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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385225",
  "citation": "Res. 15397-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Inactividad municipal y viabilidad ambiental en proyecto \"Comunidad\"",
  "title_en": "Municipal inaction and environmental viability in \"Comunidad\" project",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el propietario del fundo sirviente de una servidumbre de paso, quien alegó inactividad del Concejo Municipal de Cóbano y falta de viabilidad ambiental en el proyecto 'Comunidad'. La Sala determinó que, pese a la complejidad del caso, la municipalidad había desplegado actuaciones como consultas técnicas, análisis legales, gestión de inmovilización registral, consulta a la Procuraduría y una inspección en sitio con suspensión de obras sin permiso, por lo que no hubo silencio absoluto. En cuanto a SETENA, se acreditó que no recibió denuncia formal por los canales oficiales y que el proyecto carece de viabilidad ambiental aprobada. Se excluyó del análisis al Tribunal Ambiental Administrativo por no haber sido accionado. El voto de mayoría concluyó que no se probó lesión directa a derechos fundamentales, remitiendo cualquier disputa sobre la naturaleza de la servidumbre a la jurisdicción ordinaria.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed the amparo action filed by the owner of the servient tenement of a right of way, who alleged inaction by the Municipal Council of Cóbano and lack of environmental viability for the 'Comunidad' project. The Chamber found that, despite the case's complexity, the municipality had taken steps such as technical consultations, legal analysis, requesting cadastral immobilization, consulting the Attorney General's Office, and conducting a site inspection that suspended unpermitted construction, thus there was no absolute silence. Regarding SETENA, it was proven that no formal complaint was filed through official channels and that the project lacks approved environmental viability. The Environmental Administrative Tribunal was excluded from analysis as it was not sued. The majority held that no direct violation of fundamental rights was proven, leaving any dispute over the easement's nature to ordinary jurisdiction.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/04/2026",
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    "servidumbre de paso",
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    "viabilidad ambiental (VLA)",
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    "inactividad administrativa",
    "Catastro Nacional"
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    "Concejo Municipal de Cóbano",
    "fraccionamiento residencial",
    "movimientos de tierra",
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    "derecho de propiedad",
    "Sala Constitucional",
    "jurisdicción contencioso-administrativa"
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    "SETENA",
    "Municipal Council of Cóbano",
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    "Constitutional Chamber",
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  "excerpt_es": "IV.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y lo informado por las autoridades recurridas bajo juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que con la alegada vulneración al derecho de propiedad, se desprende del expediente que la controversia gira en torno a la eventual desnaturalización de una servidumbre de paso constituida en el 2002, la cual, según afirma el recurrente, ha sido utilizada para fines distintos a los originalmente pactados, específicamente para viabilizar un desarrollo inmobiliario de carácter residencial. No obstante, debe precisarse que la dilucidación sobre la naturaleza jurídica de dicha servidumbre, así como la eventual existencia de un uso abusivo o modificación indebida de la misma, constituye una cuestión de legalidad ordinaria que debe ventilarse en la jurisdicción correspondiente, por cuanto excede el ámbito de esta jurisdicción.\n\nEn cuanto al alegato relativo a la inactividad administrativa, esta Sala observa que, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ha desplegado una serie de actuaciones concretas, sucesivas y razonables dentro del ámbito de sus competencias, debidamente acreditadas en autos.\n\nEn virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que no se ha acreditado la existencia de alguna acción u omisión por parte de las autoridades recurridas que lesione de forma directa los derechos fundamentales de la parte recurrente, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer en las vías ordinarias correspondientes para la defensa de sus intereses.",
  "excerpt_en": "IV. On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the information reported under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences set forth in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is established that regarding the alleged violation of property rights, the file shows that the dispute revolves around the potential alteration of a right-of-way easement established in 2002, which, according to the plaintiff, has been used for purposes other than those originally agreed upon, specifically to enable a residential real estate development. However, it must be clarified that the determination of the legal nature of said easement, as well as the possible existence of abusive use or improper modification thereof, constitutes an ordinary legality matter that must be ventilated in the corresponding jurisdiction, as it exceeds the scope of this jurisdiction.\n\nRegarding the allegation of administrative inaction, this Chamber observes that, contrary to what the plaintiff maintains, the Municipal District Council of Cóbano has carried out a series of concrete, successive, and reasonable actions within the scope of its powers, duly accredited in the record.\n\nPursuant to the foregoing, this Chamber concludes that the existence of any action or omission by the respondent authorities that directly harms the fundamental rights of the plaintiff has not been proven, without prejudice to the actions that the plaintiff may pursue in the corresponding ordinary channels for the defense of their interests.",
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    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the amparo, finding no absolute inaction by the Municipal Council of Cóbano nor direct violation of fundamental rights, referring the merits to the contentious-administrative jurisdiction.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo al no acreditarse inactividad absoluta del Concejo Municipal de Cóbano ni lesión directa a derechos fundamentales, remitiendo el fondo del asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa."
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      "quote_es": "La dilucidación sobre la naturaleza jurídica de dicha servidumbre, así como la eventual existencia de un uso abusivo o modificación indebida de la misma, constituye una cuestión de legalidad ordinaria que debe ventilarse en la jurisdicción correspondiente."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-008482-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015397\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .\n\nRecurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 10 de marzo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que la empresa 3-101-831497 Sociedad Anónima es propietaria de la finca identificada con el plano P-126632-000, la cual soporta una servidumbre de paso constituida en el 2002 a favor del inmueble P-257719-000, propiedad de la empresa First Avalonia Limitada, cédula jurídica 3-102- 307679. Aclara que dicho derecho real fue pactado bajo condiciones específicas de acceso privado y no como una vía masiva. Indica que, hasta la fecha, no ha mediado acuerdo ni modificación alguna que altere su naturaleza, por lo que cualquier uso que exceda lo originalmente pactado constituye una carga ilegítima y una desnaturalización del derecho de propiedad. Señala que el 05 de junio de 2025 remitió a las direcciones electrónicas visados@municobano.go.cr y intendente@municobano.go.cr, formal denuncia ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Departamento de Catastro y la Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. En dicha gestión, se alertó de forma temprana sobre el desarrollo del proyecto inmobiliario denominado \"Comunidad\", el cual contempla 34 fraccionamientos residenciales que pretenden eludir los requisitos de acceso a calle pública mediante el uso abusivo de la citada servidumbre de paso privada, transformándola de facto en una supuesta servidumbre agrícola de más de mil metros de extensión. Mencionada que, en la denuncia presentada, se acreditó que el proyecto ya ejecutaba movimientos de tierra para terraceo, visibles mediante herramientas de geolocalización. Afirma que se advirtió a la autoridad municipal que estas intervenciones físicas se realizan sin contar con la obligatoria viabilidad ambiental, contraviniendo los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. Agrega que, ante la persistencia de las obras y el silencio administrativo, el 10 de junio de 2025, se formalizó una segunda denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, y nuevamente ante el Departamento de Catastro y la Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. Dicha gestión fue remitida a las direcciones electrónicas tribunalambiental@minae.go.cr, wbres@elawf.com, visados@municobano.go.cr, intendente@municobano.go.cr. En dicha gestión se cuestionó la legalidad de los visados de planos otorgados bajo una clasificación de servidumbre agrícola para fines netamente residenciales, lo cual excede los márgenes de discrecionalidad administrativa y vicia de nulidad los actos derivados al eludir la normativa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sobre accesos viales. Relata que, tras meses de parálisis, el Tribunal Ambiental Administrativo emitió la resolución 078-2026-TAA del 26 de enero de 2026. En dicho acto, el Tribunal reconoció la necesidad de investigar los hechos y ordenó a la Alcaldía de la Municipalidad realizar una inspección técnica inmediata para constatar los movimientos de tierra y la legalidad de los permisos, otorgando un plazo de diez días naturales. Sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso, han transcurrido nueve meses desde que se solicitó formalmente la intervención administrativa, la realización de inspecciones de campo y la verificación de la legalidad de los visados; sin embargo, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ha guardado silencio absoluto, omitiendo atender la gestión de forma efectiva, persiste una dilación para iniciar con las diligencias que la urgencia del caso amerita, y en consecuencia, se ha demorado en ejecutar las medidas afirmativas necesarias dentro del ámbito de sus competencias. Solicita expresamente el recurrente lo siguiente: “se declare con lugar el presente recurso de amparo, ordenando al CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO que proceda a atender de INMEDIATO la denuncia interpuesta en fecha del 10 de junio del 2025, en el sentido de realizar la inspección técnica inmediata al sitio para determinar la existencia de los movimientos de tierra y la legalidad de los permisos relacionados al proyecto inmobiliario denominado \"Comunidad\".”.\n\n2.- En resolución de las 17:20 horas del 18 de marzo de 2026, se da curso al proceso y solicita informe al intendente y al jefe del Departamento de Catastro, ambos del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, así como al secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre los hechos alegados por los recurrentes. Adicionalmente, informar si los correos electrónicos a los cuales la parte recurrente remitió la gestión o denuncia están previstos como mecanismos oficiales para la recepción de gestiones de los usuarios.\n\n3.- Informa bajo juramento Ronny José Montero Orozco, en su condición de intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, lo siguiente: \n\n“PRIMERA: Este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ha recibido las denuncias señaladas por el recurrente en relación con la situación de la servidumbre de paso y la eventual alteración de su naturaleza. No obstante, se hace constar que dicha situación no ha sido generada ni provocada por este Concejo Municipal.\n\nSEGUNDA: Se informa a esta Sala que la finca inscrita bajo la matrícula 6-257719-000 es el resultado de la reunión de las fincas con matrículas 6-105399-000 y 6-126399-000, para lo cual se utilizó el plano catastrado P-67574-2022. Dicho plano que era para reunir las propiedades antes mencionadas, no requiere visado por parte de este Concejo Municipal, sino que solo es aprobado por el Catastro Nacional. Es precisamente en ese plano donde se consigna la modificación de la naturaleza de la servidumbre de paso a servidumbre agrícola.\n\nTERCERA: Con posterioridad a los hechos anteriormente descritos, el topógrafo municipal procedió a visar treinta planos derivados de la finca 6-257719-000. En dichos planos se consignó una servidumbre de naturaleza agrícola y no de paso. Según lo manifestado por el propio topógrafo, al verificar el plano de la finca madre 6-257719-000, en el cual ya se consignaba una servidumbre agrícola, y al constatar que los treinta planos sometidos a visado reflejaban la misma naturaleza de servidumbre, procedió a otorgar el visado correspondiente. (Se aporta oficio número 022-2025 emitido por el topógrafo municipal)\n\nCabe señalar que la modificación de la naturaleza de la servidumbre de paso a agrícola, no fue provocada por este Concejo Municipal. Asimismo, al momento de otorgar el visado de los planos, este Concejo Municipal no tenía conocimiento de que dicha naturaleza hubiese sido alterada, ni de la existencia de conflictos entre los propietarios de los fundos sirviente y dominante en relación con la servidumbre.\n\nCUARTA: Este Concejo Municipal sí ha atendido las denuncias presentadas por el recurrente. En ese sentido, el topógrafo municipal, procedió a realizar una consulta ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) respecto a la situación de la servidumbre y su eventual alteración. Dicha consulta fue atendida mediante el oficio CDU-171-07-2025, en el cual se indicó lo siguiente:\n\n“…Conclusiones:\n\n• Ante lo supra expuesto, es criterio de este Departamento, que la servidumbre que da conexión a calle pública al terreno con plano N°P-67574-2022, corresponde a la figura regulada en el Código Civil, siendo que surge en planos desde el año 1992, con la intención de desenclavar una propiedad (N°P-88734-1992); esto pese a que su constitución se dio en el año 2002.\n\n• Por tanto, no puede dar a paso a la segregación de parcelas agrícolas, hasta tanto no se generen las condiciones jurídicas y registrales que lo permitan, como sería el caso de extinguir la servidumbre de paso y gestionar un fraccionamiento de parcelas agrícolas, con los ajustes pertinentes para cumplir la normativa vigente, el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones.\n\n• Se reitera que no tiene competencia el INVU en lo relacionado a las servidumbres constituidas al amparo del contenido del Código Civil. No obstante, se aclara que dichos accesos corresponden a un derecho real en cosa ajena, que no debe admitir el fraccionamiento de nuevos lotes que se sirvan del mismo. De persistir alguna interrogante sobre el particular, se recomienda consultar al respecto a la Dirección del Registro Inmobiliario, instancia con competencia en la materia…” (La cursiva no es del original)\n\nAsimismo, el caso fue remitido al Departamento Legal de este Concejo Municipal, el cual fue analizado mediante el oficio CMDCAL-021-2025, en el que se concluye lo siguiente:\n\n“…CONCLUSIONES:\n\nDebido a lo anteriormente relatado este departamento legal concluye en lo siguiente:\n\n1. Después del análisis efectuado, se determina que no existe justificación alguna que respalde el cambio de categoría de la servidumbre de paso a servidumbre agrícola en el plano catastrado número P-67574-2022. Ello por cuanto, en la escritura de constitución de la servidumbre, identificada bajo las citas 501-10871-01-0001-001 (documento que se adjunta), se establece expresamente que se trata de una servidumbre de paso, así como en los planos previos P-887341992 y P-751970-2001.\n\nAsimismo, esta situación se ve agravada debido a que el plano P-67574-2022, por su naturaleza, no requiere ser visado por este Concejo Municipal, ya que el visto bueno corresponde directamente al Catastro Nacional.\n\n2. Respecto del topógrafo municipal, este departamento legal consultó al referido funcionario con el objeto de determinar cuáles son los antecedentes específicos que deben verificarse previamente al otorgamiento de un visado. En respuesta, dicho funcionario señaló lo siguiente:\n\n(…)\n\nLo que se revisa son los antecedentes registrales y catastrales que es básicamente la información que el Registro Nacional suministra, también se califican los planos en base al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVI. \n\n(…)\n\n3. En cuanto a la servidumbre, se indica que, tras la revisión de los antecedentes antes citados, se determina que la misma ha sido, desde su constitución, una servidumbre de paso y no una servidumbre agrícola. Debe tomarse como referencia la escritura de constitución de la servidumbre identificada bajo las citas 501-10871-01-0001-001, así como los planos catastrados números P88734-1992 y P-751970-2001.\n\n4. En relación con los visados, es importante señalar lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece lo siguiente:\n\n“Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.” (La cursiva no es del original)\n\nEn relación con el anterior artículo véase el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública incisos 1) y 2):\n\n“…Artículo 158.-\n\n1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.\n\n2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico…” (La cursiva no es del original)\n\nVéase también el dictamen de la Procuraduría General de la República número PGR-C-058-2022, el cual dice:\n\n“…Uno de los elementos sustanciales del acto administrativo es el motivo (artículo 133), es decir, los antecedentes de hecho y de derecho que permiten a la administración el dictado del acto. Ello quiere decir que la ausencia de ese elemento conlleva la imposibilidad de ejercer la competencia en el caso particular, es decir, la imposibilidad de dictar el acto correspondiente…”\n\n“…De tal forma, el dictado de un acto administrativo que implique el reconocimiento de una vía pública\n\nque no tiene esa condición, podría carecer de motivo, y, en consecuencia, el acto podría tener un vicio de nulidad absoluta, dependiendo del caso concreto. Por ende, conforme con la Ley General de la Administración Pública, no puede presumirse legítimo (artículo 169); no puede arreglarse a derecho ni por saneamiento ni por convalidación (artículo 172); y la administración está obligada a anularlo de manera oficiosa (artículo 174.1), mediante el proceso de lesividad, cuando sea un acto declaratorio de derechos, o, mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, cuando, además de ser un acto declaratorio de derechos, la nulidad sea absoluta, evidente y manifiesta. (Véanse nuestros dictámenes nos. C-146-2020 de 21 de abril de 2020, C-196-2021 de 2 de julio de 2021 y PGR-C-231-2021 de 13 de agosto de 2021) …” (La cursiva no es del original).\n\nPor cuanto se desprende que todo acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico adolece de un vicio, siendo responsabilidad de la Administración llevar a cabo el procedimiento correspondiente para retrotraer sus efectos y restablecer la legalidad.\n\n5. Se recomienda gestionar ante el Registro Nacional la inmovilización registral de las 30 propiedades señaladas en el punto cuarto de este oficio, así como de la finca número 6-257719-000, hasta tanto se resuelva el presente asunto…” (La cursiva no es del original)\n\nAunado a lo anterior, se procedió a plantear una consulta ante la Procuraduría General de la República respecto al procedimiento para retrotraer o anular el visado de los planos, la cual fue atendida mediante el oficio PGR-C-033-2026. Asimismo, se presentó ante el Registro Nacional una gestión administrativa por inexactitud registral y se solicitó la inmovilización registral de las propiedades involucradas. A la fecha, dicha gestión se encuentra pendiente de resolución. Sobre este particular, se han remitido al Registro Nacional comunicaciones solicitando una pronta respuesta; sin embargo, no se ha recibido pronunciamiento alguno al respecto.\n\nEste Concejo Municipal ha procedido a atender las denuncias presentadas, y actualmente se encuentra en la etapa de investigación, recabando información y realizando las gestiones pertinentes para esclarecer los hechos. Una vez concluida esta etapa, se instaurarán los procedimientos administrativos y legales que correspondan, conforme a lo que establecen las normativas vigentes.\n\nAdicionalmente, este Concejo Municipal se encuentra a la espera de la resolución del Registro Nacional, dado que la modificación de la servidumbre fue generada en un plano que solo aprueba el Catastro Nacional. En este sentido, corresponde a dicho registro retrotraer o anular los planos, ya que fue allí donde no se verificó correctamente la naturaleza de la servidumbre de paso, generando la situación que hoy motiva el presente recurso y las denuncias interpuestas.\n\nQUINTA: Con relación a la resolución 078-2026-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo mencionada por el recurrente, se señala que la misma no ha sido recibida por este Concejo Municipal, por lo que se desconoce su contenido y las órdenes que pudiera contener. En consecuencia, no se ha procedido a realizar ninguna inspección a solicitud del Tribunal Ambiental, dado que no hemos sido debidamente notificados de dicha resolución. Este Concejo Municipal no ha guardado silencio ni ha omitido actuar; simplemente, carece del acto de notificación formal que habilite cualquier acción al respecto.\n\nSe hace constar que se ha procedido a buscar la referida resolución del Tribunal Ambiental Administrativo en los principales correos habilitados para la recepción de asuntos judiciales, sin que hasta la fecha haya sido posible obtener copia de la misma. Cabe indicar que, en el recurso de amparo presentado, no se consignó número de expediente alguno que permita a esta institución solicitar información específica al Tribunal sobre el caso.\n\nNo obstante, este Concejo Municipal procedió, en fecha 24 de marzo del presente año, a realizar una inspección en la finca número 6-270218-000, la cual corresponde a una de las 30 segregaciones provenientes de la finca número 6-257719-000. Para tal efecto, se levantó el oficio GCU-IC2-006-2026, suscrito por el inspector municipal Josué Avilés Zúñiga, en el cual se determina lo siguiente:\n\n“…Durante el recorrido se constató la existencia de una construcción en proceso, la cual, por sus características, aparenta corresponder a un rancho. La estructura presenta bases de madera y una placa de concreto; tiene forma hexagonal, con lados de 10,20m cada uno, lo que da un área aproximada de 270,3 m².\n\nSe procedió a consultar al Departamento de Construcciones del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, donde no se encontró registro de licencia de construcción aprobada para los trabajos observados. En razón de lo anterior, se confeccionó un acta de suspensión municipal por construcción sin permiso, la cual fue entregada y firmada por el señor Cienfuegos Dávila. Asimismo, se colocaron sellos de clausura municipal en la estructura y se tomaron fotografías como evidencia de lo observado durante la inspección.\n\nSe continuó con el recorrido, encontrándose pequeñas obras de mejora en algunos tramos de la servidumbre. No se detectaron otros trabajos en proceso. Sin embargo, se identificaron movimientos de tierra que, por su apariencia, parecen tener una antigüedad considerable, ya que en imágenes satelitales de Google Earth del año 2016 se observan las terrazas previamente construidas.\n\nCabe mencionar que el acta de suspensión municipal por construcciones fue confeccionada con el número de finca 6-257719-000, que corresponde a la finca madre, sin embargo, los trabajos constructivos se están realizando en la finca que se detalla el inicio de este informe, siendo la finca con número de folio real 6-270218-000…” (La cursiva no es del original)\n\nSEXTA: Los correos electrónicos visados@municobano.go.cr o intendente@municobano.go.cr se encuentran habilitados para recibir denuncias. Las denuncias deben dirigirse al departamento correspondiente según la materia del caso”.\n\n4.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo siguiente: \n\n“PRIMERO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y LA COMPETENCIA DE SETENA\n\nEn relación con el marco normativo que rige el presente caso, se deben precisar los siguientes puntos de relevancia jurídica:\n\nI. Naturaleza Jurídica de la Viabilidad Ambiental.\n\nLa Licencia o Viabilidad Ambiental debe entenderse, desde la técnica administrativa, como un acto administrativo de carácter previo y preparatorio. Su finalidad no es la autorización definitiva de ejecución, sino que constituye un presupuesto necesario y vinculante para la obtención de los permisos finales ante las autoridades sectoriales correspondientes. En consecuencia, su otorgamiento no agota la fase autorizatoria, sino que condiciona la búsqueda de concreción del proyecto al cumplimiento de estándares de tutela ambiental compatibles con el desarrollo.\n\nII. Delimitación de Competencias y Principio de Legalidad.\n\nEn virtud del Principio de Legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) está facultada para actuar únicamente dentro de la órbita de sus atribuciones expresas. Sus competencias se hallan estrictamente delimitadas por la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) y los reglamentos vigentes al momento de la evaluación.\n\nIII. Función Técnico-Científica de la Secretaría.\n\nBajo este régimen de legalidad, las prerrogativas de la SETENA se restringen a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Su función esencial radica en la aplicación de instrumentos técnicos fundamentados en criterios científicos para determinar la viabilidad de una propuesta. Todo el procedimiento evaluación requiere haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad, y como un requisito para los permisos finales, esto refleja su naturaleza intermedia o como un acto preparatorio. Por tanto, la institución carece de potestad legal para emitir permisos finales de construcción o funcionamiento, cuya competencia recae exclusivamente en otras instancias del Estado, limitándose SETENA a dictaminar sobre la viabilidad ambiental como presupuesto de aquellos.\n\nAsí las cosas, se realiza un estudio técnico jurídico detallado del proyecto, según el instrumento de Evaluación que corresponda a la obra o actividad antes de su ejecución u operación; de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental y su fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente, se reitera entonces el carácter ex ante de la Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 17 de la LOA que establece:\n\nArtículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos.\n\nLas leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.\n\nUna vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) y habiéndose verificado el inicio efectivo de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP), la SETENA ejerce sus facultades de fiscalización y control permanente. Esta fase de Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento riguroso de los compromisos ambientales y condiciones fijadas al desarrollador.\n\nAl respecto la Sala Constitucional ha indicado sobre las competencias de esta Secretaría en el Exp: 05-015450-0007-CO Res. Nº 2009002019:\n\n(…) La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este órgano, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo con el fin de evitar su afectación. De este modo, dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad. Asimismo, de acuerdo con el precepto 18 de la Ley No. 7554, el legislador le encomendó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental las evaluaciones a cargo de \"(…) un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría (…) de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado (…)\". Por su parte, el artículo 19 de la ley supra referida, estableció que \"las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas\", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos que es, a su vez, una garantía que integra el debido proceso. La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. Debe hacerse además, la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica, en sí misma, la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto, es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización que, en algunos casos, será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por la entidad competente, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Esto es así debido a que, tratándose del ambiente, no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza, el ambiente es, por sí mismo, y, con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que, a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente según lo establece la Convención de Río, el permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política y, a la vez, ejecutar la garantía ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por la actividad, obras o proyectos. (…) (El destacado no es del original)\n\nSEGUNDO: Alegatos del recurrente: Solicita la Sala Constitucional que la SETENA, se refiera a lo acusado por el accionante que en resumen corresponde a lo siguiente:\n\n(…) que la empresa 3-101-831497 Sociedad Anónima es propietaria de la finca identificada con el plano P-126632-000, la cual soporta una servidumbre de paso constituida en el año 2002 a favor del inmueble P-257719-000, propiedad de la empresa First Avalonia Limitada, cédula jurídica 3-102307679. Aclara que dicho derecho real fue pactado bajo condiciones específicas de acceso privado y no como una vía masiva. Hasta la fecha, no ha mediado acuerdo ni modificación alguna que altere su naturaleza, por lo que cualquier uso que exceda lo originalmente pactado constituye una carga ilegítima y una desnaturalización del derecho de propiedad. Señala que el 5 de junio de 2025 remitió a las direcciones electrónicas visados@municobano.go.cr, intendente@municobano.go.cr, wbrenes@elawf.com, formal denuncia ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Departamento de Catastro y la Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. En dicha gestión, se alertó de forma temprana sobre el desarrollo del proyecto inmobiliario denominado \"Comunidad\", el cual contempla 34 fraccionamientos residenciales que pretenden eludir los requisitos de acceso a calle pública mediante el uso abusivo de la citada servidumbre de paso privada, transformándola de facto en una supuesta servidumbre agrícola de más de mil metros de extensión. En la denuncia presentada, se acreditó que el proyecto ya ejecutaba movimientos de tierra para terraceo, visibles mediante herramientas de geolocalización. Se advirtió a la autoridad municipal que estas intervenciones físicas se realizan sin contar con la obligatoria viabilidad ambiental, contraviniendo los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. Agrega que, ante la persistencia de las obras y el silencio administrativo, el 10 de junio de 2025, se formalizó una segunda denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, y nuevamente ante el Departamento de Catastro y la Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. Dicha gestión fue remitida a las direcciones electrónicas tribunalambiental@minae.go.cr, wbres@elawf.com, visados@municobano.go.cr, intendente@municobano.go.cr. En dicha gestión se cuestionó la legalidad de los visados de planos otorgados bajo una clasificación de servidumbre agrícola para fines netamente residenciales, lo cual excede los márgenes de discrecionalidad administrativa y vicia de nulidad los actos derivados al eludir la normativa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sobre accesos viales. Tras meses de parálisis, el Tribunal Ambiental Administrativo emitió la resolución 078-2026-TAA del 26 de enero de 2026. En dicho acto, el Tribunal reconoció la necesidad de investigar los hechos y ordenó a la Alcaldía de la Municipalidad realizar una inspección técnica inmediata para constatar los movimientos de tierra y la legalidad de los permisos, otorgando un plazo de diez días naturales. Sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso, han transcurrido nueve meses desde que se solicitó formalmente la intervención administrativa, la realización de inspecciones de campo y la verificación de la legalidad de los visados; sin embargo, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ha guardado silencio absoluto, omitiendo atender la gestión de forma efectiva, persiste una dilación para iniciar con las diligencias que la urgencia del caso amerita, y en consecuencia, se ha demorado en ejecutar las medidas afirmativas necesarias dentro del ámbito de sus competencias. Además, las autoridades recurridas deberán informar si los correos electrónicos a los cuales la parte recurrente remitió la gestión o denuncia están previstos como mecanismos oficiales para la recepción de gestiones de los usuarios. (…)\n\nTERCERO. Sobre el fondo de los alegatos:\n\nDe la relación de hechos que fundamenta el presente proceso, y según se desprende de los informes técnicos CARTA-SETENA-DT-ASA-1141-2026 (suscrita por Walter Zavala Ortega, Jefe del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental) y CARTA-SETENA-DT-DEA-0705-2026 (suscrita por María Julliet Betancur Vélez, Jefa del Departamento de Evaluación Ambiental), así como del examen de las piezas que constan en el expediente constitucional, no se evidencia que el accionante haya interpuesto denuncia alguna ante esta instancia administrativa. Es preciso señalar que los correos electrónicos aportados como prueba en el proceso de amparo corresponden a gestiones ante otras instituciones, y en ningún caso a esta Secretaría.\n\nTras una exhaustiva revisión en el Gestor Documental, los registros del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), la Plataforma de Expediente Digital y la verificación con el funcionario de enlace SETENA-SITADA, se confirma la inexistencia de gestiones o denuncias vinculadas a los hechos del expediente N°26-008482-007-CO. Cabe recalcar que dichos canales, junto con la gestión directa en expedientes administrativos vigentes, constituyen los únicos medios oficiales para la recepción de documentos, toda vez que esta Secretaría no dispone de cuentas de correo electrónico habilitadas para el recibo de gestiones de los usuarios externos.\n\nComo parte de las diligencias realizadas, se procedió a la búsqueda de expedientes administrativos que guardaran relación con los hechos del recurso de amparo, logrando identificar el expediente D1-0536-2025, correspondiente al proyecto: “Condominio horizontal residencial, comercial, turístico, educativo de fincas filiales primarias individualizadas Ecovilla Cabo Blanco”. No obstante, tras una revisión exhaustiva del expediente digital del citado proyecto, se constata que no existe registro ni evidencia alguna de la denuncia señalada por el recurrente.\n\nEl proyecto actualmente está en proceso de evaluación ambiental, siendo que mediante el oficio CARTA-SETENA-DT-DEA-0302-2026, del 12 de febrero de 2026, notificado el día 12 de febrero de 2026, se le solicitó información adicional al desarrollador, y se le otorgó un plazo de 90 días hábiles para presentarla.\n\nEn relación a la referida servidumbre de paso, en el Formulario D1, se indica por parte del proponente del proyecto que la servidumbre será intervenida y mejorada (2,763 m2) y se integrará a una red vial interna más amplia, por lo que formaría parte funcional del acceso al proyecto.\n\nTomando en cuenta lo que se indica tanto en la denuncia como en el Formulario D1, se pretende que la servidumbre deje de operar como un acceso puntual o limitado, y pasaría a constituirse como parte de una infraestructura vital del desarrollo. Generando una condición de cambio de escala y función del acceso.\n\nEs imperativo señalar que el proyecto se encuentra en etapa de evaluación ambiental. Por lo tanto, atendiendo la situación descrita, se requerirá formalmente al desarrollador la presentación de la autorización expresa del propietario del terreno sobre el cual recae la servidumbre. En caso de no acreditarse dicho permiso, el proponente deberá replantear íntegramente los accesos al proyecto y las implicaciones técnicas derivadas, requerimiento que será debidamente notificado.\n\nActualmente, el proyecto carece de Viabilidad Ambiental y su expediente se mantiene suspendido a la espera de que el desarrollador subsane la información técnica solicitada. Esta Secretaría carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del cambio de uso de la servidumbre, limitándose a evaluar sus implicaciones ambientales. Es imperativo señalar que los permisos de ejecución de obra son responsabilidad del gobierno local, siendo la labor de SETENA de carácter preventivo y preparatorio.\n\nEn relación al posible inicio de obras, sin Viabilidad Ambiental, se procederá a la verificación correspondiente para resolver lo que en derecho corresponda.\n\nCONCLUSIONES\n\n1. Falta de Legitimación Pasiva por Ausencia de Gestión Previa: No existe prueba de que el accionante haya interpuesto denuncia alguna ante esta Secretaría. Los correos aportados pertenecen a otras instituciones, y tras una revisión exhaustiva de las bases de datos oficiales (SITADA y Expediente Digital), no se registra gestión alguna. No puede existir una omisión administrativa si el administrado nunca activó los mecanismos oficiales ante la autoridad competente.\n\n2. Inexistencia de Acto Administrativo Final: El proyecto \"Ecovilla Cabo Blanco\" se encuentra en etapa de evaluación, bajo un plazo de subsanación de información (90 días). Al no existir aún el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental (V.A.), no hay un derecho consolidado que lesione intereses de terceros, siendo el proceso actual meramente preparatorio.\n\n3. Condicionamiento Técnico-Legal: La SETENA ha determinado la necesidad que el desarrollador presente la autorización expresa del propietario del terreno donde se ubica la servidumbre. De no cumplirse este requisito, el proyecto deberá replantear sus accesos, lo que garantiza que la Administración está velando por la legalidad del proceso antes de emitir cualquier resolución.\n\n4. Incompetencia en Razón de la Materia: Se aclara que la determinación del cambio de naturaleza jurídica de una servidumbre (de agrícola a paso) es un asunto que excede las competencias ambientales de la SETENA y, en última instancia, la autorización de obras definitivas recae sobre el Gobierno Local, siendo la V.A. un acto preventivo y no vinculante para los permisos de construcción finales.\n\n(…)\n\nPetitoria\n\nConforme a las razones señaladas supra, se solicita declarar sin lugar el presente recurso de amparo contra la SETENA”.\n\n5.