{ "id": "nexus-sen-1-0007-1383866", "citation": "Res. 13905-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Procedencia del amparo por dilación quirúrgica pese a incomparecencia a cita preoperatoria", "title_en": "Amparo granted for surgical delay despite missed preoperative appointment", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un amparo por violación al derecho a la salud de una paciente de 55 años con hernia abdominal de larga data. Aunque la paciente se ausentó de una cita prequirúrgica, lo que generó su depuración de la lista de espera según normativa de la CCSS, la Sala consideró que el plazo de más de 24 meses sin programar la cirugía era desproporcionado y lesivo del artículo 21 constitucional. Se ordenó realizar la intervención en un plazo máximo de tres meses, bajo supervisión médica, siempre que no desplace a otro paciente con necesidad prioritaria o urgente. El fallo incluye una nota sobre el problema estructural de las listas de espera, remitiendo a la sentencia 2019-005560 que declaró la vulneración sistemática del derecho a la salud y ordenó a la CCSS implementar un sistema de gestión integrado para resolver las causas subyacentes de las listas de espera, como ausencia de infraestructura, aumento poblacional y falta de especialistas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo for violation of the right to health of a 55-year-old patient with a long-standing abdominal hernia. Although the patient missed a pre-surgical appointment, leading to her removal from the waiting list under CCSS regulations, the Chamber held that the delay of over 24 months without scheduling the surgery was disproportionate and infringed Article 21 of the Constitution. It ordered the surgery to be performed within three months, under medical supervision, provided it does not displace another patient with a more urgent or priority need. The ruling includes a note on the structural problem of waiting lists, referencing decision 2019-005560 which declared a systematic violation of the right to health and ordered CCSS to implement an integrated management system to address the root causes of waiting lists, such as lack of infrastructure, population growth, and specialist shortages.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "21/04/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "derecho a la salud", "lista de espera", "depuración", "artículo 21 constitucional", "amparo", "plazo razonable", "vulneración sistemática", "principio de continuidad" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "amparo", "derecho a la salud", "lista de espera quirúrgica", "depuración", "herniorrafía umbilical", "CCS S", "plazo razonable", "cirugía electiva", "artículo 21 constitucional", "vulneración sistemática", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "amparo", "right to health", "surgical waiting list", "purging", "umbilical herniorrhaphy", "CCSS", "reasonable time", "elective surgery", "Article 21 Constitution", "systematic violation", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "Nótese que a la fecha han transcurrido más de 24 meses desde que se ordenó la realización de una cirugía a favor de la amparada, la cual a la fecha no ha sido programada, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. Además, no informaron los recurridos en que fecha y a que medio fue convocada la paciente para la respectiva valoración prequirúrgica a la que no se presentó. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.", "excerpt_en": "Note that more than 24 months have elapsed since the surgery was ordered for the petitioner, which to date has not been scheduled, to the detriment of the provisions of Article 21 of the Constitution. Furthermore, the respondents did not inform on what date and by what means the patient was summoned for the respective pre-surgical evaluation, which she did not attend. Thus, the present appeal must be granted, with the consequences indicated in the operative part.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo and ordered the surgery to be performed within a maximum of three months.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo, ordenando realizar la cirugía en un plazo máximo de tres meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, especially those requiring immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources serving as legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation.", "quote_es": "Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Note that more than 24 months have elapsed since the surgery was ordered for the petitioner, which to date has not been scheduled, to the detriment of the provisions of Article 21 of the Constitution.", "quote_es": "Nótese que a la fecha han transcurrido más de 24 meses desde que se ordenó la realización de una cirugía a favor de la amparada, la cual a la fecha no ha sido programada, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 21 constitucional." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of \"waiting lists\" for surgical interventions and certain specialized examinations or the lack of financial, human and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and prompt manner.", "quote_es": "Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "is_environmental": false, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "\n\nExp: 26-010899-0007-CO \n\nRes. Nº 2026013905\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado a la Sala el 26 de marzo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que la amparada tiene 55 años y tiene una hernia de gran tamaño la cual se le hizo hace 13 años después de su último embarazo. Que desde el 3 de julio de 2023 su médico tratante le giró orden de internamiento (N° Identificacion01 para procedimiento de \"herniorrafía umbilical\". Que en el mes de octubre de 2025 fue llamada por la jefatura de cirugía, indicándosele que debía apersonarse el 30 de octubre de 2025 para asistir a la charla y a los exámenes preoperatorios, señalándole que quedaba todo listo para la cirugía, sin que posteriormente fuera contactada. Afirma que la hernia es de gran tamaño y que siente episodios de estrangulamiento, lo cual considera potencialmente mortal, y le genera dolor constante, sensación de peso en el ombligo, entre otros síntomas. Estima lesionados los derechos fundamentales de la persona amparada.\n\n2.- Por resolución de las 11:25 horas del 10 de abril de 2026, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas. \n\n 3.- Informan bajo juramento Priscilla Balmaceda Chaves, en su condición de Directora General y Mario Felipe Ruiz Cubillo, en su calidad de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Vicente de Paul, que la paciente Nombre02, de 55 años, presenta una hernia abdominal de larga data, originada hace aproximadamente 13 años posterior a su último embarazo. Se trata de una condición crónica, no aguda, que ha evolucionado en el tiempo sin evidencia de estrangulamiento parcial ni compromiso vascular inmediato. La literatura médica y la práctica clínica reconocen que las hernias de larga evolución pueden estar asociadas a diversos factores de riesgo, entre ellos: • Antecedentes obstétricos y cirugías previas. • Debilidad de la pared abdominal por el tiempo transcurrido. • Edad mayor de 50 años. • Posibles comorbilidades como obesidad, hipertensión o diabetes (según expediente clínico). • Riesgo de complicaciones futuras como incarceración o estrangulación, aunque en la valoración actual no se evidencia estrangulamiento parcial ni signos de urgencia quirúrgica. Todos los factores anteriores presentes en la usuaria, y que son propios de la usuaria. En el sistema ARCA Quirúrgica consta que la paciente fue convocada a cita de atención prequirúrgica, requisito indispensable para la programación de procedimientos electivos. No obstante, la paciente se ausentó a dicha cita, lo cual, conforme al Reglamento de Depuraciones de la CCSS, implica la depuración automática de la lista de espera quirúrgica, garantizando así la transparencia y equidad en el acceso a los servicios. La paciente presenta una hernia abdominal de larga data, con factores de riesgo reconocidos, pero sin evidencia clínica de estrangulamiento parcial. Se le brindó la oportunidad de atención prequirúrgica, a la cual no asistió, generando la depuración correspondiente según normativa institucional. Solicitan que se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que la amparada tiene una hernia de gran tamaño la cual se le hizo hace 13 años después de su último embarazo. Indica que el 3 de julio de 2023 médico tratante de la paciente le giró orden de internamiento para procedimiento de herniorrafía umbilical. En el mes de octubre de 2025 fue llamada por la jefatura de cirugía, indicándosele que debía apersonarse el 30 de octubre de 2025 para asistir a la charla y a los exámenes preoperatorios, señalándole que quedaba todo listo para la cirugía, sin que posteriormente fuera contactada. Afirma que la hernia es de gran tamaño y que siente episodios de estrangulamiento, lo cual considera potencialmente mortal, y le genera dolor constante, sensación de peso en el ombligo, entre otros síntomas.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes: \n\na) La amparada tiene 55 años (sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb) El 3 de julio de 2023 el médico tratante de la recurrente ordenó la realización de un cirugía a favor de la amparada quien presenta una hernia abdominal de larga data por lo que fue incluida en lista de espera (informe de las autoridades recurridas).\n\nc) En fecha no precisa la autoridad recurrida convocó a la paciente a una cita de atención prequirúrgica, requisito indispensable para la programación de procedimientos electivos. No obstante, la paciente se ausentó a dicha cita, lo que generó la depuración correspondiente según normativa institucional (informe de las autoridades recurridas). \n\nIII.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. \n\nIV.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública). \n\nV.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón la parte recurrente en su alegato. Al respecto, se acredita que el 3 de julio de 2023, el médico tratante de la recurrente ordenó la realización de una cirugía a favor de la amparada quien presenta una hernia abdominal de larga data por lo que fue incluida en lista de espera. Además, los recurridos informaron que fecha no precisa la autoridad recurrida convocó a la paciente a una cita de atención prequirúrgica, requisito indispensable para la programación de procedimientos electivos. No obstante, la paciente se ausentó a dicha cita, lo que generó la depuración correspondiente según normativa institucional. Nótese que a la fecha han transcurrido más de 24 meses desde que se ordenó la realización de una cirugía a favor de la amparada, la cual a la fecha no ha sido programada, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. Además, no informaron los recurridos en que fecha y a que medio fue convocada la paciente para la respectiva valoración prequirúrgica a la que no se presentó. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\n VII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez y de la Magistrada Garro Vargas, con redacción del primero. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.\n\n viiI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n \n\n Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Priscilla Balmaceda Chaves, en su condición de Directora General y Mario Felipe Ruiz Cubillo, en su calidad de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Vicente de Paul, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la amparada se le practique la cirugía prescrita, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre que una variación de las circunstancias médicas del paciente no requiera otro tipo de atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal pone nota. El magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas ponen nota. Notifíquese. – \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 047U8SG1TBDK61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010899-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Exp: 26-010899-0007-CO\n\nRes. No. 2026013905\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-first of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission provided to the Chamber on March 26, 2026, the petitioner files an amparo action and states that the protected person is 55 years old and has a large hernia, which developed 13 years ago after her last pregnancy. That since July 3, 2023, her treating physician issued a hospitalization order (No. Identificacion01 for an \"umbilical herniorrhaphy\" procedure. That in October 2025, she was called by the surgery department head, who informed her that she needed to appear on October 30, 2025, to attend the pre-operative talk and examinations, indicating that everything would be ready for the surgery, after which she was not contacted again. She affirms that the hernia is large and that she experiences episodes of strangulation, which she considers potentially fatal, and causes her constant pain, a sensation of weight in the navel, among other symptoms. She deems the fundamental rights of the protected person violated.\n\n2.- By resolution at 11:25 hours on April 10, 2026, the proceeding is admitted and reports are requested from the respondent authorities.\n\n3.- Priscilla Balmaceda Chaves, in her capacity as General Director, and Mario Felipe Ruiz Cubillo, in his capacity as Head of the General Surgery Service, both of the Hospital San Vicente de Paul, report under oath that patient Nombre02, 55 years old, presents a long-standing abdominal hernia, originating approximately 13 years ago subsequent to her last pregnancy. It is a chronic, non-acute condition, which has evolved over time without evidence of partial strangulation or immediate vascular compromise. Medical literature and clinical practice recognize that long-standing hernias may be associated with various risk factors, including: • Obstetric history and previous surgeries. • Weakness of the abdominal wall due to time elapsed. • Age over 50 years. • Possible comorbidities such as obesity, hypertension, or diabetes (according to clinical record). • Risk of future complications such as incarceration or strangulation, although in the current assessment, no partial strangulation or signs of surgical urgency are evidenced. All the preceding factors are present in, and specific to, the user. The ARCA Quirúrgica system records that the patient was called for a pre-surgical care appointment, an indispensable requirement for scheduling elective procedures. However, the patient was absent from said appointment, which, pursuant to the CCSS Depuration Regulations, entails automatic depuration from the surgical waiting list, thereby guaranteeing transparency and equity in access to services. The patient presents a long-standing abdominal hernia, with recognized risk factors, but without clinical evidence of partial strangulation. She was offered the opportunity for pre-surgical care, which she did not attend, generating the corresponding depuration according to institutional regulations. They request that the action be dismissed.\n\n4.- In the proceedings, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- SUBJECT MATTER OF THE ACTION. The petitioner indicates that the protected person has a large hernia, which developed 13 years ago after her last pregnancy. He indicates that on July 3, 2023, the patient's treating physician issued a hospitalization order for an umbilical herniorrhaphy procedure. In October 2025, she was called by the surgery department head, who informed her that she needed to appear on October 30, 2025, to attend the pre-operative talk and examinations, indicating that everything would be ready for the surgery, after which she was not contacted again. She affirms that the hernia is large and that she experiences episodes of strangulation, which she considers potentially fatal, and causes her constant pain, a sensation of weight in the navel, among other symptoms.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo action, the following are deemed accredited:\n\na) The protected person is 55 years old (website of the Supreme Electoral Tribunal).\n\nb) On July 3, 2023, the petitioner's treating physician ordered the performance of a surgery in favor of the protected person, who presents a long-standing abdominal hernia, for which reason she was placed on a waiting list (report of the respondent authorities).\n\nc) On an unspecified date, the respondent authority called the patient to a pre-surgical care appointment, an indispensable requirement for scheduling elective procedures. However, the patient was absent from said appointment, which generated the corresponding depuration according to institutional regulations (report of the respondent authorities).\n\nIII.- Regarding the fundamental right to health. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that numeral of the political charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.\n\nIV.- Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund are duty-bound to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment that are required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of \"waiting lists\" for surgical interventions and the application of certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and expeditious manner. The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to it are duty-bound and, consequently, are personally responsible—in the terms of article 199 and following of the General Public Administration Law—for adopting and implementing all administrative and organizational measures and provisions to definitively put an end to the delayed provision—which, on occasions, becomes omitted due to its consequences—of health services, a situation that constitutes, by all lights, an unequivocal lack of service that may give rise to the administrative patrimonial liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (articles 190 and following of the General Public Administration Law).\n\nV.- SPECIFIC CASE. In the present matter, this Constitutional Court, in accordance with the evidence brought to the record, as well as the report rendered under oath by the respondent authorities, deems that the petitioner is correct in his claim. In this regard, it is accredited that on July 3, 2023, the petitioner's treating physician ordered the performance of a surgery in favor of the protected person, who presents a long-standing abdominal hernia, for which reason she was placed on a waiting list. Furthermore, the respondents reported that on an unspecified date, the respondent authority called the patient to a pre-surgical care appointment, an indispensable requirement for scheduling elective procedures. However, the patient was absent from said appointment, which generated the corresponding depuration according to institutional regulations. Note that to date, more than 24 months have elapsed since the performance of a surgery was ordered in favor of the protected person, which to date has not been scheduled, to the detriment of the provisions of article 21 of the Constitution. Moreover, the respondents did not report on what date and by what means the patient was called for the respective pre-surgical assessment that she did not attend. Thus, the present action must be granted, with the consequences indicated in the operative part.\n\nVI.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. The subject of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as demonstrated by the statistics of this Court.\n\nNumber of health-related case files admitted to the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | HEALTH-RELATED QUANTITY |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the preceding table, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters entered for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's circulating caseload.\n\nOf those matters, a good number corresponds to waiting lists. With regard to the above, this Court, in judgment no. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the preparation, within a period of six months counted from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of that problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file no. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist physicians, equipment needs and increasing demand at the first level of care, absenteeism of patients from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others. In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related groups of diagnosis in accordance with the symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as the objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous persons, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, by means of the vote in question, it is intended that the Costa Rican Social Security Fund—within the framework of its constitutional and legal competencies—take the measures required to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, with the aim of monitoring compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsperson to assist with the monitoring of the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.\n\nVII.- Note by Judge Castillo Víquez and Judge Garro Vargas, drafted by the former. Although in this case we concur with our vote to grant the amparo action due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order provided in the operative part of this ruling, in the sense that she undergo surgery within the period established in the \"Therefore,\" shall be applied provided it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or serious harm to their health would be caused.\n\nVIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is granted. Priscilla Balmaceda Chaves, in her capacity as General Director, and Mario Felipe Ruiz Cubillo, in his capacity as Head of the General Surgery Service, both of the Hospital San Vicente de Paul, or whoever occupies those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the prescribed surgery is performed on the protected person, all under the strict responsibility and supervision of her treating physician and provided that a variation in the patient's medical circumstances does not require another type of care. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and fails to comply with it or fails to cause it to be complied with, provided the offense is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaratory ruling, which shall be liquidated in the execution of judgment in contentious-administrative proceedings. Judge Rueda Leal notes. Judge Castillo Víquez and Judge Garro Vargas note. Notify. –\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n*047U8SG1TBDK61*\n\nCASE FILE NO. 26-010899-0007-CO\n\nTelephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)." }