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  "id": "nexus-sen-1-0007-1384568",
  "citation": "Res. 14672-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Atraso en colecistectomía laparoscópica a adulta mayor vulnera derecho a la salud",
  "title_en": "Delay in laparoscopic cholecystectomy for elderly woman violates right to health",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de una mujer de 71 años con diagnóstico de cálculo de vesícula biliar sin colecistitis. La paciente contaba con una solicitud de hospitalización emitida desde enero de 2025 para una colecistectomía laparoscópica, pero no se le había asignado fecha cierta para la cirugía hasta la notificación del recurso, momento en que se programó para julio de 2026. La Sala considera desproporcionada e injustificada la demora en la atención quirúrgica, dada la edad de la amparada y los síntomas que padece. Se reiteran los principios de eficiencia, continuidad y adaptación de los servicios públicos de salud, así como la especial protección debida a las personas adultas mayores conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se ordena realizar el procedimiento en el plazo de un mes y se condena a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. Se incluyen notas separadas sobre la recurrencia del problema de listas de espera y la necesidad de no desplazar a otros pacientes prioritarios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo petition filed on behalf of a 71-year-old woman with a diagnosis of gallbladder calculus without cholecystitis. The patient had a hospitalization request issued in January 2025 for a laparoscopic cholecystectomy, but no definite surgery date was set until the petition was notified, at which point it was scheduled for July 2026. The Chamber found the delay disproportionate and unjustified, given the petitioner's age and symptoms. It reaffirmed the principles of efficiency, continuity, and adaptability of public health services, as well as the special protection owed to older adults under the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons. It ordered the procedure to be performed within one month and awarded costs, damages, and losses against the CCSS. Separate notes address the recurring problem of waiting lists and the need not to displace other priority patients.",
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  "date": "24/04/2026",
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    "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores",
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    "Cirugía General Hospital San Carlos",
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    "amparo salud",
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    "General Surgery San Carlos Hospital",
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  "excerpt_es": "V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. [...] Esta dilación, se estima como desproporcionada e injustificada, considerando la condición de vulnerabilidad y la necesidad de atención médica prioritaria que caracteriza a los individuos de avanzada edad. Por consiguiente, se determina que ha ocurrido una violación al derecho fundamental a la salud de la parte amparada. [...] En el caso que nos ocupa, la demora en la provisión de servicios médicos esenciales a una persona adulta mayor, que requieren atención quirúrgica, constituye una violación a los principios de accesibilidad y disponibilidad inmediata de atención médica.\n\nPOR TANTO: Se declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a DANIEL ABARCA HERNÁNDEZ [...] y a JOSÉ ANDRÉS MONTOYA LEDEZMA [...] que coordinen y dispongan lo necesario para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a la parte amparada le sea realizado el procedimiento quirúrgico [...]",
  "excerpt_en": "V.- ON THE SPECIFIC CASE. [...] This delay is deemed disproportionate and unjustified, considering the vulnerable condition and the need for priority medical care that characterizes elderly individuals. Consequently, it is determined that a violation of the amparada's fundamental right to health has occurred. [...] In the case at hand, the delay in providing essential medical services to an older adult who requires surgical care constitutes a violation of the principles of accessibility and immediate availability of medical care.\n\nTHEREFORE: The petition is GRANTED. Consequently, it is ordered that DANIEL ABARCA HERNÁNDEZ [...] and JOSÉ ANDRÉS MONTOYA LEDEZMA [...] coordinate and arrange what is necessary so that, within ONE MONTH from notification of this judgment, the amparada undergoes the surgical procedure [...]",
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber grants the amparo petition, orders the laparoscopic cholecystectomy to be performed within one month, and awards costs, damages, and losses against the CCSS.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo, ordena realizar la colecistectomía laparoscópica en el plazo de un mes y condena a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-011145-0007-CO \n\nRes. Nº 2026014672\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 26-011145-0007-CO interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 17:31 hrs. del 28 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada es una persona adulta mayor de 71 años y sufre cálculo de la vesícula biliar sin colestitis, padecimiento que le genera dolor e inflamación en el lado derecho del abdomen, así como cólicos y náuseas. Señala que, desde el 23 de enero de 2025, el médico tratante de la tutelada en el Servicio de Cirugía General del Hospital de San Carlos le emitió una solicitud de hospitalización con prioridad baja para una colecistectomía laparoscópica. No obstante, al día de interposición del presente recurso, la amparada no ha sido operada ni se le ha indicado una fecha cierta para tal intervención. Señala que la paciente un peso corporal actual de 58,1 kilos, con una estatura de 1,53 metros y un IMC de 24,81, sin información de ninguna contraindicación para recibir la cirugía. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representada. Solicita la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\n2.