y seis minutos del veinte de marzo del dos mil nueve,  Nº 2010004138 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez y N° 2010004192 de las doce horas y treinta y nueve minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez—,  el presente amparo debe ser desestimado por prematuro (…)” (el énfasis no pertenece al original).\n\nV.- Sobre la supuesta falta de pago del salario correspondiente a los siguientes nombramientos: a) del 11 al 15 de noviembre de 2024; b) del 18 al 20 de noviembre de 2024; c) medio día del 4 de diciembre de 2024; d) del 9 al 13 de diciembre de 2024; e) el 20 de diciembre de 2024; f) del 19 de febrero al 19 de marzo de 2025; g) el 12 de febrero de 2025; h) el 3 y 4 de abril de 2025; i) el 23 de mayo de 2025. Este Tribunal al resolver un caso similar al presente, en la sentencia No. 2025-009286 de las 11:15 horas de 25 de marzo de 2025, estimó lo siguiente:\n\n“(…) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “el recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que el reclamo planteado por el accionante resulta improcedente, pues acude ante esta Sala en marzo de 2025, a cuestionar la falta de pago de salarios de los meses de junio y octubre de 2024. Esto, por cuanto en el momento en que el accionante recurre ante este Tribunal, ya se había superado sobradamente el plazo previsto por el numeral antes citado. Por lo anterior, el recurso debe rechazarse (…)” (sic).\n\n Las anteriores consideraciones son plenamente aplicables al sub examine. En efecto, los periodos apuntados cuya falta de pago de salario se reclama, superan el plazo establecido en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el criterio jurisprudencial expuesto en el considerando IV, por lo que este extremo debe ser desestimado.\n\n VI.- Sobre la supuesta falta de pago del salario correspondiente a los siguientes nombramientos: r) el 3 de setiembre de 2025; s) del 17 al 19 de setiembre de 2025; t) del 14 al 15 de octubre de 2025. El recurrente adujo que no se le ha pagado el salario correspondiente a los nombramientos como Juez del Tribunal Ambiental Administrativo del 3 de setiembre de 2025, del 17 al 19 de setiembre de 2025, y del 14 al 15 de octubre de 2025. No obstante, el recurso de amparo fue planteado el 3 de octubre de 2025, fecha para la cual no había transcurrido el plazo establecido en el criterio jurisprudencial que se expone en el considerando IV de esta sentencia. Por consiguiente, en cuanto a estos extremos, el recurso de amparo deviene prematuro.\n\n  VII.- Sobre la supuesta falta de pago del salario correspondiente a los siguientes nombramientos: j) 16, 17 y 18 de junio de 2025; k) el 20 de junio de 2025; l) el 24 de junio de 2025; m) el 1° de julio de 2025; n) el 10 y 11 de julio de 2025; ñ) el 18 de julio de 2025; o) el 4 de agosto de 2025; p) el 19 de agosto de 2025; q) el 22 de agosto de 2025. De la relación de hechos probados se desprende que el tutelado fue designado como Juez suplente del Tribunal Ambiental Administrativo. Consta que el 2 de setiembre de 2025, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) envió a la Dirección General del Servicio Civil, el oficio No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0808-2025, solicitando criterio técnico especializado respecto a la propuesta del MINAE sobre la clasificación para agrupar los puestos de Presidente y miembros del Tribunal Ambiental Administrativo, con la finalidad de validar esa clase y proceder con la propuesta de salario global correspondiente. El 9 de octubre de 2025, antes que se le notificara el auto inicial de este proceso, la Dirección General de Servicio Civil remitió al Nombre534 el informe técnico No. DGSC-AOTC-UCOM-17-2025 denominado “Asignación de Salario Global para la clase de puesto de Juez (Presidente y Miembro) del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía”.  Mediante el oficio No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0977-2025 de 20 de octubre de 2025, el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica confirmó la recepción del informe para su análisis. El 29 de octubre de 2025, antes que se le notificara el auto de ampliación del recurso, Nombre534 publicó la directriz No. 12-2025-PLAN, con la debida asignación de los salarios de los jueces para la escala de salario global, con lo que se inician las gestiones de pago correspondientes.\n\n VIII.- Finalmente, se demostró que el 21 de noviembre de 2025, luego de notificado el auto inicial del recurso de amparo al MINAE, se pagó al tutelado el salario correspondiente a los nombramientos efectuados del mes de enero a octubre de 2025.  Como fue con ocasión del recurso que se dispuso lo pertinente con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte amparada, se impone declararlo con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se especifican más adelante.\n\n  IX.-Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada-sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios\n\nX.