- Mediante constancia suscrita por la técnica judicial a cargo de tramitar el expediente y la secretaria de la Sala Constitucional, señalan que: “revisado, a las once horas diecisiete minutos del seis de abril de dos mil veintiséis, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del veintitrés de marzo al cinco de abril de dos mil veintiséis, el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las diecisiete horas veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiséis”. \n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la empresa 3-101-831497 Sociedad Anónima, en su condición de propietaria de la finca identificada con plano P-126632-000, se ve afectada por el uso indebido y la desnaturalización de una servidumbre de paso constituida en el año 2002 a favor del inmueble P-257719-000, propiedad de First Avalonia Limitada, la cual fue pactada bajo condiciones de acceso privado y no para un uso masivo o residencial. Señala que, mediante denuncia presentada el 05 de junio de 2025 ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Departamento de Catastro y la Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, remitida a las direcciones electrónicas visados@municobano.go.cr e intendente@municobano.go.cr, advirtió sobre el desarrollo del proyecto inmobiliario denominado “Comunidad”, el cual contempla 34 fraccionamientos residenciales que pretenden utilizar indebidamente la referida servidumbre, así como la ejecución de movimientos de tierra sin contar con viabilidad ambiental. Asimismo, indica que el 10 de junio de 2025 presentó una segunda denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, el Departamento de Catastro y la Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, remitida a tribunalambiental@minae.go.cr, visados@municobano.go.cr e intendente@municobano.go.cr, en la que cuestionó la legalidad de los visados de planos otorgados bajo una clasificación de servidumbre agrícola para fines residenciales. Sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso, han transcurrido nueve meses desde que se solicitó formalmente la intervención administrativa, la realización de inspecciones de campo y la verificación de la legalidad de los visados; sin embargo, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ha guardado silencio absoluto, omitiendo atender la gestión de forma efectiva, persiste una dilación para iniciar con las diligencias que la urgencia del caso amerita, y en consecuencia, se ha demorado en ejecutar las medidas afirmativas necesarias dentro del ámbito de sus competencias. Solicita expresamente el recurrente lo siguiente: “se declare con lugar el presente recurso de amparo, ordenando al CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO que proceda a atender de INMEDIATO la denuncia interpuesta en fecha del 10 de junio del 2025, en el sentido de realizar la inspección técnica inmediata al sitio para determinar la existencia de los movimientos de tierra y la legalidad de los permisos relacionados al proyecto inmobiliario denominado \"Comunidad\".”. \n\nII.- Cuestión preliminar. Antes de entrar a analizar por el fondo el presente recurso de amparo, conviene precisar que esta Sala únicamente se referirá a los extremos en los que la parte recurrente afirma expresamente la existencia de actuaciones u omisiones por parte de las autoridades recurridas. Ello en aplicación del principio dispositivo que rige el proceso constitucional, el cual impide a esta Sala pronunciarse de oficio sobre extremos que no hayan sido alegados como lesivos o respecto de autoridades no accionadas. En efecto, el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que el procedimiento se rige por el principio dispositivo, lo cual ha sido reiterado por esta Sala en múltiples pronunciamientos, tales como las sentencias No. 2004-10021 de las 08:47 horas del 10 de setiembre de 2004, No. 017810-2006 de las 15:32 horas del 12 de diciembre de 2006, No. 2007-001147 de las 14:31 horas del 31 de enero de 2007, No. 2007-001610 de las 09:22 horas del 9 de febrero de 2007, No. 2007-001701 de las 14:34 horas del 13 de febrero de 2007, No. 2007-003233 de las 11:35 horas del 9 de marzo de 2007, No. 2007-003266 de las 12:08 horas del 9 de marzo de 2007, No. 2013005543 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2012, No. 2021018726 de las 09:15 horas del 20 de agosto de 2021, No. 2021023558 de las 09:30 horas del 19 de octubre de 2021, No. 2022003709 de las 09:30 horas del 11 de febrero de 2022 y No. 2022020815 de las 09:30 horas del 6 de setiembre de 2022.\n\nPor esta razón, en atención al principio dispositivo, el Tribunal estudiará el caso conforme a la pretensión de interés consignada en el líbelo de interposición, la cual se circunscribe, en lo conducente, a la denuncia de una supuesta inactividad y dilación indebida por parte del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. En consecuencia, esta Sala limitará su análisis estrictamente a la pretensión planteada, excluyendo cualquier valoración respecto del Tribunal Ambiental Administrativo, por no haber sido formalmente accionado en este proceso ni haberse formulado alegato alguno en su contra por parte del recurrente.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na) El 05 de junio de 2025, desde la cuenta de correo electrónico [...] se envió a las direcciones electrónicas visados@municobano.go.cr e intendente@municobano.go.cr, una gestión en los siguientes términos: \n\n“Buenas tardes, espero se encuentren bien.\n\nCon instrucciones del señor [Nombre 001], a quien copio en este correo, adjunto para su conocimiento la presente denuncia, la cual fue interpuesta ante la SETENA el día de hoy.\n\nAgradezco se dé acuse de recibo.\n\nSaludos cordiales”.\n\nEn el documento adjunto enviado por el recurrente se consignó lo siguiente: \n\n“Cóbano, 10 de junio del 2025.\n\nSeñores \n\nTribunal Ambiental Administrativo \n\nDepartamento de Catastro \n\nConcejo Municipal de Distrito de Cóbano \n\nIntendencia \n\nConcejo Municipal de Distrito de Cóbano\n\nDENUNCIA AMBIENTAL CONTRA PROYECTO “COMUNIDAD” EN CABUYA\n\nQuien suscribe [Nombre 001], mayor de edad, soltero, abogado, cédula identidad número 2-0645-0800, vecino de Malpaís, Cóbano, con fundamento en los artículos 370 y concordantes del Código Civil, en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, artículo 111 Ley Orgánica del Ambiente y 50 constitucional, se interpone denuncia contra las acciones que se llevan a cabo en la finca de folio real P-257719- 000, propiedad de la empresa First Avalonia Limitada, cédula jurídica 3-102307679, específicamente ubicado en las coordenadas 9.624144, -85.100986, en Cabuya, Cóbano.\n\nLa propiedad denunciada y arriba mencionada posee su acceso a través de una servidumbre de paso, cuyo fundo sirviente es la propiedad con plano número P-126632-000, propiedad de la empresa 3-101-831497 Sociedad Anónima. En ese sentido, es posible identificar que la servidumbre de paso fue constituida mediante aa (sic) escritura pública otorgada a las 19 horas del 7 de febrero del 2002, en Malpaís, Cóbano, Puntarenas, entre las fincas 015457-000 (la cual fue cerrada y se reunió formando la finca P-126632, actual fundo sirviente), y la 105399-000 (la cual, de igual manera, fue cerrada y se reunió formando la finca P-257719, el actual fundo dominante).\n\nDe forma expresa dicha servidumbre fue constituida como servidumbre de paso, y hasta la fecha, no ha habido acuerdo o modificación alguna que haya alterado dicha condición. No obstante, lo anterior, sin autorización del fundo sirviente, los propietarios del fundo dominante inician con el planeamiento y la construcción de un proyecto inmobiliario que, según información abierta al público y divulgada, contempla la existencia de 34 fraccionamientos, cuyo acceso supuestamente será mediante una servidumbre de naturaleza agrícola de más de mil metros de extensión (véase anexo plano y web: https://sites.google.com/view/comunidad-world/real-estate?authuser=0).\n\nEsa información contradice lo que consta en el Registro Inmobiliario y, además, altera la naturaleza de la servidumbre originalmente impuesta en la propiedad sirviente, la cual fue aceptada bajo condiciones específicas. Una modificación de este tipo implica, la imposición de una nueva carga sobre el fundo sirviente sin el consentimiento ni su constitución registral y catastral, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en artículo 376 Código Civil, el cual establece lo siguiente, sea: “Los predios todos se presumen libres hasta que se pruebe la constitución de la servidumbre”.\n\nComo es ampliamente reconocido, la diferencia entre los tipos de servidumbres ha sido desarrollada, tanto en la vía agraria, como en la jurisprudencia de la Sala Primera, mediante la resolución Nº 00080-1995 de las catorce horas treinta minutos del diecinueve de julio de 1995:\n\n“III. La servidumbre fundiaria agraria participa de las características y del ciclo de vida de la servidumbre civil. La diferencia fundamental radica en la naturaleza del bien sobre el cual recae: el fundo agrario. Es decir, recae sobre un bien de naturaleza productiva. Por ello la servidumbre fundiaria agraria, al constituirse, pasa a formar parte del fundo-organización. Tal es el caso de las servidumbres de paso y de acueducto. Además existen las servidumbres agrarias, propiamente dichas, vinculadas con la finalidad de producción agraria. Básicamente cumplen un destino económico a favor del fundo dominante. Estas no están necesariamente ligadas a la titularidad de la propiedad. Fundamentalmente lo están a las exigencias de producción y vida de la organización económica y social de la empresa. El destino específico es la producción agrícola. Se adquieren con el fin de aumentar la productividad y por eso se le califica como ius fundi. Los iura fundi o servidumbres agrarias son constituídas como derechos sobre el fundo por la necesidad de cultivarlo. Las nuevas exigencias de la técnica agrícola requieren el ingreso sobre el fundo de tractores y estructuras voluminosas. En el Derecho romano se buscaba el reconocimiento de la autonomía de la servidumbre rústica. Hoy la tipicidad legal y social de la servidumbre agraria puede encontrarse en función del fundo agrario y de la actividad productiva agrícola. Todos esos principios deben inspirar hoy día la teoría de las servidumbres agrarias como instituto típico del Derecho Agrario. Con fundamento en ellos se podrán encontrar soluciones justas y adecuadas con el fin de tutelar la producción”. (El resaltado es propio).\n\nEse fraccionamiento, a nivel de la actividad constructiva, a la fecha ha efectuado movimientos de tierra para terraceo, como consta en imágenes de Google Earth, aportadas. Al respecto, el Tribunal Agrario en resolución Nº 00300-2016 de las nueve horas 59 minutos del 1 de abril del 2016, se refirió expresamente acerca la naturaleza de las servidumbres y la interpretación de sus alcances:\n\n“La jurisprudencia de este Tribunal ha venido reiterando que ante todo, priva la presunción de que todo fundo se presume libre y que deben interpretarse restrictivamente: (...) Conforme a nuestra jurisprudencia “..las servidumbres deben interpretarse restrictivamente, atendiendo a que en la disciplina del Código Civil constituyen un estado anormal o patológico de la propiedad inmueble, que debe causar las menores molestias posibles al propietario del fundo sirviente” (Sala Primera, No. 57-88 de las 14:35 horas de 21 de setiembre 1988)”.\n\nConsiderando las circunstancias del proyecto, así como los requisitos establecidos por la normativa nacional para destinar fraccionamientos con fines urbanísticos (artículo 19 y concordantes del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), es evidente que la propiedad carece de un acceso directo a calle pública y, para suplir esa deficiencia, los desarrolladores utilizan una servidumbre de paso preexistente como medio de acceso, lo cual constituye un abuso irregular del requisito de acceso vial exigido.\n\nEs improcedente que mediante una servidumbre de paso de tales características, la cual ni siquiera fue constituida ni diseñada para soportar la carga generada por un proyecto de esta envergadura, y se transforma en una afectación abusiva e injustificada para el fundo sirviente. En cumplimiento de ese Reglamento, en concordancia con la normativa en materia de construcciones, el proyecto debería ajustarse a los requisitos mínimos exigidos para establecer un número determinado de fraccionamientos con fines residenciales de una manera adecuada.\n\nNo es viable que la denunciada pueda ampararse únicamente en la figura de la servidumbre de paso vigente a nivel catastral y registral, ni mucho menos la posibilidad de introducir en forma improcedente la existencia de una supuesta servidumbre agrícola, alterando sustancialmente la naturaleza jurídica del derecho real originalmente constituido. Es necesario recordar, que ante la vía abusiva en la que se está configurando este tema, el Código Civil en su artículo 22 señala que:\n\n“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”\n\nEn ese sentido, corresponde advertir que la competencia de la Municipalidad en el otorgamiento de visados se encuentra supeditada al cumplimiento estricto del principio de legalidad y por ende, si la servidumbre inscrita es una servidumbre de paso, no puede ser interpretada discrecionalmente como una servidumbre agrícola, especialmente cuando esa reinterpretación excede evidentemente los márgenes discrecionalidad administrativa, y vicia de nulidad cualquier visado que se haya emitido con base en esa clasificación improcedente. Cualquier actuación municipal en ese sentido supone una extralimitación de competencias, con consecuencias jurídicas directas sobre la validez del fraccionamiento y cualquier autorización derivada.\n\nEn cuanto a la competencia del Tribunal Ambiental Administrativo, es imperativo destacar el hecho de que, dadas las características del proyecto, el fraccionamiento del terreno, el cambio en la naturaleza del uso del suelo y los visibles movimientos de tierra que se están ejecutando, debe legalmente ejercer su función de control, especialmente considerando que las actividades que se desarrollan en la propiedad no cuentan con viabilidad ambiental otorgada por SETENA.\n\nLo cual, en conjunto con que la documentación que se está generando (como los visados de planos y la que de estos se derive) presenta inconsistencias técnicas de base, podrían alterar las características formales del proyecto. No está de más señalar que esta situación puede afectar directamente la posibilidad de una fiscalización efectiva por parte de las instituciones, ya que la documentación oficial no refleja con fidelidad la realidad fáctica del inmueble y del proyecto que realmente se está ejecutando.\n\nLa Ley Orgánica del Ambiente, en artículo 111 dispone que corresponde al Tribunal Ambiental Administrativo deberá conocer y resolver, en sede administrativa, de oficio o a instancia de parte las denuncias establecidas referentes a comportamientos activos y omisos contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales que puedan generar daño ambiental. Por ende, es necesario que Tribunal ejerza sus competencias de fiscalización, haciendo inspección sobre las obras que se está llevando a cabo en el lugar y la verdadera dimensión, naturaleza y finalidad del proyecto, como se ha indicado.\n\nEn este caso, ante las circunstancias descritas, particularmente en lo relativo al visado de planos otorgado bajo una errónea e ilegal “servidumbre agrícola”, cuya inexistencia ha sido demostrada. Cualquier omisión, sea por falta de evaluación, por una evaluación basada en datos incompletos o una categorización inadecuada, compromete la legalidad del proyecto y activa la responsabilidad institucional con respecto a la normativa de ordenamiento territorial, ambiental y de construcciones, tal como se solicita a las instituciones copiadas que se proceda de inmediato.\n\nSolicito se remitan las notificaciones de esta gestión al correo wbrenes@elawf.com”\n\n(véase prueba documental aportada por la parte recurrente). \n\nb) El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano procedió a dar trámite a la denuncia e inició un proceso de análisis y verificación administrativa de los hechos denunciados (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nc) Mediante oficio No. CDU-171-07-2025, del 01 de julio de 2025, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo evacuó una consulta formulada por el Concejo Municipal, concluyendo que la servidumbre corresponde a una servidumbre de paso y que no habilita el fraccionamiento de parcelas agrícolas bajo las condiciones descritas (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nd) Mediante oficio No. 022-2025 de fecha 12 de setiembre de 2025, suscrito por el topógrafo municipal del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, señor Kevin Abarca Santamaría, se puso en conocimiento de la Intendencia Municipal la revisión del visado de treinta (30) planos previamente aprobados, concluyéndose, tras un análisis técnico posterior, que dichos visados resultaban contrarios al ordenamiento jurídico, por haberse fundamentado en la consideración errónea de una servidumbre de paso como si se tratase de una servidumbre agrícola. Asimismo, se indicó que tal situación derivó de la información consignada en el plano catastrado P-67574-2022, el cual fue utilizado como plano base, y que, ante la duda sobre la legalidad del acto, se elevó consulta al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, cuyo criterio confirmó la improcedencia del visado, recomendándose someter el caso a análisis jurídico para determinar las acciones correspondientes (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\ne) Mediante oficio CMDCAL 021-2025, del 07 de noviembre de 2025, el Departamento Legal del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano concluyó que no existe justificación jurídica para el cambio de naturaleza de la servidumbre de paso a servidumbre agrícola, advirtiendo la posible nulidad de los actos administrativos derivados y recomendando la inmovilización registral de las fincas involucradas. En los siguientes términos: \n\n“Señor:\n\nLic. Ronny Montero Orozco \n\nIntendente Municipal\n\nASUNTO: Respuesta al Oficio N° 022-2025 del Topógrafo Municipal Kevin Abarca Santamaría de fecha 12 de setiembre del 2025\n\nPrimero: Que la finca inscrita bajo la matrícula número 6-257719-000 es el resultado de la reunión de las fincas con matrículas números 6-105399-000 y 6-126399-000, para lo cual se utilizó el plano catastrado número P-67574-2022.\n\nDicho plano (P-67574-2022) es para reunir y rectificar medida, trámite que no requiere el visado por parte de la Municipalidad, o en este caso, de este Concejo Municipal. Lo anterior según el artículo 102 inciso a) de Reglamento general del Registro Inmobiliario, que dice:\n\n“…Artículo 102.- Indicaciones generales para los visados en fraccionamientos y urbanizaciones. En el Departamento Catastral Registral sólo se inscribirán los planos que se ajusten a las disposiciones legales expresamente admitidas por la respectiva municipalidad y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante el visado correspondiente, de conformidad con las siguientes indicaciones generales:\n\na) No se solicitarán los visados cuando los planos a inscribir correspondan a fincas completas, rectificaciones de áreas o derechos de posesión…” (La cursiva y la negrita no son del original)\n\nSegundo: En el plano catastrado número P-67574-2022 se contempla una servidumbre agrícola, la cual, según consta en dicho plano, tiene un ancho de 8 metros y una longitud de 1006,70 metros.\n\n(…)\n\nEsta situación difiere de lo indicado en los planos de las fincas 6-105399-000 y 6-126399-000, en los cuales se consigna una servidumbre de paso, y no una servidumbre agrícola. A continuación, se presentan los planos que sustentan esta diferencia:\n\nEn el plano catastrado número P-88734-1992, perteneciente a la finca con matrícula 6105399-000, se consigna una servidumbre de paso, cuya extensión es de 8 metros de ancho y 1047,17 metros de largo.\n\nEl plano catastrado número P-751970-2001, perteneciente a la finca con matrícula 6126399-000, registra primero una servidumbre de paso y, a continuación, una servidumbre agrícola. Cabe señalar que la servidumbre de paso indicada en este plano tiene un ancho de 8 metros y una longitud de 1006,70 metros, correspondiendo dicha extensión desde el frente de la calle pública hasta el frente de la propiedad.\n\nLa servidumbre agrícola que se señala posteriormente en el mismo plano (P-7519702001) carece de lógica, ya que no es posible que una servidumbre de paso se transforme en una servidumbre agrícola dentro de un mismo plano.\n\nTercero: De la consulta efectuada en el Registro Nacional se verifica que la finca número 6-105399000 tiene inscritas dos servidumbres de paso a su favor. La que resulta pertinente para el presente análisis es la identificada con las citas 501-10871-01-0001-001, la cual fue constituida con un ancho de 8 metros y un largo de 1006,70 metros.\n\nDicha servidumbre presenta medidas que coinciden con las establecidas en el plano catastrado P751970-2001; sin embargo, no es posible confirmar de manera categórica que dicho plano sea el que sirvió de base para su constitución, ya que la escritura de constitución de la servidumbre (citas 501-10871-01-0001-001) no menciona expresamente el plano correspondiente. No obstante, por la correspondencia de las dimensiones, podría presumirse razonablemente que la servidumbre fue establecida con fundamento en el plano P-751970-2001.\n\n(…)\n\nCuarto: Que el Topógrafo Municipal de este Concejo procedió a visar treinta (30) planos correspondientes a la finca inscrita en el Partido de Puntarenas bajo la matrícula número 6-257719000, los cuales se detallan a continuación:\n\n(…)\n\nCabe indicar que los planos visados ya generando fincas, véase las imágenes anteriores.\n\nQuinto: El señor [Nombre 001] interpuso una denuncia dirigida tanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) como al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. No obstante, no se cuenta con registro de la fecha exacta en que dicho documento fue recibido por este Concejo; sin embargo, la denuncia se encuentra fechada el 05 de junio del año 2025.\n\nLa denuncia en cuestión expone en su contenido lo siguiente, de lo cual se transcriben algunos extractos relevantes:\n\n“…La propiedad denunciada y arriba mencionada posee su acceso a través de una servidumbre de paso, cuyo fundo sirviente es la propiedad con plano número P-126632000, propiedad de la empresa 3-101-831497 Sociedad Anónima. En ese sentido, es posible identificar que la servidumbre de paso fue constituida mediante aa escritura pública otorgada a las 19 horas del 7 de febrero del 2002, en Malpaís, Cóbano, Puntarenas, entre las fincas 015457-000 (la cual fue cerrada y se reunió formando la finca P-126632, actual fundo sirviente), y la 105399-000 (la cual, de igual manera, fue cerrada y se reunió formando la finca P-257719, el actual fundo dominante)…”\n\n“…De forma expresa dicha servidumbre fue constituida como servidumbre de paso, y hasta la fecha, no ha habido acuerdo o modificación alguna que haya alterado dicha condición. No obstante, lo anterior, sin autorización del fundo sirviente, los propietarios del fundo dominante inician con el planeamiento y la construcción de un proyecto inmobiliario que, según información abierta al público y divulgada, contempla la existencia de 34 fraccionamientos, cuyo acceso supuestamente será mediante una servidumbre de naturaleza agrícola de más de mil metros de extensión (véase anexo plano y web: https://sites.google.com/view/comunidad-world/real-estate?authuser=0)...”\n\n“…No es viable que la denunciada pueda ampararse únicamente en la figura de la servidumbre de paso vigente a nivel catastral y registral, ni mucho menos la posibilidad de introducir en forma improcedente la existencia de una supuesta servidumbre agrícola, alterando sustancialmente la naturaleza jurídica del derecho real originalmente constituido...”\n\n“…En ese sentido, corresponde advertir que la competencia de la Municipalidad en el otorgamiento de visados se encuentra supeditada al cumplimiento estricto del principio de legalidad y por ende, si la servidumbre inscrita es una servidumbre de paso, no puede ser interpretada discrecionalmente como una servidumbre agrícola, especialmente cuando esa reinterpretación excede evidentemente los márgenes discrecionalidad administrativa, y vicia de nulidad cualquier visado que se haya emitido con base en esa clasificación improcedente. Cualquier actuación municipal en ese sentido supone una extralimitación de competencias, con consecuencias jurídicas directas sobre la validez del fraccionamiento y cualquier autorización derivada…” (La cursiva y la negrita no son del original)\n\nSexto: A raíz de la denuncia anteriormente indicada, el topógrafo municipal de este Concejo procedió a consultar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) respecto a la servidumbre de paso, la cual, según el plano catastrado número P-67574-2022, pasa a clasificarse como servidumbre agrícola.\n\nEn virtud de dicho plano (P-67574-2022), el topógrafo municipal otorgó el visado a los 30 planos anteriormente mencionados. Sobre este particular, puede verse el oficio N.º 022-2025, suscrito por el topógrafo municipal Kevin Abarca Santamaría, del cual se transcribe a continuación el siguiente extracto:\n\n“…La decisión que originó el presente acto administrativo se fundamentó en la consideración de una servidumbre de paso como si se tratase de una servidumbre agrícola, con base en un plano de catastro aprobado por el Registro Nacional, en el cual se unificaban dos propiedades existentes y se modificaba el tipo de acceso a través de dicha servidumbre, este plano fue inscrito sin necesidad de visado municipal. Al momento de presentarse ante este Departamento la solicitud de visado para 30 parcelas agrícolas, se aportó dicho plano como plano padre, el cual indicaba como acceso una servidumbre agrícola, por lo que de buena fe y con base en lo aportado— se procedió al otorgamiento del visado correspondiente…” (La cursiva no es del original)\n\nPor su parte, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), mediante oficio número CDU171-07-2025 de fecha 01 de julio del año 2025, emitió respuesta a la consulta planteada, de la cual se transcriben a continuación algunos extractos relevantes:\n\n“…3. Servidumbre en predio con plano N°P-67574-2022…”\n\n“…3.1. Tal como se expresa en su nota, el plano catastrado N°P-67574-2022 (444 769 m²) identifica en la imagen como “servidumbre agrícola” a la vía privada que le da conexión con calle pública, con 8.00 m de ancho y 1 006.70 m de longitud. Para reconocer si efectivamente se trata de un acceso de esa naturaleza, o si, por el contrario, se trata de una servidumbre de paso constituida al amparo de lo regulado en el Código Civil², corresponde verificar los antecedentes que dieron paso al inmueble en cuestión…”\n\n“…3.3. En esa línea, se identifica la finca madre N°6-105399, asociada al plano catastrado N°P-88734-1992, cuya conexión a calle pública es por una servidumbre de paso de 8.00 m de ancho y 1 047.17 m de longitud (en plano). Es decir, esta propiedad surge desde el año 1992 sin enfrentar a calle pública, por lo que en este caso la servidumbre se plantea con la intención de desenclavar la propiedad, y es lo que permite que sea catastrada; se trata entonces de la figura consignada en el Código Civil, desarrollada en el numeral primero de esta nota…”\n\n“…3.4. Ahora bien, ese acceso privado se constituye registralmente en el año 2002, según se corrobra al realizar la consulta en el Registro Nacional; en efecto, la finca N°6-105399 posee dos afectaciones por servidumbre de paso, como se muestra en la siguiente información, a favor de distintas fincas…”\n\n“…3.5. En este punto conviene tener claridad sobre la figura que da paso al predio con plano N°P-88734-1992, tratándose de la servidumbre de paso regulada en Código Civil. Si bien se constituye registralmente hasta el año 2002, esto no desvirtúa su naturaleza original, asociada a la regulación que le permitió generarse…”\n\n“…3.6. Por otra parte, en el plano N°P-751970-2001 (modifica al del 1992), la figura continúa preservando su denominación de “servidumbre de paso”, siendo esta la que da salida a la propiedad hacia calle pública. Particularmente en la gráfica de este plano se visualiza además una “servidumbre agrícola” de 7 m de ancho, no obstante, se presume una posible irregularidad al no tener conexión directa a calle pública, sino servirse de una servidumbre de paso (del Código Civil), que permitió desenclavar una propiedad; como se indicó en los numerales anteriores, esta figura no tiene habilitada la posibilidad de generar un proceso de fraccionamiento, aunque se trate de uno con fines agrícolas. Esta propiedad mantiene las dos afectaciones por servidumbre de paso que se mencionaron en punto 3.4…”\n\n“...3.7. Ahora bien, en el plano catastrado N°P-67574-2022 (que modifica los planos N°P88734-1992 y N°P-751970-2001), se acrecienta la irregularidad mencionada en el punto anterior, al cambiarse en la gráfica la naturaleza de la servidumbre de paso que conecta con calle pública, a servidumbre agrícola; pese a tratarse de la misma vía privada que se refleja en los planos de los años 1992 y 2001 (ancho de 8.00 m y longitud similar). La propiedad mantiene las dos afectaciones por servidumbre de paso que se mencionaron en los puntos 3.4 y 3.6…” (La cursiva y la negrita no son del original)\n\nFinalmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) concluye lo siguiente:\n\n“...Conclusiones:\n\n• Ante lo supra expuesto, es criterio de este Departamento, que la servidumbre que da conexión a calle pública al terreno con plano N°P-67574-2022, corresponde a la figura regulada en el Código Civil, siendo que surge en planos desde el año 1992, con la intención de desenclavar una propiedad (N°P-88734-1992); esto pese a que su constitución se dio en el año 2002.\n\n• Por tanto, no puede dar a paso a la segregación de parcelas agrícolas, hasta tanto no se generen las condiciones jurídicas y registrales que lo permitan, como sería el caso de extinguir la servidumbre de paso y gestionar un fraccionamiento de parcelas agrícolas, con los ajustes pertinentes para cumplir la normativa vigente, el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones.\n\n• Se reitera que no tiene competencia el INVU en lo relacionado a las servidumbres constituidas al amparo del contenido del Código Civil. No obstante, se aclara que dichos accesos corresponden a un derecho real en cosa ajena, que no debe admitir el fraccionamiento de nuevos lotes que se sirvan del mismo. De persistir alguna interrogante sobre el particular, se recomienda consultar al respecto a la Dirección del Registro Inmobiliario, instancia con competencia en la materia…”\n\nCONCLUSIONES:\n\nDebido a lo anteriormente relatado este departamento legal concluye en lo siguiente:\n\n1. Después del análisis efectuado, se determina que no existe justificación alguna que respalde el cambio de categoría de la servidumbre de paso a servidumbre agrícola en el plano catastrado número P-67574-2022. Ello por cuanto, en la escritura de constitución de la servidumbre, identificada bajo las citas 501-10871-01-0001-001 (documento que se adjunta), se establece expresamente que se trata de una servidumbre de paso, así como en los planos previos P-88734-1992 y P-751970-2001.\n\nAsimismo, esta situación se ve agravada debido a que el plano P-67574-2022, por su naturaleza, no requiere ser visado por este Concejo Municipal, ya que el visto bueno corresponde directamente al Catastro Nacional.\n\n2. Respecto del topógrafo municipal, este departamento legal consultó al referido funcionario con el objeto de determinar cuáles son los antecedentes específicos que deben verificarse previamente al otorgamiento de un visado. En respuesta, dicho funcionario señaló lo siguiente:\n\n(…)\n\n3. En cuanto a la servidumbre, se indica que, tras la revisión de los antecedentes antes citados, se determina que la misma ha sido, desde su constitución, una servidumbre de paso y no una servidumbre agrícola. Debe tomarse como referencia la escritura de constitución de la servidumbre identificada bajo las citas 501-10871-01-0001-001, así como los planos catastrados números P-88734-1992 y P-751970-2001.\n\n4. En relación con los visados, es importante señalar lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece lo siguiente:\n\n“Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.” (La cursiva no es del original)\n\nEn relación con el anterior artículo véase el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública incisos 1) y 2):\n\n“…Artículo 158.-\n\n1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.\n\n2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico…” (La cursiva no es del original)\n\nVéase también el dictamen de la Procuraduría General de la República número PGR-C-058-2022, el cual dice:\n\n“…Uno de los elementos sustanciales del acto administrativo es el motivo (artículo 133), es decir, los antecedentes de hecho y de derecho que permiten a la administración el dictado del acto. Ello quiere decir que la ausencia de ese elemento conlleva la imposibilidad de ejercer la competencia en el caso particular, es decir, la imposibilidad de dictar el acto correspondiente…”\n\n“…De tal forma, el dictado de un acto administrativo que implique el reconocimiento de una vía pública que no tiene esa condición, podría carecer de motivo, y, en consecuencia, el acto podría tener un vicio de nulidad absoluta, dependiendo del caso concreto. Por ende, conforme con la Ley General de la Administración Pública, no puede presumirse legítimo (artículo 169); no puede arreglarse a derecho ni por saneamiento ni por convalidación (artículo 172); y la administración está obligada a anularlo de manera oficiosa (artículo 174.1), mediante el proceso de lesividad, cuando sea un acto declaratorio de derechos, o, mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, cuando, además de ser un acto declaratorio de derechos, la nulidad sea absoluta, evidente y manifiesta. (Véanse nuestros dictámenes nos. C-146-2020 de 21 de abril de 2020, C-196-2021 de 2 de julio de 2021 y PGR-C-231-2021 de 13 de agosto de 2021) …” (La cursiva no es del original).\n\nPor cuanto se desprende que todo acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico adolece de un vicio, siendo responsabilidad de la Administración llevar a cabo el procedimiento correspondiente para retrotraer sus efectos y restablecer la legalidad.\n\n5. Se recomienda gestionar ante el Registro Nacional la inmovilización registral de las 30 propiedades señaladas en el punto cuarto de este oficio, así como de la finca número 6257719-000, hasta tanto se resuelva el presente asunto”\n\n(véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nf) Por oficio No. INT-570-2025 de fecha 11 de noviembre de 2025, suscrito por el intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, se formuló consulta ante la Procuraduría General de la República respecto de la eventual obligación de retrotraer o anular los visados de planos derivados del plano P-67574-2022, así como sobre la competencia del Catastro Nacional para suspender o dejar sin efecto dicho plano, en razón de la presunta modificación incorrecta en la naturaleza de la servidumbre consignada (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\ng) Por oficio INT-569-2025 del 11 de noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano promovió una gestión ante el Registro Nacional solicitando la inmovilización registral de la finca madre y de las fincas segregadas, gestión que se encuentra pendiente de resolución (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nh) Mediante oficio PGR-C-033-2026, del 13 de febrero de 2026, la Procuraduría General de la República evacuó una consulta formulada por el Concejo Municipal respecto del procedimiento para retrotraer o anular los visados otorgados (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\ni) El 24 de marzo de 2026, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano realizó una inspección en campo en una de las fincas derivadas del proyecto, levantándose el oficio GCU-IC2-006-2026, en el cual se constató la existencia de una construcción sin licencia municipal, ordenándose su suspensión inmediata y la colocación de sellos de clausura (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nj) El topógrafo municipal visó aproximadamente treinta planos derivados de la finca 6-257719-000, consignando en ellos una servidumbre de naturaleza agrícola conforme a la información registral y catastral disponible al momento del visado (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nk) La resolución No. 078-2026-TAA del 26 de enero de 2026, emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo, no ha sido notificada al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (véase informe de la autoridad municipal recurrida).\n\nl) La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante verificación en sus sistemas oficiales (SITADA, gestor documental y expediente digital), determinó que no existe denuncia interpuesta por el recurrente ante dicha institución por los hechos aquí discutidos (véase informe rendido bajo juramento por el secretario general de SETENA).\n\nm) El proyecto denominado “Ecovilla Cabo Blanco” se encuentra en etapa de evaluación ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, habiéndose solicitado información adicional al desarrollador mediante oficio CARTA-SETENA-DT-DEA-0302-2026 del 12 de febrero de 2026, sin que a la fecha cuente con viabilidad ambiental aprobada (véase informe rendido bajo juramento por el secretario general de SETENA).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y lo informado por las autoridades recurridas bajo juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que con la alegada vulneración al derecho de propiedad, se desprende del expediente que la controversia gira en torno a la eventual desnaturalización de una servidumbre de paso constituida en el 2002, la cual, según afirma el recurrente, ha sido utilizada para fines distintos a los originalmente pactados, específicamente para viabilizar un desarrollo inmobiliario de carácter residencial. No obstante, debe precisarse que la dilucidación sobre la naturaleza jurídica de dicha servidumbre, así como la eventual existencia de un uso abusivo o modificación indebida de la misma, constituye una cuestión de legalidad ordinaria que debe ventilarse en la jurisdicción correspondiente, por cuanto excede el ámbito de esta jurisdicción. En ese sentido, el recurso de amparo no resulta la vía para dirimir conflictos de naturaleza civil o registral, salvo que de manera directa se evidencie una lesión actual o inminente a derechos fundamentales, lo cual no se acredita.\n\nEn cuanto al alegato relativo a la inactividad administrativa, esta Sala observa que, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ha desplegado una serie de actuaciones concretas, sucesivas y razonables dentro del ámbito de sus competencias, debidamente acreditadas en autos. En efecto, consta que, tras la recepción de la gestión remitida el 05 de junio de 2025, la Administración procedió a analizar la situación planteada, lo que derivó en diversas actuaciones: la consulta técnica formulada ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, atendida mediante oficio CDU-171-07-2025, en el cual se concluyó que la servidumbre en cuestión corresponde a una servidumbre de paso y no habilita el fraccionamiento de parcelas agrícolas; la emisión del criterio legal contenido en el oficio CMDCAL-021-2025, en el que se determinó la inexistencia de fundamento jurídico para el cambio de naturaleza de la servidumbre y la posible nulidad de los actos administrativos derivados, recomendándose incluso la inmovilización registral de las fincas involucradas; la gestión promovida ante el Registro Nacional solicitando la inmovilización de las propiedades afectadas, la cual se encuentra pendiente de resolución; la consulta elevada ante la Procuraduría General de la República, evacuada mediante el oficio PGR-C-033-2026, relativa a los mecanismos para la eventual anulación de los visados; y la realización de una inspección en sitio el 24 de marzo de 2026, documentada en el oficio GCU-IC2-006-2026, en la que se constató la existencia de obras constructivas sin licencia, ordenándose de inmediato su suspensión y la colocación de sellos de clausura. Asimismo, se evidencia que el ente municipal ha mantenido gestiones de seguimiento, incluyendo comunicaciones dirigidas al Registro Nacional solicitando pronta resolución. Estas actuaciones permiten concluir que la Administración no ha permanecido inactiva ni ha incurrido en un silencio absoluto, sino que ha actuado progresivamente conforme a las herramientas jurídicas disponibles, en atención a la complejidad técnica y registral del asunto.\n\nEn este contexto, si bien podría advertirse una percepción de lentitud en la respuesta administrativa, lo cierto es que no se configura una inactividad absoluta en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional, en tanto la Administración ha desplegado actuaciones dentro del marco de sus competencias, sujetas además a la complejidad técnica y jurídica del asunto planteado.\n\nPor otra parte, en lo que respecta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se acredita que no existe gestión previa interpuesta por el recurrente ante dicha instancia mediante los canales oficiales establecidos, lo cual impide atribuirle una omisión administrativa. Conforme al principio de legalidad, la Administración solo se encuentra obligada a actuar cuando ha sido válidamente apoderada mediante los mecanismos formales dispuestos al efecto, circunstancia que no concurre en el presente caso. Aunado a ello, se verifica que el proyecto cuestionado se encuentra en etapa de evaluación ambiental, sin que exista aún un acto administrativo definitivo que pueda generar una lesión directa a derechos fundamentales.\n\nFinalmente, en lo atinente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esta Sala reitera que la tutela de dicho derecho exige la acreditación de una amenaza cierta, actual o inminente. En el caso concreto, si bien se alegan movimientos de tierra y ejecución de obras sin viabilidad ambiental, lo cierto es que las autoridades competentes han indicado que el proyecto carece de dicha viabilidad y se encuentra en fase de evaluación, además de que se ha dispuesto la verificación correspondiente sobre la eventual ejecución de obras sin autorización. En consecuencia, no se advierte una omisión que implique una desprotección manifiesta del derecho fundamental invocado.\n\nEn virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que no se ha acreditado la existencia de alguna acción u omisión por parte de las autoridades recurridas que lesione de forma directa los derechos fundamentales de la parte recurrente, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer en las vías ordinarias correspondientes para la defensa de sus intereses.\n\n V.- Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado. Con el debido respeto, concuerdo con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso; sin embargo, lo fundamento con las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 47M65IHWHT8K61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-008482-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 26-008482-0007-CO\n\nRes. No. 2026015397\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of April two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPAL COUNCIL OF THE DISTRICT OF CÓBANO and the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.\n\nResultando:\n\n1.- By brief filed in the digital case file on March 10, 2026, the petitioner files an amparo action and states that the company 3-101-831497 Sociedad Anónima is the owner of the property identified by plan P-126632-000, which bears an easement (servidumbre) of passage constituted in 2002 in favor of property P-257719-000, owned by the company First Avalonia Limitada, legal ID 3-102-307679. It clarifies that said real right was agreed under specific conditions of private access and not as a public thoroughfare. It indicates that, to date, there has been no agreement or modification altering its nature, such that any use exceeding what was originally agreed constitutes an illegitimate burden and a denaturing of the right to property. It notes that on June 5, 2025, it sent a formal complaint to the electronic addresses visados@municobano.go.cr and intendente@municobano.go.cr, before the National Environmental Technical Secretariat, the Cadastre Department, and the Municipality of the Municipal Council of the District of Cóbano. In that filing, an early warning was made regarding the development of the real estate project called \"Comunidad,\" which contemplates 34 residential subdivisions (fraccionamientos) that seek to circumvent the requirements for access to a public street through the abusive use of the aforementioned private easement of passage, transforming it de facto into a supposed agricultural easement of more than one thousand meters in length. It mentions that, in the complaint filed, it was proven that the project was already executing earthworks (movimientos de tierra) for terracing, visible through geolocation tools. It affirms that the municipal authority was warned that these physical interventions were being carried out without the mandatory environmental feasibility, contravening Articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law. It adds that, given the persistence of the works and the administrative silence, on June 10, 2025, a second complaint was formalized before the Administrative Environmental Tribunal, and again before the Cadastre Department and the Municipality of the Municipal Council of the District of Cóbano. This filing was sent to the electronic addresses tribunalambiental@minae.go.cr, wbres@elawf.com, visados@municobano.go.cr, intendente@municobano.go.cr. That filing questioned the legality of the plan approvals granted under an agricultural easement classification for purely residential purposes, which exceeds the margins of administrative discretion and nullifies the derived acts by circumventing the regulations of the National Institute of Housing and Urbanism regarding road access. It relates that, after months of paralysis, the Administrative Environmental Tribunal issued resolution 078-2026-TAA of January 26, 2026. In that act, the Tribunal recognized the need to investigate the facts and ordered the Mayor's Office of the Municipality to carry out an immediate technical inspection to verify the earthworks and the legality of the permits, granting a term of ten calendar days. However, as of the date of filing this action, nine months have elapsed since the administrative intervention, the carrying out of field inspections, and the verification of the legality of the plan approvals were formally requested; nevertheless, the Municipal Council of the District of Cóbano has remained absolutely silent, omitting to address the filing effectively; a delay persists in initiating the proceedings that the urgency of the case merits, and consequently, it has been tardy in executing the necessary affirmative measures within the scope of its powers. The petitioner expressly requests the following: “that the present amparo action be granted, ordering the MUNICIPAL COUNCIL OF THE DISTRICT OF CÓBANO to proceed to IMMEDIATELY address the complaint filed on June 10, 2025, in the sense of carrying out an immediate technical inspection of the site to determine the existence of the earthworks and the legality of the permits related to the real estate project called ‘Comunidad’.”\n\n2.- In a resolution issued at 17:20 hours on March 18, 2026, the proceedings are commenced, and a report is requested from the mayor and the head of the Cadastre Department, both of the Municipal Council of the District of Cóbano, as well as from the general secretary of the National Environmental Technical Secretariat, regarding the facts alleged by the petitioners. Additionally, to report whether the email addresses to which the petitioner sent the filing or complaint are designated as official mechanisms for receiving filings from users.\n\n3.- Ronny José Montero Orozco, in his capacity as mayor of the Municipal Council of the District of Cóbano, reports under oath as follows:\n\n“FIRST: This Municipal Council of the District of Cóbano has received the complaints indicated by the petitioner in relation to the situation of the easement of passage and its eventual alteration of nature. However, it is placed on record that this situation has not been generated or caused by this Municipal Council.\n\nSECOND: This Chamber is informed that the property registered under folio 6-257719-000 is the result of the merger of properties with folios 6-105399-000 and 6-126399-000, for which cadastral plan P-67574-2022 was used. Said plan, which was for merging the aforementioned properties, does not require approval by this Municipal Council, but is only approved by the National Cadastre. It is precisely in that plan that the modification of the nature of the easement from passage to agricultural is recorded.\n\nTHIRD: Subsequent to the facts described above, the municipal surveyor proceeded to approve thirty plans derived from property 6-257719-000. In said plans, an agricultural easement was recorded, not one of passage. According to what was stated by the surveyor himself, upon verifying the plan of the mother property 6-257719-000, in which an agricultural easement was already recorded, and upon confirming that the thirty plans submitted for approval reflected the same nature of easement, he proceeded to grant the corresponding approval. (Official communication number 022-2025 issued by the municipal surveyor is provided)\n\nIt should be noted that the modification of the nature of the easement from passage to agricultural was not caused by this Municipal Council. Likewise, at the time of granting plan approval, this Municipal Council had no knowledge that said nature had been altered, nor of the existence of conflicts between the owners of the servient and dominant estates in relation to the easement.\n\nFOURTH: This Municipal Council has indeed addressed the complaints filed by the petitioner. In that regard, the municipal surveyor proceeded to make an inquiry before the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) regarding the situation of the easement and its eventual alteration. This inquiry was addressed through official communication CDU-171-07-2025, in which the following was stated:\n\n“…Conclusions:\n\n• In light of the above, it is the criteria of this Department that the easement that provides connection to a public street for the land with plan No. P-67574-2022 corresponds to the figure regulated in the Civil Code, arising in plans since 1992, with the intention of releasing a property from landlocked status (No. P-88734-1992); this despite its constitution having occurred in 2002.\n\n• Therefore, it cannot give way to the segregation of agricultural parcels, until such time as the legal and registry conditions that allow it are met, such as extinguishing the easement of passage and managing a subdivision (fraccionamiento) of agricultural parcels, with the pertinent adjustments to comply with current regulations, the Subdivision and Urbanization Regulations.\n\n• It is reiterated that INVU has no jurisdiction regarding easements constituted under the Civil Code. However, it is clarified that said accesses correspond to a real right over another's property, which should not permit the subdivision (fraccionamiento) of new lots that are served by it. Should any question on this matter persist, it is recommended to consult the Directorate of the Real Estate Registry, an entity with jurisdiction on the matter…” (Italics not in original)\n\nLikewise, the case was referred to the Legal Department of this Municipal Council, which was analyzed through official communication CMDCAL-021-2025, in which the following was concluded:\n\n“…CONCLUSIONS:\n\nDue to the foregoing, this legal department concludes the following:\n\n1. After the analysis carried out, it is determined that there is no justification whatsoever to support the change in category from easement of passage to agricultural easement in cadastral plan number P-67574-2022. This is because the deed of constitution of the easement, identified under citations 501-10871-01-0001-001 (document attached), expressly establishes that it is an easement of passage, as do the prior plans P-887341992 and P-751970-2001.\n\nThis situation is further aggravated by the fact that plan P-67574-2022, by its nature, does not require approval by this Municipal Council, as the approval corresponds directly to the National Cadastre.\n\n2. Regarding the municipal surveyor, this legal department consulted the referred official in order to determine what specific background must be verified prior to granting an approval. In response, said official stated the following:\n\n(…)\n\nWhat we review are the registry and cadastral background, which is basically the information that the National Registry provides; plans are also qualified based on INVU’s Subdivision and Urbanization Regulations.\n\n(…)\n\n3. Regarding the easement, it is indicated that, after reviewing the aforementioned background, it is determined that it has been, since its constitution, an easement of passage and not an agricultural easement. The deed of constitution of the easement identified under citations 501-10871-01-0001-001 should be taken as a reference, as well as the cadastral plans numbers P88734-1992 and P-751970-2001.\n\n4. In relation to the approvals, it is important to note the provisions of Article 128 of the General Public Administration Law, which establishes the following:\n\n“Article 128.- An administrative act that substantially conforms to the legal system shall be valid, including with regard to the motive of the official who issues it.” (Italics not in original)\n\nIn relation to the above article, see Article 158 of the General Public Administration Law, subsections 1) and 2):\n\n“…Article 158.-\n\n1. The absence or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, shall constitute a flaw in said act.\n\n2. An act substantially inconsistent with the legal system shall be invalid…” (Italics not in original)\n\nSee also the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic number PGR-C-058-2022, which states:\n\n“…One of the substantive elements of the administrative act is the motive (Article 133), that is, the factual and legal background that allows the administration to issue the act. This means that the absence of that element entails the impossibility of exercising jurisdiction in the particular case, that is, the impossibility of issuing the corresponding act…”\n\n“…Thus, the issuance of an administrative act that implies the recognition of a public road that does not have that condition could lack motive, and, consequently, the act could have a flaw of absolute nullity, depending on the specific case. Therefore, in accordance with the General Public Administration Law, it cannot be presumed legitimate (Article 169); it cannot be made lawful by rectification or validation (Article 172); and the administration is obliged to annul it ex officio (Article 174.1), through the lesivity procedure, when it is an act declaring rights, or, through the procedure provided in Article 173 of the General Public Administration Law, when, in addition to being an act declaring rights, the nullity is absolute, evident, and manifest. (See our opinions nos. C-146-2020 of April 21, 2020, C-196-2021 of July 2, 2021, and PGR-C-231-2021 of August 13, 2021) …” (Italics not in original).\n\nFrom which it is clear that any administrative act contrary to the legal system suffers from a flaw, and it is the responsibility of the Administration to carry out the corresponding procedure to reverse its effects and restore legality.\n\n5. It is recommended to request before the National Registry the registry immobilization of the 30 properties indicated in point four of this official communication, as well as property number 6-257719-000, until the present matter is resolved…” (Italics not in original)\n\nIn addition to the foregoing, an inquiry was filed before the Office of the Attorney General of the Republic regarding the procedure to reverse or annul the plan approvals, which was addressed through official communication PGR-C-033-2026. Likewise, an administrative filing for registry inaccuracy was submitted to the National Registry, and the registry immobilization of the involved properties was requested. To date, this filing is pending resolution. On this matter, communications have been sent to the National Registry requesting a prompt response; however, no pronouncement has been received to date.\n\nThis Municipal Council has proceeded to address the complaints filed, and is currently in the investigation stage, gathering information and carrying out the pertinent steps to clarify the facts. Once this stage is concluded, the appropriate administrative and legal procedures will be initiated, in accordance with what is established by current regulations.\n\nAdditionally, this Municipal Council is awaiting the resolution of the National Registry, given that the modification of the easement was generated in a plan that only the National Cadastre approves. In this sense, it is up to said registry to reverse or annul the plans, since it was there that the nature of the easement of passage was not correctly verified, generating the situation that now prompts this action and the complaints filed.\n\nFIFTH: In relation to resolution 078-2026-TAA of the Administrative Environmental Tribunal mentioned by the petitioner, it is noted that it has not been received by this Municipal Council, so its content and any orders it may contain are unknown. Consequently, no inspection has been carried out at the request of the Environmental Tribunal, given that we have not been duly notified of said resolution. This Municipal Council has not remained silent nor has it omitted to act; it simply lacks the formal act of notification that would enable any action in this regard.\n\nIt is placed on record that an effort has been made to locate the referenced resolution of the Administrative Environmental Tribunal in the main email inboxes designated for receiving judicial matters, without it having been possible to obtain a copy thereof to date. It should be noted that, in the amparo action filed, no case file number was provided that would allow this institution to request specific information from the Tribunal about the case.\n\nHowever, on March 24 of this year, this Municipal Council proceeded to conduct an inspection on property number 6-270218-000, which corresponds to one of the 30 segregations originating from property number 6-257719-000. For that purpose, official communication GCU-IC2-006-2026 was prepared, signed by municipal inspector Josué Avilés Zúñiga, in which the following was determined:\n\n“…During the walkthrough, the existence of a construction in progress was confirmed, which, by its characteristics, appears to correspond to a ranch-style structure. The structure has wooden bases and a concrete slab; it has a hexagonal shape, with sides of 10.20m each, giving an approximate area of 270.3 m².\n\nAn inquiry was made with the Construction Department of the Municipal Council of the District of Cóbano, where no record of an approved construction license was found for the observed works. Due to the foregoing, a municipal suspension order for construction without a permit was drawn up, which was delivered to and signed by Mr. Cienfuegos Dávila. Likewise, municipal closure seals were placed on the structure and photographs were taken as evidence of what was observed during the inspection.\n\nThe walkthrough continued, finding small improvement works on some sections of the easement. No other works in progress were detected. However, earthworks were identified that, by their appearance, seem to be of considerable age, as satellite images from Google Earth from 2016 show the previously constructed terraces.\n\nIt should be mentioned that the municipal suspension order for constructions was prepared using the property number 6-257719-000, which corresponds to the mother property; however, the construction work is being carried out on the property detailed at the beginning of this report, being the property with real folio number 6-270218-000…” (Italics not in original)\n\nSIXTH: The email addresses visados@municobano.go.cr or intendente@municobano.go.cr are enabled to receive complaints. Complaints must be directed to the corresponding department according to the subject matter of the case.”\n\n4.- Andrés Cortez Orozco, in his capacity as general secretary of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath as follows:\n\n“FIRST: LEGAL CONSIDERATIONS REGARDING THE NATURE OF THE ENVIRONMENTAL LICENSE AND THE JURISDICTION OF SETENA\n\nIn relation to the regulatory framework governing this case, the following points of legal relevance must be specified:\n\nI. Legal Nature of Environmental Feasibility.\n\nThe Environmental License or Feasibility must be understood, from an administrative technical perspective, as an administrative act of a prior and preparatory nature. Its purpose is not the definitive authorization for execution, but rather it constitutes a necessary and binding prerequisite for obtaining the final permits before the corresponding sectoral authorities. Consequently, its granting does not exhaust the authorization phase, but rather conditions the pursuit of the project's realization on the fulfillment of environmental protection standards compatible with development.\n\nII. Delimitation of Jurisdiction and Principle of Legality.\n\nBy virtue of the Principle of Legality (Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Public Administration Law), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is empowered to act only within the scope of its express powers. Its jurisdiction is strictly delimited by the Organic Environmental Law (No. 7554) and the regulations in force at the time of the evaluation.\n\nIII. Technical-Scientific Function of the Secretariat.\n\nUnder this legality regime, SETENA's prerogatives are restricted to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). Its essential function lies in the application of technical instruments based on scientific criteria to determine the feasibility of a proposal. The entire evaluation process must have been completed and fulfilled before starting any project, work, or activity, and as a requirement for the final permits; this reflects its intermediate nature or nature as a preparatory act. Therefore, the institution lacks the legal authority to issue final construction or operation permits, the jurisdiction for which rests exclusively with other State bodies, with SETENA limited to ruling on environmental feasibility as a prerequisite for those.\n\nThus, a detailed technical-legal study of the project is carried out, according to the evaluation instrument corresponding to the work or activity before its execution or operation; hence the predictive nature of the Environmental License, and its purpose is to allow the imposition of all those prevention, mitigation, or compensation measures necessary to avoid causing irreparable damage to the environment. The ex ante nature of the environmental impact assessment is thus reiterated in accordance with Article 17 of the LOA, which establishes:\n\nArticle 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to start the activities, works, or projects.\n\nLaws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment.\n\nOnce the Environmental Feasibility (License) (Viabilidad (Licencia) Ambiental, VLA) is granted and the effective start of the Activity, Work, or Project (AOP) has been verified, SETENA exercises its permanent inspection and control powers. This Environmental Management phase has as its primary objective to guarantee rigorous compliance with the environmental commitments and conditions set for the developer.\n\nIn this regard, the Constitutional Chamber has indicated, regarding the jurisdiction of this Secretariat, in Exp: 05-015450-0007-CO Res. No. 2009002019:\n\n(…) Environmental feasibility, for its part, represents the condition of harmonization or acceptable equilibrium, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts and the environment of the geographic space where it is intended to be implemented. From an administrative and legal point of view, environmental feasibility corresponds to the act approving the environmental impact assessment process, whether in its Initial Environmental Evaluation phase or in the phase of approval of the Environmental Impact Study or the Environmental Management Plan, depending on the activity in question and what it merits. In accordance with Article 17 of the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995, the activities that require an environmental impact study approved by SETENA are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to start the activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impact. In this way, among the main measures provided by the legislator in this regard are various technical instruments, including notably the Environmental Impact Study, as provided in the cited article, with the condition of the project or work determining its necessity in each case. Likewise, in accordance with precept 18 of Law No. 7554, the legislator entrusted the National Environmental Technical Secretariat with the evaluations to be carried out by “(…) a multidisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat (…) in accordance with the guidelines developed by it. The cost of the environmental impact assessments shall be borne by the interested party (…)\". For its part, Article 19 of the aforementioned law established that “the resolutions of the Environmental Technical Secretariat must be substantiated and reasoned,” thus incorporating in this matter the general principle of substantiation of administrative acts, which is, in turn, a guarantee that integrates due process. The approval of an environmental impact study requires, in accordance with the international commitments acquired by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by Article 24 of the Environmental Law, the technical criteria and weighting percentages that make the approval of the study possible. Moreover, it must respond to the regulations, management objectives, and environmental priorities of the national State and local government, as set forth in Principle 11 of the Rio Declaration. The warning must also be made that the completion and approval of the environmental impact study does not, in itself, imply the start-up of the project in question, as it is only one of the requirements demanded to complete the authorization process which, in some cases, will be the obtention of the health permit, the approval of the urbanization plans by the respective municipality, the approval of the concession by the competent entity, the granting of commercial licenses, etc. This is because, regarding the environment, one cannot speak of unchangeable variables; quite the contrary, by its very nature, the environment is, in itself, and to a greater degree through human intervention, changeable. The approval of an environmental impact study in the terms indicated in the Organic Environmental Law also does not presume an unmodifiable authorization to carry out a specific human project, since, through the inspection work carried out by the Administration, upon detecting damage to the environment as established in the Rio Convention, the permit may be revoked, in order to guarantee the right established in Article 50 of the Political Constitution and, at the same time, to execute the environmental guarantee designed to safeguard the application of environmental measures for correction, mitigation, or compensation for environmental damage or negative environmental impacts not controlled by the activity, works, or projects. (…) (Highlighting not in original)\n\nSECOND: Allegations of the petitioner: Requests that the Constitutional Chamber have SETENA address what was asserted by the plaintiff, which in summary corresponds to the following:\n\n(...) that the company 3-101-831497 Sociedad Anónima is the owner of the property identified by plan P-126632-000, which bears an easement (servidumbre) of passage constituted in 2002 in favor of the property P-257719-000, owned by the company First Avalonia Limitada, legal identification number 3-102307679. It clarifies that this real right was agreed upon under specific conditions of private access and not as a public thoroughfare. To date, there has been no agreement or modification altering its nature; therefore, any use exceeding what was originally agreed constitutes an illegitimate burden and a distortion of the right of ownership. It indicates that on June 5, 2025, it sent to the email addresses visados@municobano.go.cr, intendente@municobano.go.cr, wbrenes@elawf.com, a formal complaint before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), the Cadastre Department, and the Office of the Intendant of the District Municipal Council of Cóbano. In that filing, an early warning was given regarding the development of the real estate project called \"Comunidad,\" which contemplates 34 residential subdivisions (fraccionamientos) that seek to circumvent the requirements for access to a public road through the abusive use of the aforementioned private easement of passage, de facto transforming it into a supposed agricultural easement (servidumbre agrícola) of more than one thousand meters in length. In the filed complaint, it was demonstrated that the project was already executing earthworks (movimientos de tierra) for terracing, visible through geolocation tools. The municipal authority was warned that these physical interventions are being carried out without the mandatory environmental viability (viabilidad ambiental), contravening Articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). It adds that, given the persistence of the works and the administrative silence, on June 10, 2025, a second complaint was formalized before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), and again before the Cadastre Department and the Office of the Intendant of the District Municipal Council of Cóbano. Said filing was sent to the email addresses tribunalambiental@minae.go.cr, wbres@elawf.com, visados@municobano.go.cr, intendente@municobano.go.cr. In said filing, the legality of the plan approvals (visados de planos) granted under a classification of agricultural easement for purely residential purposes was questioned, which exceeds the margins of administrative discretion and nullifies the derived acts by circumventing the regulations of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU) regarding road access. After months of paralysis, the Administrative Environmental Tribunal issued resolution 078-2026-TAA of January 26, 2026. In said act, the Tribunal recognized the need to investigate the facts and ordered the Mayor's Office of the Municipality to carry out an immediate technical inspection to verify the earthworks and the legality of the permits, granting a period of ten calendar days. However, as of the date of filing this appeal, nine months have passed since administrative intervention, field inspections, and verification of the legality of the plan approvals were formally requested; however, the District Municipal Council of Cóbano has remained completely silent, failing to address the matter effectively, and a delay persists in initiating the proceedings that the urgency of the case merits, and consequently, it has delayed in executing the necessary affirmative measures within the scope of its powers. In addition, the respondent authorities must report whether the email addresses to which the appellant sent the filing or complaint are established as official mechanisms for receiving filings from users. (...)\n\nIII. On the merits of the allegations:\n\nFrom the account of facts underlying this proceeding, and as gleaned from the technical reports CARTA-SETENA-DT-ASA-1141-2026 (signed by Walter Zavala Ortega, Head of the Department of Environmental Auditing and Monitoring) and CARTA-SETENA-DT-DEA-0705-2026 (signed by María Julliet Betancur Vélez, Head of the Department of Environmental Assessment), as well as from the examination of the pieces contained in the constitutional file, there is no evidence that the claimant filed any complaint before this administrative body. It is necessary to point out that the emails provided as evidence in the amparo proceeding correspond to filings before other institutions, and in no case before this Secretariat.\n\nAfter an exhaustive review of the Document Management System, the records of the Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints (Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales, SITADA), the Digital File Platform, and verification with the SETENA-SITADA liaison officer, the non-existence of filings or complaints related to the facts of file No. 26-008482-007-CO is confirmed. It should be emphasized that these channels, together with direct filing in current administrative files, constitute the only official means for receiving documents, as this Secretariat does not have email accounts enabled for receipt of filings from external users.\n\nAs part of the proceedings carried out, a search was conducted for administrative files related to the facts of the amparo appeal, identifying file D1-0536-2025, corresponding to the project: \"Horizontal residential, commercial, touristic, educational condominium of individualized primary subsidiary properties Ecovilla Cabo Blanco.\" However, after an exhaustive review of the digital file of said project, it is verified that there is no record or evidence whatsoever of the complaint indicated by the appellant.\n\nThe project is currently in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, and by means of official letter CARTA-SETENA-DT-DEA-0302-2026, dated February 12, 2026, notified on February 12, 2026, additional information was requested from the developer, and a period of 90 business days was granted to submit it.\n\nIn relation to the aforementioned easement of passage, in Form D1, the project proponent indicates that the easement will be intervened and improved (2,763 m2) and will be integrated into a broader internal road network, thus becoming a functional part of the project's access.\n\nTaking into account what is indicated in both the complaint and Form D1, the intention is for the easement to cease operating as a specific or limited access, and to become part of a vital infrastructure for the development. This generates a change in scale and function of the access.\n\nIt is imperative to note that the project is in the environmental impact assessment stage. Therefore, in response to the situation described, the developer will be formally required to present the express authorization of the owner of the land on which the easement exists. Should said permit not be proven, the proponent must completely redesign the project's accesses and the resulting technical implications, a requirement that will be duly notified.\n\nCurrently, the project lacks Environmental Viability and its file remains suspended pending the developer's correction of the requested technical information. This Secretariat lacks jurisdiction to rule on the merits of the land-use change (cambio de uso del suelo) of the easement, limiting itself to evaluating its environmental implications. It is imperative to note that construction permits are the responsibility of the local government, with SETENA's role being preventive and preparatory.\n\nIn relation to the possible start of works, without Environmental Viability, the corresponding verification will proceed to resolve whatever is appropriate under the law.\n\nCONCLUSIONS\n\n1. Lack of Standing due to Absence of Prior Filing: There is no evidence that the claimant filed any complaint before this Secretariat. The emails provided belong to other institutions, and after an exhaustive review of the official databases (SITADA and Digital File), no filing is registered. An administrative omission cannot exist if the citizen never activated the official mechanisms before the competent authority.\n\n2. Non-Existence of a Final Administrative Act: The \"Ecovilla Cabo Blanco\" project is in the evaluation stage, under a deadline for correcting information (90 days). Since the granting of Environmental Viability (V.A.) does not yet exist, there is no consolidated right that harms the interests of third parties, the current process being merely preparatory.\n\n3. Technical-Legal Conditioning: SETENA has determined the need for the developer to present the express authorization of the owner of the land where the easement is located. If this requirement is not met, the project must redesign its accesses, which guarantees that the Administration is ensuring the legality of the process before issuing any resolution.\n\n4. Lack of Subject-Matter Jurisdiction: It is clarified that determining the change in the legal nature of an easement (from agricultural to passage) is a matter that exceeds the environmental competencies of SETENA and, ultimately, the authorization of definitive works falls to the Local Government, the E.V. being a preventive act and not binding for final construction permits.\n\n(...)\n\nPetition\n\nIn accordance with the reasons set forth above, it is requested that this amparo appeal against SETENA be declared without merit.\"\n\n5.- By means of a certification signed by the judicial technician in charge of processing the file and the secretary of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), they state that: \"reviewed, at eleven hours seventeen minutes on April six, two thousand twenty-six, in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM, the CONTROL OF DOCUMENTS RECEIVED AND THIS FILE, it did not appear that from March twenty-three to April five, two thousand twenty-six, the HEAD OF THE CADASTRE DEPARTMENT OF THE DISTRICT MUNICIPAL COUNCIL OF CÓBANO filed any writing or document whatsoever, in order to render the report requested in the resolution issued at seventeen hours twenty minutes on March eighteen, two thousand twenty-six.\"\n\n6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Garro Vargas; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the appeal. The appellant alleges that the company 3-101-831497 Sociedad Anónima, in its capacity as owner of the property identified by plan P-126632-000, is affected by the improper use and distortion of an easement of passage constituted in 2002 in favor of the property P-257719-000, owned by First Avalonia Limitada, which was agreed under conditions of private access and not for massive or residential use. He indicates that, through a complaint filed on June 05, 2025, before the National Environmental Technical Secretariat, the Cadastre Department, and the Office of the Intendant of the District Municipal Council of Cóbano, sent to the email addresses visados@municobano.go.cr and intendente@municobano.go.cr, he warned about the development of the real estate project called \"Comunidad,\" which contemplates 34 residential subdivisions that seek to improperly use the aforementioned easement, as well as the execution of earthworks without having environmental viability. He also indicates that on June 10, 2025, he filed a second complaint before the Administrative Environmental Tribunal, the Cadastre Department, and the Office of the Intendant of the District Municipal Council of Cóbano, sent to tribunalambiental@minae.go.cr, visados@municobano.go.cr and intendente@municobano.go.cr, in which he questioned the legality of the plan approvals granted under a classification of agricultural easement for residential purposes. However, as of the date of filing this appeal, nine months have passed since administrative intervention, field inspections, and verification of the legality of the plan approvals were formally requested; however, the District Municipal Council of Cóbano has remained completely silent, failing to address the matter effectively, and a delay persists in initiating the proceedings that the urgency of the case merits, and consequently, it has delayed in executing the necessary affirmative measures within the scope of its powers. The appellant expressly requests the following: \"that this amparo appeal be declared with merit, ordering the DISTRICT MUNICIPAL COUNCIL OF CÓBANO to proceed to IMMEDIATELY address the complaint filed on June 10, 2025, in the sense of carrying out an immediate technical inspection of the site to determine the existence of earthworks and the legality of the permits related to the real estate project called 'Comunidad'.