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  "id": "nexus-sen-1-0007-1374697",
  "citation": "Res. 11078-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por falta de respuesta de SETENA sobre gestión ambiental de Aczarrí",
  "title_en": "Amparo for SETENA's failure to respond on Aczarrí environmental management",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). La parte recurrente solicitó, el 3 de noviembre de 2025, información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución N°1912-2021-SETENA para el Parque Tecnológico Ambiental Aczarrí, incluyendo la actualización del Plan de Gestión Ambiental y los Informes de Responsabilidad Ambiental cuatrimestrales. Aunque la recurrida pidió prórroga, al momento de interponer el amparo —23 de febrero de 2026— no había respondido. Durante la tramitación del amparo, SETENA emitió y notificó la respuesta el 16 de marzo de 2026. La mayoría de la Sala estimó el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la pretensión fue satisfecha y que no se trataba de un derecho de naturaleza patrimonial. Los magistrados Salazar y Garro salvaron parcialmente el voto en cuanto a la condenatoria indemnizatoria y en costas, respectivamente.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo appeal against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). On November 3, 2025, the petitioner requested information about compliance with the conditions set in resolution No. 1912-2021-SETENA for the Aczarrí Environmental Technology Park, including the update of the Environmental Management Plan and quarterly Environmental Responsibility Reports. Although SETENA requested an extension, by the time the appeal was filed —February 23, 2026— no response had been given. During the proceedings, SETENA issued and served its response on March 16, 2026. The majority of the Chamber upheld the appeal without awarding costs, damages, or losses, finding that the claim had been satisfied and did not involve a right of a clearly patrimonial nature. Judges Salazar and Garro issued partial dissents regarding the award of damages and costs, respectively.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "27/03/2026",
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    "derecho de petición y pronta respuesta",
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    "Aczarrí Environmental Technology Park",
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  "excerpt_es": "Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal confirma la lesión a los derechos fundamentales de la recurrente. En el sub lite consta que, el 3 de noviembre de 2025, por oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, el recurrente le solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que remitiera la siguiente información: “1. En el marco de la resolución N°1912-2021-SETENA acordada en la Sesión Ordinaria N°095-2021 respecto al expediente administrativo FEAP-0459-2002-SETENA sobre el proyecto Parque Tecnológico Ambiental Aczarrí, se acordó en el primer por tanto: “Actualizar en Plan de Gestión Ambiental para el proyecto de marras; los IRAs deberán incluir la información que se especifica en el Considerando Quinto de la presente resolución, con una periodicidad de entrega de informes de cada 4 meses. En el próximo IRA deberá aportarse la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto, solicitado por la Comisión Plenaria mediante la resolución No. 405-2021-SETENA”. Considerando lo anterior, ¿Qué ha hecho la SETENA al respecto? ¿Actualizó el Plan de Gestión para el proyecto señalado? ¿Existen los informes señalados que debían entregarse cada 4 meses? ¿Se aportó la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto en el IRA correspondiente tal y como se acordó en esta resolución?”. El requerimiento de información del recurrente ingresó por medio del Sistema de correspondencia interno de SETENA, al cual se le asignó el Consecutivo N° 10693-2025-Intranet, el cual es el medio oficial previsto para esos fines. La autoridad accionada indicó que mediante oficio SETENA-SG-1558-2025 del 17 de noviembre de 2025, la institución que representa, le solicitó al recurrente que le concediera una prórroga para poder dar una respuesta a su requerimiento; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso –23 febrero de 2026-, al amparado no se le había dado respuesta sobre lo pedido. Ahora bien, se observa que la autoridad accionada fue notificada sobre los hechos alegados en este recurso, a las 10:24 horas del 12 de marzo de 2026, y debido a ello, mediante la CARTA-SETENA-SG-0309-2026 del 16 de marzo de 2026, el secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), le brindó respuesta al accionante sobre lo pedido. Lo anterior, le fue notificado al recurrente el mismo día de emisión -ver documentación aportada-. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "After analyzing the evidence provided, this Court confirms the violation of the petitioner's fundamental rights. In the case at hand, it is established that on November 3, 2025, through official communication AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, the petitioner requested the National Environmental Technical Secretariat to provide the following information: “1. Within the framework of resolution No. 1912-2021-SETENA approved at Ordinary Session No. 095-2021 concerning administrative file FEAP-0459-2002-SETENA on the Aczarrí Environmental Technology Park project, it was resolved in the first operative clause: ‘Update the Environmental Management Plan for the project in question; the ERRs shall include the information specified in Recital Five of this resolution, with a reporting frequency of every 4 months. The next ERR must include the update of the risk analysis and contingency plan for the project, as requested by the Plenary Commission through resolution No. 405-2021-SETENA.’ Considering the above, what has SETENA done in this regard? Has the Management Plan for said project been updated? Do the reports that were to be submitted every 4 months exist? Was the update of the risk analysis and contingency plan for the project provided in the corresponding ERR as agreed in this resolution?” The petitioner's information request was submitted through SETENA's internal correspondence system, assigned Consecutive No. 10693-2025-Intranet, which is the official channel provided for such purposes. The respondent authority indicated that through official communication SETENA-SG-1558-2025 dated November 17, 2025, the institution it represents requested the petitioner to grant an extension to be able to respond to his request; however, at the time of filing this appeal —February 23, 2026— the petitioner had not received a response to his request. Now, it is observed that the respondent authority was notified of the facts alleged in this appeal at 10:24 a.m. on March 12, 2026, and as a result, through communication CARTA-SETENA-SG-0309-2026 dated March 16, 2026, the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) provided the petitioner with a response to his request. The above was notified to the petitioner on the same day of issuance —see documentation provided—. Based on the foregoing, it is the majority's view to resolve this appeal without awarding costs, damages, or losses. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber granted the appeal without awarding costs, as the response was provided during the amparo proceedings.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso sin condenatoria en costas, porque la respuesta fue emitida durante el trámite del amparo."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, obligates public officials to resolve requests from citizens within ten business days from the date of submission of such requests.",
      "quote_es": "El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones."
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    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The appeal is granted, without special award of costs, damages, or losses.",
      "quote_es": "Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1374697",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 11078 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 27 de Marzo del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 26-006423-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-006423-0007-CO\n\nRes. Nº 2026011078\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-006423-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 15:12 horas del 23 febrero de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y manifiesta que el 3 de noviembre de 2025, por oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, se le solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que remitiera la siguiente información: “1. En el marco de la resolución N°1912-2021-SETENA acordada en la Sesión Ordinaria N°095-2021 respecto al expediente administrativo FEAP-0459-2002-SETENA sobre el proyecto Parque Tecnológico Ambiental Aczarrí, se acordó en el primer por tanto: “Actualizar en Plan de Gestión Ambiental para el proyecto de marras; los IRAs deberán incluir la información que se especifica en el Considerando Quinto de la presente resolución, con una periodicidad de entrega de informes de cada 4 meses. En el próximo IRA deberá aportarse la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto, solicitado por la Comisión Plenaria mediante la resolución No. 405-2021-SETENA”. Considerando lo anterior, ¿Qué ha hecho la SETENA al respecto? ¿Actualizó el Plan de Gestión para el proyecto señalado? ¿Existen los informes señalados que debían entregarse cada 4 meses? ¿Se aportó la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto en el IRA correspondiente tal y como se acordó en esta resolución?”. Mediante oficio SETENA-SG-1558-2025 del 17 de noviembre del 2025, la institución recurrida, solicitó una prórroga para poder dar una respuesta eficiente, sin embargo, al día de hoy no han dado respuesta a lo consultado. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de las 9:14 horas del 9 de marzo de 2026, se dio curso al presente amparo.\n\n3.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 16 de marzo de 2026, Andrés Cortez Orozco, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), informa que: “PRIMERO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LAS COMPETENCIAS DE SETENA. En relación con el marco normativo que rige a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ( SETENA), se deben precisar los siguientes puntos de relevancia jurídica: I. Naturaleza Jurídica de la Viabilidad Ambiental. La Licencia o Viabilidad Ambiental debe entenderse, desde la técnica administrativa, como un acto administrativo de carácter previo y preparatorio. Su finalidad no es la autorización definitiva de ejecución, sino que constituye un presupuesto necesario y vinculante para la obtención de los permisos finales ante las autoridades sectoriales correspondientes. En consecuencia, su otorgamiento no agota la fase autorizatoria, sino que condiciona la búsqueda de concreción del proyecto al cumplimiento de estándares de tutela ambiental compatibles con el desarrollo. II. Delimitación de Competencias y Principio de Legalidad. En virtud del Principio de Legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) está facultada para actuar únicamente dentro de la órbita de sus atribuciones expresas. Sus competencias se hallan 16 de marzo del 2026  estrictamente delimitadas por la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) y los reglamentos vigentes al momento de la evaluación. III. Función Técnico-Científica de la Secretaría. Bajo este régimen de legalidad, las prerrogativas de la SETENA se restringen a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Su función esencial radica en la aplicación de instrumentos técnicos fundamentados en criterios científicos para determinar la viabilidad de una propuesta. Todo el procedimiento evaluación requiere haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad, que requiera dicho estudio y como un requisito para los permisos finales, esto refleja su naturaleza intermedia o como un acto preparatorio. Por tanto, la institución carece de potestad legal y no participa en la emisión de permisos finales de construcción o funcionamiento, cuya competencia recae exclusivamente en otras instancias del Estado, limitándose SETENA a dictaminar sobre la viabilidad ambiental como presupuesto de aquellos. Así las cosas, se realiza un estudio técnico jurídico detallado del proyecto, según el instrumento de Evaluación que corresponda a la obra o actividad antes de su ejecución u operación; de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental y su fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente, se reitera entonces el carácter ex ante de la Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 17 de la LOA que establece: Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.  