{ "id": "nexus-sen-1-0007-1371533", "citation": "Res. 05307-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Imposibilidad de suministro de agua en lotes sin operador autorizado", "title_en": "Impossibility of water supply for lots lacking an authorized operator", "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo presentado en favor de un propietario de varios lotes en el sector Valle Verde de Guápiles, Pococí. El recurrente alegaba que el AyA y la ASADA Buenos Aires Sur negaron arbitrariamente y sin fundamentación técnica el servicio de agua potable, lesionando sus derechos fundamentales. La Sala acreditó que el amparado no ha presentado solicitud formal de disponibilidad de agua ante el AyA y que el sector donde se ubican los lotes no cuenta con un operador autorizado. Reiterando jurisprudencia, el tribunal concluye que existe imposibilidad material (falta de operador y red) y que la negativa no es arbitraria, por lo que no se violentan derechos fundamentales. Indica que el amparado debe acudir a las vías administrativas u ordinarias para gestionar sus pretensiones.", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed an amparo action filed on behalf of a landowner of several lots in the Valle Verde sector of Guápiles, Pococí. The petitioner claimed that AyA and ASADA Buenos Aires Sur arbitrarily and without technical grounds denied water service, violating fundamental rights. The Chamber found that the landowner had not submitted a formal water availability request to AyA and that the sector where the lots are located lacks an authorized operator. Reiterating its case law, the court concluded that there is a material impossibility (lack of operator and network) and the denial was not arbitrary, hence no fundamental rights were violated. It directed the petitioner to pursue administrative or ordinary judicial channels.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "13/02/2026", "year": "2026", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "imposibilidad material", "ASADA", "disponibilidad de agua potable", "operador autorizado", "valvuleo", "constancia de disponibilidad de servicios" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 7 inc. 31", "law": "Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA" }, { "article": "Art. 14", "law": "Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA" }, { "article": "Art. 46 Reglamento de ASADAS", "law": "Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE" } ], "keywords_es": [ "amparo", "agua potable", "ASADA", "AyA", "imposibilidad material", "operador autorizado", "disponibilidad de agua" ], "keywords_en": [ "amparo", "drinking water", "ASADA", "AyA", "material impossibility", "authorized operator", "water availability" ], "excerpt_es": "Así las cosas, se descarta una lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada. Según se observa de la documentación remitida a esta Cámara, el motivo por el cual, a la fecha de interposición del amparo, las autoridades recurridas no han proporcionado el servicio que es objeto del presente recurso, obedece a que: a) el amparado no ha cumplido con los requerimientos jurídicos, pues no ha realizado la solicitud, a título personal, para el abastecimiento de agua de sus propiedades; y b) existe una imposibilidad material, por cuanto el sector en el que se ubican las fincas del amparado no cuenta con un operador autorizado. En ese sentido, lo actuado no resulta arbitrario (…) En virtud de lo anterior, lo que corresponde es que la parte amparada realice la solicitud correspondiente ante las autoridades del ICAA con el fin de que lleven a cabo los estudios de factibilidad técnica pertinentes y determinen si es posible materialmente proporcionar el servicio de agua potable, en virtud de que no existe un operador autorizado en el sector donde se ubican las propiedades del tutelado.", "excerpt_en": "Thus, any violation of the fundamental rights of the protected party is ruled out. As seen from the documentation submitted to this Chamber, the reason why, at the date of filing the amparo, the respondent authorities have not provided the service sought in this appeal, is that: a) the petitioner has not met the legal requirements, as he has not personally filed a request for water supply to his properties; and b) there is a material impossibility, because the sector where the petitioner's properties are located does not have an authorized operator. In this regard, the action taken is not arbitrary (…) In light of the above, the petitioner must file the corresponding request with the ICAA authorities so that they may conduct the relevant technical feasibility studies and determine whether it is materially possible to provide drinking water service, given that there is no authorized operator in the sector where the protected party's properties are located.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The amparo is denied because the petitioner did not formally request water availability and there is no authorized operator in the area.", "summary_es": "Se declara sin lugar el amparo porque el recurrente no solicitó formalmente la disponibilidad de agua y no existe operador autorizado en la zona." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This Chamber has held that, while there is a fundamental right to drinking water, its exercise is not absolute, such that the entities providing that service have an obligation to supply it in any condition and at any time.", "quote_es": "Esta Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "In the face of legal impossibility (failure to comply with requirements established in the respective regulation) or formal impossibility (absence of a Water Distribution Network), it is reasonable not to grant service requests.", "quote_es": "frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Any violation of the fundamental rights of the protected party is ruled out... the sector where the petitioner's properties are located does not have an authorized operator.", "quote_es": "se descarta una lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada... el sector en el que se ubican las fincas del amparado no cuenta con un operador autorizado." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-92344", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE Art. 46 Reglamento de ASADAS" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1371533", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05307 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 13 de Febrero del 2026 a las 09:34\n\nExpediente: 25-039982-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-039982-0007-CO\n\nRes. Nº 2026005307\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del trece de febrero de dos mil veintiseis .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-039982-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED07, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED08, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL Nombre03 Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 25 de diciembre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Asociación de Acueducto Rural Nombre03 y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y manifiesta: que el amparado compró unos lotes en Guápiles, en la calle llamada “Dirección01”. Manifiesta que se solicitó la constancia de disponibilidad de agua potable y el servicio de agua potable para los siguientes inmuebles: finca 7-130335, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 800 metros y plano L-1370758-2009; finca 7-156188, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 1200 metros y plano L-1785958-2014; finca 7-156190, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 500 metros y plano L-1785333-2014; y finca 7-195932, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 1000 metros y plano L-0033465-2024. Sin embargo, aduce han transcurrido 20 años y no se ha logrado el objetivo de contar con agua en las propiedades. Menciona que se han presentado “cantidades de solicitudes” y se constituyó la ASADA Buenos Aires Sur, pero el instituto recurrido restringió el servicio “sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua”. Señala que adjunta un documento en el que la autoridad accionada únicamente autorizó el líquido a las 40 casas pertenecientes al “grupo Comunidad de VALLE VERDE”. Agrega que el amparado ha solicitado formalmente el acceso al servicio en la ASADA Buenos Aires Sur y esta, en todas sus administraciones, se ha mostrado anuente a colaborar siempre y cuando reciban la autorización del ICAA. No obstante, ese instituto ha rechazado la petición sin ningún fundamento técnico que respalde su decisión. Detalla que las justificaciones del rechazo han sido las siguientes: “1. Que las propiedades no contaban con los permiso (sic) municipales y visados de los planos, cuando los planos están perfectamente visados, y se realizan los pagos puntualmente a los impuestos municipales y cada declaración que corresponde. 2. Que supuestamente los terrenos que le vendieron les pertenecían a personas no gratas para la institución del AYA, excusa totalmente ilógica, tratándose de una discriminación a título personal. 3. Que no había suficiente líquido para brindar el servicio, cuando los informes de la ASADA Buenos Aires Sur, es que tiene suficiente líquido para brindarnos el servicio. 4. Que no tenían presupuesto para crear la tubería que nos diera el servicio hasta nuestras casas, cuando hace varios años ya los vecinos de Dirección02 pagamos por esas tuberías y que ya están instaladas listas para brindar el servicio, pero según un oficio de AYA le prohíbe a la ASADA liberar el líquido hace donde está la propiedad del amparado. 5. Que existe un gran tanque del AYA (fotos que se adjuntan) a escasos metros de distancia de una de las propiedades del amparado y según el AYA el agua no va a llegar hasta la propiedad.” Alega que la falta de fundamentos y transparencia constituye una violación a los derechos fundamentales y afecta la calidad de vida de las personas que habitan esos bienes. Reitera que, como propietario, el amparado tiene derecho de contar con el suministro de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de su hogar y garantizar una vida digna a los habitantes de los inmuebles. Añade que en diferentes oportunidades el instituto recurrido ha ofrecido el servicio si los vecinos asumen determinados gastos, pero, tras realizar grandes esfuerzos económicos, esto no ha sucedido, específicamente, refiere como ejemplo “la constitución de la asada y para movilizar el líquido de la Asada Buenos Aires de Jiménez a Buenos Aires Sur”. Concluye que el amparado lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico o estudio técnico alguno y aunque sus lotes están a solo unos metros de un tanque del ICAA y a metros de la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur no recibe el líquido y para sobrevivir ha tenido que invertir grandes cantidades de dinero en pozos y tanques para recolectar agua de lluvia. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala.\n\n2.- Por medio de la resolución de las 10:41 horas del 29 de diciembre de 2025, la Sala realizó una prevención a la parte recurrente.\n\n3.- A través de escrito aportado al expediente electrónico en fecha 29 de diciembre de 2025, la parte recurrente cumple con lo solicitado por esta Sala.\n\n4.- Por medio de la resolución de las 14:16 horas del 9 de enero de 2026, la Sala le dio curso al presente recurso de amparo.\n\n5.- Mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 22 de enero de 2026, Rafael Barboza Topping, director de la UEN Gestión de ASADAS, y Randy Madrigal Rodríguez, encargado de la oficina cantonal de Pococí, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informan bajo juramento en los siguientes términos: “(…) II. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE Con fundamento en los anexos y la prueba que se incorpora queda demostrado que: PRIMERO: No nos consta, es un hecho propio del recurrente; No obstante, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “Sobre la compra del inmueble y las expectativas del recurrente, no le consta a esta Institución, por tratarse de actos de naturaleza privada entre particulares. El AyA no interviene ni participa en transacciones inmobiliarias, ni puede garantizar, por sí sola, la disponibilidad de servicios públicos esenciales sin que se cumplan previamente los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos en la normativa vigente.” SEGUNDO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la comunidad, específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” De la normativa citada en este hecho, cabe indicar que no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes. TERCERO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “No es cierto que la ASADA Buenos Aires Sur se haya constituido específicamente para abastecer al sector donde se ubica el inmueble. Consta que la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, cédula jurídica CED01, inició funciones el 08/09/2007, cumpliendo los requisitos para la conformación de asociaciones establecidos en la Ley 218 y su Reglamento y cuenta con Convenio de Delegación vigente desde el 04/02/2009, para una zona de competencia definida, distinta al sector norte cercano al Colegio Green Valley. Sobre la prueba que adjuntan indicando “… el personero del AyA fue tajante en restringir el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua …” En la prueba adjunta, documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 con fecha 5 de marzo del 2021 se indica “Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Al respecto, es fundamental precisar que la gestión señalada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes, ubicado en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector de Dirección02, donde se localiza la propiedad del recurrente. En relación con este último sector, se deja constancia de que no se ha recibido, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA. En consecuencia, resulta improcedente atribuir validez técnica al documento aportado, toda vez que no constituye un análisis de disponibilidad hídrica aplicable al sector norte de la comunidad, donde se ubican las propiedades del recurrente. Actualmente, el AyA se encuentra desarrollando los estudios técnicos correspondientes con el fin de atender la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, mediante la cual se solicita la intervención institucional del AyA para que la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). En este contexto, se cuenta con criterios ambientales vinculantes, los cuales resultan determinantes para la toma de decisiones. En particular, el documento UEN-GA-2025-03793, debidamente adjunto, emitido por la UEN Ambiental, señala expresamente lo siguiente: “De igual manera, considerando que el área de la ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Dirección03’ coincide con el área de la solicitud de un proyecto urbanístico de exoneración de alcantarillado sanitario denominado ‘Nuevo Guápiles’, tramitado como expediente N.