\"\n\nII.- Preliminary issue. Before analyzing the merits of this amparo appeal, it is pertinent to clarify that this Chamber will only refer to the points on which the appellant expressly affirms the existence of actions or omissions by the respondent authorities. This is in application of the party presentation principle that governs the constitutional process, which prevents this Chamber from ruling ex officio on points that have not been alleged as harmful or regarding authorities not sued. Indeed, Article 8 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) provides that the procedure is governed by the party presentation principle, which has been reiterated by this Chamber in multiple rulings, such as judgments No. 2004-10021 of 08:47 hours on September 10, 2004, No. 017810-2006 of 15:32 hours on December 12, 2006, No. 2007-001147 of 14:31 hours on January 31, 2007, No. 2007-001610 of 09:22 hours on February 9, 2007, No. 2007-001701 of 14:34 hours on February 13, 2007, No. 2007-003233 of 11:35 hours on March 9, 2007, No. 2007-003266 of 12:08 hours on March 9, 2007, No. 2013005543 of 14:30 hours on April 23, 2012, No. 2021018726 of 09:15 hours on August 20, 2021, No. 2021023558 of 09:30 hours on October 19, 2021, No. 2022003709 of 09:30 hours on February 11, 2022 and No. 2022020815 of 09:30 hours on September 6, 2022.\n\nFor this reason, in accordance with the party presentation principle, the Court will study the case according to the claim of interest set forth in the initial brief, which is limited, as applicable, to the complaint of an alleged inactivity and undue delay by the District Municipal Council of Cóbano. Consequently, this Chamber will strictly limit its analysis to the claim raised, excluding any assessment regarding the Administrative Environmental Tribunal, as it was not formally sued in this process nor was any allegation formulated against it by the appellant.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) On June 05, 2025, from the email account [...], a filing was sent to the email addresses visados@municobano.go.cr and intendente@municobano.go.cr, in the following terms:\n\n\"Good afternoon, I hope you are well.\n\nWith instructions from Mr. [Name 001], whom I copy on this email, I attach for your knowledge this complaint, which was filed before SETENA today.\n\nI appreciate an acknowledgment of receipt.\n\nBest regards.\"\n\nIn the attached document sent by the appellant, the following was stated:\n\n\"Cóbano, June 10, 2025.\n\nGentlemen\nAdministrative Environmental Tribunal\nCadastre Department\nDistrict Municipal Council of Cóbano\nIntendant's Office\nDistrict Municipal Council of Cóbano\n\nENVIRONMENTAL COMPLAINT AGAINST PROJECT \"COMUNIDAD\" IN CABUYA\n\nThe undersigned [Name 001], of legal age, single, lawyer, identification number 2-0645-0800, resident of Malpaís, Cóbano, based on Article 370 and concordant articles of the Civil Code, the Subdivision and Urbanization Regulations (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones) of the National Institute of Housing and Urbanism, Article 111 of the Organic Environmental Law, and Article 50 of the Constitution, hereby files a complaint against the actions being carried out on the property with real folio P-257719-000, owned by the company First Avalonia Limitada, legal identification number 3-102307679, specifically located at coordinates 9.624144, -85.100986, in Cabuya, Cóbano.\n\nThe denounced property mentioned above has its access via an easement of passage, the servient tenement of which is the property with plan number P-126632-000, owned by the company 3-101-831497 Sociedad Anónima. In that sense, it is possible to identify that the easement of passage was constituted by means of a public deed granted at 19:00 hours on February 7, 2002, in Malpaís, Cóbano, Puntarenas, between properties 015457-000 (which was closed and merged to form property P-126632, the current servient tenement), and 105399-000 (which, likewise, was closed and merged to form property P-257719, the current dominant tenement).\n\nSaid easement was expressly constituted as an easement of passage, and to date, there has been no agreement or modification whatsoever that has altered said condition. Notwithstanding the foregoing, without authorization from the servient tenement, the owners of the dominant tenement have begun the planning and construction of a real estate project that, according to publicly available and disclosed information, contemplates the existence of 34 subdivisions, access to which will supposedly be via an agricultural easement of more than one thousand meters in length (see attached plan and website: https://sites.google.com/view/comunidad-world/real-estate?authuser=0).\n\nThis information contradicts what is recorded in the Real Property Registry and, furthermore, alters the nature of the easement originally imposed on the servient property, which was accepted under specific conditions. A modification of this type implies the imposition of a new burden on the servient tenement without consent or its registered and cadastral constitution, which is contrary to the provisions of Article 376 of the Civil Code, which establishes the following: \"All properties are presumed free until the constitution of the easement is proven.\"\n\nAs is widely recognized, the difference between the types of easements has been developed, both in the agrarian jurisdiction and in the jurisprudence of the First Chamber, through resolution No. 00080-1995 of fourteen hours thirty minutes on July nineteen, nineteen ninety-five:\n\n\"III. The agrarian land easement (servidumbre fundiaria agraria) shares the characteristics and life cycle of the civil easement. The fundamental difference lies in the nature of the asset on which it falls: the agrarian property. That is, it falls on a productive asset. For this reason, the agrarian land easement, upon being constituted, becomes part of the property-organization. Such is the case of easements of passage and aqueduct. Additionally, there are agrarian easements, properly speaking, linked to the purpose of agrarian production. They basically fulfill an economic purpose in favor of the dominant tenement. These are not necessarily linked to the ownership of the property. They are fundamentally linked to the demands of production and life of the economic and social organization of the enterprise. The specific purpose is agricultural production. They are acquired with the aim of increasing productivity and for this reason are classified as ius fundi. The iura fundi or agrarian easements are constituted as rights over the property due to the need to cultivate it. The new demands of agricultural technique require the entry onto the property of tractors and voluminous structures. In Roman law, the recognition of the autonomy of the rustic easement was sought. Today, the legal and social typicity of the agrarian easement can be found based on the agrarian property and productive agricultural activity. All these principles must inspire today the theory of agrarian easements as a typical institute of Agrarian Law. Based on them, just and adequate solutions may be found in order to protect production.\" (Highlighting is ours).\n\nThis subdivision, at the construction activity level, has to date carried out earthworks for terracing, as shown in the attached Google Earth images. In this regard, the Agrarian Tribunal, in resolution No. 00300-2016 of nine hours 59 minutes on April 1, 2016, expressly referred to the nature of easements and the interpretation of their scope:\n\n\"The jurisprudence of this Tribunal has been reiterating that, above all, the presumption that all property is presumed free prevails and that they must be interpreted restrictively: (...) According to our jurisprudence '...easements must be interpreted restrictively, bearing in mind that in the discipline of the Civil Code they constitute an abnormal or pathological state of real property, which must cause the least possible inconvenience to the owner of the servient tenement' (First Chamber, No. 57-88 of 14:35 hours on September 21, 1988).\"\n\nConsidering the circumstances of the project, as well as the requirements established by national regulations for allotting subdivisions for urban development purposes (Article 19 and concordant articles of the INVU Subdivision and Urbanization Regulations), it is evident that the property lacks direct access to a public road and, to make up for this deficiency, the developers are using a pre-existing easement of passage as a means of access, which constitutes an irregular abuse of the required road access requirement.\n\nIt is improper that through an easement of passage of such characteristics, which was neither constituted nor designed to support the burden generated by a project of this scale, it is transformed into an abusive and unjustified affectation for the servient tenement. In compliance with said Regulations, in accordance with the construction regulations, the project should adjust to the minimum requirements required to establish a determined number of subdivisions for residential purposes in an adequate manner.\n\nIt is not viable for the denounced party to be able to rely solely on the figure of the easement of passage in force at the cadastral and registered level, much less on the possibility of improperly introducing the existence of a supposed agricultural easement, substantially altering the legal nature of the right originally constituted. It is necessary to recall that, given the abusive path along which this matter is unfolding, Article 22 of the Civil Code states that:\n\n\"The law does not protect the abuse of right or the antisocial exercise thereof. Any act or omission in a contract, which, by the intention of its author, by its object, or by the circumstances in which it is carried out, manifestly exceeds the normal limits of the exercise of a right, causing damage to a third party or to the counterparty, shall give rise to the corresponding compensation and to the adoption of judicial or administrative measures that prevent the persistence of the abuse.\"\n\nIn this sense, it is pertinent to warn that the Municipality's competence in granting plan approvals is subject to strict compliance with the principle of legality and, therefore, if the registered easement is an easement of passage, it cannot be discretionally interpreted as an agricultural easement, especially when that reinterpretation clearly exceeds the margins of administrative discretion, and nullifies any approval that may have been issued based on this improper classification. Any municipal action in this sense constitutes an overextension of powers, with direct legal consequences on the validity of the subdivision and any derived authorization.\n\nRegarding the competence of the Administrative Environmental Tribunal, it is imperative to highlight the fact that, given the characteristics of the project, the subdivision of the land, the change in the nature of land use, and the visible earthworks that are being executed, it must legally exercise its control function, especially considering that the activities being carried out on the property do not have environmental viability granted by SETENA.\n\nThis, together with the fact that the documentation being generated (such as the plan approvals and those derived from them) presents basic technical inconsistencies, could alter the formal characteristics of the project. It is not superfluous to point out that this situation can directly affect the possibility of effective oversight by the institutions, since the official documentation does not faithfully reflect the factual reality of the property and the project that is actually being executed.\n\nArticle 111 of the Organic Environmental Law provides that the Administrative Environmental Tribunal must hear and resolve, in administrative proceedings, ex officio or at the request of a party, complaints filed concerning active and omissive behaviors against all persons, public or private, for violations of the legislation protecting the environment and natural resources that may generate environmental damage. Therefore, it is necessary for the Tribunal to exercise its oversight powers, conducting an inspection of the works being carried out on the site and the true dimension, nature, and purpose of the project, as indicated.\n\nIn this case, given the circumstances described, particularly regarding the plan approval granted under an erroneous and illegal \"agricultural easement,\" the non-existence of which has been demonstrated, any omission, whether due to lack of evaluation, an evaluation based on incomplete data, or inadequate categorization, compromises the legality of the project and triggers institutional responsibility regarding territorial planning, environmental, and construction regulations, as the copied institutions are requested to proceed immediately.\n\nI request that notifications of this filing be sent to the email wbrenes@elawf.com\"\n\n(see documentary evidence provided by the appellant).\n\nb) The District Municipal Council of Cóbano proceeded to process the complaint and initiated a process of administrative analysis and verification of the denounced facts (see report of the respondent municipal authority).\n\nc) By means of official letter No. CDU-171-07-2025, dated July 01, 2025, the National Institute of Housing and Urbanism responded to a query formulated by the Municipal Council, concluding that the easement corresponds to an easement of passage and that it does not enable the subdivision of agricultural parcels under the conditions described (see report of the respondent municipal authority).\n\nd) By means of official letter No. 022-2025 dated September 12, 2025, signed by the municipal topographer of the District Municipal Council of Cóbano, Mr. Kevin Abarca Santamaría, the Municipal Intendancy was informed of the review of the approval of thirty (30) previously approved plans, concluding, after a subsequent technical analysis, that said approvals were contrary to the legal system, having been based on the erroneous consideration of an easement of passage as if it were an agricultural easement. Likewise, it was indicated that this situation derived from the information set out in the cadastral plan P-67574-2022, which was used as a base plan, and that, given the doubt about the legality of the act, a query was raised with the National Institute of Housing and Urbanism, whose criterion confirmed the impropriety of the approval, recommending that the case be submitted to legal analysis to determine the corresponding actions (see report of the respondent municipal authority).\n\ne) By means of official letter CMDCAL 021-2025, dated November 07, 2025, the Legal Department of the District Municipal Council of Cóbano concluded that there is no legal justification for changing the nature of the easement from easement of passage to agricultural easement, warning of the possible nullity of the derived administrative acts and recommending the registration freeze of the involved properties. In the following terms:\n\n\"Sir:\n\nLic. Ronny Montero Orozco\nMunicipal Intendant\n\nSUBJECT: Response to Official Letter No. 022-2025 from Municipal Topographer Kevin Abarca Santamaría dated September 12, 2025\n\nFirst: That the property registered under title number 6-257719-000 is the result of the merger of the properties with title numbers 6-105399-000 and 6-126399-000, for which cadastral plan number P-67574-2022 was used.\n\nSaid plan (P-67574-2022) is for merging and rectifying measurements, a procedure that does not require approval by the Municipality, or in this case, by this Municipal Council. The foregoing pursuant to Article 102, subsection a) of the General Regulation of the Real Property Registry, which states:\n\n\"...Article 102.- General indications for plan approvals in subdivisions and urbanizations. In the Cadastral Registry Department, only plans that comply with the legal provisions expressly admitted by the respective municipality and the National Institute of Housing and Urbanism, through the corresponding approval, shall be registered, in accordance with the following general indications:\n\na) Plan approvals shall not be requested when the plans to be registered correspond to complete properties, area rectifications, or possessory rights...\" (Italics and bold are not from the original)\n\nSecond: The cadastral map number P-67574-2022 contemplates an agricultural easement (servidumbre agrícola), which, as stated in said map, has a width of 8 meters and a length of 1006.70 meters.\n\n(…)\n\nThis situation differs from what is indicated in the maps for properties 6-105399-000 and 6-126399-000, in which a right-of-way easement (servidumbre de paso) is recorded, and not an agricultural easement. Below are the maps that support this difference:\n\nIn cadastral map number P-88734-1992, belonging to the property with registration number 6105399-000, a right-of-way easement is recorded, whose extent is 8 meters wide and 1047.17 meters long.\n\nCadastral map number P-751970-2001, belonging to the property with registration number 6126399-000, first registers a right-of-way easement and, subsequently, an agricultural easement. It should be noted that the right-of-way easement indicated in this map has a width of 8 meters and a length of 1006.70 meters, this extent corresponding from the front of the public street to the front of the property.\n\nThe agricultural easement that is subsequently indicated in the same map (P-7519702001) lacks logic, since it is not possible for a right-of-way easement to transform into an agricultural easement within the same map.\n\nThird: From the consultation made with the National Registry, it is verified that property number 6-105399000 has two right-of-way easements registered in its favor. The one that is relevant for this analysis is the one identified with citations 501-10871-01-0001-001, which was constituted with a width of 8 meters and a length of 1006.70 meters.\n\nSaid easement presents measurements that coincide with those established in cadastral map P751970-2001; however, it is not possible to categorically confirm that said map served as the basis for its constitution, since the deed of constitution of the easement (citations 501-10871-01-0001-001) does not expressly mention the corresponding map. Nevertheless, given the correspondence of the dimensions, it could reasonably be presumed that the easement was established based on map P-751970-2001.