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  "id": "nexus-sen-1-0007-1384637",
  "citation": "Res. 14742-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo ganadero contra trazabilidad rechazado de plano",
  "title_en": "Livestock amparo against traceability dismissed outright",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto contra el Decreto Ejecutivo N° 44336 (Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino) y la Circular SENASA-DG-147-2026. El recurrente, un productor agropecuario, alegaba que la entrada en vigor de la obligación de identificar todo bovino con el Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO) a partir del 27 de abril de 2026, cuando solo el 37.4% del hato nacional estaba identificado, causaría un caos nacional al impedir la movilización de más de 850.000 animales para alimentación, agua, atención veterinaria, comercialización y sacrificio. La Sala determinó que el amparo era manifiestamente improcedente porque el recurrente impugnaba normas generales en abstracto, sin demostrar agravios concretos, directos e individualizados a sus derechos fundamentales, y porque las discrepancias sobre procedimiento legislativo (falta de consulta pública) constituían cuestiones de mera legalidad. Se le indicó que, de estimar la normativa inconstitucional, debía acudir a la acción de inconstitucionalidad según el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed an amparo filed against Executive Decree No. 44336 (National System for Individual Identification and Traceability of Cattle) and Circular SENASA-DG-147-2026. The petitioner, a livestock producer, argued that enforcing the requirement for all cattle to be identified with the Official Individual Identification Device (DIIO) from April 27, 2026—when only 37.4% of the national herd was identified—would cause national chaos by blocking the movement of over 850,000 animals for feeding, watering, veterinary care, marketing, and slaughter. The Chamber held that the amparo was manifestly inadmissible because the petitioner challenged general regulations in the abstract, without showing specific, direct, and individualized harm to fundamental rights, and because procedural objections (lack of public consultation) were matters of ordinary legality. It directed the petitioner to use the constitutionality action under Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law if he believed the regulations were unconstitutional.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/04/2026",
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    "DIIO",
    "guía oficial de movilización",
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  "keywords_en": [
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  "excerpt_es": "Al igual que en el precedente de cita, el recurrente acude a este Tribunal a solicitar la suspensión y anulación de normas generales, sin precisar ni concretar agravios específicos que, a través del decreto aludido, afecten o hayan afectado de manera concreta, directa o individualizada (en modo y tiempo), sus derechos fundamentales o de otra persona en específico, sino que acude en forma genérica, lo cual a todas luces es improcedente de conocerse ante la Sala.\n\nAsimismo, aun cuando el recurrente en un escrito posterior al de interposición de este recurso, cuestiona que el nuevo decreto incorporó requisitos y trámites -sin precisar- que no fueron objeto de la audiencia pública, ni fueron revisados por otras instancias y establece que ello afectó sus derechos, lo cierto es que este Tribunal ha señalado que, verificar tal situación es de mera legalidad:\n\n“...En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano.”",
  "excerpt_en": "As in the cited precedent, the petitioner comes to this Court seeking the suspension and annulment of general norms, without specifying or detailing specific grievances that, through the challenged decree, concretely, directly, or individually (in manner and time) affect or have affected his fundamental rights or those of another specific person, but rather approaches generically, which is clearly inadmissible before this Chamber.\n\nMoreover, even though the petitioner in a subsequent submission questions that the new decree introduced requirements and procedures—without specifying—that were not subject to public hearing or reviewed by other bodies, and claims this affected his rights, the truth is that this Court has held that verifying such a situation is a matter of mere legality:\n\n“...In such cases, determining whether or not such a legislatively-configured right has been breached is a question of legality to be discussed before the ordinary or common jurisdiction, not this constitutional jurisdiction. Ultimately, what the current Constitution and international human rights instruments embody is a principle of participation, which for obvious reasons does not attain the prescriptive and enforceable character of a fundamental or human right.”",
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    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The amparo is summarily dismissed for challenging general norms in the abstract and involving matters of mere legality.",
    "summary_es": "Se rechaza de plano el recurso de amparo por impugnar normas generales en abstracto y por versar sobre cuestiones de mera legalidad."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II (precedente citado)",
      "quote_en": "...determining whether or not such a legislatively-configured right has been breached is a question of legality to be discussed before the ordinary or common jurisdiction, not this constitutional jurisdiction.",
      "quote_es": "...determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "Finally, if the petitioner believes the challenged regulations are unconstitutional, he must so argue, complying with the procedural requirements established in Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, and not through amparo...",
      "quote_es": "Finalmente, si el petente estima que la normativa cuestionada es inconstitucional, así deberá alegarlo, cumpliendo con los requisitos procesales que establece el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y no a través del amparo..."
