{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1385165",
  "citation": "Res. 15310-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Constitucionalidad del ACCTS",
  "title_en": "Constitutionality of the ACCTS",
  "summary_es": "La Sala Constitucional examinó la consulta legislativa preceptiva sobre el proyecto de ley para aprobar el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (ACCTS) suscrito entre Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza. La Sala revisó el procedimiento legislativo y no encontró vicios sustanciales de forma. En cuanto al fondo, analizó el contenido del acuerdo en sus ocho capítulos, destacando su objetivo de vincular política comercial con metas ambientales, promover bienes y servicios ambientales, eliminar subsidios perjudiciales a combustibles fósiles y establecer etiquetado ecológico. Consideró que el acuerdo está en armonía con el artículo 50 constitucional y los compromisos climáticos de Costa Rica. La Sala no encontró vicios de constitucionalidad y evacuó la consulta en sentido favorable, indicando que el trámite no adolece de vicios sustanciales de forma ni de fondo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed the mandatory legislative consultation on the bill to approve the Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) signed by Costa Rica, Iceland, New Zealand, and Switzerland. The Chamber reviewed the legislative procedure and found no substantial procedural defects. On the merits, it analyzed the agreement's eight chapters, highlighting its aim to link trade policy with environmental goals, promote environmental goods and services, eliminate harmful fossil fuel subsidies, and establish eco-labeling. It found the agreement consistent with Article 50 of the Constitution and Costa Rica's climate commitments, and held that no procedural or substantive constitutional defects were present.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/04/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [
    "art-50-constitution"
  ],
  "primary_topic_id": "art-50-constitution",
  "es_concept_hints": [
    "consulta legislativa preceptiva",
    "ACCTS",
    "artículo 50 constitucional",
    "cambio climático",
    "subsidios a combustibles fósiles",
    "etiquetado ecológico",
    "GEI"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "ACCTS",
    "cambio climático",
    "comercio internacional",
    "bienes ambientales",
    "subsidios combustibles fósiles",
    "etiquetado ecológico",
    "artículo 50 constitucional",
    "consulta legislativa preceptiva",
    "Sala Constitucional",
    "gases de efecto invernadero"
  ],
  "keywords_en": [
    "ACCTS",
    "climate change",
    "international trade",
    "environmental goods",
    "fossil fuel subsidies",
    "eco-labeling",
    "Article 50 Constitution",
    "mandatory legislative consultation",
    "Constitutional Chamber",
    "greenhouse gases"
  ],
  "excerpt_es": "Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que en la tramitación del proyecto de ley denominado “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”, expediente legislativo nro. 25.060, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo.\n\nEstos objetivos, sin duda, se encuentran alineados con el artículo 50 constitucional, en tanto procura no solo que el crecimiento económico esté en armonía con el ambiente, sino que se transforme en un instrumento para combatir problemas ecológicos.\n\nEsta propuesta, tendente a la reducción de gases de efecto invernadero, se encuentra en armonía con el derecho al ambiente y los compromisos adquiridos por Costa Rica para fomentar tal reducción.",
  "excerpt_en": "This mandatory legislative consultation of constitutionality is hereby resolved, in the sense that in the processing of the bill entitled “LAW APPROVING THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ SUBSCRIBED BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER TWO THOUSAND TWENTY-FOUR”, legislative file no. 25.060, no substantial defect of form or substance has occurred.\n\nThese objectives are undoubtedly aligned with Article 50 of the Constitution, insofar as they seek not only that economic growth be in harmony with the environment, but that it be transformed into an instrument to combat ecological problems.\n\nThis proposal, aimed at reducing greenhouse gases, is in harmony with the right to the environment and the commitments undertaken by Costa Rica to promote such reduction.",
  "outcome": {
    "label_en": "Dismissed",
    "label_es": "Sentencia desestimatoria",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber found no substantial procedural or substantive defects in the bill approving the ACCTS.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional no encontró vicios sustanciales de forma ni de fondo en el proyecto de ley para la aprobación del ACCTS."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "These objectives are undoubtedly aligned with Article 50 of the Constitution, insofar as they seek not only that economic growth be in harmony with the environment, but that it be transformed into an instrument to combat ecological problems.",
      "quote_es": "Estos objetivos, sin duda, se encuentran alineados con el artículo 50 constitucional, en tanto procura no solo que el crecimiento económico esté en armonía con el ambiente, sino que se transforme en un instrumento para combatir problemas ecológicos."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "This mandatory legislative consultation of constitutionality is hereby resolved, in the sense that in the processing of the bill [...] no substantial defect of form or substance has occurred.",
      "quote_es": "Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que en la tramitación del proyecto de ley [...] no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "This proposal, aimed at reducing greenhouse gases, is in harmony with the right to the environment and the commitments undertaken by Costa Rica to promote such reduction.",
      "quote_es": "Esta propuesta, tendente a la reducción de gases de efecto invernadero, se encuentra en armonía con el derecho al ambiente y los compromisos adquiridos por Costa Rica para fomentar tal reducción."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1385165",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-012342-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015310\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .\n\n Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, referida al proyecto de ley tramitado en el expediente legislativo nro. 25.060, denominado “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”.\n\nResultando:\n\n1.- Por oficio recibido en la Secretaría de la Sala el 10 de abril de 2026, el Directorio de la Asamblea Legislativa remitió esta consulta con base en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional junto con una copia certificada del expediente legislativo correspondiente.\n\n2.- Por resolución de las 11:55 horas del 10 de abril de 2026 se tuvo por interpuesta la consulta y se trasladó, de acuerdo con el turno correspondiente, al magistrado redactor.\n\n 3.- En el proceso se han observado las prescripciones de ley. Esta resolución se dicta dentro del plazo legal respectivo, que vence el 10 de mayo de 2026.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto y admisibilidad de la consulta. Esta consulta preceptiva de constitucionalidad fue formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 10 inciso b) de la Constitución Política y 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; está referida al proyecto de ley denominado “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”, tramitado en el expediente legislativo nro. 25.060. \n\nEl proyecto fue sometido a votación y aprobado en primer debate en la Sesión Plenaria Ordinaria nro. 84 del 24 de marzo de 2026, por lo que satisface lo estatuido en el párrafo 1 del ordinal 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nCon la finalidad de evacuar esta consulta, de primero se verifican los trámites legislativos seguidos en el sub lite, en consonancia con los preceptos 98 y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al disponer que la consulta deberá hacerse después de aprobado el proyecto en primer debate y antes de la aprobación definitiva, y que, al evacuarla, la Sala dictaminará sobre cualesquiera aspectos o motivos que estime relevantes desde el punto de vista constitucional, pero efecto vinculante solo tendrá lo relativo a los trámites procedimentales. Para los efectos anteriores, en los siguientes considerandos se expondrá una síntesis del proyecto y un resumen cronológico de su trámite legislativo.\n\nII.- La tramitación del expediente nro. 25.060 en la Asamblea Legislativa. El iter legislativo del proyecto de ley denominado “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”, expediente legislativo nro. 25.060, ha sido el siguiente:\n\n1) Por oficio nro. MP-DMP-OF-0503-2025 del 20 de junio de 2025, el ministro a.i. de la Presidencia remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”, para que se le diera el trámite de rigor. En la exposición de motivos se indicó: “Finalmente, el 15 de noviembre de 2024, los ministros de Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza firmaron el texto final”. Tal oficio fue recibido en la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa el 23 de junio de 2025. (ver folio 1 del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n2) Mediante decreto ejecutivo nro. 45042-MP del 24 de junio de 2025, el Poder Ejecutivo amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, con el propósito de que se conociera el expediente nro. 25.060, entre otros (ver folios 484 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n3) El 26 de junio de 2025 se ordenó asignar el proyecto de ley del expediente nro. 25.060 a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior; también se trasladó al Departamento de Gestión Documental y Archivo para su publicación y trámite (ver folio 487 del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n4) El 30 de junio de 2025, el Departamento de Gestión Documental y Archivo remitió el expediente nro. 25.060 a la Imprenta Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta. (ver folio 489 del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n5) El 30 de junio de 2025 se entregó copia fiel al Departamento de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos (ver folio 490 del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n6) El 2 de julio de 2025 fue publicado el proyecto de ley del expediente nro. 25.060 en el Alcance nro. 81 a La Gaceta nro. 121 (Véase https://www.imprentanacional.go.cr/Gaceta/ViewAlcance.aspx?url=/pub/2025/07/02/ALCA81_02_07_2025.html).\n\n7) El 3 de julio de 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior recibió el proyecto del expediente nro. 25.060 (ver folio 976 del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n8) En sesión ordinaria nro. 6 del 17 de setiembre de 2025 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se asignó el proyecto del expediente legislativo nro. 25.060 a una subcomisión por el plazo de treinta días hábiles. Además, se aprobaron las mociones nros. 06-06, 08-06 y 09-06 para llamar en audiencia al Ministerio de Ambiente y Energía, la dirección de Cambio Climático, el Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza, la Ruta del Clima, el Ministerio de Comercio Exterior, Incopesca, entre otros. (ver folios 982 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n9) En sesión ordinaria nro. 7 del 24 de setiembre de 2025 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se recibieron a representantes del Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza, y la Ruta del Clima (ver folios 1042 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n10) Por oficio nro. AL-DEST-IJU-373-2025 del 28 de octubre de 2025, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos remitió a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el informe jurídico del expediente nro. 25.060 (ver folios 1083 y siguiente del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n11) Mediante decreto ejecutivo nro. 45281-MP del 31 de octubre de 2025, el Poder Ejecutivo realizó la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a fin de que se conociera el expediente nro. 25.060, entre otros (ver folios 1103 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n12) En sesión ordinaria nro. 8 del 5 de noviembre de 2025 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se recibió a la viceministra del Ministerio de Comercio Exterior (ver folios 1154 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n13) En sesión ordinaria nro. 9 del 12 de noviembre de 2025 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se recibió al ministro y al viceministro de Gestión Estratégica, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía (ver folios 1113 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n14) En sesión extraordinaria nro. 10 del 26 de noviembre de 2025 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior discutió por el fondo el proyecto y lo aprobó. Asimismo, se asignó al diputado Morales la elaboración del dictamen respectivo (ver folios 1178 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060). \n\n15) El 8 de diciembre de 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior remitió el dictamen afirmativo del proyecto de ley nro. 25.060 a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa (ver folios 1693 y siguiente del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n16) Mediante decreto ejecutivo nro. 45457-MP del 20 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo retiró de la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el expediente nro. 25.060, entre otros (ver folios 1695 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n17) Mediante decreto ejecutivo nro. 45461-MP del 22 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, con el propósito de que se conociera el expediente nro. 25.060, entre otros (ver folios 1700 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n18) En la sesión extraordinaria nro. 71 del 12 de febrero de 2026, el Plenario inició el trámite en primer debate. Se presentaron mociones de fondo vía artículo 137, por lo que se remitió el proyecto a la comisión dictaminadora (ver folios 1706 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n19) El 23 de febrero de 2026, la Secretaría del Directorio Legislativo remitió a la comisión respectiva las mociones mencionadas (ver folio 1746 del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n20) En sesión ordinaria nro. 16 del 4 de marzo de 2026 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se conocieron las mociones de fondo vía artículo 137, las cuales fueron rechazadas (ver folios 1729 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n21) El 5 de marzo de 2026, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior entregó a la Secretaría del Directorio el informe sobre mociones vía artículo 137 (ver folios 1714 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n22) En la sesión extraordinaria nro. 84 del 24 de marzo de 2026, el Plenario aprobó en primer debate el proyecto de ley nro. 25.060 con el voto de 40 diputados (as) (ver folios 1751 y siguientes del expediente legislativo nro. 25.060).\n\n23) En sesión ordinaria nro. 44 del 6 de abril de 2026, la Comisión Permanente Especial de Redacción aprobó la redacción final de expediente nro. 25.060 (ver folios 1766 y siguiente del expediente legislativo nro. 25.060).\n\nIII.- Sobre el procedimiento legislativo en el caso concreto. De conformidad con el canon 101 de la ley que rige esta jurisdicción, este Tribunal revisó el procedimiento legislativo para la tramitación del proyecto denominado “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”. El desglose del trámite que siguió dicho proyecto permite a la Sala concluir que se ha respetado el procedimiento constitucional establecido para tales efectos. \n\nAtinente la posibilidad de celebrar tratados internacionales, el artículo 140 inciso 10) de la Constitución contiene como una atribución del presidente y el ministro de ramo:\n\n“10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución.”\n\nEn este caso, en la exposición de motivos se indicó claramente: “Finalmente, el 15 de noviembre de 2024, los ministros de Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza firmaron el texto final”.\n\nAdemás, la Sala ha estimado que no existe contravención a los preceptos constitucionales, cuando en el expediente legislativo se verifica una voluntad unívoca del Poder Ejecutivo por procurar la aprobación de un instrumento internacional:\n\n“…la actuación conjunta de la Presidencia de la República y el Ministro de Comercio Exterior para iniciar el trámite legislativo del proyecto de ley en consulta, aunado a los respectivos decretos ejecutivos emitidos durante el período de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo asume un papel preponderante en la iniciativa legislativa, al poner en la corriente legislativa este proyecto de ley, permite concluir, que dicho Poder de la República no solo ha concurrido con su voluntad en las diversas etapas procedimentales legislativas, sino que tiene una clara intención de sancionar y ratificar ese instrumento por medio de su aprobación legislativa y. por ende, posee pleno conocimiento sustantivo del Tratado internacional en cuestión. Dicho de otro modo, si el Poder Ejecutivo, con el propósito de tramitar y recibir la aprobación legislativa de los convenios firmados por funcionarios -que no quedan acreditados como representantes en el expediente legislativo- somete a discusión ante la Asamblea Legislativa el respectivo proyecto de ley, esa práctica resulta compatible con lo dispuesto por el artículo 7.1.b), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado si “…se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes”. Debido a ello, el Ministro (sic) de Comercio Exterior, al suscribir el Tratado en consulta, actuó con la debida legitimidad constitucional. En consecuencia, no se observa vicio alguno en lo tocante a la suscripción del mencionado Tratado.” (Resolución nro. 2019-003131 de las 9:45 horas del 22 de febrero de 2019).\n\nLa situación es análoga en el sub examine, dado que hay claridad acerca de la voluntad del Poder Ejecutivo, pues sometió el proyecto al conocimiento de la Asamblea Legislativa con las firmas del presidente de la República y el ministro de Comercio Exterior (folio 483 del expediente legislativo); en adición, lo ha incluido repetidamente en decretos de convocatoria a sesiones extraordinarias. Ergo, no se evidencian problemas de constitucionalidad en cuanto a ese punto.\n\nLuego, como parte del procedimiento legislativo, el proyecto fue dirigido a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior y publicado en el Alcance nro. 81 a La Gaceta nro. 121 del 2 de julio de 2025. Acto seguido, el proyecto fue consultado a diferentes instancias (Ministerio de Ambiente y Energía, la dirección de Cambio Climático, el Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza, la Ruta del Clima, el Ministerio de Comercio Exterior, Incopesca, entre otros). De igual manera, contó con el estudio nro. AL-DEST-IJU-373-2025 del 28 de octubre de 2025 del Departamento de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos, el cual señaló que se requería la aprobación por mayoría absoluta.\n\nContinuando con el procedimiento legislativo, el 26 de noviembre de 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior votó a favor del proyecto de ley nro. 25.060. Posteriormente, el 8 de diciembre de 2025, esa Comisión le entregó el dictamen afirmativo de mayoría al Directorio de la Asamblea Legislativa. Después, el Plenario legislativo conoció y aprobó el proyecto en primer debate en la sesión extraordinaria nro. 84 del 24 de marzo de 2026, con 40 votos a favor.\n\nFinalmente, en sesión ordinaria nro. 44 del 6 de abril de 2026, la Comisión Permanente Especial de Redacción aprobó la redacción final de expediente nro. 25.060. \n\nA partir de lo expuesto, en este momento del trámite, la Sala no advierte ningún vicio sustancial en el procedimiento legislativo del proyecto de ley nro. 25.060 “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”.\n\nIV.- Observaciones en cuanto al fondo del proyecto. Según se desprende de la exposición de motivos del proyecto, el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (abreviado ACCTS, por sus siglas en inglés) constituye un instrumento innovador que vincula la política comercial con metas ambientales, proponiendo un enfoque novedoso para enfrentar desafíos en materia de cambio climático y otros retos medioambientales, como la pérdida de diversidad biológica y contaminación. Su objetivo principal es fomentar el comercio internacional de bienes ambientales y ampliar el acceso a los servicios ambientales, contribuyendo de ese modo a la transición hacia un modelo económico más sostenible. Asimismo, el ACCTS fomenta la colaboración entre sus miembros para poner en práctica sistemas voluntarios y eficaces de etiquetado ecológico, sustentados en las mejores prácticas a nivel internacional. Finalmente, representa un avance significativo al convertirse en el primer acuerdo internacional que fija normas para disciplinar los subsidios nocivos a los combustibles fósiles, armonizando la política comercial con los compromisos globales en materia de acción climática. Estos objetivos, sin duda, se encuentran alineados con el artículo 50 constitucional, en tanto procura no solo que el crecimiento económico esté en armonía con el ambiente, sino que se transforme en un instrumento para combatir problemas ecológicos.\n\nEl acuerdo está integrado por ocho capítulos. El primero detalla las disposiciones iniciales y generales. Aquí se expone con claridad el objetivo recién mencionado, los alcances geográficos del acuerdo (1.2), conciliación con otras normas internacionales (1.4, 1.5), transparencia (1.6), cooperación en foros internacionales (1.7) y otros aspectos generales.\n\nA los efectos del análisis constitucional, este Tribunal observa que el numeral 1.6 procura la transparencia por medio del acceso a la información, incluyendo decisiones judiciales, lo que podría llevar a la divulgación de información personal o sensible de personas. Sin embargo, el punto 4 de ese mismo artículo establece una cláusula interpretativa:\n\n“4. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes a divulgar información, si la Parte considera que dicha divulgación podría:\n\n(a) ser contraria al interés público;\n\n(b) ser contraria a su derecho interno;\n\n(c) impedir el cumplimiento de la ley; o\n\n(d) perjudicar los intereses comerciales legítimos de cualquier operador económico”.\n\nEs decir, la divulgación de información deberá realizarse de una manera compatible con las disposiciones de derecho interno, lo que conlleva que se deban respetar los parámetros constitucionales y legales de nuestro país. \n\nLuego, el ordinal 1.10 establece definiciones y normas interpretativas tributarias, pero sin contener regulación de fondo en esa materia.\n\nEl capítulo 2 se dedica al comercio de bienes medioambientales. Su objetivo es “…promover la liberalización del comercio de bienes medioambientales como un medio para contribuir a la transición hacia una economía de bajas emisiones, resiliente al clima, circular y sostenible, y aumentar la adopción de e inversión en tecnologías y productos relevantes que aborden necesidades medioambientales urgentes” (2.1).