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  "id": "nexus-sen-1-0007-1384433",
  "citation": "Res. 14535-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por demora en instalación de agua potable por parte del AyA",
  "title_en": "Amparo for delay in drinking water installation by AyA",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció el recurso de amparo de una persona que, tras la aprobación de su solicitud de servicio de agua potable por el ICAA, se le informó que la instalación se realizaría hasta cuatro meses después. La Sala determinó que el plazo era excesivo e irrazonable y que, luego de notificada la interposición del amparo, la autoridad recurrida procedió a instalar el servicio. Se declaró con lugar el recurso por violación al derecho fundamental de acceso al agua potable, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, según el voto de mayoría. Dos magistrados salvaron parcialmente el voto en cuanto a la condenatoria.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo appeal from an individual who, after AyA approved their drinking water service request, was told installation would take four months. The Chamber found the delay excessive and unreasonable, and that the installation occurred only after the authority was notified of the amparo. The appeal was granted for violation of the fundamental right to drinking water access, but without awarding costs or damages, per the majority vote. Two justices partially dissented regarding the award of costs and damages.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/04/2026",
  "year": "2026",
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    "derecho fundamental de acceso al agua",
    "plazo irrazonable",
    "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA/AyA)",
    "servicio público",
    "condenatoria en abstracto",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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    "agua potable",
    "ICAA",
    "AyA",
    "Sala Constitucional",
    "derecho fundamental de acceso al agua",
    "plazo irrazonable",
    "servicio público",
    "instalación de agua",
    "demora administrativa",
    "recurso de amparo",
    "condenatoria en costas"
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  "keywords_en": [
    "amparo",
    "drinking water",
    "ICAA",
    "AyA",
    "Constitutional Chamber",
    "fundamental right to water access",
    "unreasonable delay",
    "public service",
    "water installation",
    "administrative delay",
    "constitutional remedy",
    "costs award"
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  "excerpt_es": "IV.- CASO CONCRETO. Revisados los autos, esta Sala estima que lleva razón la recurrente en su alegato. Lo anterior, en primer término, por cuanto se tiene por demostrado que, pese a que la recurrente, el 4 de marzo de 2026, se le notificó de parte del ICAA la aprobación del servicio de agua potable solicitado, se le dijo también que la instalación o materializaron del mismo se efectuaría hasta la semana de 6 al 10 de julio de 2026; es decir, luego de cuatro meses aproximadamente. Plazo anterior que, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable. De otra parte, debe tomarse en cuenta que no fue sino hasta el día 15 de abril de 2026, luego de que la parte recurrida fuera notificada de la interposición de este amparo, que se procedió a instalar dicho servicio de agua potable en el inmueble para el cual se solicitó. En otros términos, se aprecia que fue porque esta jurisdicción intervino, que la parte recurrida actuó y cumplió su obligación de instalar el mencionado servicio público. Dicho esto, se tiene por vulnerado el derecho fundamental de acceso al agua potable; de ahí que, lo que corresponda es acoger este proceso de amparo, pero sin emitir orden alguna (ya que la pretensión principal fue satisfecha) y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.",
  "excerpt_en": "IV.- SPECIFIC CASE. Having reviewed the record, this Chamber finds that the appellant is right in her claim. Foremost, because it has been proven that although on March 4, 2026, the appellant was notified by ICAA of the approval of the requested drinking water service, she was also told that its installation or materialization would take place until the week of July 6 to 10, 2026; i.e., approximately four months later. In this Chamber's opinion, such a period is clearly excessive and unreasonable. Furthermore, it must be noted that it was not until April 15, 2026, after the respondent was notified of the filing of this amparo, that said drinking water service was installed at the property for which it was requested. In other words, it appears that it was because this jurisdiction intervened that the respondent acted and fulfilled its obligation to install the aforementioned public service. This being the case, the fundamental right of access to drinking water has been violated; hence, the corresponding action is to grant this amparo proceeding, but without issuing any order (since the main claim was satisfied) and without a special award of costs, damages and losses.",