- Mediante auto de las 14:26 hrs. del 15 de abril de 2026 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 09:18 horas del 17 de abril de 2026.\n\n3.- Por escrito presentado el 20 de abril de 2026, informan bajo juramento DANIEL ABARCA HERNÁNDEZ, en condición de Director General, y JOSÉ ANDRÉS MONTOYA LEDEZMA, en condición de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Carlos de la Caja Costarricense de Seguro Social que: “(…) El Hospital San Carlos ha contado y cuenta con un Servicio de Emergencias continuo los 365 días del año, donde se atiende todas las enfermedades de urgencia y prioridades en los usuarios. Se cuenta con cobertura durante todo el año en tiempo ordinario y extraordinario por disponibilidades o guardias médicas. 1 Al tener activo el Servicio de Urgencias, con cobertura en tiempo ordinario y extraordinario de médicos en las diferentes especialidades, tanto medicas como quirúrgicas, como además interconsultas, se garantiza la protección del derecho a la salud de los costarricenses. En este momento la cantidad de especialistas en anestesia y algunas especialidades quirúrgicas, no permiten un adecuado funcionamiento de las salas de operaciones del Hospital San Carlos y esto se repercute en que las listas de espera quirúrgicas continúen en aumento, sin detención. Se han realizado todas las acciones necesarias para una adecuada atención del paciente, tanto en tiempo ordinario como extraordinario, y se anota en lista prioritaria quirúrgica de atención de Recursos de Amparo, con fecha máxima de programación para el 17 de julio 2026. El Grupo Gestor de listas de espera, oportunamente estará comunicando la fecha exacta de ingreso y toda la preparación para la cirugía.”\n\n 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada, es persona adulta mayor de 71 años, padece cálculo de vesícula biliar sin colecistitis, condición que le provoca dolor abdominal, inflamación, cólicos y náuseas. Indica que, desde el 23 de enero de 2025, cuenta con solicitud de hospitalización emitida por el Servicio de Cirugía General del Hospital de San Carlos para practicarle una colecistectomía laparoscópica con prioridad baja; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha sido intervenida ni se le ha asignado una fecha cierta para la cirugía. Añade que no presenta contraindicaciones para el procedimiento, por lo que estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1. La amparada tiene 71 años y es paciente del hospital accionado (hecho no controvertido). \n\n2. La amparada padece de cálculo de vesícula biliar sin colecistitis (ver prueba aportada a los autos). \n\n3. El 23 de enero de 2025, el Servicio de Cirugía General del Hospital de San Carlos emitió la boleta de hospitalización de la amparada para practicarle una colecistectomía laparoscópica con prioridad baja (ver prueba aportada a los autos).\n\n4. Con ocasión de la notificación del auto de curso, las autoridades accionadas programaron la cirugía de la amparada para el 17 de julio de 2026 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). \n\n \n\nIII.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial. En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6 de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igual de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.\n\nIV.- EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que la amparada tiene 71 años y es paciente del hospital accionado. La amparada padece de cálculo de vesícula biliar sin colecistitis. El 23 de enero de 2025, el Servicio de Cirugía General del Hospital de San Carlos emitió la boleta de hospitalización de la amparada para practicarle una colecistectomía laparoscópica con prioridad baja. Con ocasión de la notificación del auto de curso, las autoridades accionadas programaron la cirugía de la amparada para el 17 de julio de 2026. \n\nA partir de la situación fáctica debidamente acreditada para la resolución de este caso, una evidente demora en la provisión de los servicios médicos necesarios, lo cual no puede considerarse adecuado ni razonable, especialmente teniendo en cuenta que la parte amparada pertenece al grupo de personas adultas mayores. Esta dilación, se estima como desproporcionada e injustificada, considerando la condición de vulnerabilidad y la necesidad de atención médica prioritaria que caracteriza a los individuos de avanzada edad. Por consiguiente, se determina que ha ocurrido una violación al derecho fundamental a la salud de la parte amparada. Debe recordarse que, el marco normativo internacional en materia de derechos humanos, y en particular, los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como las disposiciones específicas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es pertinente resaltar la relevancia de garantizar el derecho a la salud sin discriminación alguna. El artículo 12 del PIDESC, de manera explícita, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este mandato implica, entre otras obligaciones para los Estados Parte, la garantía de acceso efectivo y sin dilaciones indebidas a tratamientos médicos y procedimientos quirúrgicos que sean necesarios. Además, se debe considerar la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual interpreta el artículo 12 del PIDESC y destaca la importancia de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud. Específicamente, se enfatiza que la accesibilidad incluye el derecho a acceder a servicios de salud en tiempo oportuno, evitando así perjuicios en la salud de las personas. \n\nEn el caso que nos ocupa, la demora en la provisión de servicios médicos esenciales a una persona adulta mayor, que requieren atención quirúrgica, constituye una violación a los principios de accesibilidad y disponibilidad inmediata de atención médica. Si bien las autoridades recurridas programaron la cirugía para la amparada, el plazo indicado sigue siendo desproporcionado de conformidad con el criterio de este Tribunal. \n\nEsta situación contraviene no solo el artículo 12 del PIDESC sino también el principio de no discriminación y el derecho a una vida digna, tal como se establece en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, garantizando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De igual manera, en el marco jurídico nacional, resulta imperativo hacer referencia al artículo 21 de la Constitución Política, el cual establece de manera clara y contundente que “la vida humana es inviolable” y, por derivación, el Estado está obligado a velar por la salud y el bienestar social de sus ciudadanos, garantizando así el acceso a los servicios de salud como un derecho fundamental inherente a la dignidad de todas las personas. Este precepto constitucional se alinea perfectamente con los principios de universalidad, integralidad y equidad en salud, reforzando la obligación del Estado costarricense de proveer servicios médicos de manera oportuna y adecuada a toda la población, sin discriminación alguna y priorizando a aquellos en situación de vulnerabilidad. La interpretación de este artículo debe hacerse de manera que se maximice la protección del derecho a la salud, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos mencionados anteriormente. Dada la evidencia de esta infracción y en cumplimiento de las obligaciones derivadas tanto del derecho internacional como del ordenamiento jurídico interno costarricense, esta sentencia reafirma la necesidad imperante de que el Estado, a través de sus entidades y organismos competentes, asegure la realización efectiva del derecho a la salud. Se ordena, por tanto, la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar que la parte amparada reciba la atención médica requerida de forma urgente, respetando los principios de inmediatez y prioridad, y en estricto apego a los dictámenes del artículo 21 constitucional, así como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el país ha adoptado. Por lo tanto, en consonancia con los fundamentos expuestos, se acoge favorablemente la demanda de amparo interpuesta tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nVII.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Y DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.\n\n VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a DANIEL ABARCA HERNÁNDEZ, en condición de Director General, y a JOSÉ ANDRÉS MONTOYA LEDEZMA, en condición de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Carlos de la Caja Costarricense de Seguro Social o, a quienes ocupen esos cargos, que coordinen y dispongan lo necesario para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a la parte amparada le sea realizado el procedimiento quirúrgico, lo anterior de conformidad con las indicaciones y responsabilidad de su médico tratante, siempre y cuando no lo impida alguna otra causa médica. Se le previene a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no estuviera más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas ponen nota. El Magistrado Rueda Leal consigna nota. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n I9SGXNNT47BM61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-011145-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Exp: 26-011145-0007-CO\n\nRes. No. 2026014672\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed under case file number 26-011145-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission received by this Chamber at 5:31 p.m. on April 28, 2026, the petitioner files an amparo action and states that the protected party is an older adult, 71 years of age, who suffers from gallstones without cholecystitis, a condition that causes pain and inflammation in the right side of the abdomen, as well as colic and nausea. They indicate that, since January 23, 2025, the protected party's treating physician in the General Surgery Service of the San Carlos Hospital issued a hospitalization request with low priority for a laparoscopic cholecystectomy. However, as of the date this action was filed, the protected party has not been operated on nor has she been given a specific date for the procedure. They note that the patient currently has a body weight of 58.1 kilograms, a height of 1.53 meters, and a BMI of 24.81, with no information regarding any contraindication for receiving the surgery. They consider the fundamental rights of their represented party to be violated. They request the intervention of this Constitutional Court.\n\n2.- By order issued at 2:26 p.m. on April 15, 2026, this action was processed and notified to the respondent authorities at 9:18 a.m. on April 17, 2026.\n\n3.- By written submission presented on April 20, 2026, DANIEL ABARCA HERNÁNDEZ, in his capacity as General Director, and JOSÉ ANDRÉS MONTOYA LEDEZMA, in his capacity as Head of the General Surgery Service, both of the San Carlos Hospital of the Costa Rican Social Security Fund, report under oath that: \"(…) The San Carlos Hospital has had and continues to have a continuous Emergency Service 365 days a year, where all emergency illnesses and priorities for users are addressed. There is coverage throughout the year in regular time and overtime through on-call availability or medical shifts. 1 By having the Emergency Service active, with coverage in regular and overtime by physicians in the different specialties, both medical and surgical, as well as inter-consultations, the protection of Costa Ricans' right to health is guaranteed. At this moment, the number of specialists in anesthesia and some surgical specialties does not allow for the adequate functioning of the operating rooms at San Carlos Hospital, and this results in the surgical waiting lists continuing to increase without stopping. All necessary actions have been taken for adequate patient care, both in regular and overtime, and she is placed on the priority surgical care list for Amparo Actions, with a maximum scheduling date of July 17, 2026. The Waiting List Management Group will duly communicate the exact admission date and all preparation for the surgery.\"\n\n4.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action and states that the protected party is an older adult, 71 years of age, suffers from gallstones without cholecystitis, a condition that causes abdominal pain, inflammation, colic, and nausea. They indicate that, since January 23, 2025, she has had a hospitalization request issued by the General Surgery Service of the San Carlos Hospital for a laparoscopic cholecystectomy with low priority; however, as of the date the action was filed, she has not been operated on nor has she been assigned a specific date for the surgery. They add that she has no contraindications for the procedure, and therefore they consider her fundamental rights to be violated and request the intervention of this Constitutional Court.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\n1. The protected party is 71 years old and is a patient of the respondent hospital (uncontested fact).\n\n2. The protected party suffers from gallstones without cholecystitis (see evidence provided in the record).\n\n3. On January 23, 2025, the General Surgery Service of the San Carlos Hospital issued the hospitalization slip for the protected party to undergo a laparoscopic cholecystectomy with low priority (see evidence provided in the record).\n\n4. On the occasion of the notification of the processing order, the respondent authorities scheduled the protected party's surgery for July 17, 2026 (see report provided by the respondent authorities).\n\nIII.- REGARDING THE RIGHT TO HEALTH OF OLDER ADULTS. The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by hospitals, clinics, and other health care units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to users with a clear and unequivocal vocation of service, as that has been the reason for their creation and existence. Thus, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, for which the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, supervisory, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all people. In addition to this, the provisions of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons are relevant, which, in Article 3, subsection k), establishes good treatment and preferential attention as a general principle. Consistent with the previous article, Article 19 of the Convention states in its first subsection that States shall ensure preferential attention and universal, equitable, and timely access to comprehensive, quality health services based on primary care, and take advantage of traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and customs. Likewise, in subsection m) of the same article, it is stipulated that the availability and access to medications recognized as essential by the World Health Organization shall be guaranteed to the older person, including controlled medications necessary for palliative care. Additionally, Article 6 of the aforementioned Convention indicates that States have the obligation to adopt the necessary measures to guarantee older adults an effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, and on equal terms with other sectors of the population. This obligation also entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.\n\nIV.- REGARDING THE PRINCIPLES OF EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, CONTINUITY, REGULARITY, AND ADAPTATION IN PUBLIC HEALTH SERVICES. The public organs and entities that provide public health services have the imperative and urgent obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of \"waiting lists\" for surgical interventions and certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly. The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of Hospitals and Clinics belonging to it are under a duty and, consequently, are personally responsible—in the terms of Article 199 and following of the General Law of Public Administration—for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to put a definitive end to the tardy provision—which, on occasion, becomes an omission due to its consequences—of health services, a situation that constitutes, by all accounts, an unequivocal lack of service that can give rise to the patrimonial administrative liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the General Law of Public Administration).\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the probative elements provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports provided by the representatives of the respondent authorities—which are considered given under oath with the consequences, even criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the protected party is 71 years old and is a patient of the respondent hospital. The protected party suffers from gallstones without cholecystitis. On January 23, 2025, the General Surgery Service of the San Carlos Hospital issued the hospitalization slip for the protected party for a laparoscopic cholecystectomy with low priority. On the occasion of the notification of the processing order, the respondent authorities scheduled the protected party's surgery for July 17, 2026.\n\nBased on the factual situation duly proven for the resolution of this case, there is an evident delay in the provision of necessary medical services, which cannot be considered adequate or reasonable, especially considering that the protected party belongs to the group of older adults. This delay is deemed disproportionate and unjustified, considering the condition of vulnerability and the need for priority medical attention that characterizes elderly individuals. Consequently, it is determined that a violation of the fundamental right to health of the protected party has occurred. It must be remembered that, within the international normative framework on human rights, and in particular, the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, as well as the specific provisions contained in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), it is pertinent to highlight the relevance of guaranteeing the right to health without any discrimination. Article 12 of the ICESCR explicitly recognizes the right of every person to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. This mandate implies, among other obligations for the States Parties, the guarantee of effective access without undue delays to necessary medical treatments and surgical procedures. Furthermore, General Comment No. 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights must be considered, which interprets Article 12 of the ICESCR and highlights the importance of the availability, accessibility, acceptability, and quality of health services. Specifically, it emphasizes that accessibility includes the right to access health services in a timely manner, thus avoiding harm to people's health.\n\nIn the case at hand, the delay in providing essential medical services to an older adult who requires surgical attention constitutes a violation of the principles of accessibility and immediate availability of medical care. Although the respondent authorities scheduled the surgery for the protected party, the indicated timeframe remains disproportionate according to the criteria of this Court.\n\nThis situation contravenes not only Article 12 of the ICESCR but also the principle of non-discrimination and the right to a dignified life, as established in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, guaranteeing that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Likewise, in the national legal framework, it is imperative to refer to Article 21 of the Political Constitution, which clearly and forcefully establishes that \"human life is inviolable\" and, by derivation, the State is obliged to ensure the health and social welfare of its citizens, thus guaranteeing access to health services as a fundamental right inherent to the dignity of all persons. This constitutional precept aligns perfectly with the principles of universality, comprehensiveness, and equity in health, reinforcing the obligation of the Costa Rican State to provide medical services in a timely and adequate manner to the entire population, without any discrimination and prioritizing those in vulnerable situations. The interpretation of this article must be carried out in a manner that maximizes the protection of the right to health, in accordance with the international human rights standards mentioned above. Given the evidence of this infraction and in fulfillment of the obligations derived from both international law and the Costa Rican domestic legal system, this judgment reaffirms the prevailing need for the State, through its competent entities and bodies, to ensure the effective realization of the right to health. It is therefore ordered that all necessary measures be implemented to guarantee that the protected party receives the required medical attention urgently, respecting the principles of immediacy and priority, and in strict adherence to the dictates of Article 21 of the Constitution, as well as the international human rights commitments the country has adopted. Therefore, in accordance with the grounds set forth, the amparo action filed is granted, as indicated in the operative part of this judgment.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, the waiting lists at the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of process has seen an exponential increase, as the statistics of this Court demonstrate.\n\nNumber of health case files submitted to the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | QUANTITY IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the sharp increase of these matters during 2025 is noteworthy, when this area reached 43.21% of the Court's caseload.\n\nOf those matters, a good number corresponds to waiting lists. In relation to the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 of 9:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the above, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report provided in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increased demand from the first level of care, absenteeism of patients for appointments at various medical centers of the respondent institution, among others. In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods by pathology or related diagnosis groups must be defined according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as the objective criteria for determining the inclusion and ranking of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote seeks that the Costa Rican Social Security Fund—within the framework of its constitutional and legal powers—take the required measures to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, with the aim of monitoring compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. It also ordered the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) to assist with monitoring the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the resolutions of the Chamber.\n\nVII.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ AND MAGISTRATE GARRO VARGAS. Although in this case we concur with our vote to declare the amparo action granted due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order set forth in the operative part of this ruling, in the sense that she undergo the procedure within the period established in the \"therefore\" clause, shall apply provided that it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or serious damage to their health would be caused.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,\" approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is declared GRANTED. Consequently, DANIEL ABARCA HERNÁNDEZ, in his capacity as General Director, and JOSÉ ANDRÉS MONTOYA LEDEZMA, in his capacity as Head of the General Surgery Service, both of the San Carlos Hospital of the Costa Rican Social Security Fund, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate and arrange what is necessary so that, within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the protected party undergoes the surgical procedure, in accordance with the indications and responsibility of her treating physician, provided that no other medical cause prevents it. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo action, and does not fulfill it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas append a note. Magistrate Rueda Leal records a note. Let it be notified.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\n*I9SGXNNT47BM61*\n\nCASE FILE No. 26-011145-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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