Una vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) y habiéndose verificado el inicio efectivo de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP), la SETENA ejerce sus facultades de fiscalización y control permanente. Esta fase de Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento riguroso de los compromisos ambientales y condiciones fijadas al desarrollador.  Para tales efectos, el ordenamiento jurídico prevé un catálogo de Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, cuya exigibilidad se determina en función de la naturaleza y el riesgo del proyecto. Estos mecanismos de cumplimiento obligatorio incluyen:  • Garantía de Cumplimiento Ambiental: Como caución económica destinada a asegurar la ejecución de las medidas de prevención, mitigación o compensación. • Nombramiento del Responsable Ambiental: Profesional debidamente acreditado que actúa como enlace técnico y responsable de la implementación de los planes de gestión. • Habilitación de la Bitácora Ambiental: Instrumento jurídico-técnico donde se consignan de forma cronológica las incidencias y el avance de las medidas ambientales. • Informes de Responsabilidad Ambiental (IRA): Reportes periódicos que deben ser presentados por el desarrollador y su responsable ambiental ante esta Secretaría, con la frecuencia y los requerimientos técnicos establecidos en la resolución administrativa que otorgó la licencia. Es imperativo resaltar que el incumplimiento de cualquiera de estos instrumentos facultaría a la SETENA para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes, pudiendo derivar incluso en la suspensión o revocatoria de la viabilidad otorgada, en salvaguarda del interés público ambiental. En relación a lo anterior efectivamente por medio del Sistema de correspondencia interno de la SETENA, al cual se le asignó el Consecutivo N° 10693-2025-Intranet, el señor [Nombre 001], ingresó lo solicitud de información indicada. Hecho Segundo: Mediante oficio SETENA-SG-1558-2025 del 17 de noviembre del 2025, la institución recurrida, solicitó una prórroga para poder dar una respuesta eficiente, sin embargo, al día de hoy no han dado respuesta a lo consultado. Pide se declare con lugar el recurso. Sobre el particular, consta que mediante el oficio SETENA-SG-1558-2025, de fecha 17 de noviembre de 2025 y notificado el día 23 del mismo mes, se informó a la parte accionante sobre las diligencias desplegadas para el despacho de su gestión. Al respecto, el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, en aras de garantizar una atención integral, consideró necesario proceder a solicitar al desarrollador del proyecto mediante el oficio SETENA-DT-ASA-2954-2025, referirse a los extremos técnicos de la solicitud y contar con las aclaraciones pertinentes para el abordaje integral del asunto. La respuesta al señor [Nombre 001] fue realizada por medio de la CARTA-SETENA-SG-0309-2026, notificada el día 16 de marzo del 2026. Requerimiento de la Sala Constitucional: Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. El requerimiento de información ingresó por medio del Sistema de correspondencia interno de la SETENA, al cual se le asignó el Consecutivo N° 10693-2025-Intranet, el cual es el medio oficial previsto para esos fines. Sobre la Petitoria: Solicita a la Sala Constitucional el Señor [Nombre 001]: Que se le ordene por parte de esta Sala a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitir la información consultada mediante oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025. Conforme a la nota CARTA-SETENA-SG-0309-2026 y el comprobante de notificación adjunto, se confirma que la información ya fue atendida. CONCLUSION. De conformidad con lo requerido por el accionante en la presente gestión de Amparo, se determina que lo requerido por el fondo ya fue satisfecho por parte de esta representación.”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO: Acusa la accionante que, el 3 de noviembre de 2025, por oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, se le solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que remitiera la siguiente información: “1. En el marco de la resolución N°1912-2021-SETENA acordada en la Sesión Ordinaria N°095-2021 respecto al expediente administrativo FEAP-0459-2002-SETENA sobre el proyecto Parque Tecnológico Ambiental Aczarrí, se acordó en el primer por tanto: “Actualizar en Plan de Gestión Ambiental para el proyecto de marras; los IRAs deberán incluir la información que se especifica en el Considerando Quinto de la presente resolución, con una periodicidad de entrega de informes de cada 4 meses. En el próximo IRA deberá aportarse la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto, solicitado por la Comisión Plenaria mediante la resolución No. 405-2021-SETENA”. Considerando lo anterior, ¿Qué ha hecho la SETENA al respecto? ¿Actualizó el Plan de Gestión para el proyecto señalado? ¿Existen los informes señalados que debían entregarse cada 4 meses? ¿Se aportó la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto en el IRA correspondiente tal y como se acordó en esta resolución?”. Mediante oficio SETENA-SG-1558-2025 del 17 de noviembre del 2025, la institución recurrida, solicitó una prórroga para poder dar una respuesta eficiente, sin embargo, al día de hoy no han dado respuesta a lo consultado. A la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta.\n\nII.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)                                         El 3 de noviembre de 2025, por oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, el recurrente le solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que remitiera la siguiente información: “1. En el marco de la resolución N°1912-2021-SETENA acordada en la Sesión Ordinaria N°095-2021 respecto al expediente administrativo FEAP-0459-2002-SETENA sobre el proyecto Parque Tecnológico Ambiental Aczarrí, se acordó en el primer por tanto: “Actualizar en Plan de Gestión Ambiental para el proyecto de marras; los IRAs deberán incluir la información que se especifica en el Considerando Quinto de la presente resolución, con una periodicidad de entrega de informes de cada 4 meses. En el próximo IRA deberá aportarse la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto, solicitado por la Comisión Plenaria mediante la resolución No. 405-2021-SETENA”. Considerando lo anterior, ¿Qué ha hecho la SETENA al respecto? ¿Actualizó el Plan de Gestión para el proyecto señalado? ¿Existen los informes señalados que debían entregarse cada 4 meses? ¿Se aportó la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto en el IRA correspondiente tal y como se acordó en esta resolución?” (veáse documentación aportada e informe rendido bajo fe de juramento);\n\nb)                                         El requerimiento de información del recurrente ingresó por medio del Sistema de correspondencia interno de SETENA, al cual se le asignó el Consecutivo N° 10693-2025-Intranet, el cual es el medio oficial previsto para esos fines (veáse documentación aportada e informe rendido bajo fe de juramento);\n\nc)                                         Mediante oficio SETENA-SG-1558-2025 del 17 de noviembre de 2025, la institución recurrida, le solicitó al recurrente que le concediera una prórroga para poder dar una respuesta a su requerimiento (veáse documentación aportada e informe rendido bajo fe de juramento);\n\nd)                                         A la fecha de interposición de este recurso –23 febrero de 2026-, al amparado no se le había dado respuesta sobre lo pedido (veáse documentación aportada e informe rendido bajo fe de juramento);\n\ne)                                         La autoridad accionada fue notificada sobre los hechos alegados en este recurso, a las 10:24 horas del 12 de marzo de 2026 (veáse acta de notificación por comisión);\n\nf)                                          Mediante la CARTA-SETENA-SG-0309-2026 del 16 de marzo de 2026, el secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), le brindó respuesta al accionante sobre lo pedido. Lo anterior, le fue notificado al recurrente el mismo día de emisión (veáse documentación aportada e informe rendido bajo fe de juramento).\n\nIII.- SOBRE EL FONDO: Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal confirma la lesión a los derechos fundamentales de la recurrente. En el sub lite consta que, el 3 de noviembre de 2025, por oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, el recurrente le solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que remitiera la siguiente información: “1. En el marco de la resolución N°1912-2021-SETENA acordada en la Sesión Ordinaria N°095-2021 respecto al expediente administrativo FEAP-0459-2002-SETENA sobre el proyecto Parque Tecnológico Ambiental Aczarrí, se acordó en el primer por tanto: “Actualizar en Plan de Gestión Ambiental para el proyecto de marras; los IRAs deberán incluir la información que se especifica en el Considerando Quinto de la presente resolución, con una periodicidad de entrega de informes de cada 4 meses. En el próximo IRA deberá aportarse la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto, solicitado por la Comisión Plenaria mediante la resolución No. 405-2021-SETENA”. Considerando lo anterior, ¿Qué ha hecho la SETENA al respecto? ¿Actualizó el Plan de Gestión para el proyecto señalado? ¿Existen los informes señalados que debían entregarse cada 4 meses? ¿Se aportó la actualización del análisis de riesgo y plan de contingencia del proyecto en el IRA correspondiente tal y como se acordó en esta resolución?”. El requerimiento de información del recurrente ingresó por medio del Sistema de correspondencia interno de SETENA, al cual se le asignó el Consecutivo N° 10693-2025-Intranet, el cual es el medio oficial previsto para esos fines. La autoridad accionada indicó que mediante oficio SETENA-SG-1558-2025 del 17 de noviembre de 2025, la institución que representa, le solicitó al recurrente que le concediera una prórroga para poder dar una respuesta a su requerimiento; sin  embargo, a la fecha de interposición de este recurso –23 de febrero de 2026-, al amparado no se le había dado respuesta sobre lo pedido. Ahora bien, se observa que la autoridad accionada fue notificada sobre los hechos alegados en este recurso, a las 10:24 horas del 12 de marzo de 2026, y debido a ello, mediante la CARTA-SETENA-SG-0309-2026 del 16 de marzo de 2026, el secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), le brindó respuesta al accionante sobre lo pedido. Lo anterior, le fue notificado al recurrente el mismo día de emisión -ver documentación aportada-. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.\n\nIV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  (\"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.\n\n  Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.\n\nEl derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  \n\nEl artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  \n\n“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. \n\nPor su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:\n\n“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.\n\nEn el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: \n\n“Presentación de escritos y plazo de respuesta. \n\nEl escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. \n\nDe este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. \n\nAsimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  \n\nEn consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.\n\nPor lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.\n\nAsí, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA.\n\n​ Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\n​ Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\n​ Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\n​ Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\n​ En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. \n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n FK3QOKTMKCA61\n\nEXPEDIENTE N° 26-006423-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:31:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 11078 - 2026\n\nResolution Date: March 27, 2026 at 09:20\n\nCase File: 26-006423-0007-CO\n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera\n\nType of Matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 26-006423-0007-CO\n\nRes. No. 2026011078\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the twenty-seventh of March, two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal processed under case file number 26-006423-0007-CO, filed by [Name 001], identification card [Value 001], against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By writ received in this Chamber at 15:12 on February 23, 2026, the petitioner files an amparo appeal against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT, and states that on November 3, 2025, through official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, the National Environmental Technical Secretariat was asked to provide the following information: \"1. Within the framework of resolution No. 1912-2021-SETENA agreed upon in Ordinary Session No. 095-2021 regarding administrative file FEAP-0459-2002-SETENA for the Aczarrí Environmental Technology Park project, it was agreed in the first operative clause: 'Update the Environmental Management Plan for the aforementioned project; the IRAs must include the information specified in Considering Clause Five of this resolution, with a reporting frequency of every 4 months. In the next IRA, the update of the risk analysis and contingency plan for the project, requested by the Plenary Commission through resolution No. 405-2021-SETENA, must be provided.' Considering the above, what has SETENA done in this regard? Did it update the Management Plan for the indicated project? Do the indicated reports that were to be submitted every 4 months exist? Was the update of the risk analysis and contingency plan for the project provided in the corresponding IRA as agreed in this resolution?\" Through official letter SETENA-SG-1558-2025 of November 17, 2025, the respondent institution requested an extension to be able to provide an efficient response; however, as of today, they have not responded to the inquiry. It requests that the appeal be granted.\n\n2.- Through a resolution at 9:14 a.m. on March 9, 2026, this amparo was processed.\n\n3.- Through a writ incorporated into the Legal System on March 16, 2026, Andrés Cortez Orozco, secretary general of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), reports that: \"FIRST: LEGAL CONSIDERATIONS ON THE COMPETENCIES OF SETENA. Regarding the regulatory framework governing the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the following points of legal relevance must be specified: I. Legal Nature of Environmental Viability. The Environmental License or Viability must be understood, from an administrative technical standpoint, as a prior and preparatory administrative act. Its purpose is not the definitive authorization for execution, but rather constitutes a necessary and binding prerequisite for obtaining final permits before the corresponding sectoral authorities. Consequently, its granting does not exhaust the authorization phase but conditions the project's realization on compliance with standards of environmental protection compatible with development. II. Delimitation of Competencies and Principle of Legality. By virtue of the Principle of Legality (article 11 of the Political Constitution and article 11 of the General Law of Public Administration), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is empowered to act only within the scope of its express powers. Its competencies are strictly delimited by the Organic Law of the Environment (No. 7554) and the regulations in force at the time of evaluation. III. Technical-Scientific Function of the Secretariat. Under this legality regime, SETENA's prerogatives are restricted to Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA). Its essential function lies in the application of technical instruments grounded in scientific criteria to determine the feasibility of a proposal. The entire evaluation procedure must have been completed and satisfied before initiating any project, work, or activity that requires such a study, and as a requirement for final permits; this reflects its intermediate nature or status as a preparatory act. Therefore, the institution lacks legal authority and does not participate in the issuance of final construction or operation permits, whose competence falls exclusively on other State bodies, with SETENA being limited to ruling on environmental viability as a prerequisite for those. Thus, a detailed technical-legal study of the project is carried out, according to the Evaluation instrument applicable to the work or activity before its execution or operation; hence the predictive nature of the Environmental License, and its purpose is so that all necessary prevention, mitigation, or compensation measures can be imposed to avoid causing irreparable damage to the environment. The ex ante nature of the Environmental Impact Assessment is reiterated in accordance with article 17 of the LOA, which establishes: Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy environmental elements or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body will be an indispensable requirement to initiate activities, works, or projects. Laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects require an environmental impact assessment. Once Environmental Viability (Licencia Ambiental) is granted, and the effective start of the Activity, Work, or Project has been verified, SETENA exercises its permanent oversight and control powers. This Environmental Management phase has as its primary objective ensuring rigorous compliance with the environmental commitments and conditions set for the developer. For these purposes, the legal system provides a catalog of Environmental Control and Follow-up Instruments, the enforceability of which is determined based on the nature and risk of the project. These mandatory compliance mechanisms include: • Environmental Compliance Guarantee: As an economic surety intended to ensure the execution of prevention, mitigation, or compensation measures. • Appointment of the Environmental Manager: A duly accredited professional who acts as the technical liaison and person responsible for implementing the management plans. • Enabling of the Environmental Logbook: A legal-technical instrument in which incidents and the progress of environmental measures are chronologically recorded. • Environmental Responsibility Reports (Informes de Responsabilidad Ambiental, IRA): Periodic reports that must be submitted by the developer and their environmental manager to this Secretariat, with the frequency and technical requirements established in the administrative resolution that granted the license. It is imperative to highlight that non-compliance with any of these instruments would empower SETENA to initiate the corresponding administrative sanctioning procedures, potentially leading to the suspension or revocation of the granted viability, in protection of the public environmental interest. Regarding the above, it is indeed true that through SETENA's internal correspondence system, to which Tracking Number No. 10693-2025-Intranet was assigned, Mr. [Name 001] submitted the indicated request for information. Fact Two: Through official letter SETENA-SG-1558-2025 of November 17, 2025, the respondent institution requested an extension to be able to provide an efficient response; however, as of today, they have not responded to the inquiry. It requests that the appeal be granted. On this particular point, it is on record that through official letter SETENA-SG-1558-2025, dated November 17, 2025, and notified on the 23rd of the same month, the plaintiff was informed about the steps taken to process their request. In this regard, the Department of Environmental Auditing and Follow-up, in order to guarantee comprehensive attention, considered it necessary to request the project developer, through official letter SETENA-DT-ASA-2954-2025, to address the technical aspects of the request and provide the relevant clarifications for a comprehensive approach to the matter. The response to Mr. [Name 001] was made through LETTER-SETENA-SG-0309-2026, notified on March 16, 2026. Requirement of the Constitutional Chamber: Furthermore, the respondent authority must report whether the email address to which the petitioner sent the request for information is established as an official mechanism for receiving user submissions. The request for information was received through SETENA's internal correspondence system, to which Tracking Number No. 10693-2025-Intranet was assigned, which is the official means for these purposes. Regarding the Petition: Mr. [Name 001] requests the Constitutional Chamber: That this Chamber order the National Environmental Technical Secretariat to provide the information requested through official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025. According to communication LETTER-SETENA-SG-0309-2026 and the attached proof of notification, it is confirmed that the information has already been addressed. CONCLUSION. In accordance with what was required by the plaintiff in this Amparo appeal, it is determined that the substantive request has already been satisfied by this representation.\" It requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nDrafted by Magistrate Hess Herrera; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL: The plaintiff alleges that, on November 3, 2025, through official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, the National Environmental Technical Secretariat was asked to provide the following information: \"1. Within the framework of resolution No. 1912-2021-SETENA agreed upon in Ordinary Session No. 095-2021 regarding administrative file FEAP-0459-2002-SETENA for the Aczarrí Environmental Technology Park project, it was agreed in the first operative clause: 'Update the Environmental Management Plan for the aforementioned project; the IRAs must include the information specified in Considering Clause Five of this resolution, with a reporting frequency of every 4 months. In the next IRA, the update of the risk analysis and contingency plan for the project, requested by the Plenary Commission through resolution No. 405-2021-SETENA, must be provided.' Considering the above, what has SETENA done in this regard? Did it update the Management Plan for the indicated project? Do the indicated reports that were to be submitted every 4 months exist? Was the update of the risk analysis and contingency plan for the project provided in the corresponding IRA as agreed in this resolution?\" Through official letter SETENA-SG-1558-2025 of November 17, 2025, the respondent institution requested an extension to be able to provide an efficient response; however, as of today, they have not responded to the inquiry. As of the date of filing this appeal, no response has been obtained.\n\nII.- PROVEN FACTS: Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated:\n\na) On November 3, 2025, through official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, the petitioner asked the National Environmental Technical Secretariat to provide the following information: \"1. Within the framework of resolution No. 1912-2021-SETENA agreed upon in Ordinary Session No. 095-2021 regarding administrative file FEAP-0459-2002-SETENA for the Aczarrí Environmental Technology Park project, it was agreed in the first operative clause: 'Update the Environmental Management Plan for the aforementioned project; the IRAs must include the information specified in Considering Clause Five of this resolution, with a reporting frequency of every 4 months. In the next IRA, the update of the risk analysis and contingency plan for the project, requested by the Plenary Commission through resolution No. 405-2021-SETENA, must be provided.' Considering the above, what has SETENA done in this regard? Did it update the Management Plan for the indicated project? Do the indicated reports that were to be submitted every 4 months exist? Was the update of the risk analysis and contingency plan for the project provided in the corresponding IRA as agreed in this resolution?\" (see documentation provided and report rendered under oath);\n\nb) The petitioner's request for information was received through SETENA's internal correspondence system, to which Tracking Number No. 10693-2025-Intranet was assigned, which is the official means for these purposes (see documentation provided and report rendered under oath);\n\nc) Through official letter SETENA-SG-1558-2025 of November 17, 2025, the respondent institution asked the petitioner to grant an extension to be able to provide a response to the request (see documentation provided and report rendered under oath);\n\nd) As of the date of filing this appeal –February 23, 2026–, the protected party had not been given a response to the request (see documentation provided and report rendered under oath);\n\ne) The respondent authority was notified of the facts alleged in this appeal at 10:24 a.m. on March 12, 2026 (see notification certificate by commission);\n\nf) Through LETTER-SETENA-SG-0309-2026 of March 16, 2026, the secretary general of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) provided the plaintiff with a response to the request. This was notified to the petitioner on the same day it was issued (see documentation provided and report rendered under oath).\n\nIII.- ON THE MERITS: After analyzing the evidence submitted, this Court confirms the infringement of the petitioner's fundamental rights. In the case at hand, it is on record that on November 3, 2025, through official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0316-2025, the petitioner asked the National Environmental Technical Secretariat to provide the following information: \"1. Within the framework of resolution No. 1912-2021-SETENA agreed upon in Ordinary Session No. 095-2021 regarding administrative file FEAP-0459-2002-SETENA for the Aczarrí Environmental Technology Park project, it was agreed in the first operative clause: 'Update the Environmental Management Plan for the aforementioned project; the IRAs must include the information specified in Considering Clause Five of this resolution, with a reporting frequency of every 4 months. In the next IRA, the update of the risk analysis and contingency plan for the project, requested by the Plenary Commission through resolution No. 405-2021-SETENA, must be provided.' Considering the above, what has SETENA done in this regard? Did it update the Management Plan for the indicated project? Do the indicated reports that were to be submitted every 4 months exist? Was the update of the risk analysis and contingency plan for the project provided in the corresponding IRA as agreed in this resolution?\" The petitioner's request for information was received through SETENA's internal correspondence system, to which Tracking Number No. 10693-2025-Intranet was assigned, which is the official means for these purposes. The respondent authority indicated that through official letter SETENA-SG-1558-2025 of November 17, 2025, the institution it represents asked the petitioner to grant an extension to be able to provide a response to the request; however, as of the date of filing this appeal –February 23, 2026–, the protected party had not been given a response to the request. Now, it is observed that the respondent authority was notified of the facts alleged in this appeal at 10:24 a.m. on March 12, 2026, and because of this, through LETTER-SETENA-SG-0309-2026 of March 16, 2026, the secretary general of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) provided the plaintiff with a response to the request. This was notified to the petitioner on the same day it was issued -see documentation provided-. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this appeal without an award for costs, damages, and losses. Consequently, it is appropriate to grant the appeal.\n\nIV.- REGARDING THE AWARD FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case under review, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\"), the granting of the appeal must be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is being granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" It is emphasized that the Law indicates \"if they are applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases such as this one, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: \"any ruling that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve its liquidation for the execution of the judgment,\" where no possibility is foreseen to assess whether or not indemnification and costs are applicable. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedure Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Constitutional Jurisdiction Law -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in this case preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this appeal without an award for costs, damages, and losses.\n\nV.- DISSENTING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.\n\nWhile I agree with the majority vote that grants the appeal due to a violation of the right of petition and timely response, I consider that it should be granted, but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as indemnification for the damages and losses caused, for the following reasons.\n\nThe right of petition and timely response, contained in articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, obliges public officials to resolve the requests of the governed within a period of ten business days from the date of submission of such requests, unless a different period for responding has been established. However, the cited article 32 also provides that, in the decision on the petition, the Chamber shall assess the reasons given to consider said period insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is indicated by the aforementioned rules.\n\nArticle 27 of the Political Constitution establishes the following:\n\n\"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a timely resolution is guaranteed.\"\n\nIn turn, article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the following:\n\n\"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a timely resolution, established in article 27 of the Political Constitution, and no period for responding has been established, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the appeal, the reasons given for considering that period insufficient may be assessed, considering the circumstances and the nature of the matter.\"\n\nIn the same vein, the Law for the Regulation of the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to keep in mind the provisions of article 6 of said regulation:\n\n\"Filing of documents and response period.\n\nThe document in which the petition is filed and any other documents and communications that are submitted to the corresponding public administration, as indicated in article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational rule of each entity…\".\n\nThus, in amparo appeals concerning the alleged infringement of this right, there is an express legal rule -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders that the requested information be provided within the ten business days following its request, as provided by articles 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.\n\nLikewise, the Constitutional Jurisdiction Law, in article 51, provides:\n\n\"...any ruling that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve its liquidation for the execution of the judgment.\"\n\nThis last rule establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nConsequently, in the case before us, a violation of the constitutionally endorsed ten-day period is confirmed -which, incidentally, is not required for other amparo appeals, except for rectification and response (article 68 of the Constitutional Jurisdiction Law)-.\n\nTherefore, what is appropriate in this regard, and with due respect for the majority's thesis, is to consider the injury to the right of petition and timely response, as well as the right of access to public information (article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as having been proven, ordering an award for costs, damages, and losses against the respondent authority.\n\nThus, being a constitutionally endorsed period -both by the legislator and by this Constitutional Court-, its non-compliance entails an injury to the indicated fundamental right that prompted the petitioner to file this amparo appeal as a mechanism for obtaining a response to their request or access to the information they have required, regardless of whether the response or the delivery of information occurred before or during the amparo; because the truth is that the governed person finally saw their constitutional right satisfied as a result of the filing of the amparo appeal they were forced to submit, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or the access provided by the respondent Administration that occurs after the period in question has expired, even if it occurs before notification of the processing of the amparo, or, as in this case, upon notification of said processing, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by articles 27 and 30 of the Constitution. It is clear that in this hypothesis, that untimely response represents satisfaction of the protected party's claim, but this is not an obstacle to recognizing the damages and losses that this negligence could have caused the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of the present procedural action, necessary for the protection of their fundamental rights, as enabled by rule 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nConsequently, I issue a partial dissenting vote, and impose on the respondent party the payment of costs, damages, and losses.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT.\n\n Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\".\n\n My interpretation of this rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are applicable\" refers to the costs. Moreover, article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: the costs.\n\n Certainly, according to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo appeal is not indemnificatory but restorative; however, article 51 of the LJC states: \"Any ruling that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve its liquidation for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so confirms, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no legal title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate article 41 of the CP.\n\nIf, despite there having been an abstract condemnation, the damages (daños y perjuicios) have not materialized, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, since only to him corresponds to deem proven the actual existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when a recurso de amparo exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may impose a condemnation in costs (condena en costas), even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation in damages (daños y perjuicios), but not the condemnation in costs (condena en costas).\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe recurso is granted, without special condemnation in costs (condena en costas), damages (daños y perjuicios). Judge Salazar Alvarado records different reasons and partially dissents, solely for purposes of compensation, and imposes upon the respondent the payment of costs (costas), damages (daños y perjuicios). Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation in damages (daños y perjuicios), but not in costs (costas). Notify.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n FK3QOKTMKCA61\n\nEXPEDIENTE N° 26-006423-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:31:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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