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    "summary_en": "The Chamber granted the amparo because ICAA unreasonably delayed installing the drinking water service, violating the fundamental right to water access, but without awarding costs and damages.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso de amparo porque el ICAA incurrió en una demora irrazonable para instalar el servicio de agua potable, vulnerando el derecho fundamental de acceso al agua, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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      "quote_es": "no fue sino hasta el día 15 de abril de 2026, luego de que la parte recurrida fuera notificada de la interposición de este amparo, que se procedió a instalar dicho servicio"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-010020-0007-CO \n\nRes. Nº 2026014535\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de marzo de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo. Expone que el 6 de febrero de 2026 presentó solicitud formal para la instalación del servicio de agua potable, correspondiente al NIS No. 5573329. Menciona que el 4 de marzo de 2026 el ICAA aprobó su solicitud, al cumplir los requisitos exigidos. Acusa que, pese a lo anterior, el ICAA le informó que la instalación del servicio se realizaría durante la semana de 6 al 10 de julio de 2026, es decir, cinco meses después de presentada la solicitud. Alega que el ICAA incurre en una demora en materializar los trabajos requeridos (instalación el servicio), lo cual violenta su derecho de acceder al agua potable. Solicita que se declare con lugar el recurso y se les ordene a los recurridos instalarle inmediatamente el referido servicio de agua potable o bien, dentro del plazo de diez días hábiles. \n\n2.- Por resolución de las 10:44 hrs. de 8 de abril de 2026, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas. \n\n3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 15 de abril de 2026, Cynthia Ordóñez Arroyo, en su condición de Coordinadora Comercial Zona IV GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) Me permito aclarar a la autoridad judicial que este informe es presentado por mi persona, en virtud de que la Jefatura de la Agencia de San Pablo de Heredia se encuentra en proceso de nombramiento, y por ende los asuntos de la citada dependencia están siendo atendidos por mi persona como Coordinadora Comercial Zona IV GAM de AyA y superior Jerárquico de dicha Jefatura para lo cual, ostento facultades suficientes para estos efectos. (…) I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE En atención a la situación objeto del amparo planteado por la señora Nombre01, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en los informes técnicos elaborados por la suscrita, mediante memorando N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00276 de fecha 14 de abril del 2026 y por Verónica Alvarado González, funcionaria de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, mediante Memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-00636 de fecha 15 de abril del 2026 y su anexo, y por, los cuales se adjuntan como prueba de este informe, y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda demostrado que: 1. La solicitud de Nuevo Servicio fue recibida en la Plataforma de San Pablo, la cual ingresa la respectiva solicitud al sistema el 06 de febrero del 2026 con el número P14132026020003, plano catastro , matrícula a nombre Nombre01 para la obtención de un servicio de Agua Potable, asociado a la propiedad situada en Heredia, San Rafael, Santiago, contiguo al residencial Altos de Palermo. (Ver informes N° UEN-SCZIV-GAM-2026-00276 y N°UEN-SCMED-GAM-2026-00636). Lo anterior se evidencia con las siguientes imágenes: (…) 2. La solicitud en cuestión se recibió en el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4, el día 17 de febrero de 2026; se procedió de inmediato con la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 67 y 68 del Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29 del 9 de febrero de 2021, Acuerdo de la Junta Directiva 2020-0442 y sus modificaciones. El día 18 de febrero del 2026 se programó el expediente para la inspección de Factibilidad correspondiente a cargo de inspector de AyA, quién indica: “se aprueba 1 nuevo servicio para construcción de vivienda, en tarifa Domiciliar - Residencial, asfalto, sin alcantarillado”. El día 27 de febrero del 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4 trasladó el expediente aprobado Nº P14132026020003 al Área de Catastro con el fin de que valorara y confirmara la codificación respectiva de la propiedad. Esa dependencia remitió el expediente con los códigos correspondientes el día 02 de marzo del 2026, al Área de Análisis y Depuración y a su vez en fecha 04 de marzo del 2026 a las 11:24 a.m. se le notificó al usuario la aprobación del servicio solicitado mediante el correo ...01. La programación e instalación del servicio fue ejecutada el 15 de abril del 2026, asignándosele el NIS 5573329 mediante orden 53917456. (Ver informes N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00276 y N°UEN-SCMED-GAM-2026- 00636) (…) II. NORMATIVA APLICABLE Artículos 7, 8, 9, 67, 68 y 77 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance N°29, martes 09 de febrero, 2021. III. CONCLUSIONES En virtud de lo expuesto, debe tenerse claro que las actuaciones de AyA están sometidas al Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y la Ley General de la Administración Pública; principio que somete a toda la Administración Pública a actuar conforme al ordenamiento jurídico, así como a las reglas unívocas de la ciencia y técnica que respalda el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y alcances regulados en los artículos 7, 8, 9, 67, 68 y 77 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. En tal sentido, es importante concluir que la gestión de la amparada ha sido debidamente atendida, por lo que no se han lesionado los derechos fundamentales del recurrente por parte de la institución, como se indicó supra el servicio de agua potable fue instalado el 15 de abril del 2026, y ninguna de las actuaciones de este Instituto han sido antojadizas, arbitrarias o infundadas (…)”. \n\n4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente aduce que, pese a que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, desde el 4 de marzo de 2026, le aprobó la instalación del servicio de agua potable en un inmueble, se le dijo que dicha actuación finalmente se podría ejecutar o materializar hasta la semana de 6 al 10 de julio de 2026. Acusa que fue sometida a esperar un plazo excesivo e irrazonable para acceder a dicho líquido vital. \n\n II.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una solicitud relacionada con el servicio de agua potable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:\n\n1) El 6 de febrero 2026, la parte tutelada presentó ante el ICAA solicitud para instalación de servicio de agua potable en inmueble plano catastro , matrícula , ubicado en Heredia, San Rafael, Santiago. A dicha gestión se le asignó el expediente No. P14132026020003 (ver informe y prueba). \n\n2) El día 18 de febrero del 2026 se programó el expediente para la inspección de factibilidad correspondiente. El respectivo inspector indicó: “se aprueba 1 nuevo servicio para construcción de vivienda, en tarifa Domiciliar - Residencial, asfalto, sin alcantarillado” (ver informe y prueba). \n\n3) El día 27 de febrero del 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4 trasladó el expediente aprobado No. P14132026020003 al Área de Catastro con el fin que se valorara y confirmara la codificación respectiva de la propiedad. Esa dependencia, a su vez, remitió el expediente con los códigos correspondientes el día 2 de marzo del 2026, al Área de Análisis y Depuración del ICAA (ver informe y prueba). \n\n4) El 4 de marzo del 2026 a las 11:24 a.m., se le notificó a la usuaria la aprobación del servicio solicitado (ver informe y prueba). \n\n5) El 16 de marzo de 2026, las autoridades del ICAA le informaron a la recurrente que el servicio requerido se ejecutaría en la semana de 6 al 10 de julio de 2026 (ver prueba). \n\n6) El 20 de marzo de 2026, la recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición). \n\n7) El 13 de abril de 2026, las autoridades recurridas fueron notificadas de la interposición de este amparo (ver actas de notificación). \n\n8) La programación e instalación del servicio fue ejecutada el 15 de abril del 2026, asignándosele el NIS 5573329 mediante orden No. 53917456 (ver informe y prueba). \n\nIV.- CASO CONCRETO. Revisados los autos, esta Sala estima que lleva razón la recurrente en su alegato. \n\nLo anterior, en primer término, por cuanto se tiene por demostrado que, pese a que la recurrente, el 4 de marzo de 2026, se le notificó de parte del ICAA la aprobación del servicio de agua potable solicitado, se le dijo también que la instalación o materializaron del mismo se efectuaría hasta la semana de 6 al 10 de julio de 2026; es decir, luego de cuatro meses aproximadamente. Plazo anterior que, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable. \n\nDe otra parte, debe tomarse en cuenta que no fue sino hasta el día 15 de abril de 2026, luego de que la parte recurrida fuera notificada de la interposición de este amparo, que se procedió a instalar dicho servicio de agua potable en el inmueble para el cual se solicitó. En otros términos, se aprecia que fue porque esta jurisdicción intervino, que la parte recurrida actuó y cumplió su obligación de instalar el mencionado servicio público. \n\nDicho esto, se tiene por vulnerado el derecho fundamental de acceso al agua potable; de ahí que, lo que corresponda es acoger este proceso de amparo, pero sin emitir orden alguna (ya que la pretensión principal fue satisfecha) y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. \n\nv.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nvI.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nvii.- Voto salvado parcial deL MAGISTRADO Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nvIiI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 0LOXPFM6LYA61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010020-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\nFile: 26-010020-0007-CO\n\nRes. No. 2026014535\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fourth of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO).\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission provided to the Chamber on March 20, 2026, the petitioner files an amparo action. She states that on February 6, 2026, she submitted a formal request for the installation of potable water service, corresponding to NIS No. 5573329. She mentions that on March 4, 2026, the ICAA approved her request, as she met the required conditions. She asserts that, despite the above, the ICAA informed her that the service installation would be carried out during the week of July 6 to 10, 2026, that is, five months after the request was submitted. She claims that the ICAA is incurring in a delay in materializing the required work (service installation), which violates her right to access potable water. She requests that the action be granted and that the respondents be ordered to install the aforementioned potable water service immediately, or alternatively, within a period of ten business days.\n\n2.- By resolution at 10:44 a.m. on April 8, 2026, the proceeding is admitted and reports are requested from the respondent authorities.\n\n3.- By means of a brief provided to the Chamber on April 15, 2026, Cynthia Ordóñez Arroyo, in her capacity as Commercial Coordinator Zone IV GAM of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), submits a report and expressly states the following: \"(...) I would like to clarify to the judicial authority that this report is presented by me, by virtue of the fact that the Head of the San Pablo de Heredia Agency is in the process of being appointed, and therefore the matters of the cited unit are being handled by me as Commercial Coordinator Zone IV GAM of AyA and the hierarchical superior of said Head, for which I possess sufficient authority for these purposes. (...) I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER. In response to the situation that is the object of the amparo filed by Ms. Nombre01, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, based on the technical reports prepared by the undersigned, by means of memorandum No. UEN-SCZIV-GAM-2026-00276 dated April 14, 2026, and by Verónica Alvarado González, an official of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM, by means of Memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-00636 dated April 15, 2026, and its annex, which are attached as evidence to this report, and the scope of the regulation that governs this matter in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, it is demonstrated that: 1. The New Service request was received at the San Pablo Platform, which entered the respective request into the system on February 6, 2026, with number P14132026020003, cadastral map , property registration in the name of Nombre01 for obtaining a Potable Water service, associated with the property located in Heredia, San Rafael, Santiago, adjacent to the Altos de Palermo residential complex. (See reports No. UEN-SCZIV-GAM-2026-00276 and No. UEN-SCMED-GAM-2026-00636). The foregoing is evidenced by the following images: (...) 2. The request in question was received in the Feasibility Inspection Area Zone 4 on February 17, 2026; verification of compliance with the requirements established in Articles 67 and 68 of the Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA, published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29 of February 9, 2021, Board of Directors Agreement 2020-0442 and its modifications, commenced immediately. On February 18, 2026, the file was scheduled for the corresponding Feasibility inspection by the AyA inspector, who indicates: “1 new service is approved for housing construction, at the Domestic - Residential rate, asphalt, without sewerage.” On February 27, 2026, the Feasibility Inspection Area Zone 4 transferred the approved file No. P14132026020003 to the Cadastre Area in order for it to assess and confirm the respective codification of the property. That unit sent the file with the corresponding codes on March 2, 2026, to the Analysis and Debugging Area, and in turn, on March 4, 2026, at 11:24 a.m., the user was notified of the approval of the requested service via email ...01. The scheduling and installation of the service was executed on April 15, 2026, with NIS 5573329 being assigned via order 53917456. (See reports No. UEN-SCZIV-GAM-2026-00276 and No. UEN-SCMED-GAM-2026-00636) (...) II. APPLICABLE REGULATIONS. Articles 7, 8, 9, 67, 68, and 77 of the Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, published in the Digital Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29, Tuesday, February 9, 2021. III. CONCLUSIONS. By virtue of the foregoing, it must be clear that AyA's actions are subject to the Principle of Legality enshrined in Article 11 of our Magna Carta and the General Law of Public Administration; a principle that subjects the entire Public Administration to act in accordance with the legal system, as well as the unequivocal rules of science and technique supported by Article 16 of the General Law of Public Administration and the scopes regulated in Articles 7, 8, 9, 67, 68, and 77 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. In this sense, it is important to conclude that the petitioner's proceeding has been duly addressed, and therefore the fundamental rights of the petitioner have not been harmed by the institution. As indicated supra, the potable water service was installed on April 15, 2026, and none of this Institute's actions have been whimsical, arbitrary, or unfounded (...)”.\n\n4.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner argues that, despite the fact that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers approved the installation of potable water service on a property as of March 4, 2026, she was told that said action could finally be executed or materialized until the week of July 6 to 10, 2026. She asserts that she was subjected to an excessive and unreasonable waiting period to access said vital liquid.\n\nII.- Preliminary Issue. Before analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented—supported by the majority of this Constitutional Court—since it involves a request related to potable water service. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Relevant for resolving this amparo action, the following are considered accredited:\n\n1) On February 6, 2026, the protected party filed a request with the ICAA for the installation of potable water service on a property with cadastral map , registration , located in Heredia, San Rafael, Santiago. This proceeding was assigned file No. P14132026020003 (see report and evidence).\n\n2) On February 18, 2026, the file was scheduled for the corresponding feasibility inspection. The respective inspector indicated: “1 new service is approved for housing construction, at the Domestic - Residential rate, asphalt, without sewerage” (see report and evidence).\n\n3) On February 27, 2026, the Feasibility Inspection Area Zone 4 transferred the approved file No. P14132026020003 to the Cadastre Area for the purpose of assessing and confirming the respective codification of the property. That unit, in turn, sent the file with the corresponding codes on March 2, 2026, to the Analysis and Debugging Area of the ICAA (see report and evidence).\n\n4) On March 4, 2026, at 11:24 a.m., the user was notified of the approval of the requested service (see report and evidence).\n\n5) On March 16, 2026, the ICAA authorities informed the petitioner that the required service would be executed in the week of July 6 to 10, 2026 (see evidence).\n\n6) On March 20, 2026, the petitioner filed this amparo (see filing brief).\n\n7) On April 13, 2026, the respondent authorities were notified of the filing of this amparo (see notification records).\n\n8) The scheduling and installation of the service was executed on April 15, 2026, with NIS 5573329 being assigned via order No. 53917456 (see report and evidence).\n\nIV.- SPECIFIC CASE. Having reviewed the case file, this Chamber considers that the petitioner is correct in her argument.\n\nThe foregoing, in the first place, because it has been demonstrated that, despite the petitioner being notified on March 4, 2026, by the ICAA of the approval of the requested potable water service, she was also told that its installation or materialization would not take place until the week of July 6 to 10, 2026; that is, after approximately four months. The aforementioned period, in the opinion of this Chamber, clearly becomes excessive and unreasonable.\n\nOn the other hand, it must be taken into account that it was not until April 15, 2026, after the respondent party was notified of the filing of this amparo, that said potable water service was installed on the property for which it was requested. In other words, it is observed that it was because this jurisdiction intervened that the respondent party acted and fulfilled its obligation to install the mentioned public service.\n\nHaving said this, the fundamental right of access to potable water is considered violated; hence, what is appropriate is to grant this amparo proceeding, but without issuing any order (since the main claim was satisfied) and without a special award of costs and damages.\n\nv.- Regarding the award of costs and damages in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Under a better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs and damages, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is dictated “solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the amparo petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which states: “any resolution that grants the action shall award in abstracto the indemnification for the damages caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as appropriate, International or Community Law, and furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction—cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without an award of costs and damages.\n\nvI.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and completed administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and completed justice in an administrative setting, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in the other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nvii.- Partially dissenting vote of MAGISTRATE Salazar Alvarado, solely regarding the non-award of costs and damages against the respondent party. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs and damages derived from the injury caused to the protected party's fundamental rights.\n\nArticle 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides that:\n\n“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...any resolution that grants the action shall award in abstracto the indemnification for the damages caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the acts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's view, Article 51 of the citation regulates cases where the Chamber has deemed the grievance proven; and, consequently, the need arises for an award of costs and damages. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right—and therefore grants the action—and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the mentioned Article 52—by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the violator for the indemnification of the damages caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Therefore, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs and damages against the violator, the basis of which is found in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be responsible for the damages it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the applicability of the award of costs and damages, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award in these aspects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the amparo petitioner, by virtue of the restoration that the Administration has agreed to in their favor for the enjoyment of those rights; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, indubitably, for the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of awarding costs and damages, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted “solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.” As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs and damages before a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly established that in the specific case no compensable harm was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from payment of said items. As in this case, there is no element that disqualifies the presumption of the emergence, for the amparo petitioner, of economic damages derived from the challenged actions—whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this action must necessarily entail the award of costs and damages, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out in this venue focuses on said verification, however, it does not enter into the consideration of whether these issues have generated or not injuries in the purely patrimonial sphere of the amparo petitioners. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said award (of damages and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not consider that this pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, where applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special procedure whose object is the definition of the economic effects derived from awards issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that procedure has the following object:\n\n“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”\n\nIt is clear that this procedure is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract award in these categories, since such types of claims would not be admissible in that type of action when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular. That is, the special procedure in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that vein, in my judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is justifiably deemed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is rendered that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not per se rule out that, prior to this cessation due to a cause attributable to the defendant entity or not, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, according to what is regulated by the mentioned mandate 52, are proper to an abstract award that then constitutes the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages, since, it is reiterated, this is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall upon the amparo petitioner to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether these administrative conducts have produced injuries for them is an aspect that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of action. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no analysis of whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be potential civil reparation scenarios. Thus, the dispensation from an award alluded to in that norm is exceptional in nature, not a matter of principle. Therefore, in such scenarios, the norm imposes the abstract award, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this release from damages and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite this supervening response from the defendant party, may have suffered injuries to their patrimonial sphere, would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted which causes the conduct that, in theory, threatens or infringes upon the individual's fundamental rights to cease. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, if the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes alluded to in the rule under examination generated damages, this is a matter that, absent proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, should in no way be denied, as a presupposition, solely by the concretization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority's position, I express my vote and reiterate that the granting of this action must necessarily entail the abstract award of costs and damages.\n\nvIiI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.”\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Any ruling that grants the remedy shall order, in the abstract, compensation for the damages caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages may have arisen. For this reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that damages had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award being made, no damages have occurred, the judge in the ordinary civil proceeding shall so declare, since only that judge has the authority to deem the actual existence and magnitude of the damages as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when facing an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative portion and order the award of damages, but not of costs.\n\nIX.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe remedy is granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without a special award of costs or damages. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages, but not of costs. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\n0LOXPFM6LYA61\nEXPEDIENTE N° 26-010020-0007-CO\n\nPhones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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