{ "id": "nexus-sen-1-0007-1383554", "citation": "Res. 13583-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho a la salud y reporte de resonancia magnética en Hospital San Francisco de Asís", "title_en": "Right to Health and MRI Report at Hospital San Francisco de Asís", "summary_es": "Una paciente del Hospital San Francisco de Asís interpuso recurso de amparo porque, desde junio de 2025, no recibía el resultado de una resonancia magnética realizada en el Hospital San Rafael de Alajuela. La Sala Constitucional determinó que, aunque las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela y el Centro Nacional de Imágenes Médicas no eran responsables, el Hospital San Francisco de Asís sí omitió emitir el reporte del estudio, lo cual lesionó el derecho a la salud de la recurrente. Tras la intervención del tribunal, el hospital emitió el reporte el 13 de abril de 2026, por lo que la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría. Se ordenó dar continuidad al caso para que la paciente reciba la valoración médica correspondiente.", "summary_en": "A patient from Hospital San Francisco de Asís filed an amparo action because, since June 2025, she had not received the results of an MRI performed at Hospital San Rafael de Alajuela. The Constitutional Chamber found that while authorities of Hospital San Rafael de Alajuela and the National Medical Imaging Center were not at fault, Hospital San Francisco de Asís failed to issue the imaging report, violating the petitioner's right to health. After the court's intervention, the hospital issued the report on April 13, 2026. The Chamber partially granted the amparo, with the majority ruling that no costs, damages, or losses were to be awarded. The hospital was ordered to ensure continuity of care so that the patient receives the corresponding medical evaluation.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "21/04/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "amparo", "listas de espera", "indemnización", "condenatoria en abstracto", "eficiencia del servicio público", "artículo 52 LJC", "voto salvado" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "amparo", "derecho a la salud", "listas de espera", "CCS", "resonancia magnética", "reporte médico", "Hospital San Francisco de Asís", "Sala Constitucional", "condenatoria en costas", "artículo 52 LJC" ], "keywords_en": [ "amparo", "right to health", "waiting lists", "CCSS", "MRI", "medical report", "Hospital San Francisco de Asís", "Constitutional Chamber", "costs award", "article 52 Constitutional Jurisdiction Law" ], "excerpt_es": "Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.\n\nLos jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere.", "excerpt_en": "Public entities providing health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, especially those requiring immediate and urgent medical attention; lack of human and material resources are not legally valid arguments to exempt them from fulfilling said obligation.\n\nThe heads of clinics and hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of \"waiting lists\" for surgical interventions and certain specialized exams, or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and expeditiously.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted: granted against Hospital San Francisco de Asís for failing to issue the MRI report, without a majority award of costs; denied against Hospital San Rafael de Alajuela and the National Medical Imaging Center.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso: con lugar respecto al Hospital San Francisco de Asís por la omisión en emitir el reporte de resonancia magnética, sin condenatoria en costas según mayoría; sin lugar respecto al Hospital San Rafael de Alajuela y al Centro Nacional de Imágenes Médicas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando XI (artículo 52 LJC)", "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.", "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "is_environmental": false, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "EV Generación de Machote: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH001.dpj\n\n\n\nExp: 26-008919-0007-CO \n\nRes. Nº 2026013583\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad no. CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 10:28 horas del 23 de marzo de 2026, el recurrente interpone el presente recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que el 24 de junio de 2025, la autoridad recurrida le programó un examen de TAC. Señala que, en tres ocasiones -a saber, el 6 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, así como el 5 de 2026 -acudió a citas en la especialidad de Radiología del Hospital San Rafael de Alajuela, con el fin de conocer el resultado del examen practicado. No obstante, indica que en todas esas oportunidades la autoridad recurrida le informó que dicho resultado aún no se encontraba disponible. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, continúa a la espera de ese resultado.\n\n2.- Por resolución de las 14:16 horas del 19 de marzo de 2026, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Director Médico y el Jefe del Servicio de Radiología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela; así como el Director de Centro Nacional de Imágenes Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre los hechos alegados por la recurrente.\n\n3.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala a las 14:42 horas del 23 de marzo de 2026, informa bajo juramento Tatiana Dormond Montaño, en su condición de Coordinadora del Servicio de Radiología del Hospital San Rafael de Alajuela. Manifiesta que los estudios de TAC correspondientes al Hospital San Francisco de Asís se efectúan físicamente en el Hospital San Rafael de Alajuela, las imágenes son depositadas en los servidores institucionales y a nivel local; sin embargo, la interpretación de estos no se realiza en el servicio recurrido, pues dicha lectura le corresponde al Servicio de Radiología del Hospital San Francisco de Asís. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala a las 14:42 horas del 23 de marzo de 2026, informa bajo juramento Karen Rodríguez Segura, en su condición de Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela, en igual sentido que la Coordinadora del Servicio de Radiología del mismo nosocomio recurrido. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Por resolución de las 9:11 horas del 7 de abril de 2026, el Magistrado Instructor amplió las partes del proceso y solicitó informe al Director Médico y al Jefe del Servicio de Radiología, ambos del Hospital San Francisco de Asís, sobre los hechos alegados por la recurrente y el Hospital San Rafael de Alajuela. Asimismo, se les solicitó referirse en cuanto a lo siguiente: “a) Si la interpretación del TAC realizado a la recurrente Nombre01, cédula de identidad no. CED01, el 24 de junio de 2025, ya fue realizada e incluida en el expediente médico; y b) en caso contrario, indicar las razones y cuando le será realizada”.\n\n6.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala a las 13:26 horas del 14 de abril de 2026, informa bajo juramento Luis Diego Alfaro Fonseca, en su condición de Director General y Jefe del Servicio de Radiología del Hospital San Francisco de Asís. Manifiesta que con el fin de garantizar el derecho a la atención de la persona amparada y que se cuente con el reporte del citado estudio de TAC, se ha girado la instrucción para gestionar dicho informe, el cual ha sido reportado el 13 de abril de 2026, quedando debidamente incorporado en el Expediente Digital de la recurrente, para que sea valorado por el médico solicitante del estudio. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n 7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso. Alega la recurrente que desde el 24 de junio de 2025, se le realizó una resonancia magnética en el Hospital San Rafael de Alajuela. Señala que en tres ocasiones se ha presentado ante el Servicio de Radiología con el fin de conocer el reporte del examen; sin embargo, se le indica que el resultado aún no se encuentra disponible. Estima lesionado su derecho a la salud.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1) La recurrente tiene 46 años (ver consulta en la página del Tribunal Supremo de Elecciones).\n\n2) El 24 de junio de 2025, las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela le realizaron a la petente en el Servicio de Radiología la resonancia magnética (ver informes de las autoridades recurridas).\n\n3) Según la Coordinadora del Servicio de Radiología del Hospital San Rafael de Alajuela, “(…) los estudios de TAC correspondientes al Hospital San Francisco de Asís se efectúan físicamente en este centro médico, las imágenes son depositadas en los servidores institucionales y a nivel local; sin embargo, la interpretación de estos no se realiza en este servicio, pues dicha lectura le corresponde al Servicio de Radiología del Hospital San Francisco de Asís” (ver informes de las autoridades recurridas).\n\n4) El 19 de marzo de 2026, se notificó a las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela la resolución de curso de este proceso de amparo (ver actas de notificación).\n\n5) El 20 de marzo de 2026, se notificó a las autoridades del Centro Nacional de Imágenes Médicas la resolución de curso de este proceso de amparo (ver actas de notificación).\n\n6) El 9 de abril de 2026, se notificó a las autoridades del Hospital San Francisco de Asís la resolución de ampliación del curso de este proceso de amparo (ver actas de notificación).\n\n7) Con motivo de la notificación de la resolución de ampliación del curso de este amparo, el 13 de abril de 2026, las autoridades Hospital San Francisco de Asís realizaron el reporte de la resonancia magnética, quedando debidamente incorporado en el Expediente Digital de la recurrente, para que sea valorado por el médico solicitante del estudio (ver informes de las autoridades recurridas).\n\nIII.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución Política es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.\n\nIV.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública). \n\nV.- Sobre las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela. Al respecto, consta que el 24 de junio de 2025, las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela le realizaron a la petente en el Servicio de Radiología la resonancia magnética. Ahora bien, según lo informado por la Coordinadora del Servicio de Radiología del Hospital San Rafael de Alajuela, “(…) los estudios de TAC correspondientes al Hospital San Francisco de Asís se efectúan físicamente en este centro médico, las imágenes son depositadas en los servidores institucionales y a nivel local; sin embargo, la interpretación de estos no se realiza en este servicio, pues dicha lectura le corresponde al Servicio de Radiología del Hospital San Francisco de Asís”.\n\nAsí las cosas, no se observa acción u omisión alguna de parte de las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela en perjuicio de los derechos fundamentales de la recurrente, por cuanto se tuvo por demostrado que las autoridades de dicho nosocomio le realizaron a la petente la resonancia magnética con anterioridad de la notificación de la resolución de curso de este amparo y sin que fuera necesaria la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\nEn consecuencia, bajo este extremo el recurso debe ser declarado sin lugar como en efecto se dispone.\n\nVI.- Sobre las autoridades del Centro Nacional de Imágenes Médicas. Consta que a dicho centro no le corresponde realizar los estudios de resonancias magnéticas de los pacientes del Hospital San Rafael de Alajuela. En consecuencia, bajo este extremo el recurso debe ser declarado sin lugar como en efecto se dispone.\n\nVII.- Sobre las autoridades del Hospital San Francisco de Asís. Al respecto, consta que con motivo de la notificación de la resolución de ampliación del curso de este amparo, el 13 de abril de 2026, las autoridades Hospital San Francisco de Asís realizaron el reporte de la resonancia magnética, quedando debidamente incorporado en el Expediente Digital de la recurrente, para que sea valorado por el médico solicitante del estudio. En consecuencia, lo que procede es declarar con lugar el recurso a en cuanto a estas autoridades, sin emitir orden alguna y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por cuanto la pretensión reclamada fue satisfecha.\n\nVIII.- Tomen nota las Hospital San Francisco de Asís, el deber de darle continuidad al caso de la recurrente a efectos de que se le asigne cita dentro de un plazo razonable con el fin de que se le realice la valoración que requiere junto con el reporte de la resonancia magnética, dentro de un plazo razonable. Lo anterior, de conformidad con los criterios de protección del derecho a la salud definidos por la jurisprudencia de esta Sala.\n\nIX.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nX.- Nota del Magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAño\n\nCantidad en salud\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nXI.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nXII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión no. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial no. 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión no. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Tomen nota las autoridades del Hospital San Francisco de Asís de lo indicado en el considerando VIII de esta sentencia. En cuanto a las autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela y del Centro Nacional de Imágenes Médicas, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n P4743ABJS47PQG61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-008919-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "EV Document Generation Template: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH001.dpj\n\n\n\nExp: 26-008919-0007-CO\n\nRes. No. 2026013583\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on April twenty-first, two thousand twenty-six.\n\nAmparo appeal filed by Nombre01, identity card no. CED01, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nConsidering:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital file at 10:28 a.m. on March 23, 2026, the appellant files this amparo appeal against the Caja Costarricense de Seguro Social. She states that on June 24, 2025, the respondent authority scheduled a CT scan for her. She points out that on three occasions—namely, October 6 and December 9, 2025, as well as the 5th of 2026—she attended appointments in the Radiology specialty at Hospital San Rafael de Alajuela in order to learn the result of the examination performed. However, she indicates that on all those occasions the respondent authority informed her that said result was not yet available. She claims that, as of the date of filing this appeal, she continues to await that result.\n\n2.- By resolution at 2:16 p.m. on March 19, 2026, the amparo was granted leave to proceed and a report was requested from the Medical Director and the Head of the Radiology Service, both of Hospital San Rafael de Alajuela; as well as the Director of the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the Caja Costarricense de Seguro Social, regarding the facts alleged by the appellant.\n\n3.- By brief received via email by the Chamber at 2:42 p.m. on March 23, 2026, Tatiana Dormond Montaño, in her capacity as Coordinator of the Radiology Service of Hospital San Rafael de Alajuela, reports under oath. She states that the CT scan studies corresponding to Hospital San Francisco de Asís are physically performed at Hospital San Rafael de Alajuela, the images are deposited on the institutional and local servers; however, the interpretation of these is not performed in the respondent service, as said reading corresponds to the Radiology Service of Hospital San Francisco de Asís. She requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- By brief received via email by the Chamber at 2:42 p.m. on March 23, 2026, Karen Rodríguez Segura, in her capacity as Director General of Hospital San Rafael de Alajuela, reports under oath, in the same sense as the Coordinator of the Radiology Service of the same respondent hospital. She requests that the appeal be dismissed.\n\n5.- By resolution at 9:11 a.m. on April 7, 2026, the Instructing Judge expanded the parties to the proceeding and requested a report from the Medical Director and the Head of the Radiology Service, both of Hospital San Francisco de Asís, regarding the facts alleged by the appellant and Hospital San Rafael de Alajuela. Likewise, they were requested to address the following: \"a) Whether the interpretation of the CT scan performed on the appellant Nombre01, identity card no. CED01, on June 24, 2025, has already been performed and included in the medical record; and b) if not, indicate the reasons and when it will be performed.\"\n\n6.- By brief received via email by the Chamber at 1:26 p.m. on April 14, 2026, Luis Diego Alfaro Fonseca, in his capacity as Director General and Head of the Radiology Service of Hospital San Francisco de Asís, reports under oath. He states that in order to guarantee the right to care of the protected person and ensure that the report of the cited CT scan study is available, the instruction has been given to process said report, which has been reported on April 13, 2026, being duly incorporated into the Digital File of the appellant, so that it can be evaluated by the physician who requested the study. He requests that the appeal be dismissed.\n\n7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that since June 24, 2025, an MRI (resonancia magnética) was performed on her at Hospital San Rafael de Alajuela. She states that she has presented herself before the Radiology Service on three occasions to learn the report of the examination; however, she is told that the result is not yet available. She considers her right to health injured.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:\n\n1) The appellant is 46 years old (see query on the website of the Tribunal Supremo de Elecciones).\n\n2) On June 24, 2025, the authorities of Hospital San Rafael de Alajuela performed the MRI (resonancia magnética) on the petitioner in the Radiology Service (see reports from the respondent authorities).\n\n3) According to the Coordinator of the Radiology Service of Hospital San Rafael de Alajuela, \"(…) the CT scan studies corresponding to Hospital San Francisco de Asís are physically performed at this medical center, the images are deposited on the institutional and local servers; however, the interpretation of these is not performed in this service, as said reading corresponds to the Radiology Service of Hospital San Francisco de Asís\" (see reports from the respondent authorities).\n\n4) On March 19, 2026, the authorities of Hospital San Rafael de Alajuela were notified of the resolution granting leave to proceed with this amparo process (see notification records).\n\n5) On March 20, 2026, the authorities of the Centro Nacional de Imágenes Médicas were notified of the resolution granting leave to proceed with this amparo process (see notification records).\n\n6) On April 9, 2026, the authorities of Hospital San Francisco de Asís were notified of the resolution expanding the course of this amparo process (see notification records).\n\n7) On the occasion of the notification of the resolution expanding the course of this amparo, on April 13, 2026, the authorities of Hospital San Francisco de Asís generated the report of the MRI (resonancia magnética), which was duly incorporated into the Digital File of the appellant, so that it can be evaluated by the physician who requested the study (see reports from the respondent authorities).\n\nIII.- Regarding the fundamental right to health. The right to life recognized in numeral 21 of the Political Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the Political Charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Caja Costarricense de Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, organs, and officials owe themselves to users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.\n\nIV.- Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from compliance with such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social are duty-bound to adopt and implement organizational changes, to hire the medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious care of patients, the problem of “waiting lists” for surgical interventions and the application of certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and speedily. The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of Hospitals and Clinics that belong to it are duty-bound and, consequently, are personally responsible—in the terms of Article 199 and following of the Ley General de la Administración Pública—for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to definitively put an end to the tardy provision—which, on occasions, becomes negligent due to its consequences—of health services, a situation that constitutes, by all lights, an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the Ley General de la Administración Pública).\n\nV.- Regarding the authorities of Hospital San Rafael de Alajuela. In this regard, it is on record that on June 24, 2025, the authorities of Hospital San Rafael de Alajuela performed the MRI (resonancia magnética) on the petitioner in the Radiology Service. However, according to the information provided by the Coordinator of the Radiology Service of Hospital San Rafael de Alajuela, \"(…) the CT scan studies corresponding to Hospital San Francisco de Asís are physically performed at this medical center, the images are deposited on the institutional and local servers; however, the interpretation of these is not performed in this service, as said reading corresponds to the Radiology Service of Hospital San Francisco de Asís.\"\n\nThus, no action or omission is observed on the part of the authorities of Hospital San Rafael de Alajuela to the detriment of the appellant's fundamental rights, since it was demonstrated that the authorities of said hospital performed the MRI (resonancia magnética) on the petitioner prior to the notification of the resolution granting leave to proceed with this amparo, and without the intervention of this Constitutional Court being necessary.\n\nConsequently, on this point the appeal must be dismissed, as is hereby ordered.\n\nVI.- Regarding the authorities of the Centro Nacional de Imágenes Médicas. It is on record that this center is not responsible for performing MRI (resonancias magnéticas) studies for patients of Hospital San Rafael de Alajuela. Consequently, on this point the appeal must be dismissed, as is hereby ordered.\n\nVII.- Regarding the authorities of Hospital San Francisco de Asís. In this regard, it is on record that on the occasion of the notification of the resolution expanding the course of this amparo, on April 13, 2026, the authorities of Hospital San Francisco de Asís generated the report of the MRI (resonancia magnética), which was duly incorporated into the Digital File of the appellant, so that it can be evaluated by the physician who requested the study. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal with respect to these authorities, without issuing any order and without special condemnation for costs, damages, and losses, since the claimed petition was satisfied.\n\nVIII.- Let Hospital San Francisco de Asís take note of the duty to give continuity to the appellant's case so that an appointment is assigned to her within a reasonable timeframe so that she receives the evaluation she requires along with the MRI report (reporte de la resonancia magnética), within a reasonable timeframe. The foregoing, in accordance with the criteria for the protection of the right to health defined by the jurisprudence of this Chamber.\n\nIX.- Regarding the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under a better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case under examination, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable\"), the grant must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obligates the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that this same paragraph in fine refers that the grant is issued \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the petition of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: \"any resolution that upholds the appeal will condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation will be reserved for the execution of the sentence,\" where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if she so wishes, to a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.\n\nX.- Note by Judge Rueda Leal. The issue of amparo appeals related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as the statistics of this Court demonstrate.\n\nQuantity of health case files received by the Constitutional Chamber:\n\n| Year | Quantity in health |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's active caseload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. Regarding the above, this Court, in ruling no. 2019-005560 of 09:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of such pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report submitted in case file no. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of medical specialists, equipment needs and increasing demand from the primary care level, absenteeism of patients from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others. In the cited integrated management system project, reasonable waiting times must be defined by pathology or related diagnosis groups according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous peoples, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the vote in question, it is intended that the Caja Costarricense de Seguro Social —within the framework of its constitutional and legal competencies— take the required measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, with the purpose of monitoring compliance with the referred ruling, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist with the monitoring of the execution of such resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense de to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not just from the Chamber's resolutions.\n\nXI.- Partial dissenting vote of Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-condemnation for costs, damages, and losses against the respondent party.\n\nAlthough I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\"\n\nOn the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:\n\n\"...any resolution that upholds the appeal will condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation will be reserved for the execution of the sentence.\"\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIn the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has taken the grievance as proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's opinion, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court confirms an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a case contemplated in the referred Article 52—, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the damaging consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has taken the grievance as proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those cases, the imperious need arises for a condemnation for costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time of hearing and resolving the amparo by granting it, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the applicability of the condemnation for costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that the cited Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor pronounced on, the merits of the claim, has confirmed the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, agreed in its favor by the Administration; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution granting leave to proceed with the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable way, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, despite the grant of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal will be granted \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it is only applicable in the instances strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered with the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly on record that in the specific case, no damage capable of being compensated was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever that discredits the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions —the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction— the grant of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of persons' fundamental rights. From that angle, the analysis performed by this court focuses on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the cited precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, statutes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that such examination of pertinence may, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. For reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following purpose:\n\n\"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of the sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this process is directed at analyzing the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract award of damages in those categories, since such claims would not be admissible in these types of cases when the judgment rendered in the amparo proceeding expressly established the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special process in the contentious-administrative jurisdiction requires, as a sine qua non condition, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my view, under the mentioned Article 52 of the LJC, the dispensation from that pecuniary award requires proof, in each case, of situations from which it is reasoned that there is an absence of pecuniary injuries, even potential ones, arising from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception which, as such, requires a qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, halts, or suspends the challenged act does not, per se, rule out that, prior to that cessation by its own cause or a cause external to the respondent entity, the accused negligence or alleged disturbance may have caused damages and losses. However, that substantive issue, regarding the actual occurrence of injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that lie outside the nature of these proceedings and which, as regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract award that then forms the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses since, it is insisted, that is not its purpose or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or prove damages, as what they seek is the protection of their fundamental rights. Later, whether those administrative actions caused them injury is an extreme that, by principial thesis and save exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in these types of cases. Note that, in the situation regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, the Chamber does not enter into assessing whether or not there is an infringement, consequently, it can much less determine whether, based on what the petitioner denounced, there may or may not be situations subject to possible civil reparation. In this way, the dispensation from the award referred to by that rule is exceptional in nature, not principial. Therefore, in those situations, the rule imposes an abstract award, so that its origin may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their pecuniary sphere would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that brings about the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the alleged disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or the deterioration of their situation, insofar as it was ceased for the causes alluded to in the rule under examination, generated damages and losses, is a matter that, save evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, should in no way be denied, as a presumption, by the mere occurrence of the fact situation regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the respect always due to the majority position, I express my vote and reiterate that granting this appeal must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.\n\nXII.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged act, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.”\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution granting the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so confirms, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, an abstract award for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not granted, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract award, no damages or losses occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only to them does it fall to deem the real existence and magnitude of the same as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, this would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.\n\nXIII.- Documentation submitted to the file. The party is warned that, if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been submitted, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session no. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session no. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is partially granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction, without a special award for costs, damages, and losses. The authorities of the Hospital San Francisco de Asís shall take note of what is indicated in Considerando VIII of this judgment. Regarding the authorities of the Hospital San Rafael de Alajuela and the Centro Nacional de Imágenes Médicas, the appeal is dismissed. Magistrate Rueda Leal sets down a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Let it be notified.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verifier Code --\n\n\n\n P4743ABJS47PQG61 \n\nFILE N° 26-008919-0007-CO \n\n \n\nTelephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro)." }