° 640 en el año 2014, en el plano catastrado L-239023-95, el cual fue denegado por la UEN Gestión Ambiental debido a inconsistencias técnicas de carácter hidrogeológico que nunca fueron subsanadas por el interesado…” Asimismo, en el documento SUB-AID-GA-2015-432, de fecha 28 de abril de 2015, la Dirección Ambiental emitió un criterio técnico categórico en los siguientes términos: “… esta Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, de protección del acuífero y de las Fuentes Numancia del AyA, y con base en la totalidad de los estudios técnicos existentes en la zona, así como en el Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, no recomienda la exoneración del Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, ubicado en Dirección04, Guápiles, Pococí, Limón, plano catastrado L-239023-95, por tratarse de un acuífero altamente vulnerable a la contaminación.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00069 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843 (adjuntos), el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para los terrenos ubicados en ese sector. Para la finca Dirección05 que registra su naturaleza como “Agricultura y Pastos” ante el Registro Nacional de la Propiedad, es importante mencionar que el artículo 31 del Reglamento Ilustrado de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, cita lo siguiente: “Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse para actividades agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, siempre que el área de cada uno de los predios resultantes no sea inferior a 900,00 m2. Este fraccionamiento debe indicar en planos que su uso es exclusivo para actividad agrícola, pecuaria, forestal o mixta. No requiere de lo dispuesto en el Artículo 13. Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos, hasta que se tramite el permiso de construcción. Al considerar que estos lotes no interesan para fines urbanos por su naturaleza y dimensiones, deben contar únicamente con el visado de la Municipalidad.” Bajo este escenario, nótese que no es necesario contar con la garantía del recurso hídrico en este tipo de fraccionamientos (disponibilidad de agua potable) ya que no interesan para fines urbanos por su naturaleza y dimensiones. Ahora bien, si el amparado tiene otros fines en la Dirección06, deberá cumplir con lo estipulado en la normativa.” CUARTO: No nos consta sobre la respuesta dada por la ASADA, ya que no se aporta prueba al respecto, en los demás aspectos No son ciertos. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “El recurrente enumera cinco supuestas justificaciones del rechazo: permisos municipales, discriminación personal, falta de agua, inexistencia de presupuesto, y cercanía de infraestructura del AyA. (…) 1. Permisos municipales y planos: No le consta al AyA la totalidad de gestiones municipales alegadas. En todo caso, el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA (Ley N.º 2726) establece que todo proyecto de urbanización o lotificación requiere aprobación previa del AyA, sin la cual cualquier permiso municipal carece de eficacia jurídica. 2. Alegato sobre discriminación personal: No le consta a esta Institución tal afirmación, las decisiones del AyA se basan exclusivamente en criterios técnicos, legales y ambientales, nunca en consideraciones subjetivas sobre personas. 3. Disponibilidad hídrica: En la UEN Gestión de ASADAS, no consta el ingreso de ninguna gestión formal de solicitud de disponibilidad de agua, ni saneamiento para el sector donde el recurrente posee sus propiedades. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico (Estudios técnico específico para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la viabilidad o factibilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento para dicho sector por parte de la ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infraestructura y presupuesto: No consta infraestructura de la ASADA Buenos Aires Sur en el sector donde se ubica el inmueble del recurrente, ni estudios aprobados para su extensión. 5. Cercanía del Tanque Numancia: La sola proximidad física a infraestructura del AyA no genera derecho automático a la conexión. El criterio ambiental UEN-GA-2025-03793 establece que el área se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo cual impone severas restricciones para desarrollos habitacionales y nuevas conexiones.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00069 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…no se realizan mayores observaciones, siendo que el amparado indica la intención de acceder al servicio de agua potable de la ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe, ostenta competencia sólo para los sistemas administrados por AyA. En el caso específico el acueducto de AyA más cercano es el HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, que como ya se ha indicado no alcanza a cubrir el sector de Valle Verde. Tal como lo indica el amparado, el tanque de Numancia que forma parte del acueducto del AyA se ubica cercano\n\n al sector de Valle Verde, y que de acuerdo con lo indicado en los oficios GSPRHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843, este tanque se encuentra a una elevación menor en relación con Valle Verde, razón por la cual no resulta técnicamente viable ampliar la cobertura. Esta condición es conocida por el recurrente, al punto de gestionar que el abastecimiento se otorgue por la ASADA de Buenos Aires Sur, que se ubica a una elevación mayor.” QUINTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSDUEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “El recurrente sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales. (…) No se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable. “12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00069 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…efectivamente el amparado tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Se reitera que la Región Huetar Caribe, no ha emitido constancias de disponibilidad de servicios, puesto que no se encuentra dentro de su área de cobertura.” En ese sentido, cabe citar además lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA que indica: “…134. Zona de restricción ambiental: Superficie territorial delimitada por condiciones geomorfológicas o zonas de riesgo, zonas de protección y áreas protegidas o reservas patrimonio del Estado donde por disposiciones legales o de planificación territorial de orden local, regional o nacional no deben aprobarse disponibilidades de servicios o conexiones para la prestación de los servicios de acueducto o alcantarillado sanitario o ambos por parte de un prestador de servicio público.” Además, tal como se ha manifestado por parte del recurrente no se han cumplido los requisitos establecidos para generar una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, ya que, no se ha cumplido por parte de los interesados con los estudios técnicos y obras de mejora necesarios para optar por un servicio. SEXTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSDUEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00069 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…tampoco se emiten mayores comentarios, siendo que la Región Huetar Caribe no ha realizado gestión alguna en el sector de Valle Verde. Debe indicarse que dentro de la normativa y procedimientos de AyA nunca se solicitan contribuciones económicas a los interesados.” SÉTIMO: No nos consta. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00069 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…se reitera que AyA – Región Huetar Caribe, no ha realizado gestión alguna que apruebe o desapruebe el abastecimiento con agua en el sector de Valle Verde, puesto que se ubica fuera del área de cobertura.” OCTAVO: Este acápite no es un hecho. Sin embargo, cabe citar lo expuesto en el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento. CONCLUSIÓN De lo expuesto se concluye que no existe actuación arbitraria, discriminatoria ni carente de fundamento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Las decisiones adoptadas responden a criterios técnicos, ambientales y normativos, orientados a la protección del recurso hídrico y al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00069 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “… si bien se trata sobre jurisprudencias de la Sala Constitucional, se puede observar de los extractos, que ambas resoluciones (2016-006027 y 2017- 005245) la Sala indica que no se acredita omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, siendo que los actos no fueron antojadizos, sino que se sustentan en aspectos técnicos como lo es la inexistencia de disponibilidad de agua potable en los sectores. De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025-03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia y Dirección07), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector. - Asimismo, de forma reciente el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en el documento DU-431-12-2025 con fecha del 17 de diciembre de 2025 (adjunto), en referencia a los documentos PRE-2025-01153 y PRE-2025-01154, que atiende precisamente los casos que están en este amparo (Green Valley, Valle Verde y Proyecto Nuevo Guápiles) del cual se extrae los siguientes textos: “Se exponen tres casos en las notas; en el primero, la finca folio real N.°7-65885-000, plano catastrado N.°L-239023-1995 (2 219 000 m²) dio origen al proceso de transformación del suelo del que se pretendió tramitar en el año 2014 como un proyecto urbanístico en el distrito de Guápiles de Pococí, mas no se logró debido a la alta vulnerabilidad ambiental de la zona, por la cercanía con los mantos acuíferos. Se indica que el “proyecto” no avanzó en cuanto a trámites, sin embargo, a la fecha se han fraccionado más de 250 lotes provenientes de la finca madre, donde se identifican tres diferentes barrios: • Barrio Valle Verde: Es abastecido actualmente por la Asada Buenos Aires; no existe solución de tratamiento de aguas residuales, pese a la cercanía del acuífero que abastece el centro del distrito. • Barrio Green Valley: Se han segregado propiedades vendidas a terceros; se tienen viviendas construidas, pero sin un operador autorizado en cuanto al servicio de agua potable. • Dirección08: Implicó la apertura de calles públicas y segregación de lotes resultantes; existe una Constancia de Capacidad Hídrica para que se actualicen los trámites urbanísticos conforme a la normativa.” “6. Casos expuestos 6.1. El primer caso que se mencionó en su nota lleva relación con proyecto que si bien en sus orígenes pretendió tramitarse como mandaban la regulación vigente (urbanización por la apertura de vías), inobservó las normas aplicables en materia de planificación urbana, desde la Ley de Planificación Urbana, Decreto Ejecutivo N°36550 el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, su versión posterior, el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Contemplando que se generaron más de 250 planos catastrados provenientes de la misma finca madre (3 barrios con plano desde el año 1995 hasta el 2005), y presuntamente fueron visados por la Municipalidad respectiva no solo sin contar con disponibilidad de agua, sino sin el visado del INVU y demás instituciones revisoras, nos encontramos ante un proceso de transformación de suelo que para su puesta a derecho corresponde, según el marco normativo, se debe tramitar como urbanización.” “Conclusiones… • Según el dictamen N.°PGR-C-058-2022 de la Procuraduría General de la República del 18 de marzo de 2022, si una municipalidad emite un acto administrativo irregular, como el visado de un plano que declara un camino como público cuando no lo es, este se considera ilegítimo. De acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, Ley N.