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  "id": "nexus-sen-1-0007-1372364",
  "citation": "Res. 07073-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo ambiental por almacenamiento temporal de residuos sólidos en El Cocal de Quepos",
  "title_en": "Environmental amparo for temporary solid waste storage in El Cocal, Quepos",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por vecinos del asentamiento informal de El Cocal en Quepos, quienes denuncian el incumplimiento de una sentencia previa (2021-2741) y la persistente afectación a un ambiente sano por el inadecuado manejo de desechos sólidos y aguas residuales. La Sala constata que, si bien la Municipalidad de Quepos realiza recolección diaria y dispone de un centro de transferencia, el depósito comunitario temporal ubicado en Montecillos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, con lixiviados que escurren hacia el estero y sin protección contra fauna nociva, lo que constituye un foco de contaminación. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso exclusivamente contra la Municipalidad de Quepos y ordena, de forma inmediata, implementar medidas paliativas y corregir definitivamente el problema del sitio de almacenamiento temporal en el plazo de dos meses. También ordena desglosar el escrito para analizar el presunto incumplimiento de la sentencia anterior.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by residents of the informal settlement of El Cocal in Quepos, alleging non-compliance with a prior ruling (2021-2741) and ongoing violation of the right to a healthy environment due to inadequate solid waste and wastewater management. The Chamber finds that, although the Municipality of Quepos conducts daily collection and operates a transfer center, the temporary communal depot in Montecillos is in evident disrepair, with leachate flowing into the estuary and no protection against pests, creating a pollution hotspot. The Chamber grants the amparo partially, solely against the Municipality of Quepos, ordering immediate palliative measures and definitive correction of the temporary storage site within two months. It also orders the separation of the filing to examine the alleged non-compliance with the prior ruling.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "27/02/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "art-50-constitution"
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  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "residuos sólidos",
    "zona marítimo terrestre",
    "ecosistema de manglar",
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    "principio de coordinación interadministrativa"
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      "law": "Constitución Política"
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      "law": "Ley de Jurisdicción Constitucional"
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      "article": "Arts. 10-11",
      "law": "Ley de la Zona Marítimo Terrestre"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "derecho a un ambiente sano",
    "residuos sólidos",
    "Quepos",
    "El Cocal",
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    "contaminación",
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    "almacenamiento temporal",
    "coordinación interinstitucional",
    "Municipalidad de Quepos",
    "Ministerio de Salud",
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  "keywords_en": [
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    "Municipality of Quepos",
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  "excerpt_es": "Así las cosas el recurso deviene procedente únicamente por el manejo de desechos sólidos por parte del gobierno local recurrido. Si bien es cierto en la sentencia cita por el recurrente esta Sala declaró sin lugar el recurso en cuanto a ese extremo lo cierto es que en ese momento no se logró demostrar que existiera una omisión o actuar insuficiente en la disposición de los desechos sólidos recolectados en la comunidad. Sin embargo en el caso que nos ocupa las autoridades municipales afirmaron que existe implementado un protocolo para la recolección de desechos sólidos en la comunidad del Cocal, el cual se mantiene con la misma efectividad de siempre por parte de la Municipalidad; sin embargo en la inspección realizada por las autoridades del Ministerio de Salud el 22 de diciembre del 2025  -inspección requerida como prueba para mejor resolver mediante resolución de las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco- se demostró que “el sitio es un lugar de almacenamiento temporal de residuos sólidos que utiliza la Municipalidad de Quepos para que los vecinos de El Cocal trasladen y depositen sus residuos para una posterior recolección por parte del camión recolector. El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. Partiendo de lo anterior es evidente que el estado actual del espacio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos para los vecinos de El Cocal no cumple con condiciones sanitarias mínimas.",
  "excerpt_en": "Thus, the appeal is admissible only regarding the management of solid waste by the respondent local government. While it is true that in the ruling cited by the appellant, this Chamber dismissed the appeal on that point, it is also true that at that time it was not possible to demonstrate any omission or insufficient action in the disposal of the solid waste collected in the community. However, in the case before us, the municipal authorities asserted that there is a protocol in place for the collection of solid waste in the community of El Cocal, which is maintained with the same effectiveness as always by the Municipality; nevertheless, in the inspection carried out by the authorities of the Ministry of Health on December 22, 2025 —an inspection required as evidence for better resolution by order of three-twenty-five p.m. on December sixteen, two thousand twenty-five— it was demonstrated that 'the site is a temporary solid waste storage facility used by the Municipality of Quepos so that the residents of El Cocal can bring and deposit their waste for subsequent collection by the collection truck. The solid waste collection area is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, the roof is broken and has no door, most of the metal structure is corroded by rust. Additionally, leachate is observed flowing from the collection center towards the estuary; this enclosure does not protect the waste from the entry of harmful fauna or the elements.' Based on the foregoing, it is evident that the current condition of the temporary solid waste storage area for the residents of El Cocal does not meet minimum sanitary conditions.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted solely against the Municipality of Quepos for the inadequate temporary solid waste storage, ordering correction within two months; the filing is separated to examine non-compliance with the prior ruling.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Quepos por el inadecuado almacenamiento temporal de residuos sólidos, ordenando corregir el problema en dos meses; se desglosa el escrito para analizar el incumplimiento de la sentencia previa."
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      "context": "Hechos probados del caso concreto",
      "quote_en": "The solid waste collection area is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, the roof is broken and has no door, most of the metal structure is corroded by rust. Additionally, leachate is observed flowing from the collection center towards the estuary; this enclosure does not protect the waste from the entry of harmful fauna or the elements.",
      "quote_es": "El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo."
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Court has indicated that such corporations are obliged to eliminate any threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including solid waste collection services.",
      "quote_es": "las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1372364",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07073 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 27 de Febrero del 2026 a las 09:30\n\nExpediente: 25-025088-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nBASURA.\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n007073-26. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE LA ZONA DEL COCAL EN QUEPOS, ACUSAN QUE NO CUENTAN CON UN SISTEMA COMUNAL DE DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASUREROS PÚBLICOS). SE ORDENA A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPAL DE QUEPOS, PROCEDAN DE FORMA INMEDIATA A IMPLEMENTAR MEDIDAS PALIATIVAS DE MAYOR URGENCIA PARA CORREGIR EL PROBLEMA AMBIENTAL RECLAMADO. DEBERÁN DISPONER Y COORDINAR LO NECESARIO A EFECTO QUE, EN EL PLAZO DE DOS MESES, SE CORRIJA DE FORMA DEFINITIVA EL PROBLEMA GENERADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE UTILIZA LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS EN LA COMUNIDAD DE LOS VECINOS DE EL COCAL. VCG03/2026\n\n“(…) III.- ANTECEDENTE DE APLICACIÓN AL CASO CONCRETO: Esta Sala mediante sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno resolvió:\n\n “III. Objeto del recurso.  La parte recurrente considera que sus derechos fundamentales han sido lesionados en el tanto el 21 de septiembre y el 22 de septiembre de 2020 se denunció –respectivamente ante la Municipalidad de Quepos y el SINAC- la contaminación existente en la zona de El Cocal. Al respecto, reclama una falta de respuesta a las denuncias planteada sobre estos hechos. Expresa que en dicho sitio no se cuenta con un sistema comunal de depósito de residuos sólidos (basureros públicos), lo que genera que los lugareños y visitantes depositen la basura en el suelo de la costa de la isla, causando gran contaminación en todo el lugar y también en el manglar adyacente por dichos basureros clandestinos. Señalan que en la zona mencionada tampoco hay alcantarillado ni un correcto tratamiento de aguas residuales para las construcciones existentes, por lo que las aguas en su mayoría terminan en el mar, en el estero y en el manglar, convirtiéndose en una problemática medioambiental con graves daños a la biodiversidad.\n\n(…)\n\n\nVI. Sobre las denuncias planteadas por la parte recurrente. En el sub lite, la parte recurrente acusa una falta de atención a la denuncia que planteó el 21 de septiembre y el 22 de septiembre de 2020, respectivamente ante la Municipalidad de Quepos y el SINAC, denuncias idénticas que alegaban una serie de irregularidades que también han sido ventiladas en este recurso de amparo.\n\n\nSobre la Municipalidad de Quepos, no consta ante este Tribunal que se le haya dado ninguna respuesta a la denuncia planteada por la amparada. Así, aunque se evidencia del elenco probatorio que dicha municipalidad tenía conocimiento de la problemática y había realizado varias gestiones referentes a lo denunciado, esto no reivindica la omisión de dar una respuesta formal a lo planteado ante ella, por lo que se entiende como no atendida la denuncia.\n\n\nAhora bien, se desprende de lo informado bajo juramento -tanto como de la prueba documental aportada al proceso- que, el 25 de septiembre de 2020, la denuncia fue atendida por el SINAC mediante el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-519-2020. Asimismo, se tiene por probado que dicho oficio fue enviado a la dirección de correo electrónico señalada por la denunciante para recibir respuesta (sacruz513@icloud.com). No obstante lo anterior, esta Sala advierte que la respuesta brindada por la autoridad recurrida no fue satisfactoria, ya que, ignorando su propia competencia para la materia, así como la coordinación interinstitucional en temas ambientales, respondieron que “con el objetivo de redireccionar sus esfuerzos hacia las instituciones indicadas, y no con el objetivo de evadir responsabilidad sobre los hechos” la “materia de Residuos Sólidos y Líquidos son competencia del Ministerio de Salud y la Municipalidad del Cantón, como lo expone La Ley General de Salud No. 5395 y La Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839”.\n\n\nAl respecto, ante la denuncia interpuesta, el SINAC no asumió un actuar proactivo y proteccionista del medioambiente, así como tampoco tendió las instancias de coordinación ante el Ministerio de Salud o la Municipalidad de Quepos de conformidad con el principio de coordinación interadministrativa, que constituye uno de los principios rectores de la organización administrativa, siendo que debe mediar coordinación entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.\n\n\nAhondando en este punto, la coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. En materia ambiental, este principio toma un matiz diferenciado, resultando de relevancia lo dicho por este Tribunal reiteradamente en su jurisprudencia:\n\n\n“VII.- Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente en materia de tutela ambiental, la sentencia número 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico:\n\n\n III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):\n\n\"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).”\n\n\n En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación”.\n\n \n\nAsí, en el caso concreto el SINAC fue evasivo de sus responsabilidades, e inclusive se echa de menos que dicho ente haya efectuado las acciones de coordinación adecuadas y necesarias para garantizar la protección a un derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto es, atendiendo inmediatamente situaciones como las acá denunciadas. Bajo tal estado de las cosas, este extremo debe ser declarado con lugar.\n\n \n\nVII. Sobre la alegada afectación al medioambiente. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración al derecho a un medioambiente sano por los motivos que a continuación se expondrán.\n\n \n\nPrimeramente, sobre los desechos sólidos, estima esta Sala que la Municipalidad de Quepos sí lleva a cabo una recolección constante de la basura generada por la comunidad, esto a pesar de la dificultad que supone que El Cocal es un asentamiento informal donde el único medio de acceso es por medio de bote cruzando la boca del estero. En esta misma línea, se informó por las autoridades que en el embarcadero hacia El Cocal -conocido como Montecillos-, la municipalidad recurrida construyó un depósito comunitario de residuos que está a la disposición de los vecinos de la zona. Asimismo, se informó que dichos residuos “son recolectados por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 días a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para ?nalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas”. Por lo anterior, no se observa una omisión o actuar insuficiente en cómo la autoridad recurrida dispone de los desechos sólidos que se recolectan en la comunidad en aras de proteger el medioambiente.\n\n \n\nSobre la acusación de los recurrentes en el sentido de que la zona está contaminada y que en sus alrededores -en especial en la costa- se generan basureros clandestinos, se indicó ante este Tribunal que el 16 de octubre de 2020 la Unidad de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Quepos realizó una inspección en el sitio con el ?n de visitar zonas cercanas a la playa, detallando lo siguiente: “a. la inspección se realiza desde el salón comunal del Cocal, coordenadas 48123-1043421, hasta la punta arenosa del Cocal ubicada frente a la ciudad de Quepos, coordenadas 481 703-1 042848 (Proyección CR TM05). b. Se recorre toda la zona indicada en dirección Noroeste-Sureste. c. En el recorrido del área indicada se pudo apreciar que los residuos que se pueden observar en el sector de la playa arenosa corresponden a restos orgánicos como cocos, ramas, troncos y vegetación variada. d. Se logró divisar algunos restos de residuos ordinarios dispersos, pero se considera que los mismos pudieron llegar a la zona por acción de las corrientes marinas u oleajes y no necesariamente por disposición directa de los residuos por parte de los vecinos del lugar. Lo cual es común en todas las costas del mundo. e. Existen a lo largo del frente de la playa de la mencionada localidad una serie de viviendas y diversa infraestructura asociada”. Asimismo, aseveró el alcalde de Quepos que, en El Cocal, “se realizan en promedio unas 6 campañas de limpieza al año y se han entregado y colocado depósitos recolectores de basura en conjunto con el Comité Local de Seguridad con el ?n de contribuir a un mejor manejo de los residuos en el lugar. También se han entregado, para su uso público, contenedores de basura y puntos ecológicos a la escuela pública ubicada en el sitio con el ?n de mejorar el manejo de los residuos en el lugar”. Lo anterior, claro está, no implica que por ello no existan posibles irregularidades en el manejo de dichos residuos -ya que, con seguridad, por ello es que existen dichas campañas de educación y recolección-, pero las mismas son propias de los numerosos problemas y anomalías que acarrea la existencia de un asentamiento informal. Congruentemente, se colige que la Municipalidad de Quepos realiza labores varias constantes en aras de mantener la zona con la menor cantidad posible de contaminación sólida, por lo que sobre este extremo el recurso de amparo debe de declararse sin lugar.\n\n \n\nAhora bien, sobre los residuos líquidos -o aguas residuales-, y unido con la comentada complejidad que conlleva el manejo o tratamiento de desechos en un asentamiento informal, esta Sala tiene por demostrado que en El Cocal existe una evidente mala disposición de las aguas residuales, esto en el tanto las autoridades aseveraron que las viviendas son construidas sin obtener los respectivos permisos constructivos y sin contar con las especificaciones mínimas solicitadas por el ordenamiento legal concerniente a edificaciones en el país. Consecuencia de lo anterior, la zona no cuenta con alcantarillado, ni posee un correcto tratamiento de aguas, lo que genera una afrenta flagrante al medioambiente, sobre todo si se toma en cuenta el mismo decir de los recurrentes al denunciar que dichas aguas incluso son depositadas directamente al estero, al mar, y al ecosistema de manglar de la zona. Por lo anterior, se debe estimar este extremo del recurso, por vulneración del derecho a un medioambiente sano y equilibrado amparado por el artículo 50 constitucional.\n\n \n\nVIII. Sobre la falta de delimitación del territorio por las autoridades competentes. Ahora bien, la problemática medioambiental y la falta de acción efectiva para mitigar la contaminación en la zona de El Cocal ha sido en gran parte generada por un mal funcionamiento de la Administración Pública, en específico: la falta de delimitación del ecosistema de manglar que debe realizar en forma coordinada el SINAC -que son los competentes para definir y delimitar el ecosistema- y el IGN -que debe inscribirlo y publicarlo en La Gaceta-, tanto como la permisividad y tolerancia estatal frente al establecimiento de un asentamiento humano informal en dominio público con características tan sensibles para la protección y el equilibrio ambiental (ZMT y manglar); todas esas omisiones han desencadenado en muchas otras inacciones y desprotecciones estatales sobre la materia.\n\n \n\nEn el caso en concreto, la falta de delimitación patrimonial del territorio no ha permitido a la municipalidad y otras autoridades tener conocimiento cierto de la condición catastral del asentamiento (por ejemplo, determinar qué área de este se encuentra dentro de ZMT, o qué área se encuentra dentro de Patrimonio Natural del Estado, etcétera), lo que ha obstaculizado para determinar las debidas competencias para actuar e intervenir el territorio correspondiente: sea desalojar, dar concesiones, elaborar un plan regulador para el sitio, definir calles públicas, dotar de alumbrado público, coordinar el otorgamiento de un correcto servicio de agua o construir alcantarillado sanitario, entre otros.\n\n \n\nAl respecto, se desprende de lo informado y aportado como prueba que, al menos desde el 2018 y en reiteradas ocasiones, la Municipalidad de Quepos ha solicitado al SINAC que efectúe la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la zona. Tras lo anterior, se observa que en el 2019, mediante informe ACTO-DRFVS-PMF-075-2020, el SINAC realizó trabajos preliminares sobre las condiciones del sitio, así como de identificación de áreas con condición de Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, el 16 de diciembre de 2020 -y tras haberse presentado este recurso de amparo-, dicho ente inició una serie de inspecciones en el lugar para “verificar algunos sitios muy específicos” y delimitar el ecosistema de manglar en la zona. Por lo anterior, tras una prueba para mejor resolver que fue solicitada por este Tribunal al SINAC sobre el estado de dichas inspecciones, el 06 de enero de 2021, mediante documento SINAC-ACOPAC-PNE-001-2021, se informó que “el trabajo realizado en el campo el día 16 de diciembre del 2020 es parte del proceso técnico que realiza el ACOPAC para emitir un informe final de clasificación y delimitación preliminar del ecosistema de Manglar y en este caso para el sector de la comunidad del Cocal de Quepos el cual esperamos concluirlo el próximo 12 de enero del presente”. Ahora, lo cierto es que, a la fecha, el SINAC no ha presentado ante esta Sala ninguna manifestación de avance al respecto, o aún más importante, el informe técnico final para la delimitación de las áreas de manglar y estero de Quepos ante el IGN.\n\n \n\nComo ha sido posición de esta jurisdicción constitucional -desde larga data-, la declaratoria y delimitación de zonas protectoras representa un mecanismo sumamente importante para proteger el derecho fundamental al ambiente (véase, por ejemplo, voto n.° 2019-16793 de las 11:52 horas del 04 de septiembre de 2019). En relación con ello, en el sub lite se ha demostrado con una claridad meridiana el porqué este Tribunal ha sostenido a través del tiempo dicho criterio y, evidentemente, el motivo por el que en este caso dicha pasividad en la delimitación del Patrimonio Natural del Estado y, en sí, la poca acción de las autoridades recurridas para mitigar las consecuencias del asentamiento informal de El Cocal, no ha sido suficiente para lograr tutelar efectivamente el artículo 50 de nuestra Constitución Política, derecho de naturaleza intergeneracional.\n\n \n\n(…)\n\n \n\nPor tanto\n\n \n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia: 1) Se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia se remita la denuncia presentada ante ellos el 22 de septiembre de 2020 al Ministerio de Salud. 2) También se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su condición de Alcalde, y a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia respondan formalmente a la denuncia presentada ante ellos el 21 de septiembre de 2020. 3) Adicionalmente, se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y a Marta Aguilar Varela, en su condición de Directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada realicen las actuaciones correspondientes para que, en el plazo máximo de TRES MESES a partir de la notificación de esta sentencia, delimiten el ecosistema de manglar de la zona de Quepos. 4) Asimismo, se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su condición de Alcalde, a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos; a la Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada, incluso con otras instituciones competentes, adopten de forma INMEDIATA las medidas necesarias para mitigar y prevenir la contaminación generada por las aguas residuales del asentamiento El Cocal. 5) Igualmente, se ordena a las autoridades recurridas que, en el plazo máximo de SEIS MESES a partir de la notificación de esta sentencia, definan la naturaleza jurídica y el régimen normativo aplicable al territorio donde se encuentra el asentamiento. 6) Que una vez definida la situación legal y el régimen aplicable del territorio en cuestión, en el plazo máximo de VEINTICUATRO MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán las autoridades recurridas, según sus respectivas competencias, brindar una solución definitiva al problema de contaminación por aguas residuales que se genera en la zona del asentamiento El Cocal, misma que afecta al medioambiente. Respecto a lo pretendido sobre la contaminación por desechos sólidos y la construcción de un alcantarillado o planta de tratamiento de residuos para el asentamiento El Cocal, se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Quepos, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Registro Nacional al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto parcialmente, respecto a la ejecución de esta sentencia, en lo referente a las órdenes 3), 4), 5) y 6) y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese”.\n\n \n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el sector denominado Playa El Cocal de Quepos se encuentra inequívocamente dentro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre, condición jurídica reconocida de manera reiterada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR). Se acreditó que la delimitación cartográfica publicada en La Gaceta N° 32 del 21 de febrero de 2023 no implicó una ampliación de los limites urbanos de Quepos, sino el estricto cumplimiento de una orden judicial de precisar los linderos del ecosistema de manglar Boca Vieja. Se demostró que los moradores del Cocal de Quepos, no poseen ningún título de propiedad o similar que los haga dueños legales de los terrenos a los cuales dan uso y que el gobierno local declaró de interés cantonal el acceso vial hacia la comunidad de El Cocal. Se constató que en la Sesión Ordinaria N.° 289-2023, celebrada el 14 de noviembre de 2023, el Concejo Municipal conoció el Dictamen de la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se analizó la aplicación de la Ley N.° 6043 y la delimitación oficial del manglar en El Cocal y que, en Sesión Ordinaria N.° 024-2024, de fecha 21 de agosto de 2024, el Concejo Municipal conoció el escrito del recurrente y acordó dar continuidad a las gestiones sobre el Plan de Ordenamiento Socioeconómico del Cocal. Posteriormente en la Sesión Ordinaria N.° 030-2024, celebrada el 10 de septiembre de 2024, y ratificada en la S.O. N.° 031-2024, el Concejo conoció el Oficio MQ-UZMT-327- 2024, relativo a la vialidad, electricidad y delimitación de El Cocal. Se acordó trasladar las recomendaciones a la Administración y coordinar con MINAE-SINAC e ICE para una solución sostenible. Seguidamente en la Sesión Ordinaria N.° 060-2025, celebrada el 12 de febrero de 2025, el Concejo acordó convocar a Mesas de Trabajo Interinstitucionales con la participación de SINAC-ACOPAC, IGN, Ministerio de Salud, AyA, ICE y dependencias municipales, las cuales se efectuaron el 20 de febrero y 20 de marzo de 2025. El 19 de marzo de 2025 en Sesión Ordinaria N.° 069-2025, celebrada el 19 de marzo de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 071-2025, se acordó trasladar a la Administración Municipal la obligación de informar sobre todas las actuaciones relacionadas con la delimitación de El Cocal. En fecha 01 de abril de 2025 en la Sesión Ordinaria N.° 075-2025 el Concejo conoció el Oficio DIG-GDF-111-2025 del Instituto Geográfico Nacional, en el cual se certifica que la delimitación del manglar en El Cocal se realizó en coordinación con el SINAC y fue publicada en La Gaceta. El 28 de mayo de 2025 en la Sesión Extraordinaria N.° 088-2025 y ratificada en la S.O. N.° 089-2025, el Concejo conoció el Dictamen MQ-CMAJ-036- 2025 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, relativo a escritos presentados en el expediente constitucional, en el cual se confirmó la coordinación SINAC–IGN y se analizaron los alcances normativos de la ZMT. Finalmente en la Sesión Ordinaria N.° 092-2025, celebrada el 17 de junio de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 096-2025, se acordó reiterar los criterios emitidos por la Unidad de ZMT y ordenar la integración de todos los acuerdos relacionados con la delimitación de El Cocal para garantizar trazabilidad. Quedó probado que la recolección de residuos ordinarios no se brinda directamente en el sitio por la dificultad de acceso; por lo que el ingreso de unidades recolectoras al Cocal no es viable ya que no existe infraestructura vial adecuada que permita el tránsito seguro de camiones compactadores. Se afirmó que en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado). Se indicó que  los residuos son recolectados, por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 dias a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para finalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas y que en la zona del Cocal se realizan en promedio unas 6 campañas de Iimpieza al año y se han entregado y colocado depósitos recolectores de basura en conjunto con el Comité Local de Seguridad, con el fin de contribuir a un mejor manejo de los residuos en el lugar. En cuanto al Ministerio de Salud se tuvo por demostrado que el 30 de enero del 2025 el Ministerio de Salud participó en una mesa de trabajo convocada por la municipalidad de Quepos a la cual asistió personal del ICE, AyA, ACOPAC y ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal) y se generó como acuerdo convocar a una segunda mesa de trabajo el día 20 de febrero del 2025 y una tercera para el 20 de marzo del 2025 -sin embargo, por razones desconocidas para este Ministerio las dos últimas no se efectuaron-. Se acreditó que el 22 de diciembre de 2025 el Ministerio de Salud realizó -en cumplimiento a una prueba ordenada por el magistrado instructor- realizó una inspección en el lugar de almacenamiento de residuos que utiliza la Municipalidad de Quepos para los vecinos de El Cocal e indicaron que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. En cuanto al Instituto Geográfico Nacional quedó probado que las acciones pertinentes para la delimitación del ecosistema de manglar de la zona de Quepos es responsabilidad del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Instituto Geográfico Nacional. Se constató que en caso de existir una delimitación que involucre áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado (PNE), la tarea de delimitar los linderos pertinentes le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de conformidad con la Ley Forestal, Ley N°7575 de 13 de febrero de 1996 y sus reformas. Quedó probado que como resultado de las acciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y el IGN, se realizó la delimitación de los manglares ubicados en Quepos centro, que incluyó los sectores de El Cocal, Boca Vieja y Damas -todo en respaldo de los siguientes informes técnicos: 1) Informe DIG-TOT-INF-001-2023 de fecha 09 de enero de 2023 y SINACACOPAC- IRT-PNE-098-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022 emitido por el Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 2) Informe DIG-TOT-INF-104-2023 y SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 elaborado por Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 3) Informe SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 de fecha 21 de diciembre de 2023 del Área de Conservación Pacífico Central y DIG-GDF-0229-2024 Informe de Revisión Técnica para la publicación de delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre correspondiente al Estero-Manglar del sector entre Rio Paquita y Rio Damas del 12 de junio de 2024- y que, las delimitaciones fueron oficializadas en el Diario Oficial La Gaceta, como sigue: 1) Aviso N°003-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar Boca Vieja, en El Cocal, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°32 del martes 21 de febrero del 2023. 2) Aviso N°009-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar en el Sector Central de Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°181 del martes 03 de octubre del 2023. 3) Aviso N°007-2024 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar entre Río Paquita y Río Damas, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°205 del viernes 01 de noviembre del 2024. Partiendo de lo anterior es posible concluir:\n\n \n\nQue el sector denominado Playa El Cocal de Quepos se encuentra inequívocamente dentro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.\n\n \n\nQue la delimitación cartográfica publicada en La Gaceta N° 32 del 21 de febrero de 2023 no implicó una ampliación de los límites urbanos de Quepos, sino el estricto cumplimiento de una orden judicial de precisar los linderos del ecosistema de manglar Boca Vieja.\n\n \n\nQue para poder incluir los terrenos de El Cocal en el plan regulador se requiere la formulación de un plan regulador costero, sustentado en estudios ambientales rigurosos, índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), evaluaciones de impacto y certificaciones del patrimonio natural.\n\n \n\nQue la recolección de residuos ordinarios no se brinda directamente en el sitio por la dificultad de acceso; sin embargo en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado).\n\nQue  los residuos son recolectados, por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 días a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para finalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas.\n\nQue el 22 de diciembre de 2025 el Ministerio de Salud realizó una inspección en el lugar de almacenamiento de residuos que utiliza la Municipalidad de Quepos para los vecinos de El Cocal e indicaron que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”.\n\n \n\nEl recurrente reclama que a la fecha no se han cumplido las órdenes emitidas en la sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno  y agrega que existe una necesidad de la comunidad El Cocal “de ser integrada legalmente en un plan regulador urbano en litoral ya existente” y de esa forma mejorar la calidad de vida de los vecinos así como el alcantarillado sanitario. Agrega que las georreferencias de la zona marítima El COLCA nuevas fueron publicadas en La Gaceta a pesar de que no participar a la Municipalidad. Por lo que solicita que se ordene la incorporación del barrio El Cocal al plan regulador urbano, la ejecución de obras de saneamiento básico y acceso óptimo y recolección de basura, delimitar la zona marítimo terrestre conforme  la Ley 6043; así como garantizar la participación ciudadana en el proceso de planificación y ejecución. Las autoridades municipales reconocen que “existe la necesidad de contar con un plan regulador costero en el sector de Playa El Cocal, tanto para regularizar la situación de las familias que residen en dicho territorio como para asegurar la protección ambiental de la franja litoral”, sin embargo “mientas subsistan las inconsistencias derivadas de la delimitación estero-manglar Boca Vieja publicada en 2023, existe un impedimento para iniciar el proceso de planificación” y que “en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado” -residuos que afirma son recolectados todos los días de lunes a domingo-. De otra parte el Ministerio de Salud afirma que el 30 de enero del 2025 el Ministerio de Salud participó en una mesa de trabajo convocada por la municipalidad de Quepos a la cual asistió personal del ICE, AyA, ACOPAC y ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal) y se generó como acuerdo convocar a una segunda mesa de trabajo el día 20 de febrero del 2025 y una tercera para el 20 de marzo del 2025 -sin embargo, por razones desconocidas para este Ministerio las dos últimas no se efectuaron-. Afirmó que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. Finalmente las autoridades del Instituto Geográfico Nacional indicaron que como resultado de las acciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y el IGN, se realizó la delimitación de los manglares ubicados en Quepos centro, que incluyó los sectores de El Cocal, Boca Vieja y Damas. Así las cosas el recurso deviene procedente únicamente por el manejo de desechos sólidos por parte del gobierno local recurrido. Si bien es cierto en la sentencia cita por el recurrente esta Sala declaró sin lugar el recurso en cuanto a ese extremo lo cierto es que en ese momento no se logró demostrar que existiera una omisión o actuar insuficiente en la disposición de los desechos sólidos recolectados en la comunidad. Sin embargo en el caso que nos ocupa las autoridades municipales afirmaron que existe implementado un protocolo para la recolección de desechos sólidos en la comunidad del Cocal, el cual se mantiene con la misma efectividad de siempre por parte de la Municipalidad; sin embargo en la inspección realizada por las autoridades del Ministerio de Salud el 22 de diciembre del 2025  -inspección requerida como prueba para mejor resolver mediante resolución de las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco- se demostró que “el sitio es un lugar de almacenamiento temporal de residuos sólidos que utiliza la Municipalidad de Quepos para que los vecinos de El Cocal trasladen y depositen sus residuos para una posterior recolección por parte del camión recolector. El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. Partiendo de lo anterior es evidente que el estado actual del espacio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos para los vecinos de El Cocal no cumple con condiciones sanitarias mínimas. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Además, es necesario destacar que las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos (véase en similar sentido las Sentencias N° 2023-19610 de las 9:30 horas de 11 de agosto de 2023 y N° 2019-005623 de las 09:45 horas del 29 de marzo de 2019). Así las cosas lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nV.- Ahora bien en cuanto al incumplimiento de las órdenes emitidas en la  sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno deberá desglosarse el escrito de interposición a fin de que se analice el presunto incumplimiento de la sentencia citada y remitirse al expediente número 20-021786-0007-CO. (…)”\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nBASURA.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa la omisión, por parte de la Municipalidad de Quepos, en realizar una adecuada recolección y disposición de los desechos sólidos, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a los recurrentes, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.\n\nVCG03/2026\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n \n\n*CO*\n\nExp: 25-025088-0007-CO\n\nRes. Nº 2026007073\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .\n\nRecurso de amparo presentado por THOMAS KERRY BAILEY BAILEY, cédula de identidad [Valor 007], a favor de [Nombre 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 005] y [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 006], contra EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, EL MINISTRO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:46 horas del 21 de agosto de 2025 el recurrente presenta recurso de amparo contra EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, EL MINISTRO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Manifiesta que son vecinos del barrio El Cocal, ubicado Quepos, Puntarenas. Afirman que por sentencia Nro. 2021-2741 dictada a las 9:15 horas del 12 de febrero de 2021 en el expediente Nro. 20- 021786-0007-CO, esta Sala acogió parcialmente dicho recurso de amparo planteado por miembros de su comunidad y ordenó a las autoridades recurridas adoptar medidas concretas para garantizar sus derechos. Puntualmente, se dispuso: \"(...) Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia: 1) Se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia se remita la denuncia presentada ante ellos el 22 de septiembre de 2020 al Ministerio de Salud. 2) También se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su condición de Alcalde, y a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia respondan formalmente a la denuncia presentada ante ellos el 21 de septiembre de 2020. 3) Adicionalmente, se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y a Marta Aguilar Varela, en su condición de Directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada realicen las actuaciones correspondientes para que, en el plazo máximo de TRES MESES a partir de la notificación de esta sentencia, delimiten el ecosistema de manglar de la zona de Quepos. 4) Asimismo, se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su condición de Alcalde, a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos; a la Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada, incluso con otras instituciones competentes, adopten de forma INMEDIATA las medidas necesarias para mitigar y prevenir la contaminación generada por las aguas residuales del asentamiento El Cocal. 5) Igualmente, se ordena a las autoridades recurridas que, en el plazo máximo de SEIS MESES a partir de la notificación de esta sentencia, definan la naturaleza jurídica y el régimen normativo aplicable al territorio donde se encuentra el asentamiento. 6) Que una vez definida la situación legal y el régimen aplicable del territorio en cuestión, en el plazo máximo de VEINTICUATRO MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán las autoridades recurridas, según sus respectivas competencias, brindar una solución definitiva al problema de contaminación por aguas residuales que se genera en la zona del asentamiento El Cocal, misma que afecta al medioambiente. Respecto a lo pretendido sobre la contaminación por desechos sólidos y la construcción de un alcantarillado o planta de tratamiento de residuos para el asentamiento El Cocal, se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Quepos, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Registro Nacional al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto parcialmente, respecto a la ejecución de esta sentencia, en lo referente a las órdenes 3), 4), 5) y 6) y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. (...)\". A la fecha de la interposición del recurso no había sido cumplido lo anterior, por lo cual persisten las condiciones allí denunciadas, lo que motiva la interposición de un nuevo recurso de amparo por omisión institucional. Sostienen que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la omisión administrativa puede constituir una violación a derechos fundamentales, especialmente cuando afecta el ambiente, la salud y la participación ciudadana. En ese sentido, esta Sala ha reiterado que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y acceso a servicios básicos para todas las comunidades, incluyendo la creación de un sistema de alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas mediante una planta de tratamiento de aguas grises. Plantean que la comunidad del barrio El Cocal, compuesta por aproximadamente 3.000 personas, ha sido históricamente excluida de procesos de planificación urbana, saneamiento ambiental y reconocimiento territorial, pese a contar con el respaldo documental, legal y técnico que acredita su existencia formal como barrio y su inclusión dentro de la ciudad de Quepos en procesos electorales, pero no así en procesos de desarrollo social. Indican que se han dirigido responsablemente a la autoridad competente, instando a obedecer las órdenes constitucionales. En reiteradas ocasiones han aportado oficios con la iniciativa de promover la acción de las autoridades correspondientes para iniciar una propuesta de planeamiento. El Gobierno local de Quepos, en sus escritos de respuesta, ha evidenciado confusión en el sentido práctico de acatar el fallo y comenzar a trabajar en un plan de ordenamiento territorial para la comunidad del barrio El Cocal, lo que consideran una afectación severa, tanto por el desconocimiento del fallo como por las excusas expuestas en las respuestas oficiales. Afirman que la comunidad anhela ser tomada en cuenta en el plan regulador vigente de Quepos, pero ha sido discriminada por las gestiones de los gobiernos locales, que no la han incluido en dicho plan. Actualmente, se aprovechan de la baja escolaridad de la población para convencer a algunos con leyes y criterios técnicos que la comunidad no comprende. Sostienen que la exclusión de la comunidad en las actualizaciones del plan regulador urbano responde a intereses tácitos de sectores interesados en las playas de esta parte del Cocal, y que la comunidad no desea formar parte de un plan regulador con canon turístico, por no poder solventarlo como pobladores humildes. Refieren que la integración legal de la comunidad en un plan regulador urbano existente en el litoral permitiría alcanzar un bienestar óptimo como ciudadanos reconocidos en sus derechos fundamentales, tales como una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a ser tomados en cuenta en la participación ciudadana y el acceso a proyectos de desarrollo comunitario. Reportan que la documentación aportada ante la Municipalidad de Quepos no ha generado una acción activa y decidida para cumplir con el fallo constitucional y mejorar la calidad de vida de las personas. Obras como el alcantarillado sanitario no pueden concretarse debido a la ilegalidad existente, la cual coexiste con la inoperancia de las gestiones de gobierno en Quepos. Además, aclaran que se han visto sorprendidos por la publicación en La Gaceta de las nuevas georreferencias del IGN, en cumplimiento de la delimitación ordenada por el fallo. Sin embargo, a la fecha, no se ha resuelto nada. Este hecho fue constatado en el departamento de ATM de la Municipalidad de Quepos, cuyos funcionarios no fueron tomados en cuenta para dichas delimitaciones, pese a que el fallo ordena una actuación interinstitucional. Reiteran que la relación de hechos y documentos aportados para solventar un plan de manejo territorial, así como las respuestas recibidas, no han determinado más que argumentación técnica y dilatoria, sin lograr ningún avance en la resolución del conflicto humano ambiental, social-económico y territorial-legal. Consideran que lo expuesto viola sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso y, de acogerse el recurso la Casa Presidencial asuma su labor en el rol de la Comisión de Gobierno, conforme a la Ley Nro. 9024, ejerciendo el artículo 3, que autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación y Policía, a realizar las declaratorias de zonas urbanas litorales mediante decreto ejecutivo.\n\n2.- Por resolución de las 10:16 horas del 16 de setiembre de 2025 se dio curso al presente amparo  y se solicitó informe al DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, AL MINISTRO DE SALUD, AL ALCALDE Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE QUEPOS, Y A LA JEFA DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE QUEPOS Y PARRITA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC) DEL SINAC (ver registro electrónico).\n\n3.-  Informa bajo juramento Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “el sector denominado Playa El Cocal de Quepos se encuentra inequívocamente dentro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre, condición jurídica reconocida de manera reiterada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR) y, en múltiples ocasiones, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La delimitación cartográfica publicada en La Gaceta N° 32 del 21 de febrero de 2023 no implicó una ampliación de los limites urbanos de Quepos, sino el estricto cumplimiento de una orden judicial de precisar los linderos del ecosistema de manglar Boca Vieja. En este contexto, cualquier iniciativa orientada a titular terrenos en El Cocal o a incorporarlo sin más al plan regulador urbano de la ciudad resulta jurídicamente improcedente, por cuanto colisiona con el régimen de bienes de dominio público, el principio de supremacía constitucional y el deber estatal de protección del ambiente. La única vía legalmente admisible es la formulación de un plan regulador costero, sustentado en estudios ambientales rigurosos —índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), evaluaciones de impacto y certificaciones del patrimonio natural—, en el marco de la Ley N* 6043, su reglamento y la Ley NP? 9221, lo cual exige previamente esclarecer las inconsistencias detectadas en la delimitación oficial. La Municipalidad de Quepos ha demostrado acciones concretas y verificables en pro del bienestar de la comunidad: ha garantizado la participación ciudadana mediante comisiones especiales; ha gestionado coordinaciones interinstitucionales con el ICE, el MEP, el SINAC y el IGN; ha promovido la protección de infraestructura educativa; y ha declarado de interés cantonal el acceso vial hacia la comunidad. Sin embargo, la plena regularización de la situación territorial y urbanística depende de la resolución técnica y jurídica del conflicto de delimitación, cuya atención está en curso. Es claro que la Municipalidad reconoce la realidad social de los habitantes que residen en Playa EI Cocal y que requieren soluciones integrales de saneamiento, infraestructura y seguridad. No obstante, dichas soluciones deben enmarcarse en el respeto al régimen constitucional de los bienes de dominio público y a la normativa ambiental. Solo así podrá alcanzarse un equilibrio entre el derecho de las personas a una vida digna y el deber del Estado de proteger el patrimonio natural de todos los costarricenses. En virtud de lo anterior, existe un compromiso de esta Municipalidad de continuar gestionando y coordinando con las instancias competentes las medidas necesarias para garantizar condiciones de habitabilidad, acceso y servicios básicos para Playa El Cocal, dentro de los parámetros legales vigentes. Paralelamente, se reafirma que cualquier decisión sobre su incorporación a procesos de ordenamiento territorial solo será viable en el marco de un plan regulador costero legalmente sustentado, técnica y ambientalmente validado, que armonice la protección del ambiente con el respeto a los derechos fundamentales de las personas que ahí residen”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento GILBERT CRUZ JIMÉNEZ, en su condición de presidente del Concejo Municipal de Quepos (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “I. SOBRE LO QUE CORRESPONDE A CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Que el presente informe se estructura tomando como base la contestación presentada por la Administración Municipal (Oficio MQ-AJ-ALC-141-2025), complementada con los hechos y actuaciones que corresponden al conocimiento del Concejo Municipal. SEGUNDO: Que el Concejo Municipal, en ejercicio de sus competencias normativas y de fiscalización, ha conocido el asunto de El Cocal en reiteradas ocasiones, adoptando acuerdos en sesiones ordinarias y extraordinarias, entre los que destacan: a) En la Sesión Ordinaria N.° 289-2023, celebrada el 14 de noviembre de 2023, el Concejo Municipal conoció el Dictamen de la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se analizó la aplicación de la Ley N.° 6043 y la delimitación oficial del manglar en El Cocal (Oficio MQ-CM-1644-23-2020-2024). b) En la Sesión Ordinaria N.° 024-2024, de fecha 21 de agosto de 2024, el Concejo Municipal conoció el escrito del señor Thomas Bailey y acordó dar continuidad a las gestiones sobre el Plan de Ordenamiento Socioeconómico del Cocal (Oficio MQCM-468-24-2024-2028). c) En la Sesión Ordinaria N.° 030-2024, celebrada el 10 de septiembre de 2024, y ratificada en la S.O. N.° 031-2024, el Concejo conoció el Oficio MQ-UZMT-327- 2024, relativo a la vialidad, electricidad y delimitación de El Cocal. Se acordó trasladar las recomendaciones a la Administración y coordinar con MINAE-SINAC e ICE para una solución sostenible (Oficio MQ-CM-606-24-2024-2028). d) En la Sesión Ordinaria N.° 060-2025, celebrada el 12 de febrero de 2025, el Concejo acordó convocar a Mesas de Trabajo Interinstitucionales con la participación de SINAC-ACOPAC, IGN, Ministerio de Salud, AyA, ICE y dependencias municipales, las cuales se efectuaron el 20 de febrero y 20 de marzo de 2025 (Oficio MQ-CM-171-25-2024-2028). e) En la Sesión Ordinaria N.° 069-2025, celebrada el 19 de marzo de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 071-2025, se acordó trasladar a la Administración Municipal la obligación de informar sobre todas las actuaciones relacionadas con la delimitación de El Cocal (Oficio MQ-CM-318-25-2024-2028). f) En la Sesión Ordinaria N.° 075-2025, de fecha 01 de abril de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 077-2025, el Concejo conoció el Oficio DIG-GDF-111-2025 del Instituto Geográfico Nacional, en el cual se certifica que la delimitación del manglar en El Cocal se realizó en coordinación con el SINAC y fue publicada en La Gaceta. Este oficio se incorporó al expediente municipal (Oficio MQ-CM-416-25-2024-2028). g) En la Sesión Extraordinaria N.° 088-2025, celebrada el 28 de mayo de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 089-2025, el Concejo conoció el Dictamen MQ-CMAJ-036- 2025 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, relativo a escritos presentados en el expediente constitucional, en el cual se confirmó la coordinación SINAC–IGN y se analizaron los alcances normativos de la ZMT (Oficio MQ-CM769-25-2024-2028). h) Finalmente, en la Sesión Ordinaria N.° 092-2025, celebrada el 17 de junio de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 096-2025, se acordó reiterar los criterios emitidos por la Unidad de ZMT y ordenar la integración de todos los acuerdos relacionados con la delimitación de El Cocal para garantizar trazabilidad (Oficio MQ-CM-915-25-2024- 2028). II-SOBRE LOS EXTREMOS DEL RECURSO: Alega el recurrente en lo que interesa: A-. Que la Municipalidad ha incumplido con lo determinado en la sentencia de la Sala Constitucional N° 2021-2741 B.-Que han sido excluidos de las actualizaciones del plan regulador urbano. C.-Que la comunidad no quiere  ser parte de un plan regulador con canon turístico. D- Que la Municipalidad no ha generado una acción activa y decidida para cumplir con el fallo de la Sala Constitucional. El recurso de amparo denuncia presuntas omisiones municipales que afectarían: • El derecho a un ambiente sano. • El derecho a la salud. • El derecho de acceso a la Zona Marítimo Terrestre. Los reclamos se centran en la inobservancia de la sentencia constitucional N.° 202100274, la falta de medidas de saneamiento de aguas residuales, el acceso al manglar y la definición jurídica de El Cocal. III-CONSIDERACIÓN DEL RECURSO: ACTUACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL La Administración Municipal, mediante Oficio MQ-AJ-ALC-141-2025, expuso en detalle las gestiones realizadas, que en forma resumida son: 1. Delimitación SINAC–IGN: La Administración incorporó al expediente municipal la delimitación oficial publicada en La Gaceta en 2023, confirmada en el Oficio DIGGDF-111-2025 del IGN. 2. Acceso y electrificación: Se realizaron coordinaciones con ICE y la Unidad de Gestión Vial para levantar diagnósticos y proponer soluciones de ingeniería ambientalmente sostenibles. 3. Escuela de El Cocal: Se coordinó con el MEP para la gestión de uso de suelo y trámites vinculados con la construcción del centro educativo. 4. Aguas residuales: Se coordinaron acciones inmediatas con el AyA y el Ministerio de Salud para diagnósticos de mitigación, y se integró en las mesas de trabajo la planificación de la solución definitiva en el plazo de 24 meses. 5. Participación comunal: Se integraron representantes de El Cocal en comisiones especiales y mesas técnicas. ACTUACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL El Concejo ha dado seguimiento mediante acuerdos, dictámenes y control político, destacando: • Conocimiento de los informes técnicos del IGN y SINAC. • Convocatoria de mesas interinstitucionales. • Dictámenes especializados de sus comisiones. • Seguimiento a la ejecución de la sentencia 202100274, con remisión a la Administración para su cumplimiento Todas estas acciones de seguimiento mencionadas se pueden verificar en cada uno de los puntos mencionados en la primera sección del presente informe. El Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal han cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales, cada uno dentro de sus competencias diferenciadas. El primero en lo normativo y fiscalizador, y la segunda en lo ejecutivo y administrativo”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Informa bajo juramento Mary Denisse Munive Angermüller, conocida como Mery Denisse Munive Angermüller en su calidad de Ministra de Salud (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “La suscrita, atiendo el presente recurso de amparo, con sustento en el informe N°MS-DRRSPCDARSQ-0282-2025, de fecha 18 de setiembre del 2025, emitido por el Dr. José Luis Miranda Cajina, Director de la Dirección del Área Rectora de Salud de Quepos, cual es el Área Rectora de Salud que corresponde a los hechos esgrimidos por la parte aquí recurrente, donde en síntesis se informa lo siguiente: “(…) 1. La dirección de Área Rectora de Salud de Quepos ha estado anuente a la coordinación interinstitucional para abordar la problemática del Cocal, el día 30 de enero del 2025 se participó en una mesa de trabajo convocada por la municipalidad de Quepos a la cual asistió personal del ICE, AyA, ACOPAC y ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal) y se generó como acuerdo convocar a una segunda mesa de trabajo el día 20 de febrero del 2025 y una tercera para el 20 de marzo del 2025, sin embargo, por razones desconocidas para este Ministerio las dos últimas no se efectuaron. 2. Esta dirección de Área Rectora de Salud no ha sido informada por parte de las demás instituciones si las delimitaciones solicitadas se efectuaron y si se ha tomado alguna acción en consecuencia. Esta situación nos mantiene en un limbo jurídico ya que desconocemos quien es el representante legal del territorio para notificar actos administrativos.” CONCLUSIÓN De lo expuesto se determina que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud se encuentra en todo conforme al ordenamiento jurídico vigente, lo anterior por cuanto se han realizado todas las gestiones correspondientes y con competencia para este Ministerio, para participar en coordinación con las otras instituciones involucradas, las cuales realmente tienen la competencia para solucionar la problemática a la cual hace alusión el aquí recurrente, sin embargo, como se expone, después de la primera reunión convocada en fecha 30 de enero del 2025 en la cual fue participe éste Ministerio, no se ha logrado reunir con dichas instituciones, ya que en segunda instancia hubo una convocatoria para el día 20 de febrero del 2025 y otra para el día 20 de marzo del 2025, pero por razones ajenas a este Ministerio las mismas no se realizaron. Así las cosas, consideramos que este Ministerio no ha desobedecido lo ordenado por la Honorable Sala Constitucional, mediante resolución N°2021-2741 de las 9:15 horas del 12 de febrero del 2021, ya que en todo momento se ha estado anuente a colaborar en lo que las otras instituciones requieran para solucionar la problemática presentada en esa localidad, no obstante, escapa de nuestra competencia y jurisdicción el poder ejecutar actos de manera individual ya que es la Municipalidad de Quepos y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los entes que ostentan la autoridad y competencia para actuar sobre ese tema en dicha localidad”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- Informa bajo juramento Álvaro Antonio Álvarez Calderón, en su  condición de Director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Registro Nacional (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “1) Sobre la naturaleza del recurso interpuesto De previo a referirme sobre los hechos objeto del presente recurso de amparo, es menester señalar que en el presente asunto no se aprecia violación alguna a los derechos constitucionales del recurrente, sino una inconformidad del mismo con relación al contenido de los actos administrativos sometidos a análisis; así las cosas, esas presuntas disconformidades expuestas en el recurso que nos ocupa, deberían dilucidarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues de conformidad con los artículos 49 de la Constitución Política y, 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sería esa la vía adecuada para resolver los conflictos de legalidad ante supuestas inconformidades del administrado en relación con las actuaciones de la Administración. En consecuencia, y al tenor de la normativa citada, la jurisdicción contenciosoadministrativa buscará proteger, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados; tutelando las situaciones jurídicas de toda persona, al garantizar y/o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, debiendo conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa en aquellos asuntos sujetos a su competencia; por lo que el presente asunto, no compete al ámbito constitucional.  2) Sobre los hechos e informidades expuestos en el recurso de amparo El señor Bailey Bailey en su escrito recursivo realiza varias manifestaciones, las cuales, por cuestión de orden, se responderán conforme al presunto tema principal aludido, procediéndose de la siguiente manera: A. Presunto incumplimiento de lo resuelto por la Sala Constitucional en el Expediente N°20-021786-0007-CO Manifiesta el recurrente que, pese a que la Sala Constitucional ha emitido resoluciones que reconocen la situación de vulnerabilidad del Barrio El Cocal, en particular lo resuelto en el expediente 20-021786-0007-CO a través de la cual “da orden a diversas instituciones incluyendo el SINAC, IGN, Ministerio de Salud y Municipalidad de Quepos, a tomar medidas concretas para garantizar los derechos de la comunidad. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes constitucionales que a la fecha persisten las condiciones denunciadas y nos justifica a la interposición de un nuevo recurso de amparo por omisión institucional.” (Copia textual del original.) Alega además que la omisión administrativa puede constituir una violación a los derechos fundamentales, especialmente cuando afecta el ambiente, la salud y a que la participación ciudadana sea efectivamente tomada en cuenta; y que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y acceso a servicios básicos para todas las comunidades, sin discriminación, entre las cuales está la creación de un sistema de alcantarillado sanitario, y el tratamiento de las aguas por medio de una planta de tratamiento de aguas negras. Con respecto a lo argumentado por el señor Bailey Bailey, es menester señalar que no es claro el recurrente en cuanto a los presuntos incumplimientos de las órdenes constitucionales emanadas de la resolución Nº02741-2021 de las 09:15 horas del 12 de febrero del 2021 emitida por la Sala Constitucional dentro del Expediente N°20- 021786-0007-CO; pues si bien es cierto, dicha sentencia obliga a diferentes instituciones a realizar acciones concretas con respecto a los asuntos conocidos en su momento en el citado expediente, no individualiza el recurrente las presuntas omisiones por cada instancia involucrada, ni tampoco es concreto al señalar el supuesto incumplimiento del IGN en lo ordenado por la Honorable Sala Constitucional. Así las cosas, la presunta violación de derechos fundamentales queda supeditada al mero reclamo del recurrente sin que existan elementos que individualicen tal conducta ni claridad en las supuestas afectaciones aludidas, pues evocan a la obligación del Estado para la garantía de condiciones mínimas de habitabilidad y acceso a servicios básicos, sin que dichas materias sean competencia del IGN. Debido a ello, se insiste, no podría señalarse un presunto incumplimiento por parte de esta instancia al no tenerse certeza de las supuestas afectaciones a los derechos fundamentales a la luz de las competencias encomendadas por el ordenamiento jurídico al IGN. B. Falta de inclusión de la Municipalidad de Quepos al Barrio El Cocal en los procesos de planificación urbana y el plan regulador En su alegato recursivo, el señor Bailey Bailey alude a la falta de inclusión por parte de la Municipalidad de Quepos al Barrio El Cocal en el proceso de planificación urbana y en lo referente al plan regulador, pese a los oficios enviados a esa Municipalidad con la intención de, entre otras acciones, empezar con las labores para trabajar en el ordenamiento territorial para la comunidad del Barrio El Cocal. Alude además que, pese a la “documentación presentada a la municipalidad no han logrado hacer la presión suficiente para alcanzar una acción activa y decidida de los hechos del fallo constitucional y así mejorar la calidad de vida de las personas, obras como el alcantarillado sanitario no pueden ser una realidad debido a la ilegalidad que existe, pero esa circunstancia coexiste por parte de la inoperancia que ha existido durante muchas gestiones de gobierno en Quepos.” (Copia textual del original.) Téngase en consideración que las manifestaciones aludidas por el recurrente son ajenas a las competencias dadas por el ordenamiento jurídico al IGN, omitiéndose pronunciamiento alguno al respecto. No obstante, es menester aclarar que, si bien es cierto la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944 y sus reformas, en la parte final del artículo 1 alude al “apoyo en procesos de planificación”, dicha tarea de apoyo se realiza a partir del desarrollo de políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga relación con dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación; sin que el IGN tenga potestad de imperio en la toma de decisiones relacionadas con esos procesos; dado que, la normativa misma ha delegado en otras instancias lo referente a la planificación urbana y planes reguladores, según las ordenanzas de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas. C. Delimitación de la Zona Marítimo Terrestre sin participación de la Municipalidad de Quepos Sobre este apartado, el señor Bailey Bailey señala “Aclaro que nos hemos visto asombrados de que el IGN presentó y publicó en la gaceta las georreferencias nuevas de conformidad a la acción para las delimitaciones que ordenó el fallo, pero aun así lo que a la fecha se sigue viendo es que no se resolvió nada, este hecho lo puede constatar en el departamento de ZMT de la municipalidad de Quepos, los funcionarios de dicho departamento nunca fueron tomados en cuenta para esas delimitaciones de la zmt del barrio el Cocal dicen en la municipalidad. Cosa extraña dado que el fallo los llama a trabajar en una comisión interinstitucional.” (Copia textual del original.) Sobre este punto es oportuno indicar que la resolución Nº02741-2021 de las 09:15 horas del 12 de febrero del 2021 emitida por la Sala Constitucional dentro del Expediente N°20-021786-0007-CO, dispuso en el punto del 3 del Por tanto: “3) Adicionalmente, se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y a Marta Aguilar Varela, en su condición de Directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada realicen las actuaciones correspondientes para que, en el plazo máximo de TRES MESES a partir de la notificación de esta sentencia, delimiten el ecosistema de manglar de la zona de Quepos.” (El resaltado es suplido.) La resolución supra citada es clara al establecer que las acciones pertinentes para la delimitación del ecosistema de manglar de la zona de Quepos es responsabilidad del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Instituto Geográfico Nacional, no así de la Municipalidad de Quepos. Es decir, la delimitación fue realizada por los entes competentes al tenor de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin que debiera intervenir en dicha labor el ente municipal. Aclarado lo anterior y bajo esa tesitura, dentro de las competencias del IGN, se encuentra el demarcar la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley N°6043 del 02 de marzo de 1977 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N°7841-P Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre del 16 de diciembre de 1977 y sus reformas; y el Decreto N°36642-MP-MOPT-MINAET Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre del 28 de junio del 2011. De ahí que, sea de interés lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, mismo que dispone cuáles son las zonas que componen la Zona Marítimo Terrestre, a saber: “Artículo 10.- La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública.” En tanto el artículo 11 de esa misma ley define los alcances de la zona pública: “Artículo 11.- Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.” Por su parte, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N°7841-P dispone a partir de dónde comienza la zona restringida: “Artículo 4.- De acuerdo con el decreto Nº7210-A de 19 de julio de 1977, los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio nacional, y que forman parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, constituyen Reserva Forestal y están afectos a la Ley Forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de 50 metros de la pleamar ordinaria, comienza la zona restringida.” Sin embargo, esa tarea no es exclusiva del IGN, pues cuando en esa delimitación se involucren áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado (PNE), la tarea de delimitar los linderos pertinentes le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de conformidad con la Ley Forestal, Ley N°7575 de 13 de febrero de 1996 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N°36786-MINAET Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica del 12 de agosto del 2011; y el Decreto Ejecutivo N°42760-MINAE Criterios técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal del 07 de marzo de 2022. El artículo 16 de la Ley Forestal señala: “Artículo 16.- Linderos. El Ministerio del Ambiente y Energía delimitará, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio natural del Estado. El procedimiento de deslinde se fijará en el reglamento de esta ley.” El Decreto Ejecutivo N°36786-MINAET Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica del 12 de agosto del 2011 establece entre sus objetivos: “Identificar dentro de la Zona Marítimo Terrestre aquellos terrenos que clasifiquen como bosques, de aptitud forestal (suelos Clase VII y VIII), humedales (manglares, esteros, rías, marismas, lagunas costeras, pantanos, bosques anegados, salitrales), para certificarlos e incorporarlos como parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE).” En complemento, en el punto III.- Competencias para la delimitación y certificación del Decreto Ejecutivo N°36786-MINAET, establece que: “III.-Competencias para la delimitación y certificación. La clasificación de los terrenos dentro de la ZMT corresponderá a las Áreas de Conservación (AC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a profesionales privados debidamente acreditados por los Colegios Profesionales respectivos para que clasifiquen los bosques, terrenos de aptitud forestal (suelos Clase VII y VIII), (manglares, esteros, rías, marismas, lagunas costeras, pantanos, bosques anegados, salitrales) y humedales. La validez de los documentos de clasificación emitidos por profesionales privados quedará sujeta a la aprobación que emita el AC que por competencia territorial le corresponda. A las AC del SINAC con jurisdicción en la ZMT les competerá, además, la verificación, fiscalización, deslinde y certificación de las tierras del Patrimonio Natural del Estado y las zonas de protección. La ubicación y delimitación de las áreas del Patrimonio Natural del Estado dentro de la Zona Marítimo Terrestre, debe realizarse como parte del proceso de aprobación del Plan Regulador Costero (PRC), definido por la Ley 6043, ya que el Plan Regulador Costero es el instrumento de ordenamiento territorial, que define y ubica todas las zonas a concesionar dentro de la ZMT y para la clasificación de ésta a nivel de los planos de catastro. Por tanto, el Plan Regulador Costero debe indicar clara y expresamente, las áreas del PNE para no contabilizarlas en el área total a concesionar.” El Decreto Ejecutivo N°42760-MINAE Criterios técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal del 07 de marzo de 2022, establece en su artículo 14 las consideraciones para verificar en el campo la existencia de manglares y así proceder con la delimitación pertinente, a saber: “Artículo 14.