\n\nEl ámbito de aplicación se limita a los bienes medioambientales que constan en el anexo II (2.2), los cuales contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático, prevención y control de la contaminación, la transición hacia una economía circular, entre otros fines (2.3) que se encuentran en sintonía con el numeral 50 constitucional. Para tales propósitos, el acuerdo establece un compromiso de las partes para la eliminación de aranceles aduaneros e impuestos a la exportación, en relación con los bienes medioambientales listados (2.5 y 2.6). Se incluyen excepciones y mecanismos temporales para la posposición de la eliminación arancelaria (2.7 y 2.8). Además, se establece un subcomité para la revisión del cumplimiento de este capítulo y la lista de bienes medioambientales (2.9 y 2.10). \n\nDe la mano con lo anterior, el acuerdo regula en su capítulo 3 lo concerniente a servicios medioambientales. El objetivo de tal capítulo es “…la liberalización del comercio de servicios medioambientales y servicios relacionados con el medio ambiente que apoyan la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la transición hacia una economía circular, la prevención y el control de la contaminación, o el uso sostenible, la protección o la restauración de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, incluidos el agua y los recursos marinos” (3.1). \n\nPosteriormente, se regulan el ámbito de aplicación (para lo cual existe un listado de servicios medioambientales) y se definen los servicios que serán incluidos (3.2). El capítulo dispone el modo de acceso a los mercados (3.5), el trato nacional que deberán recibir los servicios medioambientales (3.6), así como regulaciones con respecto al movimiento de personas (3.8), transparencia (3.9) y pagos y transferencias internacionales (3.11), entre otros.\n\nDesde la perspectiva constitucional, ese tipo normas comerciales no encuentran reparo y han sido avaladas por este Tribunal en otras ocasiones:\n\n“Este Tribunal ha examinado similares acuerdos de apertura económica y, sobre el particular, se ha descartado que lesionen nuestra Constitución. Por ejemplo, en la reciente opinión consultiva n.°2024-014137 esta Sala hizo un recuento de acuerdos comerciales de similar naturaleza y realizó las siguientes consideraciones:\n\n“Del resumen anterior se concluye de manera clara que el Tratado que se pretende aprobar, es similar en muchos aspectos al grupo de instrumentos internacionales de este tipo que han sido firmados, estudiados y aprobados por nuestro país con el fin de promover la inserción de Costa Rica en el comercio mundial. Pueden verse algunas de las siguientes resoluciones de esta Sala donde se han resuelto sobre consultas legislativas sobre otros tratados de libre comercio:\n\n-Proyecto de ley “Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica. Resolución n°2019-003131 de las 09:45 horas del 22 de febrero del 2019. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-904580 \n\n-Proyecto de \"Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia\". Resolución n°2014-004192 de las 14:30 horas del 26 de marzo del 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-603193 \n\n-Proyecto de “Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos”. Resolución n°2014-003920 de las 14:05 horas del 19 de marzo del 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-598688 \n\n-Proyecto de \"Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Perú. Resolución n°2013-005013 de las 14:30 horas del 16 de abril del 2013. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1003841 \n\nEn particular, se observa que el instrumento que ahora se estudia no contiene la creación de obligaciones diferentes de las que relacionadas con la facilitación del comercio entre Ecuador y Costa Rica y desde tal perspectiva puede decirse que el proyecto no presenta problemas de inconstitucionalidad al recoger disposiciones, medidas e instrumentos que son esencialmente temas ya tratados en otros instrumentos que se ya se han incorporado al ordenamiento jurídico costarricense”. (Lo destacado no corresponde al original).\n\nEn igual sentido, una vez revisado el texto del convenio bilateral con los Emiratos Árabes Unidos, no se encuentra que contenga obligaciones más allá de las comunes a este tipo de acuerdos comerciales”. (Resolución nro. 2024033833 de las 9:30 horas del 13 de noviembre de 2024).\n\nEl capítulo 4 se refiere a los subsidios a combustibles fósiles. Su objetivo es “…disciplinar y eliminar los subsidios perjudiciales a los combustibles fósiles con el fin de mitigar su impacto adverso sobre el medio ambiente y contribuir a los esfuerzos globales para reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la producción y el consumo de combustibles fósiles” (4.1).\n\nLuego de establecer el ámbito de aplicación (4.2) y las definiciones (4.3), las Partes del acuerdo se comprometen a no introducir ni mantener subsidios a los combustibles fósiles que se enumeran en el anexo IX (4.5). Sin embargo, también establece excepciones específicas (4.6), cuando los subsidios a los combustibles fósiles permiten atender objetivos prioritarios o sensibles de política pública (por ejemplo, atención a desastres naturales, emergencias o crisis, incluyendo graves dificultades económicas o inestabilidad; la prestación de servicios públicos esenciales de educación y salud, o de servicios humanitarios y de emergencia; etc.).\n\nEsta propuesta, tendente a la reducción de gases de efecto invernadero, se encuentra en armonía con el derecho al ambiente y los compromisos adquiridos por Costa Rica para fomentar tal reducción:\n\n“VI.- La obligación internacional de estabilizar las emisiones conocidas como Gases de Efecto Invernadero (GEI).- Dado el tema de fondo objeto de análisis en esta acción de inconstitucionalidad, resulta importante hacer una referencia al tratamiento internacional que se ha hecho sobre las emisiones de los gases de efecto invernadero conocidas por sus siglas como GEI -cuya mención se hizo por este Tribunal en la sentencia No. 2012-009206 de las 16 horas 06 minutos de 4 de julio de 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- , entre las que principalmente se encuentra el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), los clorofluorocarbonos (CFCs), el ozono troposférico (O3) y el óxido nitroso (N2O); gases que permiten el ingreso de la radiación solar a la atmósfera de la tierra pero que, a la vez, retienen el calor e impiden su salida al espacio. Sobre el particular, en la referida sentencia 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-, se indicó que la falta de homogeneidad en la posición de ciertos países no ha permitido que, a nivel internacional, se haya establecido una obligación general de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que ha existido un problema de poca uniformidad que se ha venido agravando con la crisis económica mundial que pone en riesgo los esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; sin embargo, cabe mencionar que, a nivel internacional, algunos países establecieron ciertas bases en la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992”, así como en el “Protocolo de Kyoto” y en el “Acuerdo de Copenhague de 2009”. En tal sentido, en el primer convenio, se establece en sus artículos 3 y que:\n\n“Artículo 3\n\nPrincipios\n\nLas Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:\n\n(…)\n\n3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.\n\n…”.\n\n“Artículo 4\n\nCompromisos\n\n1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán:\n\n(…) \n\nc.- Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos.\n\n(…)”\n\nEn la sentencia de cita 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-se consideró importante resaltar el dato que se ha venido sosteniendo en muchos foros científicos internacionales sobre el cambio climático, el cual consiste en la necesidad de mantener controlada la emisión de gases efecto invernadero producto de la actividad económica humana, ello por cuanto es un factor que contribuye al aumento de la temperatura global, por lo que se hace necesario tomar las medidas necesarias para que se mantenga en un punto menor a 2 grados centígrados ya que, de superarse, se estaría en un punto de no retorno que podría ser catastrófico para el sostenimiento de la vida en el planeta; dato científico que está reafirmado en el Acuerdo de Copenhague (que se cita para efectos ilustrativos) en cuanto indica que: \n\n“1. Subrayamos que el cambio climaìtico es uno de los mayores desafiìos de nuestros tiempos. Destacamos nuestra firme voluntad política de combatirlo con urgencia, respetando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas. Para alcanzar el objetivo último de la Convención de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que evite una interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, y teniendo en cuenta la opinión científica de que el aumento de la temperatura mundial debería permanecer por debajo de 2°C, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible, intensificaremos nuestra cooperación a largo plazo para luchar contra el cambio climático. Somos conscientes de la graves consecuencias del cambio climático y de las posibles repercusiones de las medidas de respuesta en los países particularmente vulnerables a sus efectos adversos (…)” (principio 1).\n\n“2. Convenimos en que se requieren fuertes reducciones de las emisiones mundiales, a la luz de la ciencia y de la información recogida en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, con miras a lograr una disminución de dichas emisiones que permita mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2°C, y nos proponemos tomar medidas para cumplir este objetivo de conformidad con la ciencia y sobre la base de la equidad. Deberíamos cooperar para lograr que las emisiones mundiales y nacionales alcancen su punto máximo lo antes posible,(…)” (Principio 2).\n\nEn atención a lo anterior, este Tribunal manifestó en la sentencia citada No. 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- que, \n\n“Aunque el citado acuerdo no tiene una forma jurídicamente vinculante, es importante resaltar el dato científico y la importancia de lograr más hacia el importante objetivo común de reducir las emisiones de gases que producen el cambio climático, es decir, lograr un punto de equilibrio en las emisiones de corte antropógeno. Otro importante aspecto que cabe resaltar es la identificación de las fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero, entre varias de ellas la combustión de combustibles fósiles o los derivados de petróleo, la descomposición de materia orgánica en los basureros, la agricultura, etc. La variación de la temperatura del medio ambiente tiene serias consecuencias, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud publica (sic), entre sus múltiples estudios, las repercusiones que tiene el cambio climático en la salud de las personas. Señala las consecuencias históricas del calor extremo, los desastres naturales y variación de la pluviosidad, y distribución de infecciones. Por ejemplo, indica que:\n\n“Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se registró un exceso de mortalidad cifrado en 70 000 defunciones [2].\n\nLas temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La contaminación atmosférica urbana causa aproximadamente 1,2 millones de defunciones cada año.\n\nLos niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de personas. Se prevé que el aumento de las temperaturas que se está produciendo aumentará esa carga”.\n\n“El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres, hasta en un 50% para 2020 en algunos países africanos”.\n\n“La malaria depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, la malaria mata a casi un millón de personas cada año, sobre todo niños africanos menores de cinco años. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los estudios al respecto llevan a pensar que el cambio climático podría exponer a 2000 millones de personas más a la transmisión del dengue en la próxima década de los ochenta” (Documento titulado Cambio climático y Salud. Nota descriptiva No. 266 Enero 2010).\n\nPara la Sala queda claro que, a partir de lo señalado supra y bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 así como del Protocolo de Kyoto, es preciso adoptar medidas para amortiguar los efectos producidos por la emisión de los gases efecto invernadero, lo cual es una responsabilidad compartida entre los Estados -no diferida en el caso de los países más comprometidos-, con el objetivo de evitar un aumento en la temperatura mundial por encima de los 2 grados centígrados en vista de que, según una gran mayoría de la comunidad científica, la temperatura global debe estar estabilizada por debajo de esos 2°C, lo que debería ser una obligación colectiva de resultado. En tal sentido, este Tribunal señaló:\n\n“(…)\n\nEs así como, con el apoyo de los datos científicos y de los organismos mundiales más importantes, se tiene identificado -hace mucho tiempo- que el uso de los motores a base de combustibles fósiles lanzan al medio ambiente dióxido de carbono, entre otros gases, principales causantes del cambio climático. Aun cuando existen otras fuentes naturales de producción de gases de efecto invernadero, según se afirma en la literatura especializada, como la agricultura, lo cierto es que es imperativo establecer mejores controles a las emisiones antropógenas que suman a la ecuación atmosférica mayores cantidades de GEI al ambiente. En este sentido, los esfuerzos para controlarlos deben ser incentivados por las autoridades públicas, por la iniciativa privada e individual en cada una de las fuentes. La problemática del cambio climático no se soluciona desde un punto de vista individualista, sino que deben tomarse medidas colectivas para reducir la huella ambiental que dejan las emisiones antropógenas de GEI, como también, políticas apropiadamente tomadas por las autoridades públicas para dar una solución integral, para hacer que existan modelos efectivos que puedan reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, es la forma de reducir la emisión de gases producto de la quema de combustibles fósiles (gasolina, diesel, bunker, etc.), mediante los mecanismos o sistemas de control de emisiones que disminuyan la contaminación ambiental. \n\nPero a pesar de que muchas de las obligaciones internacionales adquiridas por los países a nivel internacional no mantienen una fuerza obligatoria aun, está claro que existe una conciencia colectiva de que debe haber esfuerzos de control en la emisión de GEI. Costa Rica tiene compromisos específicos en la reducción de gases de efecto invernadero, bajo el régimen del Convenio Marco y del Protocolo de Kyoto” (ver sentencia No. 2012-009206 de las 16 horas 06 minutos de 4 de julio de 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nVII.- Compromiso de Costa Rica para la reducción de gases de efecto invernadero.- Conforme se mencionó en la sentencia que se ha venido citando No. 2012-009206, Costa Rica tiene compromisos específicos en la reducción de gases de efecto invernadero bajo el régimen del Convenio Marco de las Naciones Unidas y del Protocolo de Kyoto. Es importante mencionar que mediante Ley No. 8219 de 8 de marzo de 2002, publicada en La Gaceta No. 127 de 3 de julio de 2002, se aprobó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se ratificó mediante Decreto Ejecutivo No. 30602-RE de 5 de julio de 2002. Con este Protocolo las partes se comprometieron a reducir el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. En aras de lograr tal objetivo, Costa Rica inició en el 2012 uno de los proyectos más ambiciosos en la historia ambiental del país que consistía en lograr convertirse en uno de los primeros países carbono neutrales del mundo para el 2021, lo cual se mencionó en la sentencia de cita No. 2012-009206 en los siguientes términos: \n\n“… cuatro acciones, cuatro compromisos que, en el ámbito interno, asumirá nuestro país a partir de este momento: la neutralidad en carbono para el año 2021, liderada por el Poder Ejecutivo a partir de ahora; un plan de gestión ambiental obligatorio para las instituciones del Estado; el aumento en la cobertura boscosa y las zonas protegidas; y la promoción, en nuestro currículo escolar y colegial, del aprendizaje sobre el desarrollo sostenible y la educación ambiental. Estos son compromisos adicionales a las obligaciones internacionales que ya hemos contraído. Los asumimos porque creemos que si Costa Rica puede hacerlo, con su economía diminuta y su subdesarrollo a cuestas, no existe ninguna justificación para que otras naciones no lo hagan.\n\nPrimero. A partir de este momento, Costa Rica se compromete a ser neutral en carbono, o “C-Neutral”, para el año 2021. Esta es una meta ambiciosa, que requerirá para su realización de la ayuda de todos los ciudadanos y de los próximos gobiernos. Vamos a compensar las emisiones de carbono que liberamos, con dosis equivalentes de oxígeno para que, llegado el 2021, Costa Rica no contribuya en nada con el calentamiento global y el deterioro del aire que respiramos. En verdad les digo: abolir las emisiones netas de carbono será, para nosotros, el equivalente a la abolición del ejército que hiciera don Pepe” (lo resaltado en negrita no es del original) http://www.rree.go.cr/?sec=politica%20exterior&cat=ejes%20accion%20pnd%202006-2010 ).\n\nEn la referida sentencia también se señaló:\n\n“En sintonía con la anterior declaración, Costa Rica proclamó ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bali, Indonesia su compromiso de ser “carbono neutral” para el 2021. La declaración se convierte en un instrumento político a nivel nacional, además de tener sus consecuencias jurídicas dentro del marco de los compromisos de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En este sentido, nuestro país ha emitido un acto jurídico unilateral y válido, dentro de las atribuciones que el Derecho Internacional reconoce a las personas jurídicas internacionales, que por excelencia puede hacer un Estado ante sus homólogos para fijar una política nacional como exterior. Lo anterior claramente genera derechos y obligaciones con respecto a otros Estados, lo que le permitiría a nuestro país exigir, como ser exigido, de conformidad con el principio Pacta Sunt Servanda. (Esta Sala por lógicas razones no se refiere a supuestos extraordinarios que un Estado pueda reclamar cuando se generan de un estado de defensa y de la vulneración del principio de buena fe por otras potencias). De esta forma, de conformidad con la comunicación institucional de la Dirección de Comunicación Institucional (Cambio Climático Bali-1113) del Martes (sic) 11 de diciembre de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el portal electrónico del www.rree.go.cr se destaca que:\n\n“Costa Rica anunció hoy su compromiso voluntario de ser el primer país en vías de desarrollo “carbono neutral” para el 2021, y advirtió que el Protocolo de Kyoto no previó ningún mecanismo de incentivos para que los países en desarrollo conserven su cobertura boscosa primaria.\n\nEl anuncio mundial fue hecho durante Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tiene lugar en Bali, y la meta de compensar las emisiones de carbono hasta que su efecto sea neutro (“carbono neutral”) , se cumplirá para el Bicentenario de la República de Costa Rica, en el año 2021.\n\n…\n\nDurante la Conferencia sobre Cambio Climático, Costa Rica ha insistido de que se debe completar el Protocolo de Kyoto, para enmendar una clara injusticia, dado que no se reconoce la mitigación de gases de efecto invernadero producto de la deforestación evitada”, explicó el Canciller Bruno Stagno, quien viajó hoy a Guatemala para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica. \n\nRecordó que el Protocolo de Kyoto “sólo recompensa a quien reforesta, y excluye a quien conserva el bosque primario o hace un uso sostenible del mismo respetando los ecosistemas y los servicios ambientales que estos brindan. Debemos superar esta contradicción que estimamos inaceptable”, dijo.\n\nEn este sentido, durante la Conferencia de Bali, Costa Rica ha promovido que debe subsanarse la omisión del Protocolo de Kyoto, pues los bosques tropicales benefician a toda la humanidad fijando el dióxido de carbono que produce la industria, y de esa manera realizan una formidable contribución para mitigar el cambio climático.\n\n…\n\nLa posición de Costa Rica, elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Ambiente y la Cancillería, señala que aunque los países en desarrollo generan un pequeño porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, son los más vulnerables a los cambios climáticos mundiales.\n\n… \n\nCosta Rica ha insistido igualmente, que las soluciones al Cambio Climático deben contemplar “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, pues las naciones tienen distintas contribuciones, tanto con la contaminación ambiental, como con un desarrollo sostenible, y en consecuencia, debe involucrar tanto a países desarrollados (señalados entre los mayores contaminadores) como los países en vías de desarrollo.\n\n…\n\nEn este sentido, Costa Rica “ha comenzado por casa”, y ha emprendido de manera voluntaria un Plan de Acción de gestión ambiental que involucra Cambio Climático, Sistema Nacional de Areas (sic) Silvestres protegidas, recurso hídrico, reducción y manejo de desechos y residuos, educación, turismo, recursos marinos, planificación y ordenamiento territorial y materiales tóxicos y peligrosos, entre otros”.\n\nEs claro entonces que Costa Rica, de manera voluntaria, contrajo una obligación internacional específica y ejemplificante, de modo tal que: \n\n“forma parte de una prioridad nacional cualquier esfuerzo de reducir la huella ambiental, porque desde la más humilde existencia de un ser humano, a la más compleja congregación, requerirá de un esfuerzo para mitigar con la ciencia y la técnica aquellas acciones que contribuyan a la emisión de GEI, en algunos casos unas mayores que otras, pero que implican asumir compromisos y responsabilidades en nuestros comportamientos con el medio ambiente por nuestra forma de vida. Por ello se hace necesario, establecer pautas normativas que vinculen más a las actividades que impactan al ambiente y que se crean para su protección, en este sentido, se hace necesario confirmar sanciones cuando se infringe estos compromisos y responsabilidades” (ver sentencia No. 2012-009206 de las 16 horas 06 minutos de 4 de julio de 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nDe lo dicho se desprende entonces que Costa Rica ha formulado proyectos, propuestas y estrategias en aras de lograr la carbono neutralidad, lo que implica un compromiso por parte de las autoridades públicas pero también de la sociedad en desarrollar acciones internas para reducir y remover las emisiones de carbono en un período determinado en la operación del país, lo que implica adoptar medidas para compensar las emisiones de carbono que se liberan con dosis equivalentes de oxígeno, ello a fin de que el país no contribuya con el calentamiento global y lograr que la huella de carbono sea la misma que la del 2005 que fue el año base elegido para el plan de la carbono neutralidad en Costa Rica. El primer “Programa País de Carbono Neutralidad 1.0” fue lanzado en 2012 con una estrategia nacional y un plan de acción y a pesar de que la meta no fue lograda, lo cierto del caso es que gracias a esa iniciativa, el país ha tomado acciones así como también ha dado pasos importantes para reducir sus emisiones de efecto invernadero. En ese sentido, existe constancia de que muchas empresas privadas -por su propia voluntad- adoptaron prácticas para reducir sus emisiones y compensar su huella, por lo que los resultados en el sector privado han sido muy positivos toda vez que, según datos del Ministerio de Ambiente y Energía, entre el 2012 y el 2017 un total de 96 empresas privadas de diferentes sectores productivos del país, adoptaron prácticas y transformaron sus operaciones para ser más eficientes y disminuir sus emisiones de carbono al punto de que lograron reducir 100.000 toneladas de carbono en el último lustro y 92 de esas 96 empresas ya lograron certificarse como carbono neutrales, en tanto las otras cuatro están en proceso de inventario para obtener el reconocimiento. Ahora bien, debe recordarse que el grueso de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes provienen de la flota vehicular, el consumo energético y el uso de fertilizantes en el agro que son áreas en donde los esfuerzos para atacar el problema han sido menores por lo que el país debe replantear sus acciones para lograr la carbono neutralidad a la luz del Acuerdo de París en donde se fijó la meta para el 2100. Es necesario mencionar que no hay prácticas directas de alto impacto para atacar las emisiones de los vehículos que operan con combustibles a base de petróleo y un ejemplo de ello es que en el 2015, por primera vez en la historia, el sector transporte importó más vehículos (carros, camiones y motos) a Costa Rica ($1324 millones de dólares) en comparación con el petróleo que ingresó al país ($1285 millones de dólares) (ver https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-utopia-de-una-costa-rica-carbono-neutral-en/IYM5MH2PNZCP7BOHSZ5NV7CAQM/story/); por su parte, de acuerdo con RECOPE, en el 2016 se consumieron 19 millones de barriles producidos en el extranjero y se estima que para el 2035 el consumo podría aumentar a 33, 5 millones de barriles. En vista de, como se dijo, la meta trazada para el 2021 no se logró, se ha lanzado el “Programa País de Carbono Neutralidad 2.0” mediante el cual se corrige y afina lo que se desarrolló en la versión del 2012 y en el que se establece una nueva meta de carbono neutralidad en la práctica para el 2085 y formalmente para el 2100 (https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf). En ese “Plan de Descarbonización de Costa Rica” se puede observar que en el “Eje 6 Transformación del sector industrial mediante procesos y tecnologías que utilicen energía de fuentes renovables u otras eficientes y sostenibles de baja y cero emisiones”, dentro de las acciones de cambio 2019-2022 para impulsar el proceso de transformación tecnológica de bajas emisiones del sector industrial, uno de los objetivos era precisamente \n\n“evitar el uso de tecnologías que profundicen la dependencia a los combustibles fósiles en la industria”\n\n(https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf).\n\nJustamente, dentro de esos objetivos, se puede enmarcar el decreto ejecutivo que está siendo impugnado toda vez que se trata de una normativa que pretende autorizar el uso del gas natural licuado como un combustible limpio que pueda sustituir a aquéllos derivados del petróleo que producen gases de efecto invernadero y que contribuyen al calentamiento global”. (Sentencia nro. 2024014801 de las 13:00 horas del 29 de mayo de 2024).\n\nEl capítulo 5 se refiere al etiquetado ambiental. Su objetivo es “…informar la elaboración e implementación de programas voluntarios de etiquetado ambiental de alta calidad y de alta integridad a fin de promover un comercio más transparente y sostenible” (5.1).\n\nEl etiquetado ambiental pretende, entre otras cosas, “…proporcionar información veraz, no engañosa, fiable, comparable, justificada y verificable sobre los aspectos medioambientales de los bienes y servicios” (5.4).\n\nLa Sala observa que esta iniciativa se encuentra en sintonía con varios principios que son resguardados por nuestra Constitución. En efecto, contiene claros elementos de protección ambiental, acceso a la información y protección al consumidor. Así, este Tribunal no encuentra objeción alguna.\n\nEl capítulo 6 establece disposiciones institucionales. El ACCTS prevé una Comisión Conjunta, compuesta por representantes gubernamentales de cada Parte, la cual tendrá labores asociadas con la supervisión del acuerdo con respecto a su implementación, funcionamiento general, revisiones generales y promoción (6.2).\n\nEs relevante señalar que la Comisión no tiene la potestad de enmendar por sí misma el ACCTS, sino solo de proponer las modificaciones a las Partes, ya sean enmiendas parciales (6.2.2.c) o una revisión general (6.7). \n\nEl capítulo contempla las normas de funcionamiento de la Comisión (6.3: reuniones y reglas de procedimiento; 6.4: toma de decisiones; 6.5: funcionamiento de los órganos subsidiarios), así como la obligación de las Partes de cooperar para la implementación del acuerdo (6.6), lo que es una expresión del principio pacta sunt servanda.\n\nEl capítulo 7 regula la solución de controversias, en relación con la interpretación o aplicación del acuerdo. Su primer mecanismo es la interposición de buenos oficios, conciliación y mediación (7.5); también contempla un proceso de consultas (7.6) y, en caso de ser necesario, el establecimiento de un panel arbitral (7.7 y siguientes).\n\nFinalmente, el ACCTS establece las disposiciones finales usuales en el derecho de los tratados (8.2 sobre anexos; 8.3 entrada en vigor; 8.5 enmiendas; 8.6 adhesión; 8.7 retirada; 8.8 depositario; etc.) sin que se establezca algún tipo de roce con la Constitución.\n\nV.- Conclusión. Con base en lo expuesto, este Tribunal no encuentra vicios esenciales de constitucionalidad en el trámite legislativo del proyecto de ley consultado; tampoco observa vicios de fondo en su contenido.\n\nVI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que en la tramitación del proyecto de ley denominado “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”, expediente legislativo nro. 25.060, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. Comuníquese.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 122RYQYRGDS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012342-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 26-012342-0007-CO\n\nRes. No. 2026015310\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty in the morning of the twenty-ninth of April, two thousand twenty-six.\n\nMandatory legislative consultation of constitutionality presented by the Directorate of the Legislative Assembly, regarding the bill processed under legislative file no. 25.060, entitled “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR.”\n\nWhereas:\n\n1.- Through communication received in the Secretariat of the Chamber on April 10, 2026, the Directorate of the Legislative Assembly submitted this consultation based on Article 96 of the Law of Constitutional Jurisdiction along with a certified copy of the corresponding legislative file.\n\n2.- By resolution at 11:55 a.m. on April 10, 2026, the consultation was deemed filed and transferred, according to the respective rotation, to the drafting magistrate.\n\n3.- The prescriptions of law have been observed in this proceeding. This resolution is issued within the respective legal period, which expires on May 10, 2026.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object and admissibility of the consultation. This mandatory consultation of constitutionality was presented by the Directorate of the Legislative Assembly in compliance with the provisions of numerals 10 subsection b) of the Political Constitution and 96 subsection a) of the Law of Constitutional Jurisdiction; it concerns the bill entitled “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR,” processed under legislative file no. 25.060.\n\nThe bill was submitted to a vote and approved in the first debate in Ordinary Plenary Session No. 84 of March 24, 2026, which satisfies the provisions of paragraph 1 of numeral 98 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nFor the purpose of evacuating this consultation, the legislative procedures followed in the case at hand (sub lite) are first verified, in accordance with precepts 98 and 101 of the Law of Constitutional Jurisdiction, given that they stipulate the consultation must be made after the bill is approved in the first debate and before final approval, and that, when evacuating it, the Chamber will rule on any aspects or grounds it deems relevant from a constitutional standpoint, but only matters related to procedural steps will have binding effect. For the above purposes, a synthesis of the bill and a chronological summary of its legislative procedure will be set out in the following considering clauses.\n\nII.- The processing of file no. 25.060 in the Legislative Assembly. The legislative path (iter) of the bill entitled “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR,” legislative file no. 25.060, has been as follows:\n\n1) By communication No. MP-DMP-OF-0503-2025 of June 20, 2025, the acting (a.i.) Minister of the Presidency submitted to the Legislative Assembly the bill entitled “APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR,” for due process to be given. In the statement of reasons, it was indicated: “Finally, on November 15, 2024, the ministers of Costa Rica, Iceland, New Zealand and Switzerland signed the final text.” Said communication was received by the Secretariat of the Directorate of the Legislative Assembly on June 23, 2025. (see folio 1 of legislative file no. 25.060).\n\n2) By Executive Decree No. 45042-MP of June 24, 2025, the Executive Branch extended the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, for the purpose of considering file no. 25.060, among others (see folios 484 and following of legislative file no. 25.060).\n\n3) On June 26, 2025, it was ordered that the bill in file no. 25.060 be assigned to the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade; it was also forwarded to the Department of Document Management and Archives for its publication and processing (see folio 487 of legislative file no. 25.060).\n\n4) On June 30, 2025, the Department of Document Management and Archives forwarded file no. 25.060 to the National Press (Imprenta Nacional) for publication in the official gazette La Gaceta. (see folio 489 of legislative file no. 25.060).\n\n5) On June 30, 2025, a faithful copy was delivered to the Department of Studies, Reference and Technical Services (see folio 490 of legislative file no. 25.060).\n\n6) On July 2, 2025, the bill in file no. 25.060 was published in Supplement (Alcance) No. 81 to La Gaceta No. 121 (See https://www.imprentanacional.go.cr/Gaceta/ViewAlcance.aspx?url=/pub/2025/07/02/ALCA81_02_07_2025.html).\n\n7) On July 3, 2025, the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade received the bill in file no. 25.060 (see folio 976 of legislative file no. 25.060).\n\n8) In ordinary session No. 6 of September 17, 2025, of the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade, the bill in legislative file no. 25.060 was assigned to a subcommittee for a period of thirty business days. Furthermore, motions Nos. 06-06, 08-06, and 09-06 were approved to summon to a hearing the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the Climate Change Directorate, the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), the Climate Route (Ruta del Clima), the Ministry of Foreign Trade (Ministerio de Comercio Exterior), Incopesca, among others. (see folios 982 and following of legislative file no. 25.060).\n\n9) In ordinary session No. 7 of September 24, 2025, of the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade, representatives from the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) and the Climate Route (Ruta del Clima) were received (see folios 1042 and following of legislative file no. 25.060).\n\n10) By communication No. AL-DEST-IJU-373-2025 of October 28, 2025, the Department of Studies, References and Technical Services forwarded to the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade the legal report on file no. 25.060 (see folios 1083 and following of legislative file no. 25.060).\n\n11) By Executive Decree No. 45281-MP of October 31, 2025, the Executive Branch called for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, in order for file no. 25.060 to be considered, among others (see folios 1103 and following of legislative file no. 25.060).\n\n12) In ordinary session No. 8 of November 5, 2025, of the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade, the Vice-Minister of the Ministry of Foreign Trade (Ministerio de Comercio Exterior) was received (see folios 1154 and following of legislative file no. 25.060).\n\n13) In ordinary session No. 9 of November 12, 2025, of the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade, the Minister and the Vice-Minister of Strategic Management, both from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), were received (see folios 1113 and following of legislative file no. 25.060).\n\n14) In extraordinary session No. 10 of November 26, 2025, the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade discussed the bill on the merits and approved it. Likewise, Deputy Morales was tasked with drafting the respective report (dictamen) (see folios 1178 and following of legislative file no. 25.060).\n\n15) On December 8, 2025, the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade forwarded the affirmative report (dictamen) on bill no. 25.060 to the Secretariat of the Directorate of the Legislative Assembly (see folios 1693 and following of legislative file no. 25.060).\n\n16) By Executive Decree No. 45457-MP of January 20, 2026, the Executive Branch withdrew file no. 25.060, among others, from the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly (see folios 1695 and following of legislative file no. 25.060).\n\n17) By Executive Decree No. 45461-MP of January 22, 2026, the Executive Branch extended the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, for the purpose of considering file no. 25.060, among others (see folios 1700 and following of legislative file no. 25.060).\n\n18) In extraordinary session No. 71 of February 12, 2026, the Plenary began the first debate procedure. Substantive motions were presented via the Article 137 procedure, whereby the bill was referred back to the reporting commission (comisión dictaminadora) (see folios 1706 and following of legislative file no. 25.060).\n\n19) On February 23, 2026, the Secretariat of the Legislative Directorate forwarded the aforementioned motions to the respective commission (see folio 1746 of legislative file no. 25.060).\n\n20) In ordinary session No. 16 of March 4, 2026, of the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade, the substantive motions via the Article 137 procedure were heard and rejected (see folios 1729 and following of legislative file no. 25.060).\n\n21) On March 5, 2026, the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade delivered to the Directorate Secretariat the report on motions via the Article 137 procedure (see folios 1714 and following of legislative file no. 25.060).\n\n22) In extraordinary session No. 84 of March 24, 2026, the Plenary approved bill no. 25.060 in the first debate with the vote of 40 deputies (see folios 1751 and following of legislative file no. 25.060).\n\n23) In ordinary session No. 44 of April 6, 2026, the Special Permanent Commission on Drafting (Comisión Permanente Especial de Redacción) approved the final wording of file no. 25.060 (see folios 1766 and following of legislative file no. 25.060).\n\nIII.- Regarding the legislative procedure in the specific case. In accordance with canon 101 of the law governing this jurisdiction, this Court reviewed the legislative procedure for processing the bill entitled “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR.” The breakdown of the procedure followed by said bill allows the Chamber to conclude that the constitutional procedure established for such purposes has been respected.\n\nRegarding the possibility of entering into international treaties, Article 140, subsection 10) of the Constitution contains as an attribution of the President and the relevant Minister:\n\n“10) To enter into agreements, public treaties and concordats, to promulgate and execute them once approved by the Legislative Assembly or by a Constituent Assembly, when such approval is required by this Constitution.”\n\nIn this case, the statement of reasons clearly indicated: “Finally, on November 15, 2024, the ministers of Costa Rica, Iceland, New Zealand and Switzerland signed the final text.”\n\nFurthermore, the Chamber has considered that there is no contravention of constitutional precepts when a unequivocal will of the Executive Branch to seek the approval of an international instrument is verified in the legislative file:\n\n“…the joint action of the Presidency of the Republic and the Minister of Foreign Trade (COMEX) to initiate the legislative processing of the bill under consultation, coupled with the respective executive decrees issued during the extraordinary sessions period, where the Executive Branch assumes a preponderant role in the legislative initiative by placing this bill in the legislative stream, allows the conclusion that said Branch of the Republic has not only concurred with its will in the various procedural legislative stages, but also has a clear intention to sanction and ratify this instrument through its legislative approval and, therefore, has full substantive knowledge of the international treaty in question. In other words, if the Executive Branch, for the purpose of processing and receiving legislative approval of agreements signed by officials -who are not accredited as representatives in the legislative file- submits the respective bill for discussion before the Legislative Assembly, this practice is compatible with the provisions of article 7.1.b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which, to express the State's consent to be bound by a treaty, a person is considered to represent a State if ‘…it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers.’ Because of this, the Minister (sic) of Foreign Trade, when signing the Treaty under consultation, acted with due constitutional legitimacy. Consequently, no defect is observed regarding the signing of the aforementioned Treaty.” (Resolution No. 2019-003131 of 9:45 a.m. on February 22, 2019).\n\nThe situation is analogous in the case at hand (sub examine), given that there is clarity regarding the will of the Executive Branch, since it submitted the bill to the knowledge of the Legislative Assembly with the signatures of the President of the Republic and the Minister of Foreign Trade (folio 483 of the legislative file); in addition, it has repeatedly included it in decrees calling for extraordinary sessions. Therefore, no constitutional problems are evidenced regarding that point.\n\nSubsequently, as part of the legislative procedure, the bill was sent to the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade and published in Supplement (Alcance) No. 81 to La Gaceta No. 121 of July 2, 2025. Afterward, the bill was consulted with various bodies (Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the Climate Change Directorate, the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), the Climate Route (Ruta del Clima), the Ministry of Foreign Trade (Ministerio de Comercio Exterior), Incopesca, among others). Likewise, it had study No. AL-DEST-IJU-373-2025 of October 28, 2025, from the Department of Studies, Reference and Technical Services, which indicated that approval by an absolute majority was required.\n\nContinuing with the legislative procedure, on November 26, 2025, the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade voted in favor of bill no. 25.060. Subsequently, on December 8, 2025, that Commission delivered the affirmative majority report (dictamen) to the Directorate of the Legislative Assembly. Afterwards, the Legislative Plenary heard and approved the bill in the first debate in extraordinary session No. 84 of March 24, 2026, with 40 votes in favor.\n\nFinally, in ordinary session No. 44 of April 6, 2026, the Special Permanent Commission on Drafting (Comisión Permanente Especial de Redacción) approved the final wording of file no. 25.060.\n\nBased on the foregoing, at this stage of the proceedings, the Chamber does not observe any substantial defect in the legislative procedure for bill no. 25.060, “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR.”\n\nIV.- Observations regarding the merits of the bill. As derived from the bill's statement of reasons, the Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (abbreviated ACCTS, for its acronym in English) constitutes an innovative instrument that links trade policy with environmental goals, proposing a novel approach to address challenges related to climate change and other environmental challenges, such as biodiversity loss and pollution. Its main objective is to foster international trade in environmental goods and expand access to environmental services, thereby contributing to the transition towards a more sustainable economic model. Likewise, the ACCTS fosters collaboration among its members to implement voluntary and effective eco-labeling systems, based on the best international practices. Finally, it represents a significant advance by becoming the first international agreement to set rules to discipline harmful fossil fuel subsidies, harmonizing trade policy with global commitments on climate action. These objectives are undoubtedly aligned with Article 50 of the Constitution, insofar as it seeks not only for economic growth to be in harmony with the environment, but also for it to become an instrument to combat ecological problems.\n\nThe agreement is comprised of eight chapters. The first details the initial and general provisions. Here, the recently mentioned objective is clearly set out, along with the geographic scope of the agreement (1.2), conciliation with other international standards (1.4, 1.5), transparency (1.6), cooperation in international forums (1.7), and other general aspects.\n\nFor the purposes of constitutional analysis, this Court observes that numeral 1.6 seeks transparency through access to information, including judicial decisions, which could lead to the disclosure of personal or sensitive information of individuals. However, point 4 of that same article establishes an interpretative clause:\n\n“4. Nothing in this Agreement shall be construed to require a Party to disclose information, if the Party considers that such disclosure could:\n\n(a) be contrary to the public interest;\n\n(b) be contrary to its domestic law;\n\n(c) impede law enforcement; or\n\n(d) prejudice the legitimate commercial interests of any economic operator.”\n\nThat is to say, the disclosure of information must be carried out in a manner compatible with domestic law provisions, which entails that constitutional and legal parameters of our country must be respected.\n\nSubsequently, numeral 1.10 establishes tax definitions and interpretative rules, but without containing substantive regulation in that matter.\n\nChapter 2 is dedicated to trade in environmental goods. Its objective is “…to promote trade liberalization of environmental goods as a means to contribute to the transition to a low-emissions, climate-resilient, circular and sustainable economy, and increase the uptake of and investment in relevant technologies and products that address urgent environmental needs” (2.1).\n\nThe scope of application is limited to the environmental goods listed in Annex II (2.2), which contribute to climate change adaptation and mitigation, pollution prevention and control, the transition towards a circular economy, among other purposes (2.3) that are consistent with constitutional numeral 50. For such purposes, the agreement establishes a commitment by the parties to the elimination of customs tariffs and export taxes on the listed environmental goods (2.5 and 2.6). Exceptions and temporary mechanisms for postponing tariff elimination are included (2.7 and 2.8). Furthermore, a subcommittee is established to review compliance with this chapter and the list of environmental goods (2.9 and 2.10).\n\nIn line with the above, the agreement regulates in its chapter 3 matters concerning environmental services. The objective of this chapter is “…the liberalization of trade in environmental services and environment-related services that support climate change mitigation, climate change adaptation, the transition to a circular economy, the prevention and control of pollution, or the sustainable use, protection or restoration of biodiversity, ecosystems and natural resources, including water and marine resources” (3.1).\n\nSubsequently, the scope of application is regulated (for which there is a list of environmental services) and the services to be included are defined (3.2). The chapter sets forth the method of market access (3.5), the national treatment that environmental services must receive (3.6), as well as regulations regarding the movement of persons (3.8), transparency (3.9), and international payments and transfers (3.11), among others.\n\nFrom a constitutional perspective, such commercial rules do not encounter objection and have been endorsed by this Court on other occasions:\n\n“This Court has examined similar economic opening agreements and, on the matter, has dismissed that they harm our Constitution. For example, in recent advisory opinion No. 2024-014137, this Chamber recounted commercial agreements of a similar nature and made the following considerations:\n\n‘From the previous summary, it is clearly concluded that the Treaty intended for approval is similar in many aspects to the group of international instruments of this type that have been signed, studied, and approved by our country for the purpose of promoting Costa Rica's insertion into world trade. Some of the following resolutions of this Chamber can be seen, where they have ruled on legislative consultations on other free trade agreements:\n\n- Bill “Approval of the Free Trade Agreement between the Republic of Korea and the Republics of Central America.” Resolution No. 2019-003131 of 09:45 on February 22, 2019. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-904580\n\n- Bill for “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia.” Resolution No. 2014-004192 of 14:30 on March 26, 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-603193\n\n- Bill for “Law for the Approval of the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Central American States.” Resolution No. 2014-003920 of 14:05 on March 19, 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-598688\n\n- Bill for “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Peru.” Resolution No. 2013-005013 of 14:30 on April 16, 2013. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1003841\n\nIn particular, it is observed that the instrument now under study does not contain the creation of obligations different from those related to trade facilitation between Ecuador and Costa Rica, and from that perspective, it can be said that the bill does not present problems of unconstitutionality, as it includes provisions, measures, and instruments that are essentially matters already addressed in other instruments that have already been incorporated into the Costa Rican legal system.’ (The emphasis does not correspond to the original).\n\nIn the same vein, once the text of the bilateral agreement with the United Arab Emirates was reviewed, it is not found to contain obligations beyond those common to this type of commercial agreements.” (Resolution No. 2024033833 of 9:30 a.m. on November 13, 2024).\n\nChapter 4 refers to fossil fuel subsidies. Its objective is “…to discipline and eliminate harmful fossil fuel subsidies in order to mitigate their adverse impact on the environment and contribute to global efforts to rapidly reduce greenhouse gas emissions resulting from the production and consumption of fossil fuels” (4.1).\n\nAfter establishing the scope of application (4.2) and definitions (4.3), the Parties to the agreement commit not to introduce or maintain fossil fuel subsidies listed in Annex IX (4.5). However, it also establishes specific exceptions (4.6), when fossil fuel subsidies allow for addressing priority or sensitive public policy objectives (for example, addressing natural disasters, emergencies or crises, including severe economic hardship or instability; the provision of essential public services of education and health, or humanitarian and emergency services; etc.).\n\nThis proposal, aimed at reducing greenhouse gas emissions, is in harmony with the right to the environment and the commitments adopted by Costa Rica to promote such reduction:\n\n“VI.- The international obligation to stabilize emissions known as Greenhouse Gases (GHGs).- Given the substantive issue under analysis in this action of unconstitutionality, it is important to reference the international treatment that has been given to greenhouse gas emissions, known by their acronym as GHGs - a mention of which was made by this Court in judgment No. 2012-009206 of 4:06 p.m. on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522 - among which are mainly carbon dioxide (CO2), methane (CH4), chlorofluorocarbons (CFCs), tropospheric ozone (O3) and nitrous oxide (N2O); gases that allow solar radiation to enter the Earth’s atmosphere but, at the same time, retain heat and prevent its exit into space. On the matter, in the referenced judgment 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-, it was indicated that the lack of homogeneity in the position of certain countries has not allowed, at the international level, a general obligation to stabilize greenhouse gas emissions to be established, but rather there has been a problem of little uniformity that has been aggravated by the global economic crisis that puts at risk efforts to reduce greenhouse gas emissions; however, it is worth mentioning that, at the international level, some countries established certain bases in the ‘1992 United Nations Framework Convention on Climate Change,’ as well as in the ‘Kyoto Protocol’ and in the ‘2009 Copenhagen Accord.’ In this regard, in the first convention, its Articles 3 and 4 establish that:\n\n‘Article 3\n\nPrinciples\n\nIn their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following:\n\n(…)\n\n3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.\n\n…’\n\n‘Article 4\n\nCommitments\n\n1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:\n\n(…)\n\n(c) Promote and cooperate in the development, application and diffusion, including transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management sectors.\n\n(…)’\n\nIn the cited judgment 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522, it was considered important to highlight the data that has been sustained in many international scientific forums on climate change, which consists of the need to keep greenhouse gas emissions resulting from human economic activity controlled, because it is a factor that contributes to the increase in global temperature, for which reason it is necessary to take the necessary measures to keep it below 2 degrees Celsius, since, if exceeded, it would be at a point of no return that could be catastrophic for sustaining life on the planet; a scientific fact that is reaffirmed in the Copenhagen Accord (cited for illustrative purposes) insofar as it indicates that:\n\n‘1. We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time.\n\nWe emphasize our firm political will to address it with urgency, respecting the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. To achieve the ultimate objective of the Convention to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, and taking into account the scientific view that the increase in global temperature should remain below 2°C, on the basis of equity and in the context of sustainable development, we will intensify our long-term cooperation to combat climate change. We are aware of the serious consequences of climate change and the potential impacts of response measures on countries particularly vulnerable to its adverse effects (…)” (principle 1).\n\n“2. We agree that deep cuts in global emissions are required, in light of science and the information contained in the IPCC’s Fourth Assessment Report, with a view to achieving a reduction in such emissions that will keep the increase in global temperature below 2°C, and we commit to taking measures to meet this objective in accordance with science and on the basis of equity. We should cooperate to achieve the peaking of global and national emissions as soon as possible, (…)” (Principle 2).\n\nIn light of the above, this Court stated in the cited judgment No. 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- that,\n\n“Although the cited agreement does not have a legally binding form, it is important to highlight the scientific data and the importance of achieving more towards the important common objective of reducing emissions of gases that produce climate change, that is, achieving a balance point in emissions of anthropogenic origin. Another important aspect worth highlighting is the identification of the sources of emission of greenhouse gases, among several of them the combustion of fossil fuels or petroleum derivatives, the decomposition of organic matter in landfills, agriculture, etc. The variation of the ambient temperature has serious consequences, for example, the World Health Organization publishes (sic), among its many studies, the repercussions that climate change has on people's health. It points out the historical consequences of extreme heat, natural disasters and variation in rainfall, and distribution of infections. For example, it indicates that:\n\n“Extreme air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory diseases, especially among the elderly. In the heat wave that hit Europe in the summer of 2003, for example, an excess mortality was recorded, estimated at 70,000 deaths [2].\n\nHigh temperatures also cause an increase in ozone levels and other air pollutants that aggravate cardiovascular and respiratory diseases. Urban air pollution causes approximately 1.2 million deaths each year.\n\nPollen levels and other allergens are also higher in extreme heat. They can trigger asthma, an ailment that affects about 300 million people. It is predicted that the ongoing increase in temperatures will increase this burden.”\n\n“Rising temperatures and variable rainfall will likely reduce the production of staple foods in many of the poorest regions, by up to 50% by 2020 in some African countries.”\n\n“Malaria is highly climate-dependent. Transmitted by mosquitoes of the genus Anopheles, malaria kills nearly one million people each year, mostly African children under five years of age. Mosquitoes of the genus Aedes, the vector for dengue, are also very sensitive to climatic conditions. Studies on the matter suggest that climate change could expose an additional 2 billion people to dengue transmission by the 2080s” (Document titled Cambio climático y Salud. Nota descriptiva No. 266 Enero 2010).\n\nFor this Chamber, it is clear that, based on the foregoing and under the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change as well as the Kyoto Protocol, measures must be adopted to mitigate the effects produced by the emission of greenhouse gases, which is a shared responsibility among States—not deferred in the case of the most committed countries—with the objective of preventing an increase in global temperature above 2 degrees centigrade, given that, according to a large majority of the scientific community, the global temperature must be stabilized below 2°C, which should be a collective obligation of result. In this regard, this Court stated:\n\n“(…)\n\nIn this way, with the support of scientific data and the most important global organizations, it has been identified—for a long time—that the use of fossil fuel-based engines releases carbon dioxide into the environment, among other gases, which are the main causes of climate change. Even though there are other natural sources of greenhouse gas production, as stated in the specialized literature, such as agriculture, the truth is that it is imperative to establish better controls on anthropogenic emissions that add greater quantities of GHGs to the atmospheric equation. In this sense, efforts to control them must be encouraged by public authorities, by private initiative, and by individuals at each of the sources. The problem of climate change is not solved from an individualistic point of view, but rather collective measures must be taken to reduce the environmental footprint left by anthropogenic GHG emissions, as well as policies appropriately adopted by public authorities to provide a comprehensive solution, to ensure effective models exist that can reduce greenhouse gas emissions. In this case, it is the way to reduce the emission of gases produced by the burning of fossil fuels (gasoline, diesel, bunker fuel, etc.), through emission control mechanisms or systems that decrease environmental pollution.\n\nBut even though many of the international obligations acquired by countries at the international level do not yet maintain binding force, it is clear that there is a collective awareness that efforts must be made to control GHG emissions. Costa Rica has specific commitments to reduce greenhouse gases under the regime of the Framework Convention and the Kyoto Protocol” (see judgment No. 2012-009206 of 16:06 on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nVII.- Costa Rica's Commitment to the Reduction of Greenhouse Gases.- As mentioned in the judgment that has been cited, No. 2012-009206, Costa Rica has specific commitments to reduce greenhouse gases under the regime of the United Nations Framework Convention and the Kyoto Protocol. It is important to mention that through Law No. 8219 of March 8, 2002, published in La Gaceta No. 127 of July 3, 2002, the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change was approved and it was ratified through Executive Decree No. 30602-RE of July 5, 2002. With this Protocol, the parties committed to reducing their total greenhouse gas emissions to a level at least 5% below 1990 levels in the commitment period between 2008 and 2012. In order to achieve such an objective, Costa Rica initiated in 2012 one of the most ambitious projects in the country's environmental history, which consisted of becoming one of the first carbon-neutral countries in the world by 2021, which was mentioned in the cited judgment No. 2012-009206 in the following terms:\n\n“… four actions, four commitments that, domestically, our country will assume from this moment on: carbon neutrality by the year 2021, led by the Executive Branch starting now; a mandatory environmental management plan for State institutions; the increase in forest cover and protected areas; and the promotion, in our school and high school curriculum, of learning about sustainable development and environmental education. These are additional commitments to the international obligations we have already undertaken. We assume them because we believe that if Costa Rica can do it, with its tiny economy and its underdevelopment in tow, there is no justification for other nations not to do so.\n\nFirst. From this moment on, Costa Rica commits to being carbon neutral, or “C-Neutral”, by the year 2021. This is an ambitious goal, which will require for its realization the help of all citizens and future governments. We will compensate the carbon emissions we release, with equivalent doses of oxygen so that, by 2021, Costa Rica does not contribute anything to global warming and the deterioration of the air we breathe. Truly I say to you: abolishing net carbon emissions will be, for us, the equivalent of the abolition of the army carried out by don Pepe” (the bold highlighting is not from the original) http://www.rree.go.cr/?sec=politica%20exterior&cat=ejes%20accion%20pnd%202006-2010 ).\n\nIn the referenced judgment, it was also noted:\n\n“In line with the previous declaration, Costa Rica proclaimed before the United Nations Conference on Climate Change in Bali, Indonesia, its commitment to be “carbon neutral” by 2021. The declaration becomes a political instrument at the national level, in addition to having its legal consequences within the framework of the United Nations commitments on Climate Change. In this sense, our country has issued a unilateral and valid legal act, within the powers that International Law recognizes to international legal persons, which par excellence a State may make before its counterparts to set both a national and foreign policy. The foregoing clearly generates rights and obligations with respect to other States, which would allow our country to demand, as well as be demanded, in accordance with the principle Pacta Sunt Servanda. (This Chamber, for logical reasons, does not refer to extraordinary situations that a State may claim when arising from a state of defense and the violation of the principle of good faith by other powers). In this way, according to the institutional communication of the Directorate of Institutional Communication (Cambio Climático Bali-1113) of Tuesday (sic) December 11, 2007, from the Ministry of Foreign Affairs and Worship, on the electronic portal www.rree.go.cr, it is highlighted that:\n\n“Costa Rica announced today its voluntary commitment to be the first developing country to be ‘carbon neutral’ by 2021, and warned that the Kyoto Protocol did not foresee any incentive mechanism for developing countries to conserve their primary forest cover.\n\nThe global announcement was made during the United Nations Conference on Climate Change taking place in Bali, and the goal of offsetting carbon emissions until their effect is neutral (“carbon neutral”) will be met by the Bicentennial of the Republic of Costa Rica, in the year 2021.\n\n…\n\nDuring the Conference on Climate Change, Costa Rica has insisted that the Kyoto Protocol must be completed to correct a clear injustice, given that the mitigation of greenhouse gases resulting from avoided deforestation is not recognized,” explained Chancellor Bruno Stagno, who traveled today to Guatemala to attend the Summit of Heads of State and Government of Central America.\n\nHe recalled that the Kyoto Protocol “only rewards those who reforest, and excludes those who conserve primary forest or make sustainable use of it while respecting the ecosystems and environmental services they provide. We must overcome this contradiction that we consider unacceptable,” he said.\n\nIn this sense, during the Bali Conference, Costa Rica has promoted that the omission of the Kyoto Protocol must be remedied, as tropical forests benefit all of humanity by fixing the carbon dioxide produced by industry, and in this way they make a formidable contribution to mitigating climate change.\n\n…\n\nCosta Rica's position, prepared jointly between the Ministry of Environment and the Chancellery, states that although developing countries generate a small percentage of greenhouse gas emissions, they are the most vulnerable to global climate changes.\n\n…\n\nCosta Rica has also insisted that the solutions to Climate Change must contemplate “common but differentiated responsibilities,” as nations have different contributions, both to environmental pollution and to sustainable development, and consequently, must involve both developed countries (identified among the largest polluters) and developing countries.\n\n…\n\nIn this sense, Costa Rica “has started at home,” and has voluntarily undertaken an Environmental Management Action Plan that involves Climate Change, the National System of Wild Protected Areas (sic), water resources, waste and residue reduction and management, education, tourism, marine resources, territorial planning and land use, and toxic and hazardous materials, among others.”\n\nIt is clear then that Costa Rica, voluntarily, contracted a specific and exemplary international obligation, in such a way that:\n\n“any effort to reduce the environmental footprint forms part of a national priority, because from the most humble existence of a human being, to the most complex congregation, will require an effort to mitigate with science and technology those actions that contribute to the emission of GHGs, in some cases some greater than others, but which imply assuming commitments and responsibilities in our behaviors toward the environment due to our way of life. For this reason, it is necessary to establish normative guidelines that further link activities that impact the environment and that are created for its protection; in this sense, it is necessary to confirm sanctions when these commitments and responsibilities are breached” (see judgment No. 2012-009206 of 16:06 on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nFrom the foregoing, it follows then that Costa Rica has formulated projects, proposals, and strategies in order to achieve carbon neutrality, which implies a commitment on the part of public authorities but also of society to develop internal actions to reduce and remove carbon emissions within a specific period in the country's operation, which implies adopting measures to offset the carbon emissions released with equivalent doses of oxygen, so that the country does not contribute to global warming and to ensure that the carbon footprint is the same as that of 2005, which was the base year chosen for the carbon neutrality plan in Costa Rica. The first “Programa País de Carbono Neutralidad 1.0” was launched in 2012 with a national strategy and an action plan, and even though the goal was not achieved, the fact remains that thanks to that initiative, the country has taken actions as well as taken important steps to reduce its greenhouse gas emissions. In that sense, there is evidence that many private companies—of their own volition—adopted practices to reduce their emissions and offset their footprint, so the results in the private sector have been very positive since, according to data from the Ministry of Environment and Energy, between 2012 and 2017 a total of 96 private companies from different productive sectors of the country adopted practices and transformed their operations to be more efficient and decrease their carbon emissions to the point that they managed to reduce 100,000 tons of carbon in the last five years, and 92 of those 96 companies have already managed to be certified as carbon neutral, while the other four are in the inventory process to obtain recognition. Now then, it must be remembered that the bulk of carbon dioxide and other pollutant gas emissions come from the vehicle fleet, energy consumption, and the use of fertilizers in agriculture, which are areas where efforts to attack the problem have been lesser, so the country must rethink its actions to achieve carbon neutrality in light of the Paris Agreement, where the goal was set for 2100. It is necessary to mention that there are no direct high-impact practices to address emissions from vehicles that operate on petroleum-based fuels, and an example of this is that in 2015, for the first time in history, the transportation sector imported more vehicles (cars, trucks, and motorcycles) into Costa Rica ($1324 million dollars) compared to the oil that entered the country ($1285 million dollars) (see https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-utopia-de-una-costa-rica-carbono-neutral-en/IYM5MH2PNZCP7BOHSZ5NV7CAQM/story/); for its part, according to RECOPE, in 2016, 19 million barrels produced abroad were consumed, and it is estimated that by 2035 consumption could increase to 33.5 million barrels. In view of, as stated, the goal set for 2021 not being achieved, the “Programa País de Carbono Neutralidad 2.0” has been launched, through which what was developed in the 2012 version is corrected and refined, and which establishes a new carbon neutrality goal in practice by 2085 and formally by 2100 (https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf). In this “Plan de Descarbonización de Costa Rica”, it can be observed that in “Axis 6 Transformation of the industrial sector through processes and technologies that use energy from renewable or other efficient and sustainable low and zero emission sources,” within the 2019-2022 change actions to promote the process of low-emission technological transformation of the industrial sector, one of the objectives was precisely\n\n“to avoid the use of technologies that deepen dependence on fossil fuels in industry”\n\n(https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf).\n\nPrecisely, within these objectives, the executive decree being challenged can be framed, as it is a regulation that seeks to authorize the use of liquefied natural gas as a clean fuel that can replace those petroleum derivatives that produce greenhouse gases and contribute to global warming.” (Judgment No. 2024014801 of 13:00 on May 29, 2024).\n\nChapter 5 refers to environmental labeling. Its objective is “… to inform the development and implementation of high-quality and high-integrity voluntary environmental labeling programs in order to promote more transparent and sustainable trade” (5.1).\n\nEnvironmental labeling aims, among other things, to “… provide truthful, non-misleading, reliable, comparable, substantiated, and verifiable information on the environmental aspects of goods and services” (5.4).\n\nThe Chamber observes that this initiative is in line with several principles that are safeguarded by our Constitution. Indeed, it contains clear elements of environmental protection, access to information, and consumer protection. Thus, this Court finds no objection whatsoever.\n\nChapter 6 establishes institutional provisions. The ACCTS provides for a Joint Commission, composed of governmental representatives of each Party, which shall have tasks associated with the supervision of the agreement regarding its implementation, general functioning, general reviews, and promotion (6.2).