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  "citation": "Res. 12174-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Denegatoria de acción de inconstitucionalidad contra sistema de trazabilidad bovina",
  "title_en": "Denial of unconstitutionality action against bovine traceability system",
  "summary_es": "La Sala Constitucional deniega el trámite a una acción de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Ejecutivo No. 44336-MAG-S-SP, que crea el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino. El accionante, un ciudadano, alegaba que el decreto imponía requisitos de identificación duplicados, cargas administrativas desproporcionadas, vulneraba el principio de legalidad, el bloque de constitucionalidad, el derecho a un ambiente sano y el bienestar animal. La Sala previno al actor para que subsanara omisiones formales, incluyendo la falta de legitimación y la acreditación de un asunto previo donde se hubiera invocado la inconstitucionalidad, así como el pago del timbre correspondiente. Dado que el accionante no cumplió con la prevención dentro del plazo otorgado, la Sala, aplicando el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, resuelve denegar el trámite de la acción sin entrar al fondo del asunto.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber denies processing of an unconstitutionality action filed against Executive Decree No. 44336-MAG-S-SP, which creates the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle. The plaintiff, a private citizen, argued that the decree imposed duplicative identification requirements, disproportionate administrative burdens, and violated the principle of legality, the constitutional block, the right to a healthy environment, and animal welfare. The Chamber issued a prevention order requiring the plaintiff to correct formal defects, including lack of standing and failure to demonstrate a prior proceeding where the unconstitutionality had been invoked, as well as payment of the corresponding stamp tax. Since the plaintiff did not comply within the granted period, the Chamber, applying Article 80 of the Constitutional Jurisdiction Law, denies the processing of the action without addressing its merits.",
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    "Decreto Ejecutivo 44336",
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  "excerpt_es": "I.- Dispone el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que si la acción no llena las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución cuales son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día, como en efecto se hizo en este caso. Esa misma norma agrega que si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. Por último, el artículo establece que de la resolución dictada por el presidente podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso, este elevará el asunto a conocimiento de la Sala para que decida lo que corresponda. Puesto que en el sub examine, la parte accionante efectivamente ha incumplido la prevención que se le formuló, no queda más que proceder en el sentido explicado.\n\nPor tanto:\n   Se deniega el trámite a esta acción.",
  "excerpt_en": "I.- Article 80 of the Constitutional Jurisdiction Law provides that if the action does not meet the formalities referred to in the two preceding articles, the President of the Chamber shall by resolution indicate which requirements have been omitted and order compliance within three days, as was done in this case. That same rule adds that if compliance is not achieved, the President shall deny the processing of the action. Finally, the article establishes that the resolution issued by the president may be appealed for revocation within three days, in which case the matter shall be referred to the Chamber for a decision. Since in the case at hand the plaintiff has indeed failed to comply with the prevention order issued, there is no alternative but to proceed as explained.\n\nTherefore:\n   The processing of this action is denied.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 12174 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 08 de Abril del 2026 a las 13:00\n\nExpediente: 26-008910-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-008910-0007-CO\n\nRes. Nº 2026012174\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cero minutos del ocho de abril de dos mil veintiséis.\n\n  Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, divorciado una vez, portador de la cédula de identidad número [Valor 001], vecino de San José, contra el Decreto Ejecutivo No. 44336 -MAG-S-SP Creación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino y Modificaciones al Reglamento a la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación.\n\nResultando:\n\n  1.- .- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:46 horas del 12 de marzo de 2026, el actor manifiesta que impugna el decreto referido, en cuanto establece un sistema obligatorio de identificación y trazabilidad del ganado bovino que exige la colocación de diversos mecanismos de identificación individual en los animales y la generación de registros asociados a esos mecanismos. A su juicio, tales medidas se superponen con controles y registros previamente establecidos en la legislación vigente, particularmente los vinculados con la regulación sanitaria y con la prevención del robo y comercialización ilícita de ganado. Sostiene que, en la práctica, la normativa obliga a los productores a mantener múltiples registros paralelos —internos de finca, sanitarios y de control genético— así como a implementar diversos sistemas de identificación física de los animales, lo cual implicaría una duplicidad innecesaria de trámites y controles administrativos. Según afirma, esta situación genera costos adicionales y cargas administrativas desproporcionadas para los ganaderos. Considera que el decreto contradice diversas normas del ordenamiento jurídico, entre ellas disposiciones destinadas a simplificar trámites administrativos, así como normativa sectorial vinculada con la actividad agropecuaria y la sanidad animal. Asimismo, alega que la regulación impugnada contraviene el marco jurídico que regula el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el régimen de control del ganado bovino, al introducir mecanismos que duplicarían funciones y procedimientos ya previstos en dichas leyes. Adicionalmente, sostiene que la normativa cuestionada entra en conflicto con disposiciones relativas al bienestar animal, al considerar que la implementación de múltiples mecanismos de identificación física —como marcas, aretes u otros dispositivos— podría ocasionar dolor, estrés y afectaciones en los animales utilizados en actividades productivas. Desde la perspectiva constitucional, el accionante sostiene que el decreto vulnera el principio de legalidad y el denominado bloque de constitucionalidad, al contradecir normativa legal vigente y compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense. Asimismo, afirma que la regulación impugnada vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al considerar que las prácticas de identificación y manipulación de los animales que promueve el sistema podrían generar afectaciones al bienestar animal y, en consecuencia, incidir negativamente en los procesos productivos y en el entorno ambiental. También afirma que el Estado tiene la obligación de aplicar principios preventivos y precautorios en materia ambiental, por lo que la adopción de medidas regulatorias que puedan generar impactos negativos en los animales y en el ambiente requeriría estudios técnicos adecuados. El accionante solicita que la Sala declare la inconstitucionalidad del decreto cuestionado y disponga la suspensión de su aplicación. Asimismo, plantea la adopción de una medida cautelar para suspender temporalmente la aplicación del sistema de identificación individual del ganado mientras se resuelve la acción\n\n 2.- Mediante resolución de las a las quince horas diecisiete minutos del trece de marzo de dos mil veintiséis, se previno al actor lo siguiente:  “a.- especificar cuál es el asunto previo pendiente de resolver sobre el cual basa la acción, o bien señalar las razones que le confieren legitimación para accionar directamente; b.- En caso de existir asunto previo, deberá aportar copia certificada del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, de manera expresa y con anterioridad a la interposición de la acción, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima vulnerado;  c.- Acreditar el estado procesal en que se encuentra el mismo.  Del mismo modo y sin perjuicio de lo anterior, conforme al artículo 4 de la Ley número 3245 del 3 de diciembre de 1963, se le previene adicionalmente que dentro del mismo plazo, agregue y cancele el timbre del Colegio de Abogados por la suma de doscientos setenta y cinco colones, correspondiente a la autenticación del escrito inicial, bajo el apercibimiento –en este caso- de no oír al omiso mientras no cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos”. Lo anterior dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento.\n\n3.-  Conforme a la constancia del 24 de marzo de 2026, la referida prevención no fue cumplida en tiempo por el accionante; y,\n\nConsiderando:\n\n I.-  Dispone el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que si la acción no llena las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución cuales son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día, como en efecto se hizo en este caso. Esa misma norma agrega que si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. Por último, el artículo establece que de la resolución dictada por el presidente podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso, este elevará el asunto a conocimiento de la Sala para que decida lo que corresponda. Puesto que en el sub examine, la parte accionante efectivamente ha incumplido la prevención que se le formuló, no queda más que proceder en el sentido explicado.\n\n II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n   Se deniega el trámite a esta acción.   \n\n \n\n\n\nINXCQEPXHWU61\nFERNANDO CASTILLO VÍQUEZ - PRESIDENTE/A\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 26-008910-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:41:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 12174 - 2026\n\nDate of Resolution: April 8, 2026, at 13:00\n\nCase File: 26-008910-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Unconstitutionality action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 26-008910-0007-CO\n\nRes. No. 2026012174\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours zero minutes on April eighth, two thousand twenty-six.\n\n Unconstitutionality action filed by [Name 001], of legal age, divorced once, bearer of identity card number [Value 001], resident of San José, against Executive Decree No. 44336 -MAG-S-SP Creation of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle and Amendments to the Regulation of the Law for the Control of Bovine Cattle, Prevention and Punishment of its Robbery, Theft, and Receiving.\n\nWhereas:\n\n 1.- .- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 17:46 hours on March 12, 2026, the plaintiff states that he challenges the referenced decree, insofar as it establishes a mandatory system for the identification and traceability of bovine cattle that requires the placement of various individual identification mechanisms on the animals and the generation of records associated with those mechanisms. In his opinion, such measures overlap with controls and records previously established in current legislation, particularly those linked to sanitary regulation and the prevention of theft and illegal commercialization of cattle. He maintains that, in practice, the regulation obliges producers to maintain multiple parallel records —internal farm records, sanitary records, and genetic control records— as well as to implement various physical animal identification systems, which would imply an unnecessary duplication of procedures and administrative controls. According to his statement, this situation generates additional costs and disproportionate administrative burdens for cattle ranchers. He considers that the decree contradicts various norms of the legal system, among them provisions intended to simplify administrative procedures, as well as sectoral regulations linked to agricultural activity and animal health. Likewise, he alleges that the challenged regulation contravenes the legal framework that regulates the operation of the National Animal Health Service (SENASA) and the bovine cattle control regime, by introducing mechanisms that would duplicate functions and procedures already provided for in said laws. Additionally, he maintains that the questioned regulation conflicts with provisions relating to animal welfare, considering that the implementation of multiple physical identification mechanisms —such as brands, ear tags, or other devices— could cause pain, stress, and harm to animals used in productive activities. From a constitutional perspective, the plaintiff maintains that the decree violates the principle of legality and the so-called block of constitutionality, by contradicting current legal regulations and international commitments assumed by the Costa Rican State. Likewise, he states that the challenged regulation violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, considering that the animal identification and handling practices promoted by the system could generate impacts on animal welfare and, consequently, have a negative impact on production processes and the environmental surroundings. He also states that the State has the obligation to apply preventive and precautionary principles in environmental matters, such that the adoption of regulatory measures that could generate negative impacts on animals and the environment would require adequate technical studies. The plaintiff requests that the Chamber declare the unconstitutionality of the questioned decree and order the suspension of its application. Likewise, he proposes the adoption of a precautionary measure to temporarily suspend the application of the individual cattle identification system while the action is resolved.\n\n 2.- By resolution at fifteen hours seventeen minutes on March thirteenth, two thousand twenty-six, the plaintiff was ordered to remedy the following: \"a.- specify what is the prior pending matter on which the action is based, or else indicate the reasons that confer standing to file directly; b.- In the event a prior matter exists, you must provide a certified copy of the brief in which the unconstitutionality of the challenged regulation was invoked, expressly and prior to the filing of the action, as a reasonable means of protecting the right or interest deemed violated; c.- Accredit the procedural status of the same. In the same manner and without prejudice to the foregoing, pursuant to Article 4 of Law number 3245 of December 3, 1963, you are further ordered that within the same period, you attach and cancel the stamp of the Bar Association (Colegio de Abogados) for the sum of two hundred seventy-five colones, corresponding to the authentication of the initial brief, under warning –in this case– of not hearing the party in default while they do not comply with what has been ordered, without retroaction of terms.\" The foregoing within the third day, counted from the day following the notification of this resolution and under warning of denying the processing of the action in case of non-compliance.\n\n 3.- According to the certificate of March 24, 2026, the aforementioned order to remedy was not complied with in time by the plaintiff; and,\n\nConsidering:\n\n I.- Article 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides that if the action does not fulfill the formalities referred to in the two preceding articles, the President of the Chamber shall indicate by resolution which are the omitted requirements and shall order them to be fulfilled within the third day, as was indeed done in this case. That same norm adds that if compliance with what was ordered is not given, the President shall deny the processing of the action. Finally, the article establishes that a request for revocation may be filed against the resolution issued by the president within the third day, in which case, the latter shall elevate the matter to the knowledge of the Chamber so that it may decide as appropriate. Since in the sub examine, the plaintiff has indeed failed to comply with the order to remedy that was issued, there is no choice but to proceed in the manner explained.\n\n II.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. 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South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 07-05-2026 15:41:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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