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  "id": "nexus-sen-1-0007-1376525",
  "citation": "Res. 08166-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por omisión de autoridades ante taller de pintura automotriz sin control ambiental",
  "title_en": "Amparo for omission of authorities regarding automotive paint shop without environmental controls",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por una trabajadora de un local de venta de vehículos, quien denunció que un taller de pintura automotriz contiguo operaba sin condiciones de seguridad ni control ambiental, generando olores fuertes que afectaban la salud de los colindantes. La accionante alegó que el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela no atendieron oportunamente sus denuncias. La Sala constató que la Municipalidad realizó inspecciones, notificó al taller por carecer de licencia municipal y posteriormente el establecimiento fue clausurado por el Ministerio de Salud por incumplimiento de requisitos sanitarios. Se determinó que las autoridades sí actuaron y que el plazo transcurrido entre las denuncias y la interposición del amparo no fue desproporcionado. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso, al no evidenciarse omisión ni dilación indebida. El magistrado Castillo Víquez emite nota sobre la competencia en casos de petición administrativa, y el magistrado Salazar Alvarado aclara que conoce el fondo por estar involucrados derechos a la salud y al ambiente sano.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by an employee of a vehicle sales business, who reported that an adjacent automotive paint shop operated without safety or environmental controls, emitting strong odors affecting neighbors' health. The petitioner alleged that the Ministry of Health and the Municipality of Alajuela failed to address her complaints promptly. The Chamber found that the Municipality carried out inspections, notified the shop for lacking a municipal license, and that the Ministry of Health eventually closed the establishment for failing to meet health requirements. It was determined that the authorities did act, and the time between the complaints and the amparo filing was not disproportionate. The appeal is therefore dismissed, as no omission or undue delay was proven. Judge Castillo Víquez notes his position on jurisdiction over administrative petition cases, and Judge Salazar Alvarado explains that he reaches the merits because the right to health and a healthy environment are at stake.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/03/2026",
  "year": "2026",
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    "procedural-environmental"
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    "recurso de amparo",
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "taller de pintura automotriz",
    "contaminación ambiental",
    "derecho a la salud",
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    "Ministerio de Salud",
    "Municipalidad de Alajuela",
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    "amparo appeal",
    "automotive paint shop",
    "environmental pollution",
    "right to health",
    "healthy environment",
    "Ministry of Health",
    "Municipality of Alajuela",
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    "administrative omission",
    "right to petition"
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  "excerpt_es": "Desde este panorama, prima facie se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de esta jurisdicción constitucional. Al respecto, se verifica que las denuncias fueron interpuestas ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud de esa misma localidad el 12 y 15 de enero de 2026, respectivamente. En ese tanto, al momento en que se acude ante esta jurisdicción (29 de enero de 2026), no había transcurrido un plazo desproporcionado para que tales autoridades diligenciaran lo pertinente para atender la situación de marras. En todo caso, se verifica que el 11 de febrero de 2026 se decidió clausurar el establecimiento denunciado, por el incumplimiento de requisitos de operación. Así las cosas, no se observa que las autoridades accionadas hayan desatendido las denuncias incoadas, ni que hayan incurrido en dilaciones desproporcionadas susceptibles de ser declaradas en esta vía sumaria de amparo.",
  "excerpt_en": "From this perspective, prima facie any situation that currently requires the intervention of this constitutional jurisdiction is ruled out. In this regard, it is verified that the complaints were filed with the Municipality of Alajuela and the Health Area of that same locality on January 12 and 15, 2026, respectively. Thus, at the time this jurisdiction was petitioned (January 29, 2026), a disproportionate period had not elapsed for said authorities to carry out the pertinent actions to address the situation at hand. In any case, it is verified that on February 11, 2026, it was decided to close the denounced establishment for non-compliance with operating requirements. Consequently, it is not observed that the respondent authorities ignored the filed complaints, or that they incurred in disproportionate delays that could be declared in this summary amparo proceeding.",
  "outcome": {
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    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the amparo, finding that the respondent authorities did attend to the complaints within a reasonable time, ultimately closing the shop.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo al constatar que las autoridades recurridas sí atendieron las denuncias y en un plazo razonable, clausurando finalmente el taller."
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "From this perspective, prima facie any situation that currently requires the intervention of this constitutional jurisdiction is ruled out.",
      "quote_es": "Desde este panorama, prima facie se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de esta jurisdicción constitucional."
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "it is not observed that the respondent authorities ignored the filed complaints, or that they incurred in disproportionate delays that could be declared in this summary amparo proceeding.",
      "quote_es": "no se observa que las autoridades accionadas hayan desatendido las denuncias incoadas, ni que hayan incurrido en dilaciones desproporcionadas susceptibles de ser declaradas en esta vía sumaria de amparo."
    },
    {
      "context": "Nota del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "However, I do address the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitution).",
      "quote_es": "No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1376525",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08166 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 06 de Marzo del 2026 a las 09:25\n\nExpediente: 26-003316-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-003316-0007-CO\n\nRes. Nº 2026008166\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 26-003316-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Y EL MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n \n\n1.-Por escrito incorporado al expediente el 29 de enero de 2026, la parte accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que a la par de la venta de vehículos donde labora, de la cual es propietaria, ubicado en Alajuela, El Coyol, de la Escuela El Coyol, 200 metros al este, contiguo a Soda Emanuel, se instaló un taller de pintura automotriz, el cual opera sin las condiciones adecuadas de seguridad, ventilación ni control ambiental. Alega que desde el inicio de sus operaciones, las cuales datan desde unos veintidós días aproximadamente, se perciben olores fuertes a pintura, solventes y químicos, provocando afectaciones directas a la salud tales como irritación en ojos, nariz, garganta, dolores de cabeza, mareos y molestias respiratorias, lo cual ha afectado su bienestar físico y su desempeño laboral. Además, el taller no cuenta con sistemas adecuados de extracción de vapores ni medidas visibles de prevención contra incendios, lo cual representa un riesgo grave e inminente para la integridad de las personas y los bienes colindantes. Indica que la exposición constante a estos contaminantes representa un riesgo acumulativo para la salud, incluyendo afectaciones al sistema respiratorio, neurológico y otros órganos vitales, situación que se agrava por tratarse de un espacio laboral donde la permanencia es diaria. Afirma que acudió al Ministerio de Salud y le indicaron que en tres meses podrían llegar a ver las eventuales contaminaciones que produce esa actividad, igualmente con la Municipalidad de Alajuela. Alega que las autoridades recurridas no están cumpliendo con sus obligaciones. Estima lesionados sus derechos fundamentales.\n\n2.-Mediante resolución de las 9:02 horas de 4 de febrero de 2026, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al alcalde de Alajuela y al director del Área Rectora de Salud de Alajuela del Ministerio de Salud.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de febrero de 2026, Roberto Hernán Thompson Chacón, alcalde de Alajuela, informa: “Mediante el oficio N° MA-A-582-2026 de fecha 10 de febrero de 2026, suscrito por el Lic. Claudio Aguilar Alfaro, Director de Despacho, el mismos manifestó que: “Me refiero al oficio N° MA-PSJ-138-2026, mediante el cual nos remite la notificación y solicita informe con respecto al recurso de amparo interpuesto por Nombre01, debido al funcionamiento aparentemente irregular de un taller de pintura automotriz, ubicado 200 metros al este de la escuela de El Coyol, contiguo a Soda Emanuel, el cual ocasiona riesgos ambientales y afectaciones a la salud de los colindantes (Exp. N° 26-003316-0007-CO). En atención a la nota de referencia, me permito indicar que una vez verificado el “Control de Documentos Recibidos” que esta Alcaldía registra durante el año 2026, no fue posible localizar ninguna nota o solicitud a nombre de la recurrente; razón por la cual nos vemos imposibilitados a referirnos a los hechos objeto del recurso”. Además, mediante consulta realizada a la Coordinadora de la Actividad de Patentes, la MBA. Karol Rodríguez Artavia, la misma manifestó que, no se registra ninguna patente en la finca N° 311272-000. Aunado a lo anterior, mediante oficio N° MA-SGA-095-2026, de fecha 09 de febrero de 2026 suscrito por la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, la misma manifestó que: “En atención al oficio MA-PSJ-142-2026, referente a la solicitud de un informe para dar respuesta al RECURSO DE AMPARO interpuesto por Nombre01, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA que se tramita con el número de expediente N° 26-003316-0007-CO, donde solicitan informe en los siguientes términos: “(…) que a la par de la venta de vehículos donde labora, de la cual es propietaria, ubicado en Alajuela, El Coyol, de la Escuela El Coyol, 200 metros al este, contiguo a Soda Emanuel, se instaló un taller de pintura automotriz, el cual opera sin las condiciones adecuadas de seguridad, ventilación ni control ambiental. Alega que desde el inicio de sus operaciones, las cuales datan desde unos veintidós días aproximadamente, se perciben olores fuertes a pintura, solventes y químicos, provocando afectaciones directas a la salud tales como irritación en ojos, nariz, garganta, dolores de cabeza, mareos y molestias respiratorias, lo cual ha afectado su bienestar físico y su desempeño laboral. Además, el taller no cuenta con sistemas adecuados de extracción de vapores ni medidas visibles de prevención contra incendios, lo cual representa un riesgo grave e inminente para la integridad de las personas y los bienes colindantes. Indica que la exposición constante a estos contaminantes representa un riesgo acumulativo para la salud, incluyendo afectaciones al sistema respiratorio, neurológico y otros órganos vitales, situación que se agrava por tratarse de un espacio laboral donde la permanencia es diaria. Afirma que acudió al Ministerio de Salud y le indicaron que en tres meses podrían llegar a ver las eventuales contaminaciones que produce esa actividad, igualmente con la Municipalidad de Alajuela. Alega que las autoridades recurridas no están cumpliendo con sus obligaciones. Estima lesionados sus derechos fundamentales (…)” Me permito indicar, que se revisaron las bases de datos de denuncias que ingresan al Subproceso por el Sistema Integrado de Servicio al Cliente, sin embargo, no se encontraron denuncias realizadas por la Señora Nombre01 al Subproceso de Gestión Ambiental. Cuando se presentan denuncias de este tipo relacionado con las condiciones sanitarias de un local comercial en el Subproceso, se le recomienda a la persona denunciante la presentación de la denuncia ante el Área Rectora de Salud (ARS) del Ministerio de Salud que corresponda (Alajuela 1 o 2), ya que son temas de competencia directa de dicho Ministerio, según lo establecido en la Ley General de Salud y Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, considerando que los funcionarios del ARS, aplican en caso que corresponda el Formulario para inspección de actividades comerciales e industriales para determinar la acción a seguir según sean las condiciones encontradas al momento de la inspección”. Posteriormente, con el oficio N° MA-ACC-267-2026 de fecha 10 de febrero de 2026, suscrito por la Arq. María José Zamora Castro, Actividad de Control Constructivo, se manifestó lo siguiente: “En atención al oficio Nº. MA-PSJ-0141-2026 solicitud de informa para RECURSO DE AMPARO interpuesto por Nombre01, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA que se tramita con el número de expediente N° 26-003316-0007-CO donde solicitan informe en los siguientes términos: “(…) que a la par de la venta de vehículos donde labora, de la cual es propietaria, ubicado en Alajuela, El Coyol, de la Escuela El Coyol, 200 metros al este, contiguo a Soda Emanuel, se instaló un taller de pintura automotriz, el cual opera sin las condiciones adecuadas de seguridad, ventilación ni control ambiental. Alega que, desde el inicio de sus operaciones, las cuales datan desde unos veintidós días aproximadamente, se perciben olores fuertes a pintura, solventes y químicos, provocando afectaciones directas a la salud tales como irritación en ojos, nariz, garganta, dolores de cabeza, mareos y molestias respiratorias, lo cual ha afectado su bienestar físico y su desempeño laboral. Además, el taller no cuenta con sistemas adecuados de extracción de vapores ni medidas visibles de prevención contra incendios, lo cual representa un riesgo grave e inminente para la integridad de las personas y los bienes colindantes. Indica que la exposición constante a estos contaminantes representa un riesgo acumulativo para la salud, incluyendo afectaciones al sistema respiratorio, neurológico y otros órganos vitales, situación que se agrava por tratarse de un espacio laboral donde la permanencia es diaria. Afirma que acudió al Ministerio de Salud y le indicaron que en tres meses podrían llegar a ver las eventuales contaminaciones que produce esa actividad, igualmente con la Municipalidad de Alajuela. Alega que las autoridades recurridas no están cumpliendo con sus obligaciones. Estima lesionados sus derechos fundamentales (…)” Según lo solicitado le indico lo siguiente: En revisión de la zona indicada en el oficio se identifica la finca numero Dirección01, plano Catastro A-0347657-1996 ubicada 200 metros al este de la Escuela del Coyol, contiguo a Soda Emmanuel, distrito San José, la fica supra cita se ubica según Gis municipal y Plan Regulador Urbano del Canton de Alajuela 2004 en zona de SERVICIOS MIXTOS CORREDORES URBANOS DISTRITALES la cual según PRUA se caracteriza por: Artículo 108. PROPÓSITOS Y DELIMITACION ESPACIAL. El propósito es consolidar las actividades comerciales y de servicios en las principales vías de enlace distrital. Estos corredores se ubican en la vía que comunica a Alajuela con el Coyol, propiamente en el sector del poblado el Coyol. El otro corredor es el localizado en la carretera, Alajuela – Santa Bárbara, en el distrito de Desamparados. Artículo 109. USOS CONFORMES. Los usos permitidos son las actividades comerciales y de servicios públicos y privados, la vivienda unifamiliar y multifamiliar. Artículo 110. USOS NO PERMITIDOS. De la lista del anexo 1 los numerales del 1 al 11 y el 13. Artículo 111. USOS CONDICIONALES. De la lista del anexo 1 los numerales 12, 16. Artículo 112. REQUISITOS. 1) SUPERFICIE MINIMA 550 m2 2) FRENTE MINIMO 20 m 3) ALTURA MÁXIMA Coeficiente C=1.5 4) COBERTURA 70 % 5) RETIROS a) Frontal 3 metros b) Posterior 3 metros c) Laterales 1.5 metros En toda la Subzona de Servicios Mixtos, se permitirá la modalidad de condominio en los usos permitidos en dicha Subzona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos apuntados en cada una de las Subzonas (Centros y Corredores Urbanos) y los requerimientos especificados en la Ley de Planificación Urbana. En revisión de la documentación aportada y la información contenida en el sistema municipal y archivos de la actividad de control constructivo se identifica que mediante el trámite 002981-2025 se solicitó uso de suelo para patente y visto bueno de ubicación para la actividad comercial de ENDEREZADO Y PINTURA en la finca 311273, el cual mediante la resolución MA-ACC-US-2636-2025 por error material se identificó la finca supra citada en la zona de Servicios mixtos corredores urbanos municipales dando como resultado una resolución PERMITIDA. Siendo la zonificación correcta la zona SERVICIOS MIXTOS CORREDORES URBANOS DISTRITALES donde la actividad comercial solicitada de enderezado y pintura según PRUA se encuentra en el artículo 110 como USOS NO PERMITIDOS. De la lista del anexo 1 los numerales del 1 al 11 y el 13 (…) Por tanto, según la revisión realizada por esta coordinación se determina que la actividad comercial de ENDEREZADO Y PINTURA NO SE ENCUENTRA PERMITIDA en la zona señalada 200 metros al este de la Escuela del Coyol, contiguo a Soda Emmanuel, distrito San José y se procederá con el respectivo proceso de Lesividad como en derecho corresponde sobre la resolución MA-ACC-US-2636-2025”. Además, mediante el oficio N° MA-PCFU-0213-2026 de fecha 09 de febrero de 2026, suscrito por el Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador Proceso de Control Fiscal y Urbano, “Por este medio se brinda respuesta a lo solicitado mediante el oficio N° MA-PSJ-139-2026, mediante el cual se pone en conocimiento el Recurso de Amparo interpuesto por la señora Nombre01, tramitado bajo el expediente N° 26-003316-0007-CO. En atención a lo requerido, y conforme a las competencias asignadas a este Proceso, se informa lo siguiente: Por medio de la plataforma web de la Municipalidad de Alajuela se ingresó el trámite N.° 1765-2026, presentado el 12 de enero de 2026, mediante el cual la señora Nombre01 interpuso una denuncia contra un taller que presuntamente no cuenta con licencia municipal, ubicado en Barrio San José, Coyol, Dirección02. Dicha gestión fue atendida y se brindó respuesta a la administrada mediante el oficio N.° MA-PCFU-0076-2026. El 16 de enero de 2026 se realizó inspección en el sitio, donde se constató el desarrollo de la actividad comercial de taller de enderezado y pintura, motivo por el cual se procedió a confeccionar la Boleta de Notificación por Inspección del Área de Patentes N.° 019946, al verificarse que la actividad se desarrollaba sin contar con licencia municipal, actuación que actualmente se encuentra en seguimiento. Con el fin de brindar el presente informe, se efectuó una nueva inspección el 09 de febrero de 2026, a las 10:22 horas, en la cual se constató que la actividad comercial no se encontraba en funcionamiento. Asimismo, no se percibieron olores de pinturas ni diluyentes, ni se observaron residuos de pintura u otros materiales, tanto dentro como fuera del local. Adjunto expediente administrativo conformado por 14 folios”. Es de importancia mencionar que, la Actividad de Control Constructivo, realizará el proceso de Lesividad como en derecho corresponde sobre la resolución N° MA-ACC-US-2636-2025. Queda claro que, dicho local comercial no cuenta con la licencia comercial respectiva (patente) otorgada por este Municipio. Además, desde semanas atrás, el Proceso de Control Fiscal y Urbano, a raíz de una denuncia realizada por la misma recurrente el día 12 de enero de 2026, procedió a realizar la inspección respectiva en donde se comprobó que, efectivamente se desarrollaba la actividad comercial de taller de enderezado y pintura, y es cuando, los funcionarios municipales (inspectores) procedieron a confeccionar la Boleta de Notificación por Inspección del Área de Patentes N.° 019946 (ver prueba adjunta), al verificarse que la actividad se desarrollaba sin contar con licencia municipal, desde ese momento a la fecha el municipio ha dado el seguimiento respectivo, por lo que no son ciertos los argumentos de la recurrente al indicar en lo que se refiere a este Municipio : “Afirma que acudió al Ministerio de Salud y le indicaron que en tres meses podrían llegar a ver las eventuales contaminaciones que produce esa actividad, igualmente con la Municipalidad de Alajuela. Alega que las autoridades recurridas no están cumpliendo con sus obligaciones (…)” Ya que se procedió con la realización de las notificaciones respectivas 019946 de fecha 16 de enero de 2026 (notificación por inspección) (ver prueba adjunta a folio 08 del expediente administrativo de Control Fiscal y Urbano). Sin embargo, lo que se destaca, es el claro y evidente desconocimiento de la recurrente de los procedimientos internos a seguir en estos casos, procedimientos que van a acorde a lo estipulado en la ley. En virtud de lo anterior, se comprueba que, no existe omisión o “inacción” por parte del Municipio y no es cierto, que esta Municipalidad “no cumpla con sus obligaciones” como así lo plasmó la recurrente en el escrito de interposición, argumento subjetivo, que lo que evidencian, es un claro desconocimiento de los procedimientos administrativos internos a seguir en esta Municipalidad, procedimientos que van acorde a cumplir con los requerimientos de ley, mismos que deben de ser ajustados a derecho para todos los ciudadanos, ya que el Municipio no puede obviar los procedimientos establecidos en la ley, aun cuando existe una denuncia temprana, se deben de respetar los procesos y los plazos a los que tienen derecho ambas partes. En el presente asunto, la recurrente ni tan siquiera puede reclamar que no se le ha brindado respuesta o que existe una omisión por parte de la Administración a sus tantas y repetitivas denuncias, (o incluso al parecer ella misma ha omitido referirse a estas, como es el caso de la respuesta dada a la señora Nombre01, trámite N° 1765-2026y que fue debidamente atendido con el oficio N° MA-PCFU-076-2026 de fecha 19 de enero de 2026, incluso en dicha respuesta se le indicó a la quejosa que se iba a dar el seguimiento respectivo, significando ello a continuar con los procesos legales correspondientes. Pero además se comprueba que, el desacuerdo de la recurrente con los términos de la respuesta dada o nuestro actuar, no tiene, por sí mismo, la virtud de causar menoscabo a la garantía mencionada y dicho actuar, va ligado por completo a la legalidad, y es claro, que no lleva razón la recurrente, en todo caso, lo dicho por el Municipio se comprueba con la prueba aportada, la cual constata que el actuar del municipio ha sido eficaz y rápido. En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que, se ha cumplido a cabalidad con la tramitación de la gestión realizada por la recurrente ante este Municipio, incluso, quedo más que evidenciado que se le informo a la recurrente, de las acciones a seguir, y se constata que, previo a la interposición de este amparo, ya se le había atendido y contestado dicho trámite y además, se había generado la respectiva notificación a los personeros del local comercial y con las visitas respectivas (ver prueba adjunta). Queda demostrado que la Municipalidad de Alajuela, ha sido diligente y ha realizado las labores propias atinentes a su competencia, sin embargo, reiteramos, la recurrente interpone el recurso de amparo para causar confusión y con ello que se condene a la Municipalidad aun cuando ésta, está realizando todas las gestiones y ejecuciones pertinentes incluso casi de forma inmediata, comprobándolo con la misma prueba aportada. Bajo lo indicado, consideramos que existe una mala fe por parte de la recurrente, al interponer un Recurso de Amparo en los términos expuestos. No son de recibo, las afirmaciones que realiza la recurrente, en el entendido de que, la problemática acaecida en dicho lugar, son el resultado de algún tipo de negligencia u omisión por parte de este Municipio, incluso la interposición del presente Recurso de Amparo, a nuestro criterio es prematuro. Sorprende en sobre manera que, la recurrente indique en la interposición del recurso en cuestión, que esta Municipalidad “no está cumpliendo con sus obligaciones” o que, no se le ha atendido su gestión, y es que se constata con prueba adjunta, que se ha visitado el sitio, se han realizado gestiones en el lugar, pero se atreve a acusar inacción por parte del municipio, aun sabiendo ésta, las gestión realizada, con base en las queja planteada por ella misma. Sin embargo, en este caso en específico, conviene recordar, lo plasmado por el artículo 27 de la Constitución Política, y es que, se comprueba y se visualiza que, siempre se ha respetado el derecho de petición que emana del artículo 27 de la Constitución Política, por cuanto se hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable. Empero, el derecho constitucional, lo que garantiza es el derecho a pedir, más no el derecho a obtener lo que se pide, como es el caso de la recurrente, aun cuando, el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que, se ha cumplido a cabalidad con la tramitación de la gestión realizada por la recurrente ante este Municipio, incluso, quedo más que evidenciado que se le informo a la recurrente, de las acciones a seguir, incluso se constata que, previo a la interposición de este amparo, ya se le habían atendido y contestado dichos trámite y además, se había generado la respectiva respuesta de lo actuado (ver prueba adjunta). Sin embargo, reiterarnos, en este caso se refleja un claro desconocimiento completo de los procedimientos establecidos en la ley, y es que, el Departamento de Control Fiscal y Urbano ha realizado desde semanas atrás el procedimiento, como en derecho corresponde, en los casos específicos como el que nos ocupa, constatando que estos, no son un tema antojadizo de la Administración ni del departamento de Control Fiscal y Urbano. Tampoco es cierto que, la Municipalidad ha omitido en ejecutar acciones con respecto al tema en cuestión, lo anterior, por cuanto se demuestra una vez más, que la Administración, ha realizado las labores propias atinentes de nuestra competencia, como lo fue el levantamiento del acta respectiva y se continuará con el procedimiento como en derecho corresponde. Éste Municipio, debe de respetar y cumplir con el procedimiento establecido en la normativa vigente, bajo los principios del debido proceso y derecho de defensa de todas las partes, de manera que no se generan actos viciados de nulidad por la insistencias tempranas de la quejosa o sus opiniones subjetivas sobre el actuar municipal, y que en lugar de resguardar su interés, vengan a generarle un perjuicio. Además, con el accionar de esta Municipalidad, se constata que, a la recurrente se le mantuvo informada de las acciones que se han tomado y los resultados de la inspección realizada, sin embargo, este Municipio actúa con base en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, reiteramos, es un tema en el que debe respetarse el debido proceso. En ese sentido, este Municipio considera que la interposición del presente Recurso de Amparo es improcedente, en razón de que, la Administración HA REALIZADO LAS LABORES PROPIAS ATINENTES A SU COMPETENCIA, donde debemos de ajustarnos a las actuaciones, procedimientos y plazos legales, propios de los procedimientos de esta índole, respetando también el derecho de defensa y los recursos o actuaciones, que los interesados podrían plantear dentro del procedimiento establecido, como en el caso que nos ocupa, por lo que solicitamos que el Recurso de Amparo sea declarado sin lugar.”.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente el 13 de febrero de 2026, María Antonieta Acuña Hernández, directora a.i. del Área Rectora de Salud de Alajuela del Ministerio de Salud, informa: “1. El Área Rectora de Salud Alajuela 2, cuenta con una base de datos en el cual se registran las denuncias que interponen las personas, y que em tal sentido se programan las visitas de acuerdo al número de denuncias que ingresan, mismas que han incrementado y se agendan de acuerdo al orden de ingreso, lo cual es comunicado a los denunciantes; además, en este momento se tiene el problema de que la cantidad de funcionarios (gestores ambientales) disminuyó, lo que hace insuficiente la capacidad instalada, para poder dar atención a un tiempo más próximo a la fecha en que se interponen las denuncias. 2. El 15 de enero 2026 ingresó al Área Rectora de Alajuela 2, denuncia contra el establecimiento Taller de Pintura por contaminación de gases, vapores, particulados, misma se registra con el consecutivo N°031- 2026, y se programó en la base de denuncias para atender el 29 de abril 2026, situación que se le informó a la denunciante. El 09 de febrero de 2026, ingresó a esta instancia emplazamiento del recurso de amparo interpuesto por la señora Nombre01, en referencia a la denuncia N°031-2026, en la cual aqueja afectaciones ocasionadas por Taller de Pintura. 3. En atención a lo señalado se modificó la programación y el 11 de febrero de 2026, el funcionario Danilo Arrieta Alfaro, Gestor Ambiental del Ministerio de Salud de la Área Rectora de Salud Alajuela 2, realizó visita al establecimiento denunciado el cual comprende a un taller de pintura, siendo atendido por el señor Manfred Vargas Vargas que se identificó como socio ante la actividad comercial, se le explicó el motivo de la visita, se solicitó la documentación de la actividad comercial Taller de Pintura (permiso sanitario de funcionamiento) requisito con el que no contaba. Posteriormente, se realizó la inspección, en lo cual se evidenció la realización de la actividad denunciada. En el sitio se observó la presencia de vehículos, herramientas, maquinas, disolventes, pinturas que se utilizan en labores de pintura automotriz, además se percibió olor a pintura, así consta en el acta ocular MS-DRRSCN-DARSA2-0497-2026. Debido a los hallazgos encontrados y al no contar con autorizaciones de las autoridades competentes, se procedió con la clausura del lugar, tal y como consta acta de clausura MS-DRRSCN-DARSA2-0003- 2026, la cual fue notificada en el sitio en sitio.”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- ACLARACIÓN PREVIA. De previo a analizar el fondo del recurso, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa – con algunas excepciones–  aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte–  conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia relativa a problemas sanitarios que presuntamente ocasionan afectaciones ambientales y para la salud de las personas.\n\nII.-OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que, contiguo al lugar donde labora, 200 metros al este de la escuela del Coyol de Alajuela, se instaló un taller de pintura automotriz, que opera sin las condiciones adecuadas de seguridad y control ambiental. Aduce que las operaciones de ese establecimiento iniciaron hace 22 días y, desde entonces, se perciben fuertes olores, que provocan afectación directa a la salud de las personas. Esgrime que formuló denuncias ante las autoridades recurridas; empero, no se ha solucionado la situación.\n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    El 12 de enero de 2026, la accionante planteó denuncia contra el taller automotriz referido ante la municipalidad recurrida. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nb)   El 15 de enero de 2026, el Área Rectora de Salud de Alajuela recibió la denuncia de la tutelada, por las operaciones del taller de pintura automotriz referido. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nc)    El 16 de enero de 2026, la municipalidad accionada realizó una inspección en el sitio y se le notificó al taller la boleta nro. 019946, al verificar que la actividad se desarrollaba sin licencia municipal. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nd)   El 9 de febrero de 2026, la municipalidad recurrida realizó otra inspección y constató que el establecimiento no se encontraba en funcionamiento. (Informe de la autoridad recurrida).\n\ne)    El 11 de febrero de 2026, la autoridad sanitaria realizó una inspección en el sitio y mediante el acta nro. MS-DRRSCN-DARSA2-003-2026 clausuró el establecimiento por incumplimiento de requisitos. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que, contiguo al lugar donde labora, 200 metros al este de la escuela del Coyol de Alajuela, se instaló un taller de pintura automotriz, que opera sin las condiciones adecuadas de seguridad y control ambiental. Aduce que las operaciones de ese establecimiento iniciaron hace 22 días y, desde entonces, se perciben fuertes olores, que provocan afectación directa a la salud de las personas. Esgrime que formuló denuncias ante las autoridades recurridas; empero, no se ha solucionado la situación.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado que, el 12 de enero de 2026, la accionante planteó denuncia contra el taller automotriz referido ante la municipalidad recurrida. El 15 de enero de 2026, el Área Rectora de Salud de Alajuela recibió la denuncia de la tutelada, por las operaciones del taller de pintura automotriz referido. El 16 de enero de 2026, la municipalidad accionada realizó una inspección en el sitio y se le notificó al taller la boleta nro. 019946, al verificar que la actividad se desarrollaba sin licencia municipal. El 9 de febrero de 2026, la municipalidad recurrida realizó otra inspección y constató que el establecimiento no se encontraba en funcionamiento. El 11 de febrero de 2026, la autoridad sanitaria realizó una inspección en el sitio y mediante el acta nro. MS-DRRSCN-DARSA2-003-2026 clausuró el establecimiento por incumplimiento de requisitos.\n\nDesde este panorama, prima facie se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, se verifica que las denuncias fueron interpuestas ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud de esa misma localidad el 12 y 15 de enero de 2026, respectivamente. En ese tanto, al momento en que se acude ante esta jurisdicción (29 de enero de 2026), no había transcurrido un plazo desproporcionado para que tales autoridades diligenciaran lo pertinente para atender la situación de marras.\n\nEn todo caso, se verifica que el 11 de febrero de 2026 se decidió clausurar el establecimiento denunciado, por el incumplimiento de requisitos de operación.\n\nAsí las cosas, no se observa que las autoridades accionadas hayan desatendido las denuncias incoadas, ni que hayan incurrido en dilaciones desproporcionadas susceptibles de ser declaradas en esta vía sumaria de amparo.\n\nErgo, se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- EL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ PONE NOTA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa la omisión, por parte del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela, en atender oportunamente la denuncia planteada contra un taller de pintura automotriz que opera sin condiciones adecuadas de seguridad y control ambiental, que atentan contra un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la parte recurrente, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n \n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 1ZYJ3URDSJK61\n\nEXPEDIENTE N° 26-003316-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:32:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and twenty-five minutes on March sixth, two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal processed in case file no. 26-003316-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA AND THE MINISTRY OF HEALTH.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By document incorporated into the case file on January 29, 2026, the claimant files an amparo appeal. She states that next to the vehicle sales business where she works, which she owns, located in Alajuela, El Coyol, from the El Coyol School, 200 meters east, adjacent to Soda Emanuel, an automotive painting workshop was installed, which operates without adequate safety, ventilation, or environmental control conditions. She alleges that since the start of its operations, which date back approximately twenty-two days, strong odors of paint, solvents, and chemicals are perceived, causing direct health effects such as irritation of the eyes, nose, and throat, headaches, dizziness, and respiratory discomfort, which have affected her physical well-being and her work performance. In addition, the workshop does not have adequate vapor extraction systems or visible fire prevention measures, which represents a serious and imminent risk to the integrity of people and adjacent properties. She indicates that constant exposure to these pollutants represents a cumulative health risk, including effects on the respiratory and neurological systems and other vital organs, a situation that is aggravated because it is a workspace where her presence is daily. She affirms that she went to the Ministry of Health and they indicated that in three months they might be able to see the potential contaminations produced by that activity, and likewise with the Municipality of Alajuela. She alleges that the respondent authorities are not fulfilling their obligations. She deems her fundamental rights violated.\n\n2.- By resolution at 9:02 a.m. on February 4, 2026, the Presidency of the Chamber admitted the process and requested a report from the mayor of Alajuela and the director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Alajuela of the Ministry of Health.\n\n3.- By document incorporated into the digital case file on February 11, 2026, Roberto Hernán Thompson Chacón, mayor of Alajuela, reports: \"Through official letter No. MA-A-582-2026 dated February 10, 2026, signed by Lic. Claudio Aguilar Alfaro, Director of the Mayor's Office (Despacho), he stated: 'I refer to official letter No. MA-PSJ-138-2026, by which you forward the notification and request a report regarding the amparo appeal filed by Nombre01, due to the apparently irregular operation of an automotive painting workshop, located 200 meters east of the El Coyol school, adjacent to Soda Emanuel, which causes environmental risks and health effects to neighbors (Case File No. 26-003316-0007-CO). In response to the referenced note, I am pleased to indicate that after verifying the \"Control of Received Documents\" that this Mayor's Office registers during the year 2026, it was not possible to locate any note or request in the name of the appellant; for which reason we are unable to refer to the facts subject to the appeal.' In addition, through a consultation made with the Coordinator of the Licensing Activity (Actividad de Patentes), MBA. Karol Rodríguez Artavia, she stated that no license is registered on property (finca) No. 311272-000. In addition to the foregoing, through official letter No. MA-SGA-095-2026, dated February 9, 2026, signed by Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of the Environmental Management Subprocess (Subproceso de Gestión Ambiental), she stated that: 'In response to official letter MA-PSJ-142-2026, referring to the request for a report to respond to the AMPARO APPEAL filed by Nombre01 against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA being processed under case file number No. 26-003316-0007-CO, where they request a report in the following terms: \"(…) that next to the vehicle sales business where she works, which she owns, located in Alajuela, El Coyol, from the El Coyol School, 200 meters east, adjacent to Soda Emanuel, an automotive painting workshop was installed, which operates without adequate safety, ventilation, or environmental control conditions. She alleges that since the start of its operations, which date back approximately twenty-two days, strong odors of paint, solvents, and chemicals are perceived, causing direct health effects such as irritation of the eyes, nose, and throat, headaches, dizziness, and respiratory discomfort, which have affected her physical well-being and her work performance. In addition, the workshop does not have adequate vapor extraction systems or visible fire prevention measures, which represents a serious and imminent risk to the integrity of people and adjacent properties. She indicates that constant exposure to these pollutants represents a cumulative health risk, including effects on the respiratory and neurological systems and other vital organs, a situation that is aggravated because it is a workspace where her presence is daily. She affirms that she went to the Ministry of Health and they indicated that in three months they might be able to see the potential contaminations produced by that activity, and likewise with the Municipality of Alajuela. She alleges that the respondent authorities are not fulfilling their obligations. She deems her fundamental rights violated (…)\" I am pleased to indicate that the complaint databases entering the Subprocess through the Integrated Customer Service System (Sistema Integrado de Servicio al Cliente) were reviewed; however, no complaints filed by Mrs. Nombre01 with the Environmental Management Subprocess were found. When complaints of this type related to the sanitary conditions of a commercial premises are filed with the Subprocess, the complainant is recommended to file the complaint with the corresponding Health Governing Area (Área Rectora de Salud, ARS) of the Ministry of Health (Alajuela 1 or 2), since these are matters of direct competence of said Ministry, as established in the Ley General de Salud and the General Regulation for Sanitary Operating Permits, Enabling Permits and Authorization for Temporary Mass Gathering Events (Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas), considering that ARS officials apply, where appropriate, the Inspection Form for Commercial and Industrial Activities (Formulario para inspección de actividades comerciales e industriales) to determine the action to follow depending on the conditions found at the time of inspection.' Subsequently, with official letter No. MA-ACC-267-2026 dated February 10, 2026, signed by Arch. María José Zamora Castro, Construction Control Activity (Actividad de Control Constructivo), the following was stated: 'In response to official letter No. MA-PSJ-0141-2026, request for a report for the AMPARO APPEAL filed by Nombre01 against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA being processed under case file number No. 26-003316-0007-CO, where they request a report in the following terms: \"(…) that next to the vehicle sales business where she works, which she owns, located in Alajuela, El Coyol, from the El Coyol School, 200 meters east, adjacent to Soda Emanuel, an automotive painting workshop was installed, which operates without adequate safety, ventilation, or environmental control conditions. She alleges that, since the start of its operations, which date back approximately twenty-two days, strong odors of paint, solvents, and chemicals are perceived, causing direct health effects such as irritation of the eyes, nose, and throat, headaches, dizziness, and respiratory discomfort, which have affected her physical well-being and her work performance. In addition, the workshop does not have adequate vapor extraction systems or visible fire prevention measures, which represents a serious and imminent risk to the integrity of people and adjacent properties. She indicates that constant exposure to these pollutants represents a cumulative health risk, including effects on the respiratory and neurological systems and other vital organs, a situation that is aggravated because it is a workspace where her presence is daily. She affirms that she went to the Ministry of Health and they indicated that in three months they might be able to see the potential contaminations produced by that activity, and likewise with the Municipality of Alajuela. She alleges that the respondent authorities are not fulfilling their obligations. She deems her fundamental rights violated (…)\" According to what is requested, I indicate the following: Upon review of the indicated area, property (finca) number Dirección01 is identified, Cadastre map A-0347657-1996, located 200 meters east of the Escuela del Coyol, adjacent to Soda Emmanuel, San José district. The aforementioned property is located, according to the municipal GIS and the Urban Regulatory Plan of the Canton of Alajuela (Plan Regulador Urbano del Canton de Alajuela) 2004, in a MIXED SERVICES DISTRICTAL URBAN CORRIDORS zone, which according to the PRUA is characterized by: Article 108. PURPOSES AND SPATIAL DELIMITATION. The purpose is to consolidate commercial and service activities on the main districtal connecting roads. These corridors are located on the road that connects Alajuela with El Coyol, specifically in the sector of the El Coyol settlement. The other corridor is the one located on the Alajuela – Santa Bárbara highway, in the district of Desamparados. Article 109. CONFORMING USES. The permitted uses are commercial and public and private service activities, single-family and multi-family housing. Article 110. NON-PERMITTED USES. From the list in Annex 1, numerals 1 to 11 and 13. Article 111. CONDITIONAL USES. From the list in Annex 1, numerals 12, 16. Article 112. REQUIREMENTS. 1) MINIMUM SURFACE AREA 550 m² 2) MINIMUM FRONTAGE 20 m 3) MAXIMUM HEIGHT Coefficient C=1.5 4) COVERAGE (cobertura) 70% 5) SETBACKS a) Front 3 meters b) Rear 3 meters c) Sides 1.5 meters In the entire Mixed Services Subzone, the condominium modality will be permitted for the uses allowed in said Subzone, as long as the requirements noted in each of the Subzones (Urban Centers and Corridors) and the requirements specified in the Ley de Planificación Urbana are met. Upon review of the documentation provided and the information contained in the municipal system and the files of the construction control activity, it is identified that through procedure 002981-2025, a land-use permit (uso de suelo) for a license and an approval of location (visto bueno de ubicación) were requested for the commercial activity of AUTO BODY STRAIGHTENING AND PAINTING on property (finca) 311273, which, through resolution MA-ACC-US-2636-2025, due to a material error, identified the aforementioned property in the municipal urban corridors mixed services zone, resulting in a PERMITTED resolution. The correct zoning being the MIXED SERVICES DISTRICTAL URBAN CORRIDORS zone, where the requested commercial activity of auto body straightening and painting, according to the PRUA, is found in Article 110 as NON-PERMITTED USES. From the list in Annex 1, numerals 1 to 11 and 13 (…) Therefore, according to the review carried out by this coordination, it is determined that the commercial activity of AUTO BODY STRAIGHTENING AND PAINTING IS NOT PERMITTED in the indicated area 200 meters east of the Escuela del Coyol, adjacent to Soda Emmanuel, San José district, and the respective Lesivity (Lesividad) process will be initiated, as legally appropriate, regarding resolution MA-ACC-US-2636-2025.' In addition, through official letter No. MA-PCFU-0213-2026 dated February 9, 2026, signed by Eng. Emerson Bone Moya, Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process (Proceso de Control Fiscal y Urbano), 'By this means, a response is provided to what was requested through official letter No. MA-PSJ-139-2026, by which the Amparo Appeal filed by Mrs. Nombre01, processed under case file No. 26-003316-0007-CO, is made known. In response to what is required, and in accordance with the competencies assigned to this Process, the following is reported: Through the web platform of the Municipality of Alajuela, procedure No. 1765-2026 was entered, submitted on January 12, 2026, by which Mrs. Nombre01 filed a complaint against a workshop that allegedly does not have a municipal license, located in Barrio San José, Coyol, Dirección02. Said action was attended to and a response was provided to the administered party through official letter No. MA-PCFU-0076-2026. On January 16, 2026, an inspection was carried out on site, where the development of the commercial activity of an auto body straightening and painting workshop was verified, for which reason the Inspection Notification Form for the Licensing Area (Boleta de Notificación por Inspección del Área de Patentes) No. 019946 was prepared, upon verifying that the activity was being carried out without a municipal license, an action that is currently under follow-up. In order to provide this report, a new inspection was carried out on February 9, 2026, at 10:22 a.m., in which it was verified that the commercial activity was not in operation. Likewise, no paint or thinner odors were perceived, nor were paint residues or other materials observed, either inside or outside the premises. I attach the administrative case file consisting of 14 folios.' It is important to mention that the Construction Control Activity will carry out the Lesivity process, as legally appropriate, regarding resolution No. MA-ACC-US-2636-2025. It is clear that said commercial premises does not have the respective commercial license (patente) granted by this Municipality. In addition, weeks ago, the Fiscal and Urban Control Process, as a result of a complaint filed by the same appellant on January 12, 2026, proceeded to carry out the respective inspection where it was verified that the commercial activity of an auto body straightening and painting workshop was indeed being carried out, and it was then that the municipal officials (inspectors) proceeded to prepare the Inspection Notification Form for the Licensing Area No. 019946 (see attached evidence), upon verifying that the activity was being carried out without a municipal license. From that moment to date, the municipality has given the respective follow-up, so the appellant's arguments are not true when she indicates, regarding this Municipality: 'She affirms that she went to the Ministry of Health and they indicated that in three months they might be able to see the potential contaminations produced by that activity, and likewise with the Municipality of Alajuela. She alleges that the respondent authorities are not fulfilling their obligations (…)' Since the respective notifications 019946 dated January 16, 2026 (inspection notification) were carried out (see evidence attached on folio 08 of the administrative case file of Fiscal and Urban Control). However, what is notable is the appellant's clear and evident ignorance of the internal procedures to follow in these cases, procedures that are in accordance with what is stipulated in the law. By virtue of the foregoing, it is verified that there is no omission or 'inaction' on the part of the Municipality and it is not true that this Municipality 'does not fulfill its obligations' as the appellant stated in the filing document, a subjective argument which only evidences a clear ignorance of the internal administrative procedures to be followed in this Municipality, procedures that are in accordance with complying with the legal requirements, which must be legally adjusted for all citizens, since the Municipality cannot ignore the procedures established by law. Even when there is an early complaint, the processes and deadlines to which both parties are entitled must be respected. In the present matter, the appellant cannot even claim that she has not been given a response or that there is an omission by the Administration regarding her many repeated complaints, (or it even appears that she herself has omitted to refer to these, as is the case of the response given to Mrs. Nombre01, procedure No. 1765-2026, which was duly attended to with official letter No. MA-PCFU-076-2026 dated January 19, 2026. Even in said response, the complainant was informed that the respective follow-up would be given, meaning continuing with the corresponding legal processes. But it is also verified that the appellant's disagreement with the terms of the response given or our actions does not, by itself, have the virtue of causing impairment to the mentioned guarantee, and said action is completely linked to legality. It is clear that the appellant is not justified. In any case, what is stated by the Municipality is verified with the evidence provided, which confirms that the municipality's actions have been effective and prompt. By virtue of the foregoing, it is of utmost importance to mention that the processing of the action taken by the appellant before this Municipality has been fully complied with. Indeed, it was more than evident that the appellant was informed of the actions to follow, and it is verified that, prior to the filing of this amparo appeal, said procedure had already been attended to and answered, and in addition, the respective notification to the representatives of the commercial premises had been generated, along with the respective visits (see attached evidence). It is demonstrated that the Municipality of Alajuela has been diligent and has carried out the proper tasks pertaining to its competence; however, we reiterate, the appellant files the amparo appeal to cause confusion and thereby have the Municipality condemned even when it is carrying out all pertinent actions and executions, almost immediately, as verified by the very evidence provided. Based on what has been indicated, we consider that there is bad faith on the part of the appellant in filing an Amparo Appeal in the stated terms. The affirmations made by the appellant are not admissible, in the understanding that the problems occurring in said place are the result of some type of negligence or omission on the part of this Municipality. Indeed, the filing of this Amparo Appeal is, in our opinion, premature. It is extremely surprising that the appellant indicates in the filing of the appeal in question that this Municipality 'is not fulfilling its obligations' or that her action has not been attended to, and it is verified with the attached evidence that the site has been visited, actions have been carried out on the premises, but she dares to accuse inaction on the part of the municipality, even knowing the action taken based on the complaint filed by herself. However, in this specific case, it is worth recalling what is stated in Article 27 of the Political Constitution, and it is verified and visualized that the right of petition emanating from Article 27 of the Political Constitution has always been respected, as it refers to the power that every citizen has to address, in writing, any public official or official entity, in order to present a matter of their interest; this guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, but the latter does not mean a favorable response. However, the constitutional right guarantees the right to petition, but not the right to obtain what is requested, as is the case of the appellant, even though the public official must resolve in strict accordance with the law, since the freedom of petition is based on another principle, that is, that the right of the governed to address public bodies cannot be restricted by the administration. By virtue of the foregoing, it is of utmost importance to mention that the processing of the action taken by the appellant before this Municipality has been fully complied with. Indeed, it was more than evident that the appellant was informed of the actions to follow. It is even verified that, prior to the filing of this amparo, said procedures had already been attended to and answered, and in addition, the respective response to the actions taken had been generated (see attached evidence). However, we reiterate, this case reflects a clear and complete ignorance of the procedures established by law, and the Department of Fiscal and Urban Control has been carrying out the procedure for weeks, as legally appropriate, in specific cases such as the one at hand, verifying that these are not a matter of the Administration's or the Department of Fiscal and Urban Control's whim. Nor is it true that the Municipality has omitted to execute actions regarding the matter in question, the foregoing, because it is demonstrated once again that the Administration has carried out the proper tasks pertaining to our competence, such as the drawing up of the respective report, and the procedure will continue as legally appropriate. This Municipality must respect and comply with the procedure established in current regulations, under the principles of due process and the right of defense of all parties, so that acts vitiated by nullity are not generated by the complainant's early insistence or subjective opinions about municipal action, which, instead of safeguarding her interest, would cause her harm. In addition, with this Municipality's actions, it is verified that the appellant was kept informed of the actions that have been taken and the results of the inspection carried out; however, this Municipality acts based on the legal system. Nonetheless, we reiterate, this is a matter in which due process must be respected. In that sense, this Municipality considers that the filing of this Amparo Appeal is inadmissible, because the Administration HAS CARRIED OUT THE PROPER TASKS PERTAINING TO ITS COMPETENCE, where we must adjust to the legal actions, procedures, and deadlines inherent to procedures of this nature, also respecting the right of defense and the remedies or actions that the interested parties could raise within the established procedure, as in the case at hand, for which reason we request that the Amparo Appeal be declared without merit.\"\n\n4.- By document incorporated into the case file on February 13, 2026, María Antonieta Acuña Hernández, acting director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Alajuela of the Ministry of Health, reports: \"1. The Área Rectora de Salud Alajuela 2 has a database in which complaints filed by people are registered, and in that sense, visits are scheduled according to the number of complaints received, which have increased and are scheduled in order of arrival, which is communicated to the complainants; in addition, at this time there is the problem that the number of officials (environmental managers) has decreased, making the installed capacity insufficient to provide attention closer to the date on which the complaints are filed. 2. On January 15, 2026, a complaint against the establishment Taller de Pintura for contamination by gases, vapors, and particulates was received by the Área Rectora de Alajuela 2, which was registered with consecutive number No. 031-2026, and was scheduled in the complaint database for attention on April 29, 2026, a situation that was communicated to the complainant. On February 9, 2026, this office received the summons for the amparo appeal filed by Mrs. Nombre01, in reference to complaint No. 031-2026, in which she complains of effects caused by Taller de Pintura. 3. In response to what was indicated, the scheduling was modified and on February 11, 2026, official Danilo Arrieta Alfaro, Environmental Manager of the Ministry of Health of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, visited the denounced establishment, which comprises a painting workshop, and was attended by Mr. Manfred Vargas Vargas, who identified himself as a partner in the commercial activity. The reason for the visit was explained, and the documentation for the commercial activity Taller de Pintura was requested (sanitary operating permit), a requirement with which they did not comply. Subsequently, an inspection was carried out, in which the performance of the denounced activity was evidenced. At the site, the presence of vehicles, tools, machines, solvents, and paints used in automotive painting work was observed; in addition, the smell of paint was perceived, as recorded in the ocular report MS-DRRSCN-DARSA2-0497-2026. Due to the findings encountered and not having authorizations from the competent authorities, the premises were closed, as recorded in closure report MS-DRRSCN-DARSA2-0003-2026, which was notified on site.\"\n\n5.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Rueda Leal; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- PRIOR CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the appeal, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not met the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario arises, as we are faced with a complaint regarding health problems that allegedly cause environmental and health effects for people.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that, adjacent to the place where she works, 200 meters east of the Escuela del Coyol of Alajuela, an automotive painting workshop was installed, which operates without adequate safety and environmental control conditions. She argues that the operations of this establishment began 22 days ago and, since then, strong odors are perceived, which directly affect people's health. She asserts that she filed complaints with the respondent authorities; however, the situation has not been resolved.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) On January 12, 2026, the claimant filed a complaint against the aforementioned automotive workshop with the respondent municipality. (Report of the respondent authority).\n\nb) On January 15, 2026, the Área Rectora de Salud of Alajuela received the complaint from the protected party regarding the operations of the aforementioned automotive painting workshop. (Report of the respondent authority).\n\nc) On January 16, 2026, the respondent municipality conducted an on-site inspection and notification form no. 019946 was served on the workshop, upon verifying that the activity was being carried out without a municipal license. (Report of the respondent authority).\n\nd) On February 9, 2026, the respondent municipality conducted another inspection and verified that the establishment was not in operation. (Report of the respondent authority).\n\ne) On February 11, 2026, the health authority conducted an on-site inspection and, through report no. MS-DRRSCN-DARSA2-003-2026, closed the establishment for non-compliance with requirements. (Report of the respondent authority).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the matter at hand (sub lite), the appellant states that, adjacent to the place where she works, 200 meters east of the Escuela del Coyol of Alajuela, an automotive painting workshop was installed, which operates without adequate safety and environmental control conditions. She argues that the operations of this establishment began 22 days ago and, since then, strong odors are perceived, which directly affect people's health. She asserts that she filed complaints with the respondent authorities; however, the situation has not been resolved.\n\nFrom the examination of the case records, it is proven that on January 12, 2026, the claimant filed a complaint against the aforementioned automotive workshop with the respondent municipality. On January 15, 2026, the Área Rectora de Salud of Alajuela received the complaint from the protected party regarding the operations of the aforementioned automotive painting workshop. On January 16, 2026, the respondent municipality conducted an on-site inspection and notification form no. 019946 was served on the workshop, upon verifying that the activity was being carried out without a municipal license. On February 9, 2026, the respondent municipality conducted another inspection and verified that the establishment was not in operation. On February 11, 2026, the health authority conducted an on-site inspection and, through report no.\n\nMS-DRRSCN-DARSA2-003-2026 ordered the closure of the establishment for non-compliance with requirements.\n\nFrom this perspective, prima facie, any situation that, at this moment, warrants the intervention of this constitutional jurisdiction is ruled out.\n\nIn this regard, it is verified that the complaints were filed before the Municipality of Alajuela and the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) of that same locality on January 12 and 15, 2026, respectively. To that extent, at the time this jurisdiction was sought (January 29, 2026), a disproportionate period had not elapsed for those authorities to take the pertinent steps to address the situation in question.\n\nIn any case, it is verified that on February 11, 2026, it was decided to order the closure of the denounced establishment, for non-compliance with operating requirements.\n\nThus, it is not observed that the respondent authorities have neglected the filed complaints, nor that they have incurred in disproportionate delays capable of being declared in this summary amparo proceeding.\n\nErgo, the appeal is declared without merit.\n\nV.- MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ NOTES. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence, since the legal-constitutional controversies pertaining to minors, the environment, payment of wages, the payment of benefits upon retirement, pensions from the non-contributory regime and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners who are outside the country, drinking water service, older adults when not referring to matters of their pension, corruption complaints, indigenous rights, claims for lack of insurance coverage with the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider that in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant accuses the omission, by the Ministry of Health and the Municipality of Alajuela, to timely address the complaint filed against an automotive paint shop operating without adequate safety and environmental control conditions, which threaten a healthy environment, ecologically balanced, and a dignified level of quality of life for the appellant, but which has not been definitively resolved.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper documents were provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\n\nThe appeal is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note.\n\n\n\n\t\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n \n\t\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n \n\t\nIngrid Hess H.\n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n 1ZYJ3URDSJK61\n\nEXPEDIENTE N° 26-003316-0007-CO\n\n \n\nPhones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\n \n\n \n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:32:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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