{ "id": "nexus-sen-1-0007-1373318", "citation": "Res. 06260-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por contaminación de taller metálico en zona residencial", "title_en": "Amparo for contamination by metal workshop in residential area", "summary_es": "La recurrente, vecina de una urbanización residencial en Santa Ana, presentó recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Ana por la omisión de respuesta a sus denuncias sobre construcciones ilegales y la contaminación generada por un taller de transformación de metales contiguo a su vivienda. Alegó afectación a su salud, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y al goce de su propiedad. La Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso por prematuro, al no haber transcurrido el plazo de dos meses que tiene la Administración para resolver las gestiones presentadas el 17 de diciembre de 2025 y 6 de enero de 2026. Se aclara que, aunque el caso involucra derechos a la salud y al ambiente (supuesto de excepción a la remisión a la vía contencioso-administrativa), el amparo no procede hasta que venza el plazo legal de resolución. Se deja a salvo el derecho de la recurrente a replantear su reclamo posteriormente.", "summary_en": "The appellant, a resident of a residential development in Santa Ana, filed an amparo action against the Municipality of Santa Ana for failing to respond to her complaints about illegal constructions and contamination from a metal transformation workshop adjacent to her home. She alleged harm to her health, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the enjoyment of her property. The Constitutional Chamber declared the amparo inadmissible as premature, since the two-month period for the Administration to resolve the complaints filed on December 17, 2025 and January 6, 2026 had not elapsed. It clarified that, although the case involves rights to health and environment (an exception to the general referral to the administrative contentious jurisdiction), amparo does not lie until the legal resolution period expires. 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San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito remitido a la Sala el 13 de enero de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es vecina de Santa Ana, Urbanización Rio Oro, una zona que por destino urbanístico es estrictamente residencial. Señala que el colindante por el rumbo oeste de su finca, la cual no tiene construcciones dedicadas a vivienda, se construyó sin permiso una especie de taller en el que se ha venido fabricando andamios y molduras de metal y se utilizan herramientas industriales, ruidosas y contaminantes. Refiere que la actividad que se ejerce en este taller contamina el aire por los humos producidos por la soldadura y las partículas de metal que se lanzan al aire cuando cortan y liman los metales, estas partículas son metales pesados altamente contaminantes para la salud humana y animal. Señala que esta contaminación ambiental afecta su salud y la de sus mascotas, ella misma está enfrentando una inflamación ocular, mucha tos y otras derivaciones de respirar este aire contaminado. Además, se ve en la necesidad de mantener las puertas y ventanas de su casa cerradas para evitar un poco la contaminación, y se ha visto privada de su derecho de salir a su patio y disfrutar de su terraza porque la contaminación llega en forma directa y sus pulmones se ven muy afectados. Además, sus mascotas no pueden salir al patio porque la contaminación los mantiene con mucha irritación en la piel y constantemente vomitando. El miércoles 17 de diciembre de 2025 presentó ante la municipalidad de Santa Anta tres denuncias dirigidas a patentes, construcciones y al Consejo Municipal, misma que se tramita con el número 543475. En forma diligente, un inspector de la municipalidad se presentó al lugar y comprobó la existencia de la construcción ilegal de la presencia de anaqueles llenos de perlin, la existencia de maquinaria industrial y comprobó la existencia de estructuras de metal en fabricación. El día de la inspección y comprobación de lo denunciado, sin razón aparente e incumpliendo con su obligación; el funcionario no procedió con su obligación de clausurar y poner los sellos pertinentes, ante la realización de una actividad que se desarrolla sin contar con permisos de la entidad obligada a emitirlos, cual es la municipalidad de Santa Ana. Señala que esta falta de diligencia del funcionario de la municipalidad le dio tiempo al infractor de construir una nueva bodega, durante el cierre de la municipalidad en vacaciones, esta vez una construcción más acabada que da la impresión que se está haciendo un verdadero taller de trasformación de productos metálicos. El 6 de enero, primer día en que la municipalidad abrió sus puertas procedió a presentar un escrito informando de la nueva construcción, y a la fecha no han procedido a la clausura mediante sellos, permitiéndole al infractor que continúe con su construcción ilegal para que termine su bodega. En esta construcción sin permisos trabajan todos los días de las 7:00 hasta las 18:00 horas, todo el día hay ruido de cortes de metal, esmeriladoras y otras maquinarias. El departamento de patentes hizo la inspección mediante drones y archivó la causa porque adujo que ella no les demostró que era un taller de transformación de metales invirtiendo la carga de la prueba. Refiere que, principalmente su salud se ha visto afectada, pues mantiene una constante afectación en los ojos y vías respiratorias, dolor de cabeza y otros síntomas nerviosos propios de la contaminación tóxica a la que está siendo sometida, y también están sufriendo de otros síntomas como irritabilidad en el carácter y en la piel. Acude en defensa del derecho humano fundamental a respirar aire puro y de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme al uso de suelo estrictamente residencial de la zona en que se desarrolla esta actividad sin permisos de la municipalidad. Solicita que se aplique el principio general de derecho ambiental que dice que quien contamina paga, y que sea que el contaminador el que debe ejercer su actividad conforme a la ley y utilizando todas las previsiones de mitigación del daño que sean necesarias. Solicita a esta Sala que se le ordene a la municipalidad de Santa Ana cumplir con su deber y ordenar el inmediato cese de cualquier actividad no permitida conforme al uso de suelo de esta zona estrictamente residencial, y conforme a su obligación, utilizando todos los instrumentos legales a su alcance como es la clausura del lugar mediante sellos municipales.\n\n2.- Por resolución de las 14:46 horas del 14 de enero de 2026, este Tribunal previno a la recurrente que indicara lo siguiente: “• Si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante la autoridad accionada la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso; • De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que formuló; • De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; • Si dicha denuncia se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; • Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal su denuncia, así deberá aclararlo. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho”.\n\n3.- Por escrito remitido a este Tribunal el 20 de enero de 2026, la recurrente señaló que sí planteó de manera formal y por escrito la gestión correspondiente para denunciar ante la municipalidad accionada la situación que expone en este recurso. Aporta copia de la denuncia presentada con sello de recibido por parte de la municipalidad, pero no le han notificado formalmente ninguna resolución. Se apersonó a la municipalidad y le dieron copia del oficio MSA-GOT-PPU-02-212-2025 cuya copia adjunta. El día 6 de enero presentó un nuevo escrito ante la municipalidad denunciando la construcción de una nueva bodega, por lo que suman tres las bodegas construidas. El viernes 16 de enero se apersonó a la municipalidad y le dieron copia del acta de clausura entregada el 7 de enero a los administrados; sin embargo, nunca se observaron sellos de clausura exhibidos o pegados en el portón de entrada, tal como lo indica la ley, así que el infractor continuó su actividad denunciada, terminó de construir su bodega y continuó con su actividad de trasformación de metales para andamios y plataformas, irrespetando los sellos y por esa razón se vió obligada a presentar este recurso de amparo.\n\n 4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. Reclama la recurrente que planteó ante la recurrida el 17 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, una denuncia por construcciones ilegales que afectan su salud y contaminación sónica; sin embargo, no han contestado nada al respecto y la actividad ilegal continúa.\n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Vista la gestión cuya falta de resolución se acusa, se advierte que la misma, podría configurar una lesión al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida, establecido en el artículo 41 constitucional. En ese escrito, la recurrente denunció que esa construcción ilegal ha lesionado su derecho a la salud y ha contaminado el ambiente, por el material con el trabajan sin permisos. Ahora bien, en relación con el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, la Mayoría de esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte —  o conocer de los recursos administrativos procedentes. Excepto ciertos casos que se reserva esta jurisdicción dada su especial vulnerabilidad. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción, pues trata de una supuesta falta de resolución de una gestión relativa a un problema que afecta la salud y el ambiente. Empero, visto que al momento de interposición de este recurso (13 de enero de 2026) no había transcurrido el plazo de dos meses con el que cuenta la Administración para resolver la gestión que interpuso los días 17 de diciembre de 2025 y 6 de enero de 2026, la Sala considera que el amparo es prematuro y se impone su rechazo, sin perjuicio de que la recurrente plantee su reclamo posteriormente, en caso de que no sea atendida oportunamente su denuncia. En el estado actual de las cosas, se declara inadmisible el recurso.\n\nIII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 89QV2W42WS861\n\nEXPEDIENTE N° 26-001148-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:30:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 06260 - 2026\n\nDate of Resolution: February 20, 2026 at 09:30\n\nExpediente: 26-001148-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Amparo action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nText of the resolution\n\nEXPEDIENTE No. 26-001148-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION No. 2026006260\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twentieth of February, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identification card number CED01, against the MUNICIPALITY OF SANTA ANA.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission sent to the Chamber on January 13, 2026, the petitioner files an amparo action and states that she is a resident of Santa Ana, Rio Oro Urbanization, an area that is strictly residential by urban planning designation. She indicates that on the adjoining property to the west of her property, which has no buildings used as a dwelling, a type of workshop was built without a permit, in which scaffolding and metal moldings have been manufactured, using industrial, noisy, and polluting tools. She reports that the activity carried out in this workshop pollutes the air due to the fumes produced by welding and the metal particles released into the air when they cut and file metals; these particles are heavy metals that are highly polluting to human and animal health. She points out that this environmental pollution affects her health and that of her pets; she herself is facing eye inflammation, a heavy cough, and other consequences of breathing this polluted air. Moreover, she finds it necessary to keep the doors and windows of her house closed to somewhat avoid the pollution, and she has been deprived of her right to go out to her yard and enjoy her terrace because the pollution arrives directly and her lungs are greatly affected. Furthermore, her pets cannot go out into the yard because the pollution keeps them with significant skin irritation and constantly vomiting. On Wednesday, December 17, 2025, she filed three complaints with the municipality of Santa Ana, directed to licensing (patentes), construction (construcciones), and the Municipal Council, which is being processed under number 543475. Diligently, a municipal inspector visited the site and confirmed the existence of the illegal construction, the presence of shelves full of perlins, the existence of industrial machinery, and confirmed the existence of metal structures being fabricated. On the day of the inspection and confirmation of what was reported, for no apparent reason and failing in his duty, the official did not proceed with his obligation to shut down and affix the relevant seals, given that an activity was taking place without the permits from the entity required to issue them, which is the municipality of Santa Ana. She indicates that this lack of diligence on the part of the municipal official gave the offender time to build a new warehouse during the municipality's closure over the holidays, this time a more finished construction that gives the impression that a genuine metal product manufacturing workshop is being set up. On January 6, the first day the municipality opened its doors, she proceeded to submit a written report informing them of the new construction, and to date they have not proceeded with the shutdown by means of seals, allowing the offender to continue his illegal construction to finish his warehouse. In this construction without permits, they work every day from 7:00 a.m. to 6:00 p.m.; all day long there is noise from metal cutting, grinders, and other machinery. The licensing department (departamento de patentes) conducted an inspection using drones and closed the case because it alleged that she did not prove to them that it was a metal processing workshop, reversing the burden of proof. She reports that her health has been mainly affected, as she suffers from constant eye and respiratory tract irritation, headaches, and other nervous symptoms typical of the toxic pollution to which she is being subjected, and they are also suffering from other symptoms such as irritability of temperament and skin. She comes to defend the fundamental human right to breathe pure air and to live in a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with the strictly residential land use (uso de suelo) of the area where this activity is being conducted without permits from the municipality. She requests that the general principle of environmental law, which states that the polluter pays (quien contamina paga), be applied, and that it should be the polluter who must carry out his activity in accordance with the law and using all necessary damage mitigation measures. She requests that this Chamber order the municipality of Santa Ana to fulfill its duty and order the immediate cessation of any activity not permitted according to the land use of this strictly residential zone, and in accordance with its obligation, using all legal instruments at its disposal, such as the shutting down of the place by municipal seals.\n\n2.- By resolution at 14:46 on January 14, 2026, this Court cautioned the petitioner to indicate the following: “• Whether she has formally and in writing filed the corresponding request to report the situation she describes in the initial brief of this action to the respondent authority; • If her answer is affirmative, she must provide a complete, legible copy, with the respective proof of receipt or email transmission, of the complaint she filed; • If she has received any resolution, she must clearly indicate what the result obtained was and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; • If said complaint is pending resolution at the date of filing this action, she must also expressly state this to this Chamber; • Likewise, if she has not filed her complaint in writing and formally, she must clarify this. Similarly, she must provide any additional evidence on which she bases her claim.”\n\n3.- By written submission sent to this Court on January 20, 2026, the petitioner stated that she did formally and in writing file the corresponding request to report the situation she describes in this action to the respondent municipality. She provides a copy of the complaint submitted with the receipt stamp from the municipality, but they have not formally notified her of any resolution. She appeared at the municipality and they gave her a copy of official letter MSA-GOT-PPU-02-212-2025, a copy of which is attached. On January 6, she submitted a new written report to the municipality denouncing the construction of a new warehouse, so that three warehouses have now been built. On Friday, January 16, she appeared at the municipality and they gave her a copy of the shutdown order (acta de clausura) delivered on January 7 to the parties subject to the procedure; however, she never saw shutdown seals displayed or affixed to the entrance gate, as required by law, so the offender continued his reported activity, finished building his warehouse, and continued his metal processing activity for scaffolding and platforms, disrespecting the seals, and for that reason she was forced to file this amparo action.\n\n4.- Article 9 of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any request brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a prior equal or similar request that was rejected.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner claims that she filed a complaint with the respondent on December 17, 2025, and January 6, 2026, regarding illegal constructions that affect her health and noise pollution (contaminación sónica); however, they have not responded to anything regarding this and the illegal activity continues.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO ACTION. In view of the request whose lack of resolution is alleged, it is noted that it could potentially constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice, established in Article 41 of the Constitution. In that writing, the petitioner reported that this illegal construction has injured her right to health and has polluted the environment, due to the material with which they work without permits. Now, in relation to the right to obtain prompt and complete justice, it must be clarified that, as of vote number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, the Majority of this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Except for certain cases that this jurisdiction reserves for itself given their special vulnerability. Precisely, in this action, an exception is raised, as it deals with an alleged lack of resolution of a request related to a problem that affects health and the environment. However, given that at the time of filing this action (January 13, 2026), the two-month period that the Administration has to resolve the request filed on December 17, 2025, and January 6, 2026, had not elapsed, the Chamber considers that the amparo action is premature and its rejection is warranted, without prejudice to the petitioner filing her claim later, in the event that her complaint is not addressed in a timely manner. In the current state of affairs, the action is declared inadmissible.\n\nIII.- Note from Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative forum, it is the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber that must hear the legal dispute. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in the remaining cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are cautioned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulations on the Electronic Expediente before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is rejected outright. Judge Castillo Víquez records a note.\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n89QV2W42WS861\n\nEXPEDIENTE No. 26-001148-0007-CO\n\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\n\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:30:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }