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  "id": "nexus-sen-1-0007-1378248",
  "citation": "Res. 10080-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora municipal en autorizar poda de árbol riesgoso en Cartago",
  "title_en": "Municipal delay in authorizing pruning of hazardous tree in Cartago",
  "summary_es": "La Sala Constitucional falla a favor de un vecino del Residencial Villa Bonita en Dulce Nombre de Cartago, quien solicitó a la Municipalidad la poda de un árbol ubicado en un predio municipal que representaba peligro para las viviendas. El Tribunal constata que la Municipalidad incurrió en omisiones graves: no notificó al solicitante el informe técnico emitido en junio de 2025 y endilgó al administrado la responsabilidad de tramitar los permisos de poda ante el MINAE, cuando esa gestión correspondía a la propia corporación, dueña del inmueble. La Sala declara con lugar el amparo y ordena notificar de inmediato el estado de la gestión y, una vez que el MINAE resuelva, decidir definitivamente en el plazo de un mes. Se condena a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber ruled in favor of a resident of Residencial Villa Bonita in Dulce Nombre, Cartago, who requested that the Municipality prune a tree on municipal property that posed a danger to nearby houses. The Court found serious omissions: the Municipality failed to notify the applicant of the technical report issued in June 2025, and improperly shifted to the applicant the responsibility for seeking pruning permits from MINAE, when that task belonged to the Municipality as property owner. The Chamber granted the amparo and ordered immediate notification of the status of the request and, once MINAE resolves, a final decision within one month. The Municipality was ordered to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "20/03/2026",
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    "Municipalidad de Cartago",
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  "excerpt_es": "En primer término, a efectos de este proceso, no se acredita que el informe UTA-OF-108-2025 de 9 de junio de 2025 hubiese sido notificado al recurrente, impidiendo que este continuase con los trámites y gestiones pertinentes. En según término, la municipalidad endilgó al amparado la realización de actos que debía ejecutar la propia entidad, tal como la tramitación de los permisos de poda ante el MINAE, lo cual no es de recibo para este Tribunal. Esto, por cuanto, de conformidad con lo dicho en el considerando V de esta sentencia, la corporación municipal tiene la obligación constitucional de velar por los intereses de las personas de su cantón, como lo es el caso del recurrente y, además, el árbol se encuentra en un fundo de su propiedad.\n\nDicho lo anterior, en la especie se constata que existes omisiones y actuaciones arbitrarias de la Municipalidad de Cartago, lesionando los derechos fundamentales del amparado. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, como en efectos se dispone.",
  "excerpt_en": "First, for the purposes of this proceeding, it has not been proven that report UTA-OF-108-2025 of June 9, 2025, was notified to the appellant, preventing him from continuing with the relevant procedures and steps. Second, the Municipality imposed on the protected party the performance of acts that the entity itself should have carried out, such as processing the pruning permits before MINAE, which is unacceptable to this Court. This is because, in accordance with what was stated in recital V of this judgment, the municipal corporation has the constitutional obligation to safeguard the interests of the people of its canton, as is the case of the appellant, and, furthermore, the tree is located on land it owns.\n\nHaving said the above, in this case it is evident that there were omissions and arbitrary actions by the Municipality of Cartago, violating the fundamental rights of the protected party. Consequently, this amparo proceeding must be granted, as hereby ordered.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber granted the amparo due to omissions by the Municipality of Cartago in handling a request for pruning a hazardous tree, ordering notification of the status of the request and a final decision within one month after MINAE's resolution.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por omisiones de la Municipalidad de Cartago en la atención de una solicitud de poda de árbol riesgoso, ordenando notificar el estado de la gestión y resolver definitivamente en el plazo de un mes tras la decisión del MINAE."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "It is the responsibility of the municipalities to administer the local interests and services in each canton... from this derives the municipalities' authority to plan and supervise the urban development of their locality.",
      "quote_es": "Corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón... de ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "The cutting of tree species is justified when there are reasons of safety, health, and hygiene for communities and persons.",
      "quote_es": "La corta de especies arbóreas resulta justificada cuando median razones de seguridad, salubridad e higiene para las comunidades y las personas."
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      "quote_en": "The Municipality imposed on the protected party the performance of acts that the entity itself should have carried out, such as processing the pruning permits before MINAE, which is unacceptable to this Court.",
      "quote_es": "La municipalidad endilgó al amparado la realización de actos que debía ejecutar la propia entidad, tal como la tramitación de los permisos de poda ante el MINAE, lo cual no es de recibo para este Tribunal."
    },
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      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "It is ordered... to take the corresponding measures... so that, IMMEDIATELY upon notification of this judgment, the protected party is notified of the status of his request.",
      "quote_es": "Se ordena... tomar las medidas correspondientes... para que, DE MANERA INMEDIATA a la notificación de esta sentencia, al amparado se le notifique el estado de su gestión."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1378248",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 10080 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 26-003922-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-003922-0007-CO\n\nRes. Nº 2026010080\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veintiseis .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea y que fue incorporado al expediente electrónico a las 09:33 horas de 4 de abril de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Cartago. Manifiesta que el 5 de mayo de 2025 gestionó formalmente ante la Municipalidad de Cartago, por medio de la Plataforma de Servicios, una solicitud de inspección y valoración técnica para la poda preventiva de un árbol ubicado en el lote municipal, matrícula número , clasificado como zona de protección. Acota que en la solicitud detalló que el árbol señalado representa un riesgo real y actual para las viviendas del Residencial Villa Bonita ubicado en el distrito Dulce Nombre de Cartago, por cuanto posee ramas de gran tamaño que se extienden sobre las casas. Expone que a la gestión se le asignó el número de expediente administrativo 140377, según comprobante de recibido firmado y sellado el 6 de mayo de 2025. Reclama que, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el ayuntamiento accionado no ha realizado inspección técnica alguna, no ha emitido resolución administrativa formal, ni ha brindado respuesta clara, motivada y por escrito sobre lo solicitado. Afirma que la dilación administrativa apuntada coloca en una posición de riesgo a su familia y demás vecinos del lugar. Estima que lo descrito conculca sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de las 07:53 horas de 18 de febrero de 2026, se le dio curso a este recurso de amparo y se solicitó informe al Alcalde, al Jefe de la Unidad Ambiental y al Jefe del Departamento de Gestión de Riesgo, todos de la Municipalidad de Cartago, para que se refirieran a los hechos y omisiones alegados por el recurrente.\n\n3.- Rinden informe, bajo juramento, Mario Redondo Poveda, Milena Fuentes Morales y Paula Sanabria Mata, por su orden, Alcalde, Promotora Ambiental y Profesional en Prevención y Mitigación del Riesgo, todos de la Municipalidad de Cartago. Manifiestan lo siguiente:\n\n“(…) De previo a presentar los argumentos de descarga respecto al Recurso de Amparo que nos ocupa, las suscritas Licda. Milena Torres Morales e Ing. Paula Sanabria Mata, aclaramos que a partir del presente año la Unidad Técnica Ambiental y la Oficina de Gestión del Riesgo dejaron de existir en la estructura orgánica municipal y que, según el nuevo Manual de Puestos de la Municipalidad de Cartago vigente a partir del 05 de enero 2026, las suscritas ocupamos nueva condición como “Promotora Ambiental” subordinada al Departamento de Recolección de Basura del Area de Operaciones y “Profesional en Prevención y Mitigación del Riesgo” subordinada a la Alcaldía, respectivamente. Por lo tanto; consideramos que nuestras actividades, criterios y productos técnicos quedan sujetos a instrucción y visto bueno de las dependencias municipales constituidas como jefaturas en el nuevo organigrama municipal.\n\nNo obstante lo anterior y dado que hasta finalizar el año 2025 ambas funcionarias ostentábamos los cargos de Encargadas de la Unidad Técnica Ambiental y de la Oficina de Gestión del Riesgo y que en la fecha de los hechos descritos en el Recurso de Amparo N0.26-003922-0007CO aún ocupábamos ese cargo, por este medio procedemos a proporcionar la información que permite demostrar que la Administración Municipal sí brindó atención y respuesta oportuna a la solicitud presentada por el señor Nombre01 mediante Expediente de Plataforma de Servicios N0.140377 de fecha 06 de mayo 2025.\n\nEn lo que hace al suscrito Alcalde Municipal remití el Expediente N0.140377 para valoración y atención de la Unidad Técnica Ambiental mediante Oficio AM-TCI-794-2025 de fecha 02 de junio 2025. Se aclara que este asunto no fue remitido a la Oficina de Gestión del Riesgo.\n\nA su vez, en fecha 09 de junio 2025 la Unidad Técnica Ambiental elaboró el Informe UTA-OF-108-2025 de respuesta a la nota de remisión AM-TCI-794-2025 de la Alcaldía, demostrando el resultado de la inspección realizada y girando las recomendaciones pertinentes para orientar al señor Nombre01 a gestionar el criterio del MINAE como único ente competente para el otorgamiento de autorizaciones para intervenciones en árboles en zonas de protección.\n\nAsimismo, ante una nueva consulta sobre el mismo tema mediante expediente de Plataforma de Servicios N0.140377 y previendo que el Sr. Nombre01 no acudió al MINAE para obtener el permiso de eliminación de árboles en la zona de protección señalada y que es objeto de fiscalización de esa entidad, se remite consulta AM-OF-243-2026 de fecha\n\n19 de febrero 2026 firmada por el Lic. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipal, al Ing. Antonio Orozco Barrantes Jefe de la Oficina de Cartago Área de Conservación Central – SINAC-MINAE, preguntándole nuevamente sobre el caso expuesto por el señor Nombre01.\n\nEn conclusión y conforme consta con certificación adjunta, es incorrecto sostener que no se ha dado respuesta a la solicitud y situación que denuncia en amparo el recurrente porque como se ha mencionado, mediante el oficio UTA-OF-108-2025 notificado por la Alcaldía al recurrente en fecha 02 de julio 2025, se atendió en forma puntual lo que se pretende tener por omitido (…)\n\nSe insiste en que, posteriormente, mediante el oficio AM-OF-243-2026 de fecha 19 de febrero 2026, el cual se aporta certificado junto con su notificación, la Alcaldía dio seguimiento al caso y solicitó a Ing. Antonio Orozco Barrantes, en su calidad de Jefe de la Oficina de Cartago Área de Conservación Central – SINAC-MINAE (…)”\n\nPor lo expuesto, consideran que la gestión alegada por el recurrente fue debidamente atendida. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.-\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que interpuso ante la Municipalidad de Cartago una gestión para la poda de un árbol ubicado en un predio de esa entidad, pero a la fecha de interposición de este recurso de amparo su gestión no ha sido resuelta.\n\nII.- CUESTIÓN PREVIA REFERENTE AL DERECHO A JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante la interposición de una denuncia por el riesgo que representa un árbol que se encuentra en vía pública y que puede ser un peligro para la integridad de las personas, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este proceso de amparo.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1.      El recurrente es vecino de Residencial Villa Bonita ubicado en el distrito Dulce Nombre de Cartago (hecho no controvertido).\n\n1.      En la localidad en la que vive el recurrente se ubica un árbol que consta en una propiedad de la Municipalidad de Cartago (prueba aportada).\n\n2.      Por el tamaño del árbol, en fecha 6 de mayo de 2025, el recurrente interpuso una gestión ante la Municipalidad, a efectos de que se hiciera una poda del mismo (prueba aportada).\n\n3.      En la Alcaldía de la Municipalidad de Cartago a la gestión del recurrente se le asignó el expediente N° 140377, el cual fue trasladado a la Unidad Técnica Ambiental (informe y prueba aportada).\n\n4.      La municipalidad realizó una inspección in situ y emitió el informe UTA-OF-108-2025 de 9 de junio de 2025, con la indicación de orientar al tutelado para que gestionara ante el MINAE la autorización de la poda del árbol (informe y prueba aportada).\n\n5.      La resolución de curso dictada en este proceso de amparo fue notificada al Alcalde de Cartago el 19 de febrero de 2026 (actas de notificación).\n\n6.      El 19 de febrero de 2026, el Alcalde Municipal de Cartago interpuso ante el MINAE la solicitud de autorización de poda del árbol de cita (informe y prueba aportada).\n\nIV.- HECHOS NO PROBADOS. No se tienen por demostrados los siguientes hechos de relevancia:\n\n1.     Que la Municipalidad de Cartago hubiese notificado a la recurrente el informe UTA-OF-108-2025 de 9 de junio de 2025 (los autos).\n\n2.     Que la Municipalidad de Cartago haya resuelto, de manera definitiva, la denuncia del amparado (los autos).\n\nV.- RESPECTO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. Es de mérito indicar que corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con un ambiente libre de contaminación.\n\nVI.- SOBRE LA TALA DE ÁRBOLES POR CUESTIONES ESTRICTAMENTE DE SEGURIDAD. De previo a analizar los diversos argumentos de hecho y de derecho esgrimidos en este proceso de amparo, resulta de importancia hacer una breve referencia a la posible obligación de las instituciones públicas, en casos de necesidad, determinados por aspectos de seguridad y protección de la integridad de las personas, de proceder con la tala de árboles y vegetación. Al respecto, es menester advertir que, de conformidad con el artículo 50, de la Constitución Política, referente al derecho a disfrutar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, existe la obligación de evitar la corta indiscriminada de árboles, como uno de los medios de preservación de los recursos naturales. No obstante, frente a circunstancias que importan un eventual peligro para las personas y posibles daños ocasionados por los árboles, es oportuno disponer la tala de estos. Esto, bajo los presupuestos y limitaciones establecidas en la Ley Forestal N° 7575. Dicho esto, se tiene que la corta de especies arbóreas resulta justificada cuando median razones de seguridad, salubridad e higiene para las comunidades y las personas, siendo que en estos casos no se actuaría en contradicción o quebrando al derecho fundamental a un ambiente sano. La anteriores consideraciones encuentran sustento en los dispuesto por este Tribunal en su jurisprudencia, dentro de la que se pueden citar, entre otras, sentencia N° 2000-00901 de las 17:21 horas de 26 de enero de 2000,  N° 2012-002028 de las 10:05 horas de 17 de febrero de 2012, N° 2013-011669 de las 10:05 horas de 30 de agosto de 2013 y 2015-008533 de las 09:05 horas de 12 de junio de 2015.\n\nVII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, se tiene por acreditado que el recurrente es vecino  de Dirección01 ubicado en el distrito Dulce Nombre de Cartago, donde se ubica un inmueble de la Municipalidad de Cartago que tiene un árbol de gran tamaño. Por tal motivo, el 6 de mayo de 2025, el recurrente interpuso una gestión ante la corporación municipal recurrida, requiriendo la poda del árbol. Dicha gestión fue asignada al Alcalde Municipal, mediante expediente N° 140377, pero, posteriormente, fue trasladado a la Unidad Técnica Ambiental. Ese departamento realizó una inspección in situ y emitió el informe UTA-OF-108-2025 de 9 de junio de 2025, con la indicación de orientar al tutelado para que gestionara ante el MINAE la autorización de la poda del árbol.\n\nDe lo dicho anteriormente, se colige que existe una lesión que debe ser señalada, como lo es que la corporación municipal accionada no ha resuelto, de manera definitiva la denuncia planteada por el tutelado. Ciertamente, la municipalidad realizó una intervención en junio de 2025, pero también es cierto que ello no resolvió la gestión planteada, pues existen omisiones groseras, tal como se indica a continuación. En primer término, a efectos de este proceso, no se acredita que el informe UTA-OF-108-2025 de 9 de junio de 2025 hubiese sido notificado al recurrente, impidiendo que este continuase con los trámites y gestiones pertinentes. En según término, la municipalidad endilgó al amparado la realización de actos que debía ejecutar la propia entidad, tal como la tramitación de los permisos de poda ante el MINAE, lo cual no es de recibo para este Tribunal. Esto, por cuanto, de conformidad con lo dicho en el considerando V de esta sentencia, la corporación municipal tiene la obligación constitucional de velar por los intereses de las personas de su cantón, como lo es el caso del recurrente y, además, el árbol se encuentra en un fundo de su propiedad. Aun cuando la municipalidad, con ocasión de este proceso, haya solicitado la autorización de poda ante el MINAE, lo cierto es que no se ha resuelto de manera definitiva la gestión del tutelado.\n\nDicho lo anterior, en la especie se constata que existes omisiones y actuaciones arbitrarias de la Municipalidad de Cartago, lesionando los derechos fundamentales del amparado. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, como en efectos se dispone.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n  IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Redondo Poveda, Milena Fuentes Morales y Paula Sanabria Mata, por su orden, Alcalde, Promotora Ambiental y Profesional en Prevención y Mitigación del Riesgo, todos de la Municipalidad de Cartago, o a quienes ejerzan tales cargos, tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, DE MANERA INMEDIATA a la notificación de esta sentencia, al amparado se le notifique el estado de su gestión. Asimismo, que, dentro del plazo de UN MES, posterior a que el MINAE resuelva la solicitud de poda del árbol, se resuelva de manera definitiva la gestión planteada por el tutelado, siendo que sobre toda actuación y resolución deberá este ser notificado. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos y omisiones que dieron lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consiga nota.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n TPZHC7CJWYC61\n\nEXPEDIENTE N° 26-003922-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:44:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twentieth of March of two thousand twenty-six.\n\nAn amparo appeal (recurso de amparo) filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF CARTAGO.\n\nConsidering:\n\n1.- By brief submitted via Online Filing (Gestión en Línea) and incorporated into the electronic case file at 09:33 hours on April 4, 2026, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Cartago. He states that on May 5, 2025, he formally petitioned the Municipality of Cartago, through the Services Platform, for a technical inspection and assessment for the preventive pruning of a tree located on the municipal lot, registration number , classified as a protection zone (zona de protección). He notes that in the request he detailed that the indicated tree represents a real and current risk to the homes of Residencial Villa Bonita located in the Dulce Nombre de Cartago district, since it has large branches that extend over the houses. He explains that the petition was assigned administrative file number 140377, according to the receipt signed and sealed on May 6, 2025. He complains that, despite the time elapsed since then, the respondent municipal corporation has not conducted any technical inspection, has not issued a formal administrative resolution, nor has it provided a clear, reasoned, and written response to the request. He asserts that the noted administrative delay places his family and other neighbors in a position of risk. He deems that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the appeal be granted.\n\n2.- By resolution at 07:53 hours on February 18, 2026, this amparo appeal was processed and a report was requested from the Mayor, the Head of the Environmental Unit (Unidad Ambiental), and the Head of the Risk Management Department (Departamento de Gestión de Riesgo), all of the Municipality of Cartago, to address the acts and omissions alleged by the appellant.\n\n3.- Mario Redondo Poveda, Milena Fuentes Morales, and Paula Sanabria Mata, in that order, Mayor, Environmental Promoter (Promotora Ambiental), and Professional in Risk Prevention and Mitigation (Profesional en Prevención y Mitigación del Riesgo), all of the Municipality of Cartago, render their report under oath. They state the following:\n\n“(…) Before presenting the discharge arguments regarding the Amparo Appeal at hand, the undersigned Licda. Milena Torres Morales and Ing. Paula Sanabria Mata clarify that as of this year the Technical Environmental Unit (Unidad Técnica Ambiental) and the Risk Management Office (Oficina de Gestión del Riesgo) ceased to exist in the municipal organic structure and that, according to the new Position Manual of the Municipality of Cartago effective as of January 5, 2026, the undersigned hold new positions as “Environmental Promoter” subordinate to the Waste Collection Department of the Operations Area and “Professional in Risk Prevention and Mitigation” subordinate to the Mayor’s Office, respectively. Therefore, we consider that our activities, criteria, and technical products are subject to instruction and approval from the municipal dependencies constituted as heads in the new municipal organizational chart.\n\nNotwithstanding the foregoing and given that until the end of 2025 both officials held the positions of Heads of the Technical Environmental Unit and the Risk Management Office and that on the date of the facts described in Amparo Appeal No. 26-003922-0007CO we still held that position, through this means we proceed to provide the information that demonstrates that the Municipal Administration did provide timely attention and response to the request submitted by Mr. Nombre01 through Services Platform File No. 140377 dated May 6, 2025.\n\nAs for the undersigned Municipal Mayor, I referred File No. 140377 for assessment and attention from the Technical Environmental Unit via Official Letter AM-TCI-794-2025 dated June 2, 2025. It is clarified that this matter was not referred to the Risk Management Office.\n\nIn turn, on June 9, 2025, the Technical Environmental Unit prepared Report UTA-OF-108-2025 in response to referral note AM-TCI-794-2025 from the Mayor’s Office, showing the result of the inspection conducted and issuing the pertinent recommendations to guide Mr. Nombre01 to obtain the criteria of MINAE as the sole entity competent for granting authorizations for interventions on trees in protection zones.\n\nLikewise, in response to a new inquiry on the same subject via Services Platform file No. 140377 and foreseeing that Mr. Nombre01 did not go to MINAE to obtain the permit for tree removal in the indicated protection zone, which is subject to oversight by that entity, inquiry AM-OF-243-2026 dated February 19, 2026, signed by Lic. Mario Redondo Poveda, Municipal Mayor, is sent to Ing. Antonio Orozco Barrantes, Head of the Cartago Office of the Central Conservation Area – SINAC-MINAE, asking him again about the case presented by Mr. Nombre01.\n\nIn conclusion and as evidenced by the attached certification, it is incorrect to maintain that no response has been given to the request and situation reported in amparo by the appellant because, as has been mentioned, through official letter UTA-OF-108-2025 notified by the Mayor’s Office to the appellant on July 2, 2025, what is intended to be considered omitted was addressed in a timely manner (…)\n\nIt is insisted that, subsequently, through official letter AM-OF-243-2026 dated February 19, 2026, which is provided certified along with its notification, the Mayor’s Office followed up on the case and requested from Ing. Antonio Orozco Barrantes, in his capacity as Head of the Cartago Office of the Central Conservation Area – SINAC-MINAE (…)”\n\nFor the foregoing, they consider that the petition alleged by the appellant was duly addressed. They request that the appeal be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.-\n\nDrafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims that he filed a petition before the Municipality of Cartago for the pruning of a tree located on a property of that entity, but as of the filing date of this amparo appeal, his petition has not been resolved.\n\nII.- A PRELIMINARY ISSUE REGARDING THE RIGHT TO PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. Before analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure— it must be clarified that, from Judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals. Specifically, in this case, an exception scenario is presented —supported by the majority of this Constitutional Court— since it concerns the filing of a complaint about the risk posed by a tree located on a public road that may be a danger to the integrity of persons, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo proceeding.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\n1. The appellant is a resident of Residencial Villa Bonita located in the Dulce Nombre de Cartago district (uncontested fact).\n\n1. In the locality where the appellant lives there is a tree that is on a property of the Municipality of Cartago (evidence provided).\n\n2. Due to the size of the tree, on May 6, 2025, the appellant filed a petition before the Municipality, for the purpose of having it pruned (evidence provided).\n\n3. At the Mayor’s Office of the Municipality of Cartago, the appellant’s petition was assigned file No. 140377, which was forwarded to the Technical Environmental Unit (report and evidence provided).\n\n4. The municipality carried out an in situ inspection and issued report UTA-OF-108-2025 of June 9, 2025, with the instruction to guide the protected party to apply to MINAE for authorization for the tree pruning (report and evidence provided).\n\n5. The resolution admitting this amparo proceeding was notified to the Mayor of Cartago on February 19, 2026 (notification records).\n\n6. On February 19, 2026, the Municipal Mayor of Cartago filed before MINAE the request for authorization for pruning the tree in question (report and evidence provided).\n\nIV.- UNPROVEN FACTS. The following facts of relevance are not deemed proven:\n\n1. That the Municipality of Cartago had notified the appellant of report UTA-OF-108-2025 of June 9, 2025 (the case file).\n\n2. That the Municipality of Cartago has definitively resolved the complaint of the amparo-protected party (the case file).\n\nV.- REGARDING THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. It is of merit to indicate that municipalities are responsible for the administration of local interests and services in each canton, in accordance with the provisions of Article 169 of the Political Constitution. From this derives the jurisdiction of municipalities to plan and monitor the urban development of their locality. This includes the duty to establish a comprehensive planning policy that guarantees urban development consistent with an environment free of contamination.\n\nVI.- ON THE FELLING OF TREES FOR STRICTLY SECURITY REASONS. Before analyzing the various arguments of fact and law put forth in this amparo proceeding, it is important to make a brief reference to the possible obligation of public institutions, in cases of necessity determined by aspects of safety and protection of the integrity of persons, to proceed with the felling of trees and vegetation. In this regard, it is necessary to warn that, in accordance with Article 50 of the Political Constitution, referring to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, there is an obligation to avoid indiscriminate cutting of trees, as one of the means of preserving natural resources. However, faced with circumstances that entail a potential danger to persons and possible damages caused by trees, it is appropriate to order their felling. This, under the assumptions and limitations established in the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575. That said, the cutting of tree species is justified when reasons of safety, public health, and hygiene for communities and persons intervene, since in these cases one would not be acting in contradiction or breaching the fundamental right to a healthy environment. The foregoing considerations find support in what has been provided by this Court in its case law, among which can be cited, inter alia, Judgment No. 2000-00901 at 17:21 hours on January 26, 2000, No. 2012-002028 at 10:05 hours on February 17, 2012, No. 2013-011669 at 10:05 hours on August 30, 2013, and 2015-008533 at 09:05 hours on June 12, 2015.\n\nVII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case under study, it is accredited that the appellant is a resident of Dirección01 located in the Dulce Nombre de Cartago district, where a property of the Municipality of Cartago is located that has a large tree. For this reason, on May 6, 2025, the appellant filed a petition before the respondent municipal corporation, requesting pruning of the tree. Said petition was assigned to the Municipal Mayor, through file No. 140377, but was subsequently forwarded to the Technical Environmental Unit. That department conducted an in situ inspection and issued report UTA-OF-108-2025 of June 9, 2025, with the instruction to guide the protected party to apply to MINAE for authorization for the tree pruning.\n\nFrom the foregoing, it is inferred that there is a harm that must be pointed out, which is that the respondent municipal corporation has not definitively resolved the complaint made by the protected party. Certainly, the municipality carried out an intervention in June 2025, but it is also true that this did not resolve the petition made, as there are gross omissions, as indicated below. In the first place, for the purposes of this proceeding, it is not accredited that report UTA-OF-108-2025 of June 9, 2025 was notified to the appellant, preventing him from continuing with the pertinent procedures and petitions. In the second place, the municipality foisted onto the amparo-protected party the performance of acts that the entity itself should have executed, such as the processing of pruning permits before MINAE, which is not acceptable to this Court. This, because, in accordance with what is stated in Considering V of this judgment, the municipal corporation has the constitutional obligation to safeguard the interests of the people of its canton, as is the case of the appellant, and, furthermore, the tree is located on a property it owns. Even though the municipality, on the occasion of this proceeding, has requested the pruning authorization from MINAE, the truth is that the petition of the protected party has not been definitively resolved.\n\nThat said, in the specific case, it is verified that omissions and arbitrary actions exist on the part of the Municipality of Cartago, harming the fundamental rights of the amparo-protected party. Consequently, it is appropriate to grant this amparo proceeding, as is ordered in effect.\n\nVIII.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional scenarios, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the administrative contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. Mario Redondo Poveda, Milena Fuentes Morales, and Paula Sanabria Mata, in that order, Mayor, Environmental Promoter, and Professional in Risk Prevention and Mitigation, all of the Municipality of Cartago, or those who may hold such positions, are ordered to take the corresponding measures and within the scope of their powers so that, IMMEDIATELY upon notification of this judgment, the amparo-protected party is notified of the status of his petition. Likewise, that, within a period of ONE MONTH after MINAE resolves the tree pruning request, the petition made by the protected party is definitively resolved, and he must be notified of every action and resolution. The foregoing, under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or have it complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of Cartago is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts and omissions that gave rise to this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of sentence phase of the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez sets forth a note.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\nTPZHC7CJWYC61\n\nCASE FILE N° 26-003922-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:44:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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