- Consideraciones técnicas complementarias para manglares. El Área de Conservación respectiva, en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional, deberá verificar en el campo la existencia de manglar y proceder a su delimitación, conforme a la competencia de cada institución según lo indique ordenamiento jurídico. Para la identificación de un manglar se tomará como parámetro la presencia de árboles de alguna de las especies indicadas en el Anexo I de este decreto; asimismo, se incluyen dentro de estos ecosistemas los esteros y canales existentes. El límite se establece hasta donde se extienda la vegetación asociada con este ecosistema, de conformidad con el Anexo II de este decreto. Además de lo anterior debe contemplarse lo indicado en el Anexo III de este decreto, denominado \"Listado de flora por tipo de humedal de acuerdo a clasificación paisajística Humedales Esturianos y Bosques Inundados Salados (manglares)\". El proceso de delimitación del manglar deberá necesariamente comprender las áreas que se hallen deterioradas o en proceso de recuperación. Además, en el ámbito de su competencia, el Área de Conservación respectiva, deberá ejecutar las medidas necesarias para fomentar dicha recuperación.” Por ende, realizada la delimitación por parte de los entes competentes, sean estos el MINAE y el IGN, se procede con la oficialización de la zona pública de la zona marítima terrestre a través de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en apego al numeral 63 del Decreto Ejecutivo N°7841-P: “Artículo 63.- El Instituto Geográfico Nacional deberá publicar aviso en el Diario Oficial, de cada porción de la zona marítimo-terrestre en que haya demarcado la zona pública. La Dirección General de Catastro no registrará ningún plano que no lleve el visto bueno del Instituto Geográfico Nacional en lo referente a la delimitación de la zona pública.” Como resultado de las acciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y el IGN, se realizó la delimitación de los manglares ubicados en Quepos centro, que incluyó los sectores de El Cocal, Boca Vieja y Damas, todo al tenor de las competencias establecidas por ley, amparadas en los siguientes informes técnicos: 1) Informe DIG-TOT-INF-001-2023 de fecha 09 de enero de 2023 y SINACACOPAC- IRT-PNE-098-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022 emitido por el Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 2) Informe DIG-TOT-INF-104-2023 y SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 elaborado por Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 3) Informe SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 de fecha 21 de diciembre de 2023 del Área de Conservación Pacífico Central y DIG-GDF-0229-2024 Informe de Revisión Técnica para la publicación de delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre correspondiente al Estero-Manglar del sector entre Rio Paquita y Rio Damas del 12 de junio de 2024. Finalmente, dichas delimitaciones fueron oficializadas en el Diario Oficial La Gaceta, como sigue: 1) Aviso N°003-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar Boca Vieja, en El Cocal, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°32 del martes 21 de febrero del 2023. 2) Aviso N°009-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar en el Sector Central de Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°181 del martes 03 de octubre del 2023. 3) Aviso N°007-2024 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar entre Río Paquita y Río Damas, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°205 del viernes 01 de noviembre del 2024. En corolario y conforme a lo expuesto, carece de fundamento el recurrente en su decir, pues las labores de delimitación fueron realizadas en forma conjunta por las instancias pertinentes, debiendo rechazarse su decir sobre la presunta falta de trabajo interinstitucional conjunto, dado que la Municipalidad de Quepos, no tiene injerencia alguna sobre las labores de demarcación que realizan las Áreas de Conservación y el IGN al tenor de lo encomendado por el ordenamiento jurídico. De igual manera, no se entiende ni es preciso el señor Bailey Bailey en indicar cuál gestión está pendiente de resolver por el IGN, siendo que el recurso tampoco es claro en ese aspecto, ya que se ha cumplido con la delimitación ordenada; lo cual apunta a la conclusión que el recurso aquí conocido debe desestimarse ante cualquier presunto incumplimiento del IGN en relación con lo resuelto por la Sala Constitucional en la resolución Nº02741-2021 de las 09:15 horas del 12 de febrero del 2021 dentro del Expediente N°20-021786-0007-CO. Nota aparte, pero no menos importante, es que al señor [Nombre 005] (quien figura entre los recurrentes según resolución de las 10:16 horas del 16 de setiembre del 2025, notificada al ser las 09:15 horas del 18 de setiembre del 2025), mediante oficio DIG-GDF-223-2025 de fecha 03 de julio de 2025, se le hizo llegar la información solicitada, sean estos los estudios técnicos, científicos de los criterios en los que se basaron para la delimitación de las áreas demaniales en Quepos. Además de adjuntar los informes solicitados en su escrito, se aclararon las competencias del IGN con respecto a la delimitación y la eventual participación del MINAE cuando se involucren áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado (PNE). D. Solicitud a la Casa Presidencial para que, como miembro de la CIZUL mediante decreto ejecutivo realice las declaratorias de zonas urbanas literales El señor Bailey Bailey, en nombre de los vecinos de Barrio El Cocal, pide y recomienda que la Casa Presidencial asuma su labor en el rol de la Comisión de Gobierno CIZUL, ejerciendo el artículo 3 de la Ley N°9221, para que, mediante decreto ejecutivo realice las declaratorias de zonas urbanas literales. Al respecto, sírvase esta Honorable Sala Constitucional tomar en consideración que la Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, Ley N°9221 del 27 de marzo del 2014 y sus reformas; por medio de su artículo 4 crea la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales (CIZUL), como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, cuya función será determinar la viabilidad técnica de la declaratoria de zona urbana litoral; cuyo consejo director estará integrado por: “Artículo 4.- (…) La Cizul contará con un Consejo Director integrado por: a) El ministro de Gobernación y Policía o su representante, quien presidirá la Comisión. b) El ministro de Ambiente y Energía o su representante. c) El ministro de Planificación Nacional y Política Económica o su representante. d) El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo o su representante. e) El director general del Instituto Geográfico Nacional o su representante. f) El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo o su representante. g) El presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal o su representante. Los representantes de los ministros, presidentes ejecutivos o directores deberán ser funcionarios de la dependencia a su cargo y ejercerán su cargo ad honórem. (…)” (El resaltado es suplido.) Bajo ese entendido, los dictámenes que dicte la CIZUL no son competencia exclusiva de la Casa Presidencial, sino que obedece a la determinación de la viabilidad técnica de la declaratoria de las zonas litorales urbanas, conforme a las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley N°9221; en concordancia a las disposiciones del Decreto Ejecutivo N°44100-MGP-TUR-MINAE-MJP-PLAN-MIVAH Reglamento a la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial del 24 de mayo del 2023. 3) Sobre las competencias del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Conforme al artículo 1 de la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944 y sus reformas, el IGN es una dependencia del Registro Nacional, siendo la Junta Administrativa del Registro Nacional quien administrará el presupuesto del Instituto, suscribirá los contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. Aunado a ello, en cuanto a qué es competencia o no del IGN, es menester considerar lo dispuesto en ese mismo artículo 1 de la Ley N°59 el cual expresamente dispone que el IGN será: “(…) la dependencia científica y técnica rectora de la cartografía nacional, destinada a la ejecución del Mapa básico oficial y la Descripción básica geográfica de la República de Costa Rica y a los estudios, las investigaciones o labores y el desarrollo de políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga relación con dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación”. (El resaltado es suplido.) Asimismo, ese mismo cuerpo normativo en su canon 2 dispone que el IGN será la autoridad oficial en las materias técnicas encomendadas a su cargo, a saber: “Artículo 2.- El Instituto Geográfico Nacional constituirá de manera permanente y en representación del Estado, la autoridad oficial en todo lo relativo a las materias técnicas mencionadas; entendiéndose que su autoridad se extiende a las actividades de cualquier orden que tengan por origen los trabajos confiados a su cargo o sean la consecuencia de éstos.” (El resaltado es suplido.) Conforme a lo anterior, la función del IGN estaría circunscrita, como autoridad oficial permanente y representación del Estado, al desarrollo de las políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga que permitan brindar soporte a dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificaciónLo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 59 de la Ley General de la Administración Púbica, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas, al disponer que: “Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. 2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.” (El resaltado es suplido.) Bajo ese entendido, la Ley N°59 es clara con respecto a las competencias del IGN, sin que dentro de dicho cuerpo normativo se disponga idoneidad o potestad de imperio alguna sobre los procesos de planificación urbana o planes reguladores más allá del apoyo en dichos procesos, apoyo supeditado a las materias sujetas objeto de sus funciones; siendo que, el ordenamiento jurídico ha emendado la competencia de esos asuntos en otros entes públicos. Por su parte, el Decreto Ejecutivo N°44481-MJP Reglamento del Instituto Geográfico Nacional del 08 de mayo del 2024, publicado en el Alcance N°111 a La Gaceta N°107 del 13 de junio del 2024; dispuso en su artículo 7 las funciones del IGN, detallándose además en el ordinal 8 las competencias y obligaciones derivadas de cada una de las materias sustantivas del IGN -cartografía, geografía, geodesia y geofísica-, sin que en ellas se contemple la participación en procesos de planificación urbana ni la promoción de planes reguladores”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n7.- Informa bajo juramento Álvaro Conejo Arias en su calidad de Director Regional a. i. ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Con la finalidad de dar respuesta al Recurso de Amparo Expediente 25-025088- 0007-CO, resolución de las diez horas dieciséis minutos del dieciséis de setiembre del dos mil veinticinco, a continuación, realizó una cronología de lo actuado por la Oficina Subregional Quepos Parrita, respecto a la Resolución N° 2021002741, de las nueve horas quince minutos del doce de febrero del dos mil veintiuno: Por tanto, PRIMERO: Se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia se remita la denuncia presentada ante ellos el 22 de setiembre de 2020 al Ministerio de Salud: PRIMERO Que el día 10 de marzo del 2021, mediante el Oficio SINACACOPAC-OSRAP-121-2021, se realiza el traslado al Doctor José Luis Miranda Cajina, Director del Ministerio de Salud de Quepos, el documento denominado “Denuncia ambiental por contaminación en el Cocal” presentado por la señora Kamila Marin y otras al SINAC. SEGUNDO Que dicho documento fue recibido en el Ministerio de Salud a las 10 horas y 24 minutos del diez de marzo del 2021, y se le asignó el consecutivo Q-AC-393-21. TERCERO Que el día 25 de marzo del 2021, se notifica a la Sala Constitucional, por medio de correo electrónico el oficio SINACACOPAC-OSRAP-129-2021 indicando el cumplimiento de este punto. Por tanto, TERCERO: Adicionalmente, se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita de Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y a Marta Aguilar Varela, en su condición de Directora a.i del Instituto Geográfico Nacional, o quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada realicen las actuaciones correspondientes para que, en el plazo máximo de TRES MESES a partir de la notificación de esta sentencia, delimiten el ecosistema de manglar de la zona de Quepos. PRIMERO En relación con este mandato, el director del Área de Conservación Pacifico Central, mediante el oficio SINAC-ACOPAC-D-608-2019 conformó una comisión técnica de clasificación del PNE en el Barrio el Cocal de Quepos; quienes han realizado una serie de inspecciones de campo, toma de muestras, levantamiento de información con GPS y otro equipo tecnológico en el sitio.  SEGUNDO Que la Comisión mencionada, emitió el informe visible en el Oficio  SINAC-ACOPAC-OSRO-0393-2020, en el cual se realiza identificación de  posibles suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de humedal en el  Cocal de Quepos con fecha del día 10 de mayo del 2021; donde se recomienda la revisión del amojonamiento existente en el sitio donde  actualmente se encuentran los mojones del M300 al M311, ya que según lo  definido en el informe deberán de reubicarse. TERCERO Que el día veinte de mayo del 2021, se remitió por correo electrónico  a los señores Max A. Lobo Hernández, Director del ING y el señor Omar Sotelo Porras, Jefe Subproceso de Límites Oficiales del IGN, el Oficio  SINAC-ACOPAC-OSRAP-320-2021 y el informe de campo sobre la Clasificación del Patrimonio Natural del Estado en el sector del Cocal SINACACOPAC-OSRO-393-2020, en el que se comunica los resultados del informe de marras para concluir así de manera conjunta las labores de delimitación\n\ndel manglar en el sector del Cocal, Quepos. CUARTO Que el día 21 de mayo del 2021 se notifica por medio de correo electrónico a la Sala Constitucional, el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-324-2021, sobre el cumplimiento parcial del POR TANTO TERCERO. QUINTO Que mediante el informe técnico oficios DIGTOT-INF-001-2023 de fecha 09 de enero de 2023 y SINACACOPAC-RT-PNE-098-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022, generados por el Subproceso de Límites Oficiales del Departamento Topográfico y Observación del Territorio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Oficina Programas Información y Regularización del Territorio, Programa Patrimonio Natural del Estado de Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), respectivamente, se realiza la delimitación digital del ecosistema de estero/manglar Boca Vieja. SEXTO Que se publica en el diario oficial La Gaceta Nº 32 del martes 21 de febrero del 2023, el AVISO N° 003-2023 “ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DELIMITACIÓN DE UN SECTOR DE ZONA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL ESTERO- MANGLAR BOCA VIEJA, DISTRITO 01° QUEPOS, CANTÓN 06° QUEPOS, PROVINCIA 06° PUNTARENAS”, donde se establece. Artículo 5º—Que la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre concerniente al sector del ecosistema de manglar verificado y delimitado por el Área de Conservación Pacífico Central corresponde a las siguientes coordenadas en el sistema de proyección cartográfica oficial de Costa Rica CRTM05:\n\nArtículo 6º—Los datos técnicos oficiales de la delimitación digital georreferenciada de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre del ecosistema de estero/manglar Boca Vieja ubicado en Quepos, distrito 01° Quepos, cantón 06° Quepos, provincia 06° Puntarenas, han quedado registrados en la Geodatabase Digital Georreferenciada de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del IGN en archivo con formato vectorial shape, bajo la codificación: RN/IGN_GDG-IGN-ZMT_líneas digitales. Por tanto, CUARTO: Asimismo, se ordena a Jong Kwan Kim Jim, en su condijo de Alcalde, a Kenneth Mauricio Perez Vargas, en su condición de Presiente del Consejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, a la Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada, incluso con otras instituciones competente, adopten de forma INMEDIATA las medidas necesarias para mitigar y prevenir la contaminación generada por las aguas residuales del asentamiento el Cocal. Con respecto de este punto, Por tanto, CUARTO: el SINAC en la Subregión Aguirre – Parrita del Área de Conservación Pacífico Central no cuenta con potestades directa para atenderlo, por potestad correspondería a la Municipalidad de Quepos, no obstante, estamos en la anuencia de acuerdo con nuestras posibilidades y atinencias a colaborar en el proceso. Por tanto, QUINTO: Igualmente, se ordena a las autoridades recurridas que, en el plazo máximo de SEIS MESES a partir de la notificación de esta sentencia, definan la naturaleza jurídica y el régimen normativo aplicable al territorio donde se encuentra el asentamiento. Con respecto de este punto, Por tanto, QUINTO: el SINAC en la Subregión Aguirre – Parrita del Área de Conservación Pacífico Central no cuenta con potestades directa para atenderlo, por potestad correspondería a la Municipalidad de Quepos, no obstante, estamos en la anuencia de acuerdo con nuestras posibilidades y atinencias a colaborar en el proceso. Por tanto, SEXTO: Que una vez definida la situación legal y el régimen aplicable del territorio en cuestión, en el plazo máximo de VEINTICUATRO MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, deberán las autoridades recurridas, según sus respectivas competencias, brindar una solución definitiva al problema de contaminación por aguas residuales que se genera en la zona del asentamiento El Cocal, misma que afecta al medioambiente. Con respecto de este punto, Por tanto, SEXTO: el SINAC en la Subregión Aguirre – Parrita del Área de Conservación Pacífico Central no cuenta con potestades directa para atenderlo, por potestad correspondería a la Municipalidad de Quepos y Ministerio de Salud, no obstante, estamos en la anuencia de acuerdo con nuestras posibilidades y atinencias a colaborar en el proceso. PETITORIA Se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el señor THOMAS KERRY BAILEY BAILEY, tramitado en el expediente 25-025088-0007-CO, por cuanto el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha realizado, en el marco de sus competencias, las actuaciones tendientes a cumplir con lo establecido en la SENTENCIA N° 2021-2741 dictada a las 9:15 horas del 12 de febrero del 2021”.\n\n8.- Por resolución de las veintiuno horas veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinticinco el magistrado instructor solicitó como prueba para mejor resolver informe a PATRICIA BOLAÑOS MURILLO, EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS a fin de que aclare la dinámica en cuanto a la recolección de desechos sólidos en la comunidad de El Cocal (ver registro electrónico).\n\n9.- Informa bajo juramento Patricia Mayela Bolaños Murillo, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “procedo a remitir como prueba para mejor resolver el documento MQ-DGI-227-2025 que contiene el Informe MQUDA-219-2020 de la Unidad de Desarrollo Ambiental en el cual se detalla ampliamente la dinámica de recolección de desechos sólidos en la comunidad del Cocal, la cual al día de hoy se mantiene con la misma efectividad de siempre por parte de esta Municipalidad, inclusive este mismo Informe en el cual también constan fotografías que acreditan lo manifestado por el Biólogo Warren Umaña Cascante Jefe de la Unidad de Desarrollo Ambiental fue también aportado como prueba dentro del recurso de amparo N° 20-021786-0007-CO. Así las cosas se adjunta el informe que tiene fecha de 10 de diciembre de 2020, debido a que el señor Umaña Cascante se encuentra en licencia de paternidad. No obstante, es importante indicar que el Ing. Ricardo Valero López, Jefe del Departamento de Gestión de Infraestructura, constató que la dinámica de recolección de desechos sólidos se mantiene vigente al día de hoy en los términos indicados en el Informe MQ-UDA-219-2020” (ver registro electrónico).\n\n10.- Por escrito de fecha 28 de octubre de 2025 el recurrente presenta manifestaciones adicionales y pruebas para mejor resolver (ver registro electrónico).\n\n11.- Por resolución de las diecinueve horas cuarenta y tres minutos del nueve de noviembre de dos mil veinticinco el magistrado instructor solicitó como prueba para mejor resolver informe a PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS O A QUIEN OCUPE EL CARGO a fin de que aporte un informe elaborado por la Unidad de Desarrollo Ambiental de fecha reciente (ver registro electrónico).\n\n12.- Por oficio MQ-AJ-ALC-187-2025 de fecha 19 de noviembre de 2025 PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS cumplió con la resolución de las diecinueve horas cuarenta y tres minutos del nueve de noviembre de dos mil veinticinco (ver registro electrónico).\n\n13.- Por escrito presentado el 20 de noviembre de 2025 el recurrente presenta manifestaciones adicionales y pruebas para mejor resolver (ver registro electrónico).\n\n14.- Por resolución de las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco el magistrado instructor solicitó como prueba para mejor resolver informe a MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, CONOCIDA COMO MERY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE SALUD a fin de que coordine con el Área Rectora de Salud competente para que se realice una inspección en en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal espcíficamente donde se construyó un depósito comunitario de residuos para los vecinos de El Cocal. Deberán remitir el informe sanitario que corresponda (ver registro electrónico).\n\n15.- Según constancia de fecha 06 de enero del 2026 suscrita por el Auxiliar Judicial y la Secretaria del Despacho no apareció que del 21 de diciembre al 26 de diciembre de 2025, MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, CONOCIDA COMO MERY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE SALUD haya(n) presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco (ver registro electrónico).\n\n16.- Informa bajo juramento Mary Denisse Munive Angermüller, conocida como Mery Denisse Munive Angermüller,  en su calidad de  Vicepresidenta de la República y Ministra de Salud (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Me refiero a la prueba para mejor resolver en el presente recurso de amparo, con sustento en el informe N°CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-393-2025, de fecha 06 de enero del 2026, emitido por el Bach. Dennis Valverde Navas, funcionario del equipo de regulación de la salud, de la Dirección del Área Rectora de Salud de Quepos, donde en síntesis informa lo siguiente: “(…) Primero: El día 22 de diciembre del 2025 se recibe en la DARS Quepos solicitud por parte de la Sala Constitucional de inspección al sector conocido como “Montecillos”, especificadamente donde se construyó un depósito comunitario de residuos sólidos para los vecinos de El Cocal, con el fin de brindar informe que funcione como prueba para mejor resolver el recurso de amparo expediente N° 25- 025088-0007-CO. Segundo: El mismo 22 de diciembre a las 13:30 horas, se realiza inspección al lugar solicitado encontrando lo siguiente: el sitio es un lugar de almacenamiento temporal de residuos sólidos que utiliza la Municipalidad de Quepos para que los vecinos de El Cocal trasladen y depositen sus residuos para una posterior recolección por parte del camión recolector. El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo. El artículo 136 del Reglamento de Construcciones define las características con las que debe contar un espacio de acopio para residuos sólidos, cito: “Las paredes y el piso de los espacios de acopio para residuos sólidos deben ser enchapados o revestidos de piso a cielo, y contar con agua potable para lavado y un desagüe conectado a la red sanitaria. La junta sanitaria entre pared-pared y piso-pared deben ser de tipo sanitario. El profesional responsable del proyecto debe contemplar provisiones para ventilación para el espacio de acopio con el fin de no acumular gases en su interior.” Lo anterior no se cumple en el sitio. Último: Al momento de la inspección es posible evidenciar que el estado actual del espacio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos para los vecinos de El Cocal no cumplen con condiciones sanitarias mínimas.” (el destacado en negrita no es del original) CONCLUSIÓN Reitero que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud se encuentra en todo conforme al ordenamiento jurídico vigente, lo anterior por cuanto se han realizado todas las gestiones correspondientes y con competencia para este Ministerio, para participar en coordinación con las otras instituciones involucradas y quienes realmente tienen la competencia para solucionar la problemática a la cual hace alusión el aquí recurrente. Por otro lado, conforme a la inspección efectuada en el lugar de los hechos, se determina que a la fecha de la inspección, el centro de acopio para residuos sólidos que utiliza la Municipalidad de Quepos, no cumple con las condiciones sanitarias mínimas” (ver registro electrónico).\n\n17.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 23:08 horas del 22 de enero de 2026 el recurrente presenta una serie de manifestaciones relacionadas con el contenido del informe rendido por las autoridades municipales y sanitarias (ver registro electrónico).\n\n18.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n            Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que los amparados son vecinos del barrio El Cocal, ubicado Quepos, Puntarenas. Afirman que por sentencia Nro. 2021-2741 dictada a las 9:15 horas del 12 de febrero de 2021 en el expediente Nro. 20- 021786-0007-CO, esta Sala acogió parcialmente dicho recurso de amparo planteado por miembros de su comunidad y ordenó a las autoridades recurridas adoptar medidas concretas para garantizar sus derechos; sin embargo reclaman que a la fecha de la interposición del recurso no han cumplido con lo ordenado. Afirman que la comunidad anhela ser tomada en cuenta en el plan regulador vigente de Quepos, pero ha sido discriminada por las gestiones de los gobiernos locales, que no la han incluido en dicho plan. Actualmente, se aprovechan de la baja escolaridad de la población para convencer a algunos con leyes y criterios técnicos que la comunidad no comprende. Sostienen que la exclusión de la comunidad en las actualizaciones del plan regulador urbano responde a intereses tácitos de sectores interesados en las playas de esta parte del Cocal, y que la comunidad no desea formar parte de un plan regulador con canon turístico, por no poder solventarlo como pobladores humildes. Refieren que la integración legal de la comunidad en un plan regulador urbano existente en el litoral permitiría alcanzar un bienestar óptimo como ciudadanos reconocidos en sus derechos fundamentales, tales como una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a ser tomados en cuenta en la participación ciudadana y el acceso a proyectos de desarrollo comunitario. Reportan que la documentación aportada ante la Municipalidad de Quepos no ha generado una acción activa y decidida para cumplir con el fallo constitucional y mejorar la calidad de vida de las personas. Obras como el alcantarillado sanitario no pueden concretarse debido a la ilegalidad existente, la cual coexiste con la inoperancia de las gestiones de gobierno en Quepos. Además, aclaran que se han visto sorprendidos por la publicación en La Gaceta de las nuevas georreferencias del IGN, en cumplimiento de la delimitación ordenada por el fallo. Sin embargo, a la fecha, no se ha resuelto nada. Este hecho fue constatado en el departamento de ATM de la Municipalidad de Quepos, cuyos funcionarios no fueron tomados en cuenta para dichas delimitaciones, pese a que el fallo ordena una actuación interinstitucional. Reiteran que la relación de hechos y documentos aportados para solventar un plan de manejo territorial, así como las respuestas recibidas, no han determinado más que argumentación técnica y dilatoria, sin lograr ningún avance en la resolución del conflicto humano ambiental, social-económico y territorial-legal. Consideran que lo expuesto viola sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso y, de acogerse el recurso la Casa Presidencial asuma su labor en el rol de la Comisión de Gobierno, conforme a la Ley Nro. 9024, ejerciendo el artículo 3, que autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación y Policía, a realizar las declaratorias de zonas urbanas litorales mediante decreto ejecutivo.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS\n\nQue  el sector denominado Playa El Cocal de Quepos se encuentra inequívocamente dentro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre, condición jurídica reconocida de manera reiterada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR) (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue la delimitación cartográfica publicada en La Gaceta N° 32 del 21 de febrero de 2023 no implicó una ampliación de los limites urbanos de Quepos, sino el estricto cumplimiento de una orden judicial de precisar los linderos del ecosistema de manglar Boca Vieja (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue los moradores del Cocal de Quepos, no poseen ningún título de propiedad o similar que los haga dueños legales de los terrenos a los cuales dan uso  (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue el gobierno local declaró de interés cantonal el acceso vial hacia la comunidad de El Cocal  (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la Sesión Ordinaria N.° 289-2023, celebrada el 14 de noviembre de 2023, el Concejo Municipal conoció el Dictamen de la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se analizó la aplicación de la Ley N.° 6043 y la delimitación oficial del manglar en El Cocal (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en Sesión Ordinaria N.° 024-2024, de fecha 21 de agosto de 2024, el Concejo Municipal conoció el escrito del recurrente y acordó dar continuidad a las gestiones sobre el Plan de Ordenamiento Socioeconómico del Cocal  (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la Sesión Ordinaria N.° 030-2024, celebrada el 10 de septiembre de 2024, y ratificada en la S.O. N.° 031-2024, el Concejo conoció el Oficio MQ-UZMT-327- 2024, relativo a la vialidad, electricidad y delimitación de El Cocal. Se acordó trasladar las recomendaciones a la Administración y coordinar con MINAE-SINAC e ICE para una solución sostenible (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la Sesión Ordinaria N.° 060-2025, celebrada el 12 de febrero de 2025, el Concejo acordó convocar a Mesas de Trabajo Interinstitucionales con la participación de SINAC-ACOPAC, IGN, Ministerio de Salud, AyA, ICE y dependencias municipales, las cuales se efectuaron el 20 de febrero y 20 de marzo de 2025  (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en Sesión Ordinaria N.° 069-2025, celebrada el 19 de marzo de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 071-2025, se acordó trasladar a la Administración Municipal la obligación de informar sobre todas las actuaciones relacionadas con la delimitación de El Cocal (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la Sesión Ordinaria N.° 075-2025, de fecha 01 de abril de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 077-2025, el Concejo conoció el Oficio DIG-GDF-111-2025 del Instituto Geográfico Nacional, en el cual se certifica que la delimitación del manglar en El Cocal se realizó en coordinación con el SINAC y fue publicada en La Gaceta (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la Sesión Extraordinaria N.° 088-2025, celebrada el 28 de mayo de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 089-2025, el Concejo conoció el Dictamen MQ-CMAJ-036- 2025 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, relativo a escritos presentados en el expediente constitucional, en el cual se confirmó la coordinación SINAC–IGN y se analizaron los alcances normativos de la ZMT  (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la Sesión Ordinaria N.° 092-2025, celebrada el 17 de junio de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 096-2025, se acordó reiterar los criterios emitidos por la Unidad de ZMT y ordenar la integración de todos los acuerdos relacionados con la delimitación de El Cocal para garantizar trazabilidad (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue la recolección de residuos ordinarios no se brinda directamente en el sitio por la dificultad de acceso (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue el ingreso de unidades recolectoras al Cocal no es viable ya que no existe infraestructura vial adecuada que permita el tránsito seguro de camiones compactadores (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado) (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue  los residuos son recolectados, por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 dias a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para finalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en la zona del Cocal se realizan en promedio unas 6 campañas de Iimpieza al año y se han entregado y colocado depósitos recolectores de basura en conjunto con el Comité Local de Seguridad, con el fin de contribuir a un mejor manejo de los residuos en el lugar (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nEN CUANTO AL MINISTERIO DE SALUD\n\nQue el 30 de enero del 2025 el Ministerio de Salud participó en una mesa de trabajo convocada por la municipalidad de Quepos a la cual asistió personal del ICE, AyA, ACOPAC y ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal) y se generó como acuerdo convocar a una segunda mesa de trabajo el día 20 de febrero del 2025 y una tercera para el 20 de marzo del 2025 -sin embargo, por razones desconocidas para este Ministerio las dos últimas no se efectuaron- (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue el 22 de diciembre de 2025 el Ministerio de Salud realizó una inspección en el lugar de almacenamiento de residuos que utiliza la Municipalidad de Quepos para los vecinos de El Cocal e indicaron que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo” (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nEN CUANTO AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL\n\nQue las acciones pertinentes para la delimitación del ecosistema de manglar de la zona de Quepos es responsabilidad del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Instituto Geográfico Nacional (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue en caso de existir una delimitación que involucre áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado (PNE), la tarea de delimitar los linderos pertinentes le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de conformidad con la Ley Forestal, Ley N°7575 de 13 de febrero de 1996 y sus reformas (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue como resultado de las acciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y el IGN, se realizó la delimitación de los manglares ubicados en Quepos centro, que incluyó los sectores de El Cocal, Boca Vieja y Damas -todo en respaldo de los siguientes informes técnicos: 1) Informe DIG-TOT-INF-001-2023 de fecha 09 de enero de 2023 y SINACACOPAC- IRT-PNE-098-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022 emitido por el Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 2) Informe DIG-TOT-INF-104-2023 y SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 elaborado por Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 3) Informe SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 de fecha 21 de diciembre de 2023 del Área de Conservación Pacífico Central y DIG-GDF-0229-2024 Informe de Revisión Técnica para la publicación de delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre correspondiente al Estero-Manglar del sector entre Rio Paquita y Rio Damas del 12 de junio de 2024- (ver informe de la autoridad recurrida).