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  "id": "nexus-sen-1-0007-1375022",
  "citation": "Res. 09974-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Aforo y participación en reservaciones del Parque Nacional Corcovado",
  "title_en": "Visitor capacity and participation in Corcovado National Park reservations",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado por un guía turístico contra el MINAE, impugnando las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y 086-2025 que regularon el aforo y las reservaciones en el Parque Nacional Corcovado. El recurrente alegó falta de consulta pública, ausencia de metodología técnica oficial de capacidad de carga del SINAC, y deficiencias en la fundamentación y notificación de dichas resoluciones. La Sala declara sin lugar el recurso, remitiéndose en gran parte a lo ya resuelto en sentencias previas (2025-034702 y 2025-036712), donde se avaló el abordaje técnico implementado y se indicó que los actos administrativos son insumos en proceso de recopilación de datos, no actos finales. Sobre los reclamos de claridad normativa y fundamentación, los considera asuntos de mera legalidad, no de constitucionalidad. El Magistrado Salazar añade razones diferentes, señalando que cuando la Administración ya ha intervenido, el control debe ejercerse en la vía contencioso-administrativa y no en amparo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto en cuanto a participación ciudadana, sosteniendo que este derecho fundamental sí es tutelable por la vía constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a tour guide against MINAE, challenging resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and 086-2025 that regulated visitor capacity and reservations in Corcovado National Park. The claimant alleged lack of public consultation, absence of an official carrying capacity methodology from SINAC, and deficiencies in reasoning and notification. The Chamber denies the amparo, largely referring to prior rulings (2025-034702 and 2025-036712) that endorsed the technical approach and clarified that the administrative acts are preliminary inputs in a data-gathering process, not final acts. Claims regarding normative clarity and justification are deemed matters of ordinary legality, not constitutional review. Justice Salazar adds concurring reasons, stating that once the Administration has intervened, review belongs to the contentious-administrative jurisdiction, not amparo. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent on the citizen participation claim, arguing that this fundamental right is indeed enforceable via constitutional amparo.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "20/03/2026",
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  "excerpt_es": "V.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, el recurrente alega: a) que la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, no se realizó consulta pública ni se otorgó audiencia a los involucrados; b) la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, estableció nuevos lineamientos y aforos para la visitación, sin aplicar metodología oficial de capacidad de carga, ya que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación carece de una herramienta oficial para ello; c) no se estableció la metodología para definir el ingreso a los senderos; d) las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 no fueron dirigidas al sector turismo, afectando directamente a tour operadores, hoteles y guías turísticos, quienes no fueron notificados formalmente; e) “la resolución” no especifica la fecha de entrada en vigencia ni el medio oficial de publicación y la tabla sobre capacidad de carga por sendero es confusa ni aclara la fecha de cierre anual del Parque Nacional Corcovado; f) la carta SINAC-DAP-PTS-015-2025 describe la Herramienta para el Manejo de Flujos de Visitantes como un instrumento técnico para orientar la gestión de visitación, pero no es una herramienta de capacidad de carga, lo que contradice su aplicación en la resolución; g) la resolución SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 no dejó sin efecto la resolución ACOSA-D-R-102-2021, que regula la visitación de cruceros en San Pedrillo, y que en general el documento es confuso. Relata que, se argumenta que el aforo de hospedaje se basa en el permiso sanitario del Ministerio de Salud, lo cual no constituye una metodología técnica de capacidad de carga establecida por el SINAC.\n\nVI.- Respecto al principio de participación ciudadana. Señala el recurrente, que la autoridad recurrida no se realizó consulta pública ni se otorgó audiencia a los involucrados previo al dictado de la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, lo que considera una violación al derecho de participación. En cuanto a este reclamo, debe estarse el recurrente a lo ya resuelto en la Sala en la Sentencia N° 2025-036712, de las 09.30 horas del 07 de noviembre de 2025, dado que las consideraciones expuestas se aplican a este caso concreto.\n\nVII.- En cuanto a la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025. El recurrente considera que, dicha resolución no se encuentra fundamentada técnicamente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación carece de una herramienta oficial para ello, siendo que no se estableció la metodología para definir el ingreso a los senderos. Al respecto, en la Sentencia Nº 2025-034702, de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, la Sala estimó que la resolución N° SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 contiene la justificación técnica de aforo para la Dirección01 y ciertamente, para esa fecha todavía no se contaba con los insumos técnicos para locaciones restantes (La Leona, San Pedrillo, Los Patos y El Tigre), ya que se requiere un lapso mayor de recopilación, por lo que de forma transitoria, y en aras de garantizar la continuidad de las actividades socioeconómicas que dependen directamente del Parque Nacional Corcovado, se establecieron aforos de visitación diaria, según la recomendación de la Coordinadora Regional del Programa de Turismo Sostenible de ACOSA. Asimismo se indicó que, deberán las autoridades recurridas continuar recopilando datos, y una vez culminado el plazo técnicamente necesario, emitir el acto administrativo debidamente fundamentado, en aras de dar cabal cumplimiento a la Sentencia N° 2025-024842. De manera, que cualquier incumplimiento al respecto, deberá ser alegado en dicha sentencia, siendo que a la fecha, en que se interpuso el presente recurso de amparo, solamente había transcurrido cinco días desde el dictado de la Sentencia N° 2025-034702.\n\nVIII.- En cuanto a que, el amparado estima que, la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 no especifica la fecha de entrada en vigencia ni el medio oficial de publicación; la tabla sobre capacidad de carga por sendero es confusa, aunado a que considera que la carta SINAC-DAP-PTS-015-2025 no es una herramienta de capacidad de carga y que el aforo de hospedaje se basa en el permiso sanitario del Ministerio de Salud, lo cual no constituye una metodología técnica de capacidad de carga establecida por el SINAC, así como la vigencia y aplicabilidad de la resolución ACOSA-D-R-102-2021, son asuntos que carecen de raigambre constitucional y de acceder a analizar lo pedido implicaría sustituir a la autoridad recurrida en las funciones que le han sido confiadas por ley y, además, obviar la naturaleza sumaria del amparo, ordinariando un procedimiento que lo que busca es la protección y la restitución de derechos fundamentales violados y no el control de legalidad que, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en manos de las instancias administrativas correspondientes.",
  "excerpt_en": "V.- On the merits. In the case under review, the claimant alleges: a) that resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued on September 22, 2025, was adopted without public consultation or a hearing for those affected; b) resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 established new guidelines and capacities for visitation without applying an official carrying capacity methodology, since the National System of Conservation Areas lacks an official tool for this; c) no methodology was established to define access to the trails; d) resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 were not directed to the tourism sector, directly affecting tour operators, hotels, and tour guides, who were not formally notified; e) “the resolution” does not specify the effective date or the official means of publication, and the trail carrying capacity table is confusing and does not clarify the annual closing date of Corcovado National Park; f) letter SINAC-DAP-PTS-015-2025 describes the Visitor Flow Management Tool as a technical instrument to guide visitation management, but it is not a carrying capacity tool, which contradicts its application in the resolution; g) resolution SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 did not set aside resolution ACOSA-D-R-102-2021, which regulates cruise ship visits in San Pedrillo, and that in general the document is confusing. It is argued that lodging capacity is based on the sanitary permit from the Ministry of Health, which does not constitute a carrying capacity methodology established by SINAC.\n\nVI.- Regarding the principle of citizen participation. The claimant argues that the respondent authority did not carry out public consultation or grant a hearing to those affected prior to issuing resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, which he considers a violation of the right to participation. As to this claim, the claimant must adhere to what was already decided by this Chamber in Judgment No. 2025-036712 of 09:30 hours on November 7, 2025, since the considerations set forth therein apply to this specific case.\n\nVII.- Regarding resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025. The claimant considers that this resolution is not technically justified and that the National System of Conservation Areas lacks an official tool for this, and that no methodology was established to define access to the trails. In this regard, in Judgment No. 2025-034702 of 09:20 hours on October 24, 2025, the Chamber held that resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 contains the technical justification for the capacity at the Dirección01 and, indeed, at that date the technical inputs for the remaining locations (La Leona, San Pedrillo, Los Patos, and El Tigre) were not yet available, since a longer period of data collection is required; therefore, on a transitional basis and in order to guarantee the continuity of the socioeconomic activities directly dependent on Corcovado National Park, daily visitation capacities were established according to the recommendation of the Regional Coordinator of the Sustainable Tourism Program of ACOSA. It was also stated that the respondent authorities must continue collecting data, and once the technically necessary period has elapsed, issue a duly substantiated administrative act in full compliance with Judgment No. 2025-024842. Therefore, any non-compliance in this regard must be alleged within that judgment, given that at the time this amparo was filed, only five days had elapsed since the issuance of Judgment No. 2025-034702.\n\nVIII.- Regarding the claimant’s contention that resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 does not specify the effective date or the official means of publication; that the trail carrying capacity table is confusing; that he considers letter SINAC-DAP-PTS-015-2025 is not a carrying capacity tool and that lodging capacity is based on the sanitary permit of the Ministry of Health, which does not constitute a technical carrying capacity methodology established by SINAC; as well as the validity and applicability of resolution ACOSA-D-R-102-2021, these are matters that lack constitutional significance. To examine what is requested would entail substituting the respondent authority in the functions entrusted to it by law and, furthermore, ignoring the summary nature of the amparo, thereby turning into an ordinary proceeding what is intended for the protection and restitution of violated fundamental rights, not the review of legality which, in our legal system, lies with the corresponding administrative instances.",
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    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The amparo is denied; claims regarding the justification and clarity of the administrative act are matters of ordinary legality to be pursued in the regular jurisdiction, while citizen participation was already addressed in prior rulings.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el amparo; los reclamos sobre fundamentación y claridad del acto administrativo son de mera legalidad y deben ventilarse en la vía ordinaria, mientras que la participación ciudadana ya fue considerada en sentencias previas."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando XI — Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is safeguarded not only in Article 50 of the Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force.",
      "quote_es": "La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes."
    },
    {
      "context": "Considerando XI — Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "In this regard, it is my view that this Chamber, through amparo, should only hear a case alleging violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident.",
      "quote_es": "En este sentido, es criterio del suscrito, que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente."
    },
    {
      "context": "Considerando XI — Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The mere breach of obligations and duties legally imposed on various public administrations in environmental matters is properly dealt with through the ordinary legality route—administrative or jurisdictional—where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions can be scrutinized.",
      "quote_es": "El simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental, es propio de ser conocido en la vía de legalidad -administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 09974 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-033639-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-033639-0007-CO\n\nRes. Nº 2026009974\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-033639-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 16:17 horas del 29 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Manifiesta, en resumen, que es guía turístico y que mediante la resolución 24842-2025, la Sala Constitucional anuló la resolución SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023 y ordenó que se emitiera una nueva resolución que regulase las políticas de reservaciones del Parque Nacional Corcovado. Indica que, la Sala Constitucional no ordenó reducir o aumentar el aforo de visitación, sino fundamentar técnicamente las decisiones administrativas. Expone que, en las políticas anteriores, se consultó al sector turismo de las comunidades de Puerto Jiménez, Sierpe, Drake y Uvita, pero en la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, no se realizó consulta pública ni se otorgó audiencia a los involucrados, lo que considera una violación al derecho de participación. Señala que la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, estableció nuevos lineamientos y aforos para la visitación, fijando un máximo de 242 visitantes en la Estación Biológica Sirena, de los cuales 129 son para pernoctar, además de aforos transitorios en sectores como La Leona, San Pedrillo, Los Patos y El Tigre, sin aplicar metodología oficial de capacidad de carga, ya que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación carece de una herramienta oficial para ello. Agrega que, no se estableció la metodología para definir el ingreso a los senderos. Comenta que, la resolución incluyó 15 espacios para personal de la ADI y 10 para funcionarios del SINAC, sin aclarar en qué senderos se ubicarán. Apunta que las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 fueron dirigidas a la Sala Constitucional y no al sector turismo, afectando directamente a tour operadores, hoteles y guías turísticos, quienes no fueron notificados formalmente. Indica que “la resolución” no especifica la fecha de entrada en vigor ni el medio oficial de publicación. Comenta que, la tabla sobre capacidad de carga por sendero es confusa, pues asigna cifras ilógicas como 9 visitantes al sendero Naranjos, que es el principal acceso, y 60 al sendero Avioneta, el más corto. Explica que la carta SINAC-DAP-PTS-015- 2025, describe la Herramienta para el Manejo de Flujos de Visitantes como un instrumento técnico para orientar la gestión de visitación, pero aclara que no es una herramienta de capacidad de carga, lo que contradice su aplicación en la resolución. Refiere que la resolución SINAC-ACOSA-D-R-085-2025, no dejó sin efecto la resolución ACOSA-D-R-102-2021, que regula la visitación de cruceros en San Pedrillo, y que en general el documento es confuso, incumpliendo el carácter claro y obligatorio que debe tener una resolución administrativa. Relata que, se argumenta que el aforo de hospedaje se basa en el permiso sanitario del Ministerio de Salud, lo cual no constituye una metodología técnica de capacidad de carga establecida por el SINAC. Reclama que no se aclara la fecha de cierre anual del Parque Nacional Corcovado. Alega que los instrumentos oficiales para decisiones en áreas protegidas son el Plan de Manejo, el Plan de Turismo y el Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Corcovado. Solicita se declare con lugar el recurso, se anule las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 y se ordene a las autoridades recurridas elaborar: a) una metodología oficial por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para estudio de capacidad de carga, no solo en el Parque Nacional Corcovado sino para todas las áreas protegidas; b) una metodología oficial para el ingreso de turistas en los senderos del Parque Nacional Corcovado y mientras tanto se siga funcionando bajo la resolución SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, entre otros.\n\n 2.- Por resolución de las 17:55 horas del 13 de noviembre de 2026, se dio curso al presente recurso.\n\n 3.- Informa bajo juramento Juan José Jiménez Espinoza, en su calidad de Director a.i. del Área De Conservación Osa, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, que la Sala Constitucional notificó al Área de Conservación Osa mediante las resoluciones N°2025024842, de las 09:20 horas del 08 de agosto de 2025, y 2025025324, de las 10:05 horas del 12 de agosto de 2025, en donde se les ordenó: a) se deje sin efecto la resolución no. 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Aclara que, la Sala Constitucional no ordenó reducir o aumentar el aforo para la visitación del Parque Nacional Corcovado, lo que ordenó fue: se dicte una nueva resolución que regule las políticas de reservaciones del Parque Nacional Corcovado, de tal forma que consten, inequívocamente, los parámetros que rigieron la implementación y los resultados de la aplicación concreta de la herramienta para el manejo de flujos de visitantes, y con ello se justifiquen los cupos por entrada y hospedaje diarios que se definan. Explica que, en acatamiento a lo indicado se aplicó de forma técnica la Metodología de Flujo de Visitantes, misma que está oficializada mediante acuerdo CONAC N° 12, sesión ordinaria N° 06-2014, celebrada el 23 de junio de 2014. Advierte que, la matriz no es un valor fijo sino es dinámica y adaptable que varía, según las condiciones biofísicas, ambientales, sociales y operativas de la respectiva área protegida administrada por el SINAC. Afirma que, la Sala Constitucional avaló el abordaje técnico que el Área de Conservación Osa implementó, para la determinación del aforo diario de personas que pueden visitar la Estación Biológica Sirena, en el Parque Nacional Corcovado. Refiere que, para este caso concreto la resolución de la Sala Constitucional N° 2025034702, de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, avaló la propuesta presentada ante esta instancia en respuesta a el expediente Exp 25-010215-0007-CO. Aclara que, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación cuenta con una herramienta oficializada. Aclara que, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación si cuenta con una herramienta oficializada. Afirma que, a partir del 01 de noviembre, se está implementando la “Estrategia de Conservación y Manejo Responsable de la Estación Biológica Sirena, PNC” cuyo objetivo es de fortalecer la comunicación interna, garantizar una mayor seguridad y promover un trato adecuado hacia los visitantes. Menciona que, la herramienta Metodología de Flujo de Visitantes responde a los visitantes y guías que ingresan al Parque Nacional Corcovado y no así a los colaboradores de la Asociación de Desarrollo Integral de Carate de Corcovado de Puerto Jiménez (ADICORCO) que actualmente tienen el permiso de uso de la Estación Biológica Sirena y los funcionarios del Área de Conservación de Osa, que laboran habitualmente en el sitio, por lo cual estos espacios no se contemplan para el aforo de los senderos. Acota que, se generó un comunicado con las resoluciones en marras bajo el CARTA-SINAC-ACOSA-DT-115-2025, con fecha viernes 26 de septiembre del 2025, y fue notificado a los usuarios, guías naturalistas y operadoras turísticas contenidas en el registro o base de datos de la oficina de reservaciones del Área de Conservación Osa. Informa que, durante el mes de noviembre la ocupación en la estación biológica Sirena, tanto para pernoctar como para visita de un día no supero el aforo autorizado, por lo cual no es posible demostrar que hubo una afectación directa a los tour operadores, hoteles y guías turistas. Afirma que, las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 se notificaron a la Sala Constitucional, para su conocimiento y aprobación. Asevera que, el 5 de noviembre del 2025, la Sala Constitucional notifica a él ACOSA, la resolución N°2025034702, de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, , correspondiente al expediente N°25-010215-0007-CO, el cual se indica, en lo que interesa en el considerando XI:\n\n“XI.- Deberán las autoridades recurridas continuar recopilando datos, y una vez culminado el plazo técnicamente necesario, emitir el acto administrativo debidamente fundamentado, en aras de dar cabal cumplimiento a la sentencia No. 2025024842 de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025”.\n\nAclara que, los actos administrativos que se han venido generando son insumos y no un acto final tal y como lo indica la Sala Constitucional en la resolución N°2025034702, mencionada en su considerando XI. Apunta que, los senderos presentan una capacidad de carga baja y sus condiciones no son óptimas, debido a diversos factores de corrección, entre ellos las medidas cautelares administrativas, el ensanchamiento del sendero, la anegación y la presencia de senderos espontáneos. Relata que, los senderos con mayor transitabilidad tienden a presentar una mayor afectación, por lo que las acciones de mejora deben contemplarse de manera prioritaria para garantizar una mejor transitabilidad. Comenta que, por ello, se recomienda continuar con las acciones de mantenimiento preventivo que se han venido implementando, siendo que estos avances reflejan mejoras sustanciales en la transitabilidad, en el corredor del sendero, en el drenaje y en el ordenamiento del flujo de visitantes. Agrega que, todo lo anterior está directamente relacionado con las acciones correctivas aplicadas en puntos críticos, la rehabilitación de pasos elevados y la implementación de medidas de seguridad, lo cual se ve reflejado en el nuevo aforo de las resoluciones RESOLUCION SINAC-ACOSA-D-R-104-2025/ ADENDUM RESOLUCION SINAC-ACOSA-D-R-086-2025. Asevera que, el oficio CARTA-SINAC-DAP-PTS-015-2025, se hizo el “Informe sobre proceso de la aplicación de la herramienta de flujo de visitantes y capacidad de carga en la Estación Biológica Sirena del PNC \". En el marco del fortalecimiento de la gestión técnica de la Estación Biológica Sirena, durante el segundo trimestre del año 2025 se procedió con la implementación de la metodología de capacidad de carga turística, según los lineamientos metodológicos establecidos por Nombre02 (1992). Esta aplicación tiene como finalidad determinar de manera objetiva la capacidad de soporte del sistema de senderos, considerando los niveles actuales de visitación, las condiciones biofísicas del entorno, y la infraestructura disponible. La ejecución de este análisis se lleva a cabo de forma complementaria con la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitantes, la cual ha sido oficializada por el SINAC mediante acuerdo CONAC N.° 12, sesión ordinaria N.° 06-2014. Si bien dicha herramienta se centra en la evaluación de indicadores de naturaleza cualitativa, asociados a los escenarios físico, social y de gestión, la metodología de Nombre02 introduce una dimensión cuantitativa al proceso de planificación, al permitir calcular con mayor precisión los límites aceptables de uso mediante fórmulas técnicas que consideran variables como el área útil del sendero, el tiempo promedio de permanencia del visitante y la frecuencia de uso. La articulación de ambas metodologías permite avanzar hacia un modelo de gestión integral, basado en evidencia, que garantice la conservación de los recursos naturales y culturales, al tiempo que asegura la calidad de la experiencia del visitante bajo principios de sostenibilidad y uso racional del territorio. Especifica que, la resolución SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 responde al primer por tanto, de las resoluciones de la Sala Constitucional N°2025024842, y 2025025324, ya conocidas, que dice textualmente “a) se deje sin efecto la resolución no. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023”, sin embargo, la resolución ACOSA-D-R-102-2021 sigue vigente, ya que según sus alcances debe ajustarse a los aforos establecidos de la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 para el sector de San Pedrillo del Parque Nacional Corcovado, hasta en tanto, se cumpla lo indicado en considerando XI, de la sentencia de cita:\n\n“XI.- Deberán las autoridades recurridas continuar recopilando datos, y una vez culminado el plazo técnicamente necesario, emitir el acto administrativo debidamente fundamentado, en aras de dar cabal cumplimiento a la sentencia No. 2025024842 de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025”. De manera que, los actos administrativos que se han venido generando son insumos y no un acto final tal y como lo indica la Sala Constitucional en la resolución N°2025034702 en su considerando XI. Expone que, para tener certeza de la vigencia de la resolución ACOSA-D-R-102-2021, se solicita criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MINAE, bajo el oficio SINAC-ACOSA-AL-038-2025 a fin de tener claridad y mejor resolver de su aplicabilidad o en su defecto la derogatoria. Sostiene que, con respecto al aforo de hospedaje no es competencia del Área de Conservación Osa, establecer cuantas personas pueden o no pernoctar en instalaciones que se le dan para la administración de un tercero, en este caso Asociación de Desarrollo Integral de Carate de Corcovado de Puerto Jiménez, en donde se brindan servicios hospedaje, alimentación o tienda la naturaleza, para este caso concreto el permisionario debe tramitar los permisos correspondientes de operación, ante la autoridad correspondiente, en este caso el ente rector es el Ministerio de Salud y, por tanto, tiene atribuciones directas para regular, limitar modificar o prohibir aforos razón por la cual para definir el aforo de hospedaje en la Estación Biológica Sirena se aplica lo indicado en el permiso de funcionamiento numero 00055-2023, emitido por el Ministerio de Salud de Golfito, el cual tiene vigencia hasta el día 06 de enero del 2028. Comenta que, los alcances y condiciones del permiso se otorgan bajo la resolución número MS-DRRSBRU-DARS-G-R-0054-2023 y es carácter obligatorio su aplicación. Asegura que, la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, en el apartado Lineamientos de Reservaciones del Parque del Parque Nacional Corcovado, se indica textualmente en el punto número 18 “El Parque Nacional Corcovado, permanecerá cerrado todos los años a partir del 01 y hasta el 31 octubre para mantenimiento de senderos e instalaciones”. Expone que complementariamente la administración activa como ente rector en la materia de Áreas Silvestres Protegidas dentro de sus facultades y competencias puede generar, según sean los requerimientos actos administrativos, resoluciones, lineamientos o directrices que faciliten la buena gestión de las Áreas Silvestres Protegidas bajo su administración en estricto apego con el artículo 50, de la Constitución Política, y los artículos 10, Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Corcovado Decreto Ejecutivo N°40700-MINAE, artículos 20 y 39 Decreto Ejecutivo 38295- MINAE Tarifas por derecho de Ingreso y otros servicios protegidas bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.\n\n4.- Por memorial ingresado a las 10:03 horas del 10 de diciembre de 2025, el recurrente manifiesta que, la resolución SlNAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, se notificó al sector turismo sin hacer previo la socialización, ya que los afectados directos son los usuarios de Puerto Jiménez, Sierpe, Uvita y Drake. Aclara que, no existe una metodología oficial de capacidad de carga del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ninguna Área Protegida de las once Áreas de Conservación. Explica que, no existe una metodología para cuando se realiza la reservación previa, hasta que se llega a la estación Sirena le dicen a uno a que sendero le corresponde, y esto no puede ser ya que llevan turistas y se compró la entrada al Parque Nacional. Apunta que las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-O86-2025, no detallan la fecha a partir de cuando tienen vigencia y no dan 15 días o un plazo razonable al sector para coordinar toda la logística de los tours ya que muchos tour estaban vendidos y no avisaron previamente. Refiere que, el Parque Nacional Corcovado está abierto al público desde hace 50 años, y nunca había existido restricción en los senderos para ingresar con turistas, siendo que la administración nunca notifico formalmente como va a ser la distribución desde que se realiza la reservación para ingresar al parque, los turistas se quejan ya que hasta que se llega el día a la estación se dice al cual sendero y los están demandado como tours operadores. Clarifica que, la Herramienta para el manejo de los flujos de visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC 2015, mide la experiencia del visitante en el área protegida no es una herramienta de capacidad de carga, y reitera que, no existe una herramienta oficial de capacidad de carga en el SINAC. Advierte que, la resolución               SINAC-ACOSA-D-R-102-2021 existe desde el 2021 y fue considerada en las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-076-2022, SINAC-ACOSA-D-R-026-2023, SINAC-ACOSA-D-R-048-2023, pero no se contempló en la SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 sin justificación, afectando al sector de turismo, ya que no se informó previo de ingresar la temporada, eso implica que si ingresa un crucero de 100 personas, el sector no puede reservar, afectando enormemente los ingresos. Expone que, la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado cuenta con el permiso de uso mediante la resolución SINAC-ACOSA-D-R-016-2016 , la cantidad de hospedaje a pernotar lo definió el área de conservación basado a la infraestructura y no menciona permiso de funcionamiento. Considera que la autoridad recurrida a lesionado los derechos del sector turismo.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n   Considerando:\n\n I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que es guía turístico, y que las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitidas por el Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), fueron dictadas sin consultar al sector turístico involucrado, sin una metodología técnica oficial de capacidad de carga y con deficiencias en su fundamentación y claridad normativa. En consecuencia, solicita que se ordene a las autoridades recurridas elaborar una metodología oficial para determinar la capacidad de carga y regular el ingreso de visitantes en los senderos del Parque Nacional Corcovado, aplicable tanto a dicho parque como a las demás áreas protegidas administradas por el SINAC.\n\n II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)             Al 25 de abril de 2024, el Parque Nacional Corcovado (Estación Sirena) no contaba con una herramienta técnica especializada para medir la capacidad de visitantes que puede ingresar (ver copia del oficio SINAC-ACOSA-D-223-2024).\n\nb)             Al 25 de abril de 2024, el Parque Nacional Corcovado (Estación Sirena) contaba con la herramienta de Flujo de Visitantes que recientemente se está desarrollando, esta únicamente nos ayuda en la medición cualitativamente (dinamizar el flujo de visitantes y realizar un estudio del impacto ambiental (ver copia del oficio SINAC-ACOSA-D-223-2024).\n\nc)           El Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, relativas a la regulación del ingreso y reservaciones en el Parque Nacional Corcovado (ver informe).\n\nd)          Mediante resolución N° SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, el Área de conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, resolvió: “PRIMERO: con base en el estudio técnico científico elaborado con la aplicación de la Herramienta para el Manejo del flujo de visitantes, se oficializa el aforo de ingreso de visitantes a la Estación Biológica Sirena, que será de doscientos cuarenta y dos personas, cuya distribución por los senderos detalla en la siguiente tabla:\n\nSenderos\n\n\t\n\nCapacidad de Carga Efectiva (CCE) en número de personas\n\n\n\n\n1.                Guanacaste\n\n\t\n\n22\n\n\n\n\n2.                Sirena\n\n\t\n\n4\n\n\n\n\n3.                Espaveles\n\n\t\n\n4\n\n\n\n\n1.                Corcovado\n\n\t\n\n7\n\n\n\n\n2.                Saíno\n\n\t\n\n58\n\n\n\n\n3.                Rio Claro\n\n\t\n\n29\n\n\n\n\n4.                Cabro\n\n\t\n\n39\n\n\n\n\n5.                Danta\n\n\t\n\n10\n\n\n\n\n6.                Naranjos\n\n\t\n\n9\n\n\n\n\n7.                Avioneta\n\n\t\n\n60\n\n\n\n\nTotal CCE de la Estación Biológica Sirena\n\n\t\n\n242\n\n \n\nSegundo: Que el aforo de personas para hospedaje en La Estación Biológica Sirena será de 129 espacios, misma cifra que está definida en el permiso sanitario de funcionamiento numero 00055-2023, emitido por el Ministerio de Salud de Golfito, por el Dr. Fernando Alonso Mata Castro. En cual tiene vigencia hasta el día 06 de enero del 2028. Los alcances y condiciones del permiso se otorgan bajo la resolución número MS-DRRSBRU- DARS-G-R-0054-2023.\n\nDe estos 129 espacios, ACOSA se reserva 10 espacios que podrán ser utilizados para la atención de:\n\n                   Funcionarias del SINAC\n\n                   Funcionarios públicos con misión institucional,\n\n                   Representaciones internaciones.\n\n                   Jubilados.\n\n                   Personas descritas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las\n\n                   Personas con Discapacidad N° 7600.\n\n                   Voluntarios.\n\n                   Investigadores.\n\n                   Otras que así defina la dirección del área de conservación.\n\nAsí mismo, ACOSA autoriza 15 espacios para el personal del permisionario de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Puntarenas (ADICORCA).\n\nY se autoriza a ADICORCA para que los 104 espacios restantes sean utilizados para los guías y visitantes que ingresan y pernotan en la Estación Biológica Sirena.\n\nTERCERO: Que en aras de garantizar la continuidad de las actividades socioeconómicas que dependen directamente del Parque Nacional Corcovado, se acoge la recomendación contenida en oficio SINAC-ACOSA-DAP-PTS-034-2025 de mantener de forma transitoria, los siguientes aforos para la visitación diaria para los siguientes sectores:\n\nSector San Pedrillo: 120 espacios.\n\nSector la Leona: 80 espacios.\n\nSector Los Patos: 80 espacios.\n\nSector El Tigre: 80 espacios.\n\nCUARTO: Oficializar los lineamientos de reservaciones para el ingreso de visitantes del Parque Nacional Corcovado, quedando de la siguiente forma:[…]\n\n11. Para el trámite reservaciones al Parque Nacional Corcovado, el usuario podrá adquirir su derecho de admisión con un máximo de 10 espacios más un guía (10+1), según las condiciones establecidas para el guiado en el decreto N°40700-MINAE. Además, la reservación la podrá solicitar con seis meses de antelación.\n\n12. Para el trámite de solicitudes de reservaciones mayores a 10 espacios: La administración del parque nacional, aprobará reservaciones para grupos grandes a empresas que estén debidamente registradas en una base de datos. Estas reservaciones serán con espacios de 15 visitantes más un guía (15 + 1) o 20 visitantes más dos guías (20 + 2). Únicamente una reservación por empresa por día y por centro de visitación.\n\n[…]\n\n18. l Parque Nacional Corcovado, permanecerá cerrado todos los años a partir del 01 y hasta el 31 octubre. para mantenimiento de senderos e instalaciones.\n\n[…]\n\nQUINTO: Contra la presente resolución proceden los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, de conformidad con los artículos 343 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, los cuales serán resueltos, el de revocatoria por el mismo órgano que lo dictó y el de apelación por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación.\n\nSEXTO: Rige a partir de su publicación y tendrá vigencia hasta el 30 de setiembre 2026, excepto para las reservaciones que ya estén confirmadas en el sistema en el momento de la publicación de esta resolución (…)” (ver ad effectum videndi el expediente N° 25-030432-0007-CO).\n\ne)    El Área de Conservación Osa aplicó la Metodología de Flujo de Visitantes, oficializada mediante acuerdo CONAC N° 12 de la sesión ordinaria N.° 06-2014, celebrada el 23 de junio de 2014 (ver informe).\n\nf)     Dicha metodología constituye una herramienta técnica de carácter dinámico, susceptible de variación conforme a las condiciones biofísicas, ambientales, sociales y operativas del área protegida correspondiente (ver informe).\n\ng)   Mediante resolución N° 2025034702 de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, dictada dentro del expediente N° 25-010215-0007-CO, la Sala Constitucional avaló el abordaje técnico implementado por el Área de Conservación Osa para la determinación del aforo diario de visitación en la Estación Biológica Sirena del Parque Nacional Corcovado (ver informe).\n\nh)   Mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DT-115-2025, de fecha 26 de septiembre de 2025, se comunicaron las resoluciones indicadas a los usuarios, guías naturalistas y operadores turísticos registrados en la base de datos de la oficina de reservaciones del Área de Conservación Osa (ver informe).\n\ni)     A partir del 1 de noviembre de 2025, se implementó la “Estrategia de Conservación y Manejo Responsable de la Estación Biológica Sirena, PNC”, dirigida a fortalecer la comunicación interna, mejorar la seguridad y promover un trato adecuado hacia los visitantes (ver informe).\n\nj)     La herramienta denominada Metodología de Flujo de Visitantes se aplica a los visitantes y guías que ingresan al Parque Nacional Corcovado, sin incluir en el cálculo del aforo a los funcionarios del Área de Conservación Osa ni a los colaboradores de la Asociación de Desarrollo Integral de Carate de Corcovado de Puerto Jiménez (ADICORCO), quienes laboran de forma habitual en la Estación Biológica Sirena, por lo cual estos espacios no se contemplan para el aforo de los senderos (ver informe).\n\nk)   Durante el mes de noviembre de 2025 la ocupación de la Estación Biológica Sirena, tanto para visitas de un día como para pernoctación, no superó el aforo autorizado (ver informe).\n\nl)     El 5 de noviembre de 2025 el Área de Conservación Osa fue notificada de la resolución N.° 2025034702 de la Sala Constitucional, en la cual se dispuso que las autoridades recurridas debían continuar recopilando información y, una vez concluido el plazo técnicamente necesario, emitir el acto administrativo debidamente fundamentado en cumplimiento de la sentencia N.° 2025024842 de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025 (ver informe).\n\nm)Los actos administrativos emitidos por el Área de Conservación Osa en relación con la regulación de la visitación al Parque Nacional Corcovado han sido generados como insumos dentro del proceso de recopilación de información requerido por la Sala Constitucional, sin constituir el acto administrativo final ordenado por dicha autoridad (ver informe).\n\nn)   Los senderos de la Estación Biológica Sirena presentan una capacidad de carga limitada y condiciones de transitabilidad afectadas por diversos factores, entre ellos el ensanchamiento de senderos, anegaciones, presencia de senderos espontáneos y la aplicación de medidas cautelares administrativas (ver informe).\n\no)   La administración ha implementado acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en los senderos, incluyendo mejoras en drenaje, rehabilitación de pasos elevados y medidas de seguridad, con el fin de mejorar la transitabilidad y el manejo del flujo de visitantes (ver informe).\n\np)   Durante el segundo trimestre del año 2025 se implementó la metodología de capacidad de carga turística conforme a los lineamientos de Nombre02 (1992), de manera complementaria con la herramienta de manejo de flujos de visitantes oficializada por el SINAC. Esta aplicación tiene como finalidad determinar de manera objetiva la capacidad de soporte del sistema de senderos, considerando los niveles actuales de visitación, las condiciones biofísicas del entorno, y la infraestructura disponible. La ejecución de este análisis se lleva a cabo de forma complementaria con la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitante (ver informe).\n\nq)   Mediante el oficio CARTA-SINAC-DAP-PTS-015-2025 se elaboró el informe denominado “Informe sobre proceso de la aplicación de la herramienta de flujo de visitantes y capacidad de carga en la Estación Biológica Sirena del Parque Nacional Corcovado” (ver informe).\n\nr)    La resolución SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 dejó sin efecto la resolución SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional en las resoluciones N° 2025024842 y N° 2025025324 (ver informe).\n\ns)    La resolución ACOSA-D-R-102-2021 se mantiene vigente y debe ajustarse a los aforos establecidos en la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 para el sector de San Pedrillo del Parque Nacional Corcovado, hasta tanto se emita el acto administrativo definitivo ordenado por la Sala Constitucional (ver informe).\n\nt)     Mediante oficio SINAC-ACOSA-AL-038-2025 se solicitó criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MINAE sobre la vigencia y aplicabilidad de la resolución ACOSA-D-R-102-2021 (ver informe).\n\nu)   El aforo de hospedaje en la Estación Biológica Sirena se rige por el permiso de funcionamiento N.° 00055-2023 emitido por el Ministerio de Salud de Golfito, con vigencia hasta el 6 de enero de 2028, otorgado mediante resolución N.° MS-DRRSBRU-DARS-G-R-0054-2023 (ver informe)\n\nv)   La resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 establece, dentro de los lineamientos de reservaciones del Parque Nacional Corcovado, el cierre anual del parque del 1 al 31 de octubre para labores de mantenimiento de senderos e instalaciones (ver informe).\n\n III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\nÚnico. Que el recurrente se encuentre registrado en la base de datos de la oficina de reservaciones del Área de Conservación Osa como guía turístico\n\n  IV.- Antecedentes del caso. Esta Sala conoció un recurso de amparo tramitado bajo el expediente N° 25-010215-0007-CO, por hechos similares a los invocados en este proceso. En esa ocasión, el recurrente reclamó que, mediante la resolución SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, el Área de Conservación Osa realizó un cambio en las políticas de reservaciones del Parque Nacional Corcovado respecto a las condiciones dispuestas en la resolución SINAC-ACOSA-D-R-076-2022, ya que se hicieron modificaciones en los cupos por entradas y hospedaje diario; pero estos no fueron respaldados por una metodología científica que demostrara que no van a perjudicar al medio ambiente del parque nacional, lo cual estimó que lesionaba el principio precautorio en materia ambiental, toda vez que hay incertidumbre sobre si el aumento en la visitación afectará el parque nacional. Al respecto, la Sala, en la Sentencia N° 2025-024842, de las 09:20 horas del 08 de agosto de 2025, consideró que:\n\n“(…) A partir de la lectura de los hechos probados, es posible concluir: a) en la resolución No. SINAC-ACOSA-D-R-076-2022 se dispuso un cupo por entrada diario al Parque Nacional Corcovado de 560, así como un cupo por hospedaje diario de 70 espacios; b) posteriormente, en la resolución No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, cuestionada en el sub examine, se estableció un cupo por entrada diario de 700, así como un cupo por hospedaje diario de 80 espacios; c) aunque no hubo variación en los cupos reservados para cruceros (así se aseveró en el informe rendido, y en la prueba aportada), lo cierto es que sí se definió un aumento global de los campos; d) en el informe rendido bajo juramento, así como en los oficios aportados como prueba, se hace reiterada referencia a aplicación de la denominada herramienta para el manejo de flujos de visitantes, no obstante, en el acto administrativo no se exponen los parámetros que rigieron su implementación, ni los resultados de su aplicación concreta; e) esto además de constituir un vicio en la fundamentación del acto administrativo, obstaculiza el acceso a la justicia por parte de los administrados, y pone en tela de duda la existencia de una verdadera base técnico - científica que justifique las variaciones implementadas, en frontal vulneración del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”\n\n[…]\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Paula Mena Corea, en su condición de Directora Regional del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia: a) se deje sin efecto la resolución No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023; y b) en su lugar, se dicte una nueva resolución que regule las políticas de reservaciones del Parque Nacional Corcovado, de tal forma que consten, inequívocamente, los parámetros que rigieron la implementación y los resultados de la aplicación concreta de la herramienta para el manejo de flujos de visitantes, y con ello se justifiquen los cupos por entrada y hospedaje diarios que se definan. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso en cuanto a la aducida infracción al artículo 50 de la Constitución Política. Notifíquese.”.\n\nLuego, en ese mismo expediente, se solicitó la aclaración de la Sentencia N° 2025-024842, de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025, y en esa oportunidad, la Sala consideró que, dicha sentencia no fue omisa en ningún aspecto reclamado, sino que dentro de la misma, se abordaron los temas de forma completa y de manera contextualizada. En esta oportunidad, la Sala determinó, en la Sentencia Nº 2025-034702, de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, lo siguiente:\n\n“(…) el Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ya dictó la resolución No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, respecto de la Dirección01; asimismo, en cuanto a las locaciones restantes (la Leona, San Pedrillo, los Patos y el Tigre), dada la falta de insumos técnicos, de forma transitoria, y en aras de garantizar la continuidad de las actividades socioeconómicas que dependen directamente del Parque Nacional Corcovado, se establecieron aforos de visitación diaria, según la recomendación de la Coordinadora Regional del Programa de Turismo Sostenible de ACOSA”.\n\nA su vez, allí se refirió a que “ (…) Al respecto, de los autos se determina que en cuanto a lo ordenado en el punto a) de la sentencia No. 2025024842, consta que el recurrido dictó una nueva resolución, la No. SINAC-ACOSA-D-R-085-2025, misma que dejó sin efecto la resolución recurrida No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023.\n\nPor otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto b) del voto No. 2025024842, consta que en lo referente al aforo de justificación de espacios por entrada y hospedaje al Parque Nacional Corcovado, se dictó una nueva resolución, la No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025.\n\n[…]\n\nIX.- Esta Sala Constitucional observa que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, y en estricta vinculación con el objeto de este proceso, la resolución No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 contiene la justificación técnica de aforo para la Estación Sirena.\n\nX.- Paralelamente, toma en cuenta este Tribunal que respecto de las locaciones restantes (la Leona, San Pedrillo, los Patos y el Tigre) todavía no se cuenta con los insumos técnicos, pues se requiere un lapso mayor de recopilación. En función de esto, de forma transitoria, y en aras de garantizar la continuidad de las actividades socioeconómicas que dependen directamente del Parque Nacional Corcovado, se establecieron aforos de visitación diaria, según la recomendación de la Coordinadora Regional del Programa de Turismo Sostenible de ACOSA.\n\nXI.- Deberán las autoridades recurridas continuar recopilando datos, y una vez culminado el plazo técnicamente necesario, emitir el acto administrativo debidamente fundamentado, en aras de dar cabal cumplimiento a la sentencia No. 2025024842 de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025”.\n\nPosteriormente, se planteó otro recurso de amparo tramitado bajo el N° 25-030432-0007-CO y en esa ocasión, el recurrente acusó que, la resolución SINAC-ACOSA-D-R-0086-2025 carece de todo criterio técnico, incumpliendo lo ordenado por la Sala, pues se basa únicamente en valoraciones subjetivas, afectando con ello los derechos de una comunidad cuya salud y la vida de los pobladores depende casi con exclusividad del turismo. Indicó, además que, para la adopción de esa resolución, no se confirió audiencia a los involucrados en la actividad turística de los cantones de Osa, Puerto Jiménez y Golfito, como lo son los tours operadores, empresarios turísticos, guías turísticos y a su representada. Así que, mediante Sentencia N° 2025-036712, de las 09:30 horas del 07 de noviembre de 2025, la Sala dispuso, en lo conducente, lo siguiente:\n\n“(…) En ese sentido, deberá estarse a lo resuelto en aquella oportunidad, pues se estableció que se encuentra fundamentada por el órgano técnico, de acuerdo a la información que consta actualmente. Ahora, discutir como pretende el recurrente si la fundamentación dada en esta nueva resolución se ajusta o no a los parámetros establecidos por la ley y dilucidar si con ello se da una mayor afectación a determinados sectores económicos de la población, es una cuestión que procede ser revisado en el ámbito de la legalidad ordinaria, pues la vía sumaria del amparo no es la idónea para revisar la prueba técnica que implicaría una discusión como la pretendida por el recurrente. Además, tome en consideración el gestionante sobre lo señalado por este Tribunal en los considerandos X y XI de la sentencia supra citada, en el sentido de que aun contaba con plazo la recurrida para terminar de fundamentar todos los aspectos de rigor y existen aspectos pendientes. Así las cosas, cualquier disconformidad al respecto, deberá ser planteada, si a bien lo tiene la tutelada, ante la misma recurrida o en la vía de legalidad respectiva. Y si lo llega a ser eventualmente en relación con lo ordenado por la Sala en esas sentencias, deberá ser alegado dentro del expediente nro. Telf3423 y no en uno nuevo recurso.\n\nIII.- Ahora, en relación con la falta de participación que se acusa de algunos sectores de la población como tours operadores, empresarios turísticos, guías turísticos y a la amparada para la adopción de la resolución cuestionada; es un aspecto que, de resultar procedente, en criterio de este Tribunal, también es de mera legalidad y no de constitucionalidad […]\n\nEn igual sentido que al expuesto, no corresponde a esta jurisdicción determinar si a esos sectores de la población y a la amparada se les debía conceder o no la audiencia reclamada, por ser una cuestión de mera legalidad y no de constitucionalidad.\n\nIV.- Por consiguiente, en relación con el acusado incumplimiento de la sentencia nro. 2025024842 de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025, deberá estarse el recurrente a lo resuelto en la sentencia nro. 2025-34702, de las 9:20 horas del 24 de octubre de 2025; y, en lo demás, el amparo es inadmisible y así se declara”.\n\nV.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, el recurrente alega: a) que la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, no se realizó consulta pública ni se otorgó audiencia a los involucrados ; b) la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, estableció nuevos lineamientos y aforos para la visitación, sin aplicar metodología oficial de capacidad de carga, ya que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación carece de una herramienta oficial para ello; c) no se estableció la metodología para definir el ingreso a los senderos; d) las resoluciones SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 y SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, no fueron dirigidas al sector turismo, afectando directamente a tour operadores, hoteles y guías turísticos, quienes no fueron notificados formalmente; e) “la resolución” no especifica la fecha de entrada en vigencia ni el medio oficial de publicación y la tabla sobre capacidad de carga por sendero es confusa ni aclara la fecha de cierre anual del Parque Nacional Corcovado; f) la carta SINAC-DAP-PTS-015- 2025, describe la Herramienta para el Manejo de Flujos de Visitantes como un instrumento técnico para orientar la gestión de visitación, pero no es una herramienta de capacidad de carga, lo que contradice su aplicación en la resolución.; g) la resolución SINAC-ACOSA-D-R-085-2025, no dejó sin efecto la resolución ACOSA-D-R-102-2021, que regula la visitación de cruceros en San Pedrillo, y que en general el documento es confuso. Relata que, se argumenta que el aforo de hospedaje se basa en el permiso sanitario del Ministerio de Salud, lo cual no constituye una metodología técnica de capacidad de carga establecida por el SINAC.\n\nVI.- Respecto al principio de participación ciudadana. Señala el recurrente, que la autoridad recurrida no se realizó consulta pública ni se otorgó audiencia a los involucrados previo al dictado de la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, emitida el 22 de setiembre de 2025, lo que considera una violación al derecho de participación. En cuanto a este reclamo, debe estarse el recurrente a lo ya resuelto en la Sala en la Sentencia N° 2025-036712, de las 09.30 horas del 07 de noviembre de 2025, dado que las consideraciones expuestas se aplican a este caso concreto.\n\nVII.- En cuanto a la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025. El recurrente considera que, dicha resolución no se encuentra fundamentada técnicamente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación carece de una herramienta oficial para ello, siendo que no se estableció la metodología para definir el ingreso a los senderos. Al respecto, en la Sentencia Nº 2025-034702, de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, la Sala estimó que la resolución N° SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, contiene la justificación técnica de aforo para la Dirección01 y ciertamente, para esa fecha todavía no se contaba con los insumos técnicos para locaciones restantes (La Leona, San Pedrillo, Los Patos y El Tigre), ya que se requiere un lapso mayor de recopilación, por lo que de forma transitoria, y en aras de garantizar la continuidad de las actividades socioeconómicas que dependen directamente del Parque Nacional Corcovado, se establecieron aforos de visitación diaria, según la recomendación de la Coordinadora Regional del Programa de Turismo Sostenible de ACOSA. Asimismo se indicó que, deberán las autoridades recurridas continuar recopilando datos, y una vez culminado el plazo técnicamente necesario, emitir el acto administrativo debidamente fundamentado, en aras de dar cabal cumplimiento a la Sentencia N° 2025-024842 de las 9:20 horas del 8 de agosto de 2025. De manera, que cualquier incumplimiento al respecto, deberá ser alegado en dicha sentencia, siendo que a la fecha, en que se interpuso el presente recurso de amparo, solamente había transcurrido cinco días desde el dictado de la Sentencia N° 2025-034702.\n\nVIII.- En cuanto a que, el amparado estima que, la resolución SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 no especifica la fecha de entrada en vigencia ni el medio oficial de publicación; la tabla sobre capacidad de carga por sendero es confusa, aunado a que considera que la carta SINAC-DAP-PTS-015- 2025, no es una herramienta de capacidad de carga y que el aforo de hospedaje se basa en el permiso sanitario del Ministerio de Salud, lo cual no constituye una metodología técnica de capacidad de carga establecida por el SINAC, así como la vigencia y aplicabilidad de la resolución ACOSA-D-R-102-2021, son asuntos que carecen de raigambre constitucional y de acceder a analizar lo pedido implicaría sustituir a la autoridad recurrida en las funciones que le han sido confiadas por ley y, además, obviar la naturaleza sumaria del amparo, ordinariando un procedimiento que lo que busca es la protección y la restitución de derechos fundamentales violados y no el control de legalidad que, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en manos de las instancias administrativas correspondientes. Nótese que, mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DT-115-2025, de fecha 26 de septiembre de 2025, se comunicaron las resoluciones indicadas a los usuarios, guías naturalistas y operadores turísticos registrados en la base de datos de la oficina de reservaciones del Área de Conservación Osa y allí, se les indicó que procedían los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, de conformidad con los artículos 343 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, siendo que no consta que el recurrente se encuentre registrado en tales archivos, y que haya interpuesto el recurso administrativo correspondientes.\n\nIX.- Por otra parte, llama la atención a la Sala, que el recurrente, si bien indica que es guía turístico, no especifica las actuaciones que considera ilegítimas y que se hayan traducido en un acto u omisión específica que implique un agravio o amenaza de agravio personal, directo y cierto, en su perjuicio o de los derechos fundamentales de una persona determinada. Es importante tener en consideración, que la legitimación en la acción de amparo, se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona en favor de la cual se promovió el recurso, y no, en beneficio de cualquier individuo, o de una comunidad por el simple interés a la legalidad.\n\nX.- Conclusión En virtud de lo expuesto, la Sala no desprende que al recurrente se le haya lesionado derecho fundamental alguno y en el resto de los alegatos, estese a lo dispuesto en las Sentencia Nº 2025-34702, de las 9:20 horas del 24 de octubre de 2025 y la N° 2025-036712, de las 09.30 horas del 07 de noviembre de 2025.\n\n XI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Si bien, al igual que la mayoría, declaro sin lugar el recurso, lo hago con base en las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito, que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental, es propio de ser conocido en la vía de legalidad -administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente, que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n XII.- Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con respecto a la participación ciudadana.\n\n En numerosas sentencias, hemos sido enfáticos en cuanto a la posibilidad de conocer reclamos relacionados con participación ciudadana en esta sede jurisdiccional. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2025017106 de las 10:15 horas del 16 de junio de 2025 manifestamos:\n\n“V- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO Y DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL, EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.\n\n1.- Tal como se consignó en el voto salvado a la sentencia nro. 2017001163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017, estimamos que del ordinal 9 de la Constitución Política se extrae que la participación ciudadana, allende de un principio general, se ha instituido como un verdadero derecho fundamental a la luz del marco convencional que acompaña e integra nuestro régimen de derechos fundamentales.\n\nJustamente, en la sentencia nro. 2013-017305 de las 11:32 horas de 20 de diciembre de 2013, esta Sala consideró que el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (destacado no corresponde al original), según la reforma propiciada por ley nro. 8364 del 1º de julio de 2003, publicada en La Gaceta nro. 146 de 31 de julio de 2003. Este mandato de la Ley Fundamental, en particular la cualidad de “participativo”, ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infra constitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma eficaz y efectiva, de manera que no quede únicamente como un derecho de papel; ejemplos de lo anterior son el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia nro. 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005). El derecho al gobierno participativo no solo encarna un reconocimiento del más alto rango jurídico-positivo a la función del control político por parte de los habitantes de la República, sino que, además, significa una revalorización del papel de estos en los procesos de formulación, aplicación y control de la política pública. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático (cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que a la participación ciudadana le baja la categoría de derecho a\n\nprincipio general en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala, como más adelante se demuestra), lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.\n\nComo indicamos supra, esta categorización del gobierno participativo o de la participación ciudadana como derecho, se explica a través del respaldo\n\nconvencional contenido en varios instrumentos internacionales de derechos\n\nhumanos.\n\nVerbigracia, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos\n\nHumanos de 1948 dispone que “toda persona tiene derecho a participar en el\n\ngobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente\n\nescogidos” (destacado no corresponde al original).\n\nConcordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de\n\nDerechos Civiles y Políticos reconoce de modo expreso el derecho de los\n\nciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos,\n\ndirectamente o por medio de representantes libremente elegidos”.\n\nEn igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su ordinal 5 que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.\n\nDe manera más vehemente, el artículo 6 de esta Carta estatuye que: “La\n\nparticipación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio\n\ndesarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición\n\nnecesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y\n\nfomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. (Destacado no corresponde al original).\n\nEl Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también\n\nreconoció la participación ciudadana como fundamental para la protección del ambiente:\n\n“Reconociendo también que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos la libertad de buscar, recibir y difundir información y de participar\n\nefectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y el\n\nderecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio\n\nambiente limpio, saludable, sin riesgos y sostenible,” (Consejo de Derechos\n\nHumanos, 46° periodo de sesiones, A/HRC/RES/46/7 de 23 de marzo de 2021).\n\nTambién, resulta importante resaltar que, recientemente, en la resolución\n\nA/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos\n\nHumanos de las Naciones Unidades le otorga el estatus de derecho humano a la\n\nparticipación efectiva en materia ambiental. En tal sentido, señaló:\n\n“Reconociendo que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los\n\nderechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, así como el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nPor su parte, en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de\n\n2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que:\n\n“226. La participación pública representa uno de los pilares\n\nfundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado\n\nque es por medio de la participación que las personas ejercen el control\n\ndemocrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable” (el destacado fue adicionado).\n\nTesitura que también había sido adoptada en la sentencia de 19 de\n\nseptiembre de 2006, relativa al caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, en la que se dispuso:\n\n“86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. 87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.”. (El destacado fue adicional).\n\nEn adición, la Corte IDH, en la sentencia 27 de noviembre de 2023 dictada en el caso “Habitantes de la Oroya vs. Perú”, dispuso:\n\n“B.2.5.2. Derecho a la participación política\n\n150. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la\n\nConvención Americana. Con respecto a asuntos ambientales, la Corte ha establecido que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan al medio ambiente. Asimismo, la participación en la toma de decisiones aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Al respecto, el Acuerdo de Escazú señala que cada Estado Parte “deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.\n\n151. Asimismo, la Corte advierte que el derecho a la participación política en temas ambientales se encuentra consagrado en diversos instrumentos de Derecho Internacional, tales como la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza de Nairobi, la Declaración de Río, la Convención de Aarhus, y el Convenio sobre Diversidad Biológica. En este punto, el Tribunal considera pertinente recordar que la referencia a fuentes, principios y criterios del corpus iuris internacional, en este caso en materia ambiental, no implica que asuma competencia sobre otros tratados o que les reconozca obligatoriedad para los Estados. Esta normativa se utiliza como criterio interpretativo para la determinación del alcance de los derechos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos que son vinculantes para el Estado y sobre los que la Corte tiene competencia, de conformidad con el artículo 29 de la Convención.\n\n152. La Corte ha estimado que el derecho de participar en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana\n\nestablece la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que\n\npueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante. Asimismo, que en lo que se refiere a la participación pública, el Estado debe garantizar\n\noportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar al público sobre estas\n\noportunidades de participación. Finalmente, los mecanismos de participación pública en materia ambiental son variados e incluyen, entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial.\n\n(…)\n\nB.3.6.2. Derecho a la participación política\n\n256. La Corte recuerda que el derecho a la participación política es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pues a través de su ejercicio las personas pueden establecer límites a las gestiones estatales y cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. La participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y así participar en la dirección de los asuntos públicos que afecten el medio ambiente. Este Tribunal ha destacado que este derecho conlleva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que pueden afectar el medio ambiente, lo cual se relaciona con la obligación de proveer información relevante. Esta participación debe ser efectiva desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, lo cual puede realizarse a través de diversos mecanismos (supra párr. 152)”\n\nAsí las cosas, este reconocimiento convencional a la participación ciudadana incide hermenéuticamente en su naturaleza jurídica, puesto que de principio constitucional lo transforma en verdadero derecho fundamental colectivo.\n\nDe este modo, la participación ciudadana representa un aspecto esencial del modelo democrático y republicano de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como elementos expresivos de este tipo de régimen político, lo que a su vez confiere mucha mayor legitimidad a la toma de decisiones políticas, cuestión clave cuando de gobernabilidad se trata.\n\nAsí, en el marco de este tipo de régimen -esto es, con activa y plena participación ciudadana-, el gobierno participativo impacta con mayor intensidad, favoreciendo la toma de decisiones a través de medios más abiertos y transparentes.\n\nPrecisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el numeral 9 constitucional es la audiencia pública, a través de la cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos o manifestar su criterio, participando de manera activa en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con algún proyecto por desarrollar.\n\nAsí las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una\n\ndemocracia republicana, mediante la cual se fomenta la participación del\n\nciudadano en el proceso de toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación posible de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que obstaculice lo anterior configura una abierta vulneración al derecho constitucional a la participación ciudadana (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223 de las 12:34 horas del 27 de noviembre de 2009).\n\nEn cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, como se indicó, el ordinal 9 de la propia Constitución Política obliga a ello, pues la calificación “participativo” ahí dispuesta implica, entre otros aspectos, que el Gobierno debe ser un articulador de lo definido por deliberación popular, cuando ello es obligatorio, al tiempo que en la formulación de la política pública, dentro de las posibilidades que el marco jurídico-positivo vigente plantee, está obligado a escuchar el criterio de individuos o grupos afectados, sea este vinculante o no.\n\nEn otras palabras, en la democracia republicana actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones gubernativas y el control político, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas.\n\nEn este contexto, interesa resaltar que este Tribunal, en la sentencia\n\nnro. 2018004117 de las 9:15 horas de 13 de marzo de 2018, realizó un desarrollo respecto a la consulta pública en materia ambiental, destacando que este mecanismo es un pilar en la toma de decisiones relaciones con el medio ambiente. Asimismo, a manera de soft law, acudió a un instrumento particularmente relevante en materia de acceso a la información ambiental y participación ciudadana: el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales”, mejor conocido como “Convenio de Aarhus”. En tal sentido, en el referido pronunciamiento se indicó:\n\n“La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4 dispone:\n\n“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las\n\ninformaciones se referirán en particular a:\n\na) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión;\n\nb) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían\n\nadoptarse;\n\nc) La autoridad pública encargada de tomar la decisión;\n\nd) El procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas\n\ninformaciones puedan facilitarse:\n\ni) La fecha en que comenzará el procedimiento;\n\nii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo;\n\niii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista;\n\niv) La autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas;\n\nv) La autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas;\n\nvi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que están disponibles; y\n\ne) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de\n\nevaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente.\n\n3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.\n\n4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público\n\ncomience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una\n\ninfluencia real.”\n\nDe conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera\n\ntransparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población (…)”. (El destacado fue adicional).\n\nEn adición, en el pronunciamiento aludido, la Sala subrayó que la audiencia ciudadana, por tratarse de una manifestación del principio democrático, no debe convertirse en una simple formalidad que simple y llanamente debe ser agendada, aunque tampoco debe instrumentalizarse como un mero obstáculo para el dictado de una decisión administrativa.\n\nRelacionado con lo anterior, esta Sala ha señalado de modo reiterado, que la Constitución se caracteriza por su supremacía y su eficacia directa e inmediata, merced a las cuales los derechos y garantías que confiere resultan directamente exigibles y vinculantes para todos los Poderes Públicos. Así, en la sentencia nro. 1992-3194 de las 16:00 horas del 27 de octubre de 1992, se puntualizó:\n\n \n\n“(…) La Constitución Política en su unánime concepción\n\ncontemporánea, no sólo es “suprema” en cuanto criterio de validez de\n\nsí misma y del resto del ordenamiento jurídico, sino también conjunto de\n\nnormas y principios fundamentales jurídicamente vinculantes, por ende,\n\nexigibles por sí mismos, frente a todas las autoridades públicas, y a los\n\nmismos particulares, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o hagan aplicables salvo casos calificados de excepción, en que sin ellos resulta imposible su aplicación-; con la consecuencia de que las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales- tienen la atribución-deber de aplicar directamente el Derecho de la Constitución en su pleno sentido, incluso en ausencia de norma de rango inferior o desaplicando las que se le opongan.”\n\nPor su parte, en la resolución nro. 1995-1185 de las 14:33 horas de 2 de\n\nmarzo de 1995, este Tribunal confirmó:\n\n“Si la Constitución Política tiene un carácter normativo supremo,\n\ndebe efectivamente conformar y condicionar la validez y eficacia de toda\n\nnorma inferior o subordinada, y sirve de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier autoridad pública y hasta de los sujetos privados.... El principio de supremacía de la Constitución, en el caso costarricense, no solamente lo tenemos expresamente consagrado en el artículo 10, sino que de modo clarísimo, complementado respecto del órgano encargado de mantenerla o preservarla, según lo que adelante analizaremos. Esto que hemos expresado hasta ahora gira alrededor de que la Constitución tiene una eficacia directa y vincula sin necesidad de intermediación de ninguna otra norma. Y, es por ello, que toda autoridad, en general, tiene capacidad y poder para aplicar, desarrollar y expandir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política. Si esto no fuera así, toda la argumentación acerca de la jerarquía de las normas, principios y valores constitucionales, caería convertida en una fantasía insubsistente. Sería mera ciencia ficción, una entelequia, en la que simultáneamente existen dos mundos jurídicos ubicados en planos diferentes y sin comunicación entre sí.”\n\nEn conclusión, la participación ciudadana constituye un derecho constitucional y convencional, que se erige como una cualidad del sistema democrático republicano. Al respecto, los derechos consagrados en la Ley Fundamental, en diverso grado según su contenido sea más o menos programático, tienen una eficacia directa y vinculan sin necesidad de norma alguna. Incluso, su efectividad a través del desarrollo normativo infra constitucional y la aplicación de este no es ajena al control jurisdiccional de constitucionalidad, cuando se advierten regulaciones, actuaciones u omisiones que representan una lesión al núcleo duro (Kernbereich) de ese bien constitucional”.\n\n Dado que no encuentro motivos para cambiar el criterio transcrito, considero que la Sala debe continuar la tramitación de este proceso, a los efectos de conocer por el fondo los reclamos que el tutelado indica, en lo que concierne a participación ciudadana.\n\n \n\n \n\nXIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Estese el recurrente a lo resuelto en las Sentencia Nº 2025-34702, de las 9:20 horas del 24 de octubre de 2025 y la N° 2025-036712, de las 09.30 horas del 07 de noviembre de 2025. En los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto en cuanto al reclamo por participación ciudadana y disponen conocerlo por el fondo.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n CQWUHQC6P8A61\n\nEXPEDIENTE N° 25-033639-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:57:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**File Number:** 25-033639-0007-CO\n\n**Resolution No. 2026009974**\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the twentieth of March, two thousand twenty-six.\n\n**Amparo** action processed under file number 25-033639-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.\n\n**Whereas:**\n\n**1.-** By means of a document filed with the Secretariat of the Chamber and added to the file at 4:17 p.m. on October 29, 2025, the petitioner files an **amparo** action against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. He states, in summary, that he is a tourist guide and that through resolution 24842-2025, the Constitutional Chamber annulled resolution SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023 and ordered that a new resolution be issued to regulate the reservation policies of Corcovado National Park. He indicates that the Constitutional Chamber did not order a reduction or increase in the visitation capacity, but rather to technically substantiate the administrative decisions. He explains that, in the previous policies, the tourism sector of the communities of Puerto Jiménez, Sierpe, Drake, and Uvita was consulted, but in resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued on September 22, 2025, no public consultation was carried out nor was a hearing granted to the involved parties, which he considers a violation of the right to participation. He points out that resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 established new guidelines and capacities for visitation, setting a maximum of 242 visitors at the Sirena Biological Station, of which 129 are for overnight stays, in addition to transitory capacities in sectors such as La Leona, San Pedrillo, Los Patos, and El Tigre, without applying an official carrying capacity methodology, since the National System of Conservation Areas lacks an official tool for this purpose. He adds that the methodology for defining entry to the trails was not established. He comments that the resolution included 15 spaces for ADI personnel and 10 for SINAC officials, without clarifying on which trails they will be located. He notes that resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 were addressed to the Constitutional Chamber and not to the tourism sector, directly affecting tour operators, hotels, and tourist guides, who were not formally notified. He indicates that \"the resolution\" does not specify the effective date or the official means of publication. He comments that the table on carrying capacity per trail is confusing, as it assigns illogical figures such as 9 visitors to the Naranjos trail, which is the main access, and 60 to the Avioneta trail, the shortest. He explains that the letter SINAC-DAP-PTS-015-2025 describes the Visitor Flow Management Tool as a technical instrument to guide visitation management but clarifies that it is not a carrying capacity tool, which contradicts its application in the resolution. He refers that resolution SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 did not render resolution ACOSA-D-R-102-2021, which regulates cruise ship visitation in San Pedrillo, without effect, and that in general the document is confusing, failing to comply with the clear and mandatory nature that an administrative resolution must have. He relates that it is argued that the lodging capacity is based on the sanitary permit from the Ministry of Health, which does not constitute a technical carrying capacity methodology established by SINAC. He complains that the annual closing date of Corcovado National Park is not clarified. He alleges that the official instruments for decisions in protected areas are the Management Plan, the Tourism Plan, and the Public Use Regulation (Reglamento de Uso Público) of Corcovado National Park. He requests that the action be granted, that resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 be annulled, and that the respondent authorities be ordered to develop: a) an official methodology by the National System of Conservation Areas for carrying capacity studies, not only in Corcovado National Park but for all protected areas; b) an official methodology for the entry of tourists on the trails of Corcovado National Park, and in the meantime, to continue operating under resolution SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, among other requests.\n\n**2.-** By resolution at 5:55 p.m. on November 13, 2026, this action was admitted for processing.\n\n**3.-** Juan José Jiménez Espinoza, in his capacity as Acting Director of the Osa Conservation Area, of the National System of Conservation Areas SINAC, reports under oath that the Constitutional Chamber notified the Osa Conservation Area through resolutions No. 2025024842, of 09:20 hours on August 8, 2025, and 2025025324, of 10:05 hours on August 12, 2025, wherein they were ordered to: a) render resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023 without effect; and b) in its place, issue a new resolution regulating the reservation policies of Corcovado National Park, in such a way that the parameters governing the implementation and the results of the concrete application of the visitor flow management tool are unequivocally stated, thereby justifying the daily entry and lodging quotas that are defined. He points out that, to comply with what was ordered, resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 were issued. He clarifies that the Constitutional Chamber did not order a reduction or increase in the capacity for visitation of Corcovado National Park; what it ordered was: to issue a new resolution regulating the reservation policies of Corcovado National Park, in such a way that the parameters governing the implementation and the results of the concrete application of the visitor flow management tool are unequivocally stated, thereby justifying the daily entry and lodging quotas that are defined. He explains that, in compliance with what was indicated, the Visitor Flow Methodology was technically applied, which is formalized by CONAC Agreement No. 12, ordinary session No. 06-2014, held on June 23, 2014. He warns that the matrix is not a fixed value but is dynamic and adaptable, varying according to the biophysical, environmental, social, and operational conditions of the respective protected area administered by SINAC. He affirms that the Constitutional Chamber endorsed the technical approach that the Osa Conservation Area implemented for determining the daily capacity of people who can visit the Sirena Biological Station in Corcovado National Park. He refers that, for this specific case, the Constitutional Chamber's resolution No. 2025034702, of 09:20 hours on October 24, 2025, endorsed the proposal presented before this instance in response to file Exp 25-010215-0007-CO. He clarifies that the National System of Conservation Areas has a formalized tool. He affirms that, as of November 1, the \"Conservation and Responsible Management Strategy of the Sirena Biological Station, PNC\" is being implemented, the objective of which is to strengthen internal communication, guarantee greater security, and promote adequate treatment of visitors. He mentions that the Visitor Flow Methodology tool applies to visitors and guides who enter Corcovado National Park and not to the collaborators of the Integral Development Association of Carate de Corcovado de Puerto Jiménez (Asociación de Desarrollo Integral de Carate de Corcovado de Puerto Jiménez, ADICORCO) who currently have the use permit for the Sirena Biological Station and the officials of the Osa Conservation Area, who habitually work at the site, which is why these spaces are not considered for the trail capacity. He notes that a communication was generated with the resolutions in question under CARTA-SINAC-ACOSA-DT-115-2025, dated Friday, September 26, 2025, and it was notified to the users, naturalist guides, and tour operators contained in the registry or database of the reservations office of the Osa Conservation Area. He reports that during the month of November, occupancy at the Sirena Biological Station, both for overnight stays and day visits, did not exceed the authorized capacity, for which reason it is not possible to demonstrate that there was a direct impact on tour operators, hotels, and tourist guides. He affirms that resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 were notified to the Constitutional Chamber for its knowledge and approval. He asserts that on November 5, 2025, the Constitutional Chamber notified ACOSA of resolution No. 2025034702, of 09:20 hours on October 24, 2025, corresponding to file No. 25-010215-0007-CO, which indicates, in what is of interest in considering clause XI:\n\n\"XI.- The respondent authorities must continue collecting data, and once the technically necessary period has concluded, issue the duly substantiated administrative act, in order to fully comply with judgment No. 2025024842 of 9:20 hours on August 8, 2025\".\n\nHe clarifies that the administrative acts that have been generated are inputs and not a final act, as indicated by the Constitutional Chamber in resolution No. 2025034702, mentioned in its considering clause XI. He notes that the trails have a low carrying capacity and their conditions are not optimal, due to various correction factors, including administrative precautionary measures, trail widening, waterlogging, and the presence of spontaneous trails. He relates that trails with higher traffic tend to present greater impact, so improvement actions must be considered as a priority to guarantee better trafficability. He comments that, for this reason, it is recommended to continue with the preventive maintenance actions that have been implemented, with these advances reflecting substantial improvements in trafficability, in the trail corridor, in drainage, and in the management of visitor flow. He adds that all of the above is directly related to the corrective actions applied at critical points, the rehabilitation of elevated walkways, and the implementation of safety measures, which is reflected in the new capacity of resolutions RESOLUCION SINAC-ACOSA-D-R-104-2025/ ADDENDUM RESOLUCION SINAC-ACOSA-D-R-086-2025. He asserts that official letter CARTA-SINAC-DAP-PTS-015-2025 produced the \"Report on the application process of the visitor flow and carrying capacity tool at the Sirena Biological Station of the PNC\". Within the framework of strengthening the technical management of the Sirena Biological Station, during the second quarter of the year 2025, the implementation of the tourism carrying capacity methodology was carried out, according to the methodological guidelines established by Nombre02 (1992). This application aims to objectively determine the support capacity of the trail system, considering the current levels of visitation, the biophysical conditions of the environment, and the available infrastructure. The execution of this analysis is carried out in a complementary manner with the Visitor Flow Management Tool, which has been formalized by SINAC through CONAC Agreement No. 12, ordinary session No. 06-2014. Although said tool focuses on the evaluation of qualitative indicators associated with the physical, social, and management scenarios, the methodology of Nombre02 introduces a quantitative dimension to the planning process by allowing the acceptable limits of use to be calculated with greater precision through technical formulas that consider variables such as the useful area of the trail, the average visitor stay time, and the frequency of use. The articulation of both methodologies allows for progress towards an evidence-based comprehensive management model that guarantees the conservation of natural and cultural resources while ensuring the quality of the visitor experience under principles of sustainability and rational land use. He specifies that resolution SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 responds to the first operative clause of the Constitutional Chamber resolutions No. 2025024842 and 2025025324, already known, which textually states \"a) resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023 is rendered without effect\"; however, resolution ACOSA-D-R-102-2021 remains in effect, since according to its scope it must adjust to the established capacities of resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 for the San Pedrillo sector of Corcovado National Park, until what is indicated in considering clause XI of the cited judgment is fulfilled:\n\n\"XI.- The respondent authorities must continue collecting data, and once the technically necessary period has concluded, issue the duly substantiated administrative act, in order to fully comply with judgment No. 2025024842 of 9:20 hours on August 8, 2025\". Thus, the administrative acts that have been generated are inputs and not a final act, as indicated by the Constitutional Chamber in resolution No. 2025034702 in its considering clause XI. He states that, to be certain of the validity of resolution ACOSA-D-R-102-2021, a criterion was requested from the Legal Affairs Directorate of MINAE, under official letter SINAC-ACOSA-AL-038-2025, in order to have clarity and better resolve its applicability or, failing that, its repeal. He maintains that, regarding the lodging capacity, it is not the competence of the Osa Conservation Area to establish how many people may or may not stay overnight in facilities that are given to a third party for administration, in this case the Integral Development Association of Carate de Corcovado de Puerto Jiménez, where lodging, food, or nature store services are provided. For this specific case, the permit holder must process the corresponding operation permits before the corresponding authority, in this case the governing body is the Ministry of Health, and therefore, it has direct attributions to regulate, limit, modify, or prohibit capacities, which is why to define the lodging capacity at the Sirena Biological Station, what is indicated in operating permit number 00055-2023, issued by the Ministry of Health of Golfito, which is valid until January 6, 2028, is applied. He comments that the scope and conditions of the permit are granted under resolution number MS-DRRSBRU-DARS-G-R-0054-2023 and its application is mandatory. He assures that resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, in the section Reservation Guidelines for Corcovado National Park (Lineamientos de Reservaciones del Parque Nacional Corcovado), textually indicates in point number 18: \"Corcovado National Park will remain closed every year from October 1 to October 31 for maintenance of trails and facilities\". He explains that, complementarily, the active administration, as the governing entity in the matter of Protected Wild Areas, within its powers and competencies, can generate, as required, administrative acts, resolutions, guidelines, or directives that facilitate the good management of the Protected Wild Areas under its administration, in strict compliance with Article 50 of the Political Constitution, and Articles 10, Public Use Regulation of Corcovado National Park (Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Corcovado) Executive Decree No. 40700-MINAE, Articles 20 and 39 of Executive Decree 38295-MINAE on Fees for entry rights and other protected services under the administration of the National System of Conservation Areas.\n\n**4.-** By means of a brief filed at 10:03 a.m. on December 10, 2025, the petitioner states that resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued on September 22, 2025, was notified to the tourism sector without prior socialization, since the directly affected parties are the users of Puerto Jiménez, Sierpe, Uvita, and Drake. He clarifies that there is no official carrying capacity methodology of the National System of Conservation Areas for any Protected Area of the eleven Conservation Areas. He explains that there is no methodology for when the prior reservation is made; upon arrival at the Sirena station, one is told which trail they are assigned, and this cannot be the case since they bring tourists and purchased the entrance to the National Park. He notes that resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 do not detail the date from which they are effective and do not give 15 days or a reasonable period for the sector to coordinate all the tour logistics, since many tours were already sold and they did not give prior notice. He refers that Corcovado National Park has been open to the public for 50 years, and there had never been a restriction on the trails for entering with tourists, and the administration never formally notified how the distribution will be from the time the reservation to enter the park is made; tourists complain since the trail is only indicated upon arrival at the station on the day, and they are being sued as tour operators. He clarifies that the Visitor Flow Management Tool for SINAC Protected Wild Areas 2015 measures the visitor experience in the protected area; it is not a carrying capacity tool, and he reiterates that there is no official carrying capacity tool within SINAC. He warns that resolution SINAC-ACOSA-D-R-102-2021 has existed since 2021 and was considered in resolutions SINAC-ACOSA-D-R-076-2022, SINAC-ACOSA-D-R-026-2023, SINAC-ACOSA-D-R-048-2023, but it was not contemplated in SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 without justification, affecting the tourism sector, since no prior information was given before the season began; this means that if a cruise ship with 100 people arrives, the sector cannot make reservations, enormously affecting income. He states that the Integral Development Association of Corcovado has the use permit through resolution SINAC-ACOSA-D-R-016-2016; the number of overnight lodging spaces was defined by the conservation area based on infrastructure and does not mention the operating permit. He considers that the respondent authority has harmed the rights of the tourism sector.\n\n**5.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.-** **Object of the action.** The petitioner alleges that he is a tourist guide, and that resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued by the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC), were issued without consulting the involved tourism sector, without an official technical carrying capacity methodology, and with deficiencies in their reasoning and regulatory clarity. Consequently, he requests that the respondent authorities be ordered to develop an official methodology to determine the carrying capacity and regulate the entry of visitors on the trails of Corcovado National Park, applicable both to said park and to the other protected areas administered by SINAC.\n\n**II.-** **Proven facts.** Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) As of April 25, 2024, Corcovado National Park (Sirena Station) did not have a specialized technical tool to measure the capacity of visitors it can accommodate (see copy of official letter SINAC-ACOSA-D-223-2024).\n\nb) As of April 25, 2024, Corcovado National Park (Sirena Station) had the Visitor Flow tool that is recently being developed; this only assists in qualitative measurement (streamlining visitor flow and conducting an environmental impact study) (see copy of official letter SINAC-ACOSA-D-223-2024).\n\nc) The Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) issued resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, relating to the regulation of entry and reservations in Corcovado National Park (see report).\n\nd) By means of resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued on September 22, 2025, the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas resolved: \"FIRST: based on the scientific-technical study prepared with the application of the Visitor Flow Management Tool, the visitor entry capacity to the Sirena Biological Station is formalized, which will be two hundred forty-two people, whose distribution across the trails is detailed in the following table:\n\n| Trails | Effective Carrying Capacity (CCE) in number of people |\n| :--- | :--- |\n| 1. Guanacaste | 22 |\n| 2. Sirena | 4 |\n| 3. Espaveles | 4 |\n| 1. Corcovado | 7 |\n| 2. Saíno | 58 |\n| 3. Rio Claro | 29 |\n| 4. Cabro | 39 |\n| 5. Danta | 10 |\n| 6. Naranjos | 9 |\n| 7. Avioneta | 60 |\n| Total CCE of the Sirena Biological Station | 242 |\n\nSecond: That the capacity for lodging at The Sirena Biological Station will be 129 spaces, the same figure that is defined in the sanitary operating permit number 00055-2023, issued by the Ministry of Health of Golfito, by Dr. Fernando Alonso Mata Castro. Which is valid until January 6, 2028. The scope and conditions of the permit are granted under resolution number MS-DRRSBRU-DARS-G-R-0054-2023.\n\nOf these 129 spaces, ACOSA reserves 10 spaces that may be used for the attention of:\n\n* SINAC Officials\n* Public officials with institutional mission,\n* International representations.\n* Retirees.\n* Persons described in the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) No. 7600.\n* Volunteers.\n* Researchers.\n* Others as defined by the directorate of the conservation area.\n\nLikewise, ACOSA authorizes 15 spaces for the personnel of the permit holder, the Integral Development Association of Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Puntarenas (Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Puntarenas, ADICORCA).\n\nAnd ADICORCA is authorized to use the remaining 104 spaces for the guides and visitors who enter and stay overnight at the Sirena Biological Station.\n\nTHIRD: In order to guarantee the continuity of the socioeconomic activities that depend directly on Corcovado National Park, the recommendation contained in official letter SINAC-ACOSA-DAP-PTS-034-2025 is accepted to maintain, on a transitory basis, the following capacities for daily visitation for the following sectors:\n\nSan Pedrillo Sector: 120 spaces.\nLa Leona Sector: 80 spaces.\nLos Patos Sector: 80 spaces.\nEl Tigre Sector: 80 spaces.\n\nFOURTH: To formalize the reservation guidelines for the entry of visitors to Corcovado National Park, as follows: [...]\n\n11. For the processing of reservations for Corcovado National Park, the user may acquire their right of admission with a maximum of 10 spaces plus one guide (10+1), according to the conditions established for guiding in Decree No. 40700-MINAE. Furthermore, the reservation may be requested six months in advance.\n\n12. For the processing of reservation requests for more than 10 spaces: The national park administration will approve reservations for large groups to companies that are duly registered in a database. These reservations will be for spaces of 15 visitors plus one guide (15 + 1) or 20 visitors plus two guides (20 + 2). Only one reservation per company per day and per visitor center.\n\n[...]\n\n18. Corcovado National Park will remain closed every year from October 1 to October 31 for maintenance of trails and facilities.\n\n[...]\n\nFIFTH: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation and appeal are available, in accordance with Articles 343 and following of the General Law of Public Administration, which will be resolved, the revocation by the same body that issued it and the appeal by the National Council of Conservation Areas.\n\nSIXTH: It becomes effective upon its publication and shall be valid until September 30, 2026, except for reservations already confirmed in the system at the time of publication of this resolution (...)\" (see ad effectum videndi file No. 25-030432-0007-CO).\n\ne) The Osa Conservation Area applied the Visitor Flow Methodology, formalized by CONAC Agreement No. 12 of ordinary session No. 06-2014, held on June 23, 2014 (see report).\n\nf) Said methodology constitutes a technical tool of a dynamic nature, susceptible to variation according to the biophysical, environmental, social, and operational conditions of the corresponding protected area (see report).\n\ng) By means of resolution No. 2025034702 of 09:20 hours on October 24, 2025, issued within file No. 25-010215-0007-CO, the Constitutional Chamber endorsed the technical approach implemented by the Osa Conservation Area for determining the daily visitation capacity at the Sirena Biological Station of Corcovado National Park (see report).\n\nh) By means of official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DT-115-2025, dated September 26, 2025, the indicated resolutions were communicated to the users, naturalist guides, and tour operators registered in the database of the reservations office of the Osa Conservation Area (see report).\n\ni) As of November 1, 2025, the \"Conservation and Responsible Management Strategy of the Sirena Biological Station, PNC\" was implemented, aimed at strengthening internal communication, improving security, and promoting adequate treatment of visitors (see report).\n\nj) The tool called Visitor Flow Methodology is applied to visitors and guides entering Corcovado National Park, without including in the capacity calculation the officials of the Osa Conservation Area or the collaborators of the Integral Development Association of Carate de Corcovado de Puerto Jiménez (ADICORCO), who work habitually at the Sirena Biological Station, which is why these spaces are not considered for the capacity of the trails (see report).\n\nk) During the month of November 2025, the occupancy of the Sirena Biological Station, both for day visits and overnight stays, did not exceed the authorized capacity (see report).\n\nl) On November 5, 2025, the Osa Conservation Area was notified of resolution No. 2025034702 of the Constitutional Chamber, in which it was ordered that the respondent authorities must continue collecting information and, once the technically necessary period has concluded, issue the duly substantiated administrative act in compliance with judgment No. 2025024842 of 9:20 hours on August 8, 2025 (see report).\n\nm) The administrative acts issued by the Osa Conservation Area in relation to the regulation of visitation to Corcovado National Park have been generated as inputs within the information collection process required by the Constitutional Chamber, without constituting the final administrative act ordered by said authority (see report).\n\nn) The trails of the Sirena Biological Station have a limited carrying capacity and trafficability conditions affected by various factors, including trail widening, waterlogging, presence of spontaneous trails, and the application of administrative precautionary measures (see report).\n\no) The administration has implemented preventive and corrective maintenance actions on the trails, including improvements in drainage, rehabilitation of elevated walkways, and safety measures, in order to improve trafficability and the management of visitor flow (see report).\n\np) During the second quarter of the year 2025, the tourism carrying capacity methodology was implemented in accordance with the guidelines of Nombre02 (1992), in a complementary manner with the visitor flow management tool formalized by SINAC. This application aims to objectively determine the support capacity of the trail system, considering the current levels of visitation, the biophysical conditions of the environment, and the available infrastructure.\n\nThe execution of this analysis is carried out complementarily with the Visitor Flow Management Tool (Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitante) (see report).\n\nq)   Through official letter CARTA-SINAC-DAP-PTS-015-2025, the report entitled “Report on the process of applying the visitor flow tool and carrying capacity in the Sirena Biological Station of Corcovado National Park” (“Informe sobre proceso de la aplicación de la herramienta de flujo de visitantes y capacidad de carga en la Estación Biológica Sirena del Parque Nacional Corcovado”) was prepared (see report).\n\nr)    Resolution SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 rendered resolution SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023 null and void, in compliance with the provisions of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in resolutions N° 2025024842 and N° 2025025324 (see report).\n\ns)    Resolution ACOSA-D-R-102-2021 remains in force and must be adjusted to the capacities (aforos) established in resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 for the San Pedrillo sector of Corcovado National Park, until the final administrative act ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is issued (see report).\n\nt)     Through official letter SINAC-ACOSA-AL-038-2025, a legal opinion was requested from the Legal Affairs Directorate of MINAE regarding the validity and applicability of resolution ACOSA-D-R-102-2021 (see report).\n\nu)   The lodging capacity (aforo de hospedaje) at the Sirena Biological Station is governed by operating permit No. 00055-2023 issued by the Ministry of Health of Golfito, valid until January 6, 2028, granted through resolution No. MS-DRRSBRU-DARS-G-R-0054-2023 (see report).\n\nv)   Resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 establishes, within the reservation guidelines for Corcovado National Park, the annual closure of the park from October 1 to October 31 for maintenance work on trails and facilities (see report).\n\n III.- Facts not proven. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:\n\nOnly. That the appellant is registered in the database of the reservations office of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa) as a tourist guide.\n\n  IV.- Case background. This Chamber heard an amparo appeal processed under case file No. 25-010215-0007-CO, for facts similar to those invoked in this proceeding. On that occasion, the appellant claimed that, through resolution SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, the Osa Conservation Area made a change in the reservation policies of Corcovado National Park regarding the conditions set forth in resolution SINAC-ACOSA-D-R-076-2022, since modifications were made to the daily entry and lodging quotas; but these were not supported by a scientific methodology demonstrating that they would not harm the national park's environment, which he deemed violated the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, as there is uncertainty as to whether the increase in visitation will affect the national park. In this regard, the Chamber, in Judgment No. 2025-024842, at 09:20 hours on August 8, 2025, considered that:\n\n“(…) From the reading of the proven facts, it is possible to conclude: a) resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-076-2022 provided for a daily entry quota to Corcovado National Park of 560, as well as a daily lodging quota of 70 spaces; b) subsequently, in resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023, challenged in the sub examine, a daily entry quota of 700 was established, as well as a daily lodging quota of 80 spaces; c) although there was no variation in the quotas reserved for cruises (as asserted in the report rendered, and in the evidence provided), the truth is that a global increase in quotas was defined; d) in the report rendered under oath, as well as in the official letters provided as evidence, repeated reference is made to the application of the so-called visitor flow management tool (herramienta para el manejo de flujos de visitantes), however, the administrative act does not set forth the parameters governing its implementation, nor the results of its specific application; e) this, in addition to constituting a defect in the reasoning (fundamentación) of the administrative act, hinders access to justice by the administered persons, and calls into question the existence of a true technical-scientific basis justifying the implemented variations, in frontal violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.”\n\n[…]\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal is granted. Paula Mena Corea, in her capacity as Regional Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), or whoever holds that position in her stead, is ordered to issue the orders within her scope of authority and coordinate what is necessary so that, within ONE MONTH from the notification of this judgment: a) resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023 be rendered null and void; and b) in its place, a new resolution be issued regulating the reservation policies of Corcovado National Park, in such a way that the parameters governing the implementation and the results of the specific application of the visitor flow management tool (herramienta para el manejo de flujos de visitantes) are unequivocally stated, thereby justifying the daily entry and lodging quotas that are defined. The respondent authority is warned that in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative court. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit regarding the alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution. Let it be notified.”\n\nSubsequently, in that same case file, clarification of Judgment No. 2025-024842, at 9:20 hours on August 8, 2025, was requested, and on that occasion, the Chamber considered that said judgment was not lacking in any aspect claimed, but rather, within it, the issues were addressed completely and contextually. On this occasion, the Chamber determined, in Judgment No. 2025-034702, at 09:20 hours on October 24, 2025, the following:\n\n“(…) the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, has already issued resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, regarding the Sirena Station (Dirección01); likewise, regarding the remaining locations (La Leona, San Pedrillo, Los Patos, and El Tigre), given the lack of technical inputs, on a transitory basis, and in order to ensure the continuity of the socioeconomic activities that depend directly on Corcovado National Park, daily visitation capacities (aforos) were established, according to the recommendation of the Regional Coordinator of the Sustainable Tourism Program of ACOSA.”\n\nIn turn, it referred there that “(…) In this regard, from the records, it is determined that regarding what was ordered in point a) of judgment No. 2025024842, it is recorded that the respondent issued a new resolution, No. SINAC-ACOSA-D-R-085-2025, which rendered null and void the appealed resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-0048-2023.\n\nOn the other hand, in compliance with the provisions of point b) of ruling No. 2025024842, it is recorded that regarding the justification of spaces for entry and lodging capacity (aforo) to Corcovado National Park, a new resolution, No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, was issued.\n\n[…]\n\nIX.- This Constitutional Chamber observes that in compliance with what was ordered in the judgment, and in strict connection with the object of this proceeding, resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 contains the technical justification for the capacity (aforo) for the Sirena Station.\n\nX.- In parallel, this Court takes into account that with respect to the remaining locations (La Leona, San Pedrillo, Los Patos, and El Tigre) there are still no technical inputs, as a longer period of data collection is required. Based on this, on a transitory basis, and in order to ensure the continuity of socioeconomic activities that depend directly on Corcovado National Park, daily visitation capacities (aforos) were established, according to the recommendation of the Regional Coordinator of the Sustainable Tourism Program of ACOSA.\n\nXI.- The respondent authorities must continue collecting data, and once the technically necessary period has concluded, issue the duly reasoned (fundamentado) administrative act, in order to fully comply with judgment No. 2025024842 at 9:20 hours on August 8, 2025.”\n\nLater, another amparo appeal was filed processed under No. 25-030432-0007-CO, and on that occasion, the appellant alleged that resolution SINAC-ACOSA-D-R-0086-2025 lacks all technical criteria, failing to comply with the Chamber's order, as it is based solely on subjective assessments, thereby affecting the rights of a community whose health and inhabitants' lives depend almost exclusively on tourism. They also indicated that, for the adoption of that resolution, no hearing was granted to those involved in the tourism activity of the cantons of Osa, Puerto Jiménez, and Golfito, such as tour operators, tourism businesses, tourist guides, and their represented party. So, through Judgment No. 2025-036712, at 09:30 hours on November 7, 2025, the Chamber ordered, as pertinent, the following:\n\n“(…) In that sense, the appellant must abide by what was resolved on that occasion, as it was established that it is reasoned (fundamentada) by the technical body, according to the information currently on record. Now, to discuss, as the appellant intends, whether the reasoning provided in this new resolution conforms to the parameters established by law and to elucidate whether this causes greater harm to certain economic sectors of the population, is a matter that must be reviewed in the realm of ordinary legality (legalidad ordinaria), since the summary amparo procedure is not suitable for reviewing the technical evidence that a discussion such as that intended by the appellant would entail. Furthermore, the petitioner should consider what this Court indicated in recitals X and XI of the aforementioned judgment, in the sense that the respondent still had time to finish substantiating all rigorous aspects and that there are pending aspects. Thus, any disagreement in this regard must be raised, if the protected party deems appropriate, before the same respondent or in the corresponding legality procedure. And if it eventually relates to what was ordered by the Chamber in those judgments, it must be alleged within case file no. Telf3423 and not in a new appeal.\n\nIII.- Now, regarding the lack of participation alleged by some sectors of the population such as tour operators, tourism businesses, tourist guides, and the amparo-protected party in the adoption of the challenged resolution; this is an aspect that, if found to be applicable, in the opinion of this Tribunal, is also a matter of mere legality and not of constitutionality. [...]\n\nIn the same sense as stated, it is not for this jurisdiction to determine whether a hearing should have been granted or not to those population sectors and the amparo-protected party, as it is a matter of mere legality and not of constitutionality.\n\nIV.- Consequently, regarding the alleged non-compliance with judgment No. 2025024842 at 9:20 hours on August 8, 2025, the appellant must abide by what was resolved in judgment No. 2025-34702, at 9:20 hours on October 24, 2025; and, in all other respects, the amparo is inadmissible and is so declared.”\n\nV.- On the merits. In the case under study, the appellant alleges: a) that for resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued on September 22, 2025, no public consultation was conducted nor was a hearing granted to the involved parties; b) resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 established new guidelines and capacities (aforos) for visitation, without applying an official carrying capacity methodology (metodología oficial de capacidad de carga), since the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) lacks an official tool for this; c) the methodology for defining entry to the trails was not established; d) resolutions SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 and SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 were not directed to the tourism sector, directly affecting tour operators, hotels, and tourist guides, who were not formally notified; e) “the resolution” does not specify the effective date or the official means of publication and the table on carrying capacity per trail is confusing, nor does it clarify the annual closure date of Corcovado National Park; f) letter SINAC-DAP-PTS-015-2025 describes the Visitor Flow Management Tool (Herramienta para el Manejo de Flujos de Visitantes) as a technical instrument to guide visitation management, but it is not a carrying capacity tool (herramienta de capacidad de carga), which contradicts its application in the resolution.; g) resolution SINAC-ACOSA-D-R-085-2025 did not render resolution ACOSA-D-R-102-2021 null and void, which regulates cruise ship visitation in San Pedrillo, and that in general the document is confusing. They state that it is argued that the lodging capacity (aforo de hospedaje) is based on the sanitary permit from the Ministry of Health, which does not constitute a technical carrying capacity methodology (metodología técnica de capacidad de carga) established by SINAC.\n\nVI.- Regarding the principle of citizen participation (principio de participación ciudadana). The appellant points out that the respondent authority did not conduct a public consultation or grant a hearing to the involved parties prior to the issuance of resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025, issued on September 22, 2025, which he considers a violation of the right to participation. Regarding this claim, the appellant must abide by what was already resolved by the Chamber in Judgment No. 2025-036712, at 09:30 hours on November 7, 2025, given that the considerations set forth apply to this specific case.\n\nVII.- Regarding resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025. The appellant considers that said resolution is not technically reasoned (fundamentada) and that the National System of Conservation Areas lacks an official tool for this purpose, given that the methodology for defining entry to the trails was not established. In this regard, in Judgment No. 2025-034702, at 09:20 hours on October 24, 2025, the Chamber deemed that resolution No. SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 contains the technical justification for the capacity (aforo) for the Sirena Station (Dirección01) and indeed, at that date, technical inputs were not yet available for the remaining locations (La Leona, San Pedrillo, Los Patos, and El Tigre), as a longer period of data collection is required, so on a transitory basis, and in order to ensure the continuity of the socioeconomic activities that depend directly on Corcovado National Park, daily visitation capacities (aforos) were established, according to the recommendation of the Regional Coordinator of the Sustainable Tourism Program of ACOSA. It was also indicated that the respondent authorities must continue collecting data, and once the technically necessary period has concluded, issue the duly reasoned (fundamentado) administrative act, in order to fully comply with Judgment No. 2025-024842 at 9:20 hours on August 8, 2025. Therefore, any non-compliance in this regard must be alleged in that judgment, given that, at the date this amparo appeal was filed, only five days had elapsed since the issuance of Judgment No. 2025-034702.\n\nVIII.- Regarding the appellant's belief that resolution SINAC-ACOSA-D-R-086-2025 does not specify the effective date or the official means of publication; that the table on carrying capacity per trail is confusing, coupled with his consideration that letter SINAC-DAP-PTS-015-2025 is not a carrying capacity tool (herramienta de capacidad de carga) and that the lodging capacity (aforo de hospedaje) is based on the sanitary permit from the Ministry of Health, which does not constitute a technical carrying capacity methodology (metodología técnica de capacidad de carga) established by SINAC, as well as the validity and applicability of resolution ACOSA-D-R-102-2021, these are matters lacking constitutional standing, and acceding to analyze the request would imply substituting the respondent authority in the functions entrusted to it by law and, furthermore, disregarding the summary nature of the amparo, ordinarying a procedure that seeks the protection and restitution of violated fundamental rights and not the review of legality (control de legalidad) that, in our legal system, is in the hands of the corresponding administrative instances. Note that, through official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DT-115-2025, dated September 26, 2025, the indicated resolutions were communicated to users, naturalist guides, and tour operators registered in the database of the Osa Conservation Area reservations office, and they were informed there that the ordinary appeals of revocation and appeal (revocatoria y apelación) were applicable, in accordance with Articles 343 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), and there is no record that the appellant is registered in such files, nor that he has filed the corresponding administrative appeal.\n\nIX.- Furthermore, the Chamber notes that the appellant, although indicating he is a tourist guide, does not specify the actions he considers illegitimate that have resulted in a specific act or omission implying a personal, direct, and certain grievance or threat thereof, to his detriment or to the fundamental rights of a specific person. It is important to consider that standing (legitimación) in the amparo action is measured by the damage or injury inflicted on the appellant or on the person on whose behalf the appeal was filed, and not for the benefit of any individual or a community based on a simple interest in legality.\n\nX.- Conclusion. By virtue of the foregoing, the Chamber does not conclude that any fundamental right of the appellant has been violated, and regarding the rest of the allegations, abide by the provisions of Judgments No. 2025-34702, at 9:20 hours on October 24, 2025, and No. 2025-036712, at 09:30 hours on November 7, 2025.\n\n XI.- DIFFERENT REASONS OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. Although, like the majority, I declare the appeal without merit, I do so based on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System (Ordenamiento Jurídico Costarricense), is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (reglamentos), such as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review (control de constitucionalidad) from legality review (control de legalidad). In this sense, it is the undersigned's opinion that this Chamber, through the amparo procedure, should only hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of this right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality procedure (vía de legalidad). Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard in the legality procedure - administrative or jurisdictional - where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It should be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, exercising its powers, and substantiates a procedure, issuing administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out concerning an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full-knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, given that the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms, or with the introduction of new and further elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of criteria already present in the case's administrative file. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it has been designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the above, I believe that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality procedure. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality procedure. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative court, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n XII.- Dissenting vote of Judges Cruz Castro and Rueda Leal, regarding citizen participation (participación ciudadana).\n\n In numerous judgments, we have emphatically noted the possibility of hearing claims related to citizen participation in this jurisdictional venue. Thus, for example, in judgment No. 2025017106 at 10:15 hours on June 16, 2025, we stated:\n\n“V- DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO AND JUDGE RUEDA LEAL, IN RELATION TO THE RIGHT TO CITIZEN PARTICIPATION (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA).\n\n1.- As recorded in the dissenting vote to judgment No. 2017001163 at 9:40 hours on January 27, 2017, we believe that from Article 9 of the Political Constitution it can be inferred that citizen participation, beyond a general principle, has been instituted as a true fundamental right in light of the conventional framework that accompanies and integrates our fundamental rights regime.\n\nPrecisely, in judgment No. 2013-017305 at 11:32 hours on December 20, 2013, this Chamber considered that the right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars upon which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator enshrined this right in Article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic shall be popular, representative, participatory (participativo), alternative, and responsible (emphasis not in original), according to the reform promoted by Law No. 8364 of July 1, 2003, published in La Gaceta No. 146 of July 31, 2003. This mandate of the Fundamental Law, particularly the quality of “participatory,” has guided subsequent constitutional and infra-constitutional normative development. Thus, a series of mechanisms have been established seeking to ensure that the right to participatory government can be applied efficiently and effectively, so that it does not remain merely a paper right; examples of this are the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or the popular initiative in the formation of laws (see, among others, judgment No. 2005-05649 at 14:39 hours on May 11, 2005). The right to participatory government not only embodies a recognition of the highest legal-positive rank to the function of political control by the inhabitants of the Republic, but also signifies a revaluation of their role in the processes of formulation, application, and control of public policy. By the will of the constituent legislator, which this Chamber neither should nor can ignore, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic regime (an issue erroneously disregarded by the minority vote, which downgrades citizen participation from the status of a right to a general principle in clear contradiction to this Chamber's jurisprudential line, as demonstrated below), which is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.\n\nAs we indicated above, this categorization of participatory government or citizen participation as a right is explained through the conventional support contained in several international human rights instruments.\n\nVerbigracia, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 stipulates that “everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives” (emphasis not in original).\n\nIn accordance with the above, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: “(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.”\n\nIn the same vein, the Inter-American Democratic Charter states in its Article 5 that: “Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of citizens within a framework of legality conforming to the respective constitutional order.”\n\nMore vehemently, Article 6 of this Charter establishes that: “The participation of citizens in decisions relating to their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.” (Emphasis not in the original).\n\nThe United Nations Human Rights Council also recognized citizen participation as fundamental for the protection of the environment:\n\n“Recognizing also that the exercise of human rights, including the freedom to seek, receive, and impart information and to participate effectively in the direction of governmental and public affairs and the right to an effective remedy, is fundamental for the protection of a clean, healthy, safe, and sustainable environment,” (Human Rights Council, 46th session, A/HRC/RES/46/7 of March 23, 2021).\n\nAlso, it is important to highlight that, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, the United Nations Human Rights Council grants the status of human right to effective participation in environmental matters. In this regard, it stated:\n\n“Recognizing that the exercise of human rights, including the rights to seek, receive, and impart information and to participate effectively in the direction of governmental and public affairs and in the adoption of decisions relating to the environment, as well as the right to an effective remedy, is fundamental for the protection of a clean, healthy, and sustainable environment.” (Emphasis not in the original).\n\nFor its part, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, the Inter-American Court of Human Rights highlighted that:\n\n“226. Public participation represents one of the fundamental pillars of instrumental or procedural rights, since it is through participation that persons exercise democratic control over state actions and can thus question, inquire into, and consider the fulfillment of public functions. In that sense, participation allows persons to be part of the decision-making process and for their opinions to be heard. In particular, public participation enables communities to demand accountability from public authorities for the adoption of decisions and, at the same time, improves the efficiency and credibility of governmental processes. As previously mentioned, public participation requires the application of the principles of publicity and transparency and, above all, must be supported by access to information that allows social control through effective and responsible participation” (emphasis added).\n\nPosition that had also been adopted in the judgment of September 19, 2006, concerning the case “Claude Reyes et al. vs. Chile,” in which it was ordered:\n\n“86.\n\nIn this regard, the State’s actions must be governed by the principles of publicity and transparency in public management, which makes it possible for persons under its jurisdiction to exercise democratic control over state activities, so that they may question, inquire into, and consider whether public functions are being adequately fulfilled. Access to information under the State’s control that is of public interest can enable participation in public management, through the social control that can be exercised with such access. 87. Democratic control, on the part of society through public opinion, fosters the transparency of state activities and promotes the responsibility of officials for their public management. Therefore, in order for persons to exercise democratic control, it is essential that the State guarantee access to information of public interest under its control. By allowing the exercise of that democratic control, greater participation by persons in the interests of society is fostered.” (The emphasis was added).\n\nIn addition, the I/A Court, in the judgment of 27 November 2023 issued in the case “Inhabitants of La Oroya vs. Peru,” ordered:\n\n“B.2.5.2. Right to political participation\n\n150. The right of citizens to participate in the direction of public affairs is enshrined in Article 23.1.a) of the American Convention. With respect to environmental matters, the Court has established that participation represents a mechanism for integrating the concerns and knowledge of the citizenry into public policy decisions that affect the environment. Likewise, participation in decision-making increases the capacity of governments to respond to public concerns and demands in a timely manner, to build consensus, and to improve the acceptance and compliance with environmental decisions. In this regard, the Escazú Agreement states that each State Party “shall ensure the right of public participation and, to that end, undertakes to implement open and inclusive participation in environmental decision-making processes, based on domestic and international regulatory frameworks.”\n\n151. Likewise, the Court notes that the right to political participation in environmental matters is enshrined in various international law instruments, such as the Stockholm Declaration, the Nairobi World Charter for Nature, the Rio Declaration, the Aarhus Convention, and the Convention on Biological Diversity. At this point, the Tribunal considers it pertinent to recall that the reference to sources, principles, and criteria of the international corpus iuris, in this case on environmental matters, does not imply that it assumes jurisdiction over other treaties or that it recognizes their obligatory nature for States. These norms are used as interpretive criteria for determining the scope of the rights protected by the American Convention and other instruments that are binding on the State and over which the Court has jurisdiction, in accordance with Article 29 of the Convention.\n\n152. The Court has deemed that the right to participate in public affairs enshrined in Article 23.1.a) of the American Convention\n\nestablishes the obligation of States to guarantee the participation of persons under their jurisdiction in decision-making and policies that\n\nmay affect the environment, without discrimination, in an equitable, meaningful, and transparent manner, for which they must have previously guaranteed access to relevant information. Likewise, that with regard to public participation, the State must guarantee\n\nopportunities for effective participation from the earliest stages of the decision-making process and inform the public about these\n\nopportunities for participation. Finally, public participation mechanisms in environmental matters are varied and include, among others, public hearings, notification and consultations, participation in processes of formulation and application of laws, as well as judicial review mechanisms.\n\n(…)\n\nB.3.6.2. Right to political participation\n\n256. The Court recalls that the right to political participation is one of the fundamental pillars of democracy, since through its exercise persons can establish limits on state activities and question, inquire into, and consider the fulfillment of public functions. Participation allows persons to be part of the decision-making process and thus participate in the direction of public affairs that affect the environment. This Tribunal has highlighted that this right entails the obligation of States to guarantee the participation of persons in decision-making that may affect the environment, which is related to the obligation to provide relevant information. This participation must be effective from the earliest stages of the decision-making process, which can be carried out through various mechanisms (supra para. 152).”\n\nThus, this conventional recognition of citizen participation hermeneutically affects its legal nature, since it transforms it from a constitutional principle into a true collective fundamental right.\n\nIn this way, citizen participation represents an essential aspect of the democratic and republican model of this century, in which citizen control, transparency, and accountability stand out as expressive elements of this type of political regime, which in turn confers much greater legitimacy on political decision-making, a key issue when it comes to governability.\n\nThus, within the framework of this type of regime —that is, with active and full citizen participation— participatory government has a greater impact, favoring decision-making through more open and transparent means.\n\nPrecisely, one of the mechanisms devised to comply with the provisions of constitutional article 9 is the public hearing, through which interested persons can assert their rights or express their opinion, actively participating in matters of national or local relevance, and bringing to the Administration’s attention all those anomalies or disagreements in relation to a project to be developed.\n\nThus, the public hearing is a typical instrument of a\n\nrepublican democracy, through which the participation of the\n\ncitizen in the public decision-making process is fostered. By its significance, the hearing must be carried out in such a way as to guarantee the greatest possible participation of the persons who may be affected, hence any action or omission that hinders the foregoing constitutes an open violation of the constitutional right to citizen participation (see, among others, judgment number 2009-018223 of 12:34 hours of 27 November 2009).\n\nRegarding the participatory nature of the public hearing, as indicated, article 9 of the Political Constitution itself mandates this, since the qualification “participatory” established therein implies, among other aspects, that the Government must be an articulator of what is defined by popular deliberation, when that is mandatory, while in the formulation of public policy, within the possibilities that the current positive legal framework poses, it is obligated to listen to the opinion of affected individuals or groups, whether it is binding or not.\n\nIn other words, in the current republican democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, no longer only the right to vote to exercise their right to participatory government, but a number of instruments of diverse nature to contribute to governmental decision-making and political control, which allows them to exert direct influence on major public decisions.\n\nIn this context, it is worth highlighting that this Tribunal, in judgment\n\nno. 2018004117 of 9:15 hours of 13 March 2018, provided an analysis regarding public consultation in environmental matters, emphasizing that this mechanism is a pillar in decision-making related to the environment. Likewise, by way of soft law, it referred to a particularly relevant instrument regarding access to environmental information and citizen participation: the “Convention on Access to Information, Public Participation in Decision‑Making and Access to Justice in Environmental Matters,” better known as the “Aarhus Convention.” In this regard, the aforementioned ruling stated:\n\n“The Aarhus Convention, for its part, in article 6.2.3.4 provides:\n\n“2. When a decision-making process regarding the environment is initiated, the public concerned shall be informed, as appropriate, effectively and in a timely manner, by means of public communication or individually, as the case may be, at the beginning of the process. The\n\ninformation shall refer in particular to:\n\na) The proposed activity, including the corresponding application on which a decision will be taken;\n\nb) The nature of the possible decisions or the draft decision that could\n\nbe adopted;\n\nc) The public authority responsible for taking the decision;\n\nd) The envisaged procedure, in particular, the cases in which this\n\ninformation may be provided:\n\ni) The date on which the procedure will begin;\n\nii) The possibilities offered to the public to participate therein;\n\niii) The date and place of any envisaged public hearing;\n\niv) The public authority to which inquiries may be addressed to obtain relevant information and where that information has been deposited for the public to examine it;\n\nv) The public authority or any other competent public body to which comments or questions may be addressed and the time schedule for the communication of comments or questions;\n\nvi) An indication of the environmental information relating to the proposed activity that is available; and\n\ne) The fact that the activity is subject to a national or transboundary environmental impact assessment procedure.\n\n3. For the different phases of the public participation procedure, reasonable time frames shall be provided, allowing sufficient time to inform the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively throughout the environmental decision-making process.\n\n4. Each Party shall adopt measures for public participation to\n\nbegin at the outset of the procedure, that is, when all options and solutions are still possible and when the public can exert a\n\nreal influence.”\n\nIn accordance with the foregoing, consultation must be fostered in a transparent\n\nmanner and with the greatest possible information. This generates better management of natural resources, contributes to transparency and the adequate handling of public funds. Let us remember that the environmental issue is a matter for all members of society, not just the government, so it is also the responsibility of every citizen to ensure the conservation of the environment and to strive for sustainable development. It is for this reason that it must comprehensively encompass the different sectors of the population (…).” (The emphasis was added).\n\nIn addition, in the aforementioned pronouncement, the Chamber underlined that the public hearing, since it is a manifestation of the democratic principle, must not become a simple formality that is simply and plainly scheduled, although it must also not be instrumentalized as a mere obstacle to the issuance of an administrative decision.\n\nRelated to the foregoing, this Chamber has repeatedly indicated that the Constitution is characterized by its supremacy and its direct and immediate efficacy, by virtue of which the rights and guarantees it confers are directly enforceable and binding on all Public Powers. Thus, in judgment no. 1992-3194 of 16:00 hours of 27 October 1992, it was specified:\n\n“(...) The Political Constitution, in its unanimous contemporary\n\nconception, is not only ‘supreme’ as a criterion of validity of\n\nitself and of the rest of the legal system, but also a set of\n\nlegally binding fundamental norms and principles, therefore,\n\nenforceable by themselves, before all public authorities, and\n\nprivate individuals themselves, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable—except in qualified exceptional cases, in which without them its application is impossible—; with the consequence that both administrative and jurisdictional authorities have the attribution-duty of directly applying the Law of the Constitution in its full sense, even in the absence of a lower-ranking norm or by disapplying those that oppose it.”\n\nFor its part, in resolution no. 1995-1185 of 14:33 hours of 2\n\nMarch 1995, this Tribunal confirmed:\n\n“If the Political Constitution has a supreme normative character,\n\nit must effectively shape and condition the validity and efficacy of every\n\ninferior or subordinate norm, and serves as a parameter to legitimize or not the actions of any public authority and even of private subjects... The principle of supremacy of the Constitution, in the Costa Rican case, is not only expressly enshrined in Article 10, but in a most clear manner, complemented with respect to the body responsible for maintaining or preserving it, as we will analyze below. What we have expressed so far revolves around the fact that the Constitution has a direct efficacy and binds without the need for intermediation of any other norm. And, it is for this reason that every authority, in general, has the capacity and power to apply, develop, and expand the fundamental rights contained in the Political Constitution. If this were not so, all the argumentation about the hierarchy of norms, principles, and constitutional values would fall, converted into an insubstantial fantasy. It would be mere science fiction, an entelechy, in which two juridical worlds exist simultaneously, located on different planes and without communication between them.”\n\nIn conclusion, citizen participation constitutes a constitutional and conventional right, which stands as a quality of the republican democratic system. In this regard, the rights enshrined in the Fundamental Law, to varying degrees depending on whether their content is more or less programmatic, have direct efficacy and bind without the need for any norm whatsoever. Even their effectiveness through infra-constitutional normative development and its application is not beyond the jurisdictional control of constitutionality, when regulations, actions, or omissions are noted that represent an injury to the hard core (Kernbereich) of that constitutional good.”\n\nGiven that I find no reasons to change the transcribed criterion, I consider that the Chamber must continue the processing of this proceeding, for the purpose of examining the substance of the claims that the petitioner indicates, with regard to citizen participation.\n\nXIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Electronic Case File Regulation before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of 22 August 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe petitioner shall abide by what was resolved in Judgment No. 2025-34702, of 9:20 hours of 24 October 2025 and No. 2025-036712, of 09:30 hours of 07 November 2025. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado sets forth different reasons, considering that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, to the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conducts complained of conform or not, in substance, to the precepts of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Judges Cruz Castro and Rueda Leal dissent with regard to the claim for citizen participation and order that it be examined on the merits.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n CQWUHQC6P8A61\n\nEXPEDIENTE N° 25-033639-0007-CO\n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:57:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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