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  "body_es_text": "EV Generación de Machote: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4ADMAMPA052.dpj\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 26-011887-0007-CO \n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026014742\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, con cédula de identidad número CED01, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 7 de abril de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que la propiedad de los bovinos o semovientes se acredita con la marca o fierro en los animales, salvo prueba en contrario, la marca o fierro sobre el ganado hace presumir que es propiedad de la persona que la tenga debidamente inscrita, además mediante reglamento especifico se dispondrán los procedimientos que permitan asociar la marca registrada con los establecimientos donde permanecen los animales. Dicho reglamento también dispondrá los sistemas de identificación y las tarifas que se implementarán para el registro de marcas de ganado, conforme a lo que dispone la ley de marcas de ganado, ley número 2247 del 07 de agosto de 1958. Por su parte, la ley numero 8799: Ley para el control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación, dispone expresamente que quien movilice ganado bovino dentro del territorio nacional deberá contar con la guía oficial de movilización establecida en esta Ley. La guía de movilización será requerida también en todo caso y para toda persona que adquiera, negocie o ingrese ganado, previamente movilizado, a un sitio de sacrificio o comercialización. Es responsabilidad única y exclusiva del propietario o responsable de los animales incluir los datos requeridos en la guía oficial de movilización, en forma correcta, fidedigna y total, en el lugar donde inicie la movilización de los animales. Esa misma ley define la Guía oficial de movilización como el formulario autorizado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) que permite el transporte y la movilización de ganado por el territorio nacional en calles y caminos públicos, en la medida que dicho formulario esté totalmente lleno en sus estipulaciones y requerimientos, y la información consignada en él sea verídica. Es un documento público, oficial y tendrá el carácter de declaración jurada por parte del propietario, legítimo poseedor o responsable de los animales, sobre la información en él consignada. Para los efectos de su utilización, el propietario de los animales o la persona que se haya designado como responsable deberá llenar la guía oficial de movilización en forma completa y veraz. Mediante el decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y con vigencia a partir del 26 de julio 2024, se crea el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del ganado bovino, mediante el cual se establece que todo bovino debe de ser identificado y registrado oficialmente en los plazos que establece el reglamento que crea el nuevo sistema y; además, prohíbe la movilización y el transporte por vías públicas, la comercialización, la exhibición o exposición, el sacrificio del ganado bovino, o cualquier forma de tenencia, que no se encuentre identificado y registrado oficialmente en esos plazos. El incumplimiento de esta obligación faculta al SENASA a aplicar las medidas sanitarias que la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley nro. 8495 del 6 de abril del 2006 autoriza, dentro de las cuales están el sacrificio de los animales, cuando esta situación implique un riesgo para la salud animal, la salud pública o la salud pública veterinaria, o la desnaturalización de los productos, según proceda. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra medida sanitaria que la legislación disponga. El decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y con vigencia a partir del 26 de julio 2024, crea el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del ganado bovino dispuso en el transitorio III que, en un plazo no mayor de dieciocho meses posteriores a la entrada en vigencia de este reglamento, deberá de aplicarse lo aquí normado en todo su alcance. Por razones de conveniencia y oportunidad ese plazo podrá ampliarse por un periodo igual, a fin de permitir que los diferentes actores de la producción ganadera bovina puedan identificar individualmente sus hatos o rebaños, asimismo estableció el transitorio IV, que podrán utilizarse hasta por dieciocho meses posteriores a la entrada en vigencia del presente reglamento las guías de movilización vigentes que permiten la movilización grupal sin identificación individual, a fin de otorgar plazo a los responsables de los establecimientos para identificar y registrar individualmente al ganado y ajustarse a las nuevas disposiciones en relación a la emisión de las guías. Por razones de conveniencia y oportunidad ese plazo podrá ampliarse por un periodo igual, a fin de permitir que los diferentes actores de la producción ganadera bovina puedan identificar individualmente sus hatos o rebaños y que a partir de 18 meses posteriores a la entrada en vigencia del presente Reglamento, todo bovino que nazca deberá de ser identificado y registrado en un plazo no mayor de 6 meses desde la fecha de su nacimiento y, en cualquier caso, antes de que abandone la explotación en la que ha nacido. Para ello será requerido el CIIO de la madre, con excepción de los bovinos no nacidos en el país que hayan sido importados. Mediante resolución MAG-SENASA-DM-RA-001-2025 del 26 de noviembre de 2025, se acordó prorrogar, al amparo del Transitorio III y IV del Decreto Ejecutivo nro. 44336- MAGS-SP-MOPT, denominado \"Crea el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino\", y por razones de conveniencia y oportunidad, la entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo, por un plazo de tres meses adicionales, de manera que su aplicación iniciara a partir del 26 de abril de 2026, denota que se prorroga por un plazo de tres meses, pese a que el mismo decreto establece expresamente que la prórroga debe ser de dieciocho meses y no era facultativo para el MAG y el SENASA establecer un plazo menor (literalmente y en lo conducente el transitorio III del decreto dispone lo siguiente: “Por razones de conveniencia y oportunidad ese plazo podrá ampliarse por un periodo igual a fin de permitir que los diferentes actores de la producción ganadera bovina puedan identificar individualmente sus hatos o rebaños”. De acuerdo con las estimaciones de la Corporación Ganadera (CORFOGA), que es un ente público no estatal cuyo objetivo es fomentar, regular y promover la actividad ganadera bovina, gestionando recursos para el desarrollo del sector y la defensa de sus intereses, el hato ganadero bovino de Costa Rica alcanza la cifra de un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ocho semovientes y al 6 de abril de 2026 solamente se han identificado con el \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DUO) quinientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y tres animales, es decir, apenas se alcanza un 37.4% del hato nacional. De acuerdo con los datos de CORFOGA en los últimos 5 meses que ha habido un esfuerzo nacional enorme para cumplir con la implantación del \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DUO), el promedio mensual de los animales identificados alcanza solamente 51 mil bovinos. De acuerdo con los datos anteriores se puede afirmar con absoluta certeza que para el 26 de abril de 2026, fecha en la que se impedirá la movilización de animales que no cuentan con el \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DUO), si acaso se habrá alcanzado un 38 % del hato nacional, lo que significa simple y llanamente que alrededor de ochocientos mil bovinos no podrán movilizarse por territorio nacional, pese a contar con una marca de ganado inscrita que acredita la propiedad de los semovientes y de acompañar su movilización y transporte con una guía oficial de movilización, conforme a lo que establece la ley número 8799: Ley para el control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación. Pese a la realidad incuestionable e irrefutable que arrojan los datos y que implican que dos terceras partes del hato ganadero nacional, no podrá ser movilizado por territorio nacional, ni para trasladarlos a fincas con pasturas y agua cuando por efectos de clima y rotación de repastos o potreros los pastes y el agua se agotan en una finca y deba trasladarse el ganado a otra donde sí hay alimento y agua. Tampoco podrán ser movilizados los animales que se encuentran desarrollados y terminados en cuanto a edad, conformación y peso a los establecimientos de sacrificio, con lo cual los consumidores verán disminuida severamente la oferta de carne y otros productos y subproductos de origen bovino. De igual manera no podrá movilizarse los animales hacia centros o establecimientos veterinarios para recibir atención médica en caso de que esta no pueda brindarse en la finca. La CORFOGA, consciente de la realidad y de la situación caótica que puede generar el lento avance en la colocación del Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DUO), pues como vimos solamente hay un 37.4 % ciento del hato ganadero con este dispositivo, solicitó que, con base en los estudios, los datos y el promedio mensual de colocación del dispositivo en los más de ochocientos mil animales, al ministro de Agricultura y Ganadería, mediante oficio nro. CFG-0609-2026, de fecha 17 de marzo de 2026, una prórroga de nueve (9) meses para la implementación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino, regulado mediante el Decreto Ejecutivo nro. 044336-MAG-S-SP-MOPT. Dicha solicitud de prórroga la hace CORFOGA considerando que, a pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el MAG, SENASA y otras entidades, y del trabajo conjunto con los distintos actores de la producción ganadera, persisten limitaciones técnicas, operativas y logísticas que dificultan alcanzar, dentro del plazo vigente (26 de abril) el nivel de identificación individual requerido para el adecuado funcionamiento del sistema. Como se observa en la imagen que adjunta, la cantidad de animales identificados al 09 de marzo del presente año es baja comparada a la cantidad de animales que componen el hato nacional. Pese a lo solicitado por CORFOGA y ante una situación fáctica, evidente y manifiesta, que amenaza generar un caos y una situación de emergencia nacional, por el impedimento para movilizar en territorio nacional más de ochocientos mil animales, el SENASA emitió la circular SENASA-DG-147-2026 del 18 de marzo 2026, en la cual reafirmó que todo bovino que circule por vías públicas dentro del territorio nacional y asimismo todo bovino cuyo destino sea exposiciones ganaderas, mataderos, subastas ganaderas u otros establecimientos vinculados a la actividad pecuaria debe estar debidamente identificado mediante el Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DUO) y contar con la respectiva Guía Oficial de Movilización en formato digital, debidamente emitida a través de los sistemas oficiales autorizados por el SENASA, esto a partir del 27 de abril de 2026. Los ciudadanos y sobre todo los productores agropecuarios de Costa Rica, nacidos y criados bajo un sistema de respeto por el ordenamiento jurídico y en especial por el respeto de los derechos y garantías constitucionales fundamentales, entienden que las normas jurídicas, independientemente de su rango, deben interpretarse, ajustar y responder a las realidades y sobre todo aplicarse de forma tal que no generen un caos o una situación caótica a la sociedad. En este caso concreto, de no postergarse la aplicación plena del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y de mantenerse lo ordenado por el director General del SENASA en la Circular SENASA-DG-147-2026 del 18 de marzo 2026, tendremos una situación de caos y emergencia nacional que puede salirse de las manos, pues se impedirá movilizar los animales que requieran ser transportados para recibir alimentación y agua, atención médico veterinaria y su traslado a las plantas de sacrificio por encontrarse listos para ser faenados. Por lo anterior, señala que acude a este Tribunal buscando un reparo y sobre todo la tutela a la producción agropecuaria, basados en los que disponen los ordinales 50 y 69, en relación y concordancia con lo que disponen el 33, 34, 39, 41, 45, siguientes y concordantes de la Constitución Política, teniendo claro que es a esta Sala la que corresponde garantizar, mediante los recursos de habeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica, máxime que se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales A su juicio y salvo mejor criterio de la Sala, estima que procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos, además de que la ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que procede el amparo no solo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. La realidad de los hechos y los datos oficiales llevan, necesaria e indefectiblemente a concluir que la aplicación del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y la Circular SENASA-DG-147-2026 del 18 de marzo 2026, puede generar una situación de conmoción pública y de emergencia nacional y en aras del interés de la colectividad no puede inmovilizarse dos terceras partes del hato nacional que aún no cuentan con el Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DUO), recordando que la misma ley de la Jurisdicción constitucional prescribe que la falta de impugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere el inciso a) del artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no impedirán que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho fundamental del reclamante . Solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dicte como medida precautoria para no hacer nugatorios los derechos de los ganaderos y de los consumidores de Costa Rica la suspensión del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y la Circular SENASA-DG-147- 2026 del 18 de marzo 2026, hasta tanto la Sala resuelva el presente recurso o disponga otra cosa. Asimismo, solicita lo siguiente: 1. Acoger para trámite el presente recurso de amparo y declararlo con lugar. 2. Ordenar en sentencia, por encontrarse viciado de inconstitucionalidad, la anulación del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y la Circular SENASA-DG-147- 2026 del 18 de marzo de 2026. 3. Se condene a la autoridad recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales serán liquidados en la sede jurisdiccional correspondiente.\n\n2.- Por escrito remitido el 17 de abril de 2026, el recurrente señala que pone en conocimiento las notas de la Federación de Subastas y Cámaras de Ganaderos de Costa Rica (FESUGAN, de la Cámara de Ganaderos de Cañas y de la Federación de Cámaras de Ganaderos de Costa Rica en las cuales, al igual que lo hizo la Corporación Ganadera (CORFOGA, advierten los serios problemas y trastornos que ocasionará inmovilizar aproximadamente ochocientos cincuenta mil bovinos a partir del 27 de abril de este año. Aduce que no se trata de estar en favor o en contra del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino, ni de acudir a la Sala a discutir temas de legalidad o que correspondan a la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que se trata de resolver una petición respetuosa para evitar una situación caótica para la ganadería nacional y la sociedad costarricense. Tanto la Corporación Ganadera (CORFOGA), como la Federación de Subastas y Cámaras de Ganaderos de Costa Rica (FESUGAN), la Cámara de Ganaderos de Cañas y la Federación de Cámaras de Ganaderos de Costa Rica están advirtiendo la situación de conmoción social que puede ocasionar no postergar la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino. El hato ganadero bovino de Costa Rica alcanza la cifra de un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ocho semovientes y al día 6 de abril de 2026 solamente se ban identificado con el \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DIIO) quinientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y tres animales, es decir apenas se alcanza un 37.4% del hato nacional. Denota que, en los últimos 5 meses que ha habido un esfuerzo nacional enorme para cumplir con la implantación del \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DIIO), el promedio mensual de los animales identificados alcanza solamente 51 mil bovinos, es decir que para la fecha fatal del 26 de abril de 2026, fecha en la que se impedirá la movilización de animales que no cuentan con el \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DIIO), si acaso se habrá alcanzado un 38 % del hato nacional, lo que significa simple y llanamente que alrededor de ochocientos cincuenta mil bovinos no podrán movilizarse por territorio nacional, pese a contar con una marca de ganado inscrita que acredita la propiedad de los semovientes y de acompañar su movilización y transporte con una guía oficial de movilización, conforme a lo que establece la ley número 8799: Ley para el control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación. Esto implica que dos terceras partes del hato ganadero nacional, no podrá ser movilizado por territorio nacional, ni para trasladarlos a fincas con pasturas y agua cuando por efectos de clima y rotación de repastos o potreros los pastos y el agua se agotan en una finca y debe trasladarse el ganado a otra donde sí hay alimento y agua. Tampoco podrán ser movilizados los animales que se encuentran desarrollados y terminados en cuanto a edad, conformación y peso a los establecimientos de sacrificio, con lo cual los consumidores verán disminuida severamente la oferta de carne y otros productos y subproductos de origen bovino. De igual manera no podrán movilizarse los animales hacia centros o establecimientos veterinarios para recibir atención médica en caso de que esta no pueda brindarse en la finca. Además, como hecho nuevo, surgido después de presentado el escrito de interposición del recurso y para agravar aún más la situación generada, el decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024, se modificó nuevamente (nro. 45675-MAG-S-SP-MOPT, publicado en gaceta del 14 de abril 2026) imponiendo nuevas cargas, requisitos y trámites para el administrado, sin siquiera ponerse previamente a disposición de la ciudadanía, mediante consulta pública y sin que conste el informe del Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el que se analizara que esta nueva modificación cumple con lo establecido por la Ley nro. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y sus reformas, recordando que en su oportunidad, previamente a la publicación del Decreto Ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 \"Creación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino si emitió el informe DAR-INF121-2023 de fecha 2 de octubre de 2023, es decir se modificó el decreto, pero la modificación no salió a consulta pública para que el ciudadano se pueda referir al mismo y sin siquiera pasar por el filtro del Sistema de Control Previo (SICOPRE) de la normativa. Mientras el decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 pasa por el filtro del Sistema de Control Previo (SICOPRE) de la normativa, esta nueva modificación nro. 45675- MAG-S-SP-MOPT publicado en gaceta del 14 de abril 2026) no solo se publica a “espaldas del ciudadano”, sino que ni siquiera es analizado previamente por el departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para verificar su conformidad con lo establecido por la Ley nro. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y sus reformas, con lo cual no solo se transgrede el debido proceso, sino que se les deja en estado absoluto de indefensión. Solicita acoger este recurso de amparo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dicte como medida precautoria para no hacer nugatorios sus derechos, de los ganaderos y de los consumidores de Costa Rica la suspensión del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y la Circular SENASA-DG-147-2026 del 18 de marzo 2026, hasta tanto la Sala resuelva el presente recurso o disponga otra cosa. En este case concreto, de no postergarse la aplicación plena del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero 2024 y de mantenerse lo ordenado por el director General del SENASA en la Circular SENASA-DG-147-2026 del 18 de marzo 2026, se tendrá una situación de caos y emergencia nacional, que puede salirse de las manos, pues se impedirá movilizar los animales que requieran ser transportados para recibir alimentación y agua, atención medico veterinaria y su traslado a las plantas de sacrificio por encontrarse listos para ser faenados.\n\n 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que si no se suspende la aplicación del decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero de 2024 y la Circular SENASA-DG-147- 2026 del 18 de marzo 2026, a partir del 27 de abril de 2026 se producirá una grave situación, pues desde esa fecha solo podrán movilizarse dentro del territorio nacional, los bovinos que hayan sido identificados con el \"Dispositivo de Identificación Individual Oficial\" (DIIO) y contar con la respectiva Guía Oficial de Movilización en formato digital. Sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, solo se había logrado la implementación de tal dispositivo en 557.793 animales, lo cual representa solamente un 37.4% del hato nacional. De manera que, si se llega al 26 de abril sin haber trazado todos los bovinos, la no suspensión de esa normativa impedirá que más de las dos terceras partes del hato nacional (aproximadamente 850.000 animales) pueda ser movilizado a partir de ese momento para cualquier efecto, entiéndase, brindarles alimentación, agua, atención veterinaria, así como comercialización y sacrificio para abastecer el mercado nacional, entre otros. \n\nAsimismo, en escrito posterior el al líbelo de interposición, el recurrente agrega que el decreto ejecutivo número 44336 del 12 de enero de 2024, se modificó nuevamente (mediante decreto nro. 45675-MAG-S-SP-MOPT, publicado el 14 de abril de 2026) imponiendo nuevas cargas, requisitos y trámites para el administrado, sin haberse puesto previamente a disposición de la ciudadanía, mediante consulta pública y sin que conste el informe del departamento de Análisis Regulatorio de la dirección de Mejora Regulatoria del ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el que se analizara que esta nueva modificación cumple con lo establecido por la Ley nro. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y sus reformas.\n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En un caso similar al de estudio, la Sala dispuso lo siguiente:\n\n“I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente solicita la intervención de esta sede constitucional para que se suspenda la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 44336-MAG-S-SP-MOPT Creación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino, dado que según indica, este contraviene la referida normativa, vigente en el país, y excede la cantidad de trámites, con la misma función u objetivo. \n\nII.- SOBRE LOS RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS CONTRA DISPOSICIONES NORMATIVAS. En relación con este tema, la Sala, mediante sentencia N°2017008320 de las 9:15 horas del 2 de junio de 2017, dispuso lo siguiente: \n\n“La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no la de servir como un instrumento genérico para garantizar el principio de supremacía constitucional o el principio de legalidad. Lo anterior determina que la Sala no pueda erigirse por su medio en un contralor en abstracto de la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales y que, conforme al numeral 30 inciso a) de la Ley que rige esta jurisdicción, el amparo no proceda contra leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando éstas se impugnan conjuntamente con los actos de aplicación individual de aquéllas, o cuando se trata de normas de acción automática, en cuyo caso debe acudirse al procedimiento regulado en los numerales 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por esa razón, aunque el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional abra la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, también es absolutamente necesario que tales recursos sean admisibles; es decir, que persigan tutelar derechos fundamentales. Un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente, no constituye medio razonable de amparar ningún derecho o interés, y por ese motivo no puede pretenderse dentro de aquél una declaratoria de esa vía, la existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que en reiteradas oportunidades ha sido rechazada, tanto en la doctrina especializada, como la propia jurisprudencia de esta Sala”. \n\nIII.- CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte promovente acude en abstracto ante la Sala Constitucional, sin concretar agravios específicos que, a través del decreto aludido, afecten o hayan afectado de manera concreta, directa o individualizada (en modo y tiempo), sus derechos fundamentales o de otra persona en específico, sino que acude en forma genérica, lo cual a todas luces es improcedente de conocerse ante la Sala. Asimismo, si el petente estima que el decreto cuestionado es inconstitucional, así deberá alegarlo, cumpliendo con los requisitos procesales que establece el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y no a través del amparo, cuyo objeto no resulta aplicable a ese proceso de control de constitucionalidad de las normas. Ergo, se rechaza de plano el recurso”. (Sentencia nro. 2025-20932, de las 9:20 horas del 4 de julio de 2025)\n\nAl igual que en el precedente de cita, el recurrente acude a este Tribunal a solicitar la suspensión y anulación de normas generales, sin precisar ni concretar agravios específicos que, a través del decreto aludido, afecten o hayan afectado de manera concreta, directa o individualizada (en modo y tiempo), sus derechos fundamentales o de otra persona en específico, sino que acude en forma genérica, lo cual a todas luces es improcedente de conocerse ante la Sala.\n\nAsimismo, aun cuando el recurrente en un escrito posterior al de interposición de este recurso, cuestiona que el nuevo decreto incorporó requisitos y trámites -sin precisar- que no fueron objeto de la audiencia pública, ni fueron revisados por otras instancias y establece que ello afectó sus derechos, lo cierto es que este Tribunal ha señalado que, verificar tal situación es de mera legalidad:\n\n“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo resulta de particular importancia señalar que la participación ciudadana está resguardada en nuestro ordenamiento jurídico como un principio. Tal y como la mayoría de este Tribunal lo ha señalado en otras ocasiones, la participación ciudadana directa en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio constitucional reconocido normativamente en el artículo 9° de la Constitución, que debe ser actuado por el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional, bajo las siguientes consideraciones:\n\n \n\n“…La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el terreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones fundamentales. En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de instrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la iniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio de participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y sector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente, precedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión administrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v. gr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de planificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización de consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.). Habrá situaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero, acabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos presupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que justifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo. Es el legislador ordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en ciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo que, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio constitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas o administrativas.” (Sentencia nro. 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017. Ver en similar sentido las sentencias números 2019-19902, 2021-25386 y 2022-25374)” (Sentencia nro. 2023-11236 de las 14:03 horas del 12 de mayo de 2023)\n\nAsí las cosas, determinar si algunos aspectos del decreto reformado, los cuales ni siquiera fueron precisados por el recurrente no fueron objeto de consulta pública en la audiencia realizada, no constituye un aspecto revisable en esta jurisdicción. De manera que, cualquier disconformidad deberá plantearla el recurrente ante el propio recurrido o en la vía de legalidad respectiva. \n\nFinalmente, si el petente estima que la normativa cuestionada es inconstitucional, así deberá alegarlo, cumpliendo con los requisitos procesales que establece el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y no a través del amparo, cuyo objeto no resulta aplicable a ese proceso de control de constitucionalidad de las normas. Ergo, se rechaza de plano el recurso.\n\n III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n PN1A6G4S4XO61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-011887-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "FILE No. 26-011887-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION No. 2026014742\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty hours on the twenty-fourth of April of two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, with identification number CED01, against the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK AND THE NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE.\n\nResulting:\n\n1.- By a writing filed with the Secretariat of the Chamber on April 7, 2026, the petitioner files an amparo action and states that the ownership of bovine cattle or livestock is accredited by the brand or iron on the animals, except for proof to the contrary; the brand or iron on the cattle gives rise to the presumption that it is the property of the person who has it duly registered; in addition, specific regulations shall establish the procedures that allow the registered brand to be associated with the establishments where the animals are kept. Said regulations shall also establish the identification systems and the fees to be implemented for the registration of cattle brands, in accordance with the provisions of the Livestock Brands Law, Law number 2247 of August 7, 1958. For its part, Law number 8799: Law for the Control of Bovine Cattle, Prevention and Punishment of their Theft, Larceny, and Receiving of Stolen Property, expressly provides that whoever mobilizes bovine cattle within the national territory must have the official movement permit established in this Law. The movement permit shall also be required in all cases and for any person who acquires, negotiates, or introduces cattle, previously mobilized, to a site of slaughter or commercialization. It is the sole and exclusive responsibility of the owner or the person responsible for the animals to include the required data in the official movement permit, correctly, faithfully, and completely, at the place where the movement of the animals begins. This same law defines the Official Movement Permit as the form authorized by the National Animal Health Service (SENASA) that allows the transport and movement of cattle through the national territory on public streets and roads, provided that said form is completely filled out in its stipulations and requirements, and the information recorded on it is truthful. It is a public, official document and shall have the character of a sworn statement by the owner, legitimate possessor, or person responsible for the animals, regarding the information recorded on it. For the purposes of its use, the owner of the animals or the person designated as responsible must fill out the official movement permit completely and truthfully. Through Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and with effectiveness as of July 26, 2024, the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle is created, by which it is established that every bovine must be officially identified and registered within the deadlines established by the regulation that creates the new system, and; furthermore, it prohibits the movement and transport on public roads, the commercialization, exhibition or exposition, the slaughter of bovine cattle, or any form of tenure, for cattle that are not officially identified and registered within those deadlines. Failure to comply with this obligation empowers SENASA to apply the sanitary measures that the General Law of the National Animal Health Service, Law No. 8495 of April 6, 2006, authorizes, among which are the slaughter of animals, when this situation implies a risk to animal health, public health, or public veterinary health, or the denaturation of products, as appropriate. The foregoing, without prejudice to any other sanitary measure that the legislation may provide. Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and with effectiveness as of July 26, 2024, which creates the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle, provided in Transitory Provision III that, within a period not exceeding eighteen months after the entry into force of this regulation, the provisions herein must be applied in their full scope. For reasons of convenience and timeliness, this period may be extended for a like period, in order to allow the different actors in bovine livestock production to individually identify their herds or flocks; it also established Transitory Provision IV, that the current movement permits that allow group movement without individual identification may be used for up to eighteen months after the entry into force of this regulation, in order to grant time for those responsible for the establishments to individually identify and register the cattle and adjust to the new provisions regarding the issuance of the permits. For reasons of convenience and timeliness, this period may be extended for a like period, in order to allow the different actors in bovine livestock production to individually identify their herds or flocks, and that as of 18 months after the entry into force of this Regulation, every bovine born must be identified and registered within a period not exceeding 6 months from the date of its birth and, in any case, before it leaves the operation in which it was born. For this purpose, the CIIO of the mother will be required, with the exception of bovines not born in the country that have been imported. Through resolution MAG-SENASA-DM-RA-001-2025 of November 26, 2025, it was agreed to extend, under the protection of Transitory Provisions III and IV of Executive Decree No. 44336-MAGS-SP-MOPT, called \"Creates the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle\", and for reasons of convenience and timeliness, the entry into force of this executive decree for an additional period of three months, so that its application would begin as of April 26, 2026; it denotes that it is extended for a period of three months, despite the fact that the same decree expressly establishes that the extension must be for eighteen months and it was not optional for the MAG and SENASA to establish a shorter period (literally and in the relevant part, Transitory Provision III of the decree provides the following: \"For reasons of convenience and timeliness, this period may be extended for a like period in order to allow the different actors in bovine livestock production to individually identify their herds or flocks.\"). According to the estimates of the Livestock Corporation (CORFOGA), which is a non-state public entity whose objective is to promote, regulate, and promote the bovine livestock activity, managing resources for the development of the sector and the defense of its interests, the bovine cattle herd of Costa Rica reaches the figure of one million four hundred sixty-nine thousand four hundred eight head of livestock, and as of April 6, 2026, only five hundred fifty-seven thousand seven hundred ninety-three animals have been identified with the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO), that is, barely 37.4% of the national herd has been reached. According to CORFOGA data, in the last 5 months in which there has been an enormous national effort to comply with the implementation of the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO), the monthly average of identified animals only reaches 51 thousand bovines. According to the foregoing data, it can be stated with absolute certainty that by April 26, 2026, the date on which the movement of animals that do not have the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO) will be prevented, at most 38% of the national herd will have been reached, which simply and plainly means that around eight hundred thousand bovines will not be able to be moved through the national territory, despite having a registered cattle brand that certifies the ownership of the livestock and accompanying their movement and transport with an official movement permit, in accordance with the provisions of Law number 8799: Law for the Control of Bovine Cattle, Prevention and Punishment of their Theft, Larceny, and Receiving of Stolen Property. Despite the unquestionable and irrefutable reality revealed by the data, and which implies that two-thirds of the national cattle herd will not be able to be moved through the national territory, not even to transfer them to farms with pastures and water when, due to climate effects and rotation of grazing areas or paddocks, pastures and water are exhausted on one farm and the cattle must be transferred to another where there is food and water. Nor will animals that are developed and finished in terms of age, conformation, and weight be able to be moved to slaughter establishments, whereby consumers will see the supply of meat and other products and by-products of bovine origin severely diminished. Similarly, animals cannot be moved to veterinary centers or establishments to receive medical attention in the event that this cannot be provided on the farm. CORFOGA, aware of the reality and the chaotic situation that the slow progress in placing the Official Individual Identification Device (DIIO) can generate, since, as we have seen, only 37.4% of the cattle herd has this device, requested, based on studies, data, and the monthly average for placing the device on the more than eight hundred thousand animals, from the Minister of Agriculture and Livestock, through official letter No. CFG-0609-2026, dated March 17, 2026, a nine (9) month extension for the implementation of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle, regulated by Executive Decree No. 044336-MAG-S-SP-MOPT. CORFOGA makes said request for extension considering that, despite the institutional efforts made by the MAG, SENASA, and other entities, and the joint work with the different actors of livestock production, technical, operational, and logistical limitations persist that make it difficult to achieve, within the current deadline (April 26), the level of individual identification required for the proper functioning of the system. As can be seen in the image attached, the number of animals identified as of March 9 of this year is low compared to the number of animals that make up the national herd. Despite what was requested by CORFOGA and in the face of a factual, evident, and manifest situation that threatens to generate chaos and a national emergency situation, due to the impediment to moving more than eight hundred thousand animals through the national territory, SENASA issued circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, in which it reaffirmed that every bovine that circulates on public roads within the national territory, and likewise every bovine whose destination is livestock exhibitions, slaughterhouses, livestock auctions, or other establishments linked to livestock activity, must be duly identified by means of the Official Individual Identification Device (DIIO) and have the respective Official Movement Permit in digital format, duly issued through the official systems authorized by SENASA, effective as of April 27, 2026. The citizens, and above all the agricultural and livestock producers of Costa Rica, born and raised under a system of respect for the legal order and especially for the respect of fundamental constitutional rights and guarantees, understand that legal norms, regardless of their rank, must be interpreted, adjusted, and respond to realities, and above all applied in such a way that they do not generate chaos or a chaotic situation for society. In this specific case, if the full application of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, is not postponed and what was ordered by the Director General of SENASA in Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, is maintained, we will have a situation of chaos and national emergency that could get out of hand, since it will prevent the movement of animals that need to be transported to receive feed and water, veterinary medical attention, and their transfer to slaughter plants because they are ready to be slaughtered. Therefore, he indicates that he comes to this Court seeking redress and, above all, protection for agricultural and livestock production, based on the provisions of articles 50 and 69, in relation to and in accordance with the provisions of articles 33, 34, 39, 41, 45, and following and concordant articles of the Political Constitution, being clear that it is this Chamber that is responsible for guaranteeing, through the remedies of habeas corpus and amparo, the rights and freedoms enshrined by the Political Constitution and the human rights recognized by the International Law in force in Costa Rica, especially since the Political Constitution will be considered infringed when this results from the confrontation of the text of the norm or act questioned, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with constitutional norms and principles. In his judgment and subject to the better judgment of the Chamber, he considers that the action is admissible against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights; in addition, the Law of Constitutional Jurisdiction provides that amparo is admissible not only against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms. The reality of the facts and the official data lead, necessarily and inevitably, to conclude that the application of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, can generate a situation of public commotion and national emergency, and for the sake of the interest of the community, two-thirds of the national herd that still do not have the Official Individual Identification Device (DIIO) cannot be immobilized, recalling that the same Law of Constitutional Jurisdiction prescribes that the lack of direct challenge of the decrees and general provisions referred to in subsection a) of Article 30, or the passage of the period to formulate it, shall not prevent that acts of individual application may be challenged through amparo, if they infringe upon any fundamental right of the claimant. He requests, in accordance with the provisions of Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that the suspension of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, be ordered as a precautionary measure so as not to render nugatory the rights of the cattle ranchers and consumers of Costa Rica, until the Chamber resolves this action or orders otherwise. Likewise, he requests the following: 1. To admit this amparo action for processing and declare it with merit. 2. To order in judgment, for being vitiated by unconstitutionality, the annulment of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026. 3. To condemn the respondent authority to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be settled in the corresponding jurisdictional venue.\n\n2.- By writing sent on April 17, 2026, the petitioner indicates that he brings to the attention the notes from the Federation of Auctions and Chambers of Cattle Ranchers of Costa Rica (FESUGAN), from the Chamber of Cattle Ranchers of Cañas, and from the Federation of Chambers of Cattle Ranchers of Costa Rica, in which, just as the Livestock Corporation (CORFOGA) did, they warn of the serious problems and disruptions that will be caused by immobilizing approximately eight hundred fifty thousand bovines as of April 27 of this year. He argues that this is not about being in favor of or against the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle, nor about coming to the Chamber to discuss issues of legality or those that correspond to the contentious-administrative jurisdiction, but rather it is about resolving a respectful petition to avoid a chaotic situation for national livestock farming and Costa Rican society. Both the Livestock Corporation (CORFOGA), the Federation of Auctions and Chambers of Cattle Ranchers of Costa Rica (FESUGAN), the Chamber of Cattle Ranchers of Cañas, and the Federation of Chambers of Cattle Ranchers of Costa Rica are warning of the situation of social commotion that not postponing the entry into force of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle may cause. The bovine cattle herd of Costa Rica reaches the figure of one million four hundred sixty-nine thousand four hundred eight head of livestock, and as of April 6, 2026, only five hundred fifty-seven thousand seven hundred ninety-three animals have been identified with the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO), that is, barely 37.4% of the national herd has been reached. He notes that, in the last 5 months in which there has been an enormous national effort to comply with the implementation of the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO), the monthly average of identified animals only reaches 51 thousand bovines, meaning that by the final date of April 26, 2026, the date on which the movement of animals that do not have the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO) will be prevented, at most 38% of the national herd will have been reached, which simply and plainly means that around eight hundred fifty thousand bovines will not be able to be moved through the national territory, despite having a registered cattle brand that certifies the ownership of the livestock and accompanying their movement and transport with an official movement permit, in accordance with the provisions of Law number 8799: Law for the Control of Bovine Cattle, Prevention and Punishment of their Theft, Larceny, and Receiving of Stolen Property. This implies that two-thirds of the national cattle herd will not be able to be moved through the national territory, not even to transfer them to farms with pastures and water when, due to climate effects and rotation of grazing areas or paddocks, pastures and water are exhausted on one farm and the cattle must be transferred to another where there is food and water. Nor will animals that are developed and finished in terms of age, conformation, and weight be able to be moved to slaughter establishments, whereby consumers will see the supply of meat and other products and by-products of bovine origin severely diminished. Similarly, animals cannot be moved to veterinary centers or establishments to receive medical attention in the event that this cannot be provided on the farm. In addition, as a new fact, arising after the filing of the action initiation writing and to further aggravate the situation generated, Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, was modified again (No. 45675-MAG-S-SP-MOPT, published in the Gazette on April 14, 2026) imposing new burdens, requirements, and procedures on the administered party, without even being previously made available to the citizenry through public consultation and without the report from the Department of Regulatory Analysis of the Directorate of Regulatory Improvement of the Ministry of Economy, Industry, and Commerce being on record, in which it was analyzed whether this new modification complies with the provisions of Law No. 8220, Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Administrative Requirements and Procedures and its reforms, recalling that in its time, prior to the publication of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024 \"Creation of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle,\" report DAR-INF121-2023 dated October 2, 2023, was issued; that is, the decree was modified, but the modification did not go out for public consultation so that the citizen could comment on it and without even passing through the filter of the Prior Control System (SICOPRE) for regulations. While Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, passed through the filter of the Prior Control System (SICOPRE) for regulations, this new modification No. 45675-MAG-S-SP-MOPT published in the Gazette on April 14, 2026) is not only published \"behind the citizen's back,\" but it is not even previously analyzed by the Department of Regulatory Analysis of the Directorate of Regulatory Improvement of the Ministry of Economy, Industry, and Commerce, to verify its conformity with the provisions of Law No. 8220, Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Administrative Requirements and Procedures and its reforms, which not only violates due process but also leaves them in an absolute state of defenselessness. He requests that this amparo action be admitted and, in accordance with the provisions of Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the suspension of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, be ordered as a precautionary measure so as not to render his rights, those of the cattle ranchers, and those of the consumers of Costa Rica nugatory, until the Chamber resolves this action or orders otherwise. In this specific case, if the full application of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, is not postponed and what was ordered by the Director General of SENASA in Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, is maintained, there will be a situation of chaos and national emergency that could get out of hand, since it will prevent the movement of animals that need to be transported to receive feed and water, veterinary medical attention, and their transfer to slaughter plants because they are ready to be slaughtered.\n\n3.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on its face or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that turns out to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner argues that if the application of Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, and Circular SENASA-DG-147-2026 of March 18, 2026, is not suspended, as of April 27, 2026, a serious situation will arise, since from that date only bovines that have been identified with the \"Official Individual Identification Device\" (DIIO) and have the respective Official Movement Permit in digital format may be moved within the national territory. However, as of the date of filing this action, the implementation of said device had only been achieved for 557,793 animals, which represents only 37.4% of the national herd. Therefore, if April 26 is reached without having traced all the bovines, the non-suspension of these regulations will prevent more than two-thirds of the national herd (approximately 850,000 animals) from being moved as of that moment for any purpose, meaning, to provide them with feed, water, veterinary care, as well as commercialization and slaughter to supply the national market, among others.\n\nLikewise, in a subsequent writing to the action initiation document, the petitioner adds that Executive Decree number 44336 of January 12, 2024, was modified again (through Decree No. 45675-MAG-S-SP-MOPT, published on April 14, 2026) imposing new burdens, requirements, and procedures on the administered party, without having been previously made available to the citizenry through public consultation and without the report from the Department of Regulatory Analysis of the Directorate of Regulatory Improvement of the Ministry of Economy, Industry, and Commerce being on record, in which it was analyzed whether this new modification complies with the provisions of Law No. 8220, Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Administrative Requirements and Procedures and its reforms.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO ACTION. In a case similar to the one under study, the Chamber held as follows:\n\n\"I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner requests the intervention of this constitutional venue so that the application of Executive Decree No. 44336-MAG-S-SP-MOPT Creation of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle be suspended, given that, as he indicates, it contravenes the referred regulations, in force in the country, and exceeds the number of procedures, with the same function or objective.\n\nII.- REGARDING AMPARO ACTIONS FILED AGAINST REGULATORY PROVISIONS. In relation to this matter, the Chamber, through judgment No. 2017008320 of 9:15 hours on June 2, 2017, held as follows:\n\n'The purpose of the amparo action is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument to guarantee the principle of constitutional supremacy or the principle of legality. The foregoing determines that the Chamber cannot, through this means, become a comptroller in the abstract of the constitutionality of infra-constitutional norms and that, in accordance with Article 30 subsection a) of the Law governing this jurisdiction, amparo is not admissible against laws or other normative provisions, except when they are challenged jointly with the acts of individual application thereof, or when they are self-executing norms, in which case the procedure regulated in Articles 73 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction must be followed. For this reason, although the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction opens the possibility of filing an unconstitutionality action on the basis of an amparo or habeas corpus action pending before it, it is also absolutely necessary that such actions be admissible; that is, that they seek to protect fundamental rights. A manifestly improper amparo or habeas corpus does not constitute a reasonable means to protect any right or interest, and for that reason, a declaration by that means cannot be sought, nor the existence in our legal system of a popular action as a presumption of standing for access to the control of constitutionality of norms, a situation that has been repeatedly rejected, both in specialized doctrine and in the jurisprudence of this Chamber itself.'\n\nIII.- SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner comes in the abstract to the Constitutional Chamber, without specifying specific grievances that, through the aforementioned decree, affect or have affected in a concrete, direct, or individualized manner (in manner and time), his fundamental rights or those of another specific person, but rather comes in a generic manner, which is clearly improper to be heard before the Chamber. Likewise, if the petitioner considers that the questioned decree is unconstitutional, he must so allege, complying with the procedural requirements established by Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and not through amparo, the purpose of which is not applicable to that process of constitutionality control of norms. Ergo, the action is rejected on its face.\" (Judgment No. 2025-20932, of 9:20 hours on July 4, 2025)\n\nAs in the cited precedent, the petitioner comes to this Court to request the suspension and annulment of general norms, without specifying or concretizing specific grievances that, through the aforementioned decree, affect or have affected in a concrete, direct, or individualized manner (in manner and time), his fundamental rights or those of another specific person, but rather comes in a generic manner, which is clearly improper to be heard before the Chamber.\n\nLikewise, even though the petitioner, in a writing subsequent to the filing of this action, questions that the new decree incorporated requirements and procedures -without specifying- that were not subject to public hearing, nor were they reviewed by other instances, and states that this affected his rights, the truth is that this Court has indicated that verifying such a situation is a matter of mere legality:\n\n\"IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. Beforehand, it is of particular importance to note that citizen participation is safeguarded in our legal system as a principle. As the majority of this Court has indicated on other occasions, direct citizen participation in public affairs or the management of public matters is an evident constitutional principle normatively recognized in Article 9 of the Constitution, which must be implemented by the constitutional and infra-constitutional legal system, under the following considerations:\n\n… \"Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, is projected onto the political or governmental sphere and the purely administrative sphere, for the making of fundamental decisions. In the political or governmental dimension, the subject is developed through instruments such as the regulation of popular election processes, the legislative referendum, and popular initiative in the formation of law. In the strictly administrative sphere, the principle of participation of the administered must be developed gradually and according to the subject matter and sector, since not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation, because if that were the case, administrative management, which must be, by application of the constitutional principles of effectiveness and efficiency, fluid and dynamic, would be slowed down. Our Political Constitution neither enunciates nor indicates the mechanisms for the participation of the administered in the adoption of fundamental administrative decisions; that is, it does not deal with that extreme. The infra-constitutional legal system, essentially legislative, will be the one that gradually determines those sectors and subject matters where there must be greater participation (e.g., in matters of drafting regulations, environmental matters, consumer protection, urban planning, regulation and setting of tariffs for services of general interest, conducting popular consultations at the municipal level such as open town halls and referendums, etc.). There will be situations in which the ordinary legislator has configured such participation as a true, complete, and perfect right, fully enforceable, in certain circumstances and under certain assumptions and conditions that must be verified. In such cases, determining whether or not such a right of legislative configuration has been breached is a question of legality that must be discussed before the ordinary or common jurisdiction and not in this constitutional jurisdiction. In short, what the current Constitution and international instruments on human rights contemplate is a principle of participation, which for obvious reasons does not reach the prescriptive and enforceable character of a fundamental or human right. It is not possible to extract from the fundamental text and from the Human Rights instruments a supposed right to participation that governs unconditionally for the adoption of any or all fundamental administrative decisions that would justify granting any amparo whenever it is alleged that it was violated. It is the ordinary legislator that gradually configures and develops such a right to participation in certain subject matters and in certain sectors of the infra-constitutional legal system; therefore, I reiterate, it is not for the constitutional jurisdiction, as it is a question of ordinary legality, to establish when a right of legal configuration has been infringed. By reason of the foregoing, it is not possible to speak, from a constitutional or conventional perspective, of a perfect right to participation, and reference must instead be made to the constitutional principle of citizen participation in the making of fundamental decisions, whether political or administrative.” (Sentencia nro. 2017-1163 of 9:40 a.m. on January 27, 2017. See in a similar sense sentencias números 2019-19902, 2021-25386 and 2022-25374)” (Sentencia nro. 2023-11236 of 2:03 p.m. on May 12, 2023)\n\nThus, determining whether some aspects of the reformed decree, which were not even specified by the appellant, were not subject to public consultation in the hearing held, does not constitute an aspect reviewable in this jurisdiction. Therefore, any disagreement must be raised by the appellant before the respondent itself or through the respective legality channel.\n\nFinally, if the petitioner considers that the challenged regulation is unconstitutional, he must allege it as such, complying with the procedural requirements established by Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and not through amparo, whose object is not applicable to that process of constitutional control of norms. Ergo, the appeal is summarily dismissed.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is summarily dismissed.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nPN1A6G4S4XO61\nEXPEDIENTE N° 26-011887-0007-CO\n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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