\nQue las delimitaciones fueron oficializadas en el Diario Oficial La Gaceta, como sigue: 1) Aviso N°003-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar Boca Vieja, en El Cocal, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°32 del martes 21 de febrero del 2023. 2) Aviso N°009-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar en el Sector Central de Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°181 del martes 03 de octubre del 2023. 3) Aviso N°007-2024 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar entre Río Paquita y Río Damas, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°205 del viernes 01 de noviembre del 2024 (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nIII.- ANTECEDENTE DE APLICACIÓN AL CASO CONCRETO: Esta Sala mediante sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno resolvió:\n\n“III. Objeto del recurso.  La parte recurrente considera que sus derechos fundamentales han sido lesionados en el tanto el 21 de septiembre y el 22 de septiembre de 2020 se denunció –respectivamente ante la Municipalidad de Quepos y el SINAC- la contaminación existente en la zona de El Cocal. Al respecto, reclama una falta de respuesta a las denuncias planteada sobre estos hechos. Expresa que en dicho sitio no se cuenta con un sistema comunal de depósito de residuos sólidos (basureros públicos), lo que genera que los lugareños y visitantes depositen la basura en el suelo de la costa de la isla, causando gran contaminación en todo el lugar y también en el manglar adyacente por dichos basureros clandestinos. Señalan que en la zona mencionada tampoco hay alcantarillado ni un correcto tratamiento de aguas residuales para las construcciones existentes, por lo que las aguas en su mayoría terminan en el mar, en el estero y en el manglar, convirtiéndose en una problemática medioambiental con graves daños a la biodiversidad.\n\n(…)\n\nVI. Sobre las denuncias planteadas por la parte recurrente. En el sub lite, la parte recurrente acusa una falta de atención a la denuncia que planteó el 21 de septiembre y el 22 de septiembre de 2020, respectivamente ante la Municipalidad de Quepos y el SINAC, denuncias idénticas que alegaban una serie de irregularidades que también han sido ventiladas en este recurso de amparo.\n\nSobre la Municipalidad de Quepos, no consta ante este Tribunal que se le haya dado ninguna respuesta a la denuncia planteada por la amparada. Así, aunque se evidencia del elenco probatorio que dicha municipalidad tenía conocimiento de la problemática y había realizado varias gestiones referentes a lo denunciado, esto no reivindica la omisión de dar una respuesta formal a lo planteado ante ella, por lo que se entiende como no atendida la denuncia.\n\nAhora bien, se desprende de lo informado bajo juramento -tanto como de la prueba documental aportada al proceso- que, el 25 de septiembre de 2020, la denuncia fue atendida por el SINAC mediante el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-519-2020. Asimismo, se tiene por probado que dicho oficio fue enviado a la dirección de correo electrónico señalada por la denunciante para recibir respuesta (sacruz513@icloud.com). No obstante lo anterior, esta Sala advierte que la respuesta brindada por la autoridad recurrida no fue satisfactoria, ya que, ignorando su propia competencia para la materia, así como la coordinación interinstitucional en temas ambientales, respondieron que “con el objetivo de redireccionar sus esfuerzos hacia las instituciones indicadas, y no con el objetivo de evadir responsabilidad sobre los hechos” la “materia de Residuos Sólidos y Líquidos son competencia del Ministerio de Salud y la Municipalidad del Cantón, como lo expone La Ley General de Salud No. 5395 y La Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839”.\n\nAl respecto, ante la denuncia interpuesta, el SINAC no asumió un actuar proactivo y proteccionista del medioambiente, así como tampoco tendió las instancias de coordinación ante el Ministerio de Salud o la Municipalidad de Quepos de conformidad con el principio de coordinación interadministrativa, que constituye uno de los principios rectores de la organización administrativa, siendo que debe mediar coordinación entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.\n\nAhondando en este punto, la coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. En materia ambiental, este principio toma un matiz diferenciado, resultando de relevancia lo dicho por este Tribunal reiteradamente en su jurisprudencia:\n\n“VII.- Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente en materia de tutela ambiental, la sentencia número 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico:\n\nIII.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):\n\n\"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).”\n\nEn otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación”.\n\nAsí, en el caso concreto el SINAC fue evasivo de sus responsabilidades, e inclusive se echa de menos que dicho ente haya efectuado las acciones de coordinación adecuadas y necesarias para garantizar la protección a un derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto es, atendiendo inmediatamente situaciones como las acá denunciadas. Bajo tal estado de las cosas, este extremo debe ser declarado con lugar.\n\nVII. Sobre la alegada afectación al medioambiente. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración al derecho a un medioambiente sano por los motivos que a continuación se expondrán.\n\nPrimeramente, sobre los desechos sólidos, estima esta Sala que la Municipalidad de Quepos sí lleva a cabo una recolección constante de la basura generada por la comunidad, esto a pesar de la dificultad que supone que El Cocal es un asentamiento informal donde el único medio de acceso es por medio de bote cruzando la boca del estero. En esta misma línea, se informó por las autoridades que en el embarcadero hacia El Cocal -conocido como Montecillos-, la municipalidad recurrida construyó un depósito comunitario de residuos que está a la disposición de los vecinos de la zona. Asimismo, se informó que dichos residuos “son recolectados por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 días a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para finalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas”. Por lo anterior, no se observa una omisión o actuar insuficiente en cómo la autoridad recurrida dispone de los desechos sólidos que se recolectan en la comunidad en aras de proteger el medioambiente.\n\nSobre la acusación de los recurrentes en el sentido de que la zona está contaminada y que en sus alrededores -en especial en la costa- se generan basureros clandestinos, se indicó ante este Tribunal que el 16 de octubre de 2020 la Unidad de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Quepos realizó una inspección en el sitio con el fin de visitar zonas cercanas a la playa, detallando lo siguiente: “a. la inspección se realiza desde el salón comunal del Cocal, coordenadas 48123-1043421, hasta la punta arenosa del Cocal ubicada frente a la ciudad de Quepos, coordenadas 481 703-1 042848 (Proyección CR TM05). b. Se recorre toda la zona indicada en dirección Noroeste-Sureste. c. En el recorrido del área indicada se pudo apreciar que los residuos que se pueden observar en el sector de la playa arenosa corresponden a restos orgánicos como cocos, ramas, troncos y vegetación variada. d. Se logró divisar algunos restos de residuos ordinarios dispersos, pero se considera que los mismos pudieron llegar a la zona por acción de las corrientes marinas u oleajes y no necesariamente por disposición directa de los residuos por parte de los vecinos del lugar. Lo cual es común en todas las costas del mundo. e. Existen a lo largo del frente de la playa de la mencionada localidad una serie de viviendas y diversa infraestructura asociada”. Asimismo, aseveró el alcalde de Quepos que, en El Cocal, “se realizan en promedio unas 6 campañas de limpieza al año y se han entregado y colocado depósitos recolectores de basura en conjunto con el Comité Local de Seguridad con el fin de contribuir a un mejor manejo de los residuos en el lugar. También se han entregado, para su uso público, contenedores de basura y puntos ecológicos a la escuela pública ubicada en el sitio con el fin de mejorar el manejo de los residuos en el lugar”. Lo anterior, claro está, no implica que por ello no existan posibles irregularidades en el manejo de dichos residuos -ya que, con seguridad, por ello es que existen dichas campañas de educación y recolección-, pero las mismas son propias de los numerosos problemas y anomalías que acarrea la existencia de un asentamiento informal. Congruentemente, se colige que la Municipalidad de Quepos realiza labores varias constantes en aras de mantener la zona con la menor cantidad posible de contaminación sólida, por lo que sobre este extremo el recurso de amparo debe de declararse sin lugar.\n\nAhora bien, sobre los residuos líquidos -o aguas residuales-, y unido con la comentada complejidad que conlleva el manejo o tratamiento de desechos en un asentamiento informal, esta Sala tiene por demostrado que en El Cocal existe una evidente mala disposición de las aguas residuales, esto en el tanto las autoridades aseveraron que las viviendas son construidas sin obtener los respectivos permisos constructivos y sin contar con las especificaciones mínimas solicitadas por el ordenamiento legal concerniente a edificaciones en el país. Consecuencia de lo anterior, la zona no cuenta con alcantarillado, ni posee un correcto tratamiento de aguas, lo que genera una afrenta flagrante al medioambiente, sobre todo si se toma en cuenta el mismo decir de los recurrentes al denunciar que dichas aguas incluso son depositadas directamente al estero, al mar, y al ecosistema de manglar de la zona. Por lo anterior, se debe estimar este extremo del recurso, por vulneración del derecho a un medioambiente sano y equilibrado amparado por el artículo 50 constitucional.\n\nVIII. Sobre la falta de delimitación del territorio por las autoridades competentes. Ahora bien, la problemática medioambiental y la falta de acción efectiva para mitigar la contaminación en la zona de El Cocal ha sido en gran parte generada por un mal funcionamiento de la Administración Pública, en específico: la falta de delimitación del ecosistema de manglar que debe realizar en forma coordinada el SINAC -que son los competentes para definir y delimitar el ecosistema- y el IGN -que debe inscribirlo y publicarlo en La Gaceta-, tanto como la permisividad y tolerancia estatal frente al establecimiento de un asentamiento humano informal en dominio público con características tan sensibles para la protección y el equilibrio ambiental (ZMT y manglar); todas esas omisiones han desencadenado en muchas otras inacciones y desprotecciones estatales sobre la materia.\n\nEn el caso en concreto, la falta de delimitación patrimonial del territorio no ha permitido a la municipalidad y otras autoridades tener conocimiento cierto de la condición catastral del asentamiento (por ejemplo, determinar qué área de este se encuentra dentro de ZMT, o qué área se encuentra dentro de Patrimonio Natural del Estado, etcétera), lo que ha obstaculizado para determinar las debidas competencias para actuar e intervenir el territorio correspondiente: sea desalojar, dar concesiones, elaborar un plan regulador para el sitio, definir calles públicas, dotar de alumbrado público, coordinar el otorgamiento de un correcto servicio de agua o construir alcantarillado sanitario, entre otros.\n\nAl respecto, se desprende de lo informado y aportado como prueba que, al menos desde el 2018 y en reiteradas ocasiones, la Municipalidad de Quepos ha solicitado al SINAC que efectúe la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la zona. Tras lo anterior, se observa que en el 2019, mediante informe ACTO-DRFVS-PMF-075-2020, el SINAC realizó trabajos preliminares sobre las condiciones del sitio, así como de identificación de áreas con condición de Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, el 16 de diciembre de 2020 -y tras haberse presentado este recurso de amparo-, dicho ente inició una serie de inspecciones en el lugar para “verificar algunos sitios muy específicos” y delimitar el ecosistema de manglar en la zona. Por lo anterior, tras una prueba para mejor resolver que fue solicitada por este Tribunal al SINAC sobre el estado de dichas inspecciones, el 06 de enero de 2021, mediante documento SINAC-ACOPAC-PNE-001-2021, se informó que “el trabajo realizado en el campo el día 16 de diciembre del 2020 es parte del proceso técnico que realiza el ACOPAC para emitir un informe final de clasificación y delimitación preliminar del ecosistema de Manglar y en este caso para el sector de la comunidad del Cocal de Quepos el cual esperamos concluirlo el próximo 12 de enero del presente”. Ahora, lo cierto es que, a la fecha, el SINAC no ha presentado ante esta Sala ninguna manifestación de avance al respecto, o aún más importante, el informe técnico final para la delimitación de las áreas de manglar y estero de Quepos ante el IGN.\n\nComo ha sido posición de esta jurisdicción constitucional -desde larga data-, la declaratoria y delimitación de zonas protectoras representa un mecanismo sumamente importante para proteger el derecho fundamental al ambiente (véase, por ejemplo, voto n.° 2019-16793 de las 11:52 horas del 04 de septiembre de 2019). En relación con ello, en el sub lite se ha demostrado con una claridad meridiana el porqué este Tribunal ha sostenido a través del tiempo dicho criterio y, evidentemente, el motivo por el que en este caso dicha pasividad en la delimitación del Patrimonio Natural del Estado y, en sí, la poca acción de las autoridades recurridas para mitigar las consecuencias del asentamiento informal de El Cocal, no ha sido suficiente para lograr tutelar efectivamente el artículo 50 de nuestra Constitución Política, derecho de naturaleza intergeneracional.\n\n(…)\n\nPor tanto\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia: 1) Se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia se remita la denuncia presentada ante ellos el 22 de septiembre de 2020 al Ministerio de Salud. 2) También se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su condición de Alcalde, y a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, que en el plazo máximo de 8 DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia respondan formalmente a la denuncia presentada ante ellos el 21 de septiembre de 2020. 3) Adicionalmente, se ordena a Ingrid Campos Leiva, en su condición de Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y a Marta Aguilar Varela, en su condición de Directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada realicen las actuaciones correspondientes para que, en el plazo máximo de TRES MESES a partir de la notificación de esta sentencia, delimiten el ecosistema de manglar de la zona de Quepos. 4) Asimismo, se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su condición de Alcalde, a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos; a la Jefa de la Oficina Subregional Aguirre Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada, incluso con otras instituciones competentes, adopten de forma INMEDIATA las medidas necesarias para mitigar y prevenir la contaminación generada por las aguas residuales del asentamiento El Cocal. 5) Igualmente, se ordena a las autoridades recurridas que, en el plazo máximo de SEIS MESES a partir de la notificación de esta sentencia, definan la naturaleza jurídica y el régimen normativo aplicable al territorio donde se encuentra el asentamiento. 6) Que una vez definida la situación legal y el régimen aplicable del territorio en cuestión, en el plazo máximo de VEINTICUATRO MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán las autoridades recurridas, según sus respectivas competencias, brindar una solución definitiva al problema de contaminación por aguas residuales que se genera en la zona del asentamiento El Cocal, misma que afecta al medioambiente. Respecto a lo pretendido sobre la contaminación por desechos sólidos y la construcción de un alcantarillado o planta de tratamiento de residuos para el asentamiento El Cocal, se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Quepos, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Registro Nacional al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto parcialmente, respecto a la ejecución de esta sentencia, en lo referente a las órdenes 3), 4), 5) y 6) y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese”.\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el sector denominado Playa El Cocal de Quepos se encuentra inequívocamente dentro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre, condición jurídica reconocida de manera reiterada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR). Se acreditó que la delimitación cartográfica publicada en La Gaceta N° 32 del 21 de febrero de 2023 no implicó una ampliación de los limites urbanos de Quepos, sino el estricto cumplimiento de una orden judicial de precisar los linderos del ecosistema de manglar Boca Vieja. Se demostró que los moradores del Cocal de Quepos, no poseen ningún título de propiedad o similar que los haga dueños legales de los terrenos a los cuales dan uso y que el gobierno local declaró de interés cantonal el acceso vial hacia la comunidad de El Cocal. Se constató que en la Sesión Ordinaria N.° 289-2023, celebrada el 14 de noviembre de 2023, el Concejo Municipal conoció el Dictamen de la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se analizó la aplicación de la Ley N.° 6043 y la delimitación oficial del manglar en El Cocal y que, en Sesión Ordinaria N.° 024-2024, de fecha 21 de agosto de 2024, el Concejo Municipal conoció el escrito del recurrente y acordó dar continuidad a las gestiones sobre el Plan de Ordenamiento Socioeconómico del Cocal. Posteriormente en la Sesión Ordinaria N.° 030-2024, celebrada el 10 de septiembre de 2024, y ratificada en la S.O. N.° 031-2024, el Concejo conoció el Oficio MQ-UZMT-327- 2024, relativo a la vialidad, electricidad y delimitación de El Cocal. Se acordó trasladar las recomendaciones a la Administración y coordinar con MINAE-SINAC e ICE para una solución sostenible. Seguidamente en la Sesión Ordinaria N.° 060-2025, celebrada el 12 de febrero de 2025, el Concejo acordó convocar a Mesas de Trabajo Interinstitucionales con la participación de SINAC-ACOPAC, IGN, Ministerio de Salud, AyA, ICE y dependencias municipales, las cuales se efectuaron el 20 de febrero y 20 de marzo de 2025. El 19 de marzo de 2025 en Sesión Ordinaria N.° 069-2025, celebrada el 19 de marzo de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 071-2025, se acordó trasladar a la Administración Municipal la obligación de informar sobre todas las actuaciones relacionadas con la delimitación de El Cocal. En fecha 01 de abril de 2025 en la Sesión Ordinaria N.° 075-2025 el Concejo conoció el Oficio DIG-GDF-111-2025 del Instituto Geográfico Nacional, en el cual se certifica que la delimitación del manglar en El Cocal se realizó en coordinación con el SINAC y fue publicada en La Gaceta. El 28 de mayo de 2025 en la Sesión Extraordinaria N.° 088-2025 y ratificada en la S.O. N.° 089-2025, el Concejo conoció el Dictamen MQ-CMAJ-036- 2025 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, relativo a escritos presentados en el expediente constitucional, en el cual se confirmó la coordinación SINAC–IGN y se analizaron los alcances normativos de la ZMT. Finalmente en la Sesión Ordinaria N.° 092-2025, celebrada el 17 de junio de 2025, y ratificada en la S.O. N.° 096-2025, se acordó reiterar los criterios emitidos por la Unidad de ZMT y ordenar la integración de todos los acuerdos relacionados con la delimitación de El Cocal para garantizar trazabilidad. Quedó probado que la recolección de residuos ordinarios no se brinda directamente en el sitio por la dificultad de acceso; por lo que el ingreso de unidades recolectoras al Cocal no es viable ya que no existe infraestructura vial adecuada que permita el tránsito seguro de camiones compactadores. Se afirmó que en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado). Se indicó que  los residuos son recolectados, por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 dias a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para finalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas y que en la zona del Cocal se realizan en promedio unas 6 campañas de Iimpieza al año y se han entregado y colocado depósitos recolectores de basura en conjunto con el Comité Local de Seguridad, con el fin de contribuir a un mejor manejo de los residuos en el lugar. En cuanto al Ministerio de Salud se tuvo por demostrado que el 30 de enero del 2025 el Ministerio de Salud participó en una mesa de trabajo convocada por la municipalidad de Quepos a la cual asistió personal del ICE, AyA, ACOPAC y ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal) y se generó como acuerdo convocar a una segunda mesa de trabajo el día 20 de febrero del 2025 y una tercera para el 20 de marzo del 2025 -sin embargo, por razones desconocidas para este Ministerio las dos últimas no se efectuaron-. Se acreditó que el 22 de diciembre de 2025 el Ministerio de Salud realizó -en cumplimiento a una prueba ordenada por el magistrado instructor- realizó una inspección en el lugar de almacenamiento de residuos que utiliza la Municipalidad de Quepos para los vecinos de El Cocal e indicaron que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. En cuanto al Instituto Geográfico Nacional quedó probado que las acciones pertinentes para la delimitación del ecosistema de manglar de la zona de Quepos es responsabilidad del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Instituto Geográfico Nacional. Se constató que en caso de existir una delimitación que involucre áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado (PNE), la tarea de delimitar los linderos pertinentes le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de conformidad con la Ley Forestal, Ley N°7575 de 13 de febrero de 1996 y sus reformas. Quedó probado que como resultado de las acciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y el IGN, se realizó la delimitación de los manglares ubicados en Quepos centro, que incluyó los sectores de El Cocal, Boca Vieja y Damas -todo en respaldo de los siguientes informes técnicos: 1) Informe DIG-TOT-INF-001-2023 de fecha 09 de enero de 2023 y SINACACOPAC- IRT-PNE-098-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022 emitido por el Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 2) Informe DIG-TOT-INF-104-2023 y SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 elaborado por Instituto Geográfico Nacional y el Área de Conservación Pacífico Central. 3) Informe SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 de fecha 21 de diciembre de 2023 del Área de Conservación Pacífico Central y DIG-GDF-0229-2024 Informe de Revisión Técnica para la publicación de delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre correspondiente al Estero-Manglar del sector entre Rio Paquita y Rio Damas del 12 de junio de 2024- y que, las delimitaciones fueron oficializadas en el Diario Oficial La Gaceta, como sigue: 1) Aviso N°003-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar Boca Vieja, en El Cocal, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°32 del martes 21 de febrero del 2023. 2) Aviso N°009-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar en el Sector Central de Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°181 del martes 03 de octubre del 2023. 3) Aviso N°007-2024 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar entre Río Paquita y Río Damas, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°205 del viernes 01 de noviembre del 2024. Partiendo de lo anterior es posible concluir:\n\nQue el sector denominado Playa El Cocal de Quepos se encuentra inequívocamente dentro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.\nQue la delimitación cartográfica publicada en La Gaceta N° 32 del 21 de febrero de 2023 no implicó una ampliación de los límites urbanos de Quepos, sino el estricto cumplimiento de una orden judicial de precisar los linderos del ecosistema de manglar Boca Vieja.\nQue para poder incluir los terrenos de El Cocal en el plan regulador se requiere la formulación de un plan regulador costero, sustentado en estudios ambientales rigurosos, índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), evaluaciones de impacto y certificaciones del patrimonio natural.\nQue la recolección de residuos ordinarios no se brinda directamente en el sitio por la dificultad de acceso; sin embargo en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado).\nQue  los residuos son recolectados, por el servicio municipal todos los días de lunes a domingo (7 días a la semana) a partir de las 7 de la mañana y de ahí trasladados hasta el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en Damas de Quepos, para finalmente ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas.\nQue el 22 de diciembre de 2025 el Ministerio de Salud realizó una inspección en el lugar de almacenamiento de residuos que utiliza la Municipalidad de Quepos para los vecinos de El Cocal e indicaron que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”.\n\nEl recurrente reclama que a la fecha no se han cumplido las órdenes emitidas en la sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno  y agrega que existe una necesidad de la comunidad El Cocal “de ser integrada legalmente en un plan regulador urbano en litoral ya existente” y de esa forma mejorar la calidad de vida de los vecinos así como el alcantarillado sanitario. Agrega que las georreferencias de la zona marítima El COLCA nuevas fueron publicadas en La Gaceta a pesar de que no participar a la Municipalidad. Por lo que solicita que se ordene la incorporación del barrio El Cocal al plan regulador urbano, la ejecución de obras de saneamiento básico y acceso óptimo y recolección de basura, delimitar la zona marítimo terrestre conforme  la Ley 6043; así como garantizar la participación ciudadana en el proceso de planificación y ejecución. Las autoridades municipales reconocen que “existe la necesidad de contar con un plan regulador costero en el sector de Playa El Cocal, tanto para regularizar la situación de las familias que residen en dicho territorio como para asegurar la protección ambiental de la franja litoral”, sin embargo “mientas subsistan las inconsistencias derivadas de la delimitación estero-manglar Boca Vieja publicada en 2023, existe un impedimento para iniciar el proceso de planificación” y que “en el sector conocido como \"Montecillos\", ubicado en lo que se denomina como el embarcadero hacia el Cocal la Municipalidad construyó un depósito comunitario de residuos que es utilizado por todos los vecinos del Cocal (los cuales trasladan los residuos hasta el sitio indicado” -residuos que afirma son recolectados todos los días de lunes a domingo-. De otra parte el Ministerio de Salud afirma que el 30 de enero del 2025 el Ministerio de Salud participó en una mesa de trabajo convocada por la municipalidad de Quepos a la cual asistió personal del ICE, AyA, ACOPAC y ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal) y se generó como acuerdo convocar a una segunda mesa de trabajo el día 20 de febrero del 2025 y una tercera para el 20 de marzo del 2025 -sin embargo, por razones desconocidas para este Ministerio las dos últimas no se efectuaron-. Afirmó que “El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. Finalmente las autoridades del Instituto Geográfico Nacional indicaron que como resultado de las acciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y el IGN, se realizó la delimitación de los manglares ubicados en Quepos centro, que incluyó los sectores de El Cocal, Boca Vieja y Damas. Así las cosas el recurso deviene procedente únicamente por el manejo de desechos sólidos por parte del gobierno local recurrido. Si bien es cierto en la sentencia cita por el recurrente esta Sala declaró sin lugar el recurso en cuanto a ese extremo lo cierto es que en ese momento no se logró demostrar que existiera una omisión o actuar insuficiente en la disposición de los desechos sólidos recolectados en la comunidad. Sin embargo en el caso que nos ocupa las autoridades municipales afirmaron que existe implementado un protocolo para la recolección de desechos sólidos en la comunidad del Cocal, el cual se mantiene con la misma efectividad de siempre por parte de la Municipalidad; sin embargo en la inspección realizada por las autoridades del Ministerio de Salud el 22 de diciembre del 2025  -inspección requerida como prueba para mejor resolver mediante resolución de las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco- se demostró que “el sitio es un lugar de almacenamiento temporal de residuos sólidos que utiliza la Municipalidad de Quepos para que los vecinos de El Cocal trasladen y depositen sus residuos para una posterior recolección por parte del camión recolector. El espacio de acopio para residuos sólidos se encuentra en condiciones de evidente deterioro, la maya que cubría las paredes ha sido arrancada y el techo se encuentra roto y no cuenta con puerta, la mayor parte de la estructura metálica esta corroída por el óxido. Además, se observa la salida de lixiviados del centro de acopio que discurren hacia el estero, este recinto no protege los residuos contra el ingreso de fauna nociva ni las inclemencias del tiempo”. Partiendo de lo anterior es evidente que el estado actual del espacio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos para los vecinos de El Cocal no cumple con condiciones sanitarias mínimas. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Además, es necesario destacar que las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos (véase en similar sentido las Sentencias N° 2023-19610 de las 9:30 horas de 11 de agosto de 2023 y N° 2019-005623 de las 09:45 horas del 29 de marzo de 2019). Así las cosas lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nV.- Ahora bien en cuanto al incumplimiento de las órdenes emitidas en la  sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno deberá desglosarse el escrito de interposición a fin de que se analice el presunto incumplimiento de la sentencia citada y remitirse al expediente número 20-021786-0007-CO.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa la omisión, por parte de la Municipalidad de Quepos, en realizar una adecuada recolección y disposición de los desechos sólidos, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a los recurrentes, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Carrillo. Se ordena a Patricia Bolaños Murillo, en su condición de Alcaldesa y a Gilbert Cruz Jiménez en calidad de presidente del Concejo, ambos de la Municipal de Quepos o a quienes en su lugar ocupen los cargos que procedan DE FORMA INMEDIATA a implementar medidas paliativas de mayor urgencia para corregir el problema ambiental reclamado. Deberán disponer y coordinar lo necesario a efecto que, en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se corrija de forma definitiva el problema generado en el sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos que utiliza la Municipalidad de Quepos en la comunidad de los vecinos de El Cocal. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al incumplimiento de las órdenes emitidas en la  sentencia número 2021002741 de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno deberá desglosarse el escrito de interposición a fin de que se analice el presunto incumplimiento de la sentencia citada y remitirse al expediente número 20-021786-0007-CO. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*VU6XY8D43NAI61*\n\n VU6XY8D43NAI61\n\nEXPEDIENTE N° 25-025088-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:03:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "III.- APPLICATION OF PRECEDENT TO THE SPECIFIC CASE: This Chamber, through judgment number 2021002741 of nine hours fifteen minutes on the twelfth of February two thousand twenty-one, resolved:\n\n“III. Object of the appeal. The appellant considers that their fundamental rights have been violated insofar as on September 21 and September 22, 2020, a complaint was filed—respectively before the Municipality of Quepos and SINAC—regarding the existing contamination in the El Cocal area. In this regard, they claim a lack of response to the complaints filed about these facts. They state that in said location there is no communal system for solid waste deposit (public garbage dumps), which causes locals and visitors to deposit garbage on the ground of the island's coast, causing great contamination throughout the place and also in the adjacent mangrove swamp due to these clandestine garbage dumps. They point out that in the aforementioned area there is also no sewage system nor proper wastewater treatment for the existing constructions, so the water mostly ends up in the sea, the estuary, and the mangrove swamp, becoming an environmental problem with serious damage to biodiversity.\n\n(…)\n\nVI. On the complaints filed by the appellant. In the instant case, the appellant alleges a lack of attention to the complaint they filed on September 21 and September 22, 2020, respectively before the Municipality of Quepos and SINAC, identical complaints alleging a series of irregularities that have also been aired in this amparo appeal.\n\nRegarding the Municipality of Quepos, there is no evidence before this Court that any response was given to the complaint filed by the protected party. Thus, although the body of evidence shows that said municipality was aware of the problem and had carried out several actions regarding the matter reported, this does not remedy the omission of providing a formal response to what was filed before it, therefore the complaint is understood as unattended.\n\nNow, it is inferred from what was reported under oath—as well as from the documentary evidence provided to the process—that, on September 25, 2020, the complaint was addressed by SINAC through official communication SINAC-ACOPAC-OSRAP-519-2020. Likewise, it is proven that said official communication was sent to the email address indicated by the complainant to receive a response (sacruz513@icloud.com). Despite the foregoing, this Chamber notes that the response provided by the appealed authority was not satisfactory, since, ignoring its own competence over the matter, as well as inter-institutional coordination on environmental issues, they responded that “with the objective of redirecting your efforts towards the indicated institutions, and not with the objective of evading responsibility for the facts” the “matter of Solid and Liquid Waste is the competence of the Ministry of Health and the Municipality of the Canton, as set forth in General Health Law No. 5395 and the Law for Integrated Waste Management No. 8839”.\n\nIn this regard, regarding the complaint filed, SINAC did not assume a proactive and protectionist stance towards the environment, nor did it establish coordination channels with the Ministry of Health or the Municipality of Quepos in accordance with the principle of inter-administrative coordination, which constitutes one of the guiding principles of administrative organization, given that coordination must occur among all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them.\n\nDelving deeper into this point, coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. In environmental matters, this principle takes on a differentiated nuance, and what this Court has repeatedly stated in its jurisprudence is relevant:\n\n“VII.