°6227, el acto es válido solo si se ajusta sustancialmente al ordenamiento jurídico, y la ausencia de un elemento que justifique su emisión puede generar un vicio de nulidad absoluta, impidiendo su presunción de legitimidad y su saneamiento o convalidación. En consecuencia, la administración está obligada a anularlo de oficio mediante el proceso de lesividad si es declaratorio de derechos, o por el procedimiento de nulidad es absoluta, evidente y manifiesta. • De acuerdo con el análisis detallado del texto anterior, no existe ningún instrumento normativo o jurisprudencial que avale al INVU para que el AyA pueda otorgar constancias de disponibilidad de servicios públicos de agua potable sin la construcción de sistemas colectivos de aguas pluviales y sanitarios en procesos de transformación del suelo con fines urbanísticos y urbanizaciones, que no cumplieron las regulaciones aplicables. En fraccionamientos con fines urbanísticos y urbanizaciones se requiere obligatoriamente la provisión de servicios indispensables, incluyendo agua potable y sistemas colectivos para el tratamiento de aguas residuales y pluviales. Esto se alinea con el art. 36 de la LPU, que prohíbe desde 1968 visados municipales sin disponibilidad de servicios. La consideración de que cada propietaria o propietario de lote construya su sistema individual no exime el cumplimiento de estas normas, ya que el texto califica tales prácticas como irregulares e ilegítimas en los casos expuestos, donde se evadieron requisitos como el visado previo del INVU, la cesión de áreas públicas y la infraestructura colectiva, generando vicios de nulidad absoluta en actos administrativos. Cualquier otorgamiento de constancias por AyA en estos escenarios contradiría la LPU y no contaría con aval del INVU, priorizando la planificación urbana integral sobre soluciones individuales que comprometan la vulnerabilidad ambiental o la provisión adecuada de servicios. De este documento se desprende que el fraccionamiento Valle Verde, al cual pertenecen las propiedades del amparado (7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190 y 7-195932 exceptuando esta última por su naturaleza de “Agricultura y Pastos” ante el Registro Nacional de la Propiedad, más no por su ubicación), así como la Urbanización Nuevo Guápiles y el Fraccionamiento Green Valley, según criterio del INVU, se llevó a cabo inobservando las Leyes y Reglamentos que regulan el desarrollo urbano, entre ellos la existencia de disponibilidad de servicios previo a las segregaciones de las fincas. Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por el recurrente no tiene relación con las actuaciones de AyA Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires le otorgue la disponibilidad de agua potable, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística y en especial el resguardo del recurso hídrico que subyace estos terrenos y que es utilizado para el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población del cantón de Pococí.” Se reitera para que el operador por delegación del AyA, en el caso que nos ocupa, la ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, para que pueda brindar una constancia de disponibilidad de servicios positiva a favor de los interesados, estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto, y en los casos como el presente en los que no existe red, deberán realizar los estudios técnicos y obras de mejoras para generar dicha constancia de disponibilidad de servicios en la zona, según lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento para la Prestación de los Servicios y artículo 46 del Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE) (…)”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- A través de escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 23 de enero de 2026, Lourdes María Suárez Barboza, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa bajo juramento en los siguientes términos: “(…) II. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE Con fundamento en los anexos y la prueba que se incorpora queda demostrado que: PRIMERO: No nos consta, es un hecho propio del recurrente; No obstante, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “Sobre la compra del inmueble y las expectativas del recurrente, no le consta a esta Institución, por tratarse de actos de naturaleza privada entre particulares. El AyA no interviene ni participa en transacciones inmobiliarias, ni puede garantizar, por sí sola, la disponibilidad de servicios públicos esenciales sin que se cumplan previamente los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos en la normativa vigente.” SEGUNDO: No es cierto. De acuerdo con el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de\n\nSistemas Delegados-AyA se indica que: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la comunidad, específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” Cabe indicar que la normativa citada en este hecho no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA; las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes. TERCERO: No es cierto. Según informe remitido por la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, se indica a manera de resumen que: (ver informe No. GSD-UEN-GAR-2026-00241): 1. No es cierto que la ASADA Buenos Aires Sur se haya constituido específicamente para abastecer al sector donde se ubica el inmueble. 2. Con documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 de fecha 5 de marzo del 2021, se indicó que: “…de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto…” por lo que no lleva razón en indicar que se restringe el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria de disponibilidad de agua. 3. Que la proyección para el posible otorgamiento será únicamente la que se señala para el sector norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley. 4. La gestión realizada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes y ubicadas en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector de Dirección02, donde se localiza la propiedad del recurrente. 5. Para este sector, la ASADA de Buenos Aires Sur de Pococí no ha realizado ningún estudio técnico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA. Por lo que no resulta procedente atribuir validez técnica al documento que aportan para beneficio del sector norte donde se ubica la propiedad del recurrente. 6. Actualmente AyA está desarrollando estudios técnicos en atención a la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, para ver la viabilidad de que esta asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). En este contexto, se cuenta con criterios ambientales vinculantes, los cuales resultan determinantes para la toma de decisiones. 7. Se aporta el documento UEN-GA-2025-03793 (ver adjunto), emitido por la UEN Ambiental, donde se señala entre otras cosas lo siguiente: (…) “De igual manera, considerando que el área de la ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Dirección03’ coincide con el área de la solicitud de un proyecto urbanístico de exoneración de alcantarillado sanitario denominado ‘Nuevo Guápiles’, tramitado como expediente N° 640 en el año 2014, en el plano catastrado L-239023-95, el cual fue denegado por la UEN Gestión Ambiental debido a inconsistencias técnicas de carácter hidrogeológico que nunca fueron subsanadas por el interesado.” 8. Se aporta el documento SUB-AID-GA-2015-432 (ver adjunto) correspondiente a un criterio técnico categórico de la Dirección donde señala: (…) “Esta Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, de protección del acuífero y de las Fuentes Numancia del AyA, y con base en la totalidad de los estudios técnicos existentes en la zona, así como en el Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, no recomienda la exoneración del Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, ubicado en Dirección04, Guápiles, Pococí, Limón, plano catastrado L-239023-95, por tratarse de un acuífero altamente vulnerable a la contaminación.” De igual forma, el informe técnico N° GSP-RHC-P-2026-00069, remitido por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, indica que: “tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843 (adjuntos), el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para los terrenos ubicados en ese sector. Para el caso específico de la finca Dirección05 que registra su naturaleza como “Agricultura y Pastos” ante el Registro Nacional de la Propiedad, es importante mencionar que debe ajustarse a lo que establece el artículo 31 del Reglamento Ilustrado de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU. (ver informe adjunto). CUARTO: No nos consta la respuesta emitida por la ASADA ya que no se aporta prueba al respecto, en cuando a los demás aspectos que se señalan, no son ciertos. El recurrente enumera cinco supuestas justificaciones del rechazo: 1. Permisos municipales, 2. discriminación personal, 3. falta de agua, 4. inexistencia de presupuesto, y 5. cercanía de infraestructura del AyA, de las cuales se hace referencia en los informes técnicos brindados por la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA. (ver informes adjuntos N° GSD-UEN-GAR--202600241 y N° GSP-RHC-P-2026-00069. QUINTO: No es cierto. De acuerdo con el informe N° GSD-UEN-GAR-2026-00241 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA el recurrente sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales. No obstante, no se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable (ver informe adjunto). De igual forma, el informe N° GSP-RHC-P-2026-00069 suscrito por la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, señala que el amparado tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Sin embargo, dicha oficina Cantonal no ha emitido constancias de disponibilidad de servicios, puesto que no se encuentra dentro de su área de cobertura. Además, es importante rescatar lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA en cuanto a las zonas de restricción ambiental (ver informe adjunto). SEXTO: No es cierto. De acuerdo con lo señalado en los informes técnicos N° GSD-UENGAR-2026-00241 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y N° GSP-RHC- P-2026-00069 de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, en el orden descrito (ver informes adjuntos), se indica que: 1. “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” 2. “…tampoco se emiten mayores comentarios, siendo que la Región Huetar Caribe no ha realizado gestión alguna en el sector de Valle Verde. Debe indicarse que dentro de la normativa y procedimientos de AyA nunca se solicitan contribuciones económicas a los interesados.” SÉTIMO: No nos consta. De acuerdo con lo señalado en los informes técnicos N° GSDUEN-GAR-2026-00241 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y N° GSPRHC-P-2026-00069 de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, en el orden descrito (ver informes adjuntos), se indica que: 1. “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” 2. “…se reitera que AyA – Región Huetar Caribe, no ha realizado gestión alguna que apruebe o desapruebe el abastecimiento con agua en el sector de Valle Verde, puesto que se ubica fuera del área de cobertura.” OCTAVO: Este acápite no es un hecho. Sin embargo, cabe citar lo expuesto en los informes técnicos N° GSD-UEN-GAR-2026-00241 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y N° GSP-RHC-P-2026-00069 de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, en el orden descrito, que se adjuntan y que a manera de resumen detallan: 1. “La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento. (ver informe N° GSD-UEN-GAR-2026-00237). 2. “… si bien se trata sobre jurisprudencias de la Sala Constitucional, se puede observar de los extractos, que ambas resoluciones (2016-006027 y 2017-005245) la Sala indica que no se acredita omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, siendo que los actos no fueron antojadizos, sino que se sustentan en aspectos técnicos como lo es la inexistencia de disponibilidad de agua potable en los sectores. De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025-03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 Guápiles- La Rita-Roxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia y Dirección07), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector. Asimismo y de amplia importancia, se aporta como parte de la prueba, el reciente criterio emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con documento DU-431-12-2025 con fecha del 17 de diciembre de 2025, el cual hace referencia a los documentos PRE-2025-01153 y PRE-2025-01154, que atienden precisamente los casos que están en este amparo Valle Verde, Green Valley y Proyecto Nuevo Guápiles (ver documento DU-431-12-2025, anexo al informe GSP-RHC-P-2026-00069). De este documento se desprende que el fraccionamiento Valle Verde, al cual pertenecen las propiedades del amparado (7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190 y Telf01 exceptuando esta última por su naturaleza de “Agricultura y Pastos” ante el Registro Nacional de la Propiedad, más no por su ubicación), así como la Urbanización Nuevo Guápiles y el Fraccionamiento Green Valley, según criterio del INVU, se llevó a cabo inobservando las Leyes y Reglamentos que regulan el desarrollo urbano, entre ellos la existencia de disponibilidad de servicios previo a las segregaciones de las fincas. Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por el recurrente no tiene relación con las actuaciones de AyA Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires le otorgue la disponibilidad de agua potable, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística y en especial el resguardo del recurso hídrico que subyace estos terrenos y que es utilizado para el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población del cantón de Pococí.” Se reitera que, para que el operador por delegación del AyA, en el caso que nos ocupa, la ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, pueda brindar una constancia de disponibilidad de servicios positiva a favor de los interesados, estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto, y en los casos como el presente en los que no existe red, deberán atender lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento para la Prestación de los Servicios y artículo 46 del Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE). (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n7.- Por medio de escrito número ABA-2601-010 de fecha 28 de enero del 2026, Juan Carlos Barquero López, representante legal de la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur, brinda su contestación de la siguiente manera: “(…) I. SOBRE LOS HECHOS Es cierto que la comunidad recurrente ha enfrentado dificultades en el acceso continuo y suficiente al servicio de agua potable, situación que ha sido de pleno conocimiento de esta ASADA. Sin embargo, es importante aclarar ciertos puntos. 