{ "id": "nexus-sen-1-0007-1367071", "citation": "Res. 06384-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Sin lugar amparo por traslado laboral sin ius variandi abusivo", "title_en": "Amparo denied for job transfer without abusive ius variandi", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto por una funcionaria de la Municipalidad de Pérez Zeledón tras su traslado de la plaza de Técnico Municipal 2 del Proceso de Administración de Servicios al Centro Integrado de Atención Tributaria (CIAT). La recurrente alegó que la modificación constituía un ius variandi abusivo, al implicar un cambio sustancial de funciones, horario y responsabilidades, y que el acto administrativo carecía de motivación suficiente. La Sala, sin embargo, determinó que no se acreditó tal abuso: la resolución de traslado estaba debidamente fundamentada en razones de interés público —como el aumento de contribuyentes y la necesidad de personal experimentado—; el horario, el salario y la sede se mantuvieron incólumes; y las nuevas tareas correspondían genéricamente al mismo tipo de puesto según el Manual de Clases municipal, ámbito en el que la funcionaria ya tenía experiencia previa. El tribunal reiteró que las discusiones sobre la mera legalidad del traslado deben ventilarse en la vía ordinaria, y que el amparo solo procede ante un ejercicio abiertamente arbitrario del ius variandi, el cual no fue demostrado.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the amparo filed by a municipal employee who was transferred from her position as Municipal Technician 2 in the Service Administration Process to the Integrated Tax Service Center (CIAT). She claimed abusive ius variandi, alleging substantial changes in duties, schedule, and responsibilities, and insufficient motivation of the administrative act. The Chamber found no abuse: the transfer resolution was duly grounded on public-interest reasons —increased taxpayers and need for experienced staff—; her schedule, salary, and workplace remained unchanged; and the new tasks generally corresponded to the same job classification under the municipality’s Manual of Classes, for which she already had prior experience. The Court reiterated that disputes over the mere legality of a transfer must be resolved in ordinary proceedings, and amparo is only available for openly arbitrary exercises of ius variandi, which were not demonstrated.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/02/2026", "year": "2026", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "ius variandi", "amparo", "estabilidad laboral", "interés público", "motivación del acto administrativo", "traslado horizontal", "debido proceso" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 17 inciso a)", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Art. 41", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Arts. 4, 5, 11, 13", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 11", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "ius variandi", "recurso de amparo", "traslado laboral", "Municipalidad de Pérez Zeledón", "Sala Constitucional", "estabilidad laboral", "derecho al trabajo", "interés público", "motivación del acto" ], "keywords_en": [ "ius variandi", "amparo appeal", "job transfer", "Municipality of Pérez Zeledón", "Constitutional Chamber", "employment stability", "right to work", "public interest", "act motivation" ], "excerpt_es": "III.- SOBRE EL FONDO. Respecto al tema de inconformidades por variaciones en los contratos laborales, esta Sala puede intervenir en la medida que se acredite un ius variandi abusivo. (...) En conclusión, el cambio de funciones de la recurrente no implica un cambio del lugar sede de trabajo, el horario se mantiene incólume sin ninguna variación y en último lugar, sus condiciones salariales no ostentan una reducción ni tampoco una degradación de sus funciones. Así, se descarta el ejercicio de un ius variandi abusivo por parte del Gobierno Local recurrido, por lo que el recurso se declara sin lugar.", "excerpt_en": "III.- ON THE MERITS. Regarding dissatisfaction with variations in employment contracts, this Chamber may intervene to the extent that abusive ius variandi is demonstrated. (...) In conclusion, the petitioner’s change of duties does not imply a change in the place of work; the schedule remains unchanged without any variation; and, finally, her salary conditions show no reduction or degradation of her duties. Thus, the exercise of abusive ius variandi by the respondent Local Government is ruled out, and the amparo is denied.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo, finding no abusive ius variandi: the transfer was reasoned, preserved employment conditions, and was based on public interest.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo al no acreditarse ius variandi abusivo; el traslado fue motivado, mantuvo condiciones laborales y se fundó en interés público." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "In conclusion, the petitioner’s change of duties does not imply a change in the place of work; the schedule remains unchanged without any variation; and, finally, her salary conditions show no reduction or degradation of her duties.", "quote_es": "En conclusión, el cambio de funciones de la recurrente no implica un cambio del lugar sede de trabajo, el horario se mantiene incólume sin ninguna variación y en último lugar, sus condiciones salariales no ostentan una reducción ni tampoco una degradación de sus funciones." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "the only interest that this jurisdiction may have in cases where variations in employment contracts are claimed —attributable to public bodies or servants— arises when what is doctrinally known as abusive ius variandi occurs; that is, open and clearly arbitrary variations in working conditions", "quote_es": "el único interés que pueden tener para esta jurisdicción aquellos casos donde se reclaman variaciones en los contratos de trabajo -imputables a órganos o servidores públicos-, existe cuando se da lo que doctrinariamente se conoce como ius variandi abusivo; es decir, variaciones en las condiciones laborales abierta y claramente arbitrarias" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1367071", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 06384 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2026 a las 09:30\n\nExpediente: 26-002760-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: TRABAJO\n\nSubtemas:\n\nIUS VARIANDI..\nTRASLADO..\n\n006384-26. TRABAJO. SE ACUSA UN IUS VARIANDI, POR TRASLADO DE PUESTO. SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO, AL DEMOSTRARSE QUE, A LA AMPARADA SE LE INFORMARON AMPLIAMENTE LAS RAZONES DEL CAMBIO DE FUNCIONES Y QUE NO EXISTE UN IUS VARIANDI ABUSIVO. VCG03/2026\n\n“(…) III.- SOBRE EL FONDO. Respecto al tema de inconformidades por variaciones en los contratos laborales, esta Sala puede intervenir en la medida que se acredite un ius variandi abusivo. En ese tanto, en la Sentencia N° 2025-016102 de las 9:20 horas de 30 de mayo de 2025, citando a su vez, la N° 2024-016258 de las 9:50 horas de 11 de junio de 2024, este Tribunal indicó:\n\n“SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En primer lugar, atinente al tema que nos ocupa, resulta oportuno indicar que mediante sentencia nro. 2020005634 de las 9:20 horas del 20 de marzo de 2020, esta Sala se pronunció sobre el ius variandi abusivo, en los siguientes términos:\n\n\n “(…) Es necesario aclarar que los conflictos acerca de los alcances de un contrato de cualquier naturaleza, incluyendo los laborales, no son de conocimiento de esta Jurisdicción, creada para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los habitantes del país, cuando sean directamente vulnerados con acciones u omisiones o simples actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo eficaz de los servidores u órganos públicos. Por supuesto que, si en la cúspide del orden normativo se encuentran las normas de la Constitución Política, ciertamente cualquier vulneración de orden legal, violenta de manera indirecta la Constitución Política; pero para remediar estos conflictos el legislador constitucional creó las jurisdicciones comunes. En este orden de ideas, se ha aceptado en forma reiterada la facultad del patrono para variar las condiciones del contrato de trabajo, pero señalando que tiene sus límites en la razonabilidad de los cambios ordenados y siempre que no se perjudique al servidor; doctrina conocida en materia laboral como el ius variandi. Sin embargo, las discusiones sobre la procedencia o no de las modificaciones, son asuntos de mera legalidad que deben ser discutidas en la vía ordinaria correspondiente (veánse las sentencias N° 1992-3281, 2007-017183 y 2012-17813, entre otras). No obstante, también ha señalado esta Sala, que el único interés que pueden tener para esta jurisdicción aquellos casos donde se reclaman variaciones en los contratos de trabajo -imputables a órganos o servidores públicos-, existe cuando se da lo que doctrinariamente se conoce como ius variandi abusivo; es decir, variaciones en las condiciones laborales abierta y claramente arbitrarias, por lo se hace necesario determinar si la decisión implica una modificación sustancial de las circunstancias de tiempo y lugar en que se desempeña el interesado, una degradación en sus funciones o bien, un rebajo sustancial del salario devengado, pues en esos casos, se lesionaría , en perjuicio del servidor, el derecho a la estabilidad laboral. Ahora bien, la Sala en múltiples ocasiones, también ha considerado que la cuestión de si existe o no ius variandi abusivo o no sólo puede evaluarse frente a un caso concreto y valorando todo el cuadro fáctico que este comprenda; es decir, no se puede crear o pretender que exista un supuesto o un catálogo de estos de violación del derecho al trabajo por la aplicación del ius variandi abusivo. Bajo esta inteligencia es solo frente al caso concreto que se puede valorar si existió o no una vulneración a la estabilidad laboral y al derecho al trabajo por la variación de alguna de las condiciones sustanciales en el empleo. (…)”. (énfasis agregado).\n\n \n\nDesde este panorama, a la luz del informe rendido bajo juramento y la prueba aportada en autos, no se acredita en este caso alguna situación constitutiva de ius variandi abusivo, susceptible de ser declarada en esta vía constitucional.\n\n \n\nAl respecto, se observa que el 4 de diciembre de 2025, por resolución N° RES-O61-25-DAM del 3 de diciembre de 2025, a la recurrente se le comunicó la decisión de trasladar su plaza de Técnico Municipal 2 del Proceso de Administración de Servicios al Centro Integrado de Atención Tributaria de ese mismo municipio. Lo anterior, en una resolución que, en criterio de esta Sala Constitucional, está debidamente fundamentada en razones de interés público. Es claro, que a la amparada se le informó ampliamente las razones que justificaron el cambio de funciones y, evidentemente, lo que está la interesada es inconforme con la decisión tomada.\n\nPor otra, parte, observa este Tribunal que la amparada mantiene el mismo horario que venía desempeñando hasta el 15 de diciembre de 2025, fecha en la cual se aplicó el cambio de departamento. Ahora bien, también es claro que, si bien el ajuste implica la realización de otras funciones, éstas de forma general corresponden al tipo de puesto, según el Manual de Clases vigente en la Municipalidad de Pérez Zeledón. Adicionalmente, la recurrente mantiene el mismo salario, ya que lo que ocurrió fue simplemente un cambio de funciones.\n\n\nEn conclusión, el cambio de funciones de la recurrente no implica un cambio del lugar sede de trabajo, el horario se mantiene incólume sin ninguna variación y en último lugar, sus condiciones salariales no ostentan una reducción ni tampoco una degradación de sus funciones. Así, se descarta el ejercicio de un ius variandi abusivo por parte del Gobierno Local recurrido, por lo que el recurso se declara sin lugar. (…)”\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-002760-0007-CO\n\nRes. Nº 2026006384\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .             \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-002760-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ  ZELEDÓN.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 26 de enero de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pérez Zeledón. Explica, que es funcionaria de la municipalidad de Pérez Zeledón desde el año 2018 y ocupaba el puesto técnico 2 de asistente del proceso de administración de servicios. Menciona que su jornada era de lunes a jueves de 7:00 a las 16:00 horas y los viernes de 7:00 a las 15:00 horas. Alega que, según oficio RES-061-25-DAM de las 8:11 horas del 3 de diciembre de 2025, notificada el 4 de diciembre de 2025, la alcaldía recurrida dispuso su traslado al puesto de hacienda municipal, gestor CIAT, el cual implica una modificación sustancial en sus funciones, responsabilidades y horarios. Acusa que la resolución administrativa no contiene motivación suficiente, ni se fundamenta en estudios técnicos organizativos y funcionales que acrediten la necesidad real del traslado dispuesto. Estima que la autoridad recurrida incurrió en un ejercicio abusivo del ius variandi.\n\n2.- Por resolución de las 19:38 horas de 30 de enero de 2026, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Alcalde de la Municipalidad de Pérez Zeledón.\n\n3.- Informa Emanuel Ceciliano Alfaro, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Pérez Zeledón, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:\n\n“I. CONSIDERACIONES PREVIAS\n\nSobre el principio de legalidad. En cuanto al precepto del principio de legalidad, en un primer plano es menester hacer una breve reseña sobre este principio consagrado en los numerales 11 y 11 tanto de la Constitución Política como de la Ley General de la Administración Pública, en donde se busca que todo accionar de la Administración Pública este previamente permitido por el ordenamiento jurídico, y que, todo aquello que no se encuentre estipulado esta vedado de aplicación por parte del aparato estatal costarricense, que en el eventual caso de darse un accionar bajo este supuesto se estaría vulnerando dicho principio.\n\nDe este modo, dentro de lo contemplado con lo establecido en los artículos 4, 5, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, es menester señalar que la Administración Pública tiene la potestad, con fundamento en el inciso 8 del artículo 140 de la Carta Magna de “vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, postulado en el que se basa el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, para establecer que (…) De manera que, dentro del ámbito constitucional y legal se circunscribe el poder administrativo en cuestión, con el único interés de obtener el constante bienestar de la colectividad en general, que priva sobre cualquier otro interés de carácter individual, tal y como lo resalta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con la doctrina especializada, al manifestar que\n\n“… Desde esa óptica, la Administración también encuentra su límite en lo dispuesto por el numeral 8 de la Ley General de recién cita, que viene a mantener un equilibrio entre la eficiencia del servicio y los derechos fundamentales del individuo… resulta abundante la jurisprudencia que, en torno al tema de las reubicaciones de puestos o de centros de trabajo, ha considerado la Sala Constitucional, señalando que, de darse dichas circunstancias, la Administración debe procurar no perjudicar las condiciones y derechos principales de sus trabajadores (…)”\n\nPor ello, de conformidad con el principio de legalidad, todo comportamiento del Estado debe estar sujeto a la Constitución Política y al resto del ordenamiento 0jurídico que lo regula. De ahí que, los actos administrativos deben siempre ajustarse a lo dispuesto en la normativa, y ser adecuados, en todo caso, a los fines que les son propios, de lo contrario estaríamos ante un ámbito de quehacer inválido.\n\nPor su parte y siempre dentro del principio de legalidad el Código Municipal otorga al Alcalde Municipal, en el artículo 17 inciso a), la facultad para ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general, mientras que el numeral 41 del Código Municipal otorga la posibilidad de realizar el traslado de los funcionarios municipales, previa consulta de jefes inmediatos y siempre que no les causen evidente perjuicio y cuando satisfaga una necesidad real de la municipalidad.\n\n Sobre la razonabilidad y proporcionalidad. En cuanto a estos principios generales del derecho, el acto administrativo adoptado por esta Municipalidad de trasladar a la funcionaria [Nombre 001] al Centro Integrado de Atención Tributaria reviste totalmente de razonabilidad y proporcionalidad, lo anterior en virtud que, el suscrito al momento de proceder con la resolución administrativa del traslado, se efectuó un análisis pormenorizado de las circunstancias que motivaron a dicha decisión, priorizando el interés público institucional sin desmejorar las condiciones laborales de la recurrente y sin caer en un ius variandi abusivo, bajo el escenario que, ante la necesidad que ostenta el Proceso de Hacienda Municipal específicamente en el Centro Integrado de Atención Tributaria, acreditándose de forma categórica los motivos por los cuales se dispuso el traslado, siendo consciente del aumento de contribuyentes que realizan diferentes pagos de las obligaciones tributarias, sumado a la ausencia de personal en el Centro de Integrado de Atención Tributaria; y que, la señora [Nombre 001] basada en su experiencia, conocimiento y pericia resulta ser un perfil idóneo para ocupar este tipo de puesto, en donde no se desmejora NINGUNA condición laboral.\n\nPor otro lado, en lo relacionado al supuesto incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo, es necesario acotar que, no lleva la razón la aquí recurrente, esto en virtud que, la Administración Pública tiene una función ineludible de motivar los actos administrativos, recordando que la motivación constituye uno de los elementos esenciales del acto administrativo, entiendo por éste como aquel deber de fundamentar que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, y doctrina se ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivo.\n\nErgo lo anterior, el suscrito al momento de emitir la resolución administrativa del traslado procedí con la debida motivación de dicho acto administrativo, primeramente realizando un análisis de la competencia legal que ostenta la figura del Alcalde Municipal con la facultad legal que se otorga producto del principio de legalidad para la emisión de dicho acto, siendo el sujeto adecuado y competente para lo recién expuesto. Siguiendo en el mismo orden de ideas, esa motivación se encuentra en todo el sustento jurídico y fáctico que permite al suscrito ejercer las acciones pertinentes relacionadas con el manejo de personal de esta Corporación Municipal que permita la mejor satisfacción del interés público, en donde el motivo, contenido y fin como elementos constitutivos del acto administrativo en el presente caso resultan lícitos, posibles, claros y concretos; quedando totalmente acreditado que no existe un ius variandi abusivo hacia la funcionaria [Nombre 001].\n\nEsto conlleva a que, no hay una vulneración al principio de seguridad jurídica ni al de estabilidad en el empleo público; en virtud que, sus condiciones laborales no cambian en ningún aspecto a saber, evidenciándose que su horario laboral no ha sido alterado, horario tal y como lo manifiesta la recurrente es de 7:00 a.m a 4:00 p.m. de lunes a viernes y de 7:00 a.m a 3:00 p.m los días viernes, sin embargo la prueba presentada por la señora Moreno indica que la cuidadora de sus hijos tiene el mismo horario, sin contemplar el tiempo de traslados del hogar al trabajo, situación que escapa de la esfera de acción del suscrito, y tuvo que haber sido contemplada por la funcionaria con anterioridad, tampoco existe una degradación de sus funciones, las funciones asignadas son acordes al tipo de puesto que ostenta y es que no ha indicado la recurrente porque las nuevas funciones son humillantes en lo moral o lo social, si se encuentran dentro de su misma pericia competencia y ámbito de acción, no ha existido rebajo alguno del salario devengado.\n\nA modo de corolario, es menester señalar a los señores honorables Magistrados de la Sala Constitucional que tal y como se desprende de la petitoria del escrito del presente recurso de amparo, las mismas resultan ser aspectos de discusión propias de la vía ordinaria y no propios de la jurisdicción constitucional, por lo que se solicita que se declare sin lugar el recurso de amparo en todos sus extremos.\n\nII. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS\n\nPRIMERO: Es parcialmente cierto. Debido a que, no es cierto que actualmente se encuentra desempeñando el puesto de Técnico 2 en el Proceso de Administración de Servicios, puesto que, desde el día 16 de diciembre del año 2025 la aquí recurrente ocupa el mismo puesto de Técnico 2 dentro del Proceso de Hacienda Municipal como Gestor del CIAT.\n\nSEGUNDO: Es cierto.\n\nTERCERO: Es parcialmente cierto. No lleva la razón la aquí recurrente en cuanto a que, con el traslado de puesto hacia el Proceso de Hacienda Municipal como Gestor del CIAT ha implicado en una variación sustancial de funciones y horario; debido a que, en primer lugar bajo ninguna circunstancia por parte de esta Municipalidad se ha incurrido en un perjuicio en cuanto a las funciones que desempeña la funcionaria municipal [Nombre 001], debido a que dicha funcionaria cuenta con la experiencia respectiva al puesto al cual se dispuso su traslado, inclusive siendo una labor que la misma funcionaria desempeñó años atrás concretamente desde el 13 de mayo de 2008 hasta el día 01 de octubre de 2009, evidenciándose que, por parte del suscrito no ha existido una modificación esencial en las funciones de la señora [Nombre 001], esto en virtud que es el mismo tipo de puesto (Técnico 2) hacia donde se realizó el traslado en cuestión.\n\nEn segundo lugar tampoco es cierto que ha existido una modificación en el horario de la recurrente, toda vez que hacia el puesto que se efectuó el traslado de la recurrente ostenta el mismo horario, a saber de lunes a jueves de las 7:00 a.m a las 4:00 p.m y los días viernes de las 7:00 a.m a las 3:00 p.m, reforzándose esto con la constancia número CNS-001-2026-AAT emitida por el Coordinador a.i del Centro Integrado de Atención Tributaria de esta Municipalidad, Luis Camacho Chinchilla, en donde se logra verificar el horario de la señora [Nombre 001], así como también el tiempo que ostenta para los tiempos de desayuno y almuerzo.\n\nSiguiendo en el mismo orden de ideas, con el afán de tener un panorama más claro, se procedió con la revisión de marcas de entrada y salida de la recurrente (reporte que se aporta dentro del legajo de prueba documental del presente informe), tanto en el puesto en el Proceso de Administración de Servicios como en el puesto de Gestora del Centro Integrado de Atención Tributaria, en donde se logró verificar que el día donde la señora [Nombre 001] registra la salida más alejada de las 4:00 p.m horas en caso de lunes a jueves es el día jueves 04 de enero de 2026 a las 4:33 p.m horas; mientras que en los días viernes el día viernes 19 de diciembre de 2025 registró la salida a las 3:04 p.m horas, siendo éste el día de salida más alejado de las 3:00 p.m horas.\n\nA modo de comparación, cabe señalar que, la recurrente antes del traslado al puesto de Gestora del Centro Integrado de Atención Tributaria, mientras ocupó el puesto dentro del Proceso de Administración de Servicios, incluso ostenta marcas de salida muy posterior a las 4:00 p.m en el caso de lunes a jueves, a modo de ejemplo el día 03 de noviembre de 2025 se registró la salida a las 4:29 p.m; mientras que en el caso de los días viernes el registró de salida más tarde se dio el día 05 de diciembre de 2025 a las 3:39 p.m. Así las cosas se desprende con meridiana claridad que, no ha existido bajo ninguna circunstancia un cambio en el horario de la recurrente, toda vez que, es notorio que se ha respetado totalmente el horario tanto de ingreso como de salida en su puesto de Técnico 2 como Gestora del Centro Integrado de Atención Tributaria, siendo conteste que no es cierto tal argumento esbozado por la señora [Nombre 001].\n\nEn síntesis, resulta materialmente imposible que cualquier funcionario de esta Municipalidad al ser las 4:00 p.m de lunes a jueves y los viernes al ser las 3:00 p.m se encuentren ya en sus respectivos domicilios y que, ya por solo este hecho se considere una flagrante vulneración de los derechos laborales de los funcionarios públicos; ya que, se demuestra de forma fehaciente que, aunque la señora madre de la recurrente indique mediante documento escrito que cuida a los dos hijos menores de edad de la funcionaria [Nombre 001] hasta las 4:00 p.m de lunes a jueves y viernes hasta las 3:00 p.m, resulta totalmente ilógico, poco razonable y desproporcional que, la funcionaria municipal antes citada pueda estar en las horas en punto de salida recogiendo a sus hijos, aspecto que se demuestra con el registro de marcas de salida.\n\nCUARTO: Se rechaza por falso e inexacto. Esto es así, en el entendido que, claramente apegado al principio de legalidad que rige en la función pública el suscrito como Alcalde Municipal, en el artículo 17 inciso a), la facultad para ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general, mientras que el numeral 41 del Código Municipal otorga la posibilidad de realizar el traslado de los funcionarios municipales, previa consulta de jefes inmediatos y siempre que no les causen evidente perjuicio y cuando satisfaga una necesidad real de la municipalidad.\n\n De esta forma, el traslado de la recurrente hacia el Centro Integrado de Atención Tributaria obedece a temas de una mejora en el servicio que se brinda dentro de esta Municipalidad, puesto que durante los primeros meses de cada año se da un considerable aumento de las labores en Hacienda Municipal, en donde se da un incremento de contribuyentes que efectúan diferentes pagos de las obligaciones tributarias, sumado a la ausencia de personal en el Centro de Integrado de Atención Tributaria, en mi condición de Alcalde Municipal, se tomó la decisión del traslado de la recurrente, considerando uno de los elementos esenciales para una óptima y rápida atención al usuario, es el conocimiento y experiencia en el ámbito municipal situación que cuando es escasa; y que, como se mencionó párrafos atrás la señora Morena Umaña ya tiene conocimiento en ese puesto, en virtud que estuvo nombrada en esa oficina municipal.\n\nQUINTO: Se rechaza por falso e inexacto. Tal y como se expuso en la contestación del hecho tercero y cuarto, bajo ninguna circunstancia existe una variación de las condiciones laborales de la recurrente en donde se configure un ius variandi abusivo, esto en razón que, el traslado de la funcionaria [Nombre 001] al puesto dentro del Centro Integrado de Atención Tributaria, es dentro del mismo edificio municipal, es decir que, no implica un cambio del lugar sede de trabajo, asimismo, el horario se mantiene incólume sin ninguna variación y en último lugar e importante es que, sus condiciones salariales no ostentan una reducción ni tampoco una degradación de sus funciones. Así las cosas, es manifiesto que, la recurrente mantiene su horario de trabajo tal cual, su salario y su tipo de nombramiento sin variación alguna, por lo que, consecuentemente no se causa perjuicio alguno, su traslado del Proceso de Servicios Municipales al Proceso de Hacienda no varió las condiciones ya consolidadas de su contrato de trabajo. La Funcionaria ocupa la misma plaza y mantiene todos los diferentes componentes salariales sin que se observe una degradación de funciones y el área geográfica de trabajo tampoco cambia, por lo cual no existe ius variandi abusivo.\n\n Bajo esta tesitura, es conteste que, desde esta Municipalidad no ha existido vulneración de derechos fundamentales a la señora [Nombre 001], ni la configuración de un ius variandi abusivo, ya que como bien se explicó párrafos atrás y la prueba que aquí se aporta, a la aquí recurrente no se trasladó fuera del edificio municipal, ocupará la misma plaza que actualmente ostenta, manteniéndose todos los diferentes componentes salariales y sin que se observe una degradación de funciones, así como manteniéndose su mismo horario, motivo por el cual se solicita que se declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo.\n\nPETITORIA Se solicita se declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo.\n\n PRUEBA DOCUMENTAL: 1. Constancia número CNS-001-2026-AAT, emitida por el Coordinador a.i del Centro Integrado de Atención Tributaria de esta Municipalidad, Luis Camacho Chinchilla, en donde consta el horario de la funcionaria [Nombre 001]. 2. Constancia número CNS-0023-26-PRH, emitida por Yendry Zúñiga Arguedas en su calidad de Asistente del Proceso de Recursos Humanos de esta Municipalidad, donde consta el horario de la funcionaria [Nombre 001]. 3. Reporte de marcas de la funcionaria [Nombre 001], en donde se verifica las marcas de entradas y salidas de dicha funcionaria, consignándose las marcas en el puesto del Proceso de Administración de Servicios y ahora en el Centro Integrado de Atención Tributaria. 4. Constancia número CNS-0024-26-PRH, emitida por Yendry Zúñiga Arguedas en su calidad de Asistente del Proceso de Recursos Humanos de esta Municipalidad, del tiempo laborado de la funcionaria [Nombre 001] en esta Municipalidad”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente asegura que desempeña un cargo de Administración de Servicios, Técnico 2, en la Municipalidad de Pérez Zeledón y, desde el 2008, ostenta el cargo en el Proceso de Administración de Servicios con una jornada laboral de lunes a jueves de las 7:00 a las 16:00 horas y viernes, de las 7:00 a las 15:00 horas. No obstante, el 4 de diciembre de 2025, por oficio N° RES-061-25-DAMde las 8:11 horas de 3 de diciembre de 2025, se le comunicó el traslado de su puesto a uno en el Centro Integrado de Atención Tributaria, por medio de una resolución que no está debidamente fundamentada -no hay estudios técnicos que lo justifiquen- y, con el agravante, que implica una modificación sustancial en sus funciones, responsabilidades y horario -ya que en algunas ocasiones se cierra a las 16:00 horas, pero debe continuar laborando hasta que se atienda al último administrado-. Considera que la situación descrita constituye un ius variandi abusivo, por lo que se vulneran sus derechos fundamentales y debe ordenarse dejar sin efecto el acto administrativo, ordenar su restitución inmediata y determina que la autoridad recurrida se abstenga de actuaciones similares en el futuro.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:\n\nEl 4 de diciembre de 2025, por resolución N° RES-O61-25-DAM del 3 de diciembre de 2025, a la recurrente se le comunicó la decisión de trasladar su plaza de Técnico Municipal 2 del Proceso de Administración de Servicios al  Centro Integrado de Atención Tributaria de ese mismo municipio. En concreto, se le indicó lo siguiente: “RESULTANDO. 1. Que, actualmente existe en el Proceso de Administración de Servicios una plaza de técnico municipal 2, ocupada por la funcionaria municipal [Nombre 001], C.I. 01-1254-0078, plaza que se encuentra bajo la égida del Proceso. 2. Que, existe actualmente en el departamento de Tratamiento de Basura una plaza de Técnico Municipal 2, ocupada por la funcionaria municipal Evelyn Varela Ureña C.I. 01-1084-0309. 3. Que, actualmente la alta rotación de personal en el Centro de Atención Integrado (CIAT), genera un riesgo para la Municipalidad y debilita el servicio público. 4. Que, consultado al efecto el Coordinador del Subproceso de Desechos Sólidos, este manifiesta su anuencia a la permuta en cuestión mediante OFI-1395-25-SGA. 5. Que, considerando la ausencia temporal del Coordinador del Proceso de Administración de Servicios, actúa como superior de la señora [Nombre 001] al tenor del numeral 17 inciso a) del Código Municipal, el suscrito Alcalde Municipal. 6. Que el suscrito en ejercicio de las funciones que me ha encomendado la legislación vigente, dispone: CONSIDERANDOS PRIMERO: SOBRE LA POTESTAD DEL ALCALDE PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y DEL INTERES INSTITUCIONAL. Para analizar este acápite es fundamental, recapitular un poco sobre la figura del ius variando como potestad atribuida al patrono, veamos: 1.1 DEL IUS VARIANDI: La relación laboral que se da con ocasión de la función pública, encuentran su sustento en los artículos 191 y 193 de la Constitución Política, desarrollada a nivel legal por la Ley General de la Administración Pública, el Código Municipal en el caso de las Municipalidades y otros instrumentos reconocidos, como son las Convenciones Colectivas, con carácter de ley profesional entre partes. Dentro de la doctrina tradicional, se ha considerado que, en una relación laboral, existen tres elementos esenciales: a) La prestación personal del trabajador, b) La remuneración económica y/o en especie, y, c) La subordinación al empleador. Esta última significa la potestad que tiene el patrono de sujeción por parte del trabajador (dentro de un ejercicio del resguardo a la dignidad humana, según voto no. 0344-2004 de la Sala Segunda). Esta significa que el patrono puede administrar, controlar y disciplinar las conductas de sus subordinados, sea de manera directa o delegada, surgiendo así el ius variandi, como el concepto más o menos elástico del poder de dirección, en sentido técnico o administrativo, y a veces disciplinario, pero, lejos de ser absoluto, se desenvuelve dentro de ciertos límites que no pueden llegar a anular o disminuir el principio de la invariabilidad de la prestación de servicios. Es por la razón dicha que el empleador puede hacer uso de dicha facultad siempre que la medida no entrañe para el trabajador una disminución de sus ingresos, un cambio radical de las funciones para las que fue contratado, le cree una situación injuriosa, le obligue a un esfuerzo mayor para adaptarse a nuevas tareas que no son las de su especialidad, o que el cambio le traiga aparejado un peligro para su salud o incomodidades reales que no fueron previstas cuando se formalizó el contrato. En este sentido, tratándose del ámbito público, la Sala Constitucional ha establecido que si bien, la Administración Pública posee facultades de ius variandi, a fin de dar una mejor organización administrativa, en pro del servicio e interés público, ello no la excluye del deber de velar, porque no se cause a sus servidores, perjuicios graves. Eso sí, la simple desavenencia subjetiva del trabajador público, no es motivo para estar ante un ius variandi abusivo, sino que deben exponerse perjuicios concretos y objetivos, de difícil reparación. Cuestiones estas que deben ser discutidas en la vía ordinaria por ser asuntos de mera legalidad, según lo ha considerado la jurisprudencia constitucional. Con respecto a este tema, es conteste la jurisprudencia que existe al respecto, al señalar como ciertamente los Alcaldes Municipales, en su calidad de administrador general y jefe de las dependencias municipales, tiene atribuida una esfera específica y excluyente de competencia en materia de personal de la corporación territorial, incluida en ella el autorizar permutas o traslados horizontales (artículo 141 Código Municipal), pudiendo en consecuencia, dirigir, organizar y graduar el uso de los recursos humanos y materiales de que dispone, a efectos de maximizar el rendimiento o efectividad de los funcionarios bajo su responsabilidad, en torno a los cuales le fue conferida la necesaria competencia material para ello. Pero dichas funciones administrativas deben ejercerse, inexorablemente, en estricto apego al principio de legalidad (arts.11 de la constitución y de la LGAP) y de acuerdo con el Código Municipal y los reglamentos respectivos. Al respecto la Procuraduría General de la República, a través del dictamen C-413-2007 de 19 de noviembre de 2007, señaló como \"la relación de servicio del funcionario con la Administración puede experimentar diversas vicisitudes a lo largo de su existencia. Normalmente durante el servicio activo pueden darse situaciones administrativas o estados transitorios que no obstan incluso breves cesaciones del ejercicio del puesto, sin que aquella relación se extinga, tales como: las vacaciones, permisos y licencias. Pero otras veces esa situación normal se altera o modifica, sin extinguirse, por diversas causas, ya sea porque el funcionario pasa a ejercer otros cargos y funciones públicas, incluso en Administraciones distintas de la propia, ya sea por su propia voluntad o por decisión de la Administración, como es el caso de los traslados, permutas y reubicaciones que la ley -en nuestro caso el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento- establece de forma general y que se desarrollan y concretizan por múltiples normas reglamentarias -de muy diverso rango y competencia- y convencionales coexistentes en nuestro medio, esto último por la innegable heterogeneidad y dispersión imperante en la regulación del empleo público\". Finalmente, en sentencia No 2754-2000 de las 10:47 hrs. del 20 de marzo del 2000, el ente Constitucional, declaró lo siguiente: “(…) Sobre el ius variandi. “La Administración posee facultades de ius variandi a fin de dar una mejor organización a las dependencias administrativas, en beneficio del servicio y el interés público. Dentro de tales potestades se encuentra la de trasladar a un funcionario de un puesto a otro de la misma categoría, si así lo justifica el servicio público. Ahora bien, dichos traslados deben efectuarse de manera que no causen perjuicio grave al funcionario, por lo que en determinados casos se hace indispensable el otorgamiento de una audiencia, a fin de que el funcionario manifieste su disconformidad, todo en cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, no se trata de la simple desavenencia del servidor ni de los inconvenientes que desde el punto de vista subjetivo el traslado puede causarle, sino de perjuicios objetivos. Por lo tanto, cuando es obvio que la medida en cuestión no causa perjuicio al servidor, pues se le traslada dentro de una misma área geográfica a desempeñar las mismas funciones, con igual salario y categoría, no está la Administración, como en este caso, obligada a conferir audiencia al servidor pues en modo alguno se le causará perjuicio ni se irrespetarán sus derechos legales y constitucionales. De modo que, si el funcionario no estuviera conforme con lo acordado, deberá hacer uso de los recursos que le otorga la ley para impugnar la medida. (Sentencia número 7419-1997 de las diez horas quince minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, expediente número 6760- M-97). El resaltado no es del original. (En sentido similar, pueden consultarse las resoluciones N°s 2006-002597 de las 16:48 horas de 28 de febrero y 2006-011734 de las 11:21 horas del 11 de agosto, ambas de 2006). Correctamente entendido, el ius variandi es una de las manifestaciones del poder de auto-organización y de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la modificación no sustancial de las condiciones de trabajo en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo. TERCERO: DEL MOVIMIENTO DE TRASLADO PARA EL ALCANCE DE LOS FINES. Dado el aumento considerable de usuarios en el Centro Integrado de Atención Tributaria, así como la gran cantidad de funcionarios interinos en ese Departamento, provocado por un atraso significativo en la resolución de concursos que ha venido arrastrando este Gobierno Local desde la pandemia mundial por COVID-19, ha deteriorado sensiblemente el Servicio Público que presta este Gobierno Local, provocando un riesgo eminente al control interno y a las finanzas institucionales, y es que, aunque se han realizado grandes esfuerzos por apresurar los concursos, se ha invertido tiempo y esfuerzo en intensificar los procesos de inducción, no ha sido posible disminuir la curva de aprendizaje de nuestros gestores más nuevos e interinos, sin la certeza que serán estos quienes ocuparán los cargos de manera definitiva. Es así como el suscrito se ha abocado de manera personal a identificar los factores determinantes en la atención de los usuarios, identificando que uno de los elementos esenciales para una óptima y rápida atención al usuario, es el conocimiento y experiencia en el ámbito municipal situación que cuando es escasa, repercute desfavorablemente en la confianza, el prestigio y la ya deteriorada imagen del funcionario público y la institución en relación con terceros que ocupan nuestros servicios y que esperan y pretenden una atención rápida y oportuna, y es que, importante para la toma de decisiones es considerar que, es precisamente al Centro Integrado de Atención Tributaria, a donde llegan la mayoría de nuestros munícipes a realizar todo tipo de trámites, y esperan que el funcionario que les atienda tenga la experiencia necesaria y suficiente para evacuar las consultas con la mayor celeridad y precisión posible, así como el trámite oportuno del servicio prestado, esto con el propósito de lograr una adecuada imagen institucional. Es por lo anterior que, me he dado a la tarea de trasladar funcionarios con amplia experiencia en el puesto y en el ámbito municipal a fortalecer el Centro Integrado de Atención Tributaria, situación que permitirá a este Gobierno Local, dar una atención más experimentada a los munícipes que llegan al C.I.AT., mejorando la imagen y confianza que proyecta este Gobierno Local a sus usuarios diarios. De conformidad con los argumentos esbozados anteriormente, una vez analizadas con detenimiento, las funciones, conocimiento y experiencia con que cuentan los siguientes funcionarios en distintas labores municipales: [Nombre 001],  ocupa el puesto de Técnico 2 Administración de Servicios (asistente), Evelyn Varela Ureña, ocupa el puesto de Técnico 2 Depósito Tratamiento Basura.  Considerando la vasta experiencia con que cuenta la señora [Nombre 001] en el Centro Integrado de Atención Tributaria, en donde laboró por aproximadamente 4 años, aunado a lo anterior también cuenta con amplia experiencia en el ámbito municipal en general gracias a su trabajo en departamentos como Gestión Ambiental y Administración de Servicios, experiencia que será de gran utilidad para mejorar el servicio público que se presta en el Centro de Atención Tributaria de esta Municipalidad. Ahora bien, a efectos de no afectar el funcionamiento habitual del Proceso de Administración de Servicios y conocedor de la experiencia en el puesto que ostenta la funcionaria Evelyn Varela, la cual no solo laboro en el puesto de asistente del Coordinador del Proceso durante al menos un año, sino que, durante todo el período de tiempo que estuvo bajo la égida del Coordinador fue calificada con nota SOBRESALIENTE, en aras de volver más eficientes los servicios que presta el Gobierno Local, con base en el principio de polifuncionalidad y considerando que los funcionarios antes mencionados realizan funciones dentro de una misma clase de puesto, para la cual requieren los mismos requisitos académicos y legales, y perciben el mismo salario base, de ordenar los siguientes traslados de puestos: [Nombre 001] Técnico 2 se traslada a Hacienda Municipal (Gestor C.I.A.T), Evelyn Varela Ureña, Técnico 2 se traslada a Administración de Servicios (asistente). Claro está, las funcionarias se deberán trasladar físicamente a desempeñar funciones en su nuevo puesto, en las mismas condiciones laborales en que desempeñan actualmente. El anterior movimiento tiene como finalidad, maximizar, a favor del Municipio, el potencial y la experiencia que a lo largo de su carrera como funcionarias municipales han acumulado las señoras [Nombre 001] y Varela Ureña, volviendo más ágil el servicio brindado por el Gobierno Local en el área del Centro de Atención Tributara, siempre en aras de velar por los mejores intereses de nuestro cantón. Las funciones que deberán realizar las funcionarias que se trasladan, serán las mismas que de forma general corresponden al tipo de puesto, según el Manual de Clases vigente en la Municipalidad de Pérez Zeledón, en cuanto a las específicas, será responsabilidad del Jefe Inmediato. No se autoriza bajo ninguna circunstancia la delegación de funciones disímiles a las del puesto de Técnico 2 que se traslada, so pena de incurrir el responsable en el compromiso de recursos económicos sin contenido presupuestario en caso de hacerlo. En este caso concreto los traslados que nos ocupan cumplen con todos los requisitos tanto legales como jurisprudenciales para que se lleven a cabo y no afectan elementos esenciales del contrato de trabajo de las funcionarias involucradas, este movimiento deberá hacerse efectivo a partir del día 16 de diciembre de 2025. Se instruye al Proceso de Recursos Humanos para que realice todas las gestiones que sean necesarias para dar fiel cumplimiento de lo ordenado en el presente acto. POR TANTO: En atención a lo anteriormente señalado, con las facultades que me asisten como Jerarca Administrativa de esta Municipalidad, se ordena el traslado definitivo de los siguientes puestos: El Técnico Municipal 2 ocupado por la funcionaria [Nombre 001], se traslada a ejercer funciones en el Proceso de Hacienda Municipal, específicamente como Gestor en el C.I.AT, mientas que la plaza de Técnico Municipal 2 Asistente en el Deposito de Tratamiento de Desechos Sólidos ocupada por la funcionaria Evelyn Varela Ureña, se traslada a ejercer funciones de Técnico Municipal 2 asistente en el Proceso de Administración de Servicios. Este cambio de funciones deberá hacerse efectivo a partir del día 16 de diciembre de 2025, las funcionarias se deberán trasladar físicamente a desempeñar funciones en su nuevo puesto, en las mismas condiciones laborales en que desempeñan el puesto actualmente. Las funciones que deberán realizar las funcionarias que se trasladan, serán las mismas que de forma general corresponden al tipo de puesto, según el Manual de Clases vigente en la Municipalidad de Pérez Zeledón, en cuanto a las específicas, será responsabilidad del Jefe Inmediato. No se autoriza bajo ninguna circunstancia a delegación de funciones disímiles a las del puesto de Técnico 2 que se permuta, so pena de incurrir el responsable en el compromiso de recursos económicos sin contenido presupuestario en caso de hacerlo. En este caso concreto, los traslados que nos ocupan cumplen con todos los requisitos tanto legales como jurisprudenciales para que se lleven a cabo y no afectan elementos esenciales del contrato de trabajo de las funcionaras involucradas, razón por la cual se omite el trámite de audiencia previa”. (véase al respecto copia de la resolución aportada en autos).\nDesde el 16 de diciembre de 2026, la recurrente ocupa el mismo puesto de Técnico 2 dentro del Proceso de Hacienda Municipal como Gestor del CIAT, sin variación en su salario (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida).\nLas funciones que realiza la tutelada en el Proceso de Hacienda Municipal como Gestor del CIAT, cuentan con el mismo horario: lunes a jueves de las 7:00 a las 4:00 horas y los viernes de las 7:00 a las 3:00 horas (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida).\nLas funciones que realiza la recurrente a partir del cambio están dentro del Manual de Clases vigente en la Municipalidad de Pérez Zeledón, para el tipo de puesto. Incluso, desde el 13 de mayo de 2008 hasta el día 01 de octubre de 2009, la recurrente ostentó las mismas funciones que a partir del 16 de diciembre de 2026 realiza en el Centro Integrado de Atención Tributaria (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida).\n\nIII.- SOBRE EL FONDO. Respecto al tema de inconformidades por variaciones en los contratos laborales, esta Sala puede intervenir en la medida que se acredite un ius variandi abusivo. En ese tanto, en la Sentencia N° 2025-016102 de las 9:20 horas de 30 de mayo de 2025, citando a su vez, la N° 2024-016258 de las 9:50 horas de 11 de junio de 2024, este Tribunal indicó:\n\n“SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En primer lugar, atinente al tema que nos ocupa, resulta oportuno indicar que mediante sentencia nro. 2020005634 de las 9:20 horas del 20 de marzo de 2020, esta Sala se pronunció sobre el ius variandi abusivo, en los siguientes términos:\n\n“(…) Es necesario aclarar que los conflictos acerca de los alcances de un contrato de cualquier naturaleza, incluyendo los laborales, no son de conocimiento de esta Jurisdicción, creada para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los habitantes del país, cuando sean directamente vulnerados con acciones u omisiones o simples actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo eficaz de los servidores u órganos públicos. Por supuesto que, si en la cúspide del orden normativo se encuentran las normas de la Constitución Política, ciertamente cualquier vulneración de orden legal, violenta de manera indirecta la Constitución Política; pero para remediar estos conflictos el legislador constitucional creó las jurisdicciones comunes. En este orden de ideas, se ha aceptado en forma reiterada la facultad del patrono para variar las condiciones del contrato de trabajo, pero señalando que tiene sus límites en la razonabilidad de los cambios ordenados y siempre que no se perjudique al servidor; doctrina conocida en materia laboral como el ius variandi. Sin embargo, las discusiones sobre la procedencia o no de las modificaciones, son asuntos de mera legalidad que deben ser discutidas en la vía ordinaria correspondiente (veánse las sentencias N° 1992-3281, 2007-017183 y 2012-17813, entre otras). No obstante, también ha señalado esta Sala, que el único interés que pueden tener para esta jurisdicción aquellos casos donde se reclaman variaciones en los contratos de trabajo -imputables a órganos o servidores públicos-, existe cuando se da lo que doctrinariamente se conoce como ius variandi abusivo; es decir, variaciones en las condiciones laborales abierta y claramente arbitrarias, por lo se hace necesario determinar si la decisión implica una modificación sustancial de las circunstancias de tiempo y lugar en que se desempeña el interesado, una degradación en sus funciones o bien, un rebajo sustancial del salario devengado, pues en esos casos, se lesionaría , en perjuicio del servidor, el derecho a la estabilidad laboral. Ahora bien, la Sala en múltiples ocasiones, también ha considerado que la cuestión de si existe o no ius variandi abusivo o no sólo puede evaluarse frente a un caso concreto y valorando todo el cuadro fáctico que este comprenda; es decir, no se puede crear o pretender que exista un supuesto o un catálogo de estos de violación del derecho al trabajo por la aplicación del ius variandi abusivo. Bajo esta inteligencia es solo frente al caso concreto que se puede valorar si existió o no una vulneración a la estabilidad laboral y al derecho al trabajo por la variación de alguna de las condiciones sustanciales en el empleo. (…)”. (énfasis agregado).\n\nDesde este panorama, a la luz del informe rendido bajo juramento y la prueba aportada en autos, no se acredita en este caso alguna situación constitutiva de ius variandi abusivo, susceptible de ser declarada en esta vía constitucional.\n\nAl respecto, se observa que el 4 de diciembre de 2025, por resolución N° RES-O61-25-DAM del 3 de diciembre de 2025, a la recurrente se le comunicó la decisión de trasladar su plaza de Técnico Municipal 2 del Proceso de Administración de Servicios al Centro Integrado de Atención Tributaria de ese mismo municipio. Lo anterior, en una resolución que, en criterio de esta Sala Constitucional, está debidamente fundamentada en razones de interés público. Es claro, que a la amparada se le informó ampliamente las razones que justificaron el cambio de funciones y, evidentemente, lo que está la interesada es inconforme con la decisión tomada.\n\nPor otra, parte, observa este Tribunal que la amparada mantiene el mismo horario que venía desempeñando hasta el 15 de diciembre de 2025, fecha en la cual se aplicó el cambio de departamento. Ahora bien, también es claro que, si bien el ajuste implica la realización de otras funciones, éstas de forma general corresponden al tipo de puesto, según el Manual de Clases vigente en la Municipalidad de Pérez Zeledón. Adicionalmente, la recurrente mantiene el mismo salario, ya que lo que ocurrió fue simplemente un cambio de funciones.\n\nEn conclusión, el cambio de funciones de la recurrente no implica un cambio del lugar sede de trabajo, el horario se mantiene incólume sin ninguna variación y en último lugar, sus condiciones salariales no ostentan una reducción ni tampoco una degradación de sus funciones. Así, se descarta el ejercicio de un ius variandi abusivo por parte del Gobierno Local recurrido, por lo que el recurso se declara sin lugar.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SXJTZFQ2WTO61\n\nEXPEDIENTE N° 26-002760-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:50:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Large**\n**Normal**\n**Small**\n**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 06384 - 2026**\n\n**Resolution Date:** February 20, 2026 at 09:30\n**File:** 26-002760-0007-CO\n**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado\n**Type of matter:** Amparo appeal\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Relevance Indicators**\n\n**Relevant ruling**\n**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Content of Interest:**\n**Strategic Themes:** Economic, social, cultural and environmental rights\n**Type of content:** Majority vote\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n**Topic:** LABOR\n**Subtopics:**\nIUS VARIANDI..\nTRANSFER..\n\n006384-26. LABOR. AN ABUSIVE IUS VARIANDI IS ALLEGED, DUE TO A JOB TRANSFER. THE APPEAL IS DECLARED WITHOUT MERIT, AS IT IS DEMONSTRATED THAT THE AMPARO PETITIONER WAS FULLY INFORMED OF THE REASONS FOR THE CHANGE OF DUTIES AND THAT NO ABUSIVE IUS VARIANDI EXISTS. VCG03/2026\n\n“(…) III.- ON THE MERITS. Regarding the issue of disagreements over variations in employment contracts, this Chamber may intervene to the extent that an abusive ius variandi is demonstrated. In that regard, in Ruling No. 2025-016102 of 9:20 a.m. on May 30, 2025, citing in turn, No. 2024-016258 of 9:50 a.m. on June 11, 2024, this Court stated:\n\n“ON THE SPECIFIC CASE. First, regarding the matter at hand, it is appropriate to indicate that through ruling no. 2020005634 of 9:20 a.m. on March 20, 2020, this Chamber ruled on the abusive ius variandi, in the following terms:\n\n“(…) It is necessary to clarify that conflicts regarding the scope of any type of contract, including employment contracts, are not within the cognizance of this Jurisdiction, created for the effective protection of the fundamental rights of the country's inhabitants, when these rights are directly violated by actions or omissions or mere material acts not based on an effective administrative act by public servants or bodies. Of course, if the norms of the Political Constitution are at the apex of the normative order, certainly any violation of legal order indirectly violates the Political Constitution; but to remedy these conflicts, the constitutional legislator created the ordinary jurisdictions. Along these lines, the employer's power to vary the terms of the employment contract has been repeatedly accepted, but it has been noted that its limits lie in the reasonableness of the ordered changes and provided that the employee is not harmed; a doctrine known in labor law as the ius variandi. However, disputes over the propriety or lack thereof of such modifications are matters of mere legality that must be discussed in the corresponding ordinary court (see rulings No. 1992-3281, 2007-017183 and 2012-17813, among others). Nevertheless, this Chamber has also indicated that the only interest these cases—where variations in employment contracts attributable to public bodies or servants are claimed—can have for this jurisdiction arises when what is doctrinally known as abusive ius variandi occurs; that is, openly and clearly arbitrary variations in working conditions, making it necessary to determine if the decision implies a substantial modification of the circumstances of time and place in which the interested party performs their duties, a degradation of their functions, or a substantial reduction in the salary earned, because in such cases, the right to job stability would be injured, to the detriment of the employee. However, the Chamber has also considered on multiple occasions that the question of whether or not abusive ius variandi exists can only be evaluated against a specific case and assessing the entire factual picture it comprises; that is, it is not possible to create or pretend that there is a supposed list or catalog of these violations of the right to work due to the application of abusive ius variandi. Under this understanding, it is only against the specific case that it can be assessed whether or not there was a violation of job stability and the right to work due to a variation of any of the substantial conditions of employment. (…)” (emphasis added).\n\nFrom this perspective, in light of the report rendered under oath and the evidence provided in the case file, no situation constituting abusive ius variandi, susceptible to being declared in this constitutional proceeding, is demonstrated in this case.\n\nIn this regard, it is observed that on December 4, 2025, by resolution No. RES-O61-25-DAM of December 3, 2025, the appellant was notified of the decision to transfer her position of Municipal Technician 2 from the Service Administration Process to the Integrated Taxpayer Service Center of that same municipality. The foregoing, in a resolution that, in the opinion of this Constitutional Chamber, is duly grounded on reasons of public interest. It is clear that the amparo petitioner was fully informed of the reasons that justified the change of duties and, evidently, the interested party is simply dissatisfied with the decision made.\n\nOn the other hand, this Court observes that the amparo petitioner maintains the same working hours she had been working until December 15, 2025, the date on which the department change was implemented. Now, it is also clear that, although the adjustment entails performing other duties, these generally correspond to the type of position, according to the current Job Classification Manual in the Municipality of Pérez Zeledón. Additionally, the appellant maintains the same salary, since what occurred was simply a change of duties.\n\nIn conclusion, the change of the appellant's duties does not imply a change in the physical workplace, the working hours remain unchanged without any variation, and lastly, her salary conditions do not show a reduction nor a degradation of her duties. Thus, the exercise of an abusive ius variandi by the appealed Local Government is ruled out, and the appeal is therefore declared without merit. (…)”\n\n... See more\n**Related Rulings**\n**Text of the resolution**\n\n\n\nExp: 26-002760-0007-CO\nRes. No. 2026006384\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and thirty minutes on the twentieth of February of two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal processed in file No. 26-002760-0007-CO, filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], against the MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN.\n\n**WHEREAS:**\n\n1.- By written submission filed in the Secretariat of the Chamber and added to the file on January 26, 2026, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Pérez Zeledón. She explains that she has been an employee of the municipality of Pérez Zeledón since 2018 and held the position of technician 2 as an assistant in the service administration process. She mentions that her workday was Monday to Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Fridays from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. She alleges that, according to official letter RES-061-25-DAM of 8:11 a.m. on December 3, 2025, notified on December 4, 2025, the appealed mayor's office ordered her transfer to the municipal treasury position, CIAT manager, which implies a substantial modification of her duties, responsibilities, and working hours. She accuses that the administrative resolution lacks sufficient grounds and is not based on technical organizational and functional studies that demonstrate the real need for the ordered transfer. She considers that the appealed authority incurred in an abusive exercise of the ius variandi.\n\n2.- By resolution of 7:38 p.m. on January 30, 2026, the process was granted course, and a hearing was granted to the Mayor of the Municipality of Pérez Zeledón.\n\n3.- Emanuel Ceciliano Alfaro reports, in his capacity as mayor of the Municipality of Pérez Zeledón, regarding the accused facts, the following:\n\n“I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS\n\nOn the principle of legality. Regarding the precept of the principle of legality, on a primary level, it is necessary to provide a brief overview of this principle enshrined in numerals 11 of both the Political Constitution and the General Law of Public Administration, which seeks that all actions of the Public Administration are previously permitted by the legal system, and that anything not stipulated is prohibited from application by the Costa Rican state apparatus, and that in the event an action occurs under this assumption, said principle would be violated.\n\nThus, within what is contemplated in the provisions of articles 4, 5, 11, and 13 of the General Law of Public Administration, it is necessary to point out that the Public Administration has the power, based on subsection 8 of article 140 of the Magna Carta to “monitor the proper functioning of administrative services and dependencies,” a postulate on which article 4 of the General Law of Public Administration is based, to establish that (…) So that, within the constitutional and legal sphere, the administrative power in question is circumscribed, with the sole interest of obtaining the constant well-being of the community in general, which takes precedence over any other individual interest, as highlighted by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in accordance with specialized doctrine, by stating that\n\n“… From that perspective, the Administration also finds its limit in the provisions of numeral 8 of the recently cited General Law, which maintains a balance between the efficiency of the service and the fundamental rights of the individual… the case law that the Constitutional Chamber has considered regarding the issue of reassignments of positions or workplaces is abundant, pointing out that, should such circumstances arise, the Administration must seek not to harm the main conditions and rights of its workers (…)”\n\nTherefore, in accordance with the principle of legality, all State conduct must be subject to the Political Constitution and the rest of the legal system that regulates it. Hence, administrative acts must always conform to the provisions of the regulations and be appropriate, in any case, to the purposes that are proper to them; otherwise, we would be facing a sphere of invalid action.\n\nFor its part, and always within the principle of legality, the Municipal Code grants the Municipal Mayor, in article 17 subsection a), the power to exercise the functions inherent to the condition of general administrator and head of municipal dependencies, monitoring the organization, operation, coordination, and faithful compliance with municipal agreements, laws, and regulations in general, while numeral 41 of the Municipal Code grants the possibility of transferring municipal officials, after consulting with immediate superiors and provided it does not cause them evident harm and when it satisfies a real need of the municipality.\n\nOn reasonableness and proportionality. Regarding these general principles of law, the administrative act adopted by this Municipality to transfer the official [Name 001] to the Integrated Taxpayer Service Center is entirely reasonable and proportionate, the foregoing by virtue of the fact that the undersigned, at the time of proceeding with the administrative resolution of the transfer, carried out a detailed analysis of the circumstances that motivated said decision, prioritizing the institutional public interest without impairing the working conditions of the appellant and without falling into abusive ius variandi, under the scenario that, given the need that the Municipal Treasury Process has, specifically in the Integrated Taxpayer Service Center, the reasons for which the transfer was ordered are categorically demonstrated, being aware of the increase in taxpayers making various tax obligation payments, added to the absence of personnel in the Integrated Taxpayer Service Center; and that, Ms. [Name 001], based on her experience, knowledge, and expertise, proves to be an ideal profile to occupy this type of position, where NO working condition is impaired.\n\nOn the other hand, regarding the alleged non-compliance with the duty to state the grounds for the administrative act, it is necessary to note that the appellant here is not correct, this by virtue of the fact that the Public Administration has an unavoidable duty to state the grounds for administrative acts, recalling that the statement of grounds constitutes one of the essential elements of the administrative act, understanding this as that duty to substantiate that public authorities must provide for the content of the act they issue, taking into account the grounds of fact and law, and the aim intended with the decision. In reiterated case law and doctrine, it has been stated that the statement of grounds for administrative acts is a requirement of the constitutional principle of due process as well as the right of defense and implies a reference to facts and legal grounds, so that the administered party knows the reasons for which they are to be sanctioned or for which a request affecting their interests or even their subjective rights is denied.\n\nErgo the foregoing, the undersigned, at the time of issuing the administrative resolution of the transfer, proceeded with the due statement of grounds for said administrative act, first by conducting an analysis of the legal competence held by the figure of the Municipal Mayor with the legal power granted as a result of the principle of legality for the issuance of said act, being the appropriate and competent subject for what has just been stated. Following in the same order of ideas, this statement of grounds is found in all the legal and factual basis that allows the undersigned to exercise the pertinent actions related to the personnel management of this Municipal Corporation that allows for the best satisfaction of the public interest, where the reason, content, and purpose as constitutive elements of the administrative act in the present case are lawful, possible, clear, and concrete; it being fully proven that there is no abusive ius variandi towards the official [Name 001].\n\nThis entails that there is no violation of the principle of legal certainty nor of stability in public employment; by virtue of the fact that her working conditions do not change in any aspect, namely, it is evident that her working hours have not been altered, hours that, as stated by the appellant, are from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. Monday through Thursday and from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. on Fridays, however, the evidence presented by Ms. Moreno indicates that her children's caregiver has the same schedule, without considering the commuting time from home to work, a situation that falls outside the sphere of action of the undersigned, and should have been considered by the official beforehand. There is also no degradation of her duties, the assigned duties are consistent with the type of position she holds, and the appellant has not indicated why the new duties are humiliating in a moral or social sense, if they fall within her same expertise, competence, and sphere of action, there has been no reduction whatsoever in the earned salary.\n\nBy way of corollary, it is necessary to point out to the honorable Magistrates of the Constitutional Chamber that, as is evident from the petition of the written submission of the present amparo appeal, the same are aspects of discussion proper to the ordinary courts and not proper to the constitutional jurisdiction, therefore it is requested that the amparo appeal be declared without merit in all its respects.\n\nII. ANSWER TO THE FACTS\n\nFIRST: It is partially true. Because it is not true that she is currently working in the position of Technician 2 in the Service Administration Process, given that, since December 16, 2025, the appellant here has held the same position of Technician 2 within the Municipal Treasury Process as CIAT Manager.\n\nSECOND: It is true.\n\nTHIRD: It is partially true. The appellant here is not correct in stating that the transfer of position to the Municipal Treasury Process as CIAT Manager has implied a substantial variation in duties and working hours; because, firstly, under no circumstances has this Municipality caused any harm regarding the duties performed by the municipal official [Name 001], because said official has the respective experience for the position to which her transfer was ordered, including being a role that the same official performed years ago, specifically from May 13, 2008, to October 1, 2009, evidencing that, the undersigned has not made an essential modification to the duties of Ms. [Name 001], this by virtue of the fact that it is the same type of position (Technician 2) to which the transfer in question was made.\n\nSecondly, it is also not true that there has been a modification to the appellant's working hours, given that the position to which the appellant's transfer was made has the same hours, namely Monday to Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and on Fridays from 7:00 a.m. to 3:00 p.m., this is reinforced by certificate number CNS-001-2026-AAT issued by the Acting Coordinator of the Integrated Taxpayer Service Center of this Municipality, Luis Camacho Chinchilla, which verifies the working hours of Ms. [Name 001], as well as the time she has for breakfast and lunch breaks.\n\nFollowing in the same order of ideas, in an effort to have a clearer picture, we proceeded with the review of the appellant's clock-in and clock-out records (a report provided within the documentary evidence file of this report), both in the position in the Service Administration Process and in the position of Manager of the Integrated Taxpayer Service Center, where it was possible to verify that the day where Ms. [Name 001] records the departure time furthest from 4:00 p.m. for Monday to Thursday is Thursday, January 4, 2026, at 4:33 p.m.; while on Fridays, Friday, December 19, 2025, recorded departure at 3:04 p.m., this being the departure day furthest from 3:00 p.m.\n\nBy way of comparison, it should be noted that the appellant, before the transfer to the position of Manager of the Integrated Taxpayer Service Center, while she occupied the position within the Service Administration Process, even has departure records well after 4:00 p.m. for Monday to Thursday, for example on November 3, 2025, departure was recorded at 4:29 p.m.; while for Fridays, the latest departure record occurred on December 5, 2025, at 3:39 p.m. Thus, it is clearly evident that there has been under no circumstances a change in the appellant's working hours, given that it is notorious that both the entry and departure times in her position of Technician 2 as Manager of the Integrated Taxpayer Service Center have been fully respected, it being undeniable that such an argument outlined by Ms. [Name 001] is not true.\n\nIn summary, it is materially impossible for any official of this Municipality to be already at their respective homes at 4:00 p.m. Monday through Thursday and at 3:00 p.m. on Fridays, and that, just for this fact alone, it is considered a flagrant violation of the labor rights of public officials; since it is reliably demonstrated that, although the appellant's mother indicates in a written document that she cares for the two minor children of official [Name 001] until 4:00 p.m. Monday through Thursday and Fridays until 3:00 p.m., it is totally illogical, unreasonable, and disproportionate that the aforementioned municipal official could be picking up her children exactly at the departure hours, an aspect demonstrated by the clock-out records.\n\nFOURTH: It is rejected as false and inaccurate. This is so, in the understanding that, clearly adhering to the principle of legality that governs public functions, the undersigned as Municipal Mayor, in article 17 subsection a), has the power to exercise the functions inherent to the condition of general administrator and head of municipal dependencies, monitoring the organization, operation, coordination, and faithful compliance with municipal agreements, laws, and regulations in general, while numeral 41 of the Municipal Code grants the possibility of transferring municipal officials, after consulting immediate superiors and provided it does not cause them evident harm and when it satisfies a real need of the municipality.\n\nIn this way, the transfer of the appellant to the Integrated Taxpayer Service Center is due to issues of improving the service provided within this Municipality, since during the first months of each year there is a considerable increase in the workload in Municipal Treasury, where there is an increase in taxpayers making different tax obligation payments, added to the absence of personnel in the Integrated Taxpayer Service Center. In my capacity as Municipal Mayor, the decision was made to transfer the appellant, considering that one of the essential elements for optimal and rapid customer service is the knowledge and experience in the municipal sphere, a situation which, when scarce; and that, as mentioned in previous paragraphs, Ms. Morena Umaña already has knowledge in that position, by virtue of the fact that she was appointed to that municipal office.\n\nFIFTH: It is rejected as false and inaccurate. As stated in the answer to the third and fourth facts, under no circumstances is there a variation of the appellant's working conditions that constitutes an abusive ius variandi, for the reason that the transfer of official [Name 001] to the position within the Integrated Taxpayer Service Center is within the same municipal building, meaning that it does not imply a change of the physical workplace, likewise, the working hours remain unchanged without any variation, and lastly and importantly, her salary conditions do not show a reduction nor a degradation of her duties. Thus, it is manifest that the appellant maintains her exact same work schedule, her salary, and her type of appointment without any variation; therefore, consequently, no harm is caused; her transfer from the Municipal Services Process to the Treasury Process did not vary the already consolidated conditions of her employment contract. The official occupies the same job and maintains all the different salary components without observing a degradation of duties, and the geographical work area also does not change; therefore, no abusive ius variandi exists.\n\nUnder this thesis, it is undeniable that this Municipality has not violated the fundamental rights of Ms. [Name 001], nor has an abusive ius variandi been configured, since, as was well explained in previous paragraphs and through the evidence provided here, the appellant here was not transferred outside the municipal building, she will occupy the same job she currently holds, maintaining all the different salary components and without observing a degradation of duties, as well as maintaining her same working hours, which is why it is requested that this amparo appeal be declared without merit in all its respects.\n\nPETITION It is requested that this amparo appeal be declared without merit in all its respects.\n\nDOCUMENTARY EVIDENCE: 1. Certificate number CNS-001-2026-AAT, issued by the Acting Coordinator of the Integrated Taxpayer Service Center of this Municipality, Luis Camacho Chinchilla, stating the working hours of official [Name 001]. 2. Certificate number CNS-0023-26-PRH, issued by Yendry Zúñiga Arguedas in her capacity as Assistant of the Human Resources Process of this Municipality, stating the working hours of official [Name 001]. 3. Clock-in/out report for official [Name 001], verifying the entry and exit records of said official, recording the records in the position in the Service Administration Process and now in the Integrated Taxpayer Service Center. 4. Certificate number CNS-0024-26-PRH, issued by Yendry Zúñiga Arguedas in her capacity as Assistant of the Human Resources Process of this Municipality, of the time worked by official [Name 001] in this Municipality.”\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\n**WHEREAS:**\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant asserts that she holds a position in Service Administration, Technician 2, in the Municipality of Pérez Zeledón and, since 2008, has held the position in the Service Administration Process with a workday from Monday to Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Fridays from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. However, on December 4, 2025, by official letter No. RES-061-25-DAM of 8:11 a.m. on December 3, 2025, she was notified of the transfer of her position to one in the Integrated Taxpayer Service Center, through a resolution that is not duly grounded—there are no technical studies to justify it—and, with the aggravating factor, that it implies a substantial modification of her duties, responsibilities, and working hours—since on some occasions it closes at 4:00 p.m., but she must continue working until the last user is served. She considers that the described situation constitutes an abusive ius variandi, and that her fundamental rights are therefore violated, and that the administrative act should be ordered annulled, her immediate reinstatement ordered, and the appealed authority ordered to refrain from similar actions in the future.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are considered duly demonstrated:\n\nOn December 4, 2025, by resolution No. RES-O61-25-DAM of December 3, 2025, the appellant was notified of the decision to transfer her position of Municipal Technician 2 from the Service Administration Process to the Integrated Taxpayer Service Center of that same municipality. Specifically, she was notified of the following: “WHEREAS. 1. That, currently in the Service Administration Process there is a position of municipal technician 2, occupied by municipal official [Name 001], I.D. 01-1254-0078, a position that falls under the aegis of the Process. 2. That, there currently exists in the Waste Treatment department a position of Municipal Technician 2, occupied by municipal official Evelyn Varela Ureña I.D. 01-1084-0309. 3. That, currently the high staff rotation in the Integrated Taxpayer Service Center (Centro de Atención Integrado, CIAT), generates a risk for the Municipality and weakens the public service. 4. That, having consulted the Coordinator of the Solid Waste Sub-process to this effect, he expresses his consent to the swap in question through OFI-1395-25-SGA. 5. That, considering the temporary absence of the Coordinator of the Service Administration Process, the undersigned Municipal Mayor acts as the superior of Ms. [Name 001] according to the tenor of numeral 17 subsection a) of the Municipal Code. 6. That the undersigned, in exercise of the functions entrusted to me by current legislation, orders: WHEREAS FIRST: ON THE MAYOR'S POWER TO CARRY OUT PERSONNEL MOVEMENTS AND THE INSTITUTIONAL INTEREST. To analyze this section, it is essential to briefly recapitulate on the figure of ius variandi as a power attributed to the employer, let us see: 1.1 OF THE IUS VARIANDI: The employment relationship that occurs in the context of public functions finds its basis in articles 191 and 193 of the Political Constitution, developed at the legal level by the General Law of Public Administration, the Municipal Code in the case of Municipalities, and other recognized instruments, such as Collective Bargaining Agreements, with the character of professional law between the parties. Within traditional doctrine, it has been considered that, in an employment relationship, there are three essential elements: a) The personal service of the worker, b) The economic and/or in-kind remuneration, and, c) Subordination to the employer. The latter means the employer's power of subjection over the worker (within an exercise of safeguarding human dignity, according to vote no. 0344-2004 of the Second Chamber). This means that the employer can manage, control, and discipline the conduct of its subordinates, whether directly or delegated, thus giving rise to the ius variandi, as the more or less flexible concept of the power of direction, in a technical or administrative sense, and sometimes disciplinary, but, far from being absolute, it operates within certain limits that cannot annul or diminish the principle of the invariability of the provision of services.\n\nIt is for this reason that the employer may make use of said power provided that the measure does not entail for the worker a reduction in income, a radical change in the functions for which they were hired, creates an injurious situation for them, forces them to a greater effort to adapt to new tasks that are not those of their specialty, or that the change brings with it a danger to their health or real discomforts that were not foreseen when the contract was formalized. In this sense, in the public sphere, the Sala Constitucional has established that although the Public Administration possesses powers of ius variandi, in order to provide a better administrative organization, in favor of the service and public interest, this does not exclude it from the duty to ensure that serious harm is not caused to its servants. Of course, the simple subjective disagreement of the public worker is not grounds for being in the presence of an abusive ius variandi; rather, concrete and objective harms, of difficult reparation, must be set forth. Matters which must be discussed in the ordinary jurisdiction as they are matters of mere legality, as constitutional jurisprudence has considered. Regarding this topic, the existing jurisprudence is unanimous in indicating that Municipal Mayors, in their capacity as general administrator and head of municipal dependencies, indeed have an attributed specific and exclusive sphere of competence in personnel matters of the territorial corporation, including therein the authorization of swaps or horizontal transfers (swap) (Article 141 Código Municipal), and may consequently direct, organize, and grade the use of the human and material resources at their disposal, for the purpose of maximizing the performance or effectiveness of the officials under their responsibility, concerning whom the necessary material competence for this was conferred upon them. But these administrative functions must be exercised, inexorably, in strict adherence to the principle of legality (articles 11 of the Constitution and of the LGAP) and in accordance with the Código Municipal and the respective regulations. In this regard, the Procuraduría General de la República, through opinion C-413-2007 of November 19, 2007, noted that \"the service relationship of the official with the Administration may experience various vicissitudes throughout its existence. Normally during active service, administrative situations or transitory states may occur that do not prevent even brief cessations of the exercise of the position, without that relationship being extinguished, such as: vacations, permissions, and leaves. But at other times that normal situation is altered or modified, without being extinguished, for various causes, whether because the official goes on to exercise other public positions and functions, even in Administrations different from their own, whether by their own will or by decision of the Administration, as is the case of transfers, swaps (permutas), and relocations that the law—in our case the Estatuto de Servicio Civil and its Reglamento—establishes generally and which are developed and concretized by multiple regulatory norms—of very diverse rank and competence—and conventional norms coexisting in our environment, the latter due to the undeniable heterogeneity and dispersion prevailing in the regulation of public employment.\" Finally, in judgment No. 2754-2000 of 10:47 a.m. on March 20, 2000, the Constitutional body declared the following: \"(...) On ius variandi. 'The Administration possesses powers of ius variandi in order to provide a better organization to administrative dependencies, for the benefit of the service and the public interest. Among such powers is that of transferring an official from one position to another of the same category, if the public service so justifies. Now then, such transfers must be carried out in such a way that they do not cause serious harm to the official, so in certain cases it is indispensable to grant a hearing, so that the official may express their disagreement, all in compliance with due process. However, this is not about the simple disagreement of the servant nor the inconveniences that from a subjective point of view the transfer may cause them, but rather objective harms. Therefore, when it is obvious that the measure in question does not cause harm to the servant, because they are transferred within the same geographical area to perform the same functions, with the same salary and category, the Administration is not, as in this case, obliged to grant a hearing to the servant because in no way will harm be caused to them nor will their legal and constitutional rights be disrespected. Thus, if the official is not in agreement with what has been decided, they must make use of the remedies granted by law to challenge the measure. (Judgment number 7419-1997 of ten hours fifteen minutes on November eleventh, nineteen ninety-seven, expediente number 6760-M-97). The highlighting is not from the original. (In a similar sense, resolutions Nos. 2006-002597 of 4:48 p.m. on February 28 and 2006-011734 of 11:21 a.m. on August 11, both of 2006, may be consulted). Correctly understood, ius variandi is one of the manifestations of the power of self-organization and subordination that the employer exercises over its employees, and it takes concrete form in the non-substantial modification of the working conditions under which the personal provision of service is carried out, that is, the power to modify the manner, place, quantity, or time of work. THIRD: ON THE MOVEMENT OF TRANSFER FOR THE ACHIEVEMENT OF GOALS. Given the considerable increase of users in the Integrated Tax Service Center (Centro Integrado de Atención Tributaria), as well as the large number of interim officials in that Department, caused by a significant backlog in the resolution of competitive examinations that this Local Government has been dragging since the global COVID-19 pandemic, the Public Service provided by this Local Government has been sensitively deteriorated, causing an imminent risk to internal control and institutional finances, and it is that, although great efforts have been made to expedite the competitive examinations, and time and effort have been invested in intensifying induction processes, it has not been possible to reduce the learning curve of our newest and interim case managers, without the certainty that it will be they who will occupy the positions definitively. It is thus that the undersigned has personally focused on identifying the determining factors in user service, identifying that one of the essential elements for optimal and rapid user service is knowledge and experience in the municipal sphere, a situation which, when scarce, unfavorably impacts the trust, prestige, and already deteriorated image of the public official and the institution in relation to third parties who use our services and who expect and seek fast and timely service, and it is that, important for decision-making is considering that it is precisely the Integrated Tax Service Center where the majority of our citizens arrive to carry out all types of procedures, and they expect that the official who serves them has the necessary and sufficient experience to resolve queries with the greatest possible speed and accuracy, as well as the timely processing of the service provided, this with the purpose of achieving an adequate institutional image. It is for the foregoing that I have undertaken the task of transferring officials with extensive experience in the position and in the municipal sphere to strengthen the Integrated Tax Service Center, a situation that will allow this Local Government to provide more experienced service to the citizens who arrive at the C.I.AT., improving the image and trust that this Local Government projects to its daily users. In accordance with the arguments outlined above, once a careful analysis was made of the functions, knowledge, and experience possessed by the following officials in different municipal tasks: [Name 001], occupies the position of Technician 2 Service Administration (assistant), Evelyn Varela Ureña, occupies the position of Technician 2 Waste Treatment Depot. Considering the vast experience that Mrs. [Name 001] has in the Integrated Tax Service Center, where she worked for approximately 4 years, coupled with the above, she also has extensive experience in the municipal sphere in general thanks to her work in departments such as Environmental Management and Service Administration, experience that will be of great utility to improve the public service provided at the Tax Service Center of this Municipality. Now then, in order not to affect the habitual functioning of the Service Administration Process and being aware of the experience in the position held by official Evelyn Varela, who not only worked in the position of assistant to the Process Coordinator for at least one year, but who, during the entire period of time that she was under the aegis of the Coordinator, was rated with an OUTSTANDING grade, in order to make the services provided by the Local Government more efficient, based on the principle of multi-functionality (principio de polifuncionalidad) and considering that the aforementioned officials perform functions within the same class of position, for which they require the same academic and legal requirements, and receive the same base salary, I order the following position transfers: [Name 001] Technician 2 is transferred to Municipal Treasury (C.I.A.T Case Manager), Evelyn Varela Ureña, Technician 2 is transferred to Service Administration (assistant). Clearly, the officials must physically transfer to perform functions in their new position, under the same working conditions in which they currently work. The purpose of the foregoing movement is to maximize, in favor of the Municipality, the potential and experience that Mrs. [Name 001] and Mrs. Varela Ureña have accumulated throughout their careers as municipal officials, making the service provided by the Local Government in the area of the Tax Service Center more agile, always in the interest of looking after the best interests of our canton. The functions that the transferring officials must perform will be the same as those that generally correspond to the type of position, according to the current Manual de Clases in force in the Municipality of Pérez Zeledón; as for the specific ones, it will be the responsibility of the Immediate Supervisor. Under no circumstances is the delegation of functions dissimilar to those of the Technician 2 position being transferred authorized, under penalty of the responsible party incurring the commitment of economic resources without budgetary backing in the event of doing so. In this specific case, the transfers at hand meet all the legal and jurisprudential requirements for them to be carried out and do not affect essential elements of the employment contract of the involved officials; this movement must become effective as of December 16, 2025. The Human Resources Process is instructed to carry out all necessary steps to faithfully comply with what is ordered in this act. THEREFORE: In view of the foregoing, with the powers vested in me as Administrative Head of this Municipality, the definitive transfer of the following positions is ordered: The Municipal Technician 2 position occupied by official [Name 001] is transferred to perform functions in the Municipal Treasury Process, specifically as Case Manager at the C.I.AT, while the Municipal Technician 2 Assistant position in the Solid Waste Treatment Depot occupied by official Evelyn Varela Ureña is transferred to perform Municipal Technician 2 assistant functions in the Service Administration Process. This change of functions must become effective as of December 16, 2025; the officials must physically transfer to perform functions in their new position, under the same working conditions in which they currently hold the position. The functions that the transferring officials must perform will be the same as those that generally correspond to the type of position, according to the current Manual de Clases in force in the Municipality of Pérez Zeledón; as for the specific ones, it will be the responsibility of the Immediate Supervisor. Under no circumstances is the delegation of functions dissimilar to those of the Technician 2 position being swapped authorized, under penalty of the responsible party incurring the commitment of economic resources without budgetary backing in the event of doing so. In this specific case, the transfers at hand meet all the legal and jurisprudential requirements for them to be carried out and do not affect essential elements of the employment contract of the involved officials, which is why the prior hearing procedure is omitted.\" (see in this regard a copy of the resolution provided in the case file).\nFrom December 16, 2026, the appellant occupies the same position of Technician 2 within the Municipal Treasury Process as a CIAT Case Manager, with no variation in her salary (see in this regard the report rendered by the appealed authority).\nThe functions performed by the protected party in the Municipal Treasury Process as a CIAT Case Manager have the same schedule: Monday to Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Fridays from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. (see in this regard the report rendered by the appealed authority).\nThe functions performed by the appellant as of the change are within the Manual de Clases in force in the Municipality of Pérez Zeledón, for the type of position. In fact, from May 13, 2008, until October 1, 2009, the appellant held the same functions that, as of December 16, 2026, she performs in the Integrated Tax Service Center (see in this regard the report rendered by the appealed authority).\n\nIII.- ON THE MERITS. Regarding the issue of disagreements over variations in employment contracts, this Chamber may intervene to the extent that an abusive ius variandi is evidenced. To that extent, in Judgment No. 2025-016102 of 9:20 a.m. on May 30, 2025, citing in turn No. 2024-016258 of 9:50 a.m. on June 11, 2024, this Court indicated:\n\n\"ON THE SPECIFIC CASE. First, regarding the issue at hand, it is appropriate to indicate that through judgment no. 2020005634 of 9:20 a.m. on March 20, 2020, this Chamber ruled on abusive ius variandi, in the following terms:\n\n\"(...) It is necessary to clarify that conflicts about the scope of a contract of any nature, including employment ones, are not within the jurisdiction of this Court, created for the effective protection of the fundamental rights of the country's inhabitants, when they are directly violated by actions or omissions or simple material actions not based on an effective administrative act by public servants or bodies. Of course, if at the apex of the normative order are the norms of the Constitution, certainly any violation of a legal nature indirectly violates the Constitution; but to remedy these conflicts, the constitutional legislator created the ordinary jurisdictions. In this order of ideas, the employer's power to vary the conditions of the employment contract has been repeatedly accepted, but pointing out that it has its limits in the reasonableness of the ordered changes and provided that the servant is not harmed; a doctrine known in labor matters as ius variandi. However, discussions about the appropriateness or not of modifications are matters of mere legality that must be discussed in the corresponding ordinary jurisdiction (see judgments No. 1992-3281, 2007-017183 and 2012-17813, among others). Nonetheless, this Chamber has also pointed out that the only interest that cases where variations in employment contracts are claimed—attributable to public bodies or servants—may have for this jurisdiction exists when what is doctrinally known as abusive ius variandi occurs; that is, variations in working conditions that are openly and clearly arbitrary, making it necessary to determine if the decision implies a substantial modification of the circumstances of time and place in which the interested party works, a degradation in their functions, or a substantial reduction in the salary earned, because in those cases, the right to job stability (estabilidad laboral) would be injured, to the detriment of the servant. Now then, the Chamber on multiple occasions has also considered that the question of whether abusive ius variandi exists or not can only be evaluated against a specific case and assessing the entire factual framework it comprises; that is, a scenario or a catalog of these violations of the right to work due to the application of abusive ius variandi cannot be created or expected to exist. Under this understanding, it is only against the specific case that it can be assessed whether or not there was a violation of job stability and the right to work due to the variation of any of the substantial conditions in employment. (...)\". (emphasis added).\n\nFrom this perspective, in light of the report rendered under oath and the evidence provided in the case file, no situation constituting abusive ius variandi, susceptible of being declared in this constitutional jurisdiction, is evidenced in this case.\n\nIn this regard, it is observed that on December 4, 2025, by resolution No. RES-O61-25-DAM of December 3, 2025, the appellant was notified of the decision to transfer her Municipal Technician 2 position from the Service Administration Process to the Integrated Tax Service Center of that same municipality. The foregoing, in a resolution that, in the opinion of this Sala Constitucional, is duly grounded on reasons of public interest. It is clear that the protected party was extensively informed of the reasons that justified the change of functions, and evidently, the interested party is in disagreement with the decision taken.\n\nOn the other hand, this Court observes that the protected party maintains the same schedule that she had been working until December 15, 2025, the date on which the departmental change was applied. Now then, it is also clear that, although the adjustment involves performing other functions, these generally correspond to the type of position, according to the current Manual de Clases in force in the Municipality of Pérez Zeledón. Additionally, the appellant maintains the same salary, since what occurred was simply a change of functions.\n\nIn conclusion, the change of functions of the appellant does not imply a change in the workplace, the schedule remains unchanged without any variation, and lastly, her salary conditions show neither a reduction nor a degradation of her functions. Thus, the exercise of an abusive ius variandi by the appealed Local Government is ruled out, and therefore the appeal is dismissed.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is dismissed.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\nSXJTZFQ2WTO61\n\nEXPEDIENTE N° 26-002760-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:50:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }