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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385103",
  "citation": "Res. 15240-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Demora en reporte de resonancia magnética y falta de cita de seguimiento en Neurología",
  "title_en": "Delay in MRI report and lack of neurology follow-up appointment",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una paciente contra la CCSS. La recurrente alegó que no se le había entregado el reporte de una resonancia magnética realizada en agosto de 2025 ni se le había asignado cita de seguimiento en Neurología desde septiembre de 2025. La Sala constató que la demora de más de 8 meses en reportar el estudio y más de 7 meses sin cita de seguimiento constituía una violación a los derechos a la salud, a la vida y a los principios de eficiencia y eficacia en los servicios públicos. Dado que durante el trámite del amparo se tomaron medidas para reportar el estudio y se asignó una cita, el recurso se declaró con lugar únicamente para efectos de indemnización y costas, aunque la mayoría del tribunal decidió no condenar en costas, daños y perjuicios. La sentencia ordenó plazos perentorios para la disponibilidad del reporte y la realización de la cita, bajo apercibimiento de sanciones penales. Los magistrados Salazar y Garro salvaron parcialmente el voto, considerando que sí debía condenarse en abstracto por daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Court partially granted an amparo action filed by a patient against the CCSS. The petitioner claimed she had not received the report of an MRI performed in August 2025 and had no neurology follow-up appointment since September 2025. The Court found that the delay of more than 8 months in reporting the study and over 7 months without a follow-up appointment violated the rights to health, life, and the principles of efficiency and effectiveness in public services. Since during the amparo proceedings steps were taken to report the study and schedule an appointment, the appeal was granted under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, solely for purposes of compensation and costs. However, the majority decided not to award costs, damages, or losses. The ruling ordered strict deadlines for the availability of the report and the appointment, warning of criminal sanctions for non-compliance. Justices Salazar and Garro dissented in part, arguing that an abstract award of damages and losses should have been imposed.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/04/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "derecho a la salud",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "CCSS",
    "listas de espera",
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  "keywords_es": [
    "derecho a la salud",
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    "CCSS",
    "eficiencia servicio público",
    "eficacia servicio público",
    "continuidad servicio público",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "condenatoria en abstracto",
    "daños y perjuicios",
    "costas",
    "proceso contencioso administrativo",
    "principio de tutela judicial efectiva",
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    "jurisprudencia constitucional"
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  "keywords_en": [
    "right to health",
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    "CCSS",
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    "effectiveness public service",
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    "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law",
    "abstract award",
    "damages and losses",
    "costs",
    "administrative contentious process",
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    "constitutional jurisprudence"
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  "excerpt_es": "V.- En cuanto al Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS. En el sub examine quedó demostrado que el 7 de agosto de 2025, se practicó a la amparada una resonancia magnética en el Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS. El resultado del estudio no se había reportado. El lapso transcurrido de más de 8 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. De acuerdo con la Directora a.i. del Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS: “(…) se atendió la gestión correspondiente y se asignó el estudio al radiólogo de turno para ser reportado el 24 de abril de 2026, para lo que solicitamos 5 días hábiles posterior a esta fecha para que aparezca en el depositario de REDIMED, y que se cumplan los objetivos de la atención del procedimiento médico solicitado para que el clínico pueda apoyar sus decisiones de manejo y terapéutica a emplear (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Como los indicios apuntan a que fue con ocasión de este proceso que se ejecutaron las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer a la parte tutelada al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, se impone declarar con lugar este extremo del recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.\n\nVI.- En cuanto al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. De la relación de hechos probados se desprende que desde el 26 de setiembre de 2025, la tutelada no tiene citas de seguimiento en la Especialidad de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El plazo de espera transcurrido de más de 7 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. Luego de notificado el auto inicial, se asignó una cita en la Especialidad de Neurología del centro médico recurrido, para el 18 de mayo de 2026. Como los indicios apuntan a que fue con ocasión de este proceso que se ejecutaron las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer a la parte tutelada al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, se impone declarar con lugar este extremo del recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.",
  "excerpt_en": "V.- Regarding the CCSS National Center for Medical Imaging. In the case at hand, it was proven that on August 7, 2025, the petitioner underwent an MRI at the CCSS National Center for Medical Imaging. The result of the study had not been reported. The elapsed period of more than 8 months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public healthcare services. According to the acting Director of the CCSS National Center for Medical Imaging: \"(...) the corresponding request was addressed and the study was assigned to the on-call radiologist to be reported on April 24, 2026, for which we request 5 business days after this date for it to appear in the REDIMED repository, so that the objectives of the requested medical procedure are met and the clinician can support their management and therapeutic decisions (...)\" (sic) (emphasis not in original). As the evidence suggests that the relevant actions to restore the petitioner to full enjoyment and exercise of her fundamental rights were taken on the occasion of this proceeding, this part of the appeal must be granted, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences explained below.\n\nVI.- Regarding the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital. From the proven facts, it appears that since September 26, 2025, the petitioner has had no follow-up appointments in the Neurology Specialty at the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital. The waiting period of more than 7 months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public healthcare services. After the initial order was notified, a neurology follow-up appointment was scheduled at the respondent medical center for May 18, 2026. As the evidence suggests that the relevant actions to restore the petitioner to full enjoyment and exercise of her fundamental rights were taken on the occasion of this proceeding, this part of the appeal must be granted, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences explained below.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Court partially granted the appeal due to the delay in the MRI report and the lack of a neurology follow-up appointment, without awarding costs, damages, or losses, and ordered specific measures to restore the right.",
    "summary_es": "La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso por la demora en el reporte de la resonancia magnética y la falta de cita de seguimiento en Neurología, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, y ordenó medidas concretas para restituir el derecho."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The elapsed period of more than 8 months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public healthcare services.",
      "quote_es": "El lapso transcurrido de más de 8 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of 'waiting lists' for surgical interventions and certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and promptly.",
      "quote_es": "Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las 'listas de espera' para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
    },
    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-010498-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015240\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). \n\nResultando:\n\n 1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:48 horas de 24 de marzo de 2026, Nombre01 presentó un recurso de amparo en contra del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. La recurrente aseguró que no se le ha entregado el reporte ni la interpretación de una resonancia magnética que se le practicó. Afirmó que desde el 26 de setiembre de 2025, no tiene una cita de seguimiento en la Especialidad de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (añadió que planteó una queja ante la Contraloría de Servicios, pero no ha sido resuelta). Solicitó que se declare con lugar el recurso.\n\n 2.- Mediante el auto de las 14:17 horas de 17 de abril de 2026, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado al Director Médico, al Jefe del Servicio de Neurología, ambos el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, así como al Director del Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS.\n\n 3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 12:43 horas de 27 de abril de 2026, Marianela Sánchez Rojas, Directora a.i. del Centro Nacional de Imágenes Médicas, informó: “(…) Se realizó la cita de adquisición de imágenes el 07 de agosto del 2025.       Cabe destacar que el Centro Nacional de Imágenes Médicas no tiene injerencia en el otorgamiento ni en la periodicidad de las citas de control con el médico especialista. No obstante, se atendió la gestión correspondiente y se asignó el estudio al radiólogo de turno para ser reportado el 24 de abril de 2026, para lo que solicitamos 5 días hábiles posterior a esta fecha para que aparezca en el depositario de REDIMED, y que se cumplan los objetivos de la atención del procedimiento médico solicitado para que el clínico pueda apoyar sus decisiones de manejo y terapéutica a emplear (…)” (sic). \n\n 4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 13:51 horas de 28 de abril de 2026, Tania Jiménez Umaña y Miguel Ángel Barboza Elizondo, Directora General y Jefe a.i. del Servicio de Neurología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, informaron: “(…) ha sido valorada en el Servicio de Neurología desde el año 2024 luego de un internamiento clínico por deterioro cognitivo. Desde entonces ha sido valorada en varias citas en las cuales se le han enviado varios estudios, como resonancia magnética, laboratorios e incluso punción lumbar. Con el fin de colaborar con la paciente se le asigna cita para el 18 de mayo del 2026 a la 1:00 p.m. con el Dr. Randall Pérez Rojas en la Clínica de Deterioro cognitivo. Se le notifica a la paciente vía telefónica dicha cita (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). \n\n 5.- En los procedimientos seguidos se ha cumplido las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando: \n\nI.- Objeto del recurso. La recurrente aseguró que no se le ha entregado el reporte ni la interpretación de una resonancia magnética que se le practicó. Afirmó que desde el 26 de setiembre de 2025, no tiene una cita de seguimiento en la Especialidad de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (añadió que planteó una queja ante la Contraloría de Servicios, pero no ha sido resuelta). \n\nII.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1. La tutelada tiene 51 años (ver la base de datos del Registro Civil).\n\n II.A. En cuanto al Centro Nacional de Imágenes Médicas. \n\n2. El 7 de agosto de 2025, se practicó a la amparada una resonancia magnética en el Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS (ver el informe rendido, agregado al expediente digital).\n\n3. El resultado del estudio no se había reportado (hecho no controvertido). \n\n4. El 21 de abril de 2026, se notificó al Centro Nacional de Imágenes Médicas, el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).