1. La comunidad se encuentra dividida en tres sectores, el cuadrante sur en la parte final de la Dirección09, la cual cuenta con el abastecimiento de agua potable, sector central ausente de un ente operador que brinde el servicio de agua (donde se ubican las propiedades en cuestión). Y sector norte que esta abastecido por el AyA. 2. El acueducto de Buenos Aires únicamente brinda el servicio de agua en el cuadrante ubicado en el sector sur de la comunidad por una disposición de AyA del cual se adjunta copia. 3. El sector central es un sector donde no se encuentra ningún ente operador y tampoco cuenta con tuberías del acueducto para brindar el servicio de agua. En dado caso que esta honorable sala, solicite la intervención de dicho sector por parte de la ASADA, los interesados deberán de asumir los costes económicos de la extensión del ramal del acueducto hasta el sector donde se encuentran las propiedades en cuestión. 4. La ASADA de Buenos Aires, no ha recibido ni solicitado dineros a los vecinos con la promesa de brindar disponibilidades a cambio. 5. La extensión de las tuberías en el sector sur de la comunidad fue asumida por los vecinos de la comunidad Valle verde quienes aportaron para la extensión de la tubería hasta el sector delimitado por el AyA. Este acueducto reitera, que si bien, cuenta con todas las intenciones de asumir el sector central de Valle verde, esta es una decisión que no compete únicamente a este Acueducto. (…)”.\n\n8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Tratándose de acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, como es aquí el caso, la Sala ha sido clara al decir: \"Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para –posteriormente y en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no\" (ver Sentencia N° 151-97). Establece el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma Ley. En el caso bajo examen, considera la Sala que la Asociación de Acueducto Rural Nombre03 actúa realizando un ejercicio de funciones o potestades públicas, motivo por el cual se estima que el recurso que nos ocupa sí es admisible, procediendo de inmediato a resolver el fondo del asunto.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que el amparado es dueño de las propiedades bajo número de finca 7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190-000 y 7-195932-000. Acusa que, desde hace 20 años, el tutelado solicitó el servicio de agua potable para dichos terrenos a la recurrida; no obstante, esto le fue negado sin fundamentación técnica. Indica que la ASADA Buenos Aires Sur ha estado anuente a colaborarles, pero que el ICAA no ha otorgado la autorización. Considera que esto lesiona los derechos fundamentales del amparado y que consiste en un trato discriminatorio. Solicita que se ordene a la accionada dar la indicación a la ASADA de que otorgue el servicio de agua a las propiedades del tutelado.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados, o bien, porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)   El amparado Nombre02, cédula de identidad CED02, es dueño de las propiedades bajo número de folio real CED03, CED04, CED05 y CED06, las cuales están ubicadas en la provincia de Limón, cantón de Pococí, distrito de Guápiles, en el sector norte de la zona conocida como Green Valley (ver escrito de interposición y pruebas aportadas por la recurrente).\n\nb)   El amparado no ha realizado solicitudes de disponibilidad de agua potable, para las propiedades que posee, ante las autoridades del ICAA, por lo que no existen diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica con el fin de proporcionar dicho servicio (ver informe rendido y prueba aportada).\n\nc)    El sector en el que se ubican las propiedades del amparado no cuenta con un operador autorizado en cuanto al servicio del agua potable (ver informe rendido).\n\nd)   La Asociación de Acueducto Rural Nombre03, cédula de persona jurídica número CED01, está a cargo de llevar a cabo la función de abastecimiento de agua potable en el sector sur de la zona conocida como Green Valley (ver informe rendido y contestación).\n\nIV.- SOBRE EL TEMA DE LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. En primer lugar, esta Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En la Resolución No. 2018-011148 de las 9:30 horas del 10 de julio de 2018, esta Sala resolvió lo siguiente:\n\n“En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el 8 de agosto de 2017, la recurrente presentó ante el Instituto recurrido una solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para la propiedad inscrita bajo el Folio Real Matrícula N° (…) misma que le fue denegada mediante oficio N° GSP-RCO- 2017-02024, del 21 de agosto de 2017. Según lo constatado, en el sector donde se ubica el terreno en el que la amparada gestionó el servicio, no hay disponibilidad de agua potable ni sistema de alcantarillado sanitario, pues el Sistema de Santiago de Puriscal experimenta un déficit hídrico, por lo que el aumento en el número de servicios implicaría un desmejoramiento de la calidad de de (sic) los usuarios actuales, quienes son abastecidos mediante medidas paliativas \"valvuleo\" y camión cisterna. Es evidente entonces, que el Instituto no puede brindar el servicio solicitado por la amparada porque técnicamente no le es factible, y por ende, no es posible acoger la solicitud en los términos en que la recurrente lo pretende. Por ello, desde la perspectiva constitucional, la Sala considera que no se ha dado una negativa arbitraria de la autoridad accionada para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que ha ocurrido es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado, al menos en este momento, lo cual –como se dijo- ha sido de su conocimiento. Se recuerda, que sobre el tema de fondo de este amparo, esta Sala se ha referido en múltiples sentencias a lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado, en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, Sentencias 2007-03355, de las 13:37 horas del 09 de marzo del 2007; 2007-010341, de las 14:45 horas del 20 de julio del 2007 y 2017-011477, de las 9:15 horas del 21 de julio del 2017). Finalmente, no consta un acto discriminatorio en relación con las otras viviendas que se ubican en la zona y que si cuentan con el servicio, ya que el principio de igualdad, en tanto constituye un presupuesto necesario para la efectividad de las libertades públicas, obliga tanto a parificar situaciones iguales como a diversificar situaciones distintas. Esto implica que a los supuestos fácticos iguales deben ser aplicadas consecuencias jurídicas también iguales y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Reiteradamente, esta Sala ha dicho que cuando se alegue violación al principio de igualdad, es necesario que el interesado presente un parámetro de comparación, es decir debe señalar un caso concreto -o varios- en que se evidencie el trato discriminatorio. Finalmente, no corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-…”. (ver sentencia No. 2018-011148 de las 9:30 horas del 10 de julio de 2018)\n\nEstas consideraciones esgrimidas resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La recurrente manifiesta que el amparado es dueño de las propiedades bajo número de finca 7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190-000 y 7-195932-000. Acusa que, desde hace 20 años, el tutelado solicitó el servicio de agua potable para dichos terrenos a la recurrida; no obstante, esto le fue negado sin fundamentación técnica. Indica que la ASADA Buenos Aires Sur ha estado anuente a colaborarles, pero que el ICAA no ha otorgado la autorización. Considera que esto lesiona los derechos fundamentales del amparado y que consiste en un trato discriminatorio. Solicita que se ordene a la accionada dar la indicación a la ASADA de que otorgue el servicio de agua a las propiedades del tutelado.\n\nDel informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, del elenco probatorio y de la contestación por parte de la ASADA recurrida, se tiene por demostrado que el amparado Nombre02, cédula de identidad CED02, es dueño de las propiedades bajo número de folio real CED03, CED04, CED05 y CED06, las cuales están ubicadas en la provincia de Limón, cantón de Pococí, distrito de Guápiles, en el sector norte de la zona conocida como Green Valley. Asimismo, se verifica que el amparado no ha realizado solicitudes de disponibilidad de agua potable, para las propiedades que posee, ante las autoridades del ICAA, por lo que no existen diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica con el fin de proporcionar dicho servicio. Además, se comprueba que el sector en el que se ubican las propiedades del amparado no cuenta con un operador autorizado en cuanto al servicio del agua potable. Por último, se constata que la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, cédula de persona jurídica número CED01, está a cargo de llevar a cabo la función de abastecimiento de agua potable en el sector sur de la zona conocida como Green Valley.\n\nAsí las cosas, se descarta una lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada. Según se observa de la documentación remitida a esta Cámara, el motivo por el cual, a la fecha de interposición del amparo, las autoridades recurridas no han proporcionado el servicio que es objeto del presente recurso, obedece a que: a) el amparado no ha cumplido con los requerimientos jurídicos, pues no ha realizado la solicitud, a título personal, para el abastecimiento de agua de sus propiedades; y b) existe una imposibilidad material, por cuanto el sector en el que se ubican las fincas del amparado no cuenta con un operador autorizado. En ese sentido, lo actuado no resulta arbitrario y así lo ha señalado este Tribunal:\n\n“III.- Sobre las imposibilidades técnicas que obstaculizan el abastecimiento de agua potable. Esta Sala en sentencia número 2010-001516 de las 18:36 horas del 26 de enero de 2010, se refirió a lo relativo a las imposibilidades técnicas o legales para brindar el servicio de agua potable. En esa oportunidad estableció lo siguiente: “IV.- Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones Nº 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales” (ver sentencia No. 2017-6701 de las 9:15 horas del 12 de mayo de 2017).\n\nEn virtud de lo anterior, lo que corresponde es que la parte amparada realice la solicitud correspondiente ante las autoridades del ICAA con el fin de que lleven a cabo los estudios de factibilidad técnica pertinentes y determinen si es posible materialmente proporcionar el servicio de agua potable, en virtud de que no existe un operador autorizado en el sector donde se ubican las propiedades del tutelado. En lo que concierne a la ASADA recurrida, se observa que la misma fue constituida para brindar el acceso al agua a un sector distinto del lugar en el que están las fincas del amparado, por lo que no les es exigible que le brinden dicho servicio.\n\nEn todo caso, las inquietudes que plantea el tutelado en el amparo, deberán ser dilucidadas en la institución accionada, por lo que le corresponderá gestionar sus propios intereses, inconformidades, o reclamos, ante la autoridad recurrida a través de los mecanismos establecidos para ello, o bien, en la jurisdicción ordinaria competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas, el presente recurso es improcedente.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. -\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LOD6D8BUW5G61\n\nEXPEDIENTE N° 25-039982-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección10, Dirección11, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:30:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 05307 - 2026**\n\n**Date of Resolution:** 09:34 on February 13, 2026\n\n**Expediente:** 25-039982-0007-CO\n\n**Drafted by:** Ingrid Hess Herrera\n\n**Type of matter:** Amparo appeal\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n**Text of the resolution**\n\n\n\nExp: 25-039982-0007-CO\n\nRes. No. 2026005307\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-four on February thirteenth, two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal processed in expediente number 25-039982-0007-CO, filed by Name01, identity card CED07, on behalf of Name02, identity card CED08, against the RURAL AQUEDUCT ASSOCIATION Name03 AND THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\n**Whereas:**\n\n1.- Through a writing incorporated into the Online Management System of this Office on December 25, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Rural Aqueduct Association Name03 and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and states: that the protected party bought some lots in Guápiles, on the street called \"Address01\". He states that a certification of drinking water availability and drinking water service was requested for the following properties: farm 7-130335, right 000, location Guápiles, area 800 meters and plan L-1370758-2009; farm 7-156188, right 000, location Guápiles, area 1200 meters and plan L-1785958-2014; farm 7-156190, right 000, location Guápiles, area 500 meters and plan L-1785333-2014; and farm 7-195932, right 000, location Guápiles, area 1000 meters and plan L-0033465-2024. However, he argues that 20 years have passed and the objective of having water on the properties has not been achieved. He mentions that \"a great many requests\" have been submitted and the ASADA Buenos Aires Sur was formed, but the respondent institute restricted the service \"without technical basis supporting the denial of granting water availability.\" He points out that he attaches a document in which the respondent authority only authorized the liquid supply to the 40 houses belonging to the \"VALLE VERDE Community group.