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  "citation": "Res. 07943-2026 Sala Constitucional",
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  "title_es": "Rechazo de plano de acción de inconstitucionalidad contra proyecto de ley de parques nacionales",
  "title_en": "Summary dismissal of unconstitutionality action against national parks bill",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra disposiciones del proyecto de ley n.° 22.878 que reformaba la Ley del Servicio de Parques Nacionales (n.° 6084). El accionante impugnaba los incisos 16) y 17) del artículo 8 y los artículos 9 bis y 9 ter propuestos, alegando violación a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la vida, derechos de pueblos indígenas y propiedad privada, entre otros. La Sala determina que, al momento de la presentación (11 de febrero de 2026), el proyecto aún se encontraba en trámite legislativo sin haberse convertido en ley, pues el segundo debate se realizó al día siguiente y faltaba la sanción y publicación. En aplicación del artículo 73 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la acción resulta manifiestamente improcedente por recaer sobre un proyecto de ley y no sobre una norma vigente, correspondiendo el control de constitucionalidad de proyectos a la consulta legislativa (artículos 10 inciso b) de la Constitución y 96-101 de la misma Ley).",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses the unconstitutionality action filed against provisions of Legislative Bill No. 22.878, which amended the National Parks Service Law (No. 6084). The plaintiff challenged the proposed subsections 16) and 17) of Article 8 and Articles 9 bis and 9 ter, alleging violations of the principles of proportionality, legal certainty, due process, right to life, indigenous peoples' rights, and private property, among others. The Chamber finds that at the time of filing (February 11, 2026), the bill was still under legislative review and had not yet become law; the second debate took place the following day, with presidential approval and publication still pending. Under Article 73(a) of the Constitutional Jurisdiction Law, the action is manifestly inadmissible because it targets a bill rather than an enacted norm. Constitutional review of bills must be pursued through the legislative consultation procedure (Article 10(b) of the Constitution and Articles 96-101 of the same Law).",
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  "excerpt_es": "El artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone en el inciso a), que cabe la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan –por acción u omisión- alguna norma o principio constitucional. Sin embargo, el accionante cuestiona el proyecto de ley, nro. 22.878 que, al momento de interponer la acción -11 de febrero de 2026-, aún se encontraba en trámite en la Asamblea Legislativa pendiente incluso de segundo debate, el cual se llevó a cabo apenas el 12 de febrero de 2026, en la sesión extraordinaria nro. 71, estando pendiente de sanción y publicación al momento de su interposición. […] Es decir, el accionante acude a su impugnación sin que esta se hubiese constituido en ley. Así las cosas, la acción interpuesta no cumple con el requisito establecido en dicha norma. El control de constitucionalidad de los proyectos de ley se realiza a través de un procedimiento distinto, sea mediante el trámite de consulta legislativa dispuesto en los artículos 10, inciso b) de la Constitución Política y 96 a 101 de la referida Ley. […] Por consiguiente, procede rechazar de plano la acción por ser manifiestamente improcedente.",
  "excerpt_en": "Article 73(a) of the Constitutional Jurisdiction Law provides that an unconstitutionality action may be brought against laws and other general provisions that infringe—by action or omission—a constitutional norm or principle. However, the plaintiff challenges Legislative Bill No. 22.878, which at the time of filing—February 11, 2026—was still pending before the Legislative Assembly and had not even undergone second debate, which took place only on February 12, 2026, during extraordinary session No. 71, with presidential approval and publication still pending at the time of filing. […] That is, the plaintiff challenged a measure that had not yet become law. Consequently, the action fails to meet the requirement established in said provision. Constitutional review of bills is carried out through a different procedure, namely the legislative consultation process provided for in Article 10(b) of the Political Constitution and Articles 96 to 101 of the same Law. […] Therefore, the action must be summarily dismissed as manifestly inadmissible.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07943 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 04 de Marzo del 2026 a las 09:30\n\nExpediente: 26-004810-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-004810-0007-CO\n\nRes. Nº 2026007943\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiseis .\n\n Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, con cédula de identidad número [Valor 001]; contra las disposiciones incorporadas por el expediente legislativo nro. 22.878, que reforma la Ley nro. 6084 (Ley del Servicio de Parques Nacionales) mediante la adición de los incisos 16) y 17) al artículo 8, y la creación de los artículos 9 bis y 9 ter.