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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385171",
  "citation": "Res. 15316-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Cirugía de fusión vertebral para adulto mayor en lista de espera de la CCSS",
  "title_en": "Spinal Fusion Surgery for Elderly Adult on CCSS Waiting List",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza el recurso de amparo de una mujer de 66 años que padece espondilolistesis y otros problemas severos de columna, quien fue referida para cirugía de fusión vertebral desde enero de 2024. Han transcurrido más de 15 meses sin que se le haya programado el procedimiento, lo que agrava su dolor incapacitante y afecta su vida diaria y la de su familia. La Sala constata que la autoridad recurrida (Hospital Calderón Guardia) reconoció su ingreso en lista de espera desde el 24 de enero de 2024, con más de 5,600 pacientes aguardando cirugía. Aplica la normativa nacional e internacional que protege el derecho a la salud y a una atención preferencial para personas adultas mayores frente a la CCSS. Concluye que la espera vulnera el artículo 21 constitucional y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por lo que declara con lugar el recurso, ordena realizar la cirugía en máximo un mes y condena al pago de costas. Se adjunta nota sobre el fenómeno de listas de espera en la CCSS y medidas sistémicas previas ordenadas por la Sala.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews a writ of amparo filed by a 66-year-old woman suffering from spondylolisthesis and other severe spinal conditions, who was referred for spinal fusion surgery since January 2024. More than 15 months have elapsed without a surgery date, worsening her disabling pain and impacting her daily life and her family's situation. The Chamber notes that the respondent hospital (Calderón Guardia) acknowledged her waitlist entry on January 24, 2024, amid over 5,600 patients awaiting surgery. It applies domestic and international norms protecting the right to health and preferential treatment for older adults vis-à-vis the CCSS. It finds that the delay violates Article 21 of the Constitution and the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, grants the amparo, orders surgery within one month, and awards costs. A note addresses the CCSS waitlist phenomenon and prior systemic measures ordered by the Chamber.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/04/2026",
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  "excerpt_es": "Al respecto, se acredita que el 24 de enero de 2024, la recurrente ingresó en lista de espera por espondilolistesis para instrumentación vertebral. Nótese que a la fecha han transcurrido más de 15 meses desde que se ordenó la cirugía que requiere la recurrente y no se le ha programado, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, máxime que estamos en presencia de una persona adulta mayor.\n\nSe declara con lugar el recurso. Se le ordena a Tania Jimenez Umaña en su calidad de Directora General y Jose Roberto Ulloa González, en su calidad de Jefe del Servicio de Ortopedia, todos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de UN MES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la recurrente se le practique la cirugía prescrita, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre que una variación de las circunstancias médicas del paciente no requiera otro tipo de atención.",
  "excerpt_en": "In this regard, it is established that on January 24, 2024, the petitioner was placed on the waiting list for spinal instrumentation due to spondylolisthesis. Note that more than 15 months have elapsed since the surgery required by the petitioner was ordered and it has not been scheduled, which violates the provisions of Article 21 of the Constitution, especially given that we are dealing with an older adult.\n\nThe appeal is granted. Tania Jimenez Umaña, in her capacity as General Director, and Jose Roberto Ulloa González, in his capacity as Head of the Orthopedics Service, all officials of the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within their competence so that within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the prescribed surgery is performed on the petitioner, all under strict responsibility and supervision of her attending physician and provided that a change in the patient's medical circumstances does not require another type of care.",
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    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso y se ordena al Hospital Calderón Guardia realizar la cirugía de fusión vertebral a la recurrente en el plazo máximo de un mes, con condena en costas."
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      "quote_es": "Nótese que a la fecha han transcurrido más de 15 meses desde que se ordenó la cirugía que requiere la recurrente y no se le ha programado, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, máxime que estamos en presencia de una persona adulta mayor."
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      "quote_en": "Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, therefore the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions",
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      "quote_es": "la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-012594-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015316\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de residencia CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado a la Sala el 13 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que desde el 2019 padece de una neuropatía motora de nervios peroneos bilaterales, lumbalgia izquierda, parestesias en pierna izquierda, listesis en L4 y L5 grado 1, más discartrosis severa en L5 y S1, estenosis bilateral en L4 y L5 y ha sido atendida en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, recurrido en la especialidad de ortopedia. Agrega que, su padecimiento es doloroso e incapacitante, por lo que fue referida a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, pero los medicamentos no le alivian el dolor, por lo que debe permanecer en cama para sentir alivio, impidiéndole realizar las actividades básicas de su vida diaria. Expone que, depende de su hijo, quien no puede trabajar, pues debe hacerse cargo del hogar y de sus cuidados, lo que ha afectado su situación económica, al contar únicamente con una pensión de su esposo, quien se vio forzado a laborar nuevamente a sus 74 años por tal motivo. Indica que, desde el 2023, fue recomendada una cirugía de fusión vertebral y el 12 de enero de ese mismo año, se le consideró como candidata al tratamiento quirúrgico para fusionar las vértebras L4 y L5 y hacerle una descompresión. Momento en que le refirieron una resonancia magnética y once meses después el médico de cirugía le reiteró que era candidata para cirugía al empeorar su sintomatología. En mayo de 2024, le realizaron su resonancia magnética, continuando en espera para cirugía. Tras lo cual considera lesionados sus derechos fundamentales y solicita se declare con lugar el recurso y se le asigne una fecha cierta para su cirugía.\n\n2.- Por resolución de las 13:04 horas del 22 de abril de 2026, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas. \n\n 3.- Informan bajo juramento Tania Jimenez Umaña en su calidad de Directora General y Jose Roberto Ulloa González, en su calidad de Jefe del Servicio de Ortopedia, todos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que este último indicó que la paciente fue ingresada a la lista de espera el 24/01/2024 por espondilolistesis para instrumentación vertebral. Cabe destacar que actualmente tenemos un total de 5631 pacientes en espera de cirugía. Algunos incluso desde el 2020. El Servicio de Ortopedia intenta programar los pacientes por orden de ingreso a la lista; sin embargo, existen muchos procedimientos urgentes ambulatorios y hospitalizados, así como oncológicos o con complicaciones postquirúrgicas que limitan que los pacientes se programen de manera más pronta. Solicitan que se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que desde el 2019 padece de una neuropatía motora de nervios peroneos bilaterales, lumbalgia izquierda, parestesias en pierna izquierda, listesis en L4 y L5 grado 1, más discartrosis severa en L5 y S1, estenosis bilateral en L4 y L5 y ha sido atendida en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, recurrido en la especialidad de ortopedia. Agrega que, su padecimiento es doloroso e incapacitante, por lo que fue referida a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, pero los medicamentos no le alivian el dolor, por lo que debe permanecer en cama para sentir alivio, impidiéndole realizar las actividades básicas de su vida diaria. Expone que, depende de su hijo, quien no puede trabajar, pues debe hacerse cargo del hogar y de sus cuidados, lo que ha afectado su situación económica, al contar únicamente con una pensión de su esposo, quien se vio forzado a laborar nuevamente a sus 74 años por tal motivo. Indica que, desde el 2023, fue recomendada una cirugía de fusión vertebral y el 12 de enero de ese mismo año, se le consideró como candidata al tratamiento quirúrgico para fusionar las vértebras L4 y L5 y hacerle una descompresión. Momento en que le refirieron una resonancia magnética y once meses después el médico de cirugía le reiteró que era candidata para cirugía al empeorar su sintomatología. En mayo de 2024, le realizaron su resonancia magnética, continuando en espera para cirugía.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes: \n\na) La recurrente tiene 66 años (expediente digital). \n\nb) El 24 de enero de 2024, la recurrente ingresó en lista de espera por espondilolistesis para instrumentación vertebral (informe de las autoridades recurridas). \n\nc) Que a la fecha la autoridad recurrida no le ha programado fecha cierta para realizar la cirugía que ordenó el médico tratante de la recurrente (hecho incontrovertido).\n\nIII.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política, encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial. En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6, de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.\n\nIV.- CASO CONCRETO. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas se acredita la infracción del derecho a la salud en contra de la parte recurrente, con fundamento en las razones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que el 24 de enero de 2024, la recurrente ingresó en lista de espera por espondilolistesis para instrumentación vertebral. Nótese que a la fecha han transcurrido más de 15 meses desde que se ordenó la cirugía que requiere la recurrente y no se le ha programado, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, máxime que estamos en presencia de una persona adulta mayor. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.\n\nV.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\n VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n \n\n Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Tania Jimenez Umaña en su calidad de Directora General y Jose Roberto Ulloa González, en su calidad de Jefe del Servicio de Ortopedia, todos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de UN MES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la recurrente se le practique la cirugía prescrita, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre que una variación de las circunstancias médicas del paciente no requiera otro tipo de atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n GBTJNLOG9X061 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012594-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Exp: 26-012594-0007-CO\n\nRes. No. 2026015316\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, residence identification number CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By brief submitted to the Chamber on April 13, 2026, the petitioner files an amparo action and states that since 2019 she has suffered from bilateral peroneal nerve motor neuropathy, left lumbago, paresthesias in the left leg, grade 1 listhesis at L4 and L5, plus severe discarthrosis at L5 and S1, bilateral stenosis at L4 and L5, and has been treated at the recurred Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, in the orthopedics specialty. She adds that her condition is painful and disabling, for which reason she was referred to the Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, but the medications do not relieve her pain, such that she must stay in bed to feel relief, preventing her from carrying out the basic activities of her daily life. She explains that she depends on her son, who cannot work because he must take care of the home and her care, which has affected their economic situation, as they count only on a pension from her husband, who was forced to work again at his 74 years of age for this reason. She indicates that, since 2023, a vertebral fusion surgery was recommended and on January 12 of that same year, she was considered a candidate for surgical treatment to fuse the L4 and L5 vertebrae and perform a decompression. At which time they referred her for a magnetic resonance imaging and eleven months later the surgery doctor reiterated that she was a candidate for surgery as her symptoms had worsened. In May 2024, her magnetic resonance imaging was performed, and she continues waiting for surgery. Following which she considers her fundamental rights violated and requests that the action be declared with merit and that a firm date be assigned for her surgery.\n\n2.- By resolution of 1:04 p.m. on April 22, 2026, the proceeding is given course and reports are requested from the recurred authorities.\n\n3.- Tania Jimenez Umaña, in her capacity as Directora General, and Jose Roberto Ulloa González, in his capacity as Jefe del Servicio de Ortopedia, all officials of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, report under oath, with the latter indicating that the patient was admitted to the waiting list on 01/24/2024 for spondylolisthesis for vertebral instrumentation. It is noteworthy that we currently have a total of 5631 patients awaiting surgery. Some even since 2020. The Servicio de Ortopedia tries to schedule patients in order of admission to the list; however, there are many urgent outpatient and hospitalized procedures, as well as oncological ones or those with post-surgical complications, which limit the ability to schedule patients more promptly. They request that the action be declared without merit.\n\n4.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that since 2019 she has suffered from bilateral peroneal nerve motor neuropathy, left lumbago, paresthesias in the left leg, grade 1 listhesis at L4 and L5, plus severe discarthrosis at L5 and S1, bilateral stenosis at L4 and L5, and has been treated at the recurred Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, in the orthopedics specialty. She adds that her condition is painful and disabling, for which reason she was referred to the Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, but the medications do not relieve her pain, such that she must stay in bed to feel relief, preventing her from carrying out the basic activities of her daily life. She explains that she depends on her son, who cannot work because he must take care of the home and her care, which has affected their economic situation, as they count only on a pension from her husband, who was forced to work again at his 74 years of age for this reason. She indicates that, since 2023, a vertebral fusion surgery was recommended and on January 12 of that same year, she was considered a candidate for surgical treatment to fuse the L4 and L5 vertebrae and perform a decompression. At which time they referred her for a magnetic resonance imaging and eleven months later the surgery doctor reiterated that she was a candidate for surgery as her symptoms had worsened. In May 2024, her magnetic resonance imaging was performed, and she continues waiting for surgery.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of relevance for settling this amparo action, the following are deemed accredited:\n\na) The petitioner is 66 years old (digital case file).\n\nb) On January 24, 2024, the petitioner was admitted to the waiting list for spondylolisthesis for vertebral instrumentation (report from the recurred authorities).\n\nc) That to date the recurred authority has not scheduled a firm date to perform the surgery ordered by the petitioner's treating physician (uncontroverted fact).\n\nIII.- ON THE RIGHT TO HEALTH OF OLDER ADULTS. The right to life, recognized in numeral 21 of the Constitución Política, is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Similarly, in that ordinal of the Carta Política, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Caja Costarricense de Seguro Social can have a negative impact on the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence. Thus, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, for which reason the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, supervisory, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all people. In addition to this, what is provided in the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons is relevant, which, in Article 3, subsection k), establishes as a general principle good treatment and preferential care. In congruence with the previous article, numeral 19 of the Convention states in its first subsection that States shall ensure preferential care and universal, equitable, and timely access to comprehensive, quality health services based on primary care, and utilize traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and customs and practices. Likewise, in subsection m) of the same article, it is stipulated that the older person shall be guaranteed the availability of and access to medications recognized as essential by the World Health Organization, including controlled medications necessary for palliative care. Additionally, Article 6 of the aforementioned Convention indicates that States Parties have the obligation to adopt the necessary measures in order to guarantee older adults an effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, and on an equal basis with other sectors of the population. This obligation, moreover, entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.\n\nIV.- SPECIFIC CASE. From the report rendered under oath by the recurred authorities, the infringement of the right to health against the petitioner is accredited, based on the reasons set forth below. In this regard, it is accredited that on January 24, 2024, the petitioner was admitted to the waiting list for spondylolisthesis for vertebral instrumentation. Note that to date more than 15 months have elapsed since the surgery the petitioner requires was ordered and it has not been scheduled, which violates the provisions of article 21 of the Constitution, especially given that we are in the presence of an older adult. Thus, this action must be granted, with the consequences indicated in the operative part.\n\nV.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. The matter of amparo actions related to the right to health and, above all, that of the waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as the statistics of this Tribunal make manifest.\n\nNumber of health case files entered into the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | QUANTITY IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in the matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 stands out, when this subject matter reached 43.21% of the Tribunal's pending cases.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. In relation to the above, this Tribunal, in judgment no. 2019-005560 of 9:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of said pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file no. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand from the first level of care, absenteeism of patients from appointments in various medical centers of the recurred institution, among others. In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnosis groups according to the symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the vote in mention, it is sought that the Caja Costarricense de Seguro Social –within the framework of its constitutional and legal competencies– take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, with the aim of monitoring compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber summoned an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist with the follow-up on the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the resolutions of the Chamber.\n\nVI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is declared with merit. It is ordered to Tania Jimenez Umaña in her capacity as Directora General and Jose Roberto Ulloa González, in his capacity as Jefe del Servicio de Ortopedia, all officials of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or to whomever occupies those positions, to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the prescribed surgery is performed on the petitioner, all under the strict responsibility and supervision of her treating physician and provided that a variation in the patient's medical circumstances does not require another type of care. The recurred authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Judge Rueda Leal adds a note. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nGBTJNLOG9X061\nCASE FILE No. 26-012594-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro)."
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