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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385211",
  "citation": "Res. 15370-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de gestión posterior por disconformidad con sentencia de amparo",
  "title_en": "Rejection of post-ruling motion challenging amparo decision",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció una gestión posterior planteada por el alcalde de Matina, quien solicitaba rechazar un recurso de amparo previamente declarado con lugar, archivar el expediente y condenar en costas a la parte recurrente. El recurrente alegó que ya se había respondido a las solicitudes de información mediante un oficio de 2024 y que la parte actora incumplió una prevención. La Sala reafirmó que el amparo se concedió por la falta de respuesta a gestiones de octubre de 2025, no por hechos de 2024, y que en el momento del fallo no constaba respuesta alguna. La gestión fue declarada sin lugar, reiterando que contra las sentencias de la Sala no cabe recurso y que la vía de aclaración o adición no permite modificar el fondo de lo decidido.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber addressed a post-ruling motion filed by the mayor of Matina, who sought to overturn a previously granted amparo, close the case, and impose costs on the petitioner. The movant argued that the information requests had already been answered in a 2024 letter and that the petitioner failed to comply with a formal notice. The Chamber reaffirmed that the amparo was granted due to the lack of response to October 2025 requests, not 2024 events, and that at the time of the ruling no response was on record. The motion was denied, reiterating that no appeal lies against the Chamber's rulings and that clarification or addition motions cannot alter the substantive decision.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/04/2026",
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  "es_concept_hints": [
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    "acceso a la información",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
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    "Sala Constitucional",
    "recurso de amparo",
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    "Municipalidad de Matina",
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  "keywords_en": [
    "Constitutional Chamber",
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    "access to information",
    "post-ruling motion",
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    "Municipality of Matina",
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  "excerpt_es": "Precisamente, este Tribunal resolvió el sub examine de acuerdo con los elementos que constaban en los autos al momento del dictado de la sentencia, sin que se observe alguna circunstancia que justifique variar la decisión. Ahora, si bien el gestionante también solicita que rechace la condenatoria en costas, daños y perjuicios y que más bien se condene a la parte recurrente al pago de estos rubros, tal alegato constituye una inconformidad con lo dispuesto en la sentencia aludida (en la que se declaró con lugar el recurso y se condenó a la municipalidad accionada). Sin embargo, como se apuntó, el fallo es claro y fundamenta los motivos con los que se resolvió el recurso. Aunado a ello, no se verifica alguna omisión respecto de la resolución de extremos concretos, ni tampoco que la sentencia hubiese sido redactada en términos oscuros o ambiguos. Así, se advierte que según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no cabe recurso contra las sentencias, autos o providencias de la Sala Constitucional, por lo que resulta improcedente interponer una gestión posterior para manifestar una disconformidad con lo resuelto por el Tribunal y pretender la emisión de un fallo distinto o favorable a sus intereses.",
  "excerpt_en": "Precisely, this Court decided the matter based on the elements in the record at the time of the ruling, without observing any circumstance that would justify varying the decision. Now, although the movant also requests the rejection of the award of costs, damages and losses, and instead seeks to have the petitioner ordered to pay these items, such argument constitutes a disagreement with the ruling (which granted the amparo and awarded costs against the respondent municipality). However, as noted, the decision is clear and sets forth the reasons for which the amparo was resolved. In addition, there is no omission regarding specific issues, nor was the ruling drafted in obscure or ambiguous terms. Thus, it is noted that under Article 11 of the Law of Constitutional Jurisdiction, no appeal lies against rulings, orders, or decrees of the Constitutional Chamber, making it improper to file a post-ruling motion to express disagreement with the Court's decision and seek a different or favorable outcome.",
  "outcome": {
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the post-ruling motion filed by the mayor of Matina, which sought to alter the amparo ruling and challenge the cost award, as such motions are not admissible against final rulings of the Chamber.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar la gestión posterior planteada por el alcalde de Matina, que buscaba modificar el fallo de amparo favorable y cuestionar la condena en costas, por ser improcedente contra sentencias firmes de la Sala."
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      "quote_es": "según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no cabe recurso contra las sentencias, autos o providencias de la Sala Constitucional, por lo que resulta improcedente interponer una gestión posterior para manifestar una disconformidad con lo resuelto por el Tribunal y pretender la emisión de un fallo distinto o favorable a sus intereses."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-006928-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015370\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\nGestión posterior planteada por WALTER CÉSPEDES SALAZAR, en su condición de alcalde de Matina, en el expediente nro. 26-006928-0007-CO.\n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente el 16 de abril de 2026, el accionado plantea gestión posterior en relación con la sentencia nro. 2026012372 de las 9:20 horas de 10 de abril de 2026. Expone: “PRIMERO: En primero orden esta representación quiere dejar demostrado a este respetable Tribunal que la información solicitada por la recurrente le fue contestada mediante oficio DA-WCS-082-2024, y confirmado por la señora Delgado Ramírez mediante correo electrónico de fecha 19 de febrero del año 2024, lo anterior con el fin de contestar en forma lo solicitado y no hacer ilusorio la gestión de información, SEGUNDO: Que conforme a la resolución de las 13 horas 40 minutos del veintitrés de Enero del corriente, se procede a brindar el informe solicitado, el cual indica lo siguiente: 1. GESTION DEL REGLAMENTO A LA LEY 10235. Esta administración, procedió con la gestión y redacción del reglamento a la ley 10235, todo lo cual fuera presentado y aprobado ante el Concejo Municipal de Matina, de conformidad a la certificación del acuerdo que se adjunta, en la sesión de fecha 19 de enero del año 2023. Que, en seguimiento a los procedimientos, se gestionó la publicación del texto aprobado, mediante la publicación ante la Gaceta número 13 del 24 de enero del año 2024, cumpliendo en orden, apego al ordenamiento y principio de publicidad, para lo cual se adjunta la copia de la publicación. Conforme a lo expuesto y habiendo atendido el informe general solicitado por el respetable Tribunal Constitucional, y de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 30 de la Constitución Política de Costa Rica, debo recalcar que el derecho de respuesta constituye una garantía fundamental vinculada al principio de libertad de expresión, que permite a toda persona rectificar o replicar informaciones que le resulten lesivas, siempre que éstas hayan sido difundidas públicamente por medios de comunicación colectiva o canales institucionales. No obstante, dicho derecho no es absoluto ni se ejerce de forma automática o irrestricta. Por el contrario, su ejercicio debe atender a las formas legales, los plazos, y a la actuación diligente y de buena fe de quien lo reclama. En este sentido, la Sala Constitucional ha sido reiterativa en señalar que no toda negativa o falta de pronunciamiento configura por sí misma una lesión al derecho de respuesta, especialmente si la persona interesada ha dejado de cumplir con requerimientos formales o prevenciones necesarias para evacuar en forma su solicitud (véanse, por ejemplo, las sentencias N.º 2011-14774, 2016-001439, entre otras). (LA NEGRITA NO CORRESPONDE AL TEXTO) En el caso concreto que nos ocupa, REINTERO, la parte recurrente fue debidamente notificada de una prevención formal, formulada con el fin de aclarar o completar la solicitud relacionada con el supuesto ejercicio del derecho de respuesta. Sin embargo, omitió injustificadamente dar respuesta a dicho requerimiento, pese a contar con el plazo legal correspondiente. Esta inacción interrumpe el principio de buena fe procesal y desvirtúa la diligencia exigida a quien busca la tutela de un derecho fundamental. PETITORIA: I. SE RECHACE EL RECURSO DE AMPARO PRESENTADO II. Se proceda con archivo del expediente y se rechace cualquier solicitud de condenatoria en daños, perjuicios y costas. III. Se condene a la parte recurrente al pago de daños, perjuicios y costas del presente Recurso.”.\n\n2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\n Considerando:\n\n \n\nI.- DE PREVIO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, contra las sentencias de esta Sala no procede recurso alguno. Únicamente, en aquellos casos en que ha existido un error en la apreciación y valoración de los hechos, este Tribunal está facultado para revocar o corregir sus propias resoluciones, tal como lo señala el artículo 12 de la referida ley: \n\n “Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercer día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”. \n\n Así, la adición de un pronunciamiento procede, cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto, y la aclaración, cuando el asunto fue redactado en términos oscuros o ambiguos, lo que dificulta su comprensión. La adición y la aclaración son, entonces, remedios procesales para complementar una sentencia o explicar sus alcances.\n\nII.- En la sentencia nro. 2026012372 de las 9:20 horas de 10 de abril de 2026 se dispuso: \n\n“SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes alegan que el 9 y el 31 de octubre de 2025 plantearon solicitudes de información ante la municipalidad accionada; empero, al momento de interposición del recurso no habían obtenido respuesta.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 9 de octubre de 2025, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la municipalidad accionada recibió una gestión del tutelado Nombre01, en la que solicitó: “(…) copia completa al expediente técnico, legal y presupuestario de la obra pública ejecutada por la Municipalidad de Matina, obra, puente colgante de Mawamba sobre el canal de Tortuguero a la finca número 7-00023408-000. La solicitud incluye los siguientes documentos: • Plano constructivo y ubicación georreferenciada. • Presupuesto aprobado, fuente de financiamiento y ejecución. • Permisos ambientales, constructivos y refrendos legales. • Justificación técnica, administrativa y funcional de la intervención. • Actas de autorización, licitación, contratación o convenio si existieran. • Cualquier otro documento que respalde la legalidad y trazabilidad de dicha obra.”. El 31 de octubre de 2026, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la municipalidad accionada recibió una gestión del recurrente Nombre01, en la que requirió: “(…) Solicitud de expediente técnico, legal y ambiental sobre tala de árboles, construcción de un Puente, parqueo y un embarcadero en terrenos estatales - Embarcadero de Mawamba. (...)\". La autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este proceso el 16 de marzo de 2026. Por su parte, no se tiene por demostrado que la autoridad accionada haya atendido las gestiones incoadas y les haya proporcionado a los petentes la información requerida.\n\nDesde este panorama se acredita el quebranto a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nAl respecto, de los autos no se desprende que la municipalidad accionada haya atendido formalmente las gestiones incoadas ni que haya brindado a los petentes la información solicitada. En ese tanto, en su informe los recurridos se limitan a justificar la instalación de un puente peatonal; sin embargo, no demuestran haber contestado ni proporcionado la información requerida, que justamente es el objeto del sub iudice.\n\nErgo, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento (…) \n\nPOR TANTO: \n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Walter Céspedes Salazar, alcalde de la Municipalidad de Matina, o a quien ocupe ese cargo, así como a quien ejerza el puesto de jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de ese mismo gobierno local, que giren las órdenes pertinentes, coordinen lo correspondiente y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que, dentro del plazo máximo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atiendan las gestión incoadas por la parte tutelada el 9 y 31 de octubre de 2025, y se les brinde la información solicitada al medio señalado para tales efectos. Lo anterior se dispone con la advertencia de reservar los datos sensibles y de acceso restringido, protegidos por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y demás normativa atinente, en caso de haberlos. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Matina al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la vía contencioso-administrativa. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso. Notifíquese.”.\n\nTal pronunciamiento fue notificado a los recurridos el 13 de abril de 2026. \n\nIII.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el gestionante explica que al tutelado ya se le había dado respuesta a través de un oficio de “19 de febrero de 2024”. Alega que “la parte recurrente fue debidamente notificada de una prevención formal, formulada con el fin de aclarar o completar la solicitud relacionada con el supuesto ejercicio del derecho de respuesta. Sin embargo, omitió injustificadamente dar respuesta a dicho requerimiento, pese a contar con el plazo legal correspondiente.”. Asimismo, como petitoria indica: “I. SE RECHACE EL RECURSO DE AMPARO PRESENTADO II. Se proceda con archivo del expediente y se rechace cualquier solicitud de condenatoria en daños, perjuicios y costas. III. Se condene a la parte recurrente al pago de daños, perjuicios y costas del presente Recurso.”.\n\nSobre el particular, cabe resaltar que las gestiones cuya falta de respuesta se alegó en el sub iudice fueron las planteada el 9 y 13 de octubre de 2025, y no alguna gestión del año 2024, como indica el gestionante. Además, cabe citar nuevamente el razonamiento expuesto por la Sala en la sentencia de marras: \n\n“(…) Al respecto, de los autos no se desprende que la municipalidad accionada haya atendido formalmente las gestiones incoadas ni que haya brindado a los petentes la información solicitada. En ese tanto, en su informe los recurridos se limitan a justificar la instalación de un puente peatonal; sin embargo, no demuestran haber contestado ni proporcionado la información requerida, que justamente es el objeto del sub iudice.\n\nErgo, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento (…)”.\n\n \n\nPrecisamente, este Tribunal resolvió el sub examine de acuerdo con los elementos que constaban en los autos al momento del dictado de la sentencia, sin que se observe alguna circunstancia que justifique variar la decisión. \n\nAhora, si bien el gestionante también solicita que rechace la condenatoria en costas, daños y perjuicios y que más bien se condene a la parte recurrente al pago de estos rubros, tal alegato constituye una inconformidad con lo dispuesto en la sentencia aludida (en la que se declaró con lugar el recurso y se condenó a la municipalidad accionada). Sin embargo, como se apuntó, el fallo es claro y fundamenta los motivos con los que se resolvió el recurso. Aunado a ello, no se verifica alguna omisión respecto de la resolución de extremos concretos, ni tampoco que la sentencia hubiese sido redactada en términos oscuros o ambiguos. Así, se advierte que según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no cabe recurso contra las sentencias, autos o providencias de la Sala Constitucional, por lo que resulta improcedente interponer una gestión posterior para manifestar una disconformidad con lo resuelto por el Tribunal y pretender la emisión de un fallo distinto o favorable a sus intereses. \n\nErgo, se declara no ha lugar la gestión incoada. \n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012. \n\nPor tanto:\n\n \n\nNo ha lugar la gestión formulada. \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n GF143QRE47XIK61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-006928-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Exp: 26-006928-0007-CO\n\nRes. No. 2026015370\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of April two thousand twenty-six.\n\nSubsequent proceeding filed by WALTER CÉSPEDES SALAZAR, in his capacity as mayor of Matina, in case file no. 26-006928-0007-CO.\n\nConsidering:\n\n1.- By brief incorporated into the case file on April 16, 2026, the respondent files a subsequent proceeding in relation to judgment no. 2026012372 of 9:20 hours of April 10, 2026. He states: \"FIRST: As a preliminary matter, this representation wishes to demonstrate to this honorable Court that the information requested by the petitioner was answered through official letter DA-WCS-082-2024, and confirmed by Mrs. Delgado Ramírez via email dated February 19, 2024, the foregoing for the purpose of duly answering what was requested and not rendering the information request illusory. SECOND: That pursuant to the resolution of 13 hours 40 minutes on the twenty-third of January of the current year, the requested report is hereby provided, which indicates the following: 1. PROCESSING OF THE REGULATION TO LAW 10235. This administration proceeded with the processing and drafting of the regulation to Law 10235, all of which was presented and approved before the Municipal Council of Matina, in accordance with the certification of the agreement attached, at the session of January 19, 2023. That, in follow-up to the procedures, the publication of the approved text was processed through publication in Gazette number 13 of January 24, 2024, complying in due order, adherence to the legal framework and the principle of publicity, for which the copy of the publication is attached. Pursuant to the foregoing and having addressed the general report requested by the honorable Constitutional Court, and in accordance with the provisions of Article 14 of the Law of Constitutional Jurisdiction and Article 30 of the Political Constitution of Costa Rica, I must emphasize that the right of reply constitutes a fundamental guarantee linked to the principle of freedom of expression, which allows any person to rectify or reply to information that is harmful to them, provided that such information has been publicly disseminated through mass media or institutional channels. However, said right is neither absolute nor exercised automatically or unrestrictedly. On the contrary, its exercise must adhere to legal forms, deadlines, and the diligent and good-faith action of whoever claims it. In this regard, the Constitutional Chamber has been reiterative in pointing out that not every refusal or lack of pronouncement constitutes per se a violation of the right of reply, especially if the interested party has failed to comply with formal requirements or necessary preventive measures to fully process their request (see, for example, judgments No. 2011-14774, 2016-001439, among others). (THE BOLDING DOES NOT BELONG TO THE TEXT) In the specific case before us, I REITERATE, the petitioner was duly notified of a formal prevention, formulated for the purpose of clarifying or completing the request related to the alleged exercise of the right of reply. However, they unjustifiably omitted to respond to said requirement, despite having the corresponding legal deadline. This inaction interrupts the principle of procedural good faith and distorts the diligence required of someone who seeks the protection of a fundamental right. PETITION: I. THE AMPARO REMEDY FILED BE DISMISSED. II. The case file be archived and any request for condemnation to damages, losses, and costs be dismissed. III. The petitioner be condemned to pay the damages, losses, and costs of this Remedy.\".\n\n2.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. In accordance with the provisions of Article 11 of the Law of Constitutional Jurisdiction, no appeal whatsoever is admissible against the judgments of this Chamber. Only in those cases where there has been an error in the appreciation and assessment of the facts is this Court empowered to revoke or correct its own resolutions, as indicated in Article 12 of the aforementioned law:\n\n\"Article 12.- The judgments issued by the Chamber may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, including in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance with the content of the ruling.\"\n\nThus, the supplementation of a ruling proceeds when a point of the original pleading of the remedy was not resolved, and clarification, when the matter was drafted in obscure or ambiguous terms, making its comprehension difficult. Supplementation and clarification are, therefore, procedural remedies to complete a judgment or explain its scope.\n\nII.- In judgment no. 2026012372 of 9:20 hours of April 10, 2026, it was ordered:\n\n\"ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite matter, the petitioners allege that on October 9 and 31, 2025, they filed information requests before the respondent municipality; however, at the time of filing the remedy, they had not obtained a response.\n\nFrom the study of the case file, it is established that, on October 9, 2025, the Technical Road Management Unit of the respondent municipality received a request from the protected party Nombre01, in which they requested: \"(…) a complete copy of the technical, legal, and budgetary file of the public works executed by the Municipality of Matina, work, the Mawamba suspension bridge over the Tortuguero canal to farm number 7-00023408-000. The request includes the following documents: • Construction plan and georeferenced location. • Approved budget, source of financing and execution. • Environmental, construction permits, and legal endorsements. • Technical, administrative, and functional justification of the intervention. • Records of authorization, bidding, contracting, or agreement if they exist. • Any other document that supports the legality and traceability of said work.\". On October 31, 2026, the Technical Road Management Unit of the respondent municipality received a request from the petitioner Nombre01, in which they required: \"(…) Request for a technical, legal, and environmental file on tree felling, construction of a Bridge, parking area, and a dock on state lands - Mawamba Dock. (...)\". The respondent authority was notified of the procedural resolution of this process on March 16, 2026. For its part, it is not established that the respondent authority has addressed the filed requests and provided the petitioners with the required information.\n\nFrom this panorama, the violation of the fundamental rights of the protected party is accredited.\n\nIn this regard, it does not appear from the case file that the respondent municipality has formally addressed the filed requests or that it has provided the petitioners with the requested information. In that measure, in their report, the respondents merely justify the installation of a pedestrian bridge; however, they do not demonstrate having answered or provided the required information, which is precisely the object of the sub iudice matter.\n\nTherefore, the remedy is declared with grounds, under the terms indicated in the operative part of this ruling (…)\n\nTHEREFORE:\n\nThe remedy is declared with grounds. Walter Céspedes Salazar, mayor of the Municipality of Matina, or whoever holds that office, as well as whoever holds the position of head of the Technical Road Management Unit of that same local government, is ordered to issue the pertinent orders, coordinate the corresponding actions, and carry out all actions within their respective competencies so that, within a maximum period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the requests filed by the protected party on October 9 and 31, 2025, are addressed, and they are provided with the requested information to the means indicated for such purposes. The foregoing is ordered with the warning to reserve sensitive and restricted-access data, protected by the Law on the Protection of Individuals Regarding the Processing of Their Personal Data and other relevant regulations, should they exist. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years or a fine from twenty to sixty days shall be imposed on whomever receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo remedy, and does not fulfill it or does not have it fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Matina is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment via the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Rueda Leal issues a dissenting vote and flatly dismisses the remedy. Notify.\".\n\nSaid ruling was notified to the respondents on April 13, 2026.\n\nIII.- ON THE PROCEEDING FILED. In the case at hand, the petitioner explains that a response had already been provided to the protected party through an official letter of \"February 19, 2024\". He alleges that \"the petitioner was duly notified of a formal prevention, formulated for the purpose of clarifying or completing the request related to the alleged exercise of the right of reply. However, they unjustifiably omitted to respond to said requirement, despite having the corresponding legal deadline.\". Likewise, as a prayer for relief, he indicates: \"I. THE AMPARO REMEDY FILED BE DISMISSED. II. The case file be archived and any request for condemnation to damages, losses, and costs be dismissed. III. The petitioner be condemned to pay the damages, losses, and costs of this Remedy.\".\n\nOn this matter, it should be highlighted that the requests whose lack of response was alleged in the sub iudice matter were those filed on October 9 and 13, 2025, and not any request from 2024, as the petitioner indicates. Furthermore, it is worth citing again the reasoning set forth by the Chamber in the judgment in question:\n\n\"(…) In this regard, it does not appear from the case file that the respondent municipality has formally addressed the filed requests or that it has provided the petitioners with the requested information. In that measure, in their report, the respondents merely justify the installation of a pedestrian bridge; however, they do not demonstrate having answered or provided the required information, which is precisely the object of the sub iudice matter.\n\nTherefore, the remedy is declared with grounds, under the terms indicated in the operative part of this ruling (…)\".\n\nPrecisely, this Court resolved the sub examine matter in accordance with the elements that were contained in the case file at the time of issuing the judgment, without observing any circumstance that justifies varying the decision.\n\nNow, even though the petitioner also requests that the condemnation to costs, damages, and losses be dismissed and that, rather, the petitioner be condemned to pay these items, such allegation constitutes a disagreement with the provisions of the alluded judgment (in which the remedy was declared with grounds and the respondent municipality was condemned). However, as noted, the ruling is clear and substantiates the reasons on which the remedy was resolved. In addition to this, no omission regarding the resolution of specific points is verified, nor that the judgment was drafted in obscure or ambiguous terms. Thus, it is advised that according to the provisions of Article 11 of the Law of Constitutional Jurisdiction, no appeal is admissible against judgments, decrees, or orders of the Constitutional Chamber; therefore, it is impermissible to file a subsequent proceeding to express disagreement with what was resolved by the Court and to seek the issuance of a different ruling or one favorable to one's interests.\n\nTherefore, the proceeding filed is declared without grounds.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe proceeding filed is without grounds.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nGF143QRE47XIK61\nCASE FILE N° 26-006928-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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