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de febrero de 2026, se solicita que se declaren inconstitucionales las disposiciones incorporadas por el expediente legislativo nro. 22.878, que reforma la Ley nro. 6084 (Ley del Servicio de Parques Nacionales), mediante la adición de los incisos 16) y 17) al artículo 8, y la creación de los artículos 9 bis y 9 ter. Manifiesta que interpone la presente acción sin haber sido sancionado personalmente, al amparo de la jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional, que reconoce la procedencia del control abstracto de constitucionalidad cuando una norma: afecta derechos fundamentales de manera general, crea un riesgo real e inmediato para la ciudadanía, o produce un efecto disuasivo grave sobre el ejercicio de libertades constitucionales. Las normas impugnadas impactan directamente a la totalidad de la población costarricense y a visitantes extranjeros, al condicionar el acceso, tránsito y disfrute del patrimonio natural público bajo amenaza de multas económicas severas desde la primera infracción, expulsión inmediata, y cobro judicial coercitivo con posibilidad de embargo, generando un efecto inhibidor generalizado incompatible con el uso democrático de los bienes de dominio público y otorgándole interés legítimo difuso y colectivo suficiente para accionar. Afirma que se impugnan específicamente: 1. Los incisos 16) y 17) adicionados al artículo 8 de la Ley nro. 6084, que prohíben: el ingreso y permanencia en sitios no permitidos conforme a zonificaciones y planes de manejo; la realización de actividades no autorizadas según instrumentos técnicos administrativos. 2. El artículo 9 bis, que establece sanciones administrativas directas a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), incluyendo: multa de tres salarios base por ingreso o actividad no autorizada, con expulsión inmediata; multa de siete salarios base para operadores turísticos, con comiso de equipo y expulsión; incremento del 50% por reincidencia. El artículo 9 ter, que dispone que la multa impaga se convierta en deuda líquida exigible, con carácter de título ejecutivo para cobro judicial, habilitando embargos. Dichas disposiciones no exigen advertencia previa, no contemplan gradualidad, no condicionan la sanción a señalización clara y verificable, no analizan la capacidad económica del infractor, y no establecen excepciones expresas para emergencias, fuerza mayor, necesidad humana, rescate, tránsito inevitable, catástrofes naturales, epidemias, conflictos armados, derechos de pueblos indígenas ni propiedad privada preexistente. Señala que la multa mínima aplicable (aproximadamente ₡1.386.600, según salario base vigente) equivale o supera el ingreso anual o semestral de una parte significativa de la población costarricense, sin considerar la capacidad económica individual, lo que transforma la sanción administrativa en un riesgo patrimonial extremo. El impago de la multa habilita procesos de cobro judicial con posibilidad de embargo de salario, cuentas bancarias, ahorros o bienes, aun cuando la conducta haya sido involuntaria o derivada de fuerza mayor. Existen múltiples Áreas Silvestres Protegidas con señalización deficiente, ambigua o inexistente, senderos no claramente delimitados y límites no perceptibles para el ciudadano promedio, lo que impide conocer con certeza la conducta permitida o prohibida. Las condiciones naturales del país —mar, ríos, mareas, corrientes, neblina, lluvias intensas, deslizamientos— son dinámicas e imprevisibles, exponiendo a: pescadores artesanales, comunidades costeras, turistas, ciudadanos locales, a ingresar o permanecer en zonas protegidas por razones de seguridad o supervivencia, sin intención dolosa. Carreteras nacionales atraviesan parques nacionales (por ejemplo, la Ruta 32 en el Parque Nacional Braulio Carrillo), donde una persona puede quedar varada, descender del vehículo por necesidad fisiológica o esperar auxilio, situaciones que podrían ser interpretadas como infracciones sancionables con multa y expulsión. La ley no distingue entre recreación ilegal intencional y actos mínimos de supervivencia humana, tales como alimentarse, hidratarse o atender necesidades fisiológicas, permitiendo sanciones extremas por conductas inevitables. El temor real a la multa confiscatoria y al embargo posterior puede inducir racionalmente a personas perdidas, atrapadas o en peligro a evitar el contacto con guardaparques o rescatistas, priorizando el miedo a la sanción sobre la protección de la vida, generando incentivos perversos contrarios al deber estatal de auxilio. La norma no contempla la situación de pueblos indígenas cuyos territorios se superponen total o parcialmente con parques nacionales, ni reconoce su derecho al tránsito, subsistencia y prácticas culturales ancestrales, ni fue objeto de consulta previa, exponiéndolos a sanciones por el ejercicio legítimo de derechos protegidos constitucional e internacionalmente. Tampoco se excluye a propietarios privados con títulos inscritos con anterioridad a la creación de los parques, quienes podrían ser sancionados por actividades razonables en sus propias tierras, configurando restricciones de facto equivalentes a expropiación sin indemnización. FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. 1. Violación al principio de proporcionalidad y razonabilidad (artículo 39 constitucional). Las sanciones son automáticas, elevadas y fijas desde la primera conducta, sin ponderar intención, gravedad, contexto ni capacidad económica, incumpliendo el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta exigido por la jurisprudencia constitucional. 2. Multa con efectos confiscatorios y riesgo patrimonial extremo (artículo 45 constitucional). La conversión de la multa en deuda ejecutiva con posibilidad de embargo desnaturaliza la función correctiva del derecho administrativo sancionador y produce efectos confiscatorios indirectos, especialmente en personas de bajos ingresos, propietarios preexistentes y comunidades vulnerables. 3. Violación a la seguridad jurídica y al debido proceso (artículos 11 y 39 constitucionales). La ausencia de señalización clara y de accesibilidad real a las zonificaciones administrativas impide al ciudadano conocer con certeza la conducta prohibida, configurando una trampa normativa incompatible con el Estado de Derecho. 4. Violación al derecho a la vida y creación de incentivos perversos (artículo 21 constitucional). La omisión de excepciones por emergencia, fuerza mayor o necesidad humana desalienta el auxilio institucional y pone en riesgo la vida y la integridad física, contraviniendo el deber estatal de protección y el principio de humanidad del derecho sancionador. 5. Violación a derechos de pueblos indígenas (artículo 1 constitucional, Ley nro. 6172 y Convenio 169 de la OIT). La norma desconoce el derecho al tránsito, subsistencia y prácticas culturales en territorios indígenas superpuestos con parques nacionales y carece de consulta previa, exponiendo a estos pueblos a sanciones inconstitucionales. 6. Vulneración al derecho de propiedad privada preexistente (artículo 45 constitucional y Ley nro. 7788). La aplicación automática de sanciones a propietarios con títulos anteriores a la creación de los parques configura una restricción desproporcionada y potencialmente expropiatoria sin indemnización, violando la seguridad jurídica y el principio de no retroactividad. 7. Desnaturalización de la potestad sancionadora administrativa y conversión de la multa en tributo punitivo encubierto. La normativa impugnada incurre en una desviación de la finalidad constitucional de la potestad sancionadora administrativa, al establecer un régimen que se limita a imponer multas económicas elevadas, fijas y de cobro coercitivo, sin prever alternativas restaurativas, educativas o comunitarias que permitan corregir la conducta, reparar el eventual impacto ambiental y fomentar la corresponsabilidad ciudadana. En el derecho administrativo sancionador, la multa no tiene naturaleza tributaria, sino finalidad correctiva, preventiva y educativa. Cuando el Estado diseña un sistema sancionatorio que: impone montos elevados desde la primera infracción, no contempla advertencia previa ni gradualidad, no permite sustitución por trabajo comunitario o reparación ambiental, convierte automáticamente la sanción en deuda líquida exigible, y destina lo recaudado al financiamiento institucional, la sanción pierde su carácter correctivo y se transforma materialmente en un instrumento de recaudación, configurando un tributo punitivo encubierto, incompatible con la Constitución Política y con los principios que rigen el ejercicio del poder sancionador del Estado. La ausencia absoluta de opciones tales como: trabajo comunitario ambiental supervisado, programas de reforestación o restauración ecológica, limpieza de playas, ríos o áreas degradadas, voluntariado obligatorio en programas de conservación, educación ambiental como medida correctiva, evidencia que el legislador descartó mecanismos menos gravosos y más eficaces, optando por un esquema puramente económico que castiga con dinero, pero no repara el daño ni educa al ciudadano. Este diseño sancionatorio vulnera el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad material, pues: quien posee recursos económicos puede simplemente pagar la multa, mientras que quien carece de ellos enfrenta embargo, exclusión y afectación patrimonial grave, sin que ninguno tenga la posibilidad de contribuir activamente a la conservación ambiental. El derecho ambiental moderno, conforme a la Constitución Política y a los principios internacionales de desarrollo sostenible, prioriza la restauración, la educación y la participación ciudadana, no la mera punición económica. Un régimen que excluye toda forma de sanción restaurativa rompe el vínculo entre el ciudadano y la protección del patrimonio natural, y convierte la conservación ambiental en un mecanismo de exclusión económica y temor jurídico. En consecuencia, la normativa impugnada desnaturaliza la potestad sancionadora administrativa, utiliza la multa como sustituto de un impuesto, y vacía de contenido la función educativa y restaurativa que debe caracterizar al derecho ambiental, lo cual la torna constitucionalmente reprochable. Por lo expuesto, solicita respetuosamente a la Sala Constitucional: 1. Declarar la inconstitucionalidad total o parcial de los incisos 16) y 17) del artículo 8, y de los artículos 9 bis y 9 ter de la Ley nro. 6084, introducidos por el expediente legislativo nro. 22.878. 2. Subsidiariamente, condicionar su aplicación a: señalización previa, clara y verificable; advertencia obligatoria en la primera infracción; exclusión expresa de emergencias, fuerza mayor, necesidad humana, rescate y catástrofes; respeto pleno a los derechos de pueblos indígenas, con consulta previa; exclusión de propietarios privados con títulos preexistentes; análisis de capacidad económica y aplicación de gradualidad; prohibición de embargo automático y de uso desproporcionado de la fuerza. 3. Establecer una interpretación conforme que excluya toda sanción cuando esté en riesgo la vida o integridad humana, cuando la conducta sea involuntaria o derive de fuerza mayor, o cuando involucre derechos indígenas o de propiedad preexistente. 4. Cualquier otra medida que esta Sala estime necesaria para restablecer el equilibrio constitucional entre conservación ambiental, derechos humanos y uso democrático del territorio nacional.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DEBIDO AL OBJETO DE IMPUGNACIÓN. El artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone en el inciso a), que cabe la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan –por acción u omisión- alguna norma o principio constitucional. Sin embargo, el accionante cuestiona el proyecto de ley, nro. 22.878 que, al momento de interponer la acción -11 de febrero de 2026-, aún se encontraba en trámite en la Asamblea Legislativa pendiente incluso de segundo debate, el cual se llevó a cabo apenas el 12 de febrero de 2026, en la sesión extraordinaria nro. 71, estando pendiente de sanción y publicación al momento de su interposición https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx.\n\nEs decir, el accionante acude a su impugnación sin que esta se hubiese constituido en ley. Así las cosas, la acción interpuesta no cumple con el requisito establecido en dicha norma. El control de constitucionalidad de los proyectos de ley se realiza a través de un procedimiento distinto, sea mediante el trámite de consulta legislativa dispuesto en los artículos 10, inciso b) de la Constitución Política y 96 a 101 de la referida Ley (véase en sentido similar la sentencia nro. 2024-18733, de las 9:20 horas del 3 de julio de 2024). Visto lo anterior y que la inadmisibilidad de esta acción es en razón del objeto, se prescinde, por innecesaria, la verificación del resto de requisitos de admisibilidad. Por consiguiente, procede rechazar de plano la acción por ser manifiestamente improcedente.\n\n II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano la acción.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SOI3CWOBH6I61\n\nEXPEDIENTE N° 26-004810-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:54:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Exp: 26-004810-0007-CO\n\nRes. No. 2026007943\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the fourth of March two thousand twenty-six.\n\nAction of unconstitutionality brought by [Name 001], of legal age, with identity card number [Value 001]; against the provisions introduced by legislative file no. 22.878, which amends Law no. 6084 (National Parks Service Law) through the addition of subsections 16) and 17) to article 8, and the creation of articles 9 bis and 9 ter.\n\nResulting:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on February 11, 2026, it is requested that the provisions introduced by legislative file no. 22.878, which amends Law no. 6084 (National Parks Service Law), through the addition of subsections 16) and 17) to article 8, and the creation of articles 9 bis and 9 ter, be declared unconstitutional. He states that he files this action without having been personally sanctioned, under the reiterated case law of this Constitutional Chamber, which recognizes the admissibility of abstract constitutionality review when a norm: affects fundamental rights in a general manner, creates a real and immediate risk for citizens, or produces a serious deterrent effect on the exercise of constitutional freedoms. The challenged norms directly impact the entirety of the Costa Rican population and foreign visitors, by conditioning access, transit, and enjoyment of the public natural heritage under threat of severe economic fines from the first infraction, immediate expulsion, and coercive judicial collection with the possibility of seizure (embargo), generating a generalized inhibitory effect incompatible with the democratic use of public domain assets and granting sufficient diffuse and collective legitimate interest to bring action. He affirms that the following are specifically challenged: 1. Subsections 16) and 17) added to article 8 of Law no. 6084, which prohibit: entry and stay in sites not permitted according to zonings (zonificaciones) and management plans; performing activities not authorized according to technical administrative instruments. 2. Article 9 bis, which establishes direct administrative sanctions by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), including: a fine of three base salaries for unauthorized entry or activity, with immediate expulsion; a fine of seven base salaries for tour operators, with seizure (comiso) of equipment and expulsion; a 50% increase for recidivism. Article 9 ter, which provides that an unpaid fine becomes an enforceable liquid debt, with the character of an executory title for judicial collection, enabling seizures (embargos). Said provisions do not require prior warning, do not contemplate gradualness, do not condition the sanction on clear and verifiable signage, do not analyze the economic capacity of the offender, and do not establish express exceptions for emergencies, force majeure, human need, rescue, inevitable transit, natural catastrophes, epidemics, armed conflicts, rights of indigenous peoples, or pre-existing private property. He points out that the minimum applicable fine (approximately ₡1,386,600, according to the current base salary) equals or exceeds the annual or semi-annual income of a significant part of the Costa Rican population, without considering individual economic capacity, which transforms the administrative sanction into an extreme patrimonial risk. Non-payment of the fine enables judicial collection processes with the possibility of seizure of salary, bank accounts, savings, or assets, even when the conduct was involuntary or derived from force majeure. There are multiple Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) with deficient, ambiguous, or non-existent signage, trails not clearly delimited, and boundaries not perceptible to the average citizen, which prevents knowing with certainty the permitted or prohibited conduct. The natural conditions of the country—sea, rivers, tides, currents, fog, intense rains, landslides—are dynamic and unpredictable, exposing: artisanal fishermen, coastal communities, tourists, local citizens, to entering or staying in protected zones for reasons of safety or survival, without intentional malice. National highways cross national parks (for example, Route 32 in the Braulio Carrillo National Park), where a person may become stranded, exit the vehicle for a physiological need, or wait for assistance, situations that could be interpreted as infractions punishable with a fine and expulsion. The law does not distinguish between intentional illegal recreation and minimal acts of human survival, such as eating, hydrating, or attending to physiological needs, allowing extreme sanctions for unavoidable conduct. The real fear of confiscatory fines and subsequent seizure can rationally induce lost, trapped, or endangered persons to avoid contact with park rangers or rescuers, prioritizing fear of sanction over the protection of life, generating perverse incentives contrary to the state duty of assistance. The norm does not contemplate the situation of indigenous peoples whose territories totally or partially overlap with national parks, nor does it recognize their right to transit, subsistence, and ancestral cultural practices, nor was it subject to prior consultation, exposing them to sanctions for the legitimate exercise of constitutionally and internationally protected rights. Nor are private owners with titles registered prior to the creation of the parks excluded, who could be sanctioned for reasonable activities on their own lands, configuring de facto restrictions equivalent to expropriation without compensation. GROUNDS OF UNCONSTITUTIONALITY. 1. Violation of the principle of proportionality and reasonableness (article 39 of the Constitution). The sanctions are automatic, high, and fixed from the first conduct, without weighing intent, severity, context, or economic capacity, failing the test of suitability, necessity, and strict proportionality required by constitutional case law. 2. Fine with confiscatory effects and extreme patrimonial risk (article 45 of the Constitution). The conversion of the fine into an executive debt with the possibility of seizure denatures the corrective function of administrative sanctioning law and produces indirect confiscatory effects, especially on low-income persons, pre-existing owners, and vulnerable communities. 3. Violation of legal certainty and due process (articles 11 and 39 of the Constitution). The absence of clear signage and real accessibility to administrative zonings prevents the citizen from knowing the prohibited conduct with certainty, configuring a normative trap incompatible with the Rule of Law. 4. Violation of the right to life and creation of perverse incentives (article 21 of the Constitution). The omission of exceptions for emergency, force majeure, or human need discourages institutional assistance and puts life and physical integrity at risk, contravening the state duty of protection and the principle of humanity in sanctioning law. 5. Violation of the rights of indigenous peoples (article 1 of the Constitution, Law no. 6172, and ILO Convention 169). The norm disregards the right to transit, subsistence, and cultural practices in indigenous territories overlapping with national parks and lacks prior consultation, exposing these peoples to unconstitutional sanctions. 6. Violation of the right to pre-existing private property (article 45 of the Constitution and Law no. 7788). The automatic application of sanctions to owners with titles predating the creation of the parks configures a disproportionate and potentially expropriatory restriction without compensation, violating legal certainty and the principle of non-retroactivity. 7. Denaturation of the administrative sanctioning power and conversion of the fine into a covert punitive tax. The challenged regulation incurs a deviation from the constitutional purpose of the administrative sanctioning power, by establishing a regime that merely imposes high, fixed, coercively collected economic fines, without providing restorative, educational, or community alternatives to correct conduct, repair the eventual environmental impact, and foster citizen co-responsibility. In administrative sanctioning law, the fine does not have a tax nature, but rather a corrective, preventive, and educational purpose. When the State designs a sanctioning system that: imposes high amounts from the first infraction, does not contemplate prior warning or gradualness, does not allow substitution with community work or environmental repair, automatically converts the sanction into an enforceable liquid debt, and allocates the collected funds to institutional financing, the sanction loses its corrective character and is materially transformed into a collection instrument, configuring a covert punitive tax, incompatible with the Political Constitution and the principles governing the exercise of the State's sanctioning power. The absolute absence of options such as: supervised environmental community work, reforestation or ecological restoration programs, cleaning of beaches, rivers, or degraded areas, mandatory volunteer work in conservation programs, environmental education as a corrective measure, shows that the legislator discarded less burdensome and more effective mechanisms, opting for a purely economic scheme that punishes with money, but does not repair the damage or educate the citizen. This sanctioning design violates the principle of reasonableness, the principle of proportionality, and the principle of material equality, since: the person with economic resources can simply pay the fine, while the person lacking them faces seizure, exclusion, and serious patrimonial harm, without either having the possibility of actively contributing to environmental conservation. Modern environmental law, in accordance with the Political Constitution and international principles of sustainable development, prioritizes restoration, education, and citizen participation, not mere economic punishment. A regime that excludes all forms of restorative sanction breaks the link between the citizen and the protection of natural heritage, and turns environmental conservation into a mechanism of economic exclusion and legal fear. Consequently, the challenged regulation denatures the administrative sanctioning power, uses the fine as a substitute for a tax, and empties the educational and restorative function that should characterize environmental law, making it constitutionally reprehensible. For the foregoing, he respectfully requests the Constitutional Chamber to: 1. Declare the total or partial unconstitutionality of subsections 16) and 17) of article 8, and of articles 9 bis and 9 ter of Law no. 6084, introduced by legislative file no. 22.878. 2. Alternatively, condition their application on: prior, clear, and verifiable signage; mandatory warning on the first infraction; express exclusion for emergencies, force majeure, human need, rescue, and catastrophes; full respect for the rights of indigenous peoples, with prior consultation; exclusion of private owners with pre-existing titles; analysis of economic capacity and application of gradualness; prohibition of automatic seizure and disproportionate use of force. 3. Establish a conforming interpretation that excludes any sanction when human life or integrity is at risk, when the conduct is involuntary or derives from force majeure, or when it involves indigenous rights or pre-existing property rights. 4. Any other measure that this Chamber deems necessary to restore the constitutional balance between environmental conservation, human rights, and democratic use of the national territory.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION DUE TO THE OBJECT OF CHALLENGE. Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides in subsection a), that an action of unconstitutionality may be brought against laws and other general provisions that infringe—by action or omission—any constitutional norm or principle. However, the claimant challenges the bill, no. 22.878, which, at the time of filing the action—February 11, 2026—was still in process in the Legislative Assembly, even pending second debate, which took place just on February 12, 2026, in extraordinary session no. 71, pending sanction and publication at the time of its filing https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx.\n\nThat is to say, the claimant resorts to his challenge without it having become law. As matters stand, the filed action does not meet the requirement established in said norm. The constitutionality review of bills is carried out through a different procedure, namely through the legislative consultation process provided for in articles 10, subsection b) of the Political Constitution and 96 to 101 of the referenced Law (see in a similar sense judgment no. 2024-18733, of 9:20 hours on July 3, 2024). Given the foregoing and that the inadmissibility of this action is due to its object, verification of the remaining admissibility requirements is dispensed with as unnecessary. Consequently, the action must be rejected outright for being manifestly inadmissible.\n\nII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any documents on paper, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, have been provided, these must be withdrawn from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch (Poder Judicial)\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is rejected outright.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\nSOI3CWOBH6I61\n\nFILE NO. 26-004810-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 15:54:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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