\n\nIt is relevant to note that the Commission does not have the power to amend the ACCTS by itself, but only to propose modifications to the Parties, whether partial amendments (6.2.2.c) or a general review (6.7).\n\nThe chapter contemplates the operating rules of the Commission (6.3: meetings and rules of procedure; 6.4: decision-making; 6.5: functioning of subsidiary bodies), as well as the obligation of the Parties to cooperate for the implementation of the agreement (6.6), which is an expression of the principle pacta sunt servanda.\n\nChapter 7 regulates dispute resolution, in relation to the interpretation or application of the agreement. Its first mechanism is the use of good offices, conciliation, and mediation (7.5); it also contemplates a consultation process (7.6) and, if necessary, the establishment of an arbitral panel (7.7 et seq.).\n\nFinally, the ACCTS establishes the final provisions usual in treaty law (8.2 on annexes; 8.3 entry into force; 8.5 amendments; 8.6 accession; 8.7 withdrawal; 8.8 depositary; etc.) without establishing any type of friction with the Constitution.\n\nV.- Conclusion. Based on the foregoing, this Court finds no essential constitutional vices in the legislative process of the consulted bill; nor does it observe substantive vices in its content.\n\nVI.- Documentation Submitted to the Case File. The parties are warned that, should they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judiciary, approved in article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nPor tanto:\n\nThis mandatory legislative consultation of constitutionality is resolved, in the sense that in the processing of the bill named “LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”, legislative file No. 25.060, no substantial procedural or substantive vices have occurred. Let it be communicated.\n\n \n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 122RYQYRGDS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012342-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n25.060, entitled \"LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND AND TWENTY-FOUR\".\n\n**Whereas:**\n\n**1.-** By official communication received in the Secretariat of the Chamber on April 10, 2026, the Board of Directors of the Legislative Assembly submitted this consultation based on Article 96 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, together with a certified copy of the corresponding legislative file.\n\n**2.-** By resolution at 11:55 a.m. on April 10, 2026, the consultation was deemed filed and was transferred, according to the corresponding order, to the reporting magistrate.\n\n**3.-** The legal requirements have been observed in this process. This resolution is issued within the respective legal deadline, which expires on May 10, 2026.\n\nDrafted by Magistrate **Rueda Leal**; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.- Object and admissibility of the consultation.** This mandatory consultation of constitutionality was formulated by the Board of Directors of the Legislative Assembly in compliance with the provisions of numerals 10 subsection b) of the Political Constitution and 96 subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional; it concerns the bill entitled \"LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND AND TWENTY-FOUR\", processed in legislative file no. 25.060.\n\nThe bill was put to a vote and approved in first debate at Ordinary Plenary Session no. 84 on March 24, 2026, thereby satisfying what is established in paragraph 1 of ordinal 98 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFor the purpose of resolving this consultation, the legislative proceedings followed in the sub lite are first verified, in accordance with precepts 98 and 101 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provide that the consultation must be made after the bill is approved in first debate and before final approval, and that, when resolving it, the Chamber shall rule on any aspects or grounds it deems relevant from a constitutional standpoint, but only matters relating to procedural steps shall have binding effect. For the foregoing purposes, the following considerandos will present a summary of the bill and a chronological overview of its legislative proceedings.\n\n**II.- The processing of file no. 25.060 in the Legislative Assembly.** The legislative iter of the bill entitled \"LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND AND TWENTY-FOUR\", legislative file no. 25.060, has been as follows:\n\n1) By official communication no. MP-DMP-OF-0503-2025 of June 20, 2025, the acting Minister of the Presidency sent the Legislative Assembly the bill entitled \"APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND AND TWENTY-FOUR\", for its due processing. The recitals stated: \"Finally, on November 15, 2024, the ministers of Costa Rica, Iceland, New Zealand and Switzerland signed the final text\". Said official communication was received in the Secretariat of the Board of Directors of the Legislative Assembly on June 23, 2025. (see folio 1 of legislative file no. 25.060).\n\n2) By Decreto Ejecutivo no. 45042-MP of June 24, 2025, the Executive Branch expanded the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, for the purpose of considering file no. 25.060, among others (see folios 484 and following of legislative file no. 25.060).\n\n3) On June 26, 2025, it was ordered that the bill of file no. 25.060 be assigned to the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior; it was also forwarded to the Departamento de Gestión Documental y Archivo for publication and processing (see folio 487 of legislative file no. 25.060).\n\n4) On June 30, 2025, the Departamento de Gestión Documental y Archivo sent file no. 25.060 to the Imprenta Nacional for publication in the official gazette La Gaceta. (see folio 489 of legislative file no. 25.060).\n\n5) On June 30, 2025, a certified copy was delivered to the Departamento de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos (see folio 490 of legislative file no. 25.060).\n\n6) On July 2, 2025, the bill of file no. 25.060 was published in Supplement no. 81 to La Gaceta no.\n\n7) On July 3, 2025, the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior received the bill from file no. 25.060 (see folio 976 of legislative file no. 25.060).\n\n8) In regular session no. 6 of September 17, 2025, of the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, the bill from legislative file no. 25.060 was assigned to a subcommittee for a period of thirty business days. In addition, motions nos. 06-06, 08-06, and 09-06 were approved to call to a hearing the Ministerio de Ambiente y Energía, the Climate Change Directorate (dirección de Cambio Climático), the Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza, the Ruta del Clima, the Ministerio de Comercio Exterior, Incopesca, among others. (see folio 982 and following of legislative file no. 25.060).\n\n9) In regular session no. 7 of September 24, 2025, of the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, representatives from the Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza and the Ruta del Clima were received (see folio 1042 and following of legislative file no. 25.060).\n\n10) By official communication no. AL-DEST-IJU-373-2025 of October 28, 2025, the Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos sent the legal report for file no. 25.060 to the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (see folio 1083 and following of legislative file no. 25.060).\n\n11) Through Decreto Ejecutivo no. 45281-MP of October 31, 2025, the Executive Branch convened the Legislative Assembly to extraordinary sessions, so that file no. 25.060, among others, could be considered (see folio 1103 and following of legislative file no. 25.060).\n\n12) In regular session no. 8 of November 5, 2025, of the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, the vice-minister of the Ministerio de Comercio Exterior was received (see folio 1154 and following of legislative file no. 25.060).\n\n13) In regular session no. 9 of November 12, 2025, of the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, the minister and the vice-minister of Gestión Estratégica, both from the Ministerio de Ambiente y Energía, were received (see folio 1113 and following of legislative file no. 25.060).\n\n14) In extraordinary session no. 10 of November 26, 2025, of the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, the bill was discussed on the merits and approved. Likewise, Deputy Morales was assigned the task of drafting the respective committee report (dictamen) (see folio 1178 and following of legislative file no. 25.060).\n\n15) On December 8, 2025, the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior sent the affirmative committee report for bill no. 25.060 to the Secretaría del Directorio of the Legislative Assembly (see folio 1693 and following of legislative file no. 25.060).\n\n16) Through Decreto Ejecutivo no. 45457-MP of January 20, 2026, the Executive Branch removed file no. 25.060, among others, from the call to extraordinary sessions of the Legislative Assembly (see folio 1695 and following of legislative file no. 25.060).\n\n17) Through Decreto Ejecutivo no. 45461-MP of January 22, 2026, the Executive Branch expanded the call to extraordinary sessions of the Legislative Assembly, with the purpose of having file no. 25.060, among others, considered (see folio 1700 and following of legislative file no. 25.060).\n\n18) In extraordinary session no. 71 of February 12, 2026, the Plenary began the procedure in first debate. Substantive motions via article 137 (mociones de fondo vía artículo 137) were presented, for which the bill was sent back to the reporting committee (see folio 1706 and following of legislative file no. 25.060).\n\n19) On February 23, 2026, the Secretaría del Directorio Legislativo sent the aforementioned motions to the respective committee (see folio 1746 of legislative file no. 25.060).\n\n20) In regular session no. 16 of March 4, 2026, of the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, the substantive motions via article 137 were heard and were rejected (see folio 1729 and following of legislative file no. 25.060).\n\n21) On March 5, 2026, the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior delivered the report on motions via article 137 (see folio 1714 and following of legislative file no. 25.060) to the Secretaría del Directorio.\n\n22) In extraordinary session no. 84 of March 24, 2026, the Plenary approved bill no. 25.060 in first debate with the vote of 40 deputies (see folio 1751 and following of legislative file no.\n\n25.060).\n\n23) In ordinary session no. 44 of April 6, 2026, the Special Permanent Commission on Drafting approved the final wording of file no. 25.060 (see folios 1766 and following of legislative file no. 25.060).\n\n**III.- On the legislative procedure in the specific case.** In accordance with canon 101 of the law governing this jurisdiction, this Court reviewed the legislative procedure for the processing of the project entitled *“LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”*. The breakdown of the procedure that said project followed allows the Chamber to conclude that the constitutional procedure established for such purposes has been respected.\n\nRegarding the possibility of concluding international treaties, Article 140, subsection 10) of the Constitution contains as an attribution of the president and the relevant minister:\n“*10) Conclude agreements, public treaties, and concordats, promulgate them and execute them once approved by the Legislative Assembly or by a Constituent Assembly, when such approval is required by this Constitution*.”\n\nIn this case, the statement of motives clearly indicated: “*Finally, on November 15, 2024, the ministers of Costa Rica, Iceland, New Zealand, and Switzerland signed the final text*.”\n\nFurthermore, the Chamber has deemed that there is no contravention of constitutional precepts when the legislative file verifies an unequivocal will on the part of the Executive Branch to seek the approval of an international instrument:\n“…*the joint action of the Presidency of the Republic and the Minister of Foreign Trade to initiate the legislative processing of the bill under consultation, coupled with the respective executive decrees issued during the extraordinary sessions period, where the Executive Branch assumes a preponderant role in legislative initiative by placing this bill into the legislative stream, allows concluding that said Branch of the Republic has not only concurred with its will in the various procedural legislative stages, but also has a clear intention to sanction and ratify that instrument through its legislative approval and, therefore, possesses full substantive knowledge of the international Treaty in question. In other words, if the Executive Branch, for the purpose of processing and receiving legislative approval of agreements signed by officials—who are not accredited as representatives in the legislative file—submits the respective bill for discussion before the Legislative Assembly, that practice is compatible with the provisions of Article 7.1(b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which, to manifest the State's consent to be bound by a treaty, a person shall be considered as representing a State if ‘…it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with the presentation of full powers.’ Because of this, the Minister (sic) of Foreign Trade, when signing the Treaty under consultation, acted with due constitutional legitimacy. Consequently, no defect is observed regarding the signing of the aforementioned Treaty.*” (Resolution No. 2019-003131 of 9:45 a.m. on February 22, 2019).\n\nThe situation is analogous in the *sub examine* case, given that there is clarity regarding the will of the Executive Branch, since it submitted the project for the knowledge of the Legislative Assembly with the signatures of the president of the Republic and the minister of Foreign Trade (folio 483 of the legislative file); in addition, it has repeatedly included it in decrees calling for extraordinary sessions. Ergo, no constitutionality problems are evident regarding that point.\n\nSubsequently, as part of the legislative procedure, the project was directed to the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade and published in *Alcance* No. 81 to *La Gaceta* No. 121 of July 2, 2025. Immediately thereafter, the project was consulted with different entities (Ministry of Environment and Energy, the Climate Change Directorate, the Tropical Agronomic Center for Research and Teaching, *la Ruta del Clima*, the Ministry of Foreign Trade, Incopesca, among others). Likewise, it had study No. AL-DEST-IJU-373-2025 of October 28, 2025, from the Department of Studies, Reference, and Technical Services, which indicated that approval by an absolute majority was required.\n\nContinuing with the legislative procedure, on November 26, 2025, the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade voted in favor of bill No. 25.060. Subsequently, on December 8, 2025, that Commission delivered the affirmative majority opinion to the Directorate of the Legislative Assembly. Later, the Legislative Plenary heard and approved the project in the first debate in extraordinary session No. 84 of March 24, 2026, with 40 votes in favor.\n\nFinally, in ordinary session No. 44 of April 6, 2026, the Special Permanent Commission on Drafting approved the final wording of file No. 25.060.\n\nBased on the foregoing, at this stage of the procedure, the Chamber does not observe any substantial defect in the legislative procedure of bill No.\n\n25.060 \"LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO\".\n\n**IV.- Observations regarding the substance of the bill.** As can be seen from the bill's statement of purpose, the Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (abbreviated ACCTS, by its acronym in English) constitutes an innovative instrument that links trade policy with environmental goals, proposing a novel approach to address challenges in the area of climate change and other environmental challenges, such as biodiversity loss and pollution. Its main objective is to promote international trade in environmental goods and expand access to environmental services, thereby contributing to the transition toward a more sustainable economic model. Likewise, the ACCTS fosters collaboration among its members to implement voluntary and effective eco-labeling systems, based on best international practices. Finally, it represents a significant advancement by becoming the first international agreement that sets standards to discipline harmful fossil fuel subsidies, harmonizing trade policy with global commitments on climate action. These objectives are undoubtedly aligned with Article 50 of the Constitution, insofar as it seeks not only that economic growth is in harmony with the environment, but that it is transformed into an instrument to combat ecological problems.\n\nThe agreement is composed of eight chapters. The first details the initial and general provisions. Here, the recently mentioned objective, the geographical scopes of the agreement (1.2), reconciliation with other international norms (1.4, 1.5), transparency (1.6), cooperation in international forums (1.7), and other general aspects are clearly set forth.\n\nFor the purposes of constitutional analysis, this Tribunal notes that numeral 1.6 seeks transparency through access to information, including judicial decisions, which could lead to the disclosure of personal or sensitive information of individuals. However, point 4 of that same article establishes an interpretative clause:\n\n“4. Nothing in this Agreement shall be construed to require any of the Parties to disclose information, if the Party considers that such disclosure could:\n\n(a) be contrary to the public interest;\n\n(b) be contrary to its domestic law;\n\n(c) impede the enforcement of the law; or\n\n(d) prejudice the legitimate commercial interests of any economic operator”.\n\nThat is to say, the disclosure of information must be carried out in a manner compatible with the provisions of domestic law, which entails that the constitutional and legal parameters of our country must be respected.\n\nNext, provision 1.10 establishes definitions and interpretative tax rules, but without containing substantive regulation in that matter.\n\nChapter 2 is dedicated to trade in environmental goods (comercio de bienes medioambientales). Its objective is “…to promote the liberalization of trade in environmental goods as a means to contribute to the transition to a low-emissions, climate-resilient, circular, and sustainable economy, and to increase the adoption of and investment in relevant technologies and products that address urgent environmental needs” (2.1).\n\nThe scope of application is limited to the environmental goods listed in Annex II (2.2), which contribute to climate change adaptation and mitigation, pollution prevention and control, the transition to a circular economy, among other purposes (2.3) that are in harmony with Article 50 of the Constitution. For such purposes, the agreement establishes a commitment by the parties to the elimination of customs tariffs and export taxes, in relation to the listed environmental goods (2.5 and 2.6). Exceptions and temporary mechanisms for the postponement of tariff elimination are included (2.7 and 2.8). Furthermore, a subcommittee is established for the review of compliance with this chapter and the list of environmental goods (2.9 and 2.10).\n\nHand in hand with the above, the agreement regulates in its chapter 3 matters concerning environmental services. The objective of this chapter is “…the liberalization of trade in environmental services and environment-related services that support climate change mitigation, adaptation to climate change, the transition to a circular economy, the prevention and control of pollution, or the sustainable use, protection, or restoration of biodiversity, ecosystems, and natural resources, including water and marine resources” (3.1).\n\nSubsequently, the scope of application is regulated (for which a list of environmental services exists) and the services to be included are defined (3.2). The chapter provides for the mode of access to markets (3.5), the national treatment that environmental services must receive (3.6), as well as regulations regarding the movement of persons (3.8), transparency (3.9), and international payments and transfers (3.11), among others.\n\nFrom a constitutional perspective, these types of trade rules meet with no objection and have been endorsed by this Court on other occasions:\n\n\"This Court has examined similar economic opening agreements and, on the matter, has dismissed that they violate our Constitution. For example, in the recent advisory opinion no. 2024-014137, this Chamber reviewed trade agreements of a similar nature and made the following considerations:\n\n\"From the foregoing summary, it is clearly concluded that the Treaty intended to be approved is similar in many respects to the group of international instruments of this type that have been signed, studied, and approved by our country with the aim of promoting Costa Rica's insertion into world trade. Some of the following resolutions of this Chamber, where legislative consultations on other free trade agreements have been resolved, can be seen:\n\n- Bill \"Approval of the Free Trade Agreement between the Republic of Korea and the Republics of Central America.\" Resolution No. 2019-003131 of 09:45 hours on February 22, 2019. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-904580\n\n- Bill for \"Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia.\" Resolution No. 2014-004192 of 14:30 hours on March 26, 2014.   https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-603193\n\n- Bill for \"Law for the Approval of the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Central American States.\" Resolution No. 2014-003920 of 14:05 hours on March 19, 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-598688\n\n- Bill for \"Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Peru.\" Resolution No. 2013-005013 of 14:30 hours on April 16, 2013. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1003841\n\nIn particular, it is observed that the instrument now under study does not contain the creation of obligations different from those related to the facilitation of trade between Ecuador and Costa Rica, and from such a perspective, it can be said that the bill presents no problems of unconstitutionality, as it collects provisions, measures, and instruments that are essentially topics already addressed in other instruments that have already been incorporated into the Costa Rican legal system.\" (The emphasis does not correspond to the original).\n\nIn the same vein, having reviewed the text of the bilateral agreement with the United Arab Emirates, it is not found to contain obligations beyond those common to this type of trade agreement.\" (Resolution No. 2024033833 of 9:30 hours on November 13, 2024).\n\nChapter 4 refers to fossil fuel subsidies. Its objective is \"…to discipline and eliminate harmful fossil fuel subsidies in order to mitigate their adverse impact on the environment and contribute to global efforts to rapidly reduce greenhouse gas emissions resulting from the production and consumption of fossil fuels\" (4.1).\n\nAfter establishing the scope of application (4.2) and the definitions (4.3), the Parties to the agreement undertake not to introduce or maintain fossil fuel subsidies listed in Anexo IX (4.5). However, it also establishes specific exceptions (4.6), when fossil fuel subsidies allow for addressing priority or sensitive public policy objectives (for example, attention to natural disasters, emergencies or crises, including serious economic difficulties or instability; the provision of essential public services of education and health, or humanitarian and emergency services; etc.).\n\nThis proposal, aimed at reducing greenhouse gases, is in harmony with the right to the environment and the commitments undertaken by Costa Rica to promote such reduction:\n\n\"VI.- The international obligation to stabilize emissions known as Greenhouse Gases (GHGs).- Given the substantive issue under analysis in this action of unconstitutionality, it is important to make reference to the international treatment that has been given to greenhouse gas emissions, known by their acronym as GHGs - mentioned by this Court in judgment No. 2012-009206 of 16 hours 06 minutes on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- , among which are mainly carbon dioxide (CO2), methane (CH4), chlorofluorocarbons (CFCs), tropospheric ozone (O3), and nitrous oxide (N2O); gases that allow the entry of solar radiation into the earth's atmosphere but which, at the same time, retain heat and prevent its exit into space.\n\nRegarding this matter, the referenced judgment 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-, indicated that the lack of homogeneity in the position of certain countries has not allowed for the establishment, at the international level, of a general obligation to stabilize greenhouse gas emissions. Instead, there has been a problem of little uniformity that has been worsening with the global economic crisis, which jeopardizes efforts to reduce greenhouse gas emissions. However, it is worth mentioning that, at the international level, some countries established certain foundations in the \"United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992\" (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992), as well as in the \"Kyoto Protocol\" (Protocolo de Kyoto) and in the \"Copenhagen Accord of 2009\" (Acuerdo de Copenhague de 2009). In this sense, the first convention establishes in its Articles 3 and that:\n\n\"Article 3\n\nPrinciples\n\nThe Parties, in the measures they adopt to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, shall be guided, among other things, by the following:\n\n(…)\n\n3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.\n\n…\".\n\n\"Article 4\n\nCommitments\n\n1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and the specific character of their national and regional development priorities, objectives, and circumstances, shall:\n\n(…)\n\nc.- Promote and support with their cooperation the development, application, and diffusion, including the transfer, of technologies, practices, and processes that control, reduce, or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including energy, transport, industry, agriculture, forestry, and waste management.\n\n(…)\"\n\nIn the cited judgment 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- it was considered important to highlight the fact that has been sustained in many international scientific forums on climate change, which consists of the need to keep the emission of greenhouse gases resulting from human economic activity controlled, because it is a factor that contributes to the increase in global temperature. Therefore, it is necessary to take the necessary measures to keep it at a point below 2 degrees Celsius since, if exceeded, it would be at a point of no return that could be catastrophic for the sustenance of life on the planet; a scientific fact that is reaffirmed in the Copenhagen Accord (cited for illustrative purposes) as it indicates that:\n\n\"1. We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time. We emphasize our strong political will to urgently combat it, respecting the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. To achieve the ultimate objective of the Convention to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, and taking into account the scientific view that the increase in global temperature should be below 2°C, on the basis of equity and in the context of sustainable development, we will enhance our long-term cooperation to combat climate change. We are aware of the serious consequences of climate change and the potential impacts of response measures on countries particularly vulnerable to its adverse effects (…)\" (principle 1).\n\n\"2. We agree that deep cuts in global emissions are required, in light of science and the information contained in the IPCC Fourth Assessment Report, with a view to achieving a reduction in said emissions that allows the increase in global temperature to be kept below 2°C, and we intend to take measures to meet this objective consistent with science and on the basis of equity. We should cooperate to achieve that global and national emissions reach their peak as soon as possible, (…)\" (Principle 2).\n\nIn view of the above, this Court stated in the cited judgment No. 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- that,\n\n\"Although the cited accord does not have a legally binding form, it is important to highlight the scientific fact and the importance of moving more towards the important common objective of reducing the emissions of gases that produce climate change, that is, achieving a balance point in anthropogenic emissions.\n\nAnother important aspect worth highlighting is the identification of emission sources of greenhouse gases, among them the combustion of fossil fuels or petroleum derivatives, the decomposition of organic matter in landfills, agriculture, etc. The variation in environmental temperature has serious consequences; for example, the World Health Organization publishes (sic), among its many studies, the repercussions that climate change has on people's health. It points out the historical consequences of extreme heat, natural disasters and variations in rainfall, and the distribution of infections. For example, it indicates that:\n\n\"Extreme air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory diseases, especially among elderly people. In the heat wave that Europe suffered in the summer of 2003, for example, an excess mortality was recorded, estimated at 70,000 deaths [2].\n\nHigh temperatures also cause an increase in ozone levels and other air pollutants that aggravate cardiovascular and respiratory diseases. Urban air pollution causes approximately 1.2 million deaths each year.\n\nPollen levels and other allergens are also higher in cases of extreme heat. They can trigger asthma, an ailment that affects some 300 million people. It is anticipated that the ongoing increase in temperatures will increase that burden.\"\n\n\"The rise in temperatures and variability of rainfall will likely reduce the production of staple foods in many of the poorest regions, by up to 50% by 2020 in some African countries.\"\n\n\"Malaria is highly dependent on climate. Transmitted by mosquitoes of the Anopheles genus, malaria kills nearly a million people each year, mainly African children under five years of age. Mosquitoes of the Aedes genus, the vector of dengue, are also very sensitive to climatic conditions. Studies on the matter suggest that climate change could expose an additional 2,000 million people to dengue transmission in the upcoming decade of the eighties.\" (Document titled Climate Change and Health. Fact Sheet No. 266 January 2010).\n\nFor this Chamber, it is clear that, based on the foregoing and under the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change as well as the Kyoto Protocol, it is necessary to adopt measures to cushion the effects produced by the emission of greenhouse gases, which is a shared responsibility among States—not deferred in the case of the most committed countries—with the objective of preventing an increase in global temperature above 2 degrees Celsius, given that, according to a vast majority of the scientific community, the global temperature should be stabilized below those 2°C, which should be a collective obligation of result. In this regard, this Tribunal stated:\n\n\"(…) \n\nIt is thus, with the support of scientific data and the most important global organizations, that it has been identified—long ago—that the use of engines based on fossil fuels release carbon dioxide into the environment, among other gases, which are the main causes of climate change. Even though there are other natural sources of greenhouse gas production, as stated in specialized literature, such as agriculture, the truth is that it is imperative to establish better controls on anthropogenic emissions that add greater quantities of GHGs to the atmospheric equation. In this sense, efforts to control them must be incentivized by public authorities, by private and individual initiative in each of the sources. The problem of climate change is not solved from an individualistic point of view; rather, collective measures must be taken to reduce the environmental footprint left by anthropogenic GHG emissions, as well as policies appropriately adopted by public authorities to provide a comprehensive solution, to ensure the existence of effective models that can reduce the emission of greenhouse gases. In this case, it is the way to reduce the emission of gases resulting from the burning of fossil fuels (gasoline, diesel, bunker, etc.), through emission control mechanisms or systems that diminish environmental pollution.\n\nBut despite the fact that many of the international obligations acquired by countries at the international level do not yet maintain binding force, it is clear that there is a collective awareness that there must be control efforts in the emission of GHGs. Costa Rica has specific commitments in the reduction of greenhouse gases, under the regime of the Framework Convention and the Kyoto Protocol.\" (see judgment No.\n\n2012-009206 at 16 hours 06 minutes on 4 July 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.4pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">VII.- Costa Rica's commitment to the reduction of greenhouse gases.- As mentioned in the aforementioned judgment No. 2012-009206, Costa Rica has specific commitments in the reduction of greenhouse gases under the regime of the United Nations Framework Convention and the Kyoto Protocol. It is important to mention that through Law No. 8219 of 8 March 2002, published in La Gaceta No. 127 of 3 July 2002, the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change was approved and was ratified by means of Executive Decree No. 30602-RE of 5 July 2002. With this Protocol the parties committed to reducing their total greenhouse gas emissions to a level at least 5% below 1990 levels in the commitment period between the year 2008 and 2012. In order to achieve this objective, Costa Rica initiated in 2012 one of the most ambitious projects in the country's environmental history, which consisted of becoming one of the first carbon-neutral countries in the world by 2021, which was mentioned in the cited judgment No. 2012-009206 in the following terms: </span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">“… four actions, four commitments that, at the domestic level, our country will undertake from this moment forward: carbon neutrality by the year 2021, led by the Executive Branch from now on; a mandatory environmental management plan for State institutions; the increase in forest cover (cobertura boscosa) and protected areas; and the promotion, in our school and high school curriculum, of learning about sustainable development and environmental education. These are commitments additional to the international obligations we have already contracted. We undertake them because we believe that if Costa Rica can do it, with its tiny economy and its underdevelopment in tow, there is no justification for other nations not to do so.</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">First. From this moment on, Costa Rica commits to being carbon neutral, or “C-Neutral”, by the year 2021. This is an ambitious goal, which for its realization will require the help of all citizens and of the next governments. We are going to offset the carbon emissions we release with equivalent doses of oxygen so that, come 2021, Costa Rica will not contribute in any way to global warming and the deterioration of the air we breathe. Truly I tell you: abolishing net carbon emissions will be, for us, the equivalent of the abolition of the army that don Pepe carried out” (the bold emphasis is not from the original) http://www.rree.go.cr/?sec=politica%20exterior&cat=ejes%20accion%20pnd%202006-2010 ).</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">The referenced judgment also indicated:</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">“In tune with the previous declaration, Costa Rica proclaimed before the United Nations Climate Change Conference in Bali, Indonesia its commitment to be “carbon neutral” by 2021. The declaration becomes a political instrument at the national level, besides having its legal consequences within the framework of the United Nations Climate Change commitments. In this sense, our country has issued a unilateral and valid legal act, within the powers that International Law recognizes to international legal persons, which par excellence a State can make before its peers to set a national as well as foreign policy. The foregoing clearly generates rights and obligations with respect to other States, which would allow our country to demand, as well as be demanded, in accordance with the principle Pacta Sunt Servanda. (This Chamber for logical reasons does not refer to extraordinary assumptions that a State may claim when they arise from a state of defense and the violation of the principle of good faith by other powers). In this way, in accordance with the institutional communication of the Dirección de Comunicación Institucional (Climate Change Bali-1113) of Tuesday (sic) 11 December 2007, from the Ministry of Foreign Affairs and Worship, on the electronic portal of www.rree.go.cr it is highlighted that:</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">“Costa Rica announced today its voluntary commitment to be the first developing country “carbon neutral” by 2021, and warned that the Kyoto Protocol did not foresee any incentive mechanism for developing countries to conserve their primary forest cover.</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">The worldwide announcement was made during the United Nations Climate Change Conference taking place in Bali, and the goal of offsetting carbon emissions until their effect is neutral (“carbon neutral”), will be achieved by the Bicentennial of the Republic of Costa Rica, in the year 2021.</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">…</span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">During the Climate Change Conference, Costa Rica has insisted that the Kyoto Protocol must be completed, to amend a clear injustice, given that the mitigation of greenhouse gases resulting from avoided deforestation is not recognized,” explained Chancellor Bruno Stagno, who traveled today to Guatemala to attend the Summit of Heads of State and Government of Central America. </span></p><p style=\\\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify; line-height:150%; widows:2; orphans:2; font-size:14pt; background-color:#ffffff\\\"><span style=\\\"font-family:'TIMES NEW ROMAN'; font-size:9.33pt; font-style:italic; vertical-align:sub\\\">He recalled that the Kyoto Protocol “only rewards those who reforest, and excludes those who conserve the primary forest or make sustainable use of it respecting the ecosystems and the environmental services (servicios ambientales) they provide.”</span></p>\n\n\"We must overcome this contradiction, which we deem unacceptable,\" he said.\n\nIn this regard, during the Bali Conference, Costa Rica has advocated that the omission of the Kyoto Protocol must be corrected, since tropical forests benefit all of humanity by fixing the carbon dioxide produced by industry, and in this way make a formidable contribution to mitigating climate change.\n\n…\n\nCosta Rica's position, developed jointly by the Ministry of Environment and the Foreign Ministry, points out that although developing countries generate a small percentage of greenhouse gas emissions, they are the most vulnerable to global climate change.\n\n…\n\nCosta Rica has likewise insisted that solutions to Climate Change must contemplate \"common but differentiated responsibilities,\" since nations have different contributions, both to environmental pollution and to sustainable development, and consequently, must involve both developed countries (identified among the largest polluters) and developing countries.\n\n…\n\nIn this regard, Costa Rica \"has started at home,\" and has voluntarily undertaken an Environmental Management Action Plan that involves Climate Change, the National System of Protected Wild Areas (sic), water resources (recurso hídrico), reduction and management of waste and refuse, education, tourism, marine resources, territorial planning and land-use planning (planificación y ordenamiento territorial), and toxic and hazardous materials, among others.\"\n\nIt is clear then that Costa Rica voluntarily assumed a specific and exemplary international obligation, such that:\n\n\"any effort to reduce the environmental footprint is part of a national priority, because from the humblest existence of a human being to the most complex congregation, an effort will be required to mitigate, with science and technology, those actions that contribute to GHG emissions, in some cases larger than others, but which imply assuming commitments and responsibilities in our behaviors toward the environment due to our way of life. Therefore, it is necessary to establish normative guidelines that further link activities that impact the environment and those created for its protection; in this sense, it is necessary to confirm sanctions when these commitments and responsibilities are infringed\" (see judgment No. 2012-009206 of 16:06 hours on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nFrom the foregoing it emerges, then, that Costa Rica has formulated projects, proposals, and strategies for the sake of achieving carbon neutrality, which implies a commitment on the part of public authorities but also of society to develop internal actions to reduce and remove carbon emissions over a determined period in the country's operation, which implies adopting measures to compensate for the carbon emissions that are released with equivalent doses of oxygen, all so that the country does not contribute to global warming and to ensure that the carbon footprint is the same as that of 2005, which was the base year chosen for the carbon neutrality plan in Costa Rica. The first \"Programa País de Carbono Neutralidad 1.0\" was launched in 2012 with a national strategy and an action plan, and although the goal was not achieved, the fact is that thanks to this initiative, the country has taken actions and has also made important strides to reduce its greenhouse gas emissions. In that sense, there is evidence that many private companies—of their own volition—adopted practices to reduce their emissions and offset their footprint, so the results in the private sector have been very positive since, according to data from the Ministry of Environment and Energy, between 2012 and 2017 a total of 96 private companies from different productive sectors of the country adopted practices and transformed their operations to be more efficient and reduce their carbon emissions to the point that they managed to reduce 100,000 tons of carbon in the last five years, and 92 of those 96 companies have already managed to certify themselves as carbon neutral, while the other four are in the inventory process to obtain recognition. Now, it must be remembered that the bulk of carbon dioxide emissions and other polluting gases come from the vehicle fleet, energy consumption, and the use of fertilizers in agriculture, which are areas where efforts to attack the problem have been less, so the country must rethink its actions to achieve carbon neutrality in light of the Paris Agreement, where the goal was set for 2100. It is necessary to mention that there are no direct high-impact practices to attack emissions from vehicles that run on petroleum-based fuels, and an example of this is that in 2015, for the first time in history, the transport sector imported more vehicles (cars, trucks, and motorcycles) into Costa Rica ($1,324 million dollars) compared to the petroleum that entered the country ($1,285 million dollars) (see https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-utopia-de-una-costa-rica-carbono-neutral-en/IYM5MH2PNZCP7BOHSZ5NV7CAQM/story/); for its part, according to RECOPE, in 2016, 19 million barrels produced abroad were consumed, and it is estimated that by 2035 consumption could increase to 33.5 million barrels. In view of the fact that, as stated, the goal set for 2021 was not achieved, the \"Programa País de Carbono Neutralidad 2.0\" has been launched, through which what was developed in the 2012 version is corrected and refined, and which establishes a new carbon neutrality goal practically by 2085 and formally by 2100 (https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf).\n\nIn that “Costa Rica Decarbonization Plan” one can observe that under “Axis 6 Transformation of the industrial sector through processes and technologies that use energy from renewable or other efficient and sustainable low- and zero-emission sources,” among the 2019-2022 change actions to drive the low-emission technological transformation process of the industrial sector, one of the objectives was precisely\n\n“to avoid the use of technologies that deepen dependence on fossil fuels in the industry”\n\n(https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf).\n\nPrecisely, the executive decree being challenged can be framed within those objectives, since it is a regulation that seeks to authorize the use of liquefied natural gas as a clean fuel that can replace those petroleum derivatives that produce greenhouse gases and contribute to global warming.” (Judgment no. 2024014801 of 1:00 p.m. on May 29, 2024).\n\nChapter 5 refers to environmental labeling. Its objective is “…to inform the development and implementation of high-quality and high-integrity voluntary environmental labeling programs in order to promote more transparent and sustainable trade” (5.1).\n\nEnvironmental labeling seeks, among other things, “…to provide truthful, non-misleading, reliable, comparable, substantiated, and verifiable information on the environmental aspects of goods and services” (5.4).\n\nThe Chamber observes that this initiative is in harmony with several principles safeguarded by our Constitution. Indeed, it contains clear elements of environmental protection, access to information, and consumer protection. Thus, this Court finds no objection whatsoever.\n\nChapter 6 establishes institutional provisions. The ACCTS provides for a Joint Commission, composed of governmental representatives from each Party, which shall have tasks associated with supervising the agreement regarding its implementation, general functioning, general reviews, and promotion (6.2).\n\nIt is relevant to point out that the Commission does not have the power to amend the ACCTS by itself, but only to propose modifications to the Parties, whether partial amendments (6.2.2.c) or a general review (6.7).\n\nThe chapter contemplates the operating rules of the Commission (6.3: meetings and rules of procedure; 6.4: decision-making; 6.5: functioning of subsidiary bodies), as well as the obligation of the Parties to cooperate for the implementation of the agreement (6.6), which is an expression of the principle pacta sunt servanda.\n\nChapter 7 regulates dispute resolution, in relation to the interpretation or application of the agreement. Its first mechanism is the submission of good offices, conciliation, and mediation (7.5); it also contemplates a consultation process (7.6) and, if necessary, the establishment of an arbitration panel (7.7 et seq.).\n\nFinally, the ACCTS establishes the final provisions usual in treaty law (8.2 on annexes; 8.3 entry into force; 8.5 amendments; 8.6 accession; 8.7 withdrawal; 8.8 depositary; etc.) without creating any kind of friction with the Constitution.\n\nV.- Conclusion. Based on the foregoing, this Court finds no essential constitutional defects in the legislative procedure of the consulted bill; nor does it observe substantive defects in its content.\n\nVI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch,\" approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nPor tanto:\n\nThis mandatory legislative consultation on constitutionality is hereby resolved, in the sense that in the processing of the bill entitled “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR,” legislative file no. 25.060, no substantial procedural or substantive defect has occurred.