- On inter-institutional coordination in environmental matters. Specifically regarding environmental protection, judgment number 2008-004790 underscored the duty of coordination among institutions related to the subject and the impossibility of ignoring warnings about the danger of contamination issued by an institution legally empowered to protect water resources:\n\nIII.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On several occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that is, there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, public institution must be understood to include both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which due to the subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism, the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, the Costa Rican Tourism Institute or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; a task in which, of course, municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously –and quite clearly– referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the achievement of common goals –which, obviously, must be extended to the relationship that Central Administration institutions and decentralized ones carry out in this important function–, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on the fourteenth of July nineteen ninety-nine):\n\n\\\"Thus, coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which takes charge of this concurrence on a common object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conduct upon them is not possible, whereby the indispensable inter-institutional «concerted action», in the strict sense, arises, in that the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in coordinated agreements, with the exclusion of any imperative form detrimental to their autonomy, which prevents subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in its interest (through the «administrative supervision» of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general oversight powers over the entire sector).” On the other hand, omissions of the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration’s inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can be produced, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaokes, and nightclubs (municipalities and Ministry of Health), among others (see regarding this judgment number 2006-005159 of thirteen hours four minutes on the seventh of April two thousand six).”\n\nIn other words, what matters is the technical cooperation that the different entities can provide each other, the technical elements they can contribute, and respect for the competencies of each one; in order to guarantee without doubt that the impact of the projects evaluated is not negative, and thus guarantee the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle –which seeks to prevent or suspend any activity that may negatively affect said management– obligates the Administration, firstly, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding arguments and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obligates, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution legally empowered to protect water resources about the danger of contamination.”\n\nThus, in the specific case, SINAC was evasive of its responsibilities, and it is even lacking that said entity carried out the adequate and necessary coordination actions to guarantee the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, that is, immediately addressing situations such as those reported here. Under this state of affairs, this point must be declared with merit.\n\nVII. On the alleged impact on the environment. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the appealed authorities, this Court has reached the conclusion that, in the sub judice case, a violation of the right to a healthy environment is accredited for the reasons that will be set forth below.\n\nFirstly, regarding solid waste, this Chamber considers that the Municipality of Quepos does carry out constant collection of the garbage generated by the community, this despite the difficulty posed by El Cocal being an informal settlement where the only means of access is by boat crossing the mouth of the estuary. Along these same lines, the authorities reported that at the boat landing towards El Cocal –known as Montecillos–, the appealed municipality built a community waste deposit that is available to the residents of the area. Likewise, it was reported that said waste “is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning and from there transported to the Solid Waste Transfer Center located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Sanitary Landfill located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas”. Therefore, no omission or insufficient action is observed in how the appealed authority disposes of the solid waste collected in the community in order to protect the environment.\n\nRegarding the accusation of the appellants that the area is contaminated and that in its surroundings –especially on the coast– clandestine garbage dumps are generated, it was indicated to this Court that on October 16, 2020, the Environmental Development Unit of the Municipality of Quepos carried out an inspection on site in order to visit areas close to the beach, detailing the following: “a. the inspection is carried out from the community hall of El Cocal, coordinates 48123-1043421, to the sandy point of El Cocal located in front of the city of Quepos, coordinates 481 703-1 042848 (Projection CR TM05). b. The entire indicated area is traversed in a Northwest-Southeast direction. c. In the traverse of the indicated area, it was observed that the waste that can be seen on the sandy beach sector corresponds to organic remains such as coconuts, branches, trunks, and varied vegetation. d. Some scattered ordinary waste remains were spotted, but it is considered that these could have arrived in the area due to the action of marine currents or waves and not necessarily by direct disposal of waste by the local residents. This is common on all coasts of the world. e. Along the beach front of the mentioned locality, there are a series of dwellings and diverse associated infrastructure”. Likewise, the mayor of Quepos asserted that, in El Cocal, “an average of about 6 cleaning campaigns are carried out per year and waste collection containers have been delivered and placed together with the Local Security Committee in order to contribute to better waste management in the place. Public-use garbage containers and ecological points have also been delivered to the public school located on the site in order to improve waste management in the place”. The foregoing, of course, does not imply that therefore there are no possible irregularities in the management of said waste –since, surely, that is why these education and collection campaigns exist–, but these are inherent to the numerous problems and anomalies that the existence of an informal settlement entails. Congruently, it is inferred that the Municipality of Quepos carries out various constant tasks in order to keep the area with the least possible amount of solid contamination, so on this point the amparo appeal must be declared without merit.\n\nNow, regarding liquid waste –or wastewater–, and together with the aforementioned complexity involved in the management or treatment of waste in an informal settlement, this Chamber finds it proven that in El Cocal there is an evident poor disposal of wastewater, insofar as the authorities asserted that the dwellings are built without obtaining the respective construction permits and without complying with the minimum specifications required by the legal system concerning buildings in the country. As a consequence of the above, the area does not have a sewage system, nor does it have proper water treatment, which generates a flagrant affront to the environment, especially if the appellants' own statement is taken into account when they report that said waters are even deposited directly into the estuary, the sea, and the mangrove swamp ecosystem (ecosistema de manglar) of the area. Therefore, this point of the appeal must be upheld, for violation of the right to a healthy and balanced environment protected by Article 50 of the Constitution.\n\nVIII. On the lack of delimitation of the territory by the competent authorities. Now, the environmental problem and the lack of effective action to mitigate contamination in the El Cocal area has been largely generated by a malfunction of the Public Administration, specifically: the lack of delimitation of the mangrove swamp ecosystem that must be carried out in a coordinated manner by SINAC –which is competent to define and delimit the ecosystem– and the IGN –which must register and publish it in La Gaceta–, as well as the state permissiveness and tolerance regarding the establishment of an informal human settlement on public domain land with characteristics so sensitive for environmental protection and balance (ZMT and mangrove swamp); all these omissions have triggered many other state inactions and lack of protection on the matter.\n\nIn the specific case, the lack of patrimonial delimitation of the territory has not allowed the municipality and other authorities to have certain knowledge of the cadastral condition of the settlement (for example, to determine which area of it is within the ZMT, or which area is within State Natural Heritage, etc.), which has hindered determining the due competencies to act and intervene in the corresponding territory: whether to evict, grant concessions, develop a regulatory plan for the site, define public streets, provide public lighting, coordinate the granting of proper water service, or build sanitary sewerage, among others.\n\nIn this regard, it is inferred from what was reported and provided as evidence that, at least since 2018 and on repeated occasions, the Municipality of Quepos has requested SINAC to carry out the delimitation of the State Natural Heritage in the area. Following this, it is observed that in 2019, through report ACTO-DRFVS-PMF-075-2020, SINAC carried out preliminary work on the site’s conditions, as well as identification of areas with State Natural Heritage status. Likewise, on December 16, 2020 –and after this amparo appeal had been filed–, said entity began a series of inspections at the location to “verify some very specific sites” and delimit the mangrove swamp ecosystem in the area. Therefore, following an evidentiary measure for better resolution that was requested by this Court from SINAC on the status of said inspections, on January 6, 2021, through document SINAC-ACOPAC-PNE-001-2021, it was reported that “the fieldwork carried out on December 16, 2020, is part of the technical process carried out by ACOPAC to issue a final report on the preliminary classification and delimitation of the Mangrove swamp ecosystem and in this case for the sector of the El Cocal community of Quepos which we hope to conclude on January 12 of this year”. Now, the truth is that, to date, SINAC has not presented to this Chamber any manifestation of progress in this regard, or even more importantly, the final technical report for the delimitation of the mangrove swamp and estuary areas of Quepos before the IGN.\n\nAs has been the position of this constitutional jurisdiction –for a long time–, the declaration and delimitation of protective zones represents an extremely important mechanism to protect the fundamental right to the environment (see, for example, vote no. 2019-16793 of 11:52 hours on September 4, 2019). In relation to this, in the instant case, it has been demonstrated with meridian clarity why this Court has held this criterion over time and, evidently, the reason why in this case such passivity in the delimitation of the State Natural Heritage and, in itself, the limited action of the appealed authorities to mitigate the consequences of the El Cocal informal settlement, has not been sufficient to effectively protect Article 50 of our Political Constitution, a right of intergenerational nature.\n\n(…)\n\nTherefore\n\nThe appeal is partially granted. Consequently: 1) Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, is ordered, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, to forward the complaint filed before them on September 22, 2020, to the Ministry of Health. 2) Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor, and Kenneth Mauricio Pérez Vargas, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Quepos, are also ordered, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, to formally respond to the complaint filed before them on September 21, 2020. 3) Additionally, Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas; and Marta Aguilar Varela, in her capacity as Acting Director of the National Geographic Institute, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to jointly and in a coordinated manner carry out the corresponding actions so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, they delimit the mangrove swamp ecosystem of the Quepos area. 4) Likewise, Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor, Kenneth Mauricio Pérez Vargas, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Quepos; the Head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, and Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to jointly and in a coordinated manner, including with other competent institutions, IMMEDIATELY adopt the necessary measures to mitigate and prevent the contamination generated by the wastewater from the El Cocal settlement. 5) Equally, the appealed authorities are ordered, within a maximum period of SIX MONTHS from the notification of this judgment, to define the legal nature and the applicable regulatory regime for the territory where the settlement is located. 6) That once the legal situation and the applicable regime of the territory in question are defined, within a maximum period of TWENTY-FOUR MONTHS counted from the notification of this judgment, the appealed authorities must, according to their respective competencies, provide a definitive solution to the problem of contamination from wastewater generated in the area of the El Cocal settlement, which affects the environment. Regarding what was sought concerning contamination from solid waste and the construction of a sewage system or waste treatment plant for the El Cocal settlement, the appeal is declared without merit. The appealed authorities are warned that, if they fail to comply with the said orders, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State, the Municipality of Quepos, the National System of Conservation Areas, and the National Registry are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Garro Vargas partially dissents, regarding the execution of this judgment, with respect to orders 3), 4), 5) and 6) and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures of this ruling. Notify.”\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the appealed authorities, which are given under the solemnity of the oath with the legal consequences that this entails, it is inferred that the sector called Playa El Cocal de Quepos is unequivocally within the regime of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), a legal condition repeatedly recognized by the National Geographic Institute (IGN), the Office of the Attorney General of the Republic (PGR), and the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR). It was accredited that the cartographic delimitation published in La Gaceta No. 32 of February 21, 2023, did not imply an expansion of the urban limits of Quepos, but rather the strict compliance with a judicial order to specify the boundaries of the Boca Vieja mangrove swamp ecosystem. It was demonstrated that the inhabitants of El Cocal de Quepos do not possess any property title or similar document that makes them legal owners of the lands they use, and that the local government declared the access road to the community of El Cocal to be of cantonal interest. It was verified that in Ordinary Session No. 289-2023, held on November 14, 2023, the Municipal Council was informed of the Opinion of the Special Commission on the Maritime Terrestrial Zone, in which the application of Law No. 6043 and the official delimitation of the mangrove swamp in El Cocal were analyzed, and that, in Ordinary Session No. 024-2024, dated August 21, 2024, the Municipal Council was informed of the appellant's brief and agreed to give continuity to the efforts regarding the Socioeconomic Development Plan for El Cocal. Subsequently, in Ordinary Session No. 030-2024, held on September 10, 2024, and ratified in O.S. No. 031-2024, the Council was informed of Official Communication MQ-UZMT-327-2024, relating to road access, electricity, and delimitation of El Cocal. It was agreed to forward the recommendations to the Administration and coordinate with MINAE-SINAC and ICE for a sustainable solution. Following this, in Ordinary Session No. 060-2025, held on February 12, 2025, the Council agreed to convene Inter-institutional Working Groups with the participation of SINAC-ACOPAC, IGN, Ministry of Health, AyA, ICE, and municipal dependencies, which were held on February 20 and March 20, 2025. On March 19, 2025, in Ordinary Session No. 069-2025, held on March 19, 2025, and ratified in O.S. No. 071-2025, it was agreed to transfer to the Municipal Administration the obligation to report on all actions related to the delimitation of El Cocal. On April 1, 2025, in Ordinary Session No. 075-2025, the Council was informed of Official Communication DIG-GDF-111-2025 from the National Geographic Institute, which certifies that the delimitation of the mangrove swamp in El Cocal was carried out in coordination with SINAC and was published in La Gaceta. On May 28, 2025, in Extraordinary Session No. 088-2025 and ratified in O.S. No. 089-2025, the Council was informed of Opinion MQ-CMAJ-036-2025 from the Permanent Commission on Legal Affairs, regarding briefs filed in the constitutional case file, in which the SINAC–IGN coordination was confirmed and the regulatory scopes of the ZMT were analyzed. Finally, in Ordinary Session No. 092-2025, held on June 17, 2025, and ratified in O.S.\n\nN.° 096-2025, it was agreed to reiterate the criteria issued by the ZMT Unit and to order the consolidation of all agreements related to the delimitation of El Cocal to guarantee traceability. It was proven that ordinary waste collection is not provided directly on the site due to the difficulty of access; therefore, the entry of collection units into El Cocal is not viable because there is no adequate road infrastructure that allows the safe transit of compactor trucks. It was stated that in the sector known as \"Montecillos,\" located at what is called the embarkation point to El Cocal, the Municipality built a community waste deposit that is used by all the residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site). It was indicated that the waste is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning and from there transported to the Solid Waste Transfer Center located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Landfill located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas, and that in the El Cocal area, an average of 6 cleanup campaigns are carried out per year, and garbage collection bins have been delivered and placed jointly with the Local Security Committee, in order to contribute to better waste management in the area. Regarding the Ministry of Health, it was demonstrated that on January 30, 2025, the Ministry of Health participated in a working group convened by the municipality of Quepos, attended by personnel from ICE, AyA, ACOPAC, and ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal), and an agreement was generated to convene a second working group on February 20, 2025, and a third for March 20, 2025—however, for reasons unknown to this Ministry, the last two did not take place. It was accredited that on December 22, 2025, the Ministry of Health carried out—in compliance with an evidentiary measure ordered by the investigating magistrate—an inspection of the waste storage site used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal and indicated that \"The solid waste collection center (espacio de acopio para residuos sólidos) is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and lacks a door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, leachate (lixiviados) is observed flowing from the collection center towards the estuary (estero); this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.\" Regarding the Instituto Geográfico Nacional, it was proven that the relevant actions for the delimitation of the mangrove ecosystem in the Quepos area are the responsibility of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Instituto Geográfico Nacional. It was verified that should there be a delimitation involving areas belonging to the Patrimonio Natural del Estado (PNE), the task of delimiting the pertinent boundaries corresponds to the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), in accordance with the Ley Forestal, Ley N°7575 of February 13, 1996, and its amendments. It was proven that as a result of the actions carried out by the Área de Conservación Pacífico Central and the IGN, the delimitation of the mangroves located in central Quepos was performed, which included the sectors of El Cocal, Boca Vieja, and Damas—all supported by the following technical reports: 1) Informe DIG-TOT-INF-001-2023 dated January 9, 2023, and SINACACOPAC-IRT-PNE-098-2022 dated December 20, 2022, issued by the Instituto Geográfico Nacional and the Área de Conservación Pacífico Central. 2) Informe DIG-TOT-INF-104-2023 and SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 dated May 19, 2023, prepared by the Instituto Geográfico Nacional and the Área de Conservación Pacífico Central. 3) Informe SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 dated December 21, 2023, from the Área de Conservación Pacífico Central, and DIG-GDF-0229-2024 Informe de Revisión Técnica for the publication of the delimitation of the public zone of the Zona Marítimo Terrestre corresponding to the Estuary-Mangrove of the sector between Rio Paquita and Rio Damas dated June 12, 2024—and that the delimitations were officially published in the Diario Oficial La Gaceta, as follows: 1) Aviso N°003-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar Boca Vieja, en El Cocal, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; published in the Diario Oficial La Gaceta N°32 on Tuesday, February 21, 2023. 2) Aviso N°009-2023 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar en el Sector Central de Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; published in the Diario Oficial La Gaceta N°181 on Tuesday, October 3, 2023. 3) Aviso N°007-2024 Zona Marítima Terrestre Delimitación de un sector de zona pública correspondiente al Estero - Manglar entre Río Paquita y Río Damas, distrito 01º Quepos, cantón 06º Quepos, provincia 06º Puntarenas; published in the Diario Oficial La Gaceta N°205 on Friday, November 1, 2024. Based on the foregoing, it is possible to conclude:\n\nThat the sector called Playa El Cocal de Quepos is unequivocally within the regime of the Zona Marítimo Terrestre.\n\nThat the cartographic delimitation published in La Gaceta N° 32 of February 21, 2023, did not imply an expansion of the urban limits of Quepos, but rather the strict compliance with a judicial order to specify the boundaries of the Boca Vieja mangrove ecosystem.\n\nThat in order to include the lands of El Cocal in the regulatory plan (plan regulador), the formulation of a coastal regulatory plan (plan regulador costero) is required, supported by rigorous environmental studies, environmental fragility indices (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAS), impact assessments, and certifications of the natural heritage.\n\nThat ordinary waste collection is not provided directly on the site due to the difficulty of access; however, in the sector known as \"Montecillos,\" located at what is called the embarkation point to El Cocal, the Municipality built a community waste deposit that is used by all the residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site).\n\nThat the waste is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning, and from there transported to the Solid Waste Transfer Center located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Landfill located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas.\n\nThat on December 22, 2025, the Ministry of Health carried out an inspection of the waste storage site used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal and indicated that \"The solid waste collection center is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and lacks a door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, leachate is observed flowing from the collection center towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.\"\n\nThe petitioner claims that to date, the orders issued in judgment number 2021002741 of nine hours fifteen minutes on February twelfth, two thousand twenty-one, have not been complied with, and adds that there is a need for the El Cocal community \"to be legally integrated into an existing coastal urban regulatory plan\" and thus improve the quality of life of the residents as well as the sanitary sewage system. He adds that the new georeferences of the El Cocal maritime zone were published in La Gaceta despite not notifying the Municipality. He therefore requests that the incorporation of the El Cocal neighborhood into the urban regulatory plan be ordered, the execution of basic sanitation works, optimal access, and garbage collection, to delimit the Zona Marítimo Terrestre in accordance with Ley 6043; as well as to guarantee citizen participation in the planning and execution process. The municipal authorities acknowledge that \"there is a need for a coastal regulatory plan in the Playa El Cocal sector, both to regularize the situation of the families residing in said territory and to ensure the environmental protection of the coastal strip,\" however, \"as long as the inconsistencies derived from the Boca Vieja estuary-mangrove delimitation published in 2023 persist, there is an impediment to initiating the planning process\" and that \"in the sector known as 'Montecillos,' located at what is called the embarkation point to El Cocal, the Municipality built a community waste deposit that is used by all the residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site)\"—waste that they affirm is collected every day from Monday to Sunday. On the other hand, the Ministry of Health affirms that on January 30, 2025, the Ministry of Health participated in a working group convened by the municipality of Quepos, attended by personnel from ICE, AyA, ACOPAC, and ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal), and an agreement was generated to convene a second working group on February 20, 2025, and a third for March 20, 2025—however, for reasons unknown to this Ministry, the last two did not take place. It affirmed that \"The solid waste collection center is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and lacks a door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, leachate is observed flowing from the collection center towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.\" Finally, the authorities of the Instituto Geográfico Nacional indicated that as a result of the actions carried out by the Área de Conservación Pacífico Central and the IGN, the delimitation of the mangroves located in central Quepos was performed, which included the sectors of El Cocal, Boca Vieja, and Damas.\n\nThus, the appeal is only admissible regarding the management of solid waste by the respondent local government. While it is true that in the judgment cited by the petitioner, this Chamber declared the appeal without merit regarding that point, it is also true that at that time it was not proven that there was an omission or insufficient action in the disposal of solid waste collected in the community. However, in the case at hand, the municipal authorities affirmed that a protocol exists and is implemented for the collection of solid waste in the El Cocal community, which is maintained with the same effectiveness as always by the Municipality; nonetheless, in the inspection carried out by the authorities of the Ministry of Health on December 22, 2025—an inspection required as evidence for a better resolution by resolution of fifteen hours twenty-five minutes on December sixteenth, two thousand twenty-five—it was demonstrated that \"the site is a temporary solid waste storage place used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal to transport and deposit their waste for later collection by the collection truck. The solid waste collection center is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and lacks a door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, leachate is observed flowing from the collection center towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.\" Based on the foregoing, it is evident that the current state of the temporary solid waste storage space for the residents of El Cocal does not meet minimum sanitary conditions. On repeated occasions, this Constitutional Court has referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to their efficient provision, which implies that regardless of the type of service, they must be provided with high-quality standards, this having as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently. Furthermore, it is necessary to emphasize that the Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Court has indicated that said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including the solid waste collection service (see in a similar sense Judgments N° 2023-19610 of 9:30 hours on August 11, 2023, and N° 2019-005623 of 09:45 hours on March 29, 2019). Thus, the appropriate course is to declare the appeal with merit regarding this point, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.\n\nV.- Now, regarding the non-compliance with the orders issued in judgment number 2021002741 of nine hours fifteen minutes on February twelfth, two thousand twenty-one, the filing brief must be separated so that the alleged non-compliance with the cited judgment can be analyzed, and it must be referred to case file number 20-021786-0007-CO. (…)”\n\n\n... See more\nRelated Judgments\nContent of Interest:\n\nContent type: Separate note\n\nBranch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTopic: AMBIENTE\n\nSubtopics:\n\nBASURA.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider that in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50, of the Constitución Política), as occurs in this case, in which the petitioner accuses the omission, by the Municipality of Quepos, in carrying out adequate collection and disposal of solid waste, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the petitioners, but which has not been definitively resolved.\n\nVCG03/2026\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*CO*\n\nExp: 25-025088-0007-CO\n\nRes. Nº 2026007073\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on February twenty-seventh, two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal filed by THOMAS KERRY BAILEY BAILEY, identity card [Value 007], on behalf of [Name 001], [Name 002], identity card [Value 001], [Name 003], identity card [Value 002], [Name 004], identity card [Value 003], [Name 005], identity card [Value 004], [Name 006], identity card [Value 005] and [Name 007], identity card [Value 006], against EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, EL MINISTRO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).\n\nResultando:\n\n1.- By brief filed with the Secretariat of this Chamber at 10:46 hours on August 21, 2025, the petitioner files an amparo appeal against EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, EL MINISTRO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). He states that they are residents of the El Cocal neighborhood, located in Quepos, Puntarenas. They affirm that by judgment No. 2021-2741 issued at 9:15 hours on February 12, 2021, in case file No. 20-021786-0007-CO, this Chamber partially granted said amparo appeal filed by members of their community and ordered the respondent authorities to adopt concrete measures to guarantee their rights. Specifically, it was ordered: \"(...) The appeal is declared partially with merit. Consequently: 1) Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Oficina Subregional Aguirre Parrita of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, is ordered, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, to forward the complaint filed before them on September 22, 2020, to the Ministry of Health. 2) Also, Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor, and Kenneth Mauricio Pérez Vargas, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Quepos, are ordered, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, to formally respond to the complaint filed before them on September 21, 2020. 3) Additionally, Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Oficina Subregional Aguirre Parrita of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación; and Marta Aguilar Varela, in her capacity as Acting Director of the Instituto Geográfico Nacional, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to jointly and in coordination carry out the corresponding actions so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, they delimit the mangrove ecosystem of the Quepos area. 4) Likewise, Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor, Kenneth Mauricio Pérez Vargas, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Quepos; the Head of the Oficina Subregional Aguirre Parrita of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to jointly and in coordination, including with other competent institutions, IMMEDIATELY adopt the necessary measures to mitigate and prevent the pollution generated by the wastewater from the El Cocal settlement. 5) Likewise, the respondent authorities are ordered, within a maximum period of SIX MONTHS from the notification of this judgment, to define the legal nature and the applicable regulatory regime for the territory where the settlement is located. 6) That once the legal situation and the applicable regime of the territory in question have been defined, within a maximum period of TWENTY-FOUR MONTHS counted from the notification of this judgment, the respondent authorities must, according to their respective competencies, provide a definitive solution to the wastewater pollution problem generated in the El Cocal settlement area, which affects the environment. Regarding the claims concerning solid waste pollution and the construction of a sewage system or waste treatment plant for the El Cocal settlement, the appeal is declared without merit. The respondent authorities are warned that failure to comply with said orders will result in the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The State, the Municipality of Quepos, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the Registro Nacional are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Garro Vargas partially dissents, regarding the execution of this judgment, concerning orders 3), 4), 5), and 6) and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures for this ruling. Notify. (...)\". As of the date of filing the appeal, the foregoing had not been complied with, and therefore the conditions denounced therein persist, which motivates the filing of a new amparo appeal due to institutional omission. They maintain that constitutional jurisprudence has established that administrative omission can constitute a violation of fundamental rights, especially when it affects the environment, health, and citizen participation. In that sense, this Chamber has reiterated that the State has the obligation to guarantee minimum conditions of habitability and access to basic services for all communities, including the creation of a sanitary sewage system and water treatment through a greywater treatment plant. They argue that the community of the El Cocal neighborhood, composed of approximately 3,000 people, has been historically excluded from urban planning, environmental sanitation, and territorial recognition processes, despite having documentary, legal, and technical support that accredits its formal existence as a neighborhood and its inclusion within the city of Quepos in electoral processes, but not in social development processes. They indicate that they have responsibly addressed the competent authority, urging compliance with the constitutional orders. On repeated occasions, they have submitted official letters with the initiative to promote the action of the corresponding authorities to initiate a planning proposal. The local Government of Quepos, in its response briefs, has evidenced confusion in the practical sense of complying with the ruling and starting work on a territorial ordering plan for the El Cocal neighborhood community, which they consider a severe impact, both due to ignorance of the ruling and the excuses set forth in the official responses. They affirm that the community longs to be taken into account in the current regulatory plan of Quepos but has been discriminated against by the actions of local governments, which have not included it in said plan. Currently, they take advantage of the low educational level of the population to convince some with laws and technical criteria that the community does not understand. They maintain that the exclusion of the community from the updates of the urban regulatory plan responds to tacit interests of sectors interested in the beaches of this part of El Cocal, and that the community does not wish to be part of a regulatory plan with a tourism levy, as they cannot afford it as humble residents. They state that the legal integration of the community into an existing coastal urban regulatory plan would allow them to achieve optimal well-being as citizens recognized in their fundamental rights, such as a dignified life, the right to health, the right to be taken into account in citizen participation, and access to community development projects. They report that the documentation provided to the Municipality of Quepos has not generated active and decisive action to comply with the constitutional ruling and improve people's quality of life. Works such as the sanitary sewage system cannot be realized due to the existing illegality, which coexists with the ineffectiveness of government actions in Quepos. Furthermore, they clarify that they have been surprised by the publication in La Gaceta of the new georeferences from the IGN, in compliance with the delimitation ordered by the ruling. However, to date, nothing has been resolved. This fact was confirmed in the ATM department of the Municipality of Quepos, whose officials were not taken into account for said delimitations, despite the ruling ordering inter-institutional action. They reiterate that the account of facts and documents provided to resolve a territorial management plan, as well as the responses received, have only resulted in technical and dilatory argumentation, without achieving any progress in resolving the human-environmental, social-economic, and territorial-legal conflict. They consider that the foregoing violates their fundamental rights. They request that the appeal be declared with merit and, if the appeal is granted, that the Casa Presidencial assume its role within the Government Commission, in accordance with Ley Nro. 9024, exercising Article 3, which authorizes the Poder Ejecutivo, through the Ministerio de Gobernación y Policía, to make declarations of coastal urban zones by executive decree.\n\n2.- By resolution of 10:16 hours on September 16, 2025, this amparo was processed and a report was requested from the DIRECTOR OF THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, THE MINISTER OF HEALTH, THE MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF QUEPOS, AND THE HEAD OF THE OFICINA SUBREGIONAL OF QUEPOS AND PARRITA OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC) OF SINAC (see electronic record).\n\n3.- Patricia Bolaños Murillo reports under oath, in my capacity as Mayoress of the Municipality of Quepos (see electronic record) in the following terms: \"the sector called Playa El Cocal de Quepos is unequivocally within the regime of the Zona Marítimo Terrestre, a legal condition repeatedly recognized by the Instituto Geográfico Nacional (IGN), the Procuraduría General de la República (PGR), the Contraloría General de la República (CGR), and, on multiple occasions, by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. The cartographic delimitation published in La Gaceta N° 32 of February 21, 2023, did not imply an expansion of the urban limits of Quepos, but rather the strict compliance with a judicial order to specify the boundaries of the Boca Vieja mangrove ecosystem. In this context, any initiative aimed at titling lands in El Cocal or incorporating it without further ado into the city's urban regulatory plan is legally inadmissible, as it collides with the regime of public domain property, the principle of constitutional supremacy, and the State's duty to protect the environment. The only legally admissible path is the formulation of a coastal regulatory plan, supported by rigorous environmental studies—environmental fragility indices (IFAS), impact assessments, and natural heritage certifications—within the framework of Ley N* 6043, its regulation, and Ley NP? 9221, which first requires clarifying the inconsistencies detected in the official delimitation. The Municipality of Quepos has demonstrated concrete and verifiable actions for the well-being of the community: it has guaranteed citizen participation through special commissions; it has managed inter-institutional coordination with ICE, MEP, SINAC, and IGN; it has promoted the protection of educational infrastructure; and it has declared the road access to the community of cantonal interest. However, the full regularization of the territorial and urban situation depends on the technical and legal resolution of the delimitation conflict, the attention of which is underway. It is clear that the Municipality recognizes the social reality of the inhabitants residing in Playa El Cocal and who require comprehensive solutions for sanitation, infrastructure, and security. However, said solutions must be framed within respect for the constitutional regime of public domain property and environmental regulations. Only in this way can a balance be achieved between the people's right to a dignified life and the State's duty to protect the natural heritage of all Costa Ricans. By virtue of the foregoing, there is a commitment from this Municipality to continue managing and coordinating with the competent instances the necessary measures to guarantee conditions of habitability, access, and basic services for Playa El Cocal, within the current legal parameters. At the same time, it is reaffirmed that any decision on its incorporation into territorial ordering processes will only be viable within the framework of a legally supported, technically and environmentally validated coastal regulatory plan, which harmonizes environmental protection with respect for the fundamental rights of the people residing there.\" They request that the appeal be declared without merit.\n\n4.- GILBERT CRUZ JIMÉNEZ reports under oath, in his capacity as president of the Municipal Council of Quepos (see electronic record) in the following terms: \"I. REGARDING WHAT THE MUNICIPAL COUNCIL IS RESPONSIBLE FOR: FIRST: That this report is structured based on the response presented by the Municipal Administration (Official Letter MQ-AJ-ALC-141-2025), complemented by the facts and actions that fall within the Council's knowledge.\n\nSECOND: That the Municipal Council, in exercise of its regulatory and oversight powers, has considered the El Cocal matter on repeated occasions, adopting agreements in ordinary and extraordinary sessions, among which the following stand out: a) In Ordinary Session No. 289-2023, held on November 14, 2023, the Municipal Council considered the Opinion of the Special Commission on the Maritime-Terrestrial Zone, which analyzed the application of Law No. 6043 and the official delimitation of the mangrove in El Cocal (Official Letter MQ-CM-1644-23-2020-2024). b) In Ordinary Session No. 024-2024, dated August 21, 2024, the Municipal Council considered the submission of Mr. Thomas Bailey and agreed to continue the efforts regarding the Socioeconomic Development Plan for El Cocal (Official Letter MQCM-468-24-2024-2028). c) In Ordinary Session No. 030-2024, held on September 10, 2024, and ratified in O.S. No. 031-2024, the Council considered Official Letter MQ-UZMT-327-2024, regarding road infrastructure, electricity, and the delimitation of El Cocal. It was agreed to forward the recommendations to the Administration and coordinate with MINAE-SINAC and ICE for a sustainable solution (Official Letter MQ-CM-606-24-2024-2028). d) In Ordinary Session No. 060-2025, held on February 12, 2025, the Council agreed to convene Inter-institutional Working Groups with the participation of SINAC-ACOPAC, IGN, the Ministry of Health, AyA, ICE, and municipal departments, which were held on February 20 and March 20, 2025 (Official Letter MQ-CM-171-25-2024-2028). e) In Ordinary Session No. 069-2025, held on March 19, 2025, and ratified in O.S. No. 071-2025, it was agreed to forward to the Municipal Administration the obligation to report on all actions related to the delimitation of El Cocal (Official Letter MQ-CM-318-25-2024-2028). f) In Ordinary Session No. 075-2025, dated April 1, 2025, and ratified in O.S. No. 077-2025, the Council considered Official Letter DIG-GDF-111-2025 from the National Geographic Institute, which certifies that the delimitation of the mangrove in El Cocal was carried out in coordination with SINAC and was published in La Gaceta. This official letter was incorporated into the municipal file (Official Letter MQ-CM-416-25-2024-2028). g) In Extraordinary Session No. 088-2025, held on May 28, 2025, and ratified in O.S. No. 089-2025, the Council considered Opinion MQ-CMAJ-036-2025 of the Permanent Commission on Legal Affairs, regarding submissions filed in the constitutional case file, in which the SINAC–IGN coordination was confirmed and the regulatory scope of the ZMT (Maritime-Terrestrial Zone) was analyzed (Official Letter MQ-CM769-25-2024-2028). h) Finally, in Ordinary Session No. 092-2025, held on June 17, 2025, and ratified in O.S. No. 096-2025, it was agreed to reiterate the criteria issued by the ZMT Unit and order the integration of all agreements related to the delimitation of El Cocal to ensure traceability (Official Letter MQ-CM-915-25-2024-2028). II-ON THE GROUNDS OF THE APPEAL: The appellant alleges, in relevant part: A-. That the Municipality has failed to comply with the ruling of Constitutional Chamber Decision No. 2021-2741 B.-That they have been excluded from the updates to the urban regulatory plan. C.-That the community does not want to be part of a regulatory plan with a tourism levy. D- That the Municipality has not taken active and decisive action to comply with the ruling of the Constitutional Chamber. The recurso de amparo (amparo appeal) denounces alleged municipal omissions that would affect: • The right to a healthy environment. • The right to health. • The right of access to the Maritime-Terrestrial Zone. The claims focus on the non-observance of Constitutional Decision No. 202100274, the lack of wastewater sanitation measures, access to the mangrove, and the legal definition of El Cocal. III-CONSIDERATION OF THE APPEAL: ACTIONS OF THE MUNICIPAL MAYOR'S OFFICE The Municipal Administration, through Official Letter MQ-AJ-ALC-141-2025, detailed the efforts undertaken, which are summarized as follows: 1. SINAC–IGN Delimitation: The Administration incorporated into the municipal file the official delimitation published in La Gaceta in 2023, confirmed in Official Letter DIGGDF-111-2025 of the IGN. 2. Access and Electrification: Coordinations were carried out with ICE and the Road Management Unit to conduct assessments and propose environmentally sustainable engineering solutions. 3. El Cocal School: Coordinated with the MEP for land-use management (gestión de uso de suelo) and procedures related to the construction of the educational center. 4. Wastewater: Immediate actions were coordinated with AyA and the Ministry of Health for mitigation assessments, and the planning of a definitive solution within 24 months was integrated into the working groups. 5. Community Participation: Representatives from El Cocal were integrated into special commissions and technical groups. ACTIONS OF THE MUNICIPAL COUNCIL The Council has provided follow-up through agreements, opinions, and political oversight, highlighting: • Consideration of the technical reports from the IGN and SINAC. • Convening of inter-institutional groups. • Specialized opinions from its commissions. • Follow-up on the execution of Decision 202100274, with referral to the Administration for its compliance. All these mentioned follow-up actions can be verified in each of the points mentioned in the first section of this report. The Municipal Council and the Municipal Mayor's Office have fulfilled their constitutional and legal obligations, each within their distinct powers. The former in its regulatory and oversight capacity, and the latter in its executive and administrative capacity.\" Requests that the appeal be dismissed.\n\n5.- Mary Denisse Munive Angermüller, known as Mery Denisse Munive Angermüller, in her capacity as Minister of Health, reports under oath (see electronic record) in the following terms: \"The undersigned addresses this recurso de amparo, based on Report No. MS-DRRSPCDARSQ-0282-2025, dated September 18, 2025, issued by Dr. José Luis Miranda Cajina, Director of the Quepos Health Area Directorate, which is the Health Area Directorate corresponding to the facts alleged by the appellant herein, which reports in summary the following: '(…) 1. The Quepos Health Area Directorate has been willing to participate in inter-institutional coordination to address the El Cocal problem. On January 30, 2025, we participated in a working group convened by the Municipality of Quepos, attended by personnel from ICE, AyA, ACOPAC, and ADEBACO (El Cocal Neighborhood Development Association), and an agreement was made to convene a second working group on February 20, 2025, and a third for March 20, 2025; however, for reasons unknown to this Ministry, the last two did not take place. 2. This Health Area Directorate has not been informed by the other institutions as to whether the requested delimitations were carried out and whether any consequent action has been taken. This situation keeps us in a legal limbo, as we do not know who the legal representative of the territory is for notifying administrative acts.' CONCLUSION From the foregoing, it is determined that the actions of the authorities of the Ministry of Health are entirely in accordance with the current legal system, given that all corresponding efforts within this Ministry's competence have been made to participate in coordination with the other involved institutions, which actually have the competence to solve the problem alluded to by the appellant herein. However, as stated, after the first meeting convened on January 30, 2025, in which this Ministry participated, it has not been possible to meet with said institutions, since in the second instance there was a call for February 20, 2025, and another for March 20, 2025, but for reasons beyond this Ministry's control, they did not take place. Thus, we consider that this Ministry has not disobeyed the order of the Honorable Constitutional Chamber, issued through Resolution No. 2021-2741 of 9:15 a.m. on February 12, 2021, since we have been at all times willing to collaborate in whatever the other institutions require to solve the problems presented in that locality. However, it is beyond our competence and jurisdiction to execute acts individually, as it is the Municipality of Quepos and the National System of Conservation Areas that hold the authority and competence to act on this matter in said locality.\" Requests that the appeal be dismissed.\n\n6.- Álvaro Antonio Álvarez Calderón, in his capacity as Director of the National Geographic Institute (IGN) of the National Registry, reports under oath (see electronic record) in the following terms: \"1) On the nature of the appeal filed Before addressing the facts subject to this recurso de amparo, it is necessary to point out that in the present matter, no violation of the appellant's constitutional rights is observed, but rather a disagreement by the appellant regarding the content of the administrative acts under analysis. Therefore, these alleged disagreements set forth in the appeal before us should be resolved in the contentious-administrative jurisdiction, since, in accordance with Articles 49 of the Political Constitution and 1 and 2 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, that would be the appropriate avenue to resolve legality conflicts regarding alleged disagreements by the citizen in relation to the Administration's actions. Consequently, and pursuant to the cited regulations, the contentious-administrative jurisdiction will seek to protect the subjective rights and legitimate interests of citizens; safeguarding the legal situations of all persons by guaranteeing and/or restoring the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative Law, and must hear and resolve the various aspects of the legal-administrative relationship in those matters subject to its competence; therefore, the present matter does not belong to the constitutional sphere. 2) On the facts and grievances set forth in the recurso de amparo Mr. Bailey Bailey, in his appeal brief, makes several statements, which, for the sake of order, will be answered according to the alleged main theme alluded to, proceeding as follows: A. Alleged non-compliance with the ruling of the Constitutional Chamber in Case File No. 20-021786-0007-CO The appellant states that, although the Constitutional Chamber has issued rulings recognizing the vulnerable situation of El Cocal Neighborhood, in particular the ruling in Case File 20-021786-0007-CO, through which it 'orders various institutions including SINAC, IGN, the Ministry of Health, and the Municipality of Quepos to take concrete measures to guarantee the community's rights. However, the non-compliance with these constitutional orders, which persist to date in the denounced conditions, justifies the filing of a new recurso de amparo for institutional omission.' (Verbatim copy of the original.) He further alleges that administrative omission can constitute a violation of fundamental rights, especially when it affects the environment, health, and the effective consideration of citizen participation; and that the State has the obligation to guarantee minimum habitability conditions and access to basic services for all communities, without discrimination, among which is the creation of a sanitary sewer system and the treatment of water through a blackwater treatment plant. With respect to what is argued by Mr. Bailey Bailey, it is necessary to point out that the appellant is not clear regarding the alleged non-compliance with the constitutional orders emanating from Resolution No. 02741-2021 of 9:15 a.m. on February 12, 2021, issued by the Constitutional Chamber within Case File No. 20-021786-0007-CO; for although it is true that said ruling obligates different institutions to carry out specific actions regarding the matters heard at the time in the cited case file, the appellant does not individualize the alleged omissions by each involved entity, nor is he specific in indicating the alleged non-compliance of the IGN with what was ordered by the Honorable Constitutional Chamber. Thus, the alleged violation of fundamental rights is subject to the mere claim of the appellant without there being elements that individualize such conduct or clarity in the alleged affectations alluded to, as they evoke the State's obligation to guarantee minimum habitability conditions and access to basic services, while these matters are not the competence of the IGN. Due to this, it is insisted, an alleged non-compliance on the part of this entity could not be indicated, as there is no certainty of the alleged affectations to fundamental rights in light of the powers entrusted by the legal system to the IGN. B. Lack of inclusion by the Municipality of Quepos of El Cocal Neighborhood in urban planning processes and the regulatory plan In his appeal argument, Mr. Bailey Bailey alludes to the lack of inclusion by the Municipality of Quepos of El Cocal Neighborhood in the urban planning process and regarding the regulatory plan, despite official letters sent to that Municipality with the intention of, among other actions, beginning the work on land-use planning for the community of El Cocal Neighborhood. He also alludes that, despite the 'documentation submitted to the municipality, they have not managed to exert sufficient pressure to achieve active and decisive action regarding the facts of the constitutional ruling and thus improve the quality of life of the people. Works such as the sanitary sewer system cannot become a reality due to the existing illegality, but this circumstance coexists due to the inaction that has existed during many government administrations in Quepos.' (Verbatim copy of the original.) It must be considered that the statements alluded to by the appellant are beyond the powers granted by the legal system to the IGN; therefore, any pronouncement on the matter is omitted. However, it is necessary to clarify that, although it is true that the Law on the Creation and Organization of the National Geographic Institute, Law No. 59 of July 4, 1944, and its reforms, in the final part of Article 1, alludes to 'support in planning processes,' said support task is carried out based on the development of national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical, and similar nature related to such works, in order to support planning processes; without the IGN having the power of command in decision-making related to those processes, given that the regulations themselves have delegated matters regarding urban planning and regulatory plans to other entities, according to the ordinances of the Urban Planning Law, Law No. 4240 of November 15, 1968, and its reforms. C. Delimitation of the Maritime-Terrestrial Zone without participation of the Municipality of Quepos Regarding this section, Mr. Bailey Bailey states: 'I clarify that we have been astonished that the IGN presented and published in the gazette the new georeferences in accordance with the action for the delimitations ordered by the ruling, but even so, what is still seen to date is that nothing was resolved. This fact can be verified in the ZMT department of the Municipality of Quepos; the officials of said department were never taken into account for those delimitations of the ZMT of El Cocal neighborhood, they say in the municipality. A strange thing, given that the ruling calls them to work in an inter-institutional commission.' (Verbatim copy of the original.) On this point, it is appropriate to note that Resolution No. 02741-2021 of 9:15 a.m. on February 12, 2021, issued by the Constitutional Chamber within Case File No. 20-021786-0007-CO, ordered in point 3 of the Operative Part: '3) Additionally, Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, and Marta Aguilar Varela, in her capacity as Acting Director of the National Geographic Institute, or whoever holds these positions in their stead, are ordered to jointly and coordinately carry out the corresponding actions so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this ruling, they delimit the mangrove ecosystem of the Quepos area.' (Emphasis supplied.) The above-cited resolution is clear in establishing that the pertinent actions for the delimitation of the mangrove ecosystem of the Quepos area are the responsibility of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas and the National Geographic Institute, and not of the Municipality of Quepos. That is, the delimitation was carried out by the competent entities pursuant to the provisions of the legal system, without the municipal entity needing to intervene in said task. Having clarified the above, and under that premise, among the powers of the IGN is the demarcation of the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), in accordance with the provisions of the Maritime-Terrestrial Zone Law, Law No. 6043 of March 2, 1977, and its reforms; Executive Decree No. 7841-P Regulation to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone of December 16, 1977, and its reforms; and Decree No. 36642-MP-MOPT-MINAET Regulation of Specifications for the Delimitation of the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone of June 28, 2011. Hence, the provision of Article 10 of the Maritime-Terrestrial Zone Law is of interest, which establishes which zones comprise the Maritime-Terrestrial Zone, namely: 'Article 10.- The maritime-terrestrial zone is composed of two sections: the PUBLIC ZONE, which is the strip fifty meters wide measured from the ordinary high tide line, and the areas that are uncovered during low tide; and the RESTRICTED ZONE, consisting of the remaining one hundred fifty-meter strip, or the remaining lands in the case of islands. The islets, rocks, and other small areas and natural formations that protrude from the sea correspond to the public zone.' Meanwhile, Article 11 of that same law defines the scope of the public zone: 'Article 11.- The public zone is also, regardless of its extent, that occupied by all the mangroves of the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory.' For its part, Article 4 of Executive Decree No. 7841-P establishes where the restricted zone begins: 'Article 4.- Pursuant to Decree No. 7210-A of July 19, 1977, the mangroves or salt forests that exist on the continental or insular coastlines and estuaries of the national territory, and which form part of the public zone in the maritime-terrestrial zone, constitute a Forest Reserve and are subject to the Ley Forestal (Forestry Law) and all the provisions of that decree. Starting from the vegetation line at the edge of the estuaries and the limit of the mangroves or salt forests when these extend more than 50 meters from the ordinary high tide line, the restricted zone begins.' However, this task is not exclusive to the IGN, because when areas belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) are involved in that delimitation, the task of delimiting the pertinent boundaries corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), in accordance with the Forestry Law, Law No. 7575 of February 13, 1996, and its reforms; Executive Decree No. 36786-MINAET Manual for the classification of lands dedicated to the conservation of natural resources within the Maritime-Terrestrial Zone in Costa Rica of August 12, 2011; and Executive Decree No. 42760-MINAE Technical criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems of March 7, 2022. Article 16 of the Forestry Law states: 'Article 16.- Boundaries. The Ministry of Environment and Energy shall delimit, on the ground, the boundaries of the areas that constitute the natural heritage of the State. The boundary demarcation procedure shall be set forth in the regulation of this law.' Executive Decree No. 36786-MINAET Manual for the classification of lands dedicated to the conservation of natural resources within the Maritime-Terrestrial Zone in Costa Rica of August 12, 2011, establishes among its objectives: 'Identify within the Maritime-Terrestrial Zone those lands that classify as forests, of forest aptitude (Class VII and VIII soils), wetlands (mangroves, estuaries, rías, salt marshes, coastal lagoons, swamps, flooded forests, salt flats), in order to certify them and incorporate them as part of the Natural Heritage of the State (PNE).' In addition, under point III.- Powers for delimitation and certification of Executive Decree No. 36786-MINAET, it establishes that: 'III.-Powers for delimitation and certification. The classification of lands within the ZMT shall correspond to the Conservation Areas (Áreas de Conservación, AC) of the National System of Conservation Areas (SINAC) and to private professionals duly accredited by the respective Professional Associations to classify forests, lands of forest aptitude (Class VII and VIII soils), (mangroves, estuaries, rías, salt marshes, coastal lagoons, swamps, flooded forests, salt flats), and wetlands. The validity of the classification documents issued by private professionals shall be subject to approval issued by the AC that corresponds by territorial competence. The ACs of SINAC with jurisdiction in the ZMT shall also be responsible for the verification, oversight, boundary demarcation (deslinde), and certification of lands of the Natural Heritage of the State and protection zones. The location and delimitation of the areas of the Natural Heritage of the State within the Maritime-Terrestrial Zone must be carried out as part of the approval process of the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero, PRC), defined by Law 6043, since the Coastal Regulatory Plan is the land-use planning instrument that defines and locates all the zones to be granted in concession within the ZMT and for the classification thereof at the cadastral plan level. Therefore, the Coastal Regulatory Plan must clearly and expressly indicate the PNE areas so as not to count them in the total area to be granted in concession.' Executive Decree No. 42760-MINAE Technical criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems of March 7, 2022, establishes in its Article 14 the considerations for verifying in the field the existence of mangroves and thus proceeding with the pertinent delimitation, namely: 'Article 14.- Complementary technical considerations for mangroves. The respective Conservation Area, together with the National Geographic Institute, must verify in the field the existence of mangrove and proceed to its delimitation, in accordance with the competence of each institution as indicated by the legal system. For the identification of a mangrove, the presence of trees of any of the species indicated in Annex I of this decree shall be taken as a parameter; likewise, the existing estuaries and channels are included within these ecosystems. The limit is established up to where the vegetation associated with this ecosystem extends, in accordance with Annex II of this decree. In addition to the above, the provisions of Annex III of this decree, entitled \"List of flora by wetland type according to the landscape classification of Estuarine Wetlands and Salt-Flooded Forests (mangroves)\", must be considered. The mangrove delimitation process must necessarily include areas that are deteriorated or in the process of recovery. Furthermore, within the scope of its competence, the respective Conservation Area must execute the necessary measures to promote said recovery.' Therefore, once the delimitation is carried out by the competent entities, namely MINAE and the IGN, the officialization of the public zone of the maritime-terrestrial zone proceeds through publication in the Official Gazette La Gaceta, in accordance with numeral 63 of Executive Decree No. 7841-P: 'Article 63.- The National Geographic Institute must publish a notice in the Official Gazette for each portion of the maritime-terrestrial zone in which it has demarcated the public zone. The General Directorate of Cadastre shall not register any plan that does not bear the approval of the National Geographic Institute regarding the delimitation of the public zone.' As a result of the actions carried out by the Central Pacific Conservation Area and the IGN, the delimitation of the mangroves located in downtown Quepos was performed, which included the sectors of El Cocal, Boca Vieja, and Damas, all in accordance with the powers established by law, supported by the following technical reports: 1) Report DIG-TOT-INF-001-2023 dated January 9, 2023, and SINACACOPAC- IRT-PNE-098-2022 dated December 20, 2022, issued by the National Geographic Institute and the Central Pacific Conservation Area. 2) Report DIG-TOT-INF-104-2023 and SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 dated May 19, 2023, prepared by the National Geographic Institute and the Central Pacific Conservation Area. 3) Report SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 dated December 21, 2023, from the Central Pacific Conservation Area, and DIG-GDF-0229-2024 Technical Review Report for the publication of the delimitation of the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone corresponding to the Estuary-Mangrove of the sector between Rio Paquita and Rio Damas of June 12, 2024. Finally, said delimitations were officialized in the Official Gazette La Gaceta, as follows: 1) Notice No. 003-2023 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of public zone corresponding to the Estuary - Mangrove Boca Vieja, in El Cocal, district 01 Quepos, canton 06 Quepos, province 06 Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta No. 32 of Tuesday, February 21, 2023. 2) Notice No. 009-2023 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of public zone corresponding to the Estuary - Mangrove in the Central Sector of Quepos, Sector 2 \"Los Alfaro\", Sector 3 \"Junta Naranjo\", Sector 4 \"Cementerio\", district 01 Quepos, canton 06 Quepos, province 06 Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta No. 181 of Tuesday, October 3, 2023. 3) Notice No. 007-2024 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of public zone corresponding to the Estuary - Mangrove between Río Paquita and Río Damas, district 01 Quepos, canton 06 Quepos, province 06 Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta No. 205 of Friday, November 1, 2024. In conclusion, and pursuant to the foregoing, the appellant's assertion lacks foundation, as the delimitation tasks were carried out jointly by the pertinent entities, and his claim regarding the alleged lack of joint inter-institutional work must be rejected, given that the Municipality of Quepos has no involvement whatsoever in the demarcation tasks performed by the Conservation Areas and the IGN, pursuant to what is mandated by the legal system. Likewise, Mr. Bailey Bailey is neither clear nor precise in indicating which management by the IGN is pending resolution. The appeal is not clear in this respect either, since the ordered delimitation has been carried out; which points to the conclusion that the appeal under consideration here must be dismissed concerning any alleged non-compliance by the IGN in relation to the ruling of the Constitutional Chamber in Resolution No. 02741-2021 of 9:15 a.m. on February 12, 2021, within Case File No. 20-021786-0007-CO. As a separate but no less important note, Mr. [Name 005] (who appears among the appellants according to the resolution of 10:16 a.m. on September 16, 2025, notified at 9:15 a.m. on September 18, 2025), was sent the requested information via official letter DIG-GDF-223-2025 dated July 3, 2025, namely the technical and scientific studies of the criteria on which they based the delimitation of the demanial areas in Quepos. In addition to attaching the reports requested in his submission, the powers of the IGN regarding delimitation and the eventual participation of MINAE when areas belonging to the Natural Heritage of the State (PNE) are involved were clarified. D. Request to the Presidential Office so that, as a member of CIZUL, by executive decree, it issues the declarations of coastal urban zones Mr. Bailey Bailey, on behalf of the residents of El Cocal Neighborhood, requests and recommends that the Presidential Office assume its role in the CIZUL Government Commission, exercising Article 3 of Law No. 9221, so that, by executive decree, it issues the declarations of coastal urban zones.\n\nIn this regard, may this Honorable Constitutional Chamber consider that the Framework Law for the declaration of urban coastal zones and their regime of land use and development, Law No. 9221 of March 27, 2014, and its amendments; through its Article 4 creates the Inter-institutional Commission for Urban Coastal Zones (Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales, CIZUL), as a technical body attached to the Ministry of Governance and Police, whose function shall be to determine the technical feasibility of the declaration of an urban coastal zone; whose governing board shall be composed of: “Article 4.- (…) The CIZUL shall have a Governing Board composed of: a) The Minister of Governance and Police or their representative, who shall preside over the Commission. b) The Minister of Environment and Energy or their representative. c) The Minister of National Planning and Economic Policy or their representative. d) The Executive President of the Costa Rican Tourism Institute or their representative. e) The General Director of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) or their representative. f) The Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) or their representative. g) The Executive President of the Institute for Municipal Development and Advisory (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal) or their representative. The representatives of the ministers, executive presidents, or directors must be officials of the agency under their charge and shall serve in an honorary capacity. (…)” (Emphasis supplied.) Under that understanding, the opinions issued by the CIZUL are not the exclusive competence of the Presidential House, but rather derive from the determination of the technical feasibility of the declaration of urban coastal zones, in accordance with the conditions established in Articles 5 and 6 of Law No. 9221; in concordance with the provisions of Executive Decree No. 44100-MGP-TUR-MINAE-MJP-PLAN-MIVAH, Regulation to the Framework Law for the Declaration of Urban Coastal Zones and their Regime of Land Use and Development (Reglamento a la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial) of May 24, 2023. 3) On the competencies of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN) Pursuant to Article 1 of the Law for the Creation and Organization of the National Geographic Institute, Law No. 59 of July 4, 1944, and its amendments, the IGN is a dependency of the National Registry, with the Administrative Board of the National Registry being responsible for administering the Institute's budget, and signing the contracts and agreements necessary for the exercise of its functions. Added to this, regarding what is or is not the competence of the IGN, it is necessary to consider the provisions of that same Article 1 of Law No. 59 which expressly provides that the IGN shall be: “(…) the scientific and technical body governing national cartography, intended for the execution of the official Basic Map and the basic Geographic Description of the Republic of Costa Rica and for the studies, investigations or labors and the development of national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical, and similar nature that are related to said works, in order to support planning processes”. (Emphasis supplied.) Likewise, that same regulatory body in its article 2 provides that the IGN shall be the official authority in the technical matters entrusted to its charge, namely: “Article 2.- The National Geographic Institute shall permanently constitute and represent the State, as the official authority in all matters relating to the aforementioned technical matters; it being understood that its authority extends to activities of any nature originating from the work entrusted to its charge or that are a consequence thereof.” (Emphasis supplied.) In accordance with the foregoing, the function of the IGN would be circumscribed, as the permanent official authority and representative of the State, to the development of national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical, and similar nature that are necessary to provide support for said works, in order to support planning processes. The foregoing is in accordance with the provisions of Article 59 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), Law No. 6227 of May 2, 1978, and its amendments, which provides that: “Article 59.- 1. Competence shall be regulated by law whenever it contains the attribution of powers of authority (potestades de imperio). 2. The internal distribution of competencies, as well as the creation of services without powers of authority, may be done by autonomous regulation, but the same shall be subordinate to any future law on the matter. 3. Relations between bodies may be regulated by autonomous regulation, which shall also be subordinate to any future law.” (Emphasis supplied.) Under this understanding, Law No. 59 is clear regarding the competencies of the IGN, and this regulatory body does not provide for any suitability or power of authority over urban planning processes or regulatory plans beyond support in said processes, support subject to the matters that are the object of its functions; given that the legal system has assigned the competence for these matters to other public entities. For its part, Executive Decree No. 44481-MJP, Regulation of the National Geographic Institute (Reglamento del Instituto Geográfico Nacional) of May 8, 2024, published in Alcance No. 111 to La Gaceta No. 107 of June 13, 2024; provided in its Article 7 the functions of the IGN, further detailing in Article 8 the competencies and obligations derived from each of the substantive matters of the IGN—cartography, geography, geodesy, and geophysics—none of which contemplate participation in urban planning processes or the promotion of regulatory plans.” It requests that the appeal be declared without merit.\n\n7.- Reports under oath Álvaro Conejo Arias in his capacity as Acting Regional Director of the PACIFIC CENTRAL CONSERVATION AREA (see electronic record) in the following terms: “With the purpose of responding to the Amparo Appeal, File 25-025088-0007-CO, resolution of ten hours sixteen minutes of September sixteen, two thousand twenty-five, the following is a chronology of actions taken by the Quepos Parrita Subregional Office, regarding Resolution No. 2021002741, of nine hours fifteen minutes of February twelve, two thousand twenty-one: Therefore, FIRST: Ingrid Campos Leiva, in her capacity as head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Pacific Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas, is ordered to, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, refer the complaint filed before them on September 22, 2020, to the Ministry of Health: FIRST That on March 10, 2021, by means of Official Letter SINACACOPAC-OSRAP-121-2021, the document titled \"Environmental complaint for contamination in El Cocal\" (Denuncia ambiental por contaminación en el Cocal) filed by Mrs. Kamila Marin and others before SINAC was transferred to Doctor José Luis Miranda Cajina, Director of the Ministry of Health of Quepos. SECOND That said document was received at the Ministry of Health at 10 hours and 24 minutes on March 10, 2021, and was assigned the consecutive number Q-AC-393-21. THIRD That on March 25, 2021, the Constitutional Chamber was notified, via electronic mail, of Official Letter SINACACOPAC-OSRAP-129-2021 indicating compliance with this point. Therefore, THIRD: Additionally, Ingrid Campos Leiva, in her capacity as head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Pacific Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas; and Marta Aguilar Varela, in her capacity as Acting Director of the National Geographic Institute, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to jointly and in a coordinated manner carry out the corresponding actions so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, they delimit the mangrove ecosystem of the Quepos area. FIRST In relation to this mandate, the director of the Pacific Central Conservation Area, by means of Official Letter SINAC-ACOPAC-D-608-2019, formed a technical commission for the classification of PNE in the Barrio El Cocal of Quepos; who have carried out a series of field inspections, sampling, information gathering with GPS and other technological equipment on site. SECOND That the mentioned Commission issued the report visible in Official Letter SINAC-ACOPAC-OSRO-0393-2020, which identifies possible hydromorphic soils associated with wetland ecosystems in El Cocal of Quepos, dated May 10, 2021; where a review of the existing demarcation on the site where the markers from M300 to M311 are currently located is recommended, since according to what is defined in the report they must be relocated. THIRD That on May 20, 2021, Official Letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-320-2021 and the field report on the Classification of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the El Cocal sector, SINACACOPAC-OSRO-393-2020, were sent via electronic mail to Messrs. Max A. Lobo Hernández, Director of the IGN, and Mr. Omar Sotelo Porras, Head of the Official Boundaries Subprocess of the IGN, communicating the results of the aforementioned report in order to jointly conclude the tasks of delimitation\n\nof the mangrove in the El Cocal sector, Quepos. FOURTH That on May 21, 2021, the Constitutional Chamber was notified via electronic mail of Official Letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-324-2021, regarding partial compliance with the THIRD THEREFORE. FIFTH That through the technical report Official Letter DIGTOT-INF-001-2023 dated January 9, 2023, and SINACACOPAC-RT-PNE-098-2022 dated December 20, 2022, generated by the Official Boundaries Subprocess of the Topographic and Territory Observation Department of the National Geographic Institute (IGN) and the Office of Programs, Information, and Territory Regulation, State Natural Heritage Program of the Pacific Central Conservation Area (ACOPAC), respectively, the digital delimitation of the Boca Vieja estuary/mangrove ecosystem was carried out. SIXTH That Notice No. 003-2023 “MARITIME TERRESTRIAL ZONE DELIMITATION OF A PUBLIC ZONE SECTOR CORRESPONDING TO THE BOCA VIEJA ESTUARY-MANGROVE, DISTRICT 01° QUEPOS, CANTON 06° QUEPOS, PROVINCE 06° PUNTARENAS” is published in the official newspaper La Gaceta No. 32 of Tuesday, February 21, 2023, which establishes. Article 5º—That the public zone of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) concerning the sector of the mangrove ecosystem verified and delimited by the Pacific Central Conservation Area corresponds to the following coordinates in the official cartographic projection system of Costa Rica CRTM05:\n\n| Vertex | X            | Y           |\n| --- | --- | --- |\n| 1     | 438,456.9265 | 1,044,979.2723 |\n| 2     | 438,444.0217 | 1,044,886.4307 |\n| 3     | 438,384.0585 | 1,044,849.0651 |\n| 4     | 438,478.9991 | 1,044,832.4940 |\n| 5     | 438,481.4004 | 1,044,788.8266 |\n| 6     | 438,384.0585 | 1,044,849.0651 |\n| 7     | 438,444.0217 | 1,044,886.4307 |\n\nArticle 6º—The official technical data of the digital georeferenced delimitation of the public zone of the Maritime Terrestrial Zone of the Boca Vieja estuary/mangrove ecosystem located in Quepos, district 01° Quepos, canton 06° Quepos, province 06° Puntarenas, has been registered in the Digital Georeferenced Geodatabase of the Maritime Terrestrial Zone (ZMT) of the IGN in a file with shape vector format, under the coding: RN/IGN_GDG-IGN-ZMT_digital lines. Therefore, FOURTH: Likewise, Jong Kwan Kim Jim, in his capacity as Mayor, Kenneth Mauricio Perez Vargas, in his capacity as Council President, both of the Municipality of Quepos, the Head of the Aguirre Parrita Subregional Office of the Pacific Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas, and Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to jointly and in a coordinated manner, including with other competent institutions, IMMEDIATELY adopt the necessary measures to mitigate and prevent contamination generated by wastewater from the El Cocal settlement. Regarding this point, Therefore, FOURTH: SINAC in the Aguirre – Parrita Subregion of the Pacific Central Conservation Area does not have direct powers to address it, as the power would correspond to the Municipality of Quepos, however, we are willing, according to our possibilities and competencies, to collaborate in the process. Therefore, FIFTH: Equally, the respondent authorities are ordered, within a maximum period of SIX MONTHS from the notification of this judgment, to define the legal nature and the applicable regulatory regime for the territory where the settlement is located. Regarding this point, Therefore, FIFTH: SINAC in the Aguirre – Parrita Subregion of the Pacific Central Conservation Area does not have direct powers to address it, as the power would correspond to the Municipality of Quepos, however, we are willing, according to our possibilities and competencies, to collaborate in the process. Therefore, SIXTH: That once the legal situation and the applicable regime of the territory in question are defined, within a maximum period of TWENTY-FOUR MONTHS counted from the notification of this judgment, the respondent authorities must, according to their respective competencies, provide a definitive solution to the problem of contamination by wastewater generated in the area of the El Cocal settlement, which affects the environment. Regarding this point, Therefore, SIXTH: SINAC in the Aguirre – Parrita Subregion of the Pacific Central Conservation Area does not have direct powers to address it, as the power would correspond to the Municipality of Quepos and Ministry of Health, however, we are willing, according to our possibilities and competencies, to collaborate in the process. PETITION That the amparo appeal filed by Mr. THOMAS KERRY BAILEY BAILEY, processed under file 25-025088-0007-CO, be declared without merit, inasmuch as the National System of Conservation Areas has carried out, within the framework of its competencies, the actions aimed at complying with the provisions of JUDGMENT No. 2021-2741 issued at 9:15 a.m. on February 12, 2021.”\n\n8.- By resolution of twenty-one hours and twenty minutes of October nineteen, two thousand twenty-five, the instructing magistrate requested as evidence to better resolve a report from PATRICIA BOLAÑOS MURILLO, IN HER CAPACITY AS MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF QUEPOS, to clarify the dynamics regarding solid waste collection in the community of El Cocal (see electronic record).\n\n9.- Reports under oath Patricia Mayela Bolaños Murillo, in her capacity as Mayor of the Municipality of Quepos (see electronic record), in the following terms: “I proceed to submit as evidence to better resolve document MQ-DGI-227-2025 which contains Report MQUDA-219-2020 from the Environmental Development Unit (Unidad de Desarrollo Ambiental) in which the dynamics of solid waste collection in the community of El Cocal are detailed at length, which to this day remains with the same effectiveness as always on the part of this Municipality; furthermore, this same Report which also contains photographs accrediting what was stated by Biologist Warren Umaña Cascante, Head of the Environmental Development Unit, was also submitted as evidence within amparo appeal No. 20-021786-0007-CO. Thus, the report dated December 10, 2020, is attached, because Mr. Umaña Cascante is on paternity leave. However, it is important to indicate that Eng. Ricardo Valero López, Head of the Infrastructure Management Department, verified that the solid waste collection dynamics remain in effect as of today under the terms indicated in Report MQ-UDA-219-2020” (see electronic record).\n\n10.- By a writing dated October 28, 2025, the appellant presents additional statements and evidence to better resolve (see electronic record).\n\n11.- By resolution of nineteen hours and forty-three minutes of November nine, two thousand twenty-five, the instructing magistrate requested as evidence to better resolve a report from PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, IN HER CAPACITY AS MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF QUEPOS OR WHOEVER OCCUPIES THE POSITION, to provide a report prepared by the Environmental Development Unit of a recent date (see electronic record).\n\n12.- By Official Letter MQ-AJ-ALC-187-2025 dated November 19, 2025, PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, IN HER CAPACITY AS MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF QUEPOS, complied with the resolution of nineteen hours and forty-three minutes of November nine, two thousand twenty-five (see electronic record).\n\n13.- By a writing filed on November 20, 2025, the appellant presents additional statements and evidence to better resolve (see electronic record).\n\n14.- By resolution of fifteen hours and twenty-five minutes of December sixteen, two thousand twenty-five, the instructing magistrate requested as evidence to better resolve a report from MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, KNOWN AS MERY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, IN HER CAPACITY AS MINISTER OF HEALTH, to coordinate with the competent Health Governing Area (Área Rectora de Salud) so that an inspection is carried out in the sector known as \"Montecillos\", located at what is called the embarkation point to El Cocal, specifically where a community waste deposit was built for the residents of El Cocal. The corresponding health report must be submitted (see electronic record).\n\n15.- According to a record dated January 6, 2026, signed by the Judicial Assistant and the Secretary of the Office, it did not appear that from December 21 to December 26, 2025, MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, KNOWN AS MERY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, IN HER CAPACITY AS MINISTER OF HEALTH, had filed any writing or document to render the report requested in the resolution issued at fifteen hours and twenty-five minutes of December sixteen, two thousand twenty-five (see electronic record).\n\n16.- Reports under oath Mary Denisse Munive Angermüller, known as Mery Denisse Munive Angermüller, in her capacity as Vice President of the Republic and Minister of Health (see electronic record), in the following terms: “I refer to the evidence to better resolve in this amparo appeal, based on report No. CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-393-2025, dated January 6, 2026, issued by Bach. Dennis Valverde Navas, an official of the health regulation team, of the Directorate of the Health Governing Area of Quepos, wherein it summarizes as follows: “(…) First: On December 22, 2025, the DARS Quepos received a request from the Constitutional Chamber for an inspection of the sector known as “Montecillos”, specifically where a community solid waste deposit was built for the residents of El Cocal, in order to provide a report to serve as evidence to better resolve amparo appeal file No. 25-025088-0007-CO. Second: On that same December 22 at 13:30 hours, an inspection was carried out at the requested location, finding the following: the site is a temporary storage location for solid waste that the Municipality of Quepos uses for the residents of El Cocal to transfer and deposit their waste for subsequent collection by the collection truck. The storage space for solid waste is in a state of evident deterioration; the mesh that covered the walls has been torn off, the roof is broken, and it has no door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, the discharge of leachate from the collection center flowing towards the estuary is observed; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather. Article 136 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) defines the characteristics that a solid waste storage space must have, I quote: “The walls and floor of solid waste storage spaces must be tiled or lined from floor to ceiling, and have potable water for washing and a drain connected to the sanitary network. The sanitary joint between wall-wall and floor-wall must be of the sanitary type. The professional responsible for the project must contemplate provisions for ventilation for the storage space in order not to accumulate gases inside.” This is not met on the site. Last: At the time of the inspection, it is possible to evidence that the current state of the temporary solid waste storage space for the residents of El Cocal does not meet minimum sanitary conditions.” (bold highlighting is not from the original) CONCLUSION I reiterate that the actions of the authorities of the Ministry of Health are entirely in accordance with the current legal system, given that all corresponding efforts, and within the competence of this Ministry, have been made to participate in coordination with other involved institutions and those who truly have the competence to solve the problem to which the appellant herein alludes. On the other hand, according to the inspection carried out at the place of the events, it is determined that as of the date of the inspection, the solid waste collection center used by the Municipality of Quepos does not meet minimum sanitary conditions” (see electronic record).\n\n17.- By a writing filed in the Secretariat of this Chamber at 23:08 hours on January 22, 2026, the appellant presents a series of statements related to the content of the report rendered by the municipal and health authorities (see electronic record).\n\n18.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nWhereas:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL: The appellants allege that the protected parties are residents of the El Cocal neighborhood, located in Quepos, Puntarenas. They claim that by judgment No. 2021-2741 issued at 9:15 a.m. on February 12, 2021, in file No. 20-021786-0007-CO, this Chamber partially granted said amparo appeal filed by members of their community and ordered the respondent authorities to adopt specific measures to guarantee their rights; however, they claim that as of the date of filing the appeal, they have not complied with what was ordered. They state that the community longs to be taken into account in the current regulatory plan (plan regulador) of Quepos but has been discriminated against by the efforts of local governments, which have not included it in said plan. Currently, they take advantage of the population's low educational level to convince some with laws and technical criteria that the community does not understand. They maintain that the exclusion of the community from the updates of the urban regulatory plan responds to tacit interests of sectors interested in the beaches of this part of El Cocal, and that the community does not wish to be part of a regulatory plan with a tourism levy (canon turístico), as they cannot afford it as humble inhabitants. They refer that the legal integration of the community into an existing urban coastal regulatory plan would allow achieving optimal well-being as citizens recognized in their fundamental rights, such as a dignified life, the right to health, the right to be considered in citizen participation, and access to community development projects. They report that the documentation submitted to the Municipality of Quepos has not generated active and decisive action to comply with the constitutional ruling and improve the quality of life of the people. Works such as the sanitary sewage system cannot materialize due to the existing illegality, which coexists with the ineffectiveness of government efforts in Quepos. Furthermore, they clarify that they have been surprised by the publication in La Gaceta of the new georeferences from the IGN, in compliance with the delimitation ordered by the ruling. However, to date, nothing has been resolved. This fact was verified at the ATM department of the Municipality of Quepos, whose officials were not considered for said delimitations, despite the ruling ordering inter-institutional action. They reiterate that the account of facts and documents provided to resolve a territorial management plan, as well as the responses received, have only resulted in technical and dilatory argumentation, without achieving any progress in resolving the human-environmental, socio-economic, and territorial-legal conflict. They consider that the foregoing violates their fundamental rights. They request that the appeal be declared with merit and, should the appeal be accepted, the Presidential House assume its role in the Government Committee, pursuant to Law No. 9024, exercising Article 3, which authorizes the Executive Branch, through the Ministry of Governance and Police, to make declarations of urban coastal zones by executive decree (decreto ejecutivo).\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\nREGARDING THE MUNICIPALITY OF QUEPOS\n\nThat the sector called Playa El Cocal de Quepos is unequivocally within the regime of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), a legal status repeatedly recognized by the National Geographic Institute (IGN), the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República, PGR), and the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República, CGR) (see report of the respondent authority).\nThat the cartographic delimitation published in La Gaceta No. 32 of February 21, 2023, did not imply an expansion of the urban limits of Quepos, but rather the strict compliance with a judicial order to specify the boundaries of the Boca Vieja mangrove ecosystem (see report of the respondent authority).\nThat the inhabitants of El Cocal de Quepos do not possess any title of ownership or similar document that makes them legal owners of the lands they use (see report of the respondent authority).\nThat the local government declared the road access to the community of El Cocal of cantonal interest (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 289-2023, held on November 14, 2023, the Municipal Council became aware of the Opinion of the Special Commission for the Maritime Terrestrial Zone (Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre), which analyzed the application of Law No. 6043 and the official delimitation of the mangrove in El Cocal (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 024-2024, dated August 21, 2024, the Municipal Council became aware of the appellant's writing and agreed to give continuity to the efforts regarding the Socioeconomic Management Plan of El Cocal (Plan de Ordenamiento Socioeconómico del Cocal) (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 030-2024, held on September 10, 2024, and ratified in O.S. No. 031-2024, the Council became aware of Official Letter MQ-UZMT-327-2024, regarding the road system, electricity, and delimitation of El Cocal. It was agreed to transfer the recommendations to the Administration and coordinate with MINAE-SINAC and ICE for a sustainable solution (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 060-2025, held on February 12, 2025, the Council agreed to convene Inter-institutional Working Groups with the participation of SINAC-ACOPAC, IGN, Ministry of Health, AyA, ICE, and municipal departments, which were held on February 20 and March 20, 2025 (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 069-2025, held on March 19, 2025, and ratified in O.S. No. 071-2025, it was agreed to transfer to the Municipal Administration the obligation to report on all actions related to the delimitation of El Cocal (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 075-2025, dated April 1, 2025, and ratified in O.S. No. 077-2025, the Council became aware of Official Letter DIG-GDF-111-2025 from the National Geographic Institute, which certifies that the delimitation of the mangrove in El Cocal was carried out in coordination with SINAC and was published in La Gaceta (see report of the respondent authority).\nThat in Extraordinary Session No. 088-2025, held on May 28, 2025, and ratified in O.S. No. 089-2025, the Council became aware of Opinion MQ-CMAJ-036-2025 of the Permanent Legal Affairs Commission (Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos), regarding writings filed in the constitutional case file, in which the SINAC–IGN coordination was confirmed and the regulatory scope of the ZMT was analyzed (see report of the respondent authority).\nThat in Ordinary Session No. 092-2025, held on June 17, 2025, and ratified in\n\nN.° 096-2025, it was agreed to reiterate the criteria issued by the ZMT Unit and to order the integration of all agreements related to the delimitation of El Cocal to ensure traceability (see the report of the respondent authority).\n\nThat ordinary waste collection is not provided directly at the site due to the difficulty of access (see the report of the respondent authority).\n\nThat the entry of collection units into El Cocal is not viable because there is no adequate road infrastructure to allow the safe transit of compactor trucks (see the report of the respondent authority).\n\nThat in the sector known as \"Montecillos,\" located at what is called the embarkation point to El Cocal, the Municipality built a community waste depot that is used by all the residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site) (see the report of the respondent authority).\n\nThat the waste is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning and from there transported to the Solid Waste Transfer Center located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Sanitary Landfill located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas (see the report of the respondent authority).\n\nThat in the area of El Cocal, an average of 6 cleanup campaigns are carried out per year, and waste collection bins have been delivered and placed jointly with the Local Security Committee, in order to contribute to better waste management in the place (see the report of the respondent authority).\n\nREGARDING THE MINISTRY OF HEALTH\n\nThat on January 30, 2025, the Ministry of Health participated in a working group convened by the municipality of Quepos, which was attended by personnel from ICE, AyA, ACOPAC, and ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal), and an agreement was reached to convene a second working group on February 20, 2025, and a third for March 20, 2025—however, for reasons unknown to this Ministry, the last two did not take place— (see the report of the respondent authority).\n\nThat on December 22, 2025, the Ministry of Health conducted an inspection at the waste storage site used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal and indicated that “The collection space for solid waste is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, the roof is broken and has no door, most of the metallic structure is corroded by rust. Furthermore, the discharge of leachate from the collection center is observed flowing towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather” (see the report of the respondent authority).\n\nREGARDING THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL\n\nThat the relevant actions for the delimitation of the mangrove ecosystem of the Quepos area are the responsibility of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas and the Instituto Geográfico Nacional (see the report of the respondent authority).\n\nThat if there is a delimitation involving areas belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), the task of delimiting the relevant boundaries corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), in accordance with the Ley Forestal, Ley N°7575 of February 13, 1996, and its amendments (see the report of the respondent authority).\n\nThat as a result of the actions carried out by the Central Pacific Conservation Area and the IGN, the delimitation of the mangroves located in central Quepos was completed, which included the sectors of El Cocal, Boca Vieja, and Damas—all supported by the following technical reports: 1) Report DIG-TOT-INF-001-2023 dated January 9, 2023, and SINACACOPAC- IRT-PNE-098-2022 dated December 20, 2022, issued by the Instituto Geográfico Nacional and the Central Pacific Conservation Area. 2) Report DIG-TOT-INF-104-2023 and SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 dated May 19, 2023, prepared by the Instituto Geográfico Nacional and the Central Pacific Conservation Area. 3) Report SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 dated December 21, 2023, from the Central Pacific Conservation Area and DIG-GDF-0229-2024 Technical Review Report for the publication of the delimitation of the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone corresponding to the Estuary-Mangrove of the sector between Rio Paquita and Rio Damas dated June 12, 2024— (see the report of the respondent authority).\n\nThat the delimitations were made official in the Official Gazette La Gaceta, as follows: 1) Notice N°003-2023 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of public zone corresponding to the Estuary - Mangrove Boca Vieja, in El Cocal, district 01º Quepos, canton 06º Quepos, province 06º Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta N°32 of Tuesday, February 21, 2023. 2) Notice N°009-2023 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of public zone corresponding to the Estuary - Mangrove in the Central Sector of Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, district 01º Quepos, canton 06º Quepos, province 06º Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta N°181 of Tuesday, October 3, 2023. 3) Notice N°007-2024 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of public zone corresponding to the Estuary - Mangrove between Río Paquita and Río Damas, district 01º Quepos, canton 06º Quepos, province 06º Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta N°205 of Friday, November 1, 2024 (see the report of the respondent authority).\n\nIII.- BACKGROUND FOR APPLICATION TO THE SPECIFIC CASE: This Chamber, by means of judgment number 2021002741 at nine hours fifteen minutes on February twelfth, two thousand twenty-one, resolved:\n\n“III. Object of the appeal. The appellant considers that their fundamental rights have been violated insofar as on September 21 and September 22, 2020, a complaint was filed—respectively before the Municipality of Quepos and SINAC—regarding the existing contamination in the area of El Cocal. In this regard, they claim a lack of response to the complaints filed about these facts. They state that said site does not have a communal system for solid waste deposit (public trash bins), which causes locals and visitors to deposit garbage on the ground of the island's coast, causing significant contamination throughout the place and also in the adjacent mangrove from these clandestine dumps. They point out that the aforementioned area also lacks sewage systems or proper wastewater treatment for the existing constructions, so the water mostly ends up in the sea, the estuary, and the mangrove, becoming an environmental problem with serious damage to biodiversity.\n\n(…)\n\nVI. Regarding the complaints filed by the appellant. In the case at hand, the appellant alleges a lack of attention to the complaint they filed on September 21 and September 22, 2020, respectively before the Municipality of Quepos and SINAC, identical complaints that alleged a series of irregularities that have also been aired in this amparo appeal.\n\nRegarding the Municipality of Quepos, there is no evidence before this Court that any response was ever given to the complaint filed by the petitioner. Thus, although the body of evidence shows that said municipality was aware of the problem and had undertaken various actions concerning what was reported, this does not rectify the omission to give a formal response to what was raised before it, and therefore the complaint is understood to be unattended.\n\nNow, it can be inferred from what was reported under oath—as well as from the documentary evidence submitted to the process—that, on September 25, 2020, the complaint was addressed by SINAC through official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-519-2020. Likewise, it is proven that said official letter was sent to the email address indicated by the complainant to receive a response (sacruz513@icloud.com). Notwithstanding the foregoing, this Chamber warns that the response provided by the respondent authority was not satisfactory, since, ignoring its own competence in the matter, as well as the inter-institutional coordination in environmental issues, they responded that “with the objective of redirecting your efforts towards the indicated institutions, and not with the objective of evading responsibility for the facts,” the “matter of Solid and Liquid Waste is the competence of the Ministry of Health and the Municipality of the Canton, as stated by La Ley General de Salud No. 5395 and La Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839.”\n\nIn this regard, regarding the complaint filed, SINAC did not assume a proactive and protectionist stance for the environment, nor did it extend coordination instances before the Ministry of Health or the Municipality of Quepos in accordance with the principle of inter-administrative coordination, which constitutes one of the guiding principles of administrative organization, given that coordination must exist between all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them.\n\nDelving into this point, coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. In environmental matters, this principle takes on a differentiated nuance, and what this Court has repeatedly stated in its jurisprudence is relevant:\n\n“VII.- On inter-institutional coordination in environmental matters. Specifically regarding environmental protection, judgment number 2008-004790 emphasized the duty of coordination among institutions related to the issue and the impossibility of ignoring warnings about the danger of contamination issued by an institution legally empowered to protect water resources:\n\nIII.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that is, there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, that endanger the health of the administered. In this task, by public institution, should be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of the matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, concerning their territorial jurisdiction. That is why it might be thought that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, since in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various involved parties, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the realization of common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones perform in this important function—, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, at fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine):\n\n'Thus, coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for an overall public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship between the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, giving rise to the indispensable inter-institutional 'concert,' strictly speaking, insofar as the autonomous and independent centers of action reach an agreement on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, with the exclusion of any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without or against their will; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector).' On the other hand, omissions to the duty of environmental protection and compliance with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can be produced, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of black or wastewater (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or not verifying sound level controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159 at thirteen hours four minutes on April seventh, two thousand six).”\n\nIn other words, what matters is the technical cooperation that the different entities can provide to each other, the technical elements they can contribute, and respect for the competencies of each one; in order to guarantee without a doubt that the incidence of the projects being evaluated is not negative, and thus ensure the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle—which seeks to prevent or suspend any activity that could negatively affect said management—obligates the Administration, firstly, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obligates, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution legally empowered to protect water resources about the danger of contamination.”\n\nThus, in the specific case, SINAC was evasive of its responsibilities, and it is even noticeable that this entity failed to carry out the appropriate and necessary coordination actions to guarantee the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, that is, immediately addressing situations like those reported here. Under this state of affairs, this point must be declared admissible.\n\nVII. On the alleged effect on the environment. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, this Court has reached the conclusion that, in the case at hand, a violation of the right to a healthy environment is proven for the reasons that will be set forth below.\n\nFirstly, regarding solid waste, this Chamber considers that the Municipality of Quepos does carry out a constant collection of the garbage generated by the community, this despite the difficulty posed by the fact that El Cocal is an informal settlement where the only means of access is by boat crossing the estuary mouth. In this same vein, it was reported by the authorities that at the embarkation point to El Cocal—known as Montecillos—, the respondent municipality built a community waste depot that is available to the residents of the area. Likewise, it was reported that said waste “is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning and from there transported to the Solid Waste Transfer Center located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Sanitary Landfill located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas.” For the foregoing, there is no evidence of an omission or insufficient action in how the respondent authority disposes of the solid waste collected in the community in order to protect the environment.\n\nRegarding the appellants’ accusation that the area is contaminated and that clandestine trash dumps are generated in its surroundings—especially on the coast—, it was indicated before this Court that on October 16, 2020, the Environmental Development Unit of the Municipality of Quepos conducted an inspection at the site in order to visit areas near the beach, detailing the following: “a. the inspection is carried out from the community hall of El Cocal, coordinates 48123-1043421, to the sandy point of El Cocal located in front of the city of Quepos, coordinates 481 703-1 042848 (Projection CR TM05). b. The entire indicated area is traversed in a Northwest-Southeast direction. c. Along the route through the indicated area, it could be seen that the waste observable in the sandy beach sector corresponds to organic remains such as coconuts, branches, trunks, and varied vegetation. d. Some scattered remains of ordinary waste could be sighted, but it is considered that these could have reached the area by the action of marine currents or waves and not necessarily by direct disposal of the waste by the residents of the place. This is common on all coasts of the world. e. There are a series of dwellings and diverse associated infrastructure along the beach front of the mentioned locality.” Likewise, the mayor of Quepos asserted that, in El Cocal, “an average of 6 cleanup campaigns are carried out per year, and waste collection bins have been delivered and placed jointly with the Local Security Committee in order to contribute to better waste management in the place. Garbage containers and ecological points have also been provided, for public use, to the public school located at the site in order to improve waste management in the place.” The foregoing, of course, does not imply that there are therefore no possible irregularities in the handling of said waste—since, surely, that is why these education and collection campaigns exist—, but these are inherent to the numerous problems and anomalies brought about by the existence of an informal settlement. Congruently, it is inferred that the Municipality of Quepos carries out various constant tasks in order to keep the area with the least possible amount of solid contamination, and therefore, on this point, the amparo appeal must be declared without merit.\n\nNow, regarding liquid waste—or wastewater—, and coupled with the commented complexity involved in the management or treatment of waste in an informal settlement, this Chamber finds it proven that in El Cocal there is a clear improper disposal of wastewater, insofar as the authorities asserted that the dwellings are built without obtaining the respective construction permits and without meeting the minimum specifications required by the legal system concerning buildings in the country. As a consequence of the above, the area lacks sewage systems, nor does it have proper water treatment, which generates a flagrant affront to the environment, especially if the appellants' own claim is taken into account when reporting that said water is even deposited directly into the estuary, the sea, and the mangrove ecosystem of the area. Therefore, this point of the appeal must be granted, for violation of the right to a healthy and balanced environment protected by Article 50 of the Constitution.\n\nVIII. On the lack of delimitation of the territory by the competent authorities. Now, the environmental problem and the lack of effective action to mitigate contamination in the area of El Cocal has been largely generated by a malfunction of the Public Administration, specifically: the lack of delimitation of the mangrove ecosystem that must be carried out in a coordinated manner by SINAC—which is competent to define and delimit the ecosystem—and the IGN—which must register and publish it in La Gaceta—, as well as the state permissiveness and tolerance regarding the establishment of an informal human settlement on public domain land with such sensitive characteristics for environmental protection and balance (Maritime-Terrestrial Zone, ZMT, and mangrove); all these omissions have triggered many other state inactions and lack of protection on the matter.\n\nIn the specific case, the lack of heritage delimitation of the territory has not allowed the municipality and other authorities to have certain knowledge of the cadastral condition of the settlement (for example, to determine what area of it is within the ZMT, or what area is within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), etc.), which has hindered determining the due competencies to act upon and intervene in the corresponding territory: whether to evict, grant concessions, develop a regulatory plan for the site, define public streets, provide public lighting, coordinate the granting of a proper water service, or build sanitary sewage systems, among others.\n\nIn this regard, it is inferred from what was reported and provided as evidence that, at least since 2018 and on repeated occasions, the Municipality of Quepos has requested SINAC to carry out the delimitation of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) in the area. Following this, it is observed that in 2019, through report ACTO-DRFVS-PMF-075-2020, SINAC performed preliminary work on the site’s conditions, as well as identifying areas with Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) status. Likewise, on December 16, 2020—and after this amparo appeal had been filed—, said entity began a series of inspections at the site to “verify some very specific sites” and delimit the mangrove ecosystem in the area. Therefore, following a request for evidence for a better resolution that was made by this Court to SINAC on the status of said inspections, on January 6, 2021, through document SINAC-ACOPAC-PNE-001-2021, it was reported that “the fieldwork carried out on December 16, 2020, is part of the technical process carried out by ACOPAC to issue a final report on the classification and preliminary delimitation of the Mangrove ecosystem, and in this case for the sector of the community of El Cocal de Quepos, which we expect to conclude on the next January 12 of this year.” Now, the truth is that, to date, SINAC has not presented any statement of progress in this regard to this Chamber, or more importantly, the final technical report for the delimitation of the mangrove and estuary areas of Quepos to the IGN.\n\nAs has been the position of this constitutional jurisdiction—for a long time—, the declaration and delimitation of protected zones represents an extremely important mechanism for protecting the fundamental right to the environment (see, for example, decision n.° 2019-16793 at 11:52 a.m. on September 4, 2019). In relation to this, in the case at hand, it has been demonstrated with crystal clarity why this Court has sustained said criterion over time and, evidently, the reason why in this case such passivity in delimiting the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) and, in itself, the scant action of the respondent authorities to mitigate the consequences of the informal settlement of El Cocal, has not been sufficient to effectively protect Article 50 of our Political Constitution, a right of an intergenerational nature.\n\n(…)\n\nTherefore\n\nThe appeal is partially granted. Consequently: 1) It is ordered that Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Subregional Office Aguirre Parrita of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, forward the claim filed before them on September 22, 2020, to the Ministry of Health. 2) It is also ordered that Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor, and Kenneth Mauricio Pérez Vargas, in his capacity as Council President, both of the Municipality of Quepos, within a maximum period of 8 DAYS from the notification of this judgment, formally respond to the claim filed before them on September 21, 2020. 3) Additionally, it is ordered that Ingrid Campos Leiva, in her capacity as Head of the Subregional Office Aguirre Parrita of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas; and Marta Aguilar Varela, in her interim capacity as Director of the Instituto Geográfico Nacional, or whoever holds these positions, jointly and in coordination, carry out the corresponding actions so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, they delimit the mangrove ecosystem of the Quepos area. 4) Likewise, it is ordered that Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor, Kenneth Mauricio Pérez Vargas, in his capacity as Council President, both of the Municipality of Quepos; the Head of the Subregional Office Aguirre Parrita of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, and Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, or whoever holds these positions, jointly and in coordination, even with other competent institutions, IMMEDIATELY adopt the necessary measures to mitigate and prevent the contamination generated by the wastewater from the El Cocal settlement. 5) Similarly, it is ordered that the respondent authorities, within a maximum period of SIX MONTHS from the notification of this judgment, define the legal nature and the applicable regulatory regime for the territory where the settlement is located. 6) That once the legal situation and the applicable regime of the territory in question are defined, within a maximum period of TWENTY-FOUR MONTHS counted from the notification of this judgment, the respondent authorities must, according to their respective competencies, provide a definitive solution to the problem of contamination by wastewater generated in the area of the El Cocal settlement, which affects the environment. Regarding what was sought concerning contamination by solid waste and the construction of a sewage system or waste treatment plant for the El Cocal settlement, the appeal is declared without merit. The respondent authorities are warned that, should they fail to comply with said orders, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that they must fulfill or enforce, issued in an amparo appeal, and does not fulfill it or does not have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The State, the Municipality of Quepos, the National System of Conservation Areas, and the National Registry are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Justice Hernández López adds a note. Justice Salazar Alvarado adds a note.\n\nMagistrate Garro Vargas partially dissents from the vote, with respect to the enforcement of this judgment, regarding orders 3), 4), 5), and 6) and, in accordance with Article 56 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, rules that it must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the enforcement rules established in Articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to said tribunal so that enforcement proceedings of this ruling may commence. Notify.”\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it follows that the sector called Playa El Cocal de Quepos is unequivocally within the regime of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), a legal status repeatedly recognized by the Instituto Geográfico Nacional (IGN), the Procuraduría General de la República (PGR), and the Contraloría General de la República (CGR). It was proven that the cartographic delimitation published in La Gaceta N° 32 of February 21, 2023, did not imply an expansion of the urban limits of Quepos, but rather the strict compliance with a judicial order to specify the boundaries of the Boca Vieja mangrove ecosystem. It was demonstrated that the residents of Cocal de Quepos do not possess any title deed or similar document that makes them legal owners of the lands they use, and that the local government declared the road access to the community of El Cocal to be of cantonal interest. It was verified that at Ordinary Session No. 289-2023, held on November 14, 2023, the Municipal Council (Concejo Municipal) heard the Opinion of the Special Commission on the Maritime-Terrestrial Zone, in which the application of Law No. 6043 and the official delimitation of the mangrove in El Cocal were analyzed, and that, at Ordinary Session No. 024-2024, dated August 21, 2024, the Municipal Council heard the petitioner’s submission and agreed to continue the procedures regarding the Socioeconomic Development Plan (Plan de Ordenamiento Socioeconómico) for El Cocal. Subsequently, at Ordinary Session No. 030-2024, held on September 10, 2024, and ratified in Ordinary Session No. 031-2024, the Council heard Official Communication MQ-UZMT-327-2024, concerning road infrastructure, electricity, and delimitation of El Cocal. It was agreed to forward the recommendations to the Administration and coordinate with MINAE-SINAC and ICE for a sustainable solution. Following this, at Ordinary Session No. 060-2025, held on February 12, 2025, the Council agreed to convene Inter-institutional Working Groups with the participation of SINAC-ACOPAC, IGN, the Ministry of Health, AyA, ICE, and municipal departments, which were held on February 20 and March 20, 2025. On March 19, 2025, at Ordinary Session No. 069-2025, held on March 19, 2025, and ratified in Ordinary Session No. 071-2025, it was agreed to instruct the Municipal Administration of the obligation to report on all actions related to the delimitation of El Cocal. On April 1, 2025, at Ordinary Session No. 075-2025, the Council heard Official Communication DIG-GDF-111-2025 from the Instituto Geográfico Nacional, in which it is certified that the delimitation of the mangrove in El Cocal was carried out in coordination with SINAC and was published in La Gaceta. On May 28, 2025, at Extraordinary Session No. 088-2025 and ratified in Ordinary Session No. 089-2025, the Council heard Opinion MQ-CMAJ-036-2025 from the Permanent Commission of Legal Affairs, concerning submissions filed in the constitutional case file, in which the SINAC–IGN coordination was confirmed and the regulatory scope of the ZMT (Maritime-Terrestrial Zone) was analyzed. Finally, at Ordinary Session No. 092-2025, held on June 17, 2025, and ratified in Ordinary Session No. 096-2025, it was agreed to reiterate the criteria issued by the ZMT Unit and to order the integration of all agreements related to the delimitation of El Cocal to ensure traceability. It was proven that ordinary waste collection is not provided directly at the site due to difficulty of access; therefore, the entry of collection units into El Cocal is not viable because there is no adequate road infrastructure to allow the safe transit of compactor trucks. It was asserted that in the sector known as \"Montecillos,\" located at what is called the embarkation point towards El Cocal, the Municipality built a community waste deposit that is used by all residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site). It was indicated that the waste is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning and from there transported to the Solid Waste Transfer Center (Centro de Transferencia de Residuos Sólidos) located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas, and that in the El Cocal area, an average of approximately 6 cleanup campaigns are carried out per year, and waste collection bins have been delivered and placed jointly with the Local Security Committee, in order to contribute to better waste management at the site. Regarding the Ministry of Health, it was taken as proven that on January 30, 2025, the Ministry of Health participated in a working group convened by the municipality of Quepos, attended by personnel from ICE, AyA, ACOPAC, and ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal), and an agreement was reached to convene a second working group on February 20, 2025, and a third for March 20, 2025—however, for reasons unknown to this Ministry, the last two were not held. It was proven that on December 22, 2025, the Ministry of Health carried out—in compliance with an evidentiary measure ordered by the investigating magistrate—an inspection of the waste storage site used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal and indicated that “The solid waste collection point (espacio de acopio para residuos sólidos) is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and has no door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, the discharge of leachate (lixiviados) is observed from the collection point flowing towards the estuary (estero); this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.” Regarding the Instituto Geográfico Nacional, it was proven that the relevant actions for the delimitation of the mangrove ecosystem of the Quepos area are the responsibility of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Instituto Geográfico Nacional. It was verified that if a delimitation involves areas belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), the task of delimiting the relevant boundaries corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), in accordance with the Forest Law (Ley Forestal), Law No. 7575 of February 13, 1996, and its amendments. It was proven that as a result of the actions carried out by the Central Pacific Conservation Area and the IGN, the delimitation of the mangroves located in central Quepos was performed, which included the sectors of El Cocal, Boca Vieja, and Damas—all supported by the following technical reports: 1) Report DIG-TOT-INF-001-2023 dated January 9, 2023, and SINACACOPAC-IRT-PNE-098-2022 dated December 20, 2022, issued by the Instituto Geográfico Nacional and the Central Pacific Conservation Area. 2) Report DIG-TOT-INF-104-2023 and SINAC-ACOPAC-OSRP-PNE-0058-2023 dated May 19, 2023, prepared by the Instituto Geográfico Nacional and the Central Pacific Conservation Area. 3) Report SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-080 dated December 21, 2023, from the Central Pacific Conservation Area and DIG-GDF-0229-2024 Technical Review Report for the Publication of the Delimitation of the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone corresponding to the Estuary-Mangrove of the sector between Rio Paquita and Rio Damas dated June 12, 2024—and that the delimitations were made official in the Official Gazette La Gaceta, as follows: 1) Notice No. 003-2023 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of the public zone corresponding to the Estuary - Mangrove Boca Vieja, in El Cocal, district 01 Quepos, canton 06 Quepos, province 06 Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta No. 32 of Tuesday, February 21, 2023. 2) Notice No. 009-2023 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of the public zone corresponding to the Estuary - Mangrove in the Central Sector of Quepos, Sector 2 “Los Alfaro”, Sector 3 “Junta Naranjo”, Sector 4 “Cementerio”, district 01 Quepos, canton 06 Quepos, province 06 Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta No. 181 of Tuesday, October 3, 2023. 3) Notice No. 007-2024 Maritime-Terrestrial Zone Delimitation of a sector of the public zone corresponding to the Estuary - Mangrove between Río Paquita and Río Damas, district 01 Quepos, canton 06 Quepos, province 06 Puntarenas; published in the Official Gazette La Gaceta No. 205 of Friday, November 1, 2024. Based on the foregoing, it is possible to conclude:\n\nThat the sector called Playa El Cocal de Quepos is unequivocally within the regime of the Maritime-Terrestrial Zone.\nThat the cartographic delimitation published in La Gaceta N° 32 of February 21, 2023, did not imply an expansion of the urban limits of Quepos, but rather the strict compliance with a judicial order to specify the boundaries of the Boca Vieja mangrove ecosystem.\nThat to include the lands of El Cocal in the regulatory plan (plan regulador), the formulation of a coastal regulatory plan is required, supported by rigorous environmental studies, Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAS), impact assessments (evaluaciones de impacto), and certifications of the natural heritage.\nThat ordinary waste collection is not provided directly at the site due to difficulty of access; however, in the sector known as \"Montecillos,\" located at what is called the embarkation point towards El Cocal, the Municipality built a community waste deposit that is used by all residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site).\nThat the waste is collected by the municipal service every day from Monday to Sunday (7 days a week) starting at 7 in the morning and from there transported to the Solid Waste Transfer Center located in Damas de Quepos, to finally be disposed of in the Sanitary Landfill located in Miramar de Montes de Oro in Puntarenas.\nThat on December 22, 2025, the Ministry of Health conducted an inspection of the waste storage site used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal and indicated that “The solid waste collection point is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and has no door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, the discharge of leachate is observed from the collection point flowing towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.”\n\nThe petitioner claims that, to date, the orders issued in judgment number 2021002741 of nine hours and fifteen minutes on February twelfth, two thousand twenty-one, have not been complied with, and adds that there is a need for the El Cocal community “to be legally integrated into an existing urban regulatory plan on the coast” and in that way improve the quality of life of the residents as well as the sanitary sewer system. He adds that the new georeferences of the El COCAL maritime zone were published in La Gaceta despite not notifying the Municipality. Therefore, he requests that the incorporation of the El Cocal neighborhood into the urban regulatory plan be ordered, along with the execution of basic sanitation works, optimal access, and waste collection, the delimitation of the maritime-terrestrial zone in accordance with Law 6043; as well as guaranteeing citizen participation in the planning and execution process. The municipal authorities acknowledge that “there is a need for a coastal regulatory plan in the Playa El Cocal sector, both to regularize the situation of the families residing in that territory and to ensure the environmental protection of the coastal strip,” however, “as long as the inconsistencies derived from the Boca Vieja estuary-mangrove delimitation published in 2023 persist, there is an impediment to initiating the planning process” and that “in the sector known as 'Montecillos,' located at what is called the embarkation point towards El Cocal, the Municipality built a community waste deposit that is used by all residents of El Cocal (who transport the waste to the indicated site)”—waste that it affirms is collected every day from Monday to Sunday. On the other hand, the Ministry of Health states that on January 30, 2025, the Ministry of Health participated in a working group convened by the municipality of Quepos, attended by personnel from ICE, AyA, ACOPAC, and ADEBACO (Asociación de Desarrollo del Barrio el Cocal), and an agreement was reached to convene a second working group on February 20, 2025, and a third for March 20, 2025—however, for reasons unknown to this Ministry, the last two were not held. It stated that “The solid waste collection point is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and has no door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, the discharge of leachate is observed from the collection point flowing towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.” Finally, the authorities of the Instituto Geográfico Nacional indicated that as a result of the actions carried out by the Central Pacific Conservation Area and the IGN, the delimitation of the mangroves located in central Quepos was performed, which included the sectors of El Cocal, Boca Vieja, and Damas. Therefore, the appeal (recurso) is only admissible regarding the handling of solid waste by the respondent local government. While it is true that in the judgment cited by the petitioner, this Chamber declared the appeal without merit on that point, it is also true that at that time it was not possible to demonstrate that there was an omission or insufficient action in the disposal of the solid waste collected in the community. However, in the case before us, the municipal authorities affirmed that a protocol for the collection of solid waste in the community of El Cocal is implemented, which is maintained with the same effectiveness as always by the Municipality; nevertheless, in the inspection carried out by the authorities of the Ministry of Health on December 22, 2025—an inspection requested as evidence for a better resolution through a ruling of fifteen hours and twenty-five minutes on December sixteenth, two thousand twenty-five—it was demonstrated that “the site is a temporary solid waste storage place used by the Municipality of Quepos for the residents of El Cocal to transport and deposit their waste for later collection by the collection truck. The solid waste collection point is in a state of evident deterioration, the mesh that covered the walls has been torn off, and the roof is broken and has no door; most of the metal structure is corroded by rust. Furthermore, the discharge of leachate is observed from the collection point flowing towards the estuary; this enclosure does not protect the waste against the entry of harmful fauna or inclement weather.” Based on the foregoing, it is evident that the current state of the temporary solid waste storage site for the residents of El Cocal does not meet minimum sanitary conditions. On repeated occasions, this Constitutional Court has referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to the efficient delivery of these services, which implies that regardless of the type of service, they must be provided with high-quality standards, a principle that has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. Furthermore, it is necessary to emphasize that the Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Tribunal has indicated that said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including the solid waste collection service (see in a similar sense Rulings No. 2023-19610 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, and No. 2019-005623 of 9:45 a.m. on March 29, 2019). Therefore, the proper course is to declare the appeal admissible with respect to this point, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.\n\nV.- Now, regarding the non-compliance with the orders issued in judgment number 2021002741 of nine hours and fifteen minutes on February twelfth, two thousand twenty-one, the filing brief must be separated so that the alleged non-compliance with the cited judgment can be analyzed, and it must be referred to case file number 20-021786-0007-CO.\n\nVI.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do decide on the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the petitioner accuses the Municipality of Quepos of omission in carrying out adequate collection and disposal of solid waste, which affects the petitioners' right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life, but which has not been definitively resolved.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE: The petitioner is forewarned that, should any paper document have been provided, along with objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must retrieve them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal (recurso) is declared admissible solely against the Municipality of Carrillo. Patricia Bolaños Murillo, in her capacity as Mayor (Alcaldesa), and Gilbert Cruz Jiménez, in his capacity as president of the Municipal Council (Concejo), both of the Municipality of Quepos, or whoever occupies their positions, are ordered to IMMEDIATELY implement the most urgent palliative measures to correct the claimed environmental problem. They must arrange and coordinate whatever is necessary so that, within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem generated at the temporary solid waste storage site used by the Municipality of Quepos in the community of residents of El Cocal is definitively corrected. The respondents are warned that in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Quepos is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In relation to the non-compliance with the orders issued in judgment number 2021002741 of nine hours and fifteen minutes on February twelfth, two thousand twenty-one, the filing brief must be separated so that the alleged non-compliance with the cited judgment can be analyzed, and it must be referred to case file number 20-021786-0007-CO. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*VU6XY8D43NAI61*\n\n VU6XY8D43NAI61\n\nCASE FILE N° 25-025088-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nClassification prepared by the Constitutional Chamber (SALA CONSTITUCIONAL) of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 20:03:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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