\" He adds that the protected party has formally requested access to the service from the ASADA Buenos Aires Sur and that this association, in all its administrations, has shown willingness to collaborate provided they receive authorization from the ICAA. However, that institute has rejected the request without any technical basis supporting its decision. He details that the justifications for the rejection have been the following: \"1. That the properties did not have the municipal permits (sic) and approvals of the plans, when the plans are perfectly approved, and municipal tax payments and each corresponding declaration are made punctually. 2. That supposedly the lands that were sold to them belonged to persons not welcome to the AYA institution, a completely illogical excuse, amounting to discrimination on a personal basis. 3. That there was not enough liquid to provide the service, when the reports from the ASADA Buenos Aires Sur indicate that it has enough liquid to provide us the service. 4. That they did not have the budget to create the piping to provide us service to our houses, when several years ago the residents of Address02 already paid for that piping and it is already installed and ready to provide the service, but according to an official letter from AYA, it prohibits the ASADA from releasing the liquid to where the protected party's property is located. 5. That there is a large AYA tank (photos attached) just a few meters away from one of the protected party's properties and according to AYA, the water will not reach the property.\" He alleges that the lack of grounds and transparency constitutes a violation of fundamental rights and affects the quality of life of the people inhabiting those properties. He reiterates that, as an owner, the protected party has the right to have a drinking water supply to meet the basic needs of his household and guarantee a dignified life for the inhabitants of the properties. He adds that on different occasions, the respondent institute has offered the service if the residents assume certain expenses, but, after making great economic efforts, this has not happened, specifically, he refers as an example \"the formation of the ASADA and to move the liquid from the Asada Buenos Aires de Jiménez to Buenos Aires Sur.\" He concludes that the protected party has endured this discrimination for years without any legal basis or technical study and although his lots are only a few meters from an ICAA tank and meters from the ASADA Buenos Aires Sur piping, he does not receive the liquid and, to survive, he has had to invest large amounts of money in wells and tanks to collect rainwater. Consequently, he requests the intervention of this Chamber.\n\n2.- By means of the resolution at 10:41 on December 29, 2025, the Chamber issued a warning to the appellant.\n\n3.- Through a writing submitted to the electronic expediente on December 29, 2025, the appellant complies with what was requested by this Chamber.\n\n4.- By means of the resolution at 14:16 on January 9, 2026, the Chamber admitted this amparo appeal for processing.\n\n5.- Through a writing incorporated into the electronic expediente on January 22, 2026, Rafael Barboza Topping, director of the UEN ASADA Management, and Randy Madrigal Rodríguez, head of the cantonal office of Pococí, both from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, report under oath in the following terms: \"(...) II. REGARDING THE ALLEGED FACTS BY THE APPELLANT Based on the attached documents and the evidence that is incorporated, it is demonstrated that: FIRST: We cannot attest to it, it is a fact pertaining to the appellant himself; However, according to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems Management-AyA, it is indicated that: “Regarding the purchase of the property and the appellant's expectations, this Institution cannot attest to it, as these are acts of a private nature between individuals. AyA does not intervene or participate in real estate transactions, nor can it guarantee, by itself, the availability of essential public services without the technical, legal, and environmental requirements established in the current regulations being met beforehand.” SECOND: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems Management-AyA, it is indicated that: “In the records of the UEN ASADA Management of AyA, there is no record of a request for drinking water availability for the northern sector of the community, specifically where the appellant's property is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out to assess the feasibility of supply, in accordance with the provisions of the AyA Services Provision Regulation.” Regarding the regulations cited in this fact, it should be noted that it does not correspond to the current articles of the Regulation for the Provision of AyA Services; service availability certifications are found in articles 7 subsection 31, 15, 29, 30, and concordant articles. THIRD: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems Management-AyA, it is indicated that: “It is not true that the ASADA Buenos Aires Sur was formed specifically to supply the sector where the property is located. It is on record that the RURAL AQUEDUCT ASSOCIATION BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, legal identity card CED01, began operations on 09/08/2007, fulfilling the requirements for the formation of associations established in Law 218 and its Regulation, and has a current Delegation Agreement dated 02/04/2009, for a defined area of competence, distinct from the northern sector near the Green Valley School. Regarding the evidence they attach indicating '... the AyA representative was categorical in restricting the service without technical basis supporting the denial of granting water availability ...' In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it is indicated: 'We clarify that according to the registry information provided, there are 40 properties that would be included in the project. We do not fail to state that the management for possible supply will be planned only for the sector of the dwellings indicated in the documentation provided and that the possibility of extending the project towards sectors north of the community, specifically on the street towards the sector where the Green Valley School is located, is not considered.' In this regard, it is essential to specify that the indicated management corresponds exclusively to a request submitted by the residents' committee of Valle Verde, a hamlet consisting of approximately 40 existing dwellings, located at the southern end of the zone. Said management is not related in any way to the sector of Address02, where the appellant's property is located. Regarding this latter sector, it is placed on record that no specific technical study aimed at urbanizations, lotifications, or segregation processes has been received from the ASADA Buenos Aires Sur of Pococí by the UEN ASADA Management of AyA. Consequently, it is improper to attribute technical validity to the document provided, as it does not constitute a water availability analysis applicable to the northern sector of the community, where the appellant's properties are located. Currently, AyA is developing the corresponding technical studies in order to address the formal request submitted by the ASADA of Buenos Aires, through which the institutional intervention of AyA is requested so that the ASADA Buenos Aires Sur of Pococí assumes the administration of the water supply system currently operated by an unauthorized manager in the community of Valle Verde – Address02 (Address03). In this context, there are binding environmental criteria, which are decisive for decision-making. In particular, document UEN-GA-2025-03793, duly attached, issued by the Environmental UEN, expressly states the following: 'Similarly, considering that the area of the \"Valle Verde Water Committee Zone – Address03\" coincides with the area of the request for an urban development project for sanitary sewer exoneration called \"Nuevo Guápiles\", processed as expediente No. 640 in 2014, on cadastral plan L-239023-95, which was denied by the Environmental Management UEN due to technical inconsistencies of a hydrogeological nature that were never corrected by the interested party...' Likewise, in document SUB-AID-GA-2015-432, dated April 28, 2015, the Environmental Directorate issued a categorical technical criterion in the following terms: '... this Directorate of the Hydrogeology Functional Area, from the hydrogeological, geological, aquifer protection, and Numancia AyA Sources perspective, and based on all the existing technical studies in the area, as well as the Diagnosis of the Pococí Regulatory Plan – Volume I, does not recommend the exoneration of the Nuevo Guápiles Urbanization Project, located at Address04, Guápiles, Pococí, Limón, cadastral plan L-239023-95, because it is an aquifer highly vulnerable to contamination.' Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00069 of January 21, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: 'as indicated in official letters GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843 (attached), the Valle Verde sector is outside the coverage area of the aqueducts directly managed by AyA. Specifically, systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (see image number 2). Given the foregoing, as it is located outside the competences of AyA – Huetar Caribe Region, no criterion has been issued on water availabilities for lands located in that sector. For the farm Address05, which registers its status as \"Agriculture and Pastures\" before the National Property Registry, it is important to mention that article 31 of the Illustrated Regulation for Subdivision and Urbanizations of the INVU states the following: \"Properties facing a public road may be subdivided for agricultural, livestock, forestry, or mixed activities, provided that the area of each resulting property is not less than 900.00 m2. This subdivision must indicate in plans that its use is exclusively for agricultural, livestock, forestry, or mixed activity. It does not require the provisions of Article 13. Guarantee of water resources in subdivisions, until the construction permit is processed. Considering that these lots are of no interest for urban purposes due to their nature and dimensions, they must only have the approval of the Municipality.\" Under this scenario, note that it is not necessary to have the guarantee of water resources in this type of subdivision (drinking water availability) since they are of no interest for urban purposes due to their nature and dimensions. Now, if the protected party has other purposes at Address06, they must comply with the stipulations in the regulations.' FOURTH: We cannot attest to the response given by the ASADA, as no evidence is provided in this regard; in the other aspects, they are Not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems Management-AyA, it is indicated that: “The appellant lists five alleged justifications for the rejection: municipal permits, personal discrimination, lack of water, non-existence of budget, and proximity to AyA infrastructure. (...) 1. Municipal permits and plans: AyA cannot attest to all the alleged municipal procedures. In any case, article 21 of the Constitutive Law of AyA (Law No. 2726) establishes that any urbanization or lotification project requires prior approval from AyA, without which any municipal permit lacks legal efficacy. 2. Allegation about personal discrimination: This Institution cannot attest to such an affirmation; AyA's decisions are based exclusively on technical, legal, and environmental criteria, never on subjective considerations about individuals. 3. Water availability: In the UEN ASADA Management, there is no record of any formal management requesting water availability or sanitation for the sector where the appellant owns his properties. Consequently, no technical analysis (specific technical studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out to assess the viability or feasibility of the drinking water and sanitation supply for said sector by the ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infrastructure and budget: There is no record of infrastructure from the ASADA Buenos Aires Sur in the sector where the appellant's property is located, nor approved studies for its extension. 5. Proximity of the Numancia Tank: The mere physical proximity to AyA infrastructure does not generate an automatic right to connection. Environmental criterion UEN-GA-2025-03793 establishes that the area is partially within the absolute protection zone of the Numancia Well, which imposes severe restrictions for housing developments and new connections.” Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00069 of January 21, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: '...no further observations are made, given that the protected party indicates the intention of accessing the drinking water service of the ASADA of Buenos Aires Sur. AyA Huetar Caribe Region has competence only for systems managed by AyA. In the specific case, the closest AyA aqueduct is HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, which, as already indicated, does not reach the Valle Verde sector. As indicated by the appellant, the Numancia tank that forms part of the AyA aqueduct is located near the Valle Verde sector, and according to what is indicated in official letters GSPRHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843, this tank is at a lower elevation in relation to Valle Verde, which is why it is not technically viable to expand the coverage. This condition is known to the appellant, to the point of seeking that the supply be provided by the ASADA of Buenos Aires Sur, which is located at a higher elevation.' FIFTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSDUEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems Management-AyA, it is indicated that: “The appellant maintains that he meets the conditions to receive the service and that the denial violates fundamental rights. (...) There are no diagnoses or technical feasibility studies presented in accordance with Definition No. 12 of the AyA Services Provision Regulation, which requires verifying water, hydraulic, environmental, and legal capacity. Without such analysis, it is not legally possible to grant drinking water availability. '12. Technical feasibility analysis for granting services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant availability and eventual connection of the service. For these purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or right-of-way easement for the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services. c. That the system meets the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations.' Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00069 of January 21, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: '...indeed, the protected party has the right to seek water supply, provided he complies with the established procedures. It is reiterated that the Huetar Caribe Region has not issued service availability certifications, since it is not within its coverage area.' In this sense, it is also worth mentioning what is established in article 7, subsection 134 of the Regulation for the Provision of AyA Services, which indicates: '...134. Environmental restriction zone: Territorial surface delimited by geomorphological conditions or risk zones, protection zones and protected areas or state heritage reserves where, due to legal provisions or territorial planning at a local, regional, or national level, service availabilities or connections for the provision of aqueduct or sanitary sewer services or both must not be approved by a public service provider.' Furthermore, as stated by the appellant, the requirements established to generate a positive service availability certification have not been met, since the interested parties have not completed the necessary technical studies and improvement works to opt for a service. SIXTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSDUEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems Management-AyA, it is indicated that: '...AyA cannot attest to any arbitrary action. The appellant's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the object of a specific and delimited technical project, duly evaluated.' Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00069 of January 21, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: '...no further comments are made, given that the Huetar Caribe Region has not carried out any management in the Valle Verde sector. It should be noted that within AyA's regulations and procedures, economic contributions are never requested from interested parties.' SEVENTH: We cannot attest to it. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems-AyA, it is indicated that: '...AyA cannot attest to any arbitrary action. The appellant's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the object of a specific and delimited technical project, duly evaluated.' Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00069 of January 21, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: '...it is reiterated that AyA – Huetar Caribe Region has not carried out any management that approves or disapproves the water supply in the Valle Verde sector, since it is located outside the coverage area.' EIGHTH: This subsection is not a fact. However, it is worth citing what is stated in the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026, from the Deputy Management of Delegated Systems-AyA, which indicates that: “Constitutional jurisprudence has been consistent in pointing out that the right to water does not imply an obligation to grant the service when there is duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the denial is based on objective technical and environmental criteria, particularly the protection of strategic supply sources. CONCLUSION From the foregoing, it is concluded that there is no arbitrary, discriminatory, or unfounded action by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. The decisions adopted respond to technical, environmental, and regulatory criteria, aimed at protecting water resources and complying with the current legal system.” Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00069 of January 21, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: '... although these are jurisprudences of the Constitutional Chamber, it can be observed from the extracts that in both resolutions (2016-006027 and 2017-005245), the Chamber indicates that no omission or arbitrary action on the part of the respondent authority is accredited, given that the acts were not capricious but are based on technical aspects such as the non-existence of drinking water availability in the sectors. Additionally, it is important to indicate that the Valle Verde sector and surrounding areas are located on an aquifer vulnerable to contamination, as shown in reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025-03793 prepared by the Environmental Management Directorate of AyA (attached). As observed in image number 2 of this document, AyA maintains its main water sources for the HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez system in the area surrounding Valle Verde (Numancia Springs, Numancia Well, and Address07), so when conducting the study to supply drinking water to the sector, it must be assessed what the collection and treatment system for the wastewater generated will be, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer underlying this land and which is used to provide service to more than 60 thousand people in the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply the provisions of the Matrix of Criteria for Land Use According to Aquifer Contamination Vulnerability for Water Resource Protection (SENARA Matrix), as there is no specific one for the sector. - Likewise, recently, the National Institute of Housing and Urbanism, in document DU-431-12-2025 dated December 17, 2025 (attached), in reference to documents PRE-2025-01153 and PRE-2025-01154, which specifically address the cases that are in this amparo (Green Valley, Valle Verde and Nuevo Guápiles Project), the following texts are extracted: “Three cases are presented in the notes; in the first, the farm real folio No. 7-65885-000, cadastral plan No. L-239023-1995 (2,219,000 m²) gave rise to the land transformation process that was intended to be processed in 2014 as an urban development project in the district of Guápiles de Pococí, but it was not achieved due to the high environmental vulnerability of the area, due to the proximity to the aquifers. It is indicated that the 'project' did not advance in terms of procedures; however, to date, more than 250 lots originating from the parent farm have been subdivided, where three different neighborhoods are identified: • Valle Verde Neighborhood: It is currently supplied by the Asada Buenos Aires; there is no wastewater treatment solution, despite the proximity of the aquifer that supplies the center of the district. • Green Valley Neighborhood: Properties sold to third parties have been segregated; there are built houses, but without an authorized operator for the drinking water service. • Address08: It involved the opening of public roads and segregation of resulting lots; there is a Water Capacity Certification so that the urban planning procedures can be updated in accordance with the regulations.” “6. Cases Presented 6.1. The first case mentioned in your note relates to a project that, although in its origins it was intended to be processed as mandated by the current regulation (urbanization due to the opening of roads), failed to observe the applicable rules in terms of urban planning, from the Urban Planning Law, Executive Decree No. 36550, the Regulation for the National Control of Subdivision and Urbanizations, its subsequent version, the Regulation for Subdivisions and Urbanizations. Contemplating that more than 250 cadastral plans originating from the same parent farm (3 neighborhoods with plans from 1995 to 2005) were generated, and they were presumably approved by the respective Municipality not only without having water availability, but without the approval of the INVU and other reviewing institutions, we are facing a land transformation process that, to be brought into compliance, must, according to the regulatory framework, be processed as an urbanization.” “Conclusions... • According to opinion No. PGR-C-058-2022 of the Attorney General's Office of the Republic dated March 18, 2022, if a municipality issues an irregular administrative act, such as the approval of a plan that declares a road as public when it is not, it is considered illegitimate. According to the General Law of Public Administration, Law No. 6227, the act is valid only if it substantially conforms to the legal system, and the absence of an element that justifies its issuance may generate a defect of absolute nullity, preventing its presumption of legitimacy and its rectification or convalidation. Consequently, the administration is obliged to annul it ex officio through the lesivity process if it declares rights, or through the procedure of absolute, evident, and manifest nullity. • According to the detailed analysis of the preceding text, there is no regulatory or jurisprudential instrument that endorses the INVU so that AyA can grant certifications of availability of public drinking water services without the construction of collective stormwater and sanitary sewer systems in land transformation processes for urban purposes and urbanizations that did not comply with the applicable regulations. In subdivisions for urban purposes and urbanizations, the provision of essential services, including drinking water and collective systems for the treatment of wastewater and stormwater, is mandatory. This aligns with art. 36 of the LPU, which since 1968 prohibits municipal approvals without service availability. The consideration that each lot owner builds their individual system does not exempt compliance with these rules, since the text qualifies such practices as irregular and illegitimate in the exposed cases, where requirements such as prior approval from the INVU, the transfer of public areas, and collective infrastructure were evaded, generating defects of absolute nullity in administrative acts. Any granting of certifications by AyA in these scenarios would contradict the LPU and would not have the endorsement of the INVU, prioritizing comprehensive urban planning over individual solutions that compromise environmental vulnerability or the adequate provision of services.\"\n\nFrom this document it is clear that the Valle Verde subdivision (fraccionamiento), to which the protected party’s properties belong (7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190 and 7-195932, excepting the latter due to its nature as “Agricultura y Pastos” before the National Registry of Property, but not because of its location), as well as the Nuevo Guápiles Urbanization and the Green Valley Subdivision, according to the criteria of the INVU, was carried out in disregard of the Laws and Regulations governing urban development, including the requirement of service availability prior to the segregation of the farms. Given the above, it is considered that the claims made by the appellant bear no relation to the actions of AyA Región Huetar Caribe, given that the community of Valle Verde is located outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA and that what is sought is for the ASADA of Buenos Aires to grant water availability, provided that urban planning regulations are complied with and especially the safeguarding of the water resource that underlies these lands and is used to supply drinking water to a large part of the population of the canton of Pococí.” It is reiterated that for the operator delegated by AyA, in the case at hand, the ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, to be able to provide a positive service availability certificate to the interested parties, they must comply with all the requirements established for that purpose, and in cases such as this one where no network exists, they must carry out the technical studies and improvement works to generate said service availability certificate in the area, as provided in Article 14 of the Regulation for the Provision of Services and Article 46 of the ASADAS Regulation (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE) (…)”. They request that the appeal be dismissed.\n\n6.- Through a document filed into the electronic case file on January 23, 2026, Lourdes María Suárez Barboza, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath in the following terms: “(…) II. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPELLANT Based on the annexes and evidence incorporated, it is demonstrated that: FIRST: We have no record of this; it is a fact pertaining to the appellant himself; However, according to the technical report forwarded via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “Regarding the purchase of the property and the appellant’s expectations, this Institution has no record of them, as they are acts of a private nature between individuals. AyA does not intervene or participate in real estate transactions, nor can it guarantee, by itself, the availability of essential public services without the technical, legal, and environmental requirements established in current regulations being previously met.” SECOND: It is not true. According to the technical report forwarded via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 of January 21, 2026 from the Subgerencia Gestión de\n\nSistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “In the records of the UEN Gestión de ASADAS of AyA, there is no record of the submission of a request for drinking water availability for the northern sector of the community, specifically where the appellant’s property is located. Consequently, no specific technical analysis has been carried out (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) that allows for assessing the feasibility of supply, pursuant to the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios of AyA.” It should be noted that the regulations cited in this fact do not correspond to the current articles of the Reglamento para la Prestación de los Servicios of AyA; service availability certificates are found in Articles 7 subparagraph 31, 15, 29, 30 and related. THIRD: It is not true. According to a report forwarded by the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated in summary that: (see report No. GSD-UEN-GAR-2026-00241): 1. It is not true that the ASADA Buenos Aires Sur was established specifically to supply the sector where the property is located. 2. With document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it was indicated that: “…according to the registry information provided, there are 40 properties that would be included in the project…” therefore the appellant is incorrect in stating that the service is restricted without technical justification supporting the denial of water availability. 3. That the projection for possible granting will only be that indicated for the northern sector of the community, specifically on the road toward the sector where Colegio Green Valley is located. 4. The action taken corresponds exclusively to a request submitted by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet composed of approximately 40 existing homes located at the southern end of the area. Said action bears no relation whatsoever to the Dirección02 sector, where the appellant’s property is located. 5. For this sector, the ASADA of Buenos Aires Sur de Pococí has not conducted any technical study oriented toward urbanizations, lotifications, or segregation processes before the UEN Gestión de ASADAS of AyA. Therefore, it is not appropriate to attribute technical validity to the document they provide for the benefit of the northern sector where the appellant’s property is located. 6. AyA is currently developing technical studies in response to the formal request submitted by the ASADA of Buenos Aires, to see the viability of this entity assuming the administration of the water supply system currently operated by an unauthorized manager in the community of Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). In this context, there are binding environmental criteria, which are decisive for decision-making. 7. Document UEN-GA-2025-03793 is provided (see attached), issued by the UEN Ambiental, which states, among other things, the following: (…) “Likewise, considering that the area of the ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Dirección03’ coincides with the area of the request for an urban development project for sanitary sewer exemption called ‘Nuevo Guápiles’, processed as case file No. 640 in 2014, on cadastral map L-239023-95, which was denied by the UEN Gestión Ambiental due to technical inconsistencies of a hydrogeological nature that were never rectified by the interested party.” 8. Document SUB-AID-GA-2015-432 is provided (see attached) corresponding to a categorical technical criterion from the Directorate stating: (…) “This Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, from a hydrogeological, geological, aquifer protection, and Fuentes Numancia of AyA standpoint, and based on the totality of the existing technical studies in the area, as well as the Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Volume I, does not recommend the exemption for the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, located in Dirección04, Guápiles, Pococí, Limón, cadastral map L-239023-95, as it involves an aquifer highly vulnerable to contamination.” Similarly, technical report No. GSP-RHC-P-2026-00069, forwarded by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, indicates that: “as has been stated in official communications GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843 (attached), the Valle Verde sector is located outside the coverage area of aqueducts directly administered by AyA. Specifically, systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (see image number 2). Given the above, as it is located outside the competencies of AyA – Región Huetar Caribe, no criterion has been issued regarding water availability for lands located in that sector. For the specific case of the farm located at Dirección05, registered with the National Registry of Property as “Agricultura y Pastos,” it is important to mention that it must conform to the provisions of Article 31 of the Reglamento Ilustrado de Fraccionamiento y Urbanizaciones of the INVU. (see attached report). FOURTH: We have no record of the response issued by the ASADA since no evidence is provided in this regard; as for the other aspects noted, they are not true. The appellant lists five alleged justifications for the rejection: 1. Municipal permits, 2. personal discrimination, 3. lack of water, 4. lack of budget, and 5. proximity of AyA infrastructure, which are addressed in the technical reports provided by the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA. (see attached reports No. GSD-UEN-GAR--202600241 and No. GSP-RHC-P-2026-00069). FIFTH: It is not true. According to report No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, the appellant maintains that he meets the conditions to receive the service and that the denial violates fundamental rights. However, there are no diagnoses or technical feasibility studies presented in accordance with Definition No. 12 of the Reglamento de Prestación de Servicios of AyA, which requires verifying water resource capacity, hydraulic capacity, environmental conditions, and legal compliance. Without such analysis, it is not legally possible to grant drinking water availability (see attached report). Likewise, report No. GSP-RHC-P-2026-00069 signed by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA states that the protected party has the right to manage the water supply, provided he follows the established procedures. However, this Cantonal office has not issued service availability certificates, since it does not fall within its coverage area. Additionally, it is important to highlight the provisions of Article 7, subparagraph 134 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios of AyA regarding environmental restriction zones (see attached report). SIXTH: It is not true. According to what is stated in technical reports No. GSD-UENGAR-2026-00241 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and No. GSP-RHC- P-2026-00069 from the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, in the described order (see attached reports), it is indicated that: 1. “…AyA has no record of any arbitrary action. The appellant’s situation is not comparable to that of the 40 homes in the southern sector, which were the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.” 2. “…no further comments are made, given that the Región Huetar Caribe has not taken any action in the Valle Verde sector. It should be noted that AyA’s regulations and procedures never require financial contributions from interested parties.” SEVENTH: We have no record of this. According to what is stated in technical reports No. GSDUEN-GAR-2026-00241 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and No. GSPRHC-P-2026-00069 from the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, in the described order (see attached reports), it is indicated that: 1. “…AyA has no record of any arbitrary action. The appellant’s situation is not comparable to that of the 40 homes in the southern sector, which were the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.” 2. “…it is reiterated that AyA – Región Huetar Caribe has not taken any action approving or disapproving water supply in the Valle Verde sector, since it is located outside the coverage area.” EIGHTH: This section is not a fact. However, it is worth citing what is stated in technical reports No. GSD-UEN-GAR-2026-00241 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and No. GSP-RHC-P-2026-00069 from the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, in the described order, which are attached and which detail in summary: 1. “Constitutional jurisprudence has been consistent in indicating that the right to water does not imply an obligation to grant the service when there is duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the denial is based on objective technical and environmental criteria, particularly the protection of strategic supply sources. (see report No. GSD-UEN-GAR-2026-00237). 2. “… although it concerns jurisprudence of the Constitutional Chamber, it can be observed from the excerpts that in both resolutions (2016-006027 and 2017-005245) the Chamber indicates that no omission or arbitrary action on the part of the appealed authority is accredited, given that the acts were not capricious but were supported by technical aspects such as the lack of drinking water availability in the sectors. Additionally, it is important to note that the Valle Verde sector and surrounding areas lie over an aquifer vulnerable to contamination, as evidenced by reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025-03793 prepared by the Dirección de Gestión Ambiental of AyA (attached). As can be seen in image number 2 of this document, AyA maintains its main water sources for the HC-A-14 Guápiles- La Rita-Roxana-Jiménez system in the area surrounding Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia and Dirección07), so when conducting the study to supply drinking water to the sector, it must be assessed what the collection and treatment system for generated wastewater will be, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer that underlies this land and is used to provide service to more than 60 thousand people in the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply the provisions of the Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) given that a specific one for the sector does not exist. Likewise and of significant importance, the recent criterion issued by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo is provided as part of the evidence, with document DU-431-12-2025 dated December 17, 2025, which references documents PRE-2025-01153 and PRE-2025-01154, precisely addressing the cases in this amparo Valle Verde, Green Valley and Proyecto Nuevo Guápiles (see document DU-431-12-2025, annexed to report GSP-RHC-P-2026-00069). From this document it is clear that the Valle Verde subdivision, to which the protected party’s properties belong (7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190 and Telf01, excepting the latter due to its nature as “Agricultura y Pastos” before the National Registry of Property, but not because of its location), as well as the Nuevo Guápiles Urbanization and the Green Valley Subdivision, according to the criteria of the INVU, was carried out in disregard of the Laws and Regulations governing urban development, including the requirement of service availability prior to the segregation of the farms. Given the above, it is considered that the claims made by the appellant bear no relation to the actions of AyA Región Huetar Caribe, given that the community of Valle Verde is located outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA and that what is sought is for the ASADA of Buenos Aires to grant water availability, provided that urban planning regulations are complied with and especially the safeguarding of the water resource that underlies these lands and is used to supply drinking water to a large part of the population of the canton of Pococí.” It is reiterated that, for the operator delegated by AyA, in the case at hand, the ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, to be able to provide a positive service availability certificate to the interested parties, they must comply with all the requirements established for that purpose, and in cases such as this one where no network exists, they must follow the provisions of Article 14 of the Regulation for the Provision of Services and Article 46 of the ASADAS Regulation (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE). (…)”. They request that the appeal be dismissed.\n\n7.- By means of document number ABA-2601-010 dated January 28, 2026, Juan Carlos Barquero López, legal representative of the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur, provides his response in the following manner: “(…) I. REGARDING THE FACTS It is true that the appellant community has faced difficulties in continuous and sufficient access to drinking water service, a situation that this ASADA has been fully aware of. However, it is important to clarify certain points. 1. The community is divided into three sectors: the southern quadrant at the end of Dirección09, which has drinking water supply; a central sector lacking an operator entity to provide water service (where the properties in question are located); and a northern sector that is supplied by AyA. 2. The Buenos Aires aqueduct only provides water service in the quadrant located in the southern sector of the community due to a provision by AyA, a copy of which is attached. 3. The central sector is a sector where no operator is present and which also lacks aqueduct pipes to provide water service. Should this honorable Chamber request the intervention of said sector by the ASADA, the interested parties must assume the economic costs of extending the aqueduct branch to the sector where the properties in question are located. 4. The ASADA of Buenos Aires has neither received nor requested money from the neighbors with the promise of providing availability in exchange. 5. The extension of the pipes in the southern sector of the community was assumed by the neighbors of the Valle Verde community who contributed to extending the pipeline to the sector delimited by AyA. This aqueduct reiterates that, although it has every intention of taking over the central sector of Valle Verde, this is a decision that does not fall solely to this Aqueduct. (…)”.\n\n8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nAuthored by Judge Hess Herrera; and,\n\nConsidering:\n\nI.- ADMISSIBILITY OF THE APPEAL. Dealing with amparo actions against private subjects, as is the case here, the Chamber has been clear in stating: \"Given its exceptional nature, the ordinary processing of amparo appeals against private legal subjects requires beginning by examining whether, in this instance, we are dealing with any of the circumstances that make it admissible, in order to—subsequently and if affirmative—elucidate whether it is estimable or not\" (see Judgment No. 151-97). Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that this type of claim is granted against actions or omissions of private legal subjects when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or find themselves, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a), of the same Law. In the case under examination, the Chamber considers that the Asociación de Acueducto Rural Nombre03 acts in the exercise of public functions or powers, which is why it is deemed that the appeal before us is indeed admissible, and we proceed immediately to resolve the merits of the matter.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that the protected party is the owner of properties under farm numbers 7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190-000 and 7-195932-000. They accuse that, for the past 20 years, the ward has requested drinking water service for said lands from the appellee; however, this was denied without technical justification. They indicate that the ASADA Buenos Aires Sur has been willing to collaborate, but that the ICAA has not granted authorization. They consider that this harms the fundamental rights of the protected party and constitutes discriminatory treatment. They request that the accused party be ordered to instruct the ASADA to grant water service to the ward’s properties.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated, either because they have been accredited in this way, or because the appellee has omitted referring to them according to the provisions in the initial order:\n\na) The protected party Nombre02, identity card CED02, is the owner of the properties under real folio numbers CED03, CED04, CED05 and CED06, which are located in the province of Limón, canton of Pococí, district of Guápiles, in the northern sector of the area known as Green Valley (see filing document and evidence provided by the appellant).\n\nb) The protected party has not made requests for drinking water availability for the properties he owns before the authorities of the ICAA, which is why there are no diagnoses or technical feasibility studies aimed at providing said service (see rendered report and evidence provided).\n\nc) The sector in which the protected party’s properties are located does not have an authorized operator regarding drinking water service (see rendered report).\n\nd) The Asociación de Acueducto Rural Nombre03, legal entity identification number CED01, is in charge of carrying out the drinking water supply function in the southern sector of the area known as Green Valley (see rendered report and response).\n\nIV.- ON THE ISSUE OF DRINKING WATER SERVICE PROVISION. First, this Chamber has considered that, although a fundamental right to drinking water exists, its exercise is not indiscriminate, such that there exists an obligation for entities that provide this service to provide it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations administering aqueducts and sewers may deny drinking water availability if there are technical reasons that justify it. In Resolution No. 2018-011148 of 9:30 a.m. on July 10, 2018, this Chamber resolved the following:\n\n“In the case under study, the Chamber has found it proven that on August 8, 2017, the appellant submitted to the appellee Institute a request for aqueduct and sewer service availability for the property registered under the Real Folio Registration No. (…) same that was denied by official communication No. GSP-RCO- 2017-02024, dated August 21, 2017. Based on what was verified, in the sector where the land for which the amparo petitioner managed the service is located, there is no drinking water availability or sanitary sewer system, as the Santiago de Puriscal System is experiencing a water deficit, meaning that an increase in the number of services would imply a worsening of the quality of service for current users, who are supplied by means of palliative measures such as ‘valve rotation’ and water trucks. It is evident then, that the Institute cannot provide the service requested by the amparo petitioner because it is technically not feasible, and therefore, it is not possible to grant the request in the terms the appellant seeks. Therefore, from a constitutional perspective, the Chamber considers that there has been no arbitrary denial by the accused authority to grant the service availability for drinking water to the petitioner as requested, but rather, what has occurred is a technical and material impossibility due to the lack on site of the infrastructure necessary to access what was petitioned, at least at this time, which –as stated– has been known to them. It is recalled that on the substantive issue of this amparo, this Chamber has referred in multiple judgments to what it has termed technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and it has manifested that when there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated, as this is due to the lack of technical elements necessary for the installation of the service and not to arbitrary action by the Administration (see in this regard, among others, Judgments 2007-03355, of 1:37 p.m. on March 9, 2007; 2007-010341, of 2:45 p.m. on July 20, 2007 and 2017-011477, of 9:15 a.m. on July 21, 2017). Finally, there is no evidence of a discriminatory act in relation to other dwellings located in the area that do have the service, since the principle of equality, insofar as it constitutes a necessary premise for the effectiveness of public freedoms, obliges both to equalize equal situations and to diversify different situations. This implies that to factually equal situations, equally equal legal consequences must be applied, and that to introduce differences between factual situations, there must be sufficient justification for such difference, which must appear at the same time as founded and reasonable according to criteria and value judgments generally accepted. Repeatedly, this Chamber has stated that when a violation of the principle of equality is alleged, the interested party must present a parameter for comparison, that is, they must point to a specific case—or several—demonstrating discriminatory treatment. Finally, it does not fall to this Chamber to determine whether or not the requirements are met to grant the water supply as the appellant intends, nor is it appropriate to elucidate under what terms, according to water availability and the fulfillment of technical and legal conditions, the water supply management they miss could eventually be authorized, as this is a task proper to the common route -administrative or jurisdictional-…”. (see Judgment No. 2018-011148 of 9:30 a.m. on July 10, 2018)\n\nThese raised considerations are applicable to the case under study, as this Tribunal finds no reasons to vary the criterion stated in said judgment, nor motives that would cause it to assess the situation presented differently.\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. The appellant states that the protected party is the owner of properties under farm numbers 7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190-000 and 7-195932-000. They accuse that, for the past 20 years, the ward has requested drinking water service for said lands from the appellee; however, this was denied without technical justification. They indicate that the ASADA Buenos Aires Sur has been willing to collaborate, but that the ICAA has not granted authorization. They consider that this harms the fundamental rights of the protected party and constitutes discriminatory treatment. They request that the accused party be ordered to instruct the ASADA to grant water service to the ward’s properties.\n\nFrom the report rendered by the representative of the appellee authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—from the evidentiary body, and from the response by the appellee ASADA, it is found proven that the protected party Nombre02, identity card CED02, is the owner of the properties under real folio numbers CED03, CED04, CED05 and CED06, which are located in the province of Limón, canton of Pococí, district of Guápiles, in the northern sector of the area known as Green Valley. Likewise, it is verified that the protected party has not made requests for drinking water availability for the properties he owns before the authorities of the ICAA, which is why there are no diagnoses or technical feasibility studies aimed at providing said service. Furthermore, it is confirmed that the sector in which the protected party’s properties are located does not have an authorized operator regarding drinking water service. Lastly, it is verified that the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, legal entity identification number CED01, is in charge of carrying out the drinking water supply function in the southern sector of the area known as Green Valley.\n\nThus, a violation of the fundamental rights of the protected party is ruled out. As observed from the documentation sent to this Chamber, the reason why, as of the date this amparo was filed, the appellee authorities have not provided the service that is the object of the present appeal is attributable to: a) the protected party not having complied with the legal requirements, as he has not made a request, in his personal capacity, for the water supply of his properties; and b) the existence of a material impossibility, since the sector where the protected party’s farms are located does not have an authorized operator. In that sense, the actions taken are not arbitrary, and this Tribunal has so indicated:\n\n“III.- On technical impossibilities that hinder the supply of drinking water. This Chamber, in ruling number 2010-001516 at 6:36 p.m. on January 26, 2010, referred to matters relating to technical or legal impossibilities for providing drinking water service.\n\nOn that occasion, it established the following: “IV.- Regarding how the legal or formal impossibility to provide the potable water service does not violate fundamental rights.- Reiterated case law of this Chamber has indicated that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider—whether a public entity or private entity—is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes of September twenty-six, two thousand one and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes of July twenty-three, two thousand four). In this sense, it is clearly concluded that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, despite everything that has just been established, the case law of this Constitutional Chamber has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulation) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a denial of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. Of course, AyA as a state entity primarily responsible for providing the potable water service, has the obligation to continue expanding its infrastructure so that more and more people have access to this precious liquid, but while gaps remain, the collaboration of the interested parties is indispensable (see resolutions No. 2006-014218 of fifteen hours and four minutes of September twenty-six, two thousand six and No. 2007-11190 of fourteen hours and thirty-six minutes of August seven, two thousand seven). In other words, provided that the failure to provide the potable water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights” (see judgment No. 2017-6701 of 9:15 hours of May 12, 2017).\n\nBy virtue of the foregoing, what is appropriate is for the amparo petitioner (parte amparada) to make the corresponding request before the authorities of the ICAA so that they carry out the pertinent technical feasibility studies and determine whether it is materially possible to provide the potable water service, given that there is no authorized operator in the sector where the petitioner's (tutelado) properties are located. Regarding the respondent ASADA, it is observed that it was constituted to provide access to water to a sector different from the place where the amparo petitioner's (amparado) farms are, and therefore it is not required of them to provide said service.\n\nIn any case, the concerns raised by the petitioner (tutelado) in the amparo must be resolved within the respondent institution (institución accionada), and therefore it will be up to him to manage his own interests, disagreements, or claims, before the respondent authority through the mechanisms established for that purpose, or alternatively, in the competent ordinary jurisdiction, venues in which he may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert his claims. Thus, the present recourse is inadmissible.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant party (parte recurrente) that if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe recourse is declared without merit. -\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LOD6D8BUW5G61\n\nEXPEDIENTE N° 25-039982-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección10, Dirección11, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:30:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }