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  "id": "nexus-sen-1-0007-1375760",
  "citation": "Res. 07345-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Traslado y agua: amparo penitenciario con órdenes al centro penal y hospital",
  "title_en": "Prison transfer and water: amparo with orders to prison and hospital",
  "summary_es": "La Sala Constitucional resuelve un recurso de amparo interpuesto por una persona privada de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. El recurrente reclamaba la falta de traslado a otro centro penal por acercamiento familiar, dormir en el suelo, deficiencias en el suministro de agua potable y la falta de atención oftalmológica oportuna en el Hospital San Rafael de Alajuela. La Sala concluye que: (a) la pretensión de traslado debe ser conocida por el juez de ejecución de la pena y no por amparo; (b) no se acredita que el recurrente duerma en el suelo, pues consta que dispone de colchoneta; (c) la cuestión del agua fue resuelta en una sentencia previa (No. 2026005391) que ordenó cumplir una orden sanitaria del Ministerio de Salud; (d) la reprogramación de la cita oftalmológica para más de cuatro meses después de una llegada puntual constituye una lesión al derecho a la salud. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente respecto de la cita médica, ordenando su realización y el traslado puntual del interno.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber decides an amparo filed by a prisoner at CAI Jorge Arturo Montero Castro, claiming: (a) denial of transfer to another prison for family proximity; (b) sleeping on the floor; (c) insufficient potable water for over five months; (d) lack of timely ophthalmological care at Hospital San Rafael de Alajuela. The Chamber holds: (a) the transfer request falls within the jurisdiction of the sentence enforcement judge, not amparo; (b) evidence shows the inmate has a sleeping mat, so the floor-sleeping claim is unproven; (c) the water issue was already settled in ruling No. 2026005391, which ordered compliance with a health order from the Ministry of Health; (d) the rescheduling of the ophthalmology appointment to more than four months later, despite the inmate arriving on time, violates the right to health. The amparo is partially granted only as to the medical appointment, with orders to ensure the appointment is carried out and the inmate is transported punctually.",
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  "date": "27/02/2026",
  "year": "2026",
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    "juez de ejecución de la pena",
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    "amparo improcedente contra resoluciones jurisdiccionales"
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      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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      "article": "Arts. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 264-273, 355, 378",
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  "keywords_es": [
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    "derecho a la salud",
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    "Sala Constitucional"
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  "keywords_en": [
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    "right to health",
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "Ahora bien, el 31 de octubre de 2025, el tutelado fue traslado a tiempo al Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, pero por cuestiones administrativas la cita fue reprogramada para el 20 de marzo de 2026. Sin duda alguna el nuevo plazo de espera de más de 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales.\n\nAsí las cosas, tanto el centro penitenciario como el centro médico comparten la responsabilidad en la dilación o tardanza para el tutelado reciba atención médica. Dado que el recurso de amparo fue planteado con proximidad a la cita señalada, lo que corresponde es ordenar que se mantenga la misma.",
  "excerpt_en": "However, on October 31, 2025, the inmate was transported on time to the Ophthalmology Service of Hospital San Rafael de Alajuela, but due to administrative issues the appointment was rescheduled for March 20, 2026. Undoubtedly, the new waiting period of more than four months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public health services.\n\nThus, both the prison and the medical center share responsibility for the delay in the inmate receiving medical care. Since the amparo was filed close to the scheduled appointment, the appropriate course is to order that the appointment be maintained.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
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    "summary_en": "The amparo is partially granted only as to the ophthalmology appointment; ordered to maintain the March 20, 2026 appointment and ensure the inmate is transported punctually. All other claims are denied.",
    "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el amparo únicamente en cuanto a la cita oftalmológica; se ordena mantener la cita del 20 de marzo de 2026 y el traslado puntual del interno. En lo demás, se declara sin lugar."
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      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "Undoubtedly, the new waiting period of more than four months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public health services.",
      "quote_es": "Sin duda alguna el nuevo plazo de espera de más de 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales."
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    {
      "context": "Considerando IX",
      "quote_en": "Both the prison and the medical center share responsibility for the delay in the inmate receiving medical care.",
      "quote_es": "Tanto el centro penitenciario como el centro médico comparten la responsabilidad en la dilación o tardanza para el tutelado reciba atención médica."
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      "quote_en": "As to matters inherent to sentence enforcement, prison authorities are subject to what the sentence enforcement judges decide, and it is they, as justice operators, who are the first called to resolve the requests of convicted prisoners filed in defense of their rights.",
      "quote_es": "En lo atinente a la materia propia de la ejecución de la pena, las autoridades penitenciarias se encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecución de la pena y son estos, en su condición de operadores de justicia, los primeros llamados a resolver las gestiones de los privados de libertad sentenciados que planteen en defensa de sus derechos."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1375760",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07345 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 27 de Febrero del 2026 a las 09:30\n\nExpediente: 26-003829-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-003829-0007-CO\n\nRes. Nº 2026007345\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, contra EL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL (CAI) JORGE ARTURO MONTERO CASTRO, Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).\n\nResultando:\n\n 1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:57 horas de 3 de febrero de 2026, Nombre01 presentó un recurso de amparo en contra del CAI Jorge Arturo Montero Castro, y el Hospital San Rafael de Alajuela. El recurrente, quien se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, reclamó que: a) desde el 20 de octubre de 2023, solicitó traslado al CAI Marcus Garvey por acercamiento familiar, pero no se ha llevado a cabo (se le propuso una reubicación en el CAI Carlos Luis Fallas, pero tampoco se ha ejecutado); b) duerme en el suelo;  c) desde hace 5 meses y 3 semanas se averió la bomba que suministra agua potable (el líquido que se les suministra no alcanza para suplir sus necesidades básicas de tantas personas); d) desde el año 2023 tiene pendiente una valoración en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela (en los años 2023, 2024 y el 31 de octubre de 2025, el centro médico se negó a atenderlo, por haber llegado tarde; la cita fue nuevamente programada para el mes de marzo de 2026).  Insistió en que desea ser ubicado en el CAI Marcus Garvey. Solicitó que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante el auto de las 10:46 horas de 10 de febrero de 2026, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado a las autoridades del CAI Jorge Arturo Montero Castro, y del Hospital San Rafael de Alajuela.\n\n3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 10:43 horas de 16 de febrero de 2026, Jeremías Sandí Delgado, Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, informó: “(…) La amparado Nombre01 referido al servicio de oftalmología por un problema de visión en el ojo derecho. Se hace de su conocimiento que en años previos se gestionaron 2 citas para poder valorar a paciente los días 01 de marzo del 2024 y 02 de mayo del 2025 a las cuales se registró ausente. El paciente cuenta con una cita vigente el servicio de oftalmología el 20 de marzo del 2026, por los cuales se les insta y se les solicita llegar a su cita de manera puntual (…) Se hace énfasis que el paciente debe de ser primero valorado en la consulta externa por el especialista quien es el único que valora la necesidad y prioridad de cirugía (…)” (sic).\n\n4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 10:43 horas de 16 de febrero de 2026, Karen Rodríguez Segura, Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela, informó: “(…) La suscrita al no participar en la atención directa al usuario, ni en la programación de citas, así como desconocer de los hechos, le solicité información al Dr. Jeremías Sandí Delgado, jefe del Servicio de Oftalmología y mediante el oficio JOFT-0097-2026 refiere que la cita fue agendada según información clínica de envío y las posibilidades operativas por lo cual debe esperar (…)” (sic).\n\n5.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 15:58 horas de 18 de febrero de 2026, Jenny Chacón Fernández y Rafael González Cortés, Directora del CAI Jorge Arturo Montero Castro, y Director a.i. de la Clínica La Reforma, informaron que el tutelado está privado de libertad en condición de sentenciado. Destacaron que el tutelado tiene una colchoneta. Indicaron que el 31 de octubre de 2025, el tutelado fue trasladado al Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela. Enfatizaron que la reprogramación de la cita obedeció a una cuestión administrativa del centro médico. Adjuntaron el oficio No. JEF-0257-2026 de 14 de febrero de 2026, en el cual Greivin Alfaro Araya, Jefe Policial a.i. del CAI Jorge Arturo Montero Castro, se refirió expresamente a los hechos objeto del presente recurso.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha cumplido las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI. Objeto del recurso. El recurrente, quien se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, reclamó que: a) desde el 20 de octubre de 2023, solicitó traslado al CAI Marcus Garvey por acercamiento familiar, pero no se ha llevado a cabo (se le propuso una reubicación en el CAI Carlos Luis Fallas, pero tampoco se ha ejecutado); b) duerme en el suelo;  c) desde hace 5 meses y 3 semanas se averió la bomba que suministra agua potable (el líquido que se les suministra no alcanza para suplir sus necesidades básicas de tantas personas); d) desde el año 2023 tiene pendiente una valoración en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela (en los años 2023, 2024 y el 31 de octubre de 2025, el centro médico se negó a atenderlo, por haber llegado tarde; la cita fue nuevamente programada para el mes de marzo de 2026). \n\nII.- Cuestiones preliminares.  Desde las sentencias Nos. 1998-1611 y 1998-3646, este Tribunal estableció que el Código Procesal Penal actual derogó las disposiciones anteriores relacionadas con la ejecución de la pena y confirió amplias facultades a los jueces de ejecución de la pena. Efectivamente, el Código Procesal Penal plasma una clara judicialización del proceso de ejecución de la pena, consecuente con el artículo 153 de la Constitución Política donde se establece:\n\n“Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario” (el destacado no corresponde al original).\n\nAsí, el juez de ejecución de la pena, en la última legislación, fue creado para ejercer controles formales y sustanciales en la ejecución penitenciaria. Esto representa un salto cualitativo con respecto a la legislación anterior, pues, anteriormente, el juez ejecutor tenía funciones muy reducidas y limitadas. En la actualidad, el juez ejecutor formalmente debe ocuparse de todos aquellos aspectos relativos al cómputo del plazo de la pena y sustancialmente debe controlar, entre otros, la eficacia de la pena en relación con sus finalidades, el resguardo de los derechos fundamentales de los condenados, las sanciones disciplinarias que se imponen en el centro penal, etc. Justamente, conforme al numeral 482 del Código Procesal Penal es competencia del Juez Ejecución de la Pena el mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento; visitar los centros de reclusión por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar el respeto a los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que se estimen convenientes; resolver con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos; decidir por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias; y aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas en celdas. Esto se da en el marco de un procedimiento jurisdiccional de tipo sumario, informal y célere, como lo estatuyen los ordinales 478 y 482 del Código Procesal Penal, de manera que queda plenamente resguardado el mandato convencional a la protección judicial (Canon 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: «1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales»).\n\nDe ahí que el precepto 482 del Código Procesal Penal le otorgue amplias atribuciones a los jueces de ejecución, quienes solo se encuentran sometidos a la ley (en sentido amplio), los tratados internacionales y la Constitución Política. Por consiguiente, en lo atinente a la materia propia de la ejecución de la pena, las autoridades penitenciarias se encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecución de la pena y son estos, en su condición de operadores de justicia, los primeros llamados a resolver las gestiones de los privados de libertad sentenciados que planteen en defensa de sus derechos (incluso los fundamentales) durante el cumplimiento de la pena. De este modo, en lo concerniente al ejercicio de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, la Sala únicamente entraría a conocer los casos admitidos por la vía del habeas corpus, toda vez que el amparo es improcedente contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial (ordinal 30 inciso b de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), esto último con excepción de los asuntos referidos a mora judicial en los términos dispuestos por la jurisprudencia de este tribunal, acceso a la justicia constitucional, y los relativos a cuestiones de dignidad humana, salud y vida de los amparados, cuya resolución no debe retardarse remitiendo al recurrente a la jurisdicción de la ejecución de la pena, dada la relevancia de esos derechos para la propia existencia del ser humano.\n\nDado que, el punto a) del objeto del recurso no es un supuesto de excepción, se impone desestimar el recurso de amparo (ver en similar sentido la sentencia No. 2026001236 de las 09:20 horas de 9 de enero de 2026).\n\nParalelamente, lo planteado en los puntos b), c) y d) al estar de por medio la dignidad humana y el derecho a la salud, sí constituye un supuesto de excepción. Aclarado el punto, se procede a resolver la situación reclamada en este asunto.\n\nIII.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1.  El amparado se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, en condición de sentenciado, concretamente en el ámbito A, módulo A-2 (ver el informe rendido por las autoridades penitenciarias).\n\n2.  El amparado quedó ausente de las citas señaladas en la Especialidad de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, para el 1° de marzo de 2024 y el 2 de mayo de 2025 (ver el informe rendido por el Jefe del Servicio de Oftalmología del centro médico recurrido, agregado al expediente digital).\n\n3.  Según precisó el Director Médico a.i. de la Clínica La Reforma: “(…) En los controles médicos consta que el paciente efectivamente salió de la Clínica hacia el hospital, lo que permite presumir que la pérdida de la cita se debió a una llegada tardía por factores logísticos externos (…) No consta en esta Dirección ningún oficio o comunicación por parte de la Jefatura Policial que justifique o explique los eventos que impidieron el arribo oportuno del paciente al nosocomio (…)” (sic) (ver el informe rendido por las autoridades penitenciarias, así como el oficio No. CLR-0528-2025, agregado al expediente digital).\n\n4.  El 31 de octubre de 2025, el tutelado fue traslado a tiempo al Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, pero por cuestiones administrativas la cita fue reprogramada para el 20 de marzo de 2026 (ver el informe rendido por las autoridades penitenciarias, así como los oficios Nos. JEF-289-2026 de 17 de febrero de 2026, OACA-0440-2026, y CLR-0528-2026, agregados al expediente digital).\n\n5.  En el Ámbito de Convivencia A del CAI Jorge Arturo Montero Castro cada privado de libertad cuenta con una colchoneta apta para asegurar su descanso digno (ver el informe rendido por las autoridades penitenciarias, así como el oficio No. OACA-0440-2026, agregados al expediente digital).\n\nIV.- Sobre el caso concreto: el punto b) del objeto del recurso.  El promovente aseguró que pernocta en el suelo. Consta que está privado de libertad en el módulo A-2 del Ámbito A. Según se acreditó, en el Ámbito de Convivencia A del CAI Jorge Arturo Montero Castro cada privado de libertad cuenta con una colchoneta apta para asegurar su descanso digno. Por consiguiente, no existen elementos de juicio que permitan concluir que la situación sea como la describió el recurrente.\n\nV.- Sobre el caso concreto: el punto c) del objeto del recurso. El promovente afirmó que desde hace 5 meses y 3 semanas se averió la bomba que suministra agua potable (el líquido que se les suministra no alcanza para suplir sus necesidades básicas de tantas personas).\n\nVI.- Esta Sala Constitucional mediante la sentencia No. 2026005391 de las 09:34 horas de 13 de febrero de 2026, resolvió el recurso de amparo No. 26-001448-0007-CO, planteado en idénticos términos a este extremo:\n\n“(…) En el sub lite, la recurrente indica que el amparado se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro y alega que, tanto ese CAI como en el CAI Terrazas, se encuentran atravesando un faltante de agua. Detalla que el amparado tiene un malestar estomacal, pues le entregan agua no potable. Señala que ha remitido correos electrónicos a la Contraloría de Servicios del Ministerio de Justicia y Paz, pero lo que le dicen es que es falso que no haya agua. Reprocha que solo se permite el ingreso de artículos de higiene cada 2 meses. De los autos se desprende que el tutelado se encuentra privado de libertad en condición de sentenciado en el ámbito de convivencia C del CAI Jorge Arturo Montero Castro. En enero de 2026, el CAI accionado tuvo desabastecimiento de agua potable por fallas técnicas en el sistema de extracción del pozo nro. 1 y el centro penal accionado adoptó medidas provisionales para brindar agua a la población penitenciaria. Ante lo anterior, mediante la resolución de curso de este amparo se solicitó al Área Rectora de Salud de Alajuela 2 realizar una inspección al centro penal, a los efectos de acreditar o descartar los problemas de insalubridad. En este sentido, posterior a la inspección, mediante orden sanitaria nro. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-017-2026 del 28 de enero de 2026, el Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud le ordenó a la Dirección General de Adaptación Social: “En apego a la legislación vigente, el Ministerio de Salud tiene la competencia técnica, política y legal para dictar y ordenar acciones en materia de protección de la Salud Pública y Ambiental. En virtud de lo anterior, y en seguimiento a los Recursos de Amparo Expedientes N° 26-001448-0007-CO y 26-001879-0007-CO recurridos por las señoras Nombre02 y Nombre03, sobre el desabastecimiento de agua potable en los Centros de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro y Terrazas. Lo anterior, debido a una falla operativa de la bomba del pozo 1. Según consta en el documento CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-0285-2026 (ver copia adjunta); se procedió a realizar inspecciones el 27 de enero de 2026 y se determinó conveniente que el Ministerio de Justicia y Paz a través de sus diferentes unidades organizativas procedan a (…)\n\nEl acto administrativo (Orden Sanitaria) tiene como propósito fundamental proteger la salud de la población y el ambiente. Lo anterior con fundamento legal en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, la Ley General de Salud artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273 y 355, Reglamento para la calidad del Agua Potable (DE-38924-S), otras leyes conexas. Al omiso, se procederá a imponer multa de un salario base en cumplimiento a lo señalado en el artículo 378 de la Ley General de Salud: Al omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un salario base, siempre que el hecho no constituya delito...”. Se advierte que al incumplimiento de la presente orden sanitaria se procederá a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, por el delito de desobediencia artículo 314 del Código Penal “314. Desobediencia Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”. “De conformidad con los artículos 60 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, en relación con la presente orden sanitaria, procede interponer los Recursos de Revocatoria con Apelación de Subsidio dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación. El recurso podrá ser interpuesto ante la Oficina del Área de Salud y de ser necesario, la revocatoria será resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y de ser necesario la apelación será resuelta por el Ministerio de Salud”.\n\nEn este sentido, se acredita que, pese a que el CAI adoptó medidas para proporcionarle agua a los privados de libertad, los medios no eran los óptimos y, por ello, se giró la orden sanitaria antedicha. De ahí que se acredite la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, pues se verifica una situación de insalubridad en relación con el abastecimiento de agua potable. Desde este panorama, corresponde estimar el recurso en los términos que se dirán en la parte dispositiva (…)\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se les ordena a Alexander Bolaños Córdoba, en su condición de director general de Adaptación Social; así como a Melissa González Gaitán, en su condición de directora a.i. del centro de atención institucional Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, DE MANERA INMEDIATA, cumplan con lo dispuesto en la orden sanitaria nro. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-017-2026 del 28 de enero de 2026 emitida por el Área Rectora de Salud Alajuela 2, en los plazos ahí establecidos. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).\n\nDeberá la parte recurrente estarse a lo resuelto en aquella oportunidad.\n\nVII.- Sobre el caso concreto: en cuanto al punto d) del objeto del recurso. El promovente afirmó que desde el año 2023 tiene pendiente una valoración en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela (en los años 2023, 2024 y el 31 de octubre de 2025, el centro médico se negó a atenderlo, por haber llegado tarde; la cita fue nuevamente programada para el mes de marzo de 2026).\n\nVIII.- De la relación de hechos probados se desprende que el amparado quedó ausente de las citas señaladas en la Especialidad de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, para el 1° de marzo de 2024 y el 2 de mayo de 2025. Según precisó el Director Médico a.i. de la Clínica La Reforma: “(…) En los controles médicos consta que el paciente efectivamente salió de la Clínica hacia el hospital, lo que permite presumir que la pérdida de la cita se debió a una llegada tardía por factores logísticos externos (…) No consta en esta Dirección ningún oficio o comunicación por parte de la Jefatura Policial que justifique o explique los eventos que impidieron el arribo oportuno del paciente al nosocomio (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Ahora bien, el 31 de octubre de 2025, el tutelado fue traslado a tiempo al Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, pero por cuestiones administrativas la cita fue reprogramada para el 20 de marzo de 2026. Sin duda alguna el nuevo plazo de espera de más de 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales.\n\nIX.- Así las cosas, tanto el centro penitenciario como el centro médico comparten la responsabilidad en la dilación o tardanza para el tutelado reciba atención médica. Dado que el recurso de amparo fue planteado con proximidad a la cita señalada, lo que corresponde es ordenar que se mantenga la misma.\n\nX.- Aclaraciones finales. En el escrito de interposición el promovente, en medio de su relato, mencionó que cuando se encontraba en el Ámbito de Alta Contención del CAI Jorge Arturo Montero Castro sufrió tortura. Sin embargo, no precisó una relación circunstancia de hechos, lo que imposibilita a este Tribunal brindar traslado, recabar prueba, y determinar si existió o no una lesión o amenaza clara, concreta, directa e inminente sobre un derecho fundamental.\n\nXI.- De forma similar, hizo referencia a la sobrepoblación del centro penitenciario, pero no se queja de esta al punto de calificarla de hacinamiento crítico.\n\nXII.- El promovente se refirió, como parte de la justificación para presentar el recurso de amparo, a una situación que se presentó ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, respecto de la recepción de un escrito de un incidente, pero de la lectura integral del memorial, entiende esta Sala que su reclamo no va dirigido contra esa autoridad, por lo ocurrido.\n\nXIII.- También en el escrito de interposición el recurrente afirmó: “(…) Tras de que me llevan al hospital en un cajón cerrado aguantando calor esposado muchas veces de manos y pies aguantando presas vial de una forma no grata tres veces (…)” (sic). Nótese que el recurrente no aseveró que su integridad, salud o dignidad se vieran amenazadas o vulneradas por las condiciones que describió. Ya esta Sala Constitucional ha explicado:\n\n“(…) Respecto al alegato de las condiciones de traslado de los privados de libertad a los centro médicos hospitalarios, al uso de esposas metálicas y el traslado en el vehículo con el que dispone el centro penitenciario, la Sala ha indicado que el funcionamiento del sistema penitenciario exige el uso de medidas para mantener tanto la seguridad como la custodia de las personas sometidas a pena de prisión, así como su propia integridad o la de terceros, de manera que el uso de esposas metálicas, en ciertas circunstancias, resulta no solo conveniente sino hasta necesario. De igual forma, para el traslado de personas privadas de libertad por parte de los custodios asignados se deben tomar las cautelas que el caso amerite, pero sin vulnerar con ello la integridad física ni la dignidad (…)” (sic) (ver la sentencia No. 2023-006172 de las 09:15 horas de 15 de marzo de 2023). \n\n XIV.- Deberán las autoridades penitenciarias continuar tomando las previsiones necesarias para que, en los traslados del tutelado en vehículos institucionales, se siga protegiendo su integridad, salud y dignidad.\n\nXV.- Se aclara al recurrente que no le corresponde a esta Sala Constitucional determinar si debe o no ser reubicado en el centro penitenciario que desea. Lo anterior excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. Cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta sea ante la Administración penitenciaria, o bien en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria.\n\nXVI.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, solo en lo que respecta a la cita en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nXVII.- Nota del magistrado Rueda Leal. Advierto que en lo referido a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, la Sala solo entraría a conocer los asuntos sometidos a su conocimiento por la vía del recurso de habeas corpus, con las excepciones ya mencionadas para el proceso de amparo. Adicionalmente, queda abierta la vía de la acción de inconstitucionalidad -control de constitucionalidad en abstracto- siempre y cuando el recurrente cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 73 al 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nXVIII.- Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.\n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:\n\nAÑO\n\n\t\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n\n\n\n2012\n\n\t\n\n1745\n\n\n\n\n2013\n\n\t\n\n1891\n\n\n\n\n2014\n\n\t\n\n2710\n\n\n\n\n2015\n\n\t\n\n3725\n\n\n\n\n2016\n\n\t\n\n4865\n\n\n\n\n2017\n\n\t\n\n5682\n\n\n\n\n2018\n\n\t\n\n6932\n\n\n\n\n2019\n\n\t\n\n7623\n\n\n\n\n2020\n\n\t\n\n5912\n\n\n\n\n2021\n\n\t\n\n7796\n\n\n\n\n2022\n\n\t\n\n8310\n\n\n\n\n2023\n\n\t\n\n12845\n\n\n\n\n2024\n\n\t\n\n15300\n\n\n\n\n2025\n\n\t\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.\n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nXIX.- Voto salvado parcial del magistrado Castillo Víquez, y de la magistrada Hess Herrera, respecto del punto a) del objeto del recurso. Los suscritos magistrados salvamos el voto, en cuanto al punto a) del objeto del recurso. Consideramos que no existe garantía de que los hechos que se plantean en el caso concreto, sean resueltos en forma célere por la jurisdicción de Ejecución de la Pena, a pesar de que está de por medio la tutela de derechos fundamentales de un grupo considerado como vulnerable, como es el caso de las personas privadas de libertad en condición de sentenciados. Prueba de lo anterior, lo constituye el hecho de que, con cierta frecuencia, se plantean ante la Sala Constitucional recursos de amparo en los que precisamente se acusa violación al principio de justicia pronta y cumplida por los retrasos de los jueces de ejecución de la pena en resolver asuntos que ellos le presentan.\n\nXX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, solo en lo que respecta a la cita en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela. Se ordena a Karen Rodríguez Segura, y a Jeremías Sandí Delgado, en sus calidades respectivas de Directora General y Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupan esos cargos, que dispongan todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que se lleve a cabo la cita señalada para el 20 de marzo de 2026.  Se ordena a  Jenny Chacón Fernández, a Greivin Alfaro Araya, y a Rafael González Cortés, en sus calidades respectivas de Directora y Jefe Policial a.i. del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, y Director a.i. de la Clínica La Reforma, o a quienes en sus lugares ocupan esos cargos, que dispongan todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que el tutelado sea trasladado con puntualidad a la cita señalada para el 20 de marzo de 2026, en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela.  Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal pone dos notas.  El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Hess Herrera salvan parcialmente el voto, en lo que respecta al punto a) del objeto del recurso. En cuanto al faltante de agua en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, estese el recurrente a lo resuelto en la sentencia No. 2026005391 de las 09:34 horas de 13 de febrero de 2026. En todo lo demás se declara sin lugar el recurso. Tomen nota Jenny Chacón Fernández, y Greivin Alfaro Araya, en sus calidades respectivas de Directora y Jefe Policial a.i. del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, o quienes en sus lugares ocupen esos cargos, de lo indicado en el considerando XIV de esta sentencia. Notifíquese.- \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n CC5UYS2AL8E61\n\nEXPEDIENTE N° 26-003829-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:09:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 07345 - 2026\n\nDate of Resolution: February 27, 2026 at 09:30\n\nCase File: 26-003829-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 26-003829-0007-CO\n\nRes. No. 2026007345\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on February twenty-seventh, two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal filed by Nombre01, against the JORGE ARTURO MONTERO CASTRO INSTITUTIONAL CARE CENTER (CAI), AND THE COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CCSS).\n\nWhereas:\n\n1.- By means of the brief added to the digital case file at 14:57 hours on February 3, 2026, Nombre01 filed an amparo appeal against the CAI Jorge Arturo Montero Castro, and the Hospital San Rafael de Alajuela. The appellant, who is deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro, claimed that: a) since October 20, 2023, he requested a transfer to the CAI Marcus Garvey for family proximity, but it has not been carried out (a relocation to the CAI Carlos Luis Fallas was proposed to him, but it has also not been executed); b) he sleeps on the floor; c) for 5 months and 3 weeks, the pump that supplies potable water has been broken down (the liquid supplied to them is not enough to meet the basic needs of so many people); d) since the year 2023, he has a pending assessment in the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela (in the years 2023, 2024, and on October 31, 2025, the medical center refused to attend to him, for having arrived late; the appointment was rescheduled for the month of March 2026). He insisted that he wishes to be placed in the CAI Marcus Garvey. He requested that the appeal be granted.\n\n2.- By means of the order issued at 10:46 hours on February 10, 2026, the amparo appeal was admitted, and notice was given to the authorities of the CAI Jorge Arturo Montero Castro, and the Hospital San Rafael de Alajuela.\n\n3.- By means of the brief added to the digital case file at 10:43 hours on February 16, 2026, Jeremías Sandí Delgado, Head of the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela, reported: “(…) The protected party Nombre01 was referred to the ophthalmology service for a vision problem in his right eye. It is made known that in previous years, 2 appointments were managed to assess the patient on March 1, 2024, and May 2, 2025, for which he was recorded as absent. The patient has a current appointment in the ophthalmology service on March 20, 2026, for which they are urged and requested to arrive punctually for their appointment (…) Emphasis is placed on the fact that the patient must first be assessed in the outpatient clinic by the specialist, who is the only one who assesses the need and priority for surgery (…)” (sic).\n\n4.- By means of the brief added to the digital case file at 10:43 hours on February 16, 2026, Karen Rodríguez Segura, General Director of the Hospital San Rafael de Alajuela, reported: “(…) The undersigned, not participating in direct user care, nor in appointment scheduling, as well as being unaware of the facts, requested information from Dr. Jeremías Sandí Delgado, head of the Ophthalmology Service, and through official letter JOFT-0097-2026, he indicates that the appointment was scheduled according to the clinical referral information and the operational possibilities, for which reason he must wait (…)” (sic).\n\n5.- By means of the brief added to the digital case file at 15:58 hours on February 18, 2026, Jenny Chacón Fernández and Rafael González Cortés, Director of the CAI Jorge Arturo Montero Castro, and Acting Director of the La Reforma Clinic, reported that the protected party is deprived of liberty as a sentenced prisoner. They emphasized that the protected party has a sleeping mat. They indicated that on October 31, 2025, the protected party was transferred to the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela. They stressed that the rescheduling of the appointment was due to an administrative matter at the medical center. They attached official letter No. JEF-0257-2026 of February 14, 2026, in which Greivin Alfaro Araya, Acting Police Chief of the CAI Jorge Arturo Montero Castro, expressly referred to the facts that are the subject of this appeal.\n\n6.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI. Purpose of the appeal. The appellant, who is deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro, claimed that: a) since October 20, 2023, he requested a transfer to the CAI Marcus Garvey for family proximity, but it has not been carried out (a relocation to the CAI Carlos Luis Fallas was proposed to him, but it has also not been executed); b) he sleeps on the floor; c) for 5 months and 3 weeks, the pump that supplies potable water has been broken down (the liquid supplied to them is not enough to meet the basic needs of so many people); d) since the year 2023, he has a pending assessment in the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela (in the years 2023, 2024, and on October 31, 2025, the medical center refused to attend to him, for having arrived late; the appointment was rescheduled for the month of March 2026).\n\nII.- Preliminary matters. Since rulings Nos. 1998-1611 and 1998-3646, this Court established that the current Code of Criminal Procedure repealed the previous provisions related to the execution of the sentence and conferred broad powers on the sentence enforcement judges. Indeed, the Code of Criminal Procedure establishes a clear judicialization of the sentence execution process, consistent with Article 153 of the Political Constitution, which states:\n\n“The Judicial Branch is responsible, in addition to the functions assigned to it by this Constitution, for hearing civil, criminal, commercial, labor, and administrative-contentious cases, as well as others established by law, whatever their nature and the status of the persons involved may be; definitively resolving them and executing the rulings it pronounces, with the aid of public force if necessary” (highlighting does not correspond to the original).\n\nThus, the sentence enforcement judge, in the latest legislation, was created to exercise formal and substantial controls over penitentiary execution. This represents a qualitative leap compared to previous legislation, since, previously, the enforcement judge had very reduced and limited functions. Currently, the enforcement judge formally must address all those aspects relating to the calculation of the term of the sentence and substantially must control, among others, the effectiveness of the sentence in relation to its purposes, the safeguarding of the fundamental rights of the convicts, the disciplinary sanctions imposed in the penal center, etc. Precisely, according to numeral 482 of the Code of Criminal Procedure, it is the competence of the Sentence Enforcement Judge to maintain, substitute, modify, or make cease the sentence and security measures, as well as the conditions of their compliance; to visit the detention centers at least once every six months, in order to verify respect for the fundamental and penitentiary rights of the inmates, and order the corrective measures deemed appropriate; to resolve, with application of the procedure established for enforcement incidents, the petitions or complaints that inmates formulate regarding the penitentiary regime and treatment insofar as they affect their rights; to decide, by way of appeal, the claims formulated by inmates regarding disciplinary sanctions; and to approve sanctions of isolation for more than forty-eight hours in cells. This occurs within the framework of a summary, informal, and expeditious jurisdictional procedure, as stipulated by ordinal numbers 478 and 482 of the Code of Criminal Procedure, so that the conventional mandate for judicial protection is fully safeguarded (Canon 25 of the American Convention on Human Rights: “1. Every person has the right to a simple and rapid remedy, or to any other effective remedy before competent judges or courts, to protect them against acts that violate their fundamental rights recognized by the Constitution, the law, or this Convention, even when such violation is committed by persons acting in the exercise of their official functions”).\n\nHence, precept 482 of the Code of Criminal Procedure grants broad powers to the enforcement judges, who are only subject to the law (in a broad sense), international treaties, and the Political Constitution. Consequently, regarding matters pertaining to the execution of the sentence, the penitentiary authorities are subordinated to what the sentence enforcement judges decide, and it is these judges, in their capacity as justice operators, who are primarily called upon to resolve the petitions of sentenced persons deprived of liberty that they raise in defense of their rights (including fundamental ones) during the serving of the sentence. Thus, concerning the exercise of jurisdictional protection of fundamental rights, the Chamber would only hear cases admitted through the remedy of habeas corpus, since the amparo appeal is inadmissible against the jurisdictional resolutions and actions of the Judicial Branch (ordinal 30, subsection b, of the Law on Constitutional Jurisdiction), the latter with the exception of matters related to judicial delay under the terms established by the jurisprudence of this court, access to constitutional justice, and matters related to issues of human dignity, health, and life of the protected parties, the resolution of which should not be delayed by referring the appellant to the jurisdiction of sentence enforcement, given the relevance of those rights for the very existence of the human being.\n\nGiven that point a) of the purpose of the appeal is not a case of exception, the amparo appeal must be dismissed (see in a similar sense ruling No. 2026001236 of 09:20 hours on January 9, 2026).\n\nIn parallel, the issues raised in points b), c), and d), involving human dignity and the right to health, do constitute a case of exception. Having clarified this point, we proceed to resolve the situation claimed in this matter.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven:\n\n1. The protected party is deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro, as a sentenced prisoner, specifically in scope A, module A-2 (see the report provided by the penitentiary authorities).\n\n2. The protected party was absent from the appointments scheduled in the Ophthalmology Specialty of the Hospital San Rafael de Alajuela, for March 1, 2024, and May 2, 2025 (see the report provided by the Head of the Ophthalmology Service of the respondent medical center, added to the digital case file).\n\n3. As specified by the Acting Medical Director of the La Reforma Clinic: “(…) According to the medical controls, it is recorded that the patient did indeed leave the Clinic heading to the hospital, which allows the presumption that the loss of the appointment was due to a late arrival caused by external logistical factors (…) There is no record in this Directorate of any official letter or communication from the Police Command that justifies or explains the events that prevented the patient's timely arrival at the hospital (…)” (sic) (see the report provided by the penitentiary authorities, as well as official letter No. CLR-0528-2025, added to the digital case file).\n\n4. On October 31, 2025, the protected party was transferred on time to the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela, but due to administrative reasons, the appointment was rescheduled for March 20, 2026 (see the report provided by the penitentiary authorities, as well as official letters Nos. JEF-289-2026 of February 17, 2026, OACA-0440-2026, and CLR-0528-2026, added to the digital case file).\n\n5. In the Coexistence Scope A of the CAI Jorge Arturo Montero Castro, each person deprived of liberty has a sleeping mat suitable to ensure their dignified rest (see the report provided by the penitentiary authorities, as well as official letter No. OACA-0440-2026, added to the digital case file).\n\nIV.- Regarding the specific case: point b) of the purpose of the appeal. The petitioner claimed that he spends the night on the floor. It is recorded that he is deprived of liberty in module A-2 of Scope A. As certified, in the Coexistence Scope A of the CAI Jorge Arturo Montero Castro, each person deprived of liberty has a sleeping mat suitable to ensure their dignified rest. Consequently, there are no elements of judgment that allow concluding that the situation is as described by the appellant.\n\nV.- Regarding the specific case: point c) of the purpose of the appeal. The petitioner stated that for 5 months and 3 weeks, the pump that supplies potable water has been broken down (the liquid supplied to them is not enough to meet the basic needs of so many people).\n\nVI.- This Constitutional Chamber, through ruling No. 2026005391 of 09:34 hours on February 13, 2026, resolved amparo appeal No. 26-001448-0007-CO, filed in identical terms to this point:\n\n“(…) In the sub lite case, the appellant indicates that the protected party is deprived of liberty in the CAI Jorge Arturo Montero Castro and alleges that, both that CAI and the CAI Terrazas, are experiencing a water shortage. She details that the protected party has a stomach ailment, as they give him non-potable water. She points out that she has sent emails to the Comptroller of Services of the Ministry of Justice and Peace, but what they tell her is that it is false that there is no water. She reproaches that the entry of hygiene items is only permitted every 2 months. From the case records, it appears that the protected party is deprived of liberty as a sentenced prisoner in coexistence scope C of the CAI Jorge Arturo Montero Castro. In January 2026, the respondent CAI experienced a potable water shortage due to technical failures in the extraction system of well no. 1, and the respondent penal center adopted provisional measures to provide water to the prison population. In view of the foregoing, through the procedural resolution of this amparo appeal, the Governing Health Area of Alajuela 2 was requested to carry out an inspection of the penal center, for the purpose of certifying or ruling out the unsanitary conditions. In this regard, after the inspection, through health order no. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-017-2026 of January 28, 2026, the Governing Health Area Alajuela 2 of the Ministry of Health ordered the General Directorate of Social Adaptation: “In accordance with current legislation, the Ministry of Health has the technical, political, and legal competence to dictate and order actions regarding the protection of Public and Environmental Health. By virtue of the foregoing, and in follow-up to the Amparo Appeals Case Files No. 26-001448-0007-CO and 26-001879-0007-CO filed by the persons Nombre02 and Nombre03, regarding the shortage of potable water in the Institutional Care Centers (CAI) Jorge Arturo Montero Castro and Terrazas. The foregoing, due to an operational failure of the pump at well 1. As recorded in document CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-0285-2026 (see attached copy); inspections were carried out on January 27, 2026, and it was deemed appropriate that the Ministry of Justice and Peace, through its various organizational units, proceed to (…)\n\nThe administrative act (Health Order) has the fundamental purpose of protecting the health of the population and the environment. The foregoing has legal basis in Article 50 of our Political Constitution, the General Health Law articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, and 355, Regulation for the Quality of Potable Water (DE-38924-S), other related laws. To the person who fails to comply, a fine of one base salary will be imposed in compliance with the provisions of Article 378 of the General Health Law: To the person who fails to comply with the special or general orders or measures dictated by the health authorities, a fixed fine of one base salary shall be applied, provided that the act does not constitute a crime...”. It is warned that upon non-compliance with this health order, a complaint will be filed before the Public Ministry for the crime of disobedience, Article 314 of the Penal Code “314. Disobedience. A prison sentence of six months to three years shall be imposed on anyone who does not comply or does not ensure compliance, in all its terms, with the order issued by a jurisdictional body or by a public official in the exercise of their functions, provided that it was communicated personally, except if it involves their own detention”. “In accordance with articles 60 and following of the Organic Law of the Ministry of Health, in relation to this health order, it is possible to file Appeal for Reconsideration with Subsidiary Appeal within five business days counted from its notification. The appeal may be filed before the Office of the Health Area and, if necessary, the reconsideration will be resolved by the Regional Directorate of the Ministry of Health and, if necessary, the appeal will be resolved by the Ministry of Health”.\n\nIn this sense, it is certified that, although the CAI adopted measures to provide water to the persons deprived of liberty, the means were not optimal and, therefore, the aforementioned health order was issued. Hence, the violation of the fundamental rights of the protected party is certified, as an unsanitary situation is verified in relation to the potable water supply. From this perspective, it is appropriate to grant the appeal in the terms that will be stated in the operative part (…)\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. Alexander Bolaños Córdoba, in his capacity as General Director of Social Adaptation, as well as Melissa González Gaitán, in her capacity as acting director of the Jorge Arturo Montero Castro institutional care center, or whoever occupies those positions, are ordered to issue the pertinent orders and arrange what is necessary within the scope of their respective powers, so that, IMMEDIATELY, they comply with the provisions of health order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-017-2026 of January 28, 2026, issued by the Governing Health Area Alajuela 2, within the deadlines established therein. The respondent authorities are warned that, in accordance with Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the administrative-contentious court. Judge Rueda Leal adds a note. Notify (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original).\n\nThe appellant party must abide by what was resolved on that occasion.\n\nVII.- Regarding the specific case: regarding point d) of the purpose of the appeal. The petitioner stated that since the year 2023, he has a pending assessment in the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela (in the years 2023, 2024, and on October 31, 2025, the medical center refused to attend to him, for having arrived late; the appointment was rescheduled for the month of March 2026).\n\nVIII.- From the statement of proven facts, it can be deduced that the protected party was absent from the appointments scheduled in the Ophthalmology Specialty of the Hospital San Rafael de Alajuela, for March 1, 2024, and May 2, 2025. As specified by the Acting Medical Director of the La Reforma Clinic: “(…) According to the medical controls, it is recorded that the patient did indeed leave the Clinic heading to the hospital, which allows the presumption that the loss of the appointment was due to a late arrival caused by external logistical factors (…) There is no record in this Directorate of any official letter or communication from the Police Command that justifies or explains the events that prevented the patient's timely arrival at the hospital (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original). However, on October 31, 2025, the protected party was transferred on time to the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela, but due to administrative reasons, the appointment was rescheduled for March 20, 2026. Without a doubt, the new waiting period of more than 4 months is unreasonable, detrimental to the right to health, as well as contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public welfare services.\n\nIX.- Thus, both the penitentiary center and the medical center share responsibility for the delay or tardiness in the protected party receiving medical care. Given that the amparo appeal was filed close to the scheduled appointment, what is appropriate is to order that it be maintained.\n\nX.- Final clarifications. In the filing brief, the petitioner, in the midst of his account, mentioned that when he was in the High Containment Scope of the CAI Jorge Arturo Montero Castro, he suffered torture. However, he did not specify a circumstantial account of the facts, which makes it impossible for this Court to provide notice, gather evidence, and determine whether or not there was a clear, specific, direct, and imminent violation or threat to a fundamental right.\n\nXI.- Similarly, he referred to the overpopulation of the penitentiary center, but he does not complain about it to the point of characterizing it as critical overcrowding (hacinamiento crítico).\n\nXII.- The petitioner referred, as part of the justification for filing the amparo appeal, to a situation that occurred before the Alajuela Sentence Enforcement Court (Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela), regarding the reception of a brief for an incident, but from a comprehensive reading of the memorial, this Chamber understands that his claim is not directed against that authority, for what occurred.\n\nXIII.- Also in the filing brief, the appellant stated: “(…) On top of being taken to the hospital in a closed box enduring heat, handcuffed, many times hands and feet, enduring traffic jams in an unpleasant way three times (…)” (sic). Note that the appellant did not assert that his integrity, health, or dignity were threatened or violated by the conditions he described. This Constitutional Chamber has already explained:\n\n“(…) Regarding the allegation of the conditions of transfer of persons deprived of liberty to hospital medical centers, the use of metal handcuffs, and the transfer in the vehicle available to the penitentiary center, the Chamber has indicated that the functioning of the penitentiary system requires the use of measures to maintain both the security and custody of persons subject to prison sentences, as well as their own integrity or that of third parties, so the use of metal handcuffs, in certain circumstances, is not only convenient but even necessary. Likewise, for the transfer of persons deprived of liberty by the assigned custodial officers, the precautions that the case merits must be taken, but without thereby violating physical integrity or dignity (…)” (sic) (see ruling No. 2023-006172 of 09:15 hours on March 15, 2023).\n\nXIV.- The penitentiary authorities must continue taking the necessary precautions so that, in the transfers of the protected party in institutional vehicles, his integrity, health, and dignity continue to be protected.\n\nXV.- It is clarified to the appellant that it is not for this Constitutional Chamber to determine whether or not he should be relocated to the penitentiary center he desires. The foregoing exceeds both the summary nature of the amparo appeal and the competence of this Court, delimited in the Law and the Political Constitution itself. Any discussion in this regard must be presented and resolved either before the Penitentiary Administration, or in the jurisdictional venue of ordinary legality.\n\nXVI.- Conclusion. Under this order of circumstances, it is necessary to partially grant the appeal, only with respect to the appointment in the Ophthalmology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela, with the consequences specified in the operative part of this ruling.\n\nXVII.- Note from Judge Rueda Leal. I warn that regarding the jurisdictional protection of fundamental rights, the Chamber would only hear matters submitted for its consideration through the remedy of habeas corpus, with the exceptions already mentioned for the amparo proceeding. Additionally, the avenue of an action of unconstitutionality—abstract constitutionality control—remains open, provided the appellant meets the requirements established in Articles 73 to 79 of the Law on Constitutional Jurisdiction.\n\nXVIII.- Note from Judge Rueda Leal. The issue of amparo appeals related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in constitutional jurisdiction. This type of proceeding has experienced an exponential increase, as the statistics of this Court reveal.\n\nNumber of health case files entered in the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | QUANTITY IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the table above, it can be inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date, there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is noteworthy, when this area reached 43.21% of the Court's circulating caseload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. With respect to the above, this Court, in ruling No. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the above, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of that pronouncement, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report provided in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand at the primary care level, patient absenteeism from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others. In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods by pathology or related groups of diagnoses must be defined according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as the objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question intends that the Costa Rican Social Security Fund — within the framework of its constitutional and legal powers — take the necessary measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to that, in order to follow up on compliance with the referred ruling, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) to assist in the follow-up to the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not only from the resolutions of the Chamber.\n\nXIX.- Partial dissenting vote of Judge Castillo Víquez, and Judge Hess Herrera, regarding point a) of the purpose of the appeal. The undersigned judges dissent, as regards point a) of the purpose of the appeal.\n\nWe consider that there is no guarantee that the facts raised in this specific case will be resolved expeditiously by the Sentence Execution jurisdiction, despite the fact that the protection of the fundamental rights of a group considered vulnerable is at stake, as is the case of persons deprived of liberty in the condition of convicted prisoners. Proof of the foregoing is the fact that, with some frequency, amparo remedies are filed before the Constitutional Chamber precisely alleging a violation of the principle of prompt and complete justice due to delays by sentence execution judges in resolving matters presented to them.\n\nXX.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is partially granted, only with regard to the appointment at the Ophthalmology Service of Hospital San Rafael de Alajuela. Karen Rodríguez Segura, and Jeremías Sandí Delgado, in their respective capacities as Director General and Head of the Ophthalmology Service, both of Hospital San Rafael de Alajuela, or whoever occupies those positions in their place, are ordered to provide everything necessary within the scope of their competencies and to coordinate what is pertinent so that the appointment scheduled for March 20, 2026, takes place. Jenny Chacón Fernández, Greivin Alfaro Araya, and Rafael González Cortés, in their respective capacities as Director and Acting Police Chief of the Institutional Care Center (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, and Acting Director of Clínica La Reforma, or whoever occupies those positions in their place, are ordered to provide everything necessary within the scope of their competencies and to coordinate what is pertinent so that the protected person is punctually transferred to the appointment scheduled for March 20, 2026, at the Ophthalmology Service of Hospital San Rafael de Alajuela. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a sentence of imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Rueda Leal includes two notes. Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Hess Herrera partially dissent from the vote, with respect to point a) of the object of the appeal. Regarding the water shortage at CAI Jorge Arturo Montero Castro, the petitioner shall abide by what was decided in judgment No. 2026005391 of 09:34 hours on February 13, 2026. In all other respects, the appeal is dismissed. Jenny Chacón Fernández, and Greivin Alfaro Araya, in their respective capacities as Director and Acting Police Chief of the Institutional Care Center (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, or whoever occupies those positions in their place, shall take note of what is indicated in recital (considerando) XIV of this judgment. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\nCC5UYS2AL8E61\nEXPEDIENTE N° 26-003829-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:09:47.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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