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso de amparo, solo en lo que respecta al MINAE, por la la falta de pago del salario correspondiente a los siguientes nombramientos: 16, 17 y 18 de junio de 2025; el 20 de junio de 2025; el 24 de junio de 2025; el 1° de julio de 2025; el 10 y 11 de julio de 2025; el 18 de julio de 2025; el 4 de agosto de 2025; el 19 de agosto de 2025; y el 22 de agosto de 2025; en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de la presente sentencia.\n\nXI.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o  judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se  declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.  Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la  indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas  del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEl artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una\n\ncondenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nXII.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas, respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.\n\nEn consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.\n\nXIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solo en lo que respecta al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la falta de pago del salario correspondiente a los siguientes nombramientos: 16, 17 y 18 de junio de 2025; el 20 de junio de 2025; el 24 de junio de 2025; el 1° de julio de 2025; el 10 y 11 de julio de 2025; el 18 de julio de 2025; el 4 de agosto de 2025; el 19 de agosto de 2025; y el 22 de agosto de 2025. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. En todo lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n RRLRL47QARYY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-030509-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:04:55.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 01647 - 2026\n\nDate of Resolution: January 16, 2026 at 09:20\n\nCase File: 25-030509-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-030509-0007-CO\n\nRes. No. 2026001647\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the sixteenth of January of two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal filed by Nombre104630, identity card CED14824, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, and the DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.\n\nWhereas:\n\n1.- Through the document added to the digital case file at 14:48 hours on October 3, 2025, Nombre104630 filed an amparo appeal against MINAE and the Dirección General del Servicio Civil. The appellant, who stated having been appointed as a substitute judge of the Tribunal Ambiental Administrativo, claimed that due to the delay of the Dirección General del Servicio Civil in resolving a matter referred to it by Nombre534 since September 2025, he has not been paid for appointments made as a substitute judge since October 2024. In the document added to the digital case file at 16:11 hours on October 13, 2025, he detailed that the appointments owed to him are: a) from November 11 to 15, 2024; b) from November 18 to 20, 2024; c) half a day on December 4, 2024; d) from December 9 to 13, 2024; e) December 20, 2024; f) from February 19 to March 19, 2025; g) February 12, 2025; h) April 3 and 4, 2025; i) May 23, 2025; j) June 16, 17, and 18, 2025; k) June 20, 2025; l) June 24, 2025; m) July 1, 2025; n) July 10 and 11, 2025; ñ) July 18, 2025; o) August 4, 2025; p) August 19, 2025; q) August 22, 2025; r) September 3, 2025; s) from September 17 to 19, 2025; t) from October 14 to 15, 2025. He requested that the appeal be granted.\n\n2.- By means of the order at 07:54 hours on October 21, 2025, the amparo appeal was admitted and notice was given to the Minister and the Director of Recursos Humanos of MINAE, as well as to the Director General de Servicio Civil.\n\n3.- Through the document added to the digital case file at 15:18 hours on October 28, 2025, Carlos Eduardo Calvo Coto, Acting Director General of Servicio Civil, reported: “(…) regarding the facts alleged by the appellant that allude to this Dirección General having failed to meet the response deadline to resolve the request made by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, it is appropriate to indicate that on September 2 of the current year, that ministerial entity sent to the Office of the Dirección General de Servicio Civil Official Letter No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0808-2025 of that same date, requesting our criterion as a specialized technical body regarding the proposal from the Ministerio de Ambiente y Energía on the classification to group the positions of President and Member of the Tribunal Ambiental Administrativo. The foregoing, for the purpose of validating that class and proceeding with the proposal for the corresponding global salary, in accordance with the valuation methodology established in the Ley Marco de Empleo Público. Subsequently, on September 3 of this year, said request was referred by this Office to the Área de Organización de Trabajo y Compensaciones, for its attention. As a result of the foregoing, that Area, after conducting an exhaustive analysis, issued Technical Report No. DGSC-AOTC-UCOM-17-2025 of October 9, 2025, entitled 'Asignación de Salario Global para la clase de puesto de Juez (Presidente y Miembro) del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía'; a report that was sent via email on that same date to the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica for its analysis, assessment, and decision-making. A report that was duly received by that ministerial entity for its analysis, as stated in Official Letter No. CARTAMIDEPLAN-DM-0977-2025 of October 20, 2025, signed by the Minister of Planificación Nacional y Política Económica. In addition to the above, it is necessary to clarify to this esteemed Chamber that although the appellant indicates that this Dirección General did not provide a prompt response to the request made by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, the truth is that it must be considered that said request involved an extensive and complex process that required the analysis of various sources of information, as can be verified on pages 4 and 5 of report No. INFORME-DGSC-AOTC-UCOM-17-2025, already referenced; that is, said process was highly complex, especially considering that this criterion would impact not only public finances but also the salary rights of a group of public officials. A situation that was made known to the appellant and to the Ministerio de Ambiente y Energía with the email of October 3, 2025 (…)” (sic).\n\n4.- Through the document added to the digital case file at 11:24 hours on October 29, 2025, Franz Tattenbach Capra, Minister of Ambiente y Energía, reported: “(…) this representation understands that the procedures that the Servicio Civil had been carrying out for several weeks and that until this moment kept the constitutional rights of Mr. Nombre104630 defenseless, have finally materialized and it is now the responsibility of Nombre534 to carry out the final act of the matter at hand and communicate the salary scale for the judges of the Tribunal Ambiental Administrativo so that this Ministry can proceed to pay the amounts owed to the substitute judges (…) It is of utmost importance to inform this honorable authority that the Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos of SINAC requires the determination of the salary scale under the global salary scheme applicable to the judges of the Tribunal Ambiental Administrativo, for the purposes of its institutional powers. Likewise, this Ministry has not incurred any unnecessary delay, as we are awaiting the resolution of the Ministerio de Planificación y Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (…)” (sic).\n\n5.- Through the document added to the digital case file at 11:31 hours on November 4, 2025, the Secretariat of the Sala Constitucional recorded that it does not appear that, from October 23 to November 3, 2025, the Director de Recursos Humanos of MINAE submitted any document or brief to render the report that was ordered.\n\n6.- By means of the order at 16:01 hours on December 10, 2025, it was decided to extend the initial order so that the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica could render a report.\n\n7.- Through the document added to the digital case file at 14:23 hours on December 18, 2025, Franz Tattenbach Capra, Minister of Ambiente y Energía, cited official letter No. MINAE-DGIRH-OF-0462-2025 of December 16, 2025, signed by the Directora de Gestión Institucional de Recursos Humanos: “(…) 1- It is important to indicate that through Directive No.012-2025-PLAN published in the Gaceta on Wednesday, October 29, 2025, the proper assignment of judges' salaries for the global salary scale is received from Nombre534, therefore, the corresponding payment procedures could be initiated. 2- The calculations corresponding to Nombre104630 were carried out by the Proceso de Gestión de la Compensación, from the date of receipt of the documentation and were completed on November 12, 2025. 3- For the payment to Mr. Nombre104630 for the year 2025, as he is an official of SINAC and not registered in our system, internal resolutions MINAE-DGIRH-R-0152-2025 (January to October 2025) and MINAE-DGIRH-R-0164-2025 (November and December 2025) were issued. Both included in the Administrative Resolutions module of the INTEGRA system. 4- In the case of Resolution MINAE-DGIRH-R-0152-2025 (January to October 2025), on November 21, 2025, a net amount of ¢1,249,344.77 (one million two hundred forty-nine thousand three hundred forty-four colones with seventy-seven cents) was paid to Mr. Nombre104630. 5- In the case of Resolution MINAE-DGIRH-R-0164-2025 (November and December 2025), yesterday, December 15, 2025, the processing run for this payment process was processed through the Integra payment system, and it is expected that during this week the Tesorería Nacional will make the formal transfer of funds; for this period a total net amount of ¢133,126.90 (one hundred thirty-three thousand one hundred twenty-six colones with ninety cents) was paid. 6- For the differences for substitutions for the year 2024, resolution MINAE-DGIRH-R-0156-2025 was prepared; this was sent on November 14 to the Dirección de Asesoría Jurídica for review and inclusion in the VUI system of the Ministerio de la Presidencia, in order to obtain the signature of the President of the Republic and the Institutional Head, given that they correspond to payments from previous years, this was included with the consecutive number VUI-77.1_40101 and corresponds to a net amount of ¢262,698.27 (two hundred sixty-two thousand six hundred ninety-eight colones with twenty-seven cents). Said resolution is pending signature. 7- This Dirección is only awaiting the receipt of the pending resolution for the payment of the differences for the year 2024, in order to continue with the respective payment procedures; as of the closing date of the last resolution, the year 2025 is settled (…)” (sic) (emphasis not original). He emphasized: “(…) this Ministry, through the Directora Gestión Institucional de Recursos Humanos, has carried out all the necessary steps to make the effective payment for the substitutions as judge of the Tribunal Ambiental Administrativo to official Nombre104630, and the time for the signatures of administrative resolution MINAEDGIRH-R-0156-2025 before the Dirección de Leyes y Decretos is beyond our reach. However, it is expected that by the end of this week the payment owed to the appellant official can be honored (…)” (sic).\n\n8.- Through the document added to the digital case file at 07:19 hours on January 7, 2025, the Secretariat of the Sala Constitucional recorded that it does not appear that, from December 30, 2025 to January 7, 2026, the Minister of Planificación Nacional y Política Económica submitted any document or brief to render the report that was ordered.\n\n9.- Through the documents added to the digital case file at 18:31 hours on January 8, 2025, and at 11:41 hours on January 9, 2026, Marlo Andrés Navarro Álvarez, Minister of Planificación y Política Económica reported: “(…) Therefore, Nombre534 received the corresponding technical information from the DGSC on October 9, 2025, through official letter No. DGSC-AOTC-UCOM17-2025, signed by Ms. Gabriela Serrano Chinchilla, Director of the Área de Organización del Trabajo y Compensaciones of the Dirección General de Servicio Civil. Once the corresponding technical and legal analysis was completed, Nombre534 issued the respective administrative directive, which formally defined the salary scale applicable to said positions, making it official through Directive No. 012-2025-PLAN, published in La Gaceta No. 203 of October 29, 2025. Thus fulfilling the principles of publicity, transparency, and administrative efficiency, as well as the postulates of the Ley Marco de Empleo Público, as can be seen below (…) Once Directive No. 012-2025-PLAN was published, via La Gaceta No. 203 of October 29, 2025, this Ministerial Office proceeded to notify the appellant here of the formalization of said administrative procedure, so that the Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos of the Ministerio de Ambiente y Energía would complete the pending process, making the salary recognitions that were pending in favor of the appellant here. Said communication was made on the same date as the aforementioned publication, being October 29, 2025, and sent to the email mario.hidalgo@sinac.go.cr (…) For which reason, the appellant here had immediate knowledge of the referenced publication, reason why it is not appropriate to allege an omissive and dilatory conduct on the part of the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, nor any violation of the right to prompt and complete justice, the right to petition and prompt resolution, insofar as this ministry has already fulfilled its legal powers, as has been demonstrated here (…) In the case at hand, as of October 29, 2025, the salary determination was fully formalized and communicated to the rest of the competent institutions, each of them being responsible—in the scope of their own powers—for carrying out the administrative and budgetary steps necessary for the recognition and eventual payment of the corresponding amounts. Thus confirming how Nombre534 has fulfilled its legal powers within the applicable legal framework (…) Attempting to attribute to Nombre534 responsibility for the alleged lack of payment would imply distorting its governing role and violating the principle of administrative legality, transferring powers to it that the legal system has not conferred. In the specific case, once the directive setting the salary scale applicable to the judges of the Tribunal Ambiental Administrativo is issued and published, it is the responsibility of the Ministerio de Ambiente y Energía and the competent administrative dependencies to perform the necessary steps for the practical application of said scale, including the budgetary and administrative actions that are appropriate. These actions fall outside the scope of authority of Nombre534 and depend exclusively on the internal management of the institutions involved. This same constitutional body has been insistent in pointing out that constitutional responsibility cannot be attributed to an authority when it has acted within its powers and has fulfilled the obligations imposed by the legal system. In this sense, Nombre534 has strictly observed the current legal framework, exercising its governing function without invading others' powers or incurring in administrative inactivity. Therefore, from the perspective of the principle of competence and the institutional design of public employment, it is not legally valid to attribute to this Ministry the alleged violation claimed by the appellant (…)” (sic).\n\n10.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the appeal. The appellant, who stated having been appointed as a substitute judge of the Tribunal Ambiental Administrativo, claimed that due to the delay of the Dirección General del Servicio Civil in resolving a matter referred to it by Nombre534 since September 2025, he has not been paid for appointments made as a substitute judge since October 2024. Specifically, the appointments owed to him are: a) from November 11 to 15, 2024; b) from November 18 to 20, 2024; c) half a day on December 4, 2024; d) from December 9 to 13, 2024; e) December 20, 2024; f) from February 19 to March 19, 2025; g) February 12, 2025; h) April 3 and 4, 2025; i) May 23, 2025; j) June 16, 17, and 18, 2025; k) June 20, 2025; l) June 24, 2025; m) July 1, 2025; n) July 10 and 11, 2025; ñ) July 18, 2025; o) August 4, 2025; p) August 19, 2025; q) August 22, 2025; r) September 3, 2025; s) from September 17 to 19, 2025; t) from October 14 to 15, 2025.\n\nII.- Preliminary matter. The Director de Recursos Humanos of MINAE omitted to render the report that was ordered, reason for which, in application of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts concerning said official were deemed true, and the amparo appeal is resolved based on the evidentiary elements that appear in the case file.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\n1. The protected party was appointed as Substitute Judge of the Tribunal Ambiental Administrativo (see the report rendered by the Minister of Ambiente y Energía, added to the digital case file).\n\n2. On September 2, 2025, the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) sent to the Dirección General del Servicio Civil official letter No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0808-2025, requesting a specialized technical criterion regarding the MINAE proposal on the classification to group the positions of President and members of the Tribunal Ambiental Administrativo, for the purpose of validating that class and proceeding with the proposal of the corresponding global salary (see the report rendered by the Acting Director General of Servicio Civil, as well as the evidence provided, added to the digital case file).\n\n3. On October 3, 2025, the amparo appeal was filed (the court orders).\n\n4. On October 9, 2025, the Dirección General de Servicio Civil sent to Nombre534 the technical report No. DGSC-AOTC-UCOM-17-2025 entitled “Asignación de Salario Global para la clase de puesto de Juez (Presidente y Miembro) del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía” (see the report rendered by the Acting Director General of Servicio Civil, as well as the evidence provided, added to the digital case file).\n\n5. Through official letter No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0977-2025 of October 20, 2025, the Minister of Planificación Nacional y Política Económica confirmed receipt of the report for its analysis (see the report rendered by the Acting Director General of Servicio Civil, as well as the evidence provided, added to the digital case file).\n\n6. On October 22, 2025, the Minister of Ambiente y Energía was notified of the initial order of the amparo appeal (see the digital notification record).\n\n7. On October 23, 2025, the Dirección de Recursos Humanos of MINAE was notified of the initial order of the amparo appeal (see the digital notification record).\n\n8. On October 23, 2025, the Dirección General del Servicio Civil was notified of the initial order of the amparo appeal (see the digital notification record).\n\n9. On October 29, 2025, Nombre534 published directive No. 12-2025-PLAN, with the due assignment of judges' salaries for the global salary scale, thus initiating the corresponding payment procedures (see official letter No. MINAE-DGIRH-OF-0462-2025, added to the digital case file).\n\n10. On November 21, 2025, the salary corresponding to the appointments made from January to October 2025 was paid to the protected party (see official letter No. MINAE-DGIRH-OF-0462-2025, added to the digital case file).\n\n11. On December 24, 2025, the Minister of Nombre534 was notified of the order expanding the amparo appeal (see the notification record, added to the digital case file).\n\nIV.- Regarding delays in salary payment. In relation to this issue, this Court, in judgment No. 2019-019160 at 09:20 hours on October 4, 2019 (reiterated in judgment No. 2020-006781 at 09:20 hours on April 3, 2020), held:\n\n“(…) That said, the protected party also alleges that she was not paid the first half of January (..). Certainly, salary is a right of constitutional rank for the worker and an obligation for the employer; however, this Court has considered that a violation of constitutional rank only occurs when an unreasonable period has elapsed between the provision of services and the corresponding payment (see, among others, judgments 2005-11159 at 16:24 hours on August 23, 2005, 2006-09871 at 13:23 hours on July 7, 2006, and 2008-8048 at 17:05 hours on May 13, 2008). The foregoing is justified in that, without setting a reasonable parameter, even a one-day delay would give rise to an amparo appeal, without allowing the employer the opportunity to correct the fault in a timely manner (…). In this sense, given that in the case under study there has not been a delay in payment exceeding two half-month periods—a period that the Chamber has deemed in its jurisprudence as excessive and unreasonable, in accordance with judgments No. 2009-04928 at fourteen hours thirty-six minutes on March twenty, two thousand nine, No. 2010004138 at eleven hours forty-five minutes on February twenty-six, two thousand ten, and No. 2010004192 at twelve hours thirty-nine minutes on February twenty-six, two thousand ten—, the present amparo must be dismissed as premature (…)” (emphasis not original).\n\nV.- Regarding the alleged non-payment of salary corresponding to the following appointments: a) from November 11 to 15, 2024; b) from November 18 to 20, 2024; c) half a day on December 4, 2024; d) from December 9 to 13, 2024; e) December 20, 2024; f) from February 19 to March 19, 2025; g) February 12, 2025; h) April 3 and 4, 2025; i) May 23, 2025. This Court, in resolving a case similar to the present one, in judgment No. 2025-009286 at 11:15 hours on March 25, 2025, held as follows:\n\n“(…) In accordance with the provisions of Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional 'the amparo appeal may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction persists, and up to two months after its direct effects regarding the aggrieved party have completely ceased. However, when it concerns purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to, the appeal must be filed within two months following the date on which the aggrieved party had reliable notice of the violation and was in a legal position to file the appeal.' Based on the foregoing, the Chamber considers that the claim raised by the plaintiff is inadmissible, as he comes before this Chamber in March 2025 to question the non-payment of salaries for the months of June and October 2024. This is because at the time the plaintiff appeals to this Court, the period provided for in the aforementioned article had already been amply exceeded. For the foregoing, the appeal must be dismissed (…)” (sic).\n\nThe foregoing considerations are fully applicable to the sub examine. Indeed, the noted periods for which non-payment of salary is claimed exceed the period established in Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to the jurisprudential criterion set forth in Considering IV, so this aspect must be dismissed.\n\nVI.- Regarding the alleged non-payment of salary corresponding to the following appointments: r) September 3, 2025; s) from September 17 to 19, 2025; t) from October 14 to 15, 2025. The appellant argued that he has not been paid the salary corresponding to the appointments as Judge of the Tribunal Ambiental Administrativo of September 3, 2025, from September 17 to 19, 2025, and from October 14 to 15, 2025. However, the amparo appeal was filed on October 3, 2025, a date by which the period established in the jurisprudential criterion set forth in Considering IV of this judgment had not elapsed. Consequently, regarding these aspects, the amparo appeal becomes premature.\n\nVII.- Regarding the alleged non-payment of salary corresponding to the following appointments: j) June 16, 17, and 18, 2025; k) June 20, 2025; l) June 24, 2025; m) July 1, 2025; n) July 10 and 11, 2025; ñ) July 18, 2025; o) August 4, 2025; p) August 19, 2025; q) August 22, 2025. From the recitation of proven facts it follows that the protected party was appointed as Substitute Judge of the Tribunal Ambiental Administrativo. It is recorded that on September 2, 2025, the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) sent to the Dirección General del Servicio Civil official letter No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0808-2025, requesting a specialized technical criterion regarding the MINAE proposal on the classification to group the positions of President and members of the Tribunal Ambiental Administrativo, for the purpose of validating that class and proceeding with the proposal of the corresponding global salary. On October 9, 2025, before being notified of the initial order of this proceeding, the Dirección General de Servicio Civil sent to Nombre534 technical report No. DGSC-AOTC-UCOM-17-2025 entitled “Asignación de Salario Global para la clase de puesto de Juez (Presidente y Miembro) del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía”. Through official letter No. CARTA-MIDEPLAN-DM-0977-2025 of October 20, 2025, the Minister of Planificación Nacional y Política Económica confirmed receipt of the report for its analysis. On October 29, 2025, before being notified of the order expanding the appeal, Nombre534 published directive No. 12-2025-PLAN, with the due assignment of judges' salaries for the global salary scale, thus initiating the corresponding payment procedures.\n\nVIII.- Finally, it was demonstrated that on November 21, 2025, after MINAE had been notified of the initial order of the amparo appeal, the salary corresponding to the appointments made from January to October 2025 was paid to the protected party. Since it was on the occasion of the appeal that the pertinent action was taken to safeguard the fundamental rights of the protected party, it is appropriate to grant it, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences specified below.\n\nIX.- Regarding the award of costs, damages, and losses in the specific case. For the reasons extensively set forth in the corresponding judgments, it is the majority criterion of this Chamber that when the granting of an amparo appeal is due to the application of the first paragraph of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, i.e., because after the order initiating the amparo has been notified, the challenged action is revoked, suspended, or stopped, said grant must be made without a special award of damages and losses. However, upon better consideration and as an exception doctrine, it should be noted that when the amparo appeal specifically concerns a directly patrimonial situation strictly related to the protection of pecuniary rights—whether the omission to pay salary or benefits to which the interested party is entitled—the full application of granting the amparo appeal is appropriate, including the corresponding award of costs, damages, and losses, because said award stands as a guarantee that the amount owed may be honored by the Administration—ex officio or at the request of a party—with the due updating or indexing that must be determined in the realm of ordinary legality, in the respective enforcement proceeding for the granting constitutional judgment. It is for this reason that, in the case under study, the award of costs, damages, and losses is indeed appropriate.\n\nX.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is appropriate to partially grant the amparo appeal, only with respect to MINAE, for the non-payment of salary corresponding to the following appointments: June 16, 17, and 18, 2025; June 20, 2025; June 24, 2025; July 1, 2025; July 10 and 11, 2025; July 18, 2025; August 4, 2025; August 19, 2025; and August 22, 2025; in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences specified in the operative part of this judgment.\n\nXI.- Dissenting reasons of Magistrate Salazar Alvarado, regarding the award of costs, damages, and losses against the respondent. I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, but I differ as to the reasons cited by the majority of the Court to order the respondent to pay the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party. The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”\n\nOn the other hand, article 51 of the same law establishes that: “...every ruling that upholds the appeal shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nThis latter provision establishes the general system that regulates matters concerning indemnification and the payment of costs, which the majority terms the “natural or normal form of terminating the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nArticle 51, cited above, regulates the situations in which the Chamber has found the grievance to be established; and, as a consequence, the necessity arises for a\n\ncondemnation to pay costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both provisions, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and, therefore, upholds the appeal (recurso), as well as in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the full enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo (amparo)—a situation contemplated in article 52, referenced above—by virtue of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not repeat the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Therefore, whether the Chamber has found the grievance established and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo (amparo) proceedings, with the aggrieved party being restored to the enjoyment of their fundamental rights (article 52), always, in any of those situations, the imperative necessity arises of a condemnation of the infringer to pay costs, damages, and losses, the basis of which lies in the principles of protection of the rights of individuals and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo (amparo) is heard and upheld, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not undermine the applicability of the condemnation to pay costs, damages, and losses, since such case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on those points, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nOn the other hand, it is clear that the aforementioned article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party (parte amparada), by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and defined, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo (amparo) proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo (amparo) is pending, meaning the Administration has been duly notified of the ruling that admitted the amparo (amparo); and, 2) that an administrative or judicial ruling exists that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Indeed, the provision in question contemplates an exception to the general system of condemnation to pay costs, damages, and losses; however, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be upheld “solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable,” the granting of the appeal still occurs. As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly entail an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered through the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, this exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation to pay costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial ruling that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is undeniably and clearly shown that, in the specific case, no compensable loss was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from paying such items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption that the protected party (parte amparada) suffered economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific determination of which is not for this jurisdiction to make—the granting of this appeal must necessarily entail condemnation to pay costs, damages, and losses.\n\nXII.- Different reasoning of Judge Garro Vargas, regarding the operative part of this judgment. In general terms, when the Chamber by majority upholds an amparo (amparo) appeal without a special condemnation to pay costs, damages, and losses, pursuant to article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC), I have partially dissented. The foregoing, because article 52 of the LJC states:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the appeal shall be upheld solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nMy interpretation of said provision is as follows: That “ruling” is any valid and effective act by which the competent authority restores the injured party to the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.\n\nCertainly, according to article 48 of the Political Constitution, the essential content of the right to the amparo (amparo) appeal is not of an indemnifying nature but restitutive; however, article 51 of the LJC states: “Every ruling that upholds the appeal shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so confirms, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If it were not done, if such condemnation were not issued, in the event that damages and losses did indeed occur, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate article 41 of the Political Constitution. If, despite the abstract condemnation having been issued, damages and losses were not caused, the judge in the ordinary proceeding (vía ordinaria) will so declare, since only the judge has the authority to find proven the real existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo (amparo) appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC provides the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn to pay costs, even when the right has been restored.\n\nIn summary, my position is that in amparo (amparo) appeals upheld in accordance with article 52 of the LJC, abstract condemnation for damages and losses is always appropriate. Regarding costs, the same provision empowers the Chamber to determine—when it deems it just—their applicability.\n\nConsequently, I concur with the operative part of this judgment, in upholding the amparo (amparo) appeal for the condemnation to pay damages and losses, and considering the characteristics of the present matter, I consider that condemnation to pay costs is also appropriate.\n\nXIII.- Documentation provided to the case file (expediente). The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is partially upheld in application of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), only with respect to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), for the failure to pay the salary corresponding to the following appointments: June 16, 17, and 18, 2025; June 20, 2025; June 24, 2025; July 1, 2025; July 10 and 11, 2025; July 18, 2025; August 4, 2025; August 19, 2025; and August 22, 2025. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of a contentious-administrative judgment. Judge Salazar Alvarado provides different reasoning regarding the condemnation to pay costs, damages, and losses. Judge Garro Vargas provides different reasoning regarding the condemnation to pay costs, damages, and losses. In all other respects, the appeal is denied. Notify.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n RRLRL47QARYY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-030509-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:04:55.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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