{ "id": "nexus-sen-1-0007-1383837", "citation": "Res. 13875-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por demora en cita odontológica", "title_en": "Amparo for delay in dental appointment", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un adulto mayor que esperaba más de siete meses para una cita de valoración en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. La Sala consideró que el plazo de espera era irrazonable y lesionaba el derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, así como los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos. Ordenó a las autoridades del hospital realizar la cita en un plazo máximo de tres meses y determinar el tratamiento a seguir, coordinando con otro centro hospitalario si fuera necesario. Además, condenó a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. El fallo incluye una nota del Magistrado Rueda Leal sobre el aumento exponencial de amparos por listas de espera en la CCSS y la necesidad de un sistema de gestión integrado para solventar esta problemática estructural.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by an older adult who had been waiting more than seven months for an evaluation appointment at the Odontology Service of Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. The Chamber held that the waiting period was unreasonable and violated the fundamental right to health under Article 21 of the Constitution, as well as the principles of efficiency and effectiveness in public service delivery. It ordered hospital authorities to schedule the appointment within three months and determine the required treatment, coordinating with another hospital if necessary. It also ordered CCSS to pay costs, damages, and losses. The ruling includes a note by Justice Rueda Leal on the exponential increase of amparo claims related to CCSS waiting lists and the need for an integrated management system to address this structural problem.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "21/04/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "amparo", "CCSS", "listas de espera", "derecho a la salud", "artículo 21", "plazo irrazonable", "servicio de odontología", "adulto mayor" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "amparo", "derecho a la salud", "listas de espera", "CCSS", "adulto mayor", "plazo irrazonable", "servicio de odontología", "Hospital Calderón Guardia", "artículo 21 Constitución Política", "principios de eficiencia y eficacia", "gestión integrada", "vulneración sistemática" ], "keywords_en": [ "amparo", "right to health", "waiting lists", "CCSS", "older adult", "unreasonable delay", "dental service", "Calderón Guardia Hospital", "Article 21 Constitution", "efficiency and effectiveness principles", "integrated management", "systematic violation" ], "excerpt_es": "CONSIDERANDO:\nIV.- SOBRE EL FONDO. Del análisis de los autos, esta Sala tiene por acreditado que efectivamente hubo una lesión al derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 21, de la Constitución Política, así como a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En efecto, desde el mes de diciembre de 2025, las autoridades del Servicio de Odontología le programaron al amparado una cita para el 10 de agosto de 2026, sea para un plazo de espera de más de siete meses, situación que resulta irrazonable. Debido a lo anterior, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. Al respecto, este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.", "excerpt_en": "CONSIDERING:\nIV.- ON THE MERITS. From the analysis of the case file, this Chamber finds it proven that there was indeed a violation of the fundamental right to health, enshrined in Article 21 of the Political Constitution, as well as the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services. In fact, since December 2025, the authorities of the Odontology Service scheduled an appointment for the amparo petitioner on August 10, 2026, a waiting period of more than seven months, which is unreasonable. In light of the above, this Chamber considers that the appeal must be granted, since the Costa Rican Social Security Fund has the duty to effectively safeguard the right to health of all its users, which obviously includes the obligation to provide timely and diligent care and medical treatment to its patients. In this regard, this Constitutional Court clarifies that public organs and entities providing public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and the lack of human and material resources are not legally valid arguments to exempt them from compliance with that obligation.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo was granted due to violation of the right to health caused by an unreasonable waiting period of over seven months for a dental appointment, ordering CCSS to provide care within three months.", "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo por lesión al derecho a la salud debido a un plazo de espera irrazonable de más de siete meses para una cita odontológica, ordenando a la CCSS realizar la atención en tres meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "public organs and entities providing public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and the lack of human and material resources are not legally valid arguments to exempt them from compliance with that obligation.", "quote_es": "los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "since December 2025, the authorities of the Odontology Service scheduled an appointment for the amparo petitioner on August 10, 2026, a waiting period of more than seven months, which is unreasonable.", "quote_es": "desde el mes de diciembre de 2025, las autoridades del Servicio de Odontología le programaron al amparado una cita para el 10 de agosto de 2026, sea para un plazo de espera de más de siete meses, situación que resulta irrazonable." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "is_environmental": false, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-010680-0007-CO \n\nRes. Nº 2026013875\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente N° 26 010680-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de residencia CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a ser las 15:29 horas del 25 de marzo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que, que es una persona adulta mayor, con alguna discapacidad y tiene agendada cita de valoración en el Servicio de Odontología hasta el 10 de agosto de 2026. Por ello ha planteado dos gestiones durante el mes marzo de 2026, solicitando a las autoridades recurridas el adelanto de esa cita, pero no ha recibido una respuesta formal, ni se le ha autorizado el adelanto de dicha cita. \n\n2.- Por resolución de Presidencia de las 10:57 horas del 10 de abril de 2026, se dio curso al proceso. \n\n3.- Informa bajo juramento Tania Jiménez Umaña y Juan Carlos Ruiz Guevara, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Odontología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en cuanto a los hechos alegados, lo siguiente: \n\n“… el Dr. Juan Carlos Ruiz Guevara, Jefe del Servicio de Odontología, manifiesta que paciente adulto de 64 años 3 meses y 2 días de edad. Sin diagnóstico consignado en EDUS relacionado con alguna discapacidad. Con cita programada para el 10 de agosto de 2026 en la especialidad de TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL. La cita programada con el Dr. Arce Peraza, uno de los dos únicos especialistas del país, está programada para dentro de 4 meses, luego de realizar la priorización de casos requerida para garantizar que no existe ningún riesgo para su salud. El criterio clínico especializado es el que prevalece en el otorgamiento de la cita, plazo y tipo de cupo, a partir de la patología presente y requerimientos del profesional para abordar la patología sin error en su diagnóstico diferencial. Así las cosas, según la naturaleza de la patología, priorización según grado de urgencia, riesgo de agravamiento y sobre todo los requerimientos de plazos del especialista en la atención de sus patologías, consideramos que la cita y el plazo de 4 meses resulta razonable. Con relación a lo expresado por el recurrente con relación a esta jefatura resulta inexacto y atrevido, teniendo en cuenta que nunca se ha presentado personalmente al Servicio. Considerando que, no existe riesgo vital ni daño irreparable, que la gestión en la asignación de citas se realizó conforme a criterios clínicos objetivos, consideramos no existe violación a su derecho de la salud y que su caso particular no es comparable a plazos poco razonables en la asignación de citas (años) (...)”. Solicitan se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\nRedacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, es una persona adulta mayor y que cuenta con una cita valoración en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para hasta el 10 de agosto de 2026. Alega que, pese a que ha presentado dos gestiones ante las autoridades, estas no le han autorizado el adelanto de dicha cita.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: \n\na) El tutelado es una persona de sesenta y cuatro años de edad (véase al respecto el informe rendido bajo juramento). \n\nb) El 11 de diciembre de 2025, el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, le emitió al amparado una cita para el 10 agosto de 2026 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba adjunta). \n\nIII.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD. Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención médica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.\n\n IV.- SOBRE EL FONDO. Del análisis de los autos, esta Sala tiene por acreditado que efectivamente hubo una lesión al derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 21, de la Constitución Política, así como a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En efecto, desde el mes de diciembre de 2025, las autoridades del Servicio de Odontología le programaron al amparado una cita para el 10 de agosto de 2026, sea para un plazo de espera de más de siete meses, situación que resulta irrazonable. Debido a lo anterior, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. Al respecto, este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. \n\nAhora bien, al constatarse la lesión al derecho a la salud, esta Sala debe intervenir; siendo lo procedente declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia. \n\n V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\n VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se le ordena a Tania Jiménez Umaña y Juan Carlos Ruiz Guevara, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Odontología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le realice la cita al tutelado y se determine el tratamiento a seguir. Asimismo, deberán comunicarle la fecha y hora de tal atención. Además, de ser necesario, deberá coordinarse su atención médica con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios. Sumado a ello, deberán de comunicarle la hora y fecha de tal atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal consigna nota.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n GCNCFLSWYXG61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010680-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-010680-0007-CO \n\nRes. No. 2026013875\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-first of April of two thousand twenty-six.\n\n \n\nAmparo appeal processed in expediente No. 26-010680-0007-CO, filed by Nombre01, residence identification card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).\n\nWHEREAS (RESULTANDO):\n\n1.- By means of a written submission filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente at 3:29 p.m. on March 25, 2026, the appellant files an amparo appeal against the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social). He states that he is an older adult, with some disability, and has an assessment appointment scheduled in the Dentistry Service (Servicio de Odontología) for August 10, 2026. He has therefore filed two requests during the month of March 2026, asking the respondent authorities to move up this appointment, but he has not received a formal response, nor has the moving up of said appointment been authorized.\n\n2.- By resolution of the Presidency at 10:57 a.m. on April 10, 2026, the proceeding was admitted.\n\n3.- Under oath, Tania Jiménez Umaña and Juan Carlos Ruiz Guevara, in their order General Director and Head of the Dentistry Service (Servicio de Odontología), both of the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital, report on the alleged facts as follows:\n\n\"… Dr. Juan Carlos Ruiz Guevara, Head of the Dentistry Service (Servicio de Odontología), states that the patient is an adult aged 64 years, 3 months, and 2 days. With no diagnosis recorded in EDUS related to any disability. With an appointment scheduled for August 10, 2026, in the specialty of TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AND OROFACIAL PAIN (TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL). The appointment scheduled with Dr. Arce Peraza, one of the only two specialists in the country, is scheduled for 4 months from now, after carrying out the required case prioritization to guarantee that there is no risk to his health. Specialized clinical judgment is what prevails in granting the appointment, timeframe, and type of slot, based on the present pathology and the professional's requirements to address the pathology without error in its differential diagnosis. Thus, according to the nature of the pathology, prioritization by degree of urgency, risk of worsening, and above all the specialist's timeframe requirements for attending to his pathologies, we consider that the appointment and the 4-month timeframe are reasonable. Regarding what was expressed by the appellant about this headship is inaccurate and bold, taking into account that he has never presented himself personally to the Service. Considering that there is no vital risk nor irreparable damage, and that the management of appointment assignment was carried out according to objective clinical criteria, we consider there is no violation of his right to health and that his particular case is not comparable to unreasonable timeframes for appointment assignment (years) (...).\" They request that the appeal be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\nCONSIDERING (CONSIDERANDO):\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that he is an older adult and that he has an assessment appointment in the Dentistry Service (Servicio de Odontología) of the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital, scheduled for August 10, 2026. He alleges that, although he has presented two requests before the authorities, they have not authorized moving up said appointment.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:\n\na) The protected party is a person sixty-four years of age (see in this regard the report rendered under oath).\n\nb) On December 11, 2025, the Dentistry Service (Servicio de Odontología) of the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital issued the protected party an appointment for August 10, 2026 (see in this regard the report rendered under oath and the attached evidence).\n\nIII.- REGARDING THE RIGHT TO HEALTH. This Court has recognized the full force of the right to health, which derives from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. In this way, delay or inaction in medical care by health centers can negatively impact the health and lives of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest possible level of physical and mental health, whereby the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons.\n\nIV.- ON THE MERITS. From the analysis of the case file, this Chamber holds it as proven that there was indeed an injury to the fundamental right to health, enshrined in Article 21 of the Political Constitution, as well as to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services. Indeed, since December 2025, the authorities of the Dentistry Service (Servicio de Odontología) scheduled the protected party an appointment for August 10, 2026, which constitutes a waiting period of more than seven months, a situation that is unreasonable. Due to the aforementioned, this Chamber considers that the appeal must be granted, as it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) to effectively safeguard the right to health of all its users, which includes—evidently—the obligation to provide timely and diligent medical care and treatment that its patients need. In this regard, this Constitutional Court clarifies that the public bodies and entities that provide public health services have the imperative and urgent obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation.\n\nNow, upon verifying the injury to the right to health, this Chamber must intervene; the appropriate action being to grant the appeal, under the terms set forth in the operative part of this Judgment.\n\nV.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. The issue of amparo appeals related to the right to health and, above all, that of the waiting lists at the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as this Court's statistics demonstrate.\n\nNumber of health case files received by the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | NUMBER IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the above table, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in the matters received for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's active cases.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. Regarding the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 9:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) of the right to health of insured persons, specifically, due to the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) itself in its report rendered in expediente No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist physicians, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others. In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, level of urgency, and patient conditions, as well as the objective criteria for specifying the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous persons, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the aforementioned vote is intended to ensure that the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social)—within the framework of its constitutional and legal powers—takes the measures required to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. Coupled with this, for the purpose of monitoring compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes) to assist in monitoring the execution of that resolution. Accordingly, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not solely from the Chamber's resolutions.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulations on Electronic Case Files before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal is granted. Tania Jiménez Umaña and Juan Carlos Ruiz Guevara, in their order General Director and Head of the Dentistry Service (Servicio de Odontología), both of the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the appointment be conducted for the protected party and the treatment to be followed be determined. Likewise, they must communicate the date and time of such care to him. Furthermore, if necessary, his medical care must be coordinated with another hospital center that has availability of spaces. In addition to this, they must communicate the time and date of such care to him. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo appeal, and does not carry it out or does not have it carried out, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Rueda Leal records a note.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n GCNCFLSWYXG61 \n\nEXPEDIENTE No. 26-010680-0007-CO \n\n \n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church)." }