\n\nBe it communicated.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\n**Paul Rueda L.**\n\nLuis Fdo.\n\nSalazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nEXPEDIENTE No. 26-012342-0007-CO\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n122RYQYRGDS61\n\nEXPEDIENTE N° 26-012342-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482).\n\n**PROJECT FOR THE APPROVAL OF THE AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA AND OTHER STATES**\nFile: 26-012342-0007-CO\nJudgment: 015310-26 of April 29, 2026\nType of matter: Mandatory Legislative Consultation\nChallenged norm: Law approving the ‘Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability’ entered into between Costa Rica, Iceland, New Zealand and Switzerland, on 11-15-2024. Legislative File No. 25.060\nOperative part: This mandatory legislative consultation on constitutionality is discharged, in the sense that in the processing of the bill called “LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR”, legislative file no. 25.060, no substantial defect of form or substance has occurred. Let it be communicated.\n\nCO05/26\n\nFax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nExp: 26-012342-0007-CO\nRes. No. 2026015310\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of the twenty-ninth of April of two thousand twenty-six.\n\nMandatory legislative consultation on constitutionality formulated by the Board of Directors of the Legislative Assembly, regarding the bill processed in legislative file no. 25.060, denominated *“LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR”*.\n\n**Whereas:**\n\n**1.-** By official communication received in the Secretariat of the Chamber on April 10, 2026, the Board of Directors of the Legislative Assembly forwarded this consultation based on Article 96 of the Constitutional Jurisdiction Law along with a certified copy of the corresponding legislative file.\n\n**2.-** By resolution at 11:55 hours on April 10, 2026, the consultation was deemed filed and was transferred, according to the corresponding turn, to the drafting magistrate.\n\n**3.-** The prescriptions of law have been observed in this process. This resolution is issued within the respective legal deadline, which expires on May 10, 2026.\n\nDrafted by Magistrate **Rueda Leal**; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.-** **Object and admissibility of the consultation.** This mandatory consultation on constitutionality was formulated by the Board of Directors of the Legislative Assembly in compliance with the provisions of numerals 10 subsection b) of the Political Constitution and 96 subsection a) of the Constitutional Jurisdiction Law; it refers to the bill denominated *“LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR”*, processed in legislative file no. 25.060.\n\nThe bill was submitted to a vote and approved in the first debate in Ordinary Plenary Session no. 84 of March 24, 2026, thus satisfying what is established in paragraph 1 of ordinal 98 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nFor the purpose of discharging this consultation, the legislative steps followed in the *sub lite* are first verified, in accordance with precepts 98 and 101 of the Constitutional Jurisdiction Law, which provide that the consultation must be made after the bill is approved in the first debate and before final approval, and that, when discharging it, the Chamber shall rule on any aspects or grounds it deems relevant from a constitutional standpoint, but only that which relates to procedural steps shall have binding effect. For the foregoing purposes, in the following consideranda a summary of the bill and a chronological summary of its legislative processing will be presented.\n\n**II.- The processing of file no. 25.060 in the Legislative Assembly.** The legislative *iter* of the bill denominated *“LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR”*, legislative file no. 25.060, has been as follows:\n\n1) By official communication no. MP-DMP-OF-0503-2025 of June 20, 2025, the a.i. minister\n\nof the Presidency referred to the Legislative Assembly the bill entitled “APPROVAL OF THE ‘AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY’ ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR”, for it to be given the proper proceeding. In the statement of motives it was indicated: “Finally, on November 15, 2024, the ministers of Costa Rica, Iceland, New Zealand and Switzerland signed the final text”. Such communication was received in the Secretariat of the Directorate of the Legislative Assembly on June 23, 2025. (see folio 1 of legislative file no. 25.060).\n\n2) By means of executive decree no. 45042-MP of June 24, 2025, the Executive Branch expanded the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, with the purpose of considering file no. 25.060, among others (see folios 484 and following of legislative file no. 25.060).\n\n3) On June 26, 2025, it was ordered that the bill of file no. 25.060 be assigned to the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade; it was also transferred to the Department of Document Management and Archive for its publication and processing (see folio 487 of legislative file no. 25.060).\n\n4) On June 30, 2025, the Department of Document Management and Archive referred file no. 25.060 to the National Press for its publication in the official gazette La Gaceta. (see folio 489 of legislative file no. 25.060).\n\n5) On June 30, 2025, a faithful copy was delivered to the Department of Studies, Reference and Technical Services (see folio 490 of legislative file no. 25.060).\n\n6) On July 2, 2025, the bill of file no. 25.060 was published in Supplement no. 81 to La Gaceta no. 121 (See https://www.imprentanacional.go.cr/Gaceta/ViewAlcance.aspx?url=/pub/2025/07/02/ALCA81_02_07_2025.html).\n\n7) On July 3, 2025, the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade received the bill of file no. 25.060 (see folio 976 of legislative file no. 25.060).\n\n8) In ordinary session no. 6 of September 17, 2025, of the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade, the bill of legislative file no. 25.060 was assigned to a subcommission for a period of thirty business days. Furthermore, motions nos. 06-06, 08-06 and 09-06 were approved to call for a hearing with the Ministry of Environment and Energy, the Climate Change Directorate, the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, the Climate Route, the Ministry of Foreign Trade, Incopesca, among others. (see folios 982 and following of legislative file no. 25.060).\n\n9) In ordinary session no. 7 of September 24, 2025, of the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade, representatives from the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, and the Climate Route were received (see folios 1042 and following of legislative file no. 25.060).\n\n10) By communication no. AL-DEST-IJU-373-2025 of October 28, 2025, the Department of Studies, References and Technical Services referred to the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade the legal report for file no. 25.060 (see folios 1083 and following of legislative file no. 25.060).\n\n11) By means of executive decree no. 45281-MP of October 31, 2025, the Executive Branch made the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, in order to consider file no. 25.060, among others (see folios 1103 and following of legislative file no. 25.060).\n\n12) In ordinary session no. 8 of November 5, 2025, of the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade, the vice-minister of the Ministry of Foreign Trade was received (see folios 1154 and following of legislative file no. 25.060).\n\n13) In ordinary session no. 9 of November 12, 2025, of the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade, the minister and the vice-minister of Strategic Management, both from the Ministry of Environment and Energy, were received (see folios 1113 and following of legislative file no. 25.060).\n\n14) In extraordinary session no. 10 of November 26, 2025, of the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade, it discussed the bill on the merits and approved it. Likewise, Deputy Morales was assigned the drafting of the respective report (see folios 1178 and following of legislative file no. 25.060).\n\n15) On December 8, 2025, the Permanent Special Commission on International Relations and Foreign Trade referred the affirmative report for bill no. 25.060 to the Secretariat of the Directorate of the Legislative Assembly (see folios 1693 and following of legislative file no.\n\n16) By means of Executive Decree No. 45457-MP of January 20, 2026, the Executive Branch withdrew legislative file No. 25.060, among others, from the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly (see folio 1695 and following of legislative file No. 25.060).\n\n17) By means of Executive Decree No. 45461-MP of January 22, 2026, the Executive Branch expanded the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly, with the purpose of having legislative file No. 25.060 heard, among others (see folio 1700 and following of legislative file No. 25.060).\n\n18) In extraordinary session No. 71 of February 12, 2026, the Plenary began the process in the first debate. Substantive motions were presented via Art. 137, for which reason the bill was referred to the reporting committee (see folio 1706 and following of legislative file No. 25.060).\n\n19) On February 23, 2026, the Secretariat of the Legislative Directorate referred the aforementioned motions to the respective committee (see folio 1746 of legislative file No. 25.060).\n\n20) In ordinary session No. 16 of March 4, 2026, of the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade, the substantive motions via Art. 137 were heard and were rejected (see folio 1729 and following of legislative file No. 25.060).\n\n21) On March 5, 2026, the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade delivered to the Secretariat of the Directorate the report on motions via Art. 137 (see folio 1714 and following of legislative file No. 25.060).\n\n22) In extraordinary session No. 84 of March 24, 2026, the Plenary approved in the first debate bill No. 25.060 with the vote of 40 deputies (see folio 1751 and following of legislative file No. 25.060).\n\n23) In ordinary session No. 44 of April 6, 2026, the Permanent Special Committee on Drafting approved the final wording of file No. 25.060 (see folio 1766 and following of legislative file No. 25.060).\n\n**III.- Regarding the legislative procedure in the specific case.** In accordance with canon 101 of the law governing this jurisdiction, this Court reviewed the legislative procedure for the processing of the bill entitled *\"LAW FOR THE APPROVAL OF THE 'AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE, TRADE AND SUSTAINABILITY' ENTERED INTO BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR\"*. The breakdown of the process followed by said bill allows this Chamber to conclude that the constitutional procedure established for such purposes has been respected.\n\nRegarding the possibility of entering into international treaties, Article 140(10) of the Constitution contains as an attribution of the president and the relevant minister:\n\n\"10) To enter into agreements, public treaties and concordats, to promulgate and execute them once approved by the Legislative Assembly or by a Constituent Assembly, when such approval is required by this Constitution.\"\n\nIn this case, the statement of purpose clearly indicated: *\"Finally, on November 15, 2024, the ministers of Costa Rica, Iceland, New Zealand and Switzerland signed the final text\"*.\n\nFurthermore, this Chamber has deemed that there is no contravention of constitutional precepts when a unequivocal will of the Executive Branch to procure the approval of an international instrument is verified in the legislative file:\n\n\"…the joint action of the Presidency of the Republic and the Minister of Foreign Trade to initiate the legislative process for the bill under consultation, coupled with the respective executive decrees issued during the period of extraordinary sessions, where the Executive Branch assumes a preponderant role in the legislative initiative by placing this bill into the legislative process, allows one to conclude that said Branch of the Republic has not only concurred with its will in the various procedural legislative stages, but also has a clear intention to sanction and ratify that instrument through its legislative approval and, therefore, possesses full substantive knowledge of the international Treaty in question. In other words, if the Executive Branch, for the purpose of processing and receiving legislative approval of agreements signed by officials—who are not accredited as representatives in the legislative file—submits the respective bill for discussion before the Legislative Assembly, that practice is compatible with the provisions of Article 7.1(b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which, for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty, a person shall be considered as representing a State if '…it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with the presentation of full powers'. Due to this, the Minister (sic) of Foreign Trade, by signing the Treaty under consultation, acted with due constitutional legitimacy.\n\nConsequently, no defect is observed regarding the signing of the aforementioned Treaty.\" (Resolution No. 2019-003131 of 9:45 a.m. on February 22, 2019).\n\nThe situation is analogous in the *sub examine* case, given that there is clarity regarding the will of the Executive Branch, as it submitted the bill to the Legislative Assembly with the signatures of the President of the Republic and the Minister of Foreign Trade (folio 483 of the legislative file); additionally, it has repeatedly included it in decrees convening extraordinary sessions. Ergo, no problems of constitutionality are evident on this point.\n\nFollowing this, as part of the legislative procedure, the bill was referred to the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior and published in Alcance No. 81 to La Gaceta No. 121 of July 2, 2025. Immediately thereafter, the bill was submitted for consultation to various bodies (Ministerio de Ambiente y Energía, the Dirección de Cambio Climático, the Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, the Ruta del Clima, the Ministerio de Comercio Exterior, Incopesca, among others). Likewise, it included study No. AL-DEST-IJU-373-2025 of October 28, 2025, from the Departamento de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos, which indicated that approval by an absolute majority was required.\n\nContinuing with the legislative procedure, on November 26, 2025, the Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior voted in favor of bill No. 25.060. Subsequently, on December 8, 2025, that Commission delivered the affirmative majority opinion to the Directorio of the Legislative Assembly. Later, the legislative Plenary considered and approved the bill in the first debate during extraordinary session No. 84 of March 24, 2026, with 40 votes in favor.\n\nFinally, in ordinary session No. 44 of April 6, 2026, the Comisión Permanente Especial de Redacción approved the final wording of file No. 25.060.\n\nBased on the foregoing, at this point in the procedure, the Chamber does not observe any substantial defect in the legislative procedure of bill No. 25.060, \"LAW FOR THE APPROVAL OF THE ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SIGNED BETWEEN COSTA RICA, ICELAND, NEW ZEALAND, AND SWITZERLAND, ON THE FIFTEENTH DAY OF NOVEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-FOUR.\"\n\nIV.- Observations regarding the substance of the bill. As is evident from the bill's statement of motives, the Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (abbreviated ACCTS, from its English acronym) constitutes an innovative instrument linking trade policy with environmental goals, proposing a novel approach to address challenges in climate change and other environmental issues, such as the loss of biological diversity and pollution. Its main objective is to promote international trade in environmental goods and expand access to environmental services, thereby contributing to the transition toward a more sustainable economic model. Furthermore, the ACCTS encourages collaboration among its members to implement voluntary and effective eco-labeling systems, supported by best international practices. Finally, it represents a significant advance by becoming the first international agreement to set rules disciplining harmful subsidies for fossil fuels, harmonizing trade policy with global commitments on climate action. These objectives are undoubtedly aligned with Article 50 of the Constitution, insofar as it seeks not only that economic growth is in harmony with the environment, but that it becomes an instrument to combat ecological problems.\n\nThe agreement is comprised of eight chapters. The first details the initial and general provisions. It clearly sets out the aforementioned objective, the geographic scope of the agreement (1.2), reconciliation with other international norms (1.4, 1.5), transparency (1.6), cooperation in international forums (1.7), and other general aspects.\n\nFor the purposes of the constitutional analysis, this Court observes that numeral 1.6 seeks transparency through access to information, including judicial decisions, which could lead to the disclosure of personal or sensitive information about persons. However, point 4 of that same article establishes an interpretive clause:\n\n\"4. Nothing in this Agreement shall be construed to require any Party to disclose information if the Party considers that such disclosure could:\n\n(a) be contrary to the public interest;\n\n(b) be contrary to its domestic law;\n\n(c) impede law enforcement; or\n\n(d) prejudice the legitimate commercial interests of any economic operator.\"\n\nThat is, the disclosure of information must be carried out in a manner compatible with the provisions of domestic law, which means that the constitutional and legal parameters of our country must be respected.\n\nSubsequently, ordinal 1.10 establishes tax definitions and interpretive rules, but without containing substantive regulation on this matter.\n\nChapter 2 is devoted to trade in environmental goods.\n\nIts objective is \"…to promote the liberalization of trade in environmental goods as a means to contribute to the transition to a low-emissions, climate-resilient, circular, and sustainable economy, and to increase the adoption of and investment in relevant technologies and products that address urgent environmental needs\" (2.1).\n\nThe scope of application is limited to the environmental goods listed in Annex II (2.2), which contribute to climate change adaptation and mitigation (adaptación y mitigación del cambio climático), pollution prevention and control, the transition to a circular economy, among other purposes (2.3) that are in harmony with Article 50 of the Constitution. For such purposes, the agreement establishes a commitment by the parties to eliminate customs tariffs and export taxes, in relation to the listed environmental goods (2.5 and 2.6). Exceptions and temporary mechanisms for the postponement of tariff elimination are included (2.7 and 2.8). Additionally, a subcommittee is established for the review of compliance with this chapter and the list of environmental goods (2.9 and 2.10).\n\nHand in hand with the foregoing, the agreement regulates in its Chapter 3 matters concerning environmental services. The objective of that chapter is \"…the liberalization of trade in environmental services and services related to the environment that support climate change mitigation (mitigación del cambio climático), climate change adaptation (adaptación al cambio climático), the transition to a circular economy, pollution prevention and control, or the sustainable use, protection, or restoration of biodiversity, ecosystems, and natural resources, including water and marine resources\" (3.1).\n\nSubsequently, the scope of application is regulated (for which a list of environmental services exists) and the services that will be included are defined (3.2). The chapter provides for the mode of market access (3.5), the national treatment that environmental services shall receive (3.6), as well as regulations regarding the movement of persons (3.8), transparency (3.9), and international payments and transfers (3.11), among others.\n\nFrom a constitutional perspective, these types of commercial norms find no objection and have been endorsed by this Court on other occasions:\n\n\"This Court has examined similar economic opening agreements and, on the matter, it has been ruled out that they harm our Constitution. For example, in the recent advisory opinion No. 2024-014137, this Chamber recounted trade agreements of a similar nature and made the following considerations:\n\n\"From the foregoing summary, it is clearly concluded that the Treaty intended for approval is similar in many aspects to the group of international instruments of this type that have been signed, studied, and approved by our country for the purpose of promoting Costa Rica's insertion into world trade. Some of the following resolutions of this Chamber can be seen where legislative consultations on other free trade treaties have been resolved:\n\n-Bill \"Approval of the Free Trade Treaty between the Republic of Korea and the Republics of Central America.\" Resolution No. 2019-003131 of 09:45 hours on February 22, 2019. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-904580\n\n-Bill of \"Approval of the Free Trade Treaty between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia.\" Resolution No. 2014-004192 of 14:30 hours on March 26, 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-603193\n\n-Bill of \"Law of Approval of the Free Trade Treaty between the EFTA States and the Central American States.\" Resolution No. 2014-003920 of 14:05 hours on March 19, 2014. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-598688\n\n-Bill of \"Approval of the Free Trade Treaty between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Peru.\" Resolution No. 2013-005013 of 14:30 hours on April 16, 2013. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1003841\n\nIn particular, it is observed that the instrument now under study does not contain the creation of obligations different from those related to trade facilitation between Ecuador and Costa Rica, and from that perspective, it can be said that the bill presents no problems of unconstitutionality, as it includes provisions, measures, and instruments that are essentially topics already addressed in other instruments that have already been incorporated into the Costa Rican legal system.\" (Emphasis not in the original).\n\nIn the same vein, once the text of the bilateral agreement with the United Arab Emirates was reviewed, it is not found to contain obligations beyond those common to this type of trade agreement.\" (Resolution No. 2024033833 of 9:30 hours on November 13, 2024).\n\nChapter 4 refers to fossil fuel subsidies.\n\n…”discipline and eliminate harmful fossil fuel subsidies in order to mitigate their adverse impact on the environment and contribute to global efforts to rapidly reduce greenhouse gas emissions resulting from the production and consumption of fossil fuels” (4.1).\n\nAfter establishing the scope of application (4.2) and the definitions (4.3), the Parties to the agreement commit not to introduce or maintain fossil fuel subsidies listed in Annex IX (4.5). However, it also establishes specific exceptions (4.6), when fossil fuel subsidies allow for meeting priority or sensitive public policy objectives (for example, attention to natural disasters, emergencies or crises, including serious economic hardship or instability; the provision of essential public services in education and health, or humanitarian and emergency services; etc.).\n\nThis proposal, aimed at reducing greenhouse gases, is in harmony with the right to the environment and the commitments undertaken by Costa Rica to promote such reduction:\n\n\"VI.