\n\n5. De acuerdo con la Directora a.i. del Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS: “(…) se atendió la gestión correspondiente y se asignó el estudio al radiólogo de turno para ser reportado el 24 de abril de 2026, para lo que solicitamos 5 días hábiles posterior a esta fecha para que aparezca en el depositario de REDIMED, y que se cumplan los objetivos de la atención del procedimiento médico solicitado para que el clínico pueda apoyar sus decisiones de manejo y terapéutica a emplear (…)” (sic) (ver el informe rendido, agregado al expediente digital).\n\n II.B. En cuanto al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.\n\n6. Desde el 26 de setiembre de 2025, la tutelada no tiene citas de seguimiento en la Especialidad de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (hecho incontrovertido). \n\n7. El 13 de noviembre de 2025, mediante un correo electrónico enviado a la Contraloría de Servicios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la recurrente manifestó: “(…) Hace un año fui remitida al Servicio de Neurología para atención prioritaria con el (…). Hasta el momento he recibido la atención de manera oportuna y con un trato muy profesional, por lo cual agradezco profundamente. Sin embargo, me encuentro preocupada porque mi última cita fue el pasado 26 de septiembre, y desde entonces no he recibido ningún aviso de seguimiento. Mi resonancia magnética presentó alteraciones, mientras que la punción lumbar y los exámenes de sangre resultaron normales, lo cual aumenta mi inquietud por la necesidad de correlacionar estos hallazgos clínicos. He acudido en tres ocasiones a solicitar información en recepción, pero se me indica que debo esperar a que me llamen. Dado mi diagnóstico, mi edad, y el cansancio extremo que actualmente presento, me preocupa que un retraso pueda afectar negativamente mi salud. Agradezco respetuosamente si pueden agilizar una cita de control médico, o al menos confirmarme el estado de mi caso, para continuar con la valoración neurológica requerida (…)” (sic) (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital). \n\n8. El 20 de abril de 2026, se notificó al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).\n\n9. Se asignó una cita en la Especialidad de Neurología del centro médico recurrido, para el 18 de mayo de 2026 (ver el informe rendido, agregado al expediente digital). \n\nIII.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. \n\n IV.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública). \n\nV.- En cuanto al Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS. En el sub examine quedó demostrado que el 7 de agosto de 2025, se practicó a la amparada una resonancia magnética en el Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS. El resultado del estudio no se había reportado. El lapso transcurrido de más de 8 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. De acuerdo con la Directora a.i. del Centro Nacional de Imágenes Médicas de la CCSS: “(…) se atendió la gestión correspondiente y se asignó el estudio al radiólogo de turno para ser reportado el 24 de abril de 2026, para lo que solicitamos 5 días hábiles posterior a esta fecha para que aparezca en el depositario de REDIMED, y que se cumplan los objetivos de la atención del procedimiento médico solicitado para que el clínico pueda apoyar sus decisiones de manejo y terapéutica a emplear (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Como los indicios apuntan a que fue con ocasión de este proceso que se ejecutaron las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer a la parte tutelada al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, se impone declarar con lugar este extremo del recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.\n\nVI.- En cuanto al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. De la relación de hechos probados se desprende que desde el 26 de setiembre de 2025, la tutelada no tiene citas de seguimiento en la Especialidad de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El plazo de espera transcurrido de más de 7 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. Luego de notificado el auto inicial, se asignó una cita en la Especialidad de Neurología del centro médico recurrido, para el 18 de mayo de 2026. Como los indicios apuntan a que fue con ocasión de este proceso que se ejecutaron las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer a la parte tutelada al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, se impone declarar con lugar este extremo del recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.\n\nVII.- Paralelamente, quedó demostrado que el 13 de noviembre de 2025, mediante un correo electrónico enviado a la Contraloría de Servicios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la recurrente manifestó: “(…) Hace un año fui remitida al Servicio de Neurología para atención prioritaria con el (…). Hasta el momento he recibido la atención de manera oportuna y con un trato muy profesional, por lo cual agradezco profundamente. Sin embargo, me encuentro preocupada porque mi última cita fue el pasado 26 de septiembre, y desde entonces no he recibido ningún aviso de seguimiento. Mi resonancia magnética presentó alteraciones, mientras que la punción lumbar y los exámenes de sangre resultaron normales, lo cual aumenta mi inquietud por la necesidad de correlacionar estos hallazgos clínicos. He acudido en tres ocasiones a solicitar información en recepción, pero se me indica que debo esperar a que me llamen. Dado mi diagnóstico, mi edad, y el cansancio extremo que actualmente presento, me preocupa que un retraso pueda afectar negativamente mi salud. Agradezco respetuosamente si pueden agilizar una cita de control médico, o al menos confirmarme el estado de mi caso, para continuar con la valoración neurológica requerida (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Entiende este Tribunal que la intención de la amparada no fue plantear una petición pura y simple, una solicitud de información, o una gestión, sino una excitativa para que se agilizara la asignación de una cita de control médico, y así continuar con la valoración neurológica requerida. Nótese que en el escrito de interposición del recurso señaló que la Especialidad de Neurología: “(…) no ha emitido respuesta ni ha procedido con la citación, alegando verbalmente una \"saturación de agenda\" que no estoy obligada a soportar a costa de mi integridad física (…)” (sic). Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2020-09049 de las 09:15 horas de 15 de mayo de 2020, explicó: \n\n“(…) Ciertamente, el propósito de la solicitud del recurrente no ha sido requerir determinada información ni plantear un reclamo administrativo, sino formular una exhortación a fin de que la autoridad recurrida actúe conforme a lo pretendido por el promovente, de modo que esta gestión se agotó con su sola presentación, sin que exista una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. Ergo, la falta de respuesta acusada no implica una lesión al artículo 27 de la Constitución Política, como tampoco a los ordinales 30 y 41 de la misma Carta Fundamental (…)” (el énfasis no pertenece al original). \n\nLo citado es plenamente aplicable al sub examine. \n\nVIII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nIX.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso de amparo, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solo en lo que respecta a la demora en el reporte de la resonancia magnética, y la falta de asignación de una cita de seguimiento en la Especialidad de Neurología, pero sin especial condenatoria al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia. \n\nX.- Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nXI.-Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. \n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nXII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. \n\nXIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solo en lo que respecta a la demora en el reporte de la resonancia magnética, y la falta de asignación de una cita de seguimiento en la Especialidad de Neurología, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marianela Sánchez Rojas, en su condición de Directora a.i. del Centro Nacional de Imágenes Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que disponga todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo pertinente para que a más tardar el 4 de mayo de 2026, el reporte de la resonancia magnética practicada a la tutelada, se encuentre disponible para su valoración y/o análisis por parte del especialista. Se ordena a Tania Jiménez Umaña y a Miguel Ángel Barboza Elizondo, en sus calidades respectivas de Directora General y Jefe a.i. del Servicio de Neurología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que el 18 de mayo de 2026, se lleve a cabo la cita de seguimiento de la amparada en la Especialidad de Neurología. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El magistrado Rueda Leal pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XHNCGZPBMHS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010498-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "File: 26-010498-0007-CO\n\nRes. No. 2026015240\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CCSS).\n\nWhereas:\n\n1.- By means of the brief added to the digital file at 14:48 hours on March 24, 2026, Nombre01 filed an amparo action against the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. The petitioner asserted that she has not been given the report or the interpretation of an MRI that was performed on her. She stated that since September 26, 2025, she has not had a follow-up appointment in the Neurology Specialty at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (she added that she filed a complaint before the Contraloría de Servicios, but it has not been resolved). She requested that the action be granted.\n\n2.- By means of the order at 14:17 hours on April 17, 2026, the amparo action was admitted and transferred to the Medical Director, the Head of the Neurology Service, both at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, as well as the Director of the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the CCSS.\n\n3.- By means of the brief added to the digital file at 12:43 hours on April 27, 2026, Marianela Sánchez Rojas, Acting Director of the Centro Nacional de Imágenes Médicas, reported: \"(…) The image acquisition appointment was held on August 7, 2025. It should be noted that the Centro Nacional de Imágenes Médicas has no involvement in the granting or the frequency of follow-up appointments with the medical specialist. However, the corresponding request was processed and the study was assigned to the radiologist on duty to be reported on April 24, 2026, for which we request 5 business days after this date for it to appear in the REDIMED repository, and for the objectives of the requested medical procedure care to be fulfilled so that the clinician can support his management and therapeutic decisions to be employed (…)\" (sic).\n\n4.- By means of the brief added to the digital file at 13:51 hours on April 28, 2026, Tania Jiménez Umaña and Miguel Ángel Barboza Elizondo, General Director and Acting Head of the Neurology Service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reported: \"(…) she has been assessed in the Neurology Service since 2024 after a clinical hospitalization for cognitive impairment. Since then, she has been assessed in several appointments in which various studies have been ordered, such as MRI, labs, and even a lumbar puncture. In order to assist the patient, an appointment is assigned for May 18, 2026, at 1:00 p.m. with Dr. Randall Pérez Rojas in the Cognitive Impairment Clinic. The patient is notified of said appointment by telephone (…)\" (sic) (emphasis not in original).\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Purpose of the action. The petitioner asserted that she has not been given the report or the interpretation of an MRI that was performed on her. She stated that since September 26, 2025, she has not had a follow-up appointment in the Neurology Specialty at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (she added that she filed a complaint before the Contraloría de Servicios, but it has not been resolved).\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\n1. The protected party is 51 years old (see the Civil Registry database).\n\nII.A. Regarding the Centro Nacional de Imágenes Médicas.\n\n2. On August 7, 2025, an MRI was performed on the petitioner at the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the CCSS (see the report rendered, added to the digital file).\n\n3. The result of the study had not been reported (an uncontested fact).\n\n4. On April 21, 2026, the initial order of the amparo action was notified to the Centro Nacional de Imágenes Médicas (see the digital notification record).\n\n5. According to the Acting Director of the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the CCSS: \"(…) the corresponding request was processed and the study was assigned to the radiologist on duty to be reported on April 24, 2026, for which we request 5 business days after this date for it to appear in the REDIMED repository, and for the objectives of the requested medical procedure care to be fulfilled so that the clinician can support his management and therapeutic decisions to be employed (…)\" (sic) (see the report rendered, added to the digital file).