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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385100",
  "citation": "Res. 15237-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a la salud y listas de espera en la CCSS",
  "title_en": "Right to health and waiting lists at CCSS",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por retardo en la atención médica especializada en ortopedia. La persona recurrente alega que padece dolor lumbar intenso que limita sus actividades básicas y que, tras una referencia desde junio de 2025, la cita asignada para febrero de 2026 fue cancelada sin reprogramación. Las autoridades hospitalarias informan que se programó cita para julio de 2026. La Sala determina que el plazo de espera resultaba irrazonable y lesivo al derecho a la salud, declarando con lugar el amparo. Sin embargo, por mayoría, no condena en costas, daños y perjuicios, al considerarlo una terminación anormal del proceso. Se salvan votos en cuanto a la condenatoria, estimando que procede la reparación abstracta. Se ordena la atención del paciente y se advierte sobre consecuencias legales en caso de incumplimiento.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo action against the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) for delay in specialized orthopedic care. The claimant alleges intense lower back pain limiting basic activities and that, after a referral in June 2025, the appointment scheduled for February 2026 was canceled without rescheduling. Hospital authorities report that an appointment was scheduled for July 2026. The Chamber finds that the waiting period was unreasonable and violated the right to health, granting the amparo. However, by majority, it does not award costs or damages, considering it an abnormal termination of the process. There are dissenting votes regarding the award, holding that abstract compensation is appropriate. The patient's care is ordered, with a warning of legal consequences for non-compliance.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/04/2026",
  "year": "2026",
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    "derecho a la salud",
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    "condenatoria en abstracto"
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  "keywords_en": [
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    "medical care",
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  "excerpt_es": "Del análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente, respecto al plazo de espera para la atención médica que requiere, resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, el plazo de espera al que se pretendía someter al amparado, para la atención médica que amerita, resulta irrazonable. A pesar de lo anterior, con ocasión a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, se atenderá al paciente. En conclusión, al haberse acreditado la acusada lesión del derecho a la salud del tutelado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.\n\nSi, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.",
  "excerpt_en": "From the analysis of the record, the Chamber finds it proven that, indeed, what was stated by the claimant regarding the waiting period for the medical care they require is harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services. In that sense, the waiting period to which the protected person was intended to be subjected, for the medical care they merit, is unreasonable. Despite the above, on the occasion of the notification of the resolution that initiated this proceeding, the patient will be attended. In conclusion, the alleged violation of the protected person's right to health having been accredited, it is appropriate to grant the appeal, under the terms set forth in the operative part of this judgment.\n\nIf, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted for violation of the right to health due to an unreasonable waiting period, without award of costs or damages (by majority), and medical care for the patient is ordered.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo por violación al derecho a la salud por un plazo de espera irrazonable, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios (por mayoría), y se ordena la atención médica del paciente."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando IV - Sobre el fondo",
      "quote_en": "the waiting period to which the protected person was intended to be subjected, for the medical care they merit, is unreasonable",
      "quote_es": "el plazo de espera al que se pretendía someter al amparado, para la atención médica que amerita, resulta irrazonable"
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    {
      "context": "Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional, citado en los Considerandos V, VII y VIII",
      "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"
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    {
      "context": "Considerando VIII - Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas",
      "quote_en": "the essential content of the right to amparo is not compensatory but restitutive",
      "quote_es": "el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-010270-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015237\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente N°26-010270-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 12:16 horas del 23 de marzo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, y manifiesta que desde el 20 de marzo de 2025, fue al EBAIS de Pozos de Santa Ana para que se le enviara a realizar una resonancia magnética, para ver qué es lo que tiene en su espalda baja, ya que padece de un dolor muy fuerte que no le permite dormir, ni sentarse ni mantenerse de pie. Afirma que se le recomendó una resonancia magnética, ya que un ultrasonido no arrojó los resultados que esperaban. Alega que, se le asignó cita para el 02 de febrero de 2026 y un día antes se le indicó que la cita fue cancelada y a la fecha de interposición de este recurso no se ha reprogramado otra. Con base en los alegatos expuestos, estima que se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- Mediante la resolución de las 07:41 horas del 10 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala previno a la parte recurrente aclarar el nombra del centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social en el cual recibe atención médica.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de abril de 2026, la parte recurrente cumplió la prevención realizada y aclaró ser referido al Hospital San Juan de Dios.\n\n4.- Por resolución de las 10:29 horas del 16 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso y concedió audiencia al Director Médico y al Jefe del Servicio de Ortopedia; ambos del Hospital San Juan de Dios, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n5.