{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1383650",
  "citation": "Res. 13683-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Gastroscopía en plazo de 3 meses por espera desproporcionada",
  "title_en": "Gastroscopy within 3 months due to disproportionate wait",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, al considerar que un plazo de espera de más de 20 meses para realizar una gastroscopía prescrita a un paciente adulto mayor con múltiples padecimientos crónicos resultaba irrazonable y violatorio del derecho a la salud y a la vida consagrados en el artículo 21 de la Constitución. La Sala ordenó que el procedimiento se efectuara en un plazo máximo de tres meses, bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, condenando a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. Se destaca la nota del Magistrado Rueda Leal que contextualiza el incremento exponencial de recursos de amparo por violaciones al derecho a la salud y la problemática de listas de espera, citando la sentencia 2019-005560 que declaró la vulneración sistemática de este derecho.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo against the Costa Rican Social Security Fund, finding that a waiting period exceeding 20 months for a gastroscopy prescribed to an elderly patient with multiple chronic conditions was unreasonable and violated the rights to health and life under Article 21 of the Constitution. The Chamber ordered the procedure to be performed within a maximum of three months, under the strict responsibility and supervision of his treating physician, and ordered the CCSS to pay costs, damages, and losses. Justice Rueda Leal's note highlights the exponential increase in amparo claims for health rights violations and the waiting list problem, citing ruling 2019-005560 that declared the systematic violation of this right.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "21/04/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "derecho a la salud",
    "listas de espera",
    "artículo 21",
    "razonabilidad del plazo",
    "adulto mayor",
    "gastroscopia",
    "CCS",
    "amparo",
    "eficiencia del servicio público"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "derecho a la salud",
    "listas de espera",
    "gastroscopía",
    "artículo 21 Constitución",
    "razonabilidad del plazo",
    "Caja Costarricense de Seguro Social",
    "adulto mayor",
    "eficiencia servicio público",
    "recurso de amparo",
    "sentencia estructural"
  ],
  "keywords_en": [
    "right to health",
    "waiting lists",
    "gastroscopy",
    "Article 21 Constitution",
    "reasonableness of delay",
    "Costa Rican Social Security Fund",
    "elderly",
    "public service efficiency",
    "amparo remedy",
    "structural ruling"
  ],
  "excerpt_es": "IV.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. (...)\n\nV.- CASO CONCRETO. (...) Nótese que es irrazonable que el recurrente deba esperar más de 20 meses para que se le realice un examen, motivo por el cual se acredita una infracción a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.\n\nPOR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena (...) que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, al recurrente se le practique la gastroscopia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante...",
  "excerpt_en": "IV.- Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. (...)\n\nV.- SPECIFIC CASE. (...) Note that it is unreasonable for the appellant to wait more than 20 months for an examination to be performed, which is why a violation of the provisions of Article 21 of the Constitution is accredited. Thus, this appeal must be granted, with the consequences indicated in the operative part.\n\nTHEREFORE: The appeal is granted. It is ordered (...) to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this sentence, the gastroscopy is performed on the appellant, all under strict responsibility and supervision of his treating physician...",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The CCSS is ordered to perform a gastroscopy on the appellant within a maximum of three months, under medical supervision, with condemnation for costs, damages, and losses.",
    "summary_es": "Se ordena a la CCSS realizar una gastroscopia al recurrente en un plazo máximo de tres meses, bajo supervisión médica, con condena en costas, daños y perjuicios."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients...",
      "quote_es": "Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes..."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "...it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and expeditious manner.",
      "quote_es": "...es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Note that it is unreasonable for the appellant to wait more than 20 months for an examination to be performed, which is why a violation of the provisions of Article 21 of the Constitution is accredited.",
      "quote_es": "Nótese que es irrazonable que el recurrente deba esperar más de 20 meses para que se le realice un examen, motivo por el cual se acredita una infracción a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional."
    },
    {
      "context": "Nota del Magistrado Rueda Leal",
      "quote_en": "...in ruling No. 2019-005560 at 09:30 on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, due to the phenomenon of waiting lists.",
      "quote_es": "...en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "",
  "tier": 2,
  "is_environmental": false,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "\n\nExp: 26-009523-0007-CO \n\nRes. Nº 2026013683\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado en la Secretaría de la Sala el 17 de marzo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es paciente adulto mayor, portador de enfermedades crónicas específicamente, hipertensión arterial, diabetes mellitus, gastritis y úlceras gástricas, que le generan dolor constante, acidez severa y limitaciones en su alimentación diaria. Asimismo, presenta diagnóstico de escabiosis. Debido a su condición, se le indicó la realización de una gastroscopía; no obstante, alega que la Especialidad de Gastroenterología del hospital accionado le programó la cita para el 07 de febrero de 2028 (véase la prueba aportada a los autos). Reclama que el plazo de espera de 02 años resulta desproporcionado y violatorio de sus derechos fundamentales. Por lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias que este implique.\n\n2.- Por resolución de las 15:00 horas del 10 de abril de 2026, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas. \n\n 3.- Informan bajo juramento Tania Jimenez Umaña, en su calidad de Directora General y, Rolando Paéz Sáenz, en su calidad de Jefe Servicio de Gastroenterología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, este último indicó que la endoscopia fue solicitada con criterio de cupo y de esa forma se dio la primera cita de asignación electrónica disponible. Solicitan que se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que debido a su condición de salud su médico tratante prescribió la realización de una gastroscopía; no obstante, alega que la Especialidad de Gastroenterología del hospital accionado le fue programada la cita para el 07 de febrero de 2028. que el plazo de espera de 02 años resulta desproporcionado y violatorio de sus derechos fundamentales.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes: \n\na) El recurrente tiene 64 años (sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones). \n\nb) En fecha no precisa el médico tratante del recurrente tratante prescribió la realización de una gastroscopía en la Especialidad de Gastroenterología la cual le fue programada para el 07 de febrero de 2028 (informe de las autoridades recurridas). \n\nIII.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. \n\nIV.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública). \n\nV.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón la parte recurrente en su alegato. Al respecto, se acredita que en fecha no precisa el médico tratante del recurrente tratante prescribió la realización de una gastroscopía en la Especialidad de Gastroenterología la cual le fue programada para el 07 de febrero de 2028. Nótese que es irrazonable que el recurrente deba esperar más de 20 meses para que se le realice un examen, motivo por el cual se acredita una infracción a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\n VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n \n\n Se declara con lugar el recurso. Se le ordena Tania Jimenez Umaña, en su calidad de Directora General y, Rolando Paéz Sáenz, en su calidad de Jefe Servicio de Gastroenterología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, al recurrente se le practique la gastroscopia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre que una variación de las circunstancias médicas del paciente no requiera otro tipo de atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese. – \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n UZQNBRDNKDY61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-009523-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Exp: 26-009523-0007-CO\n\nRes. No. 2026013683\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-first of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card number CED01, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber on March 17, 2026, the petitioner files an amparo action and states that he is an elderly patient, suffering from chronic diseases, specifically, arterial hypertension, diabetes mellitus, gastritis, and gastric ulcers, which cause him constant pain, severe heartburn, and limitations in his daily diet. He also presents a diagnosis of scabies. Due to his condition, a gastroscopy was indicated; however, he claims that the Gastroenterology Specialty of the respondent hospital scheduled the appointment for February 7, 2028 (see the evidence provided in the case file). He complains that the waiting period of 02 years is disproportionate and violates his fundamental rights. Based on the foregoing, he requests that the action be granted with all resulting consequences.\n\n2.- By resolution issued at 3:00 p.m. on April 10, 2026, the proceeding is admitted and reports are requested from the respondent authorities.\n\n3.- Tania Jimenez Umaña, in her capacity as General Director, and Rolando Paéz Sáenz, in his capacity as Head of the Gastroenterology Service, both officials of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, report under oath; the latter stated that the endoscopy was requested with a slot criterion and in this manner the first available electronic assignment appointment was given. They request that the action be dismissed.\n\n4.- In the processing of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that due to his health condition, his treating physician prescribed a gastroscopy; however, he claims that the Gastroenterology Specialty of the respondent hospital scheduled the appointment for February 7, 2028. That the waiting period of 02 years is disproportionate and violates his fundamental rights.\n\nII.- PROVEN FACTS. The following facts, relevant to resolving this amparo action, are deemed accredited:\n\na) The petitioner is 64 years old (website of the Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb) On an unspecified date, the petitioner's treating physician prescribed a gastroscopy in the Gastroenterology Specialty, which was scheduled for February 7, 2028 (report of the respondent authorities).\n\nIII.- Regarding the fundamental right to health. The right to life recognized in article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that provision of the constitution, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by hospitals, clinics, and other healthcare units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.\n\nIV.- Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of \"waiting lists\" for surgical interventions and the application of certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and expeditious manner. The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to it have the duty and, consequently, are personally responsible—in the terms of article 199 and following of the General Law of Public Administration—for adopting and implementing all the administrative and organizational measures and steps to definitively put an end to the tardy provision—which, on occasion, becomes omitted due to its consequences—of health services, a situation that constitutes, by all accounts, an unequivocal lack of service that may give rise to the administrative patrimonial liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (articles 190 and following of the General Law of Public Administration).\n\nV.- SPECIFIC CASE. In the present matter, this Constitutional Court, in accordance with the evidence added to the case file, as well as the report rendered under oath by the respondent authorities, considers that the petitioner is correct in his claim. In this regard, it is accredited that on an unspecified date, the petitioner's treating physician prescribed a gastroscopy in the Gastroenterology Specialty, which was scheduled for February 7, 2028. It should be noted that it is unreasonable for the petitioner to have to wait more than 20 months for an examination to be performed, for which reason an infringement of the provisions of article 21 of the Constitution is accredited. This being the case, the present action must be granted, with the consequences indicated in the operative part.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in constitutional jurisdiction. This type of proceeding has had an exponential increase, as the statistics of this Court demonstrate.\n\nNumber of health case files filed with the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | AMOUNT IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the preceding table, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from the year 2012 to date there has been a constant increase in cases filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject reached 43.21% of the Court's circulating workload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. With regard to the above, this Court, in judgment no. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file no. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand in the first level of care, patient absenteeism to appointments in various medical centers of the respondent institution, among others. In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (elderly persons, indigenous persons, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the cited ruling intends that the Caja Costarricense de Seguro Social—within the framework of its constitutional and legal powers—take the required measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. Together with this, for the purpose of monitoring compliance with the said judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist with the monitoring of the execution of said resolution. This being the case, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.\n\nVII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (Regulations on the Electronic Court File before the Judiciary), approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is granted. Tania Jimenez Umaña, in her capacity as General Director, and Rolando Paéz Sáenz, in his capacity as Head of the Gastroenterology Service, both officials of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or whoever occupies those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the gastroscopy is performed on the petitioner, all under the strict responsibility and supervision of his treating physician and provided that a change in the patient's medical circumstances does not require another type of care. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo action, and fails to carry it out or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in administrative contentious proceedings. Magistrate Rueda Leal adds a note. Notify. –\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocument Digitally Signed\n-- Verification code --\n\n*UZQNBRDNKDY61*\n\nCASE FILE No. 26-009523-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro)."
}