\n\nII.B. Regarding the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.\n\n6. Since September 26, 2025, the protected party has not had follow-up appointments in the Neurology Specialty at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (an uncontested fact).\n\n7. On November 13, 2025, via an email sent to the Contraloría de Servicios of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, the petitioner stated: \"(…) A year ago I was referred to the Neurology Service for priority care with (…). So far, I have received timely care and very professional treatment, for which I am deeply grateful. However, I am worried because my last appointment was on September 26, and since then I have not received any follow-up notice. My MRI showed abnormalities, while the lumbar puncture and blood tests were normal, which increases my concern about the need to correlate these clinical findings. I have gone on three occasions to request information at the reception desk, but I am told that I must wait to be called. Given my diagnosis, my age, and the extreme fatigue I am currently experiencing, I worry that a delay could negatively affect my health. I respectfully ask if you can expedite a medical check-up appointment, or at least confirm the status of my case, to continue with the required neurological assessment (…)\" (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital file).\n\n8. On April 20, 2026, the initial order of the amparo action was notified to the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (see the digital notification record).\n\n9. An appointment was assigned in the Neurology Specialty of the appealed medical center for May 18, 2026 (see the report rendered, added to the digital file).\n\nIII.- Regarding the fundamental right to health. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that section of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund can have a negative impact on the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.\n\nIV.- Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary staff, and to acquire the materials and technical equipment that are required to provide efficient, effective, and swift services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of \"waiting lists\" for surgical interventions and the application of certain specialized exams or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly. The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to it have the duty and, consequently, are personally responsible – in the terms of Article 199 and following of the General Law of Public Administration – for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to put a definitive end to the tardy provision – which, on occasion, becomes negligent due to its consequences – of health services, a situation that clearly constitutes an unequivocal lack of service that may give rise to the administrative patrimonial liability of that entity for the anti-juridical injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the General Law of Public Administration).\n\nV.- Regarding the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the CCSS. In the sub examine, it was proven that on August 7, 2025, an MRI was performed on the petitioner at the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the CCSS. The result of the study had not been reported. The elapsed period of more than 8 months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public assistance services. According to the Acting Director of the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the CCSS: \"(…) the corresponding request was processed and the study was assigned to the radiologist on duty to be reported on April 24, 2026, for which we request 5 business days after this date for it to appear in the REDIMED repository, and for the objectives of the requested medical procedure care to be fulfilled so that the clinician can support his management and therapeutic decisions to be employed (…)\" (sic) (emphasis not in original). As the evidence suggests that it was on the occasion of this proceeding that the pertinent actions were taken to restore the protected party to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights, it is imperative to grant this part of the action, in application of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, with the consequences explained below.\n\nVI.- Regarding the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. From the recitation of proven facts, it is clear that since September 26, 2025, the protected party has not had follow-up appointments in the Neurology Specialty at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. The elapsed waiting time of more than 7 months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public assistance services. After the initial order was notified, an appointment was assigned in the Neurology Specialty of the appealed medical center for May 18, 2026. As the evidence suggests that it was on the occasion of this proceeding that the pertinent actions were taken to restore the protected party to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights, it is imperative to grant this part of the action, in application of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, with the consequences explained below.\n\nVII.- In parallel, it was proven that on November 13, 2025, via an email sent to the Contraloría de Servicios of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, the petitioner stated: \"(…) A year ago I was referred to the Neurology Service for priority care with (…). So far, I have received timely care and very professional treatment, for which I am deeply grateful. However, I am worried because my last appointment was on September 26, and since then I have not received any follow-up notice. My MRI showed abnormalities, while the lumbar puncture and blood tests were normal, which increases my concern about the need to correlate these clinical findings. I have gone on three occasions to request information at the reception desk, but I am told that I must wait to be called. Given my diagnosis, my age, and the extreme fatigue I am currently experiencing, I worry that a delay could negatively affect my health. I respectfully ask if you can expedite a medical check-up appointment, or at least confirm the status of my case, to continue with the required neurological assessment (…)\" (sic) (emphasis not in original). This Court understands that the petitioner's intention was not to file a pure and simple petition, a request for