- Por escritos incorporados al expediente digital el 23 de abril de 2026, informan bajo juramento María Eugenia Villalta Bonilla y Ricardo Guerrero Lizano, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Ortopedia; ambos del Hospital San Juan de Dios, que se otorgó una cita en el Servicio de Fisiatría para el 16 de julio de 2026. Solicitan se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el MagistradoAraya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que requiere ser valorado por un especialista en ortopedia. No obstante, esa atención no se ha programado, lo que estima desproporcionado.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El amparado es una persona de treinta y ocho años de edad (véase consulta pública realizada en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb) El 12 de junio de 2025, el paciente fue referido al Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios (véase prueba aportada).\n\nc) La resolución de las 10:29 horas del 16 de abril de 2026, la cual dio curso a este proceso, fue notificada a las autoridades recurridas en esa misma fecha (véanse actas de notificación).\n\nd) Con ocasión a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, se programó la cita requerida para el 16 de julio de 2026 (véase informe rendido por las autoridades recurridas).\n\n III.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD. Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención medica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.\n\nIV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente asegura que requiere ser valorado por un especialista en ortopedia. No obstante, su atención no había sido programada.\n\nAl respecto, las autoridades médicas recurridas, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, indican que el paciente será atendido el 16 de julio de 2026, en el Servicio de Fisiatría de ese nosocomio.\n\nDel análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente, respecto al plazo de espera para la atención médica que requiere, resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, el plazo de espera al que se pretendía someter al amparado, para la atención médica que amerita, resulta irrazonable. A pesar de lo anterior, con ocasión a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, se atenderá al paciente. En conclusión, al haberse acreditado la acusada lesión del derecho a la salud del tutelado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.\n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a María Eugenia Villalta Bonilla y a Ricardo Guerrero Lizano, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Ortopedia; ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes ocupen dichos cargos, que dispongan lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, para que se atienda al paciente en el Servicio de Fisiatría de ese nosocomio el 16 de julio de 2026 y se determine el tratamiento a seguir para el manejo de su patología. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad a lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DQDCPPNTIC061 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010270-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\nExp: 26-010270-0007-CO\n\nRes. Nº 2026015237\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of April two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed in expediente N°26-010270-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By document incorporated into the digital expediente at 12:16 hours on March 23, 2026, the petitioner files an amparo action against the Caja Costarricense de Seguro Social, and states that since March 20, 2025, she went to the EBAIS of Pozos de Santa Ana to be sent for a magnetic resonance imaging, to see what is wrong with her lower back, as she suffers from very strong pain that does not allow her to sleep, sit down, or stand. She affirms that a magnetic resonance imaging was recommended, since an ultrasound did not yield the expected results. She alleges that an appointment was assigned for February 2, 2026, and one day before, she was informed that the appointment was canceled, and as of the filing date of this action, another has not been rescheduled. Based on the arguments presented, she believes that fundamental rights are being violated. She requests that the action be declared with merit, with the legal consequences.\n\n2.- By resolution at 07:41 hours on April 10, 2026, the Presidency of the Chamber cautioned the petitioner to clarify the name of the medical center of the Caja Costarricense de Seguro Social where she receives medical attention.\n\n3.- By document incorporated into the digital expediente on April 14, 2026, the petitioner complied with the caution issued and clarified being referred to the Hospital San Juan de Dios.\n\n4.- By resolution at 10:29 hours on April 16, 2026, the Presidency of the Chamber admitted this process and granted a hearing to the Medical Director and the Head of the Orthopedics Service; both of the Hospital San Juan de Dios, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n5.- By documents incorporated into the digital expediente on April 23, 2026, María Eugenia Villalta Bonilla and Ricardo Guerrero Lizano, in their order General Director and Head of the Orthopedics Service; both of the Hospital San Juan de Dios, report under oath that an appointment was granted in the Physiatry Service for July 16, 2026. They request that the action be declared without merit.\n\n6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner alleges that she needs to be assessed by an orthopedics specialist. However, that care has not been scheduled, which she considers disproportionate.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as prescribed in the initial order:\n\na) The amparo beneficiary is a person thirty-eight years of age (see public consultation made on the website of the Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb) On June 12, 2025, the patient was referred to the Orthopedics Service of the Hospital San Juan de Dios (see evidence provided).\n\nc) The resolution at 10:29 hours on April 16, 2026, which admitted this process, was notified to the respondent authorities on that same date (see notification records).\n\nd) On the occasion of the notification of the resolution that admitted this process, the required appointment was scheduled for July 16, 2026 (see report rendered by the respondent authorities).\n\nIII.- ON THE RIGHT TO HEALTH. This Court has recognized the full force of the right to health, which stems from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. Consequently, delay or inaction in medical care by health centers can negatively impact the health and life of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, whereby the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and sanitary police powers. This translates into the duty to prevent and effectively treat diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all individuals.\n\nIV.- ON THE MERITS. In the sub lite, the petitioner asserts that she needs to be assessed by an orthopedics specialist. However, her care had not been scheduled.\n\nIn this regard, the respondent medical authorities, in their report rendered under the solemnity of oath, indicate that the patient will be attended on July 16, 2026, in the Physiatry Service of that nosocomio.\n\nFrom the analysis of the case file, the Chamber has demonstrated that, indeed, what was stated by the petitioner, regarding the waiting period for the medical care she requires, is harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services. In that sense, the waiting period to which the amparo beneficiary was intended to be subjected, for the medical care she merits, is unreasonable. Despite this, on the occasion of the notification of the resolution that admitted this process, the patient will be attended. In conclusion, having accredited the alleged violation of the right to health of the protected person, it is appropriate to declare the action with merit, in the terms set forth in the operative part of this Judgment.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the estimation that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which provides: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit (...)\", must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that mandates the operative part of the ruling to indicate that the action is declared with merit, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law refers that the estimation is issued \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\". It is emphasized that the Law states \"if they are applicable\", which means that the applicability or inapplicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this where an abnormal termination of the process occurs, akin to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority's opinion that costs, as well as damages and prejudices, should not be awarded, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the expediente. Furthermore, the content of the amparo beneficiary's claim and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that such detriments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents, in exceptional cases, the Chamber from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or deficiencies, it is up to judges to rectify these shortcomings; if laws lack intelligence in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: \"any resolution that grants the action shall, in the abstract, award indemnification for damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment\", refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any subject matter. To the foregoing are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Jurisdicción Constitucional created in 1989, in which an abusive exercise of vicarious action in the amparo action has been generated, for purposes of enrichment in the indemnification, insofar as the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this action without awarding costs, damages, or prejudices.\n\nVI.- NOTE FROM JUDGE RUEDA LEAL. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of process has had an exponential increase, which the statistics of this Court show.\n\nNumber of health expedientes filed with the Constitutional Chamber:\n\nYEAR\n\nQUANTITY IN HEALTH\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of one single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 is highlighted, when this subject reached 43.21% of the Court's circulating caseload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. With regard to the above, this Court, in judgment no. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured individuals, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the above, the Chamber ordered the preparation, within a period of six months counted from the notification of such pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in expediente no. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist doctors, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others. In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question intends that the Caja Costarricense de Seguro Social -within the framework of its constitutional and legal competencies- take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. Coupled with this, in order to follow up on compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to contribute to the follow-up on the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense de to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not just from the Chamber's resolutions.\n\nVII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARDING OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I concur with the rest of the Chamber in declaring the action with merit, I separate from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\"\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...any resolution that grants the action shall, in the abstract, award indemnification for damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nThis latter norm establishes the general system regulating the matter of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIn the majority's opinion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, consequently, the need arises for an award of costs, damages, and prejudices. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right; and, therefore, declares the action with merit, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a case contemplated in the referred Article 52-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the estimation of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those cases, the imperative need arises for an award of costs, damages, and prejudices against the offender, whose foundation is found in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be responsible for the damages and prejudices it causes with its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that at the time of hearing and resolving with merit the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, because such case forms an integral part of the general system of necessary awarding on these points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies solely in cases where the Chamber, even when it has not heard, nor pronounced on, the merits of the claim, has verified the violation that the amparo party has suffered to their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the process.\"\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an indubitable manner, the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violative of fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, despite the estimation of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be declared with merit \"solely for purposes of indemnification and of costs, if they are applicable.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of individuals' fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is recorded in an indubitable and clear manner that in the specific case no prejudice whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the amparo party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions -whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction-, the estimation of this action must necessarily imply the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo processes does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and prejudices, but rather, the existence or not of actions or omissions that could generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that angle, the analysis conducted in this venue concentrates on such verification, however, it does not enter into the assessment of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the amparo beneficiaries. Although the aforementioned precept 52, of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, we, the undersigned, do not consider that said pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special process whose object is the definition of the economic effects derived from awards decreed in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following object:\n\n\"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of judgments issued by the Jurisdicción Constitucional, in habeas corpus and amparo processes against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this process is directed to the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract award on those items, since that type of claim would not be applicable within that type of cause, when the judgment issued in the amparo process expressly established the inapplicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the waiver of that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the inexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the analyzed facts, is deemed, with reasoning, to exist. Therefore, it is an exception which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a casuistic basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or another's, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages and prejudices. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these processes and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract award that later constitutes the basis of analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional processes does not require the demonstration of damages and prejudices, for, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it is not up to the amparo beneficiary to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have produced injuries to them is a point that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of cause. Note that, in the case regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into evaluating whether there is an infraction or not, with which, much less can it be defined whether, from what was denounced by the applicant, there may or may not be situations of possible civil reparation. In that way, the waiver of the award to which that norm alludes is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in those cases, the norm imposes the abstract award, so that it is within another plenary process that its applicability is analyzed. Otherwise, if that liberation from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response of the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that brings about the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and prejudices, it is a matter that, save evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary process, but that, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere concretion of the factual case regulated in the aforementioned ordinal 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Therefore, with the usual respect for the majority's position, I state my vote and reiterate that the estimation of this action must necessarily imply the abstract award of costs, damages, and prejudices.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\"\n\nMy interpretation of this norm is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo action is not indemnificatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: \"Any resolution that grants the action shall, in the abstract, award indemnification for damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices may have arisen. For this reason, the abstract award thereof is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, thus potentially violating Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract award, damages and prejudices have not occurred, the judge in the ordinary proceeding shall so declare, since only to him corresponds deeming the real existence and magnitude thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would be encouraging the Administration to respect rights only when faced with an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the abstract award of damages and prejudices, but not of costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED IN THE CASE FILE. The parties are advised that if any document has been provided in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is granted, without special award of costs, damages, and losses. María Eugenia Villalta Bonilla and Ricardo Guerrero Lizano, in their respective capacities as Directora General and Jefe del Servicio de Ortopedia; both of the Hospital San Juan de Dios, or whoever occupies those positions, are ordered to arrange whatever is necessary, within the scope of their authority, so that the patient is attended in the Servicio de Fisiatría of that hospital on July 16, 2026, and the treatment to be followed for the management of his pathology is determined. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the offense is not more severely punished. Magistrate Rueda Leal records a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders an award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and awards damages and losses, but not costs.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DQDCPPNTIC061 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010270-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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