- The international obligation to stabilize emissions known as Greenhouse Gases (GHGs).- Given the substantive issue under analysis in this constitutional challenge, it is important to refer to the international treatment that has been given to greenhouse gas emissions, known by their acronym as GHGs—which was mentioned by this Court in judgment No. 2012-009206 of 4:06 p.m. on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- , among which are mainly carbon dioxide (CO2), methane (CH4), chlorofluorocarbons (CFCs), tropospheric ozone (O3) and nitrous oxide (N2O); gases that allow solar radiation to enter the earth's atmosphere but, at the same time, retain heat and prevent its exit into space. In this regard, in the aforementioned judgment 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-, it was indicated that the lack of homogeneity in the position of certain countries has not allowed for the establishment, at the international level, of a general obligation to stabilize greenhouse gas emissions, but rather there has been a problem of little uniformity that has been worsening with the global economic crisis that jeopardizes efforts to reduce greenhouse gas emissions; however, it is worth mentioning that, at the international level, some countries established certain bases in the '1992 United Nations Framework Convention on Climate Change,' as well as in the 'Kyoto Protocol' and in the '2009 Copenhagen Accord.' In this sense, the first convention establishes in its Articles 3 and that:\n\n\"Article 3\n\nPrinciples\n\nThe Parties, in the measures they take to achieve the objective of the Convention and apply its provisions, shall be guided, inter alia, by the following:\n\n(…)\n\n3. The Parties should take precautionary measures to foresee, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.\n\n…\".\n\n\"Article 4\n\nCommitments\n\n1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and the specific nature of their national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:\n\n(…)\nc.- Promote and support with their cooperation the development, application and diffusion, including the transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including energy, transportation, industry, agriculture, forestry and waste management.\n(…)\"\n\nIn the cited judgment 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522- it was considered important to highlight the data that has been sustained in many international scientific forums on climate change, which consists of the need to keep greenhouse gas emissions resulting from human economic activity controlled, as this is a factor that contributes to the increase in global temperature, making it necessary to take the required measures so that it remains at a point of less than 2 degrees Celsius since, if exceeded, it would be at a point of no return that could be catastrophic for the sustenance of life on the planet; scientific data that is reaffirmed in the Copenhagen Accord (cited for illustrative purposes) insofar as it indicates that:\n\n\"1. We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time. We stress our strong political will to combat it urgently, respecting the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.\n\nTo achieve the ultimate objective of the Convention of stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, and taking into account the scientific view that the increase in global temperature should remain below 2°C, on the basis of equity and in the context of sustainable development, we will strengthen our long-term cooperation to combat climate change. We are aware of the serious consequences of climate change and the potential repercussions of response measures in countries particularly vulnerable to its adverse effects (…) (principle 1).\n\n\"2. We agree that deep cuts in global emissions are required, in light of science and the information contained in the IPCC Fourth Assessment Report, with a view to achieving a reduction in such emissions that allows holding global temperature increase below 2°C, and we intend to take measures to meet this objective in accordance with science and on the basis of equity. We should cooperate to ensure that global and national emissions peak as soon as possible, (…)\" (Principle 2).\n\nIn light of the foregoing, this Court stated in the cited judgment No. 2012-009206, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-, that,\n\n\"Although the aforementioned agreement is not a legally binding form, it is important to highlight the scientific data and the importance of achieving more towards the important common goal of reducing emissions of gases that produce climate change, that is, achieving a balance point in anthropogenic emissions. Another important aspect worth highlighting is the identification of the sources of greenhouse gas emissions, among several of them the combustion of fossil fuels or petroleum derivatives, the decomposition of organic matter in landfills, agriculture, etc. The variation in ambient temperature has serious consequences, for example, the World Health Organization publishes (sic), among its many studies, the repercussions that climate change has on people's health. It points out the historical consequences of extreme heat, natural disasters and rainfall variation, and the spread of infections. For example, it states that:\n\n\"Extreme air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory diseases, particularly among elderly people. In the heat wave that hit Europe in the summer of 2003, for example, an excess mortality was recorded, estimated at 70,000 deaths [2].\n\nHigh temperatures also cause an increase in ozone levels and other air pollutants that aggravate cardiovascular and respiratory diseases. Urban air pollution causes approximately 1.2 million deaths each year.\n\nPollen levels and other allergens are also higher in cases of extreme heat. They can trigger asthma, a condition that affects approximately 300 million people. The increase in temperatures that is occurring is expected to increase that burden.\"\n\n\"The increase in temperatures and rainfall variability will likely reduce the production of staple foods in many of the poorest regions, by up to 50% by 2020 in some African countries.\"\n\n\"Malaria is highly dependent on climate. Transmitted by mosquitoes of the Anopheles genus, malaria kills nearly one million people each year, primarily African children under five years of age. Mosquitoes of the Aedes genus, the vector for dengue, are also very sensitive to climatic conditions. Studies in this regard suggest that climate change could expose an additional 2 billion people to dengue transmission in the coming decade of the eighties\" (Document titled Climate Change and Health. Fact Sheet No. 266 January 2010).\n\nIt is clear to this Chamber that, based on the foregoing and under the United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 as well as the Kyoto Protocol, it is necessary to adopt measures to mitigate the effects produced by greenhouse gas emissions, which is a shared responsibility among States -not deferred in the case of the most committed countries-, with the objective of preventing a global temperature increase above 2 degrees Celsius, given that, according to a large majority of the scientific community, the global temperature must be stabilized below those 2°C, which should be a collective obligation of result.\n\nIn that regard, this Court indicated:\n\n\"(…) Thus, with the support of scientific data and the most important global organizations, it has been identified—for a long time—that the use of fossil-fuel-based engines releases carbon dioxide, among other gases, into the environment, which are the main causes of climate change. Even though there are other natural sources of greenhouse gas production, as stated in the specialized literature, such as agriculture, the truth is that it is imperative to establish better controls on anthropogenic emissions that add greater quantities of GHGs to the atmospheric equation. In this sense, efforts to control them must be incentivized by public authorities, by private and individual initiative at each of the sources. The problem of climate change is not solved from an individualistic point of view; rather, collective measures must be taken to reduce the environmental footprint left by anthropogenic GHG emissions, as well as policies appropriately adopted by public authorities to provide a comprehensive solution, to ensure effective models exist that can reduce the emission of greenhouse gases. In this case, it is the way to reduce the emission of gases resulting from the burning of fossil fuels (gasoline, diesel, bunker, etc.), through emission control mechanisms or systems that reduce environmental pollution.\n\nBut despite the fact that many of the international obligations undertaken by countries at the international level are not yet binding, it is clear that there is a collective awareness that there must be control efforts in GHG emission. Costa Rica has specific commitments in the reduction of greenhouse gases, under the regime of the Framework Convention and the Kyoto Protocol\" (see judgment No. 2012-009206 of 4:06 p.m. on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nVII.- Costa Rica's Commitment to the Reduction of Greenhouse Gases.- As mentioned in the repeatedly cited judgment No. 2012-009206, Costa Rica has specific commitments in the reduction of greenhouse gases under the regime of the United Nations Framework Convention and the Kyoto Protocol. It is important to mention that through Law No. 8219 of March 8, 2002, published in La Gaceta No. 127 of July 3, 2002, the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change was approved and was ratified through Executive Decree No. 30602-RE of July 5, 2002. With this Protocol, the parties committed to reducing their total greenhouse gas emissions to a level no less than 5% below 1990 levels during the commitment period between 2008 and 2012. In pursuit of that objective, Costa Rica began in 2012 one of the most ambitious projects in the country's environmental history, which consisted of becoming one of the first carbon-neutral countries in the world by 2021, as mentioned in the cited judgment No. 2012-009206 in the following terms:\n\n\"… four actions, four commitments that, domestically, our country will assume from this moment forward: carbon neutrality by the year 2021, led by the Executive Branch starting now; a mandatory environmental management plan for State institutions; the increase in forest cover (cobertura boscosa) and protected areas; and the promotion, in our primary and secondary school curriculum, of learning about sustainable development and environmental education. These are additional commitments to the international obligations we have already undertaken. We assume them because we believe that if Costa Rica can do it, with its tiny economy and its burden of underdevelopment, there is no justification for other nations not to do so.\n\nFirst. From this moment on, Costa Rica commits to being carbon neutral, or 'C-Neutral,' by the year 2021. This is an ambitious goal, which will require the help of all citizens and future governments to achieve. We are going to offset the carbon emissions we release with equivalent doses of oxygen so that, by 2021, Costa Rica will contribute nothing to global warming and the deterioration of the air we breathe. Truly I tell you: abolishing net carbon emissions will be, for us, the equivalent of the abolition of the army that Don Pepe accomplished\" (the bold highlighting is not in the original) http://www.rree.go.cr/?sec=politica%20exterior&cat=ejes%20accion%20pnd%202006-2010 ).\n\nIn the aforementioned judgment, it was also indicated:\n\n\"In line with the prior declaration, Costa Rica proclaimed before the United Nations Conference on Climate Change in Bali, Indonesia its commitment to be 'carbon neutral' by 2021. The declaration becomes a political instrument at the national level, in addition to having its legal consequences within the framework of the United Nations commitments on Climate Change. In this sense, our country has issued a unilateral and valid legal act, within the powers that International Law recognizes for international legal persons, which a State can par excellence make before its counterparts to set both a domestic and foreign policy. The foregoing clearly generates rights and obligations with respect to other States, which would allow our country to demand, as well as be demanded of, in accordance with the principle of Pacta Sunt Servanda. (This Chamber, for logical reasons, does not refer to extraordinary situations that a State may claim when they arise from a state of defense and the violation of the principle of good faith by other powers).\"\n\nThus, in accordance with the institutional communication from the Dirección de Comunicación Institucional (Climate Change Bali-1113) of Tuesday (sic) December 11, 2007, of the Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, on the electronic portal www.rree.go.cr, it is highlighted that:\n\n“Costa Rica announced today its voluntary commitment to be the first developing country to become ‘carbon neutral’ (carbono neutral) by 2021, and warned that the Kyoto Protocol did not provide any incentive mechanism for developing countries to conserve their primary forest cover (cobertura boscosa primaria).\n\nThe global announcement was made during the United Nations Conference on Climate Change taking place in Bali, and the goal of offsetting carbon emissions until their effect is neutral (‘carbon neutral’), will be met by the Bicentennial of the Republic of Costa Rica, in the year 2021.\n\n…\n\nDuring the Conference on Climate Change, Costa Rica has insisted that the Kyoto Protocol must be completed, to amend a clear injustice, given that it does not recognize the mitigation of greenhouse gases resulting from avoided deforestation (deforestación evitada),” explained Chancellor Bruno Stagno, who traveled today to Guatemala to attend the Summit of Heads of State and Government of Central America.\n\nHe recalled that the Kyoto Protocol “only rewards those who reforest, and excludes those who conserve the primary forest or make sustainable use of it while respecting the ecosystems and the environmental services (servicios ambientales) they provide. We must overcome this contradiction that we deem unacceptable,” he said.\n\nIn this regard, during the Bali Conference, Costa Rica has promoted that the omission of the Kyoto Protocol must be rectified, since tropical forests benefit all of humanity by fixing the carbon dioxide produced by industry, and in this way make a formidable contribution to mitigating climate change.\n\n…\n\nCosta Rica's position, jointly developed by the Ministerio de Ambiente and the Cancillería, points out that although developing countries generate a small percentage of greenhouse gas emissions, they are the most vulnerable to global climate changes.\n\n…\n\nCosta Rica has also insisted that solutions to Climate Change must contemplate “common but differentiated responsibilities,” since nations have different contributions, both to environmental pollution and to sustainable development, and consequently, must involve both developed countries (identified among the greatest polluters) and developing countries.\n\n…\n\nIn this sense, Costa Rica “has started at home,” and has voluntarily undertaken an Environmental Management Plan of Action that involves Climate Change, National System of Protected Wild Areas (Sistema Nacional de Areas (sic) Silvestres protegidas), water resources (recurso hídrico), reduction and management of waste and residues, education, tourism, marine resources, territorial planning and land-use planning (planificación y ordenamiento territorial), and toxic and hazardous materials, among others.”\n\nIt is clear then that Costa Rica, voluntarily, contracted a specific and exemplary international obligation, such that:\n\n“any effort to reduce the environmental footprint is part of a national priority, because from the most humble existence of a human being, to the most complex congregation, an effort will be required to mitigate, with science and technology, those actions that contribute to GHG emissions, in some cases greater than others, but which imply assuming commitments and responsibilities in our behaviors with the environment due to our way of life. For this reason, it is necessary to establish normative guidelines that more strongly link activities that impact the environment and those created for its protection; in this sense, it is necessary to confirm sanctions when these commitments and responsibilities are infringed” (see judgment No. 2012-009206 of 16:06 hours on July 4, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-551522-).\n\nFrom the foregoing, it follows then that Costa Rica has formulated projects, proposals, and strategies in order to achieve carbon neutrality, which implies a commitment on the part of public authorities but also of society to develop internal actions to reduce and remove carbon emissions in a determined period of the country's operation, which implies adopting measures to compensate the carbon emissions released with equivalent doses of oxygen, so that the country does not contribute to global warming and to ensure that the carbon footprint is the same as that of 2005, which was the base year chosen for the carbon neutrality plan in Costa Rica. The first “Programa País de Carbono Neutralidad 1.0” was launched in 2012 with a national strategy and an action plan, and although the goal was not achieved, the fact of the matter is that thanks to that initiative, the country has taken actions as well as made important steps to reduce its greenhouse gas emissions.\n\nIn that regard, there is evidence that many private companies—of their own accord—adopted practices to reduce their emissions and offset their footprint, and thus the results in the private sector have been very positive, given that, according to data from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), between 2012 and 2017 a total of 96 private companies from different productive sectors of the country adopted practices and transformed their operations to be more efficient and reduce their carbon emissions to the point that they managed to reduce 100,000 tons of carbon in the last five years, and 92 of those 96 companies have already been certified as carbon neutral, while the other four are in the inventory process to obtain recognition. That said, it must be remembered that the bulk of carbon dioxide and other polluting gas emissions come from the vehicle fleet, energy consumption, and the use of fertilizers in agriculture, which are areas where efforts to tackle the problem have been lesser, meaning the country must rethink its actions to achieve carbon neutrality in light of the Paris Agreement, where the target was set for 2100. It is necessary to mention that there are no direct, high-impact practices to attack emissions from vehicles that run on petroleum-based fuels, and one example of this is that in 2015, for the first time in history, the transportation sector imported more vehicles (cars, trucks, and motorcycles) into Costa Rica ($1.324 billion) compared to the petroleum that entered the country ($1.285 billion) (see https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-utopia-de-una-costa-rica-carbono-neutral-en/IYM5MH2PNZCP7BOHSZ5NV7CAQM/story/); furthermore, according to RECOPE, in 2016, 19 million barrels produced abroad were consumed, and it is estimated that by 2035 consumption could increase to 33.5 million barrels. In view of the fact that, as stated, the target set for 2021 was not achieved, the \"Programa País de Carbono Neutralidad 2.0\" has been launched, which corrects and refines what was developed in the 2012 version and establishes a new carbon neutrality goal, in practice for 2085 and formally for 2100 (https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf). In that \"Plan de Descarbonización de Costa Rica,\" it can be observed that, within \"Eje 6 Transformación del sector industrial mediante procesos y tecnologías que utilicen energía de fuentes renovables u otras eficientes y sostenibles de baja y cero emisiones,\" among the change actions for 2019-2022 to drive the process of low-emission technological transformation of the industrial sector, one of the objectives was precisely\n\n\"avoiding the use of technologies that deepen dependence on fossil fuels in the industry\"\n\n(https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf).\n\nPrecisely, within those objectives, the executive decree under challenge can be framed, since it is a regulation that seeks to authorize the use of liquefied natural gas as a clean fuel that can replace those petroleum derivatives that produce greenhouse gases and contribute to global warming.” (Judgment No. 2024014801 of 1:00 p.m. on May 29, 2024).\n\nChapter 5 refers to environmental labeling. Its objective is “…to inform the development and implementation of high-quality, high-integrity voluntary environmental labeling programs in order to promote more transparent and sustainable trade” (5.1).\n\nEnvironmental labeling aims, among other things, to “…provide truthful, non-deceptive, reliable, comparable, justified, and verifiable information regarding the environmental aspects of goods and services” (5.4).\n\nThe Chamber observes that this initiative is in harmony with several principles that are safeguarded by our Constitution. Indeed, it contains clear elements of environmental protection, access to information, and consumer protection. Thus, this Court finds no objection.\n\nChapter 6 establishes institutional provisions. The ACCTS provides for a Joint Commission, composed of governmental representatives from each Party, which shall have duties associated with the supervision of the agreement regarding its implementation, general operation, general reviews, and promotion (6.2).\n\nIt is relevant to note that the Commission does not have the authority to amend the ACCTS by itself, but only to propose modifications to the Parties, whether they be partial amendments (6.2.2.c) or a general review (6.7).\n\nThe chapter contemplates the operating rules of the Commission (6.3: meetings and procedural rules; 6.4: decision-making; 6.5: operation of subsidiary bodies), as well as the obligation of the Parties to cooperate for the implementation of the agreement (6.6), which is an expression of the principle of *pacta sunt servanda*.\n\nChapter 7 regulates dispute resolution, regarding the interpretation or application of the agreement. Its first mechanism is the use of good offices, conciliation, and mediation (7.5); it also contemplates a consultation process (7.6) and, if necessary, the establishment of an arbitration panel (7.7 et seq.).\n\nFinally, the ACCTS establishes the final provisions usual in the law of treaties (8.2 on annexes; 8.3 entry into force; 8.5 amendments; 8.6 accession; 8.7 withdrawal; 8.8 depositary; etc.) without creating any type of friction with the Constitution.\n\n**V.- Conclusion.**\n\nBased on the foregoing, this Tribunal finds no essential constitutional defects in the legislative process of the bill under review; nor does it observe substantive defects in its content.\n\n**VI.- Documentation provided to the case file.** The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is advised that any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\n**Por tanto:**\n\nThis mandatory legislative consultation of constitutionality is resolved in the sense that in the processing of the bill titled *“LEY DE APROBACIÓN DEL ‘ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD’ SUSCRITO ENTRE COSTA RICA, ISLANDIA, NUEVA ZELANDA Y SUIZA, EL DÍA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO”*, legislative file no. 25.060, no substantial procedural or substantive defect has occurred.\n\nBe it communicated.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\n**Paul Rueda L.**\n\nLuis Fdo.\n\nSalazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nEXPEDIENTE No. 26-012342-0007-CO\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n122RYQYRGDS61\n\nEXPEDIENTE N° 26-012342-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482).\n\nFax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
}