information, or a procedure, but an exhortation to expedite the assignment of a medical check-up appointment, and thus continue with the required neurological assessment. Note that in the brief filing the action, she pointed out that the Neurology Specialty: \"(…) has not issued a response nor proceeded with the appointment, verbally alleging a \"schedule saturation\" that I am not obliged to bear at the cost of my physical integrity (…)\" (sic). This Constitutional Chamber, in judgment No. 2020-09049 at 09:15 hours on May 15, 2020, explained:\n\"(…) Certainly, the purpose of the petitioner's request was not to request specific information or to file an administrative claim, but to formulate an exhortation so that the appealed authority acts in accordance with what is sought by the promoter, so this procedure was exhausted upon its mere presentation, without there being a correlative obligation of the respondent party to answer it. Ergo, the alleged lack of response does not imply an injury to Article 27 of the Political Constitution, nor to ordinances 30 and 41 of the same Fundamental Charter (…)\" (emphasis not in original).\nThe cited precedent is fully applicable to the sub examine.\n\nVIII.- Regarding the assessment of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the contested action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable\"), the granting must be without a special assessment of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is \"solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable\". It is underlined that the Law indicates \"if they are applicable\", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or balancing by the Court. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states: \"every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment\", which does not foresee the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction - cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of going, if she so wishes, to a plenary proceeding to demonstrate that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without an assessment of costs, damages, and losses.\n\nIX.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is imperative to partially grant the amparo action, in application of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, only with respect to the delay in reporting the MRI, and the failure to assign a follow-up appointment in the Neurology Specialty, but without a special assessment for the payment of the costs, damages, and losses caused, with the consequences specified in the operative part of this judgment.\n\nX.- Note by Judge Rueda Leal. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has experienced an exponential increase, as the statistics of this Court show.\n\nNumber of health-related files admitted to the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | QUANTITY IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the chart above, it can be inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date, there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's caseload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. With regard to the above, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of such pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of medical specialists, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the appealed institution, among others. In the cited integrated management system project, reasonable waiting times must be defined by pathology or related groups of diagnoses according to symptomatology, level of urgency, and patient conditions, as well as objective criteria for specifying the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote is intended for the Costa Rican Social Security Fund - within the framework of its constitutional and legal competencies - to take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, with the purpose of following up on compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened a public oral hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to contribute to the follow-up on the execution of such resolution. As things stand, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.\n\nXI.- Partial dissenting vote by Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-assessment of costs, damages, and losses against the respondent party.\nAlthough I agree with the rest of the Chamber in granting the action, I depart from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the contested action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable\".\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\"...every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment\".\nThis last norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\nIn the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has confirmed the grievance; and, as a consequence, the need for an assessment of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the action, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of her fundamental rights, once it becomes aware of the amparo - a case contemplated in Article 52, referred to -, by command of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the assessment against the infringer for the compensation of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of her fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has confirmed the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need arises for an assessment of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of individuals and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.\nThus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the appealed act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the assessment of costs, damages, and losses, since such case forms an integral part of the general system of necessary assessment in those regards, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\nMoreover, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of her fundamental rights that the petitioner has suffered, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in her favor; a situation which, as the majority of the Chamber states, implies an \"abnormal termination of the proceeding\".\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion to the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, unequivocally, for the revocation, stopping, or suspension of the contested action violative of fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of assessment of costs, damages, and losses, despite the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted \"solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable\". As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\nIn my criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic assessment of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, this assessment is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the contested action, unless it is unequivocally and clearly evident that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the petitioner, of economic damages and losses derived from the contested actions - whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction -, the granting of this action must necessarily imply the assessment of costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of whether or not damages and losses exist, but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From this perspective, the analysis conducted by this Court concentrates on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not consider that said examination of pertinence may, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of injuries of a patrimonial nature that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Administrative Contentious Procedure Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the determination of the economic effects derived from condemnations handed down in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:\n\n\"ARTICLE 179.- The Administrative Contentious Court is responsible for the execution of the judgments handed down by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber in terms of a condemnation in abstracto in those categories, since such types of claims would not be admissible within such types of cases when the judgment handed down within the amparo proceeding expressly established the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the administrative contentious venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that regard, in my view, under the tenor of the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which it is determined, with reasoned justification, the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is handed down that revokes, halts, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the respondent entity's own cause or an external cause, the alleged indolence or reproached disturbance may have occasioned damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to a condemnation in abstracto that later constitutes the basis of analysis in the Administrative Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it bears repeating, that is not its object or primary reason. Thus, it is not the responsibility of the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have produced injuries to them is an aspect that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, no assessment is made as to whether there is or is not an infraction; consequently, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from condemnation referred to in that norm is exceptional in nature, not a principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes condemnation in abstracto, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, could have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted which caused the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It bears repeating, if the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, that is an issue that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, I reiterate, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation in abstracto for costs, damages, and losses.\n\nXII.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: \"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.\"\n\nMy interpretation of that norm is the following: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if applicable\" refers to costs. What is more, Article 197 of the Administrative Contentious Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, under the tenor of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not of an indemnifying nature but a restitutory one; however, Article 51 of the LJC indicates: \"Every resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the condemnation in abstracto for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, thereby potentially violating Article 41 of the CP. If despite the condemnation in abstracto having been handed down, the damages and losses were not occasioned, the judge in the ordinary venue shall so declare, as only it is his responsibility to consider proven the real existence and magnitude of the same.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not in costs.\n\nXIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all such material that is not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is partially granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law, solely with regard to the delay in the report of the magnetic resonance imaging, and the lack of scheduling of a follow-up appointment in the Neurology Specialty, without special condemnation in costs, damages, and losses. It is ordered to Marianela Sánchez Rojas, in her capacity as Acting Director of the Centro Nacional de Imágenes Médicas of the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), or to whoever holds that position in her place, to arrange everything necessary within the scope of her powers and coordinate as pertinent so that no later than May 4, 2026, the report of the magnetic resonance imaging performed on the protected person is available for assessment and/or analysis by the specialist. It is ordered to Tania Jiménez Umaña and Miguel Ángel Barboza Elizondo, in their respective capacities as Directora General and Acting Chief of the Neurology Service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or to whoever holds those positions in their place, to arrange everything necessary within the scope of their powers and coordinate as pertinent so that on May 18, 2026, the follow-up appointment for the protected person in the Neurology Specialty takes place. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, a penalty of imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. Magistrate Rueda Leal notes. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders condemnation in damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders condemnation in damages and losses, but not in costs. In all other respects, the appeal is dismissed. Let it be notified.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nXHNCGZPBMHS61\nEXPEDIENTE N° 26-010498-0007-CO\n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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