\n\n(…)\n\nFourth: That the Municipal Surveyor (Topógrafo Municipal) of this Council proceeded to approve (visar) thirty (30) maps corresponding to the property registered in the Partido de Puntarenas under registration number 6-257719000, which are detailed below:\n\n(…)\n\nIt should be noted that the maps approved are already generating properties, see the images above.\n\nFifth: Mr. [Name 001] filed a complaint directed to both the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and the Municipal District Council of Cóbano. However, there is no record of the exact date on which said document was received by this Council; nevertheless, the complaint is dated June 5, 2025.\n\nThe complaint in question sets forth the following in its content, from which some relevant excerpts are transcribed:\n\n“…The denounced property mentioned above has its access through a right-of-way easement, whose servient tenement (fundo sirviente) is the property with map number P-126632000, owned by the company 3-101-831497 Sociedad Anónima. In that sense, it is possible to identify that the right-of-way easement was constituted by means of a public deed granted at 7:00 p.m. on February 7, 2002, in Malpaís, Cóbano, Puntarenas, between properties 015457-000 (which was closed and merged, forming property P-126632, the current servient tenement), and 105399-000 (which, likewise, was closed and merged, forming property P-257719, the current dominant tenement (fundo dominante))…”\n\n“…Said easement was expressly constituted as a right-of-way easement, and to date, there has been no agreement or modification whatsoever that has altered said condition. Notwithstanding the foregoing, without authorization from the servient tenement, the owners of the dominant tenement began the planning and construction of a real estate project that, according to information open to the public and disseminated, contemplates the existence of 34 subdivisions (fraccionamientos), whose access will supposedly be through an agricultural easement over one thousand meters in length (see annexed map and website: https://sites.google.com/view/comunidad-world/real-estate?authuser=0)...”\n\n“…It is not viable for the denounced party to take shelter solely in the figure of the right-of-way easement in force at the cadastral and registry level, much less the possibility of improperly introducing the existence of an alleged agricultural easement, substantially altering the legal nature of the real right originally constituted...”\n\n“…In that sense, it is pertinent to warn that the Municipality's authority (competencia) in granting approvals (visados) is subject to strict compliance with the principle of legality and therefore, if the registered easement is a right-of-way easement, it cannot be discretionally interpreted as an agricultural easement, especially when that reinterpretation clearly exceeds the margins of administrative discretion, and voids any approval that may have been issued based on that improper classification. Any municipal action in that sense constitutes an overreach of authority (extralimitación de competencias), with direct legal consequences on the validity of the subdivision and any derived authorization…” (The italics and bold are not from the original)\n\nSixth: As a result of the complaint indicated above, the municipal surveyor of this Council proceeded to consult the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU) regarding the right-of-way easement, which, according to cadastral map number P-67574-2022, is reclassified as an agricultural easement.\n\nBy virtue of said map (P-67574-2022), the municipal surveyor granted approval to the 30 maps previously mentioned. On this particular, see official letter No. 022-2025, signed by the municipal surveyor Kevin Abarca Santamaría, from which the following excerpt is transcribed below:\n\n“…The decision that gave rise to the present administrative act was based on the consideration of a right-of-way easement as if it were an agricultural easement, based on a cadastre map approved by the National Registry, in which two existing properties were merged and the type of access through said easement was modified; this map was registered without the need for municipal approval (visado). At the time of presenting to this Department the request for approval for 30 agricultural parcels, said map was provided as the parent map, which indicated an agricultural easement as access, therefore, in good faith and based on what was provided, the corresponding approval was granted…” (The italics are not from the original)\n\nFor its part, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), through official letter number CDU171-07-2025 dated July 1, 2025, issued a response to the inquiry raised, from which some relevant excerpts are transcribed below:\n\n“…3. Easement on the property with map No. P-67574-2022…”\n\n“…3.1. As stated in your note, cadastral map No. P-67574-2022 (444,769 m²) identifies in the image as an “agricultural easement” the private road that connects it to a public street, with a width of 8.00 m and a length of 1,006.70 m. To recognize if it is effectively an access of that nature, or if, on the contrary, it is a right-of-way easement constituted under the provisions of the Civil Code², it is necessary to verify the background that gave rise to the property in question…”\n\n“…3.3. In that line, the parent property No. 6-105399 is identified, associated with cadastral map No. P-88734-1992, whose connection to a public street is through a right-of-way easement 8.00 m wide and 1,047.17 m long (on the map). That is, this property arises from the year 1992 without facing a public street, therefore, in this case, the easement is proposed with the intention of providing access to a landlocked property (desenclavar la propiedad), and it is what allows it to be cadastrally registered; it is, then, the figure set forth in the Civil Code, developed in the first paragraph of this note…”\n\n“…3.4. However, this private access was constituted at the registry level in the year 2002, as corroborated upon consulting the National Registry; indeed, property No. 6-105399 has two encumbrances for right-of-way easement, as shown in the following information, in favor of different properties…”\n\n“…3.5. At this point, it is convenient to have clarity on the figure that provides access to the property with map No. P-88734-1992, it being the right-of-way easement regulated in the Civil Code. Although it was constituted at the registry level until the year 2002, this does not detract from its original nature, associated with the regulation that allowed it to be generated…”\n\n“…3.6. On the other hand, in map No. P-751970-2001 (which modifies the one from 1992), the figure continues to preserve its denomination of “right-of-way easement”, this being the one that provides an exit from the property to the public street. Particularly, the graphic of this map also shows an “agricultural easement” 7 m wide; however, a possible irregularity is presumed as it has no direct connection to a public street, but rather makes use of a right-of-way easement (from the Civil Code), which allowed a property to be provided access; as indicated in the previous sections, this figure does not have the authorization to generate a subdivision (fraccionamiento) process, even if it is one for agricultural purposes. This property maintains the two right-of-way easement encumbrances mentioned in point 3.4…”\n\n“...3.7. However, in cadastral map No. P-67574-2022 (which modifies maps No. P88734-1992 and No. P-751970-2001), the irregularity mentioned in the previous point is exacerbated, as the nature of the right-of-way easement that connects to the public street is changed in the graphic to an agricultural easement; despite being the same private road that is reflected in the maps from years 1992 and 2001 (width of 8.00 m and similar length). The property maintains the two right-of-way easement encumbrances mentioned in points 3.4 and 3.6…” (The italics and bold are not from the original)\n\nFinally, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) concludes the following:\n\n“...Conclusions:\n\n• Given the above, it is the criterion of this Department that the easement providing connection to the public street for the land with map No. P-67574-2022 corresponds to the figure regulated in the Civil Code, given that it appears on maps since 1992, with the intention of providing access to a landlocked property (No. P-88734-1992); this despite the fact that its constitution occurred in 2002.\n\n• Therefore, it cannot give way to the segregation of agricultural parcels, until the legal and registry conditions that allow it are generated, such as extinguishing the right-of-way easement and managing an agricultural subdivision (fraccionamiento de parcelas agrícolas), with the pertinent adjustments to comply with current regulations, the Subdivision and Urbanization Regulation (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones).\n\n• It is reiterated that the INVU has no authority (competencia) regarding easements constituted under the content of the Civil Code. However, it is clarified that said accesses correspond to a real right over another's property, which should not permit the subdivision of new lots that are served by it. Should any question persist on the matter, it is recommended to consult the Real Estate Registry Directorate (Dirección del Registro Inmobiliario), the body with authority on the subject…”\n\nCONCLUSIONS:\n\nDue to the foregoing, this legal department concludes the following:\n\n1. After the analysis carried out, it is determined that there is no justification whatsoever to support the change of category of the right-of-way easement to an agricultural easement in cadastral map number P-67574-2022. This is because the deed of constitution of the easement, identified under citations 501-10871-01-0001-001 (document attached), expressly establishes that it is a right-of-way easement, as do the prior maps P-88734-1992 and P-751970-2001.\n\nLikewise, this situation is aggravated due to the fact that map P-67574-2022, by its nature, does not need to be approved (visado) by this Municipal Council, since the approval corresponds directly to the National Cadastre (Catastro Nacional).\n\n2. Regarding the municipal surveyor, this legal department consulted the referred official in order to determine the specific background that must be verified prior to granting an approval (visado). In response, said official stated the following:\n\n(…)\n\n3. As for the easement, it is indicated that, after reviewing the background cited above, it is determined that the same has been, since its constitution, a right-of-way easement and not an agricultural easement. Reference must be made to the deed of constitution of the easement identified under citations 501-10871-01-0001-001, as well as cadastral maps numbers P-88734-1992 and P-751970-2001.\n\n4. In relation to the approvals (visados), it is important to note the provisions of Article 128 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), which establishes the following:\n\n“Article 128.- The administrative act that substantially conforms to the legal system, even regarding the motive of the official who dictates it, shall be valid.” (The italics are not from the original)\n\nIn relation to the previous article, see Article 158 of the General Public Administration Law, subsections 1) and 2):\n\n“…Article 158.-\n\n1. The lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, shall constitute a defect of said act.\n\n2. The act substantially inconsistent with the legal system shall be invalid…” (The italics are not from the original)\n\nSee also the opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) number PGR-C-058-2022, which states:\n\n“…One of the substantial elements of the administrative act is the motive (Article 133), that is, the factual and legal background that allows the administration to issue the act. This means that the absence of this element entails the impossibility of exercising the authority in the particular case, that is, the impossibility of issuing the corresponding act…”\n\n“…Thus, the issuance of an administrative act that implies the recognition of a public road that does not have that condition could lack a motive, and, consequently, the act could have a defect of absolute nullity, depending on the specific case. Therefore, pursuant to the General Public Administration Law, it cannot be presumed legitimate (Article 169); it cannot be set right by remediation or validation (Article 172); and the administration is obliged to annul it ex officio (Article 174.1), through the lesivity process, when it is an act declaratory of rights, or, through the procedure set forth in Article 173 of the General Public Administration Law, when, in addition to being an act declaratory of rights, the nullity is absolute, evident, and manifest. (See our opinions nos. C-146-2020 of April 21, 2020, C-196-2021 of July 2, 2021, and PGR-C-231-2021 of August 13, 2021) …” (The italics are not from the original).\n\nTherefore, it follows that every administrative act contrary to the legal system suffers from a defect, and it is the responsibility of the Administration to carry out the corresponding procedure to reverse its effects and restore legality.\n\n5. It is recommended to request the National Registry to impose a registration freeze (inmovilización registral) on the 30 properties indicated in the fourth point of this official letter, as well as on property number 6257719-000, until the present matter is resolved.”\n\n(See report of the appealed municipal authority).\n\nf) By official letter No. INT-570-2025 dated November 11, 2025, signed by the Intendant of the Municipal District Council of Cóbano, an inquiry was made to the Attorney General's Office regarding the possible obligation to reverse or annul the map approvals (visados de planos) deriving from map P-67574-2022, as well as regarding the authority of the National Cadastre to suspend or render said map without effect, due to the alleged incorrect modification in the nature of the recorded easement (see report of the appealed municipal authority).\n\ng) By official letter INT-569-2025 of November 11, 2025, the Municipal District Council of Cóbano filed a petition before the National Registry requesting a registration freeze on the parent property and the segregated properties, a petition that is pending resolution (see report of the appealed municipal authority).\n\nh) By means of official letter PGR-C-033-2026, dated February 13, 2026, the Attorney General's Office responded to an inquiry made by the Municipal Council regarding the procedure to reverse or annul the approvals granted (see report of the appealed municipal authority).\n\ni) On March 24, 2026, the Municipal District Council of Cóbano conducted an on-site inspection of one of the properties derived from the project, generating official letter GCU-IC2-006-2026, in which the existence of a construction without a municipal license was confirmed, its immediate suspension and the placement of closure seals were ordered (see report of the appealed municipal authority).\n\nj) The municipal surveyor approved (visó) approximately thirty maps derived from property 6-257719-000, recording on them an agricultural easement in accordance with the registry and cadastral information available at the time of approval (see report of the appealed municipal authority).\n\nk) Resolution No. 078-2026-TAA of January 26, 2026, issued by the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), has not been notified to the Municipal District Council of Cóbano (see report of the appealed municipal authority).\n\nl) The National Environmental Technical Secretariat, through verification in its official systems (SITADA, document manager and digital file), determined that there is no complaint filed by the appellant before that institution for the facts discussed here (see report rendered under oath by the secretary general of SETENA).\n\nm) The project called “Ecovilla Cabo Blanco” is in the environmental assessment stage before the National Environmental Technical Secretariat, having requested additional information from the developer through official letter CARTA-SETENA-DT-DEA-0302-2026 of February 12, 2026, without it having approved environmental feasibility (viabilidad ambiental) to date (see report rendered under oath by the secretary general of SETENA).\n\nIV.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and what was reported by the appealed authorities under oath, with due warning of the consequences provided in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is proven that with the alleged violation of the right to property, it appears from the file that the controversy revolves around the eventual denaturation of a right-of-way easement constituted in 2002, which, according to the appellant, has been used for purposes other than those originally agreed upon, specifically to make a residential real estate development viable. However, it must be specified that the elucidation of the legal nature of said easement, as well as the eventual existence of an abusive use or improper modification thereof, constitutes a question of ordinary legality that must be ventilated in the corresponding jurisdiction, as it exceeds the scope of this jurisdiction. In that sense, the amparo appeal is not the appropriate avenue to settle conflicts of a civil or registry nature, unless a current or imminent injury to fundamental rights is directly evidenced, which is not proven.\n\nRegarding the allegation relating to administrative inactivity, this Chamber observes that, contrary to what was claimed by the appellant, the Municipal District Council of Cóbano has deployed a series of concrete, successive, and reasonable actions within the scope of its authority (competencias), duly accredited in the records. Indeed, it appears that, after receiving the submission sent on June 5, 2025, the Administration proceeded to analyze the situation raised, which resulted in various actions: the technical inquiry made before the National Institute of Housing and Urbanism, addressed through official letter CDU-171-07-2025, in which it was concluded that the easement in question corresponds to a right-of-way easement and does not enable the subdivision of agricultural parcels; the issuance of the legal criterion contained in official letter CMDCAL-021-2025, in which the non-existence of legal basis for the change of nature of the easement and the possible nullity of the derived administrative acts were determined, even recommending a registration freeze on the properties involved; the petition filed before the National Registry requesting the freeze of the affected properties, which is pending resolution; the inquiry elevated before the Attorney General's Office, responded to through official letter PGR-C-033-2026, regarding the mechanisms for the eventual annulment of the approvals (visados); and the performance of an on-site inspection on March 24, 2026, documented in official letter GCU-IC2-006-2026, in which the existence of construction works without a license was verified, their immediate suspension and the placement of closure seals being ordered. Likewise, it is evidenced that the municipal entity has maintained follow-up actions, including communications addressed to the National Registry requesting a prompt resolution. These actions allow for the conclusion that the Administration has not remained inactive nor incurred in absolute silence, but has acted progressively in accordance with the available legal tools, in view of the technical and registry complexity of the matter.\n\nIn this context, although a perception of slowness in the administrative response could be noted, the fact is that absolute inactivity is not established in the terms required by constitutional jurisprudence, as the Administration has deployed actions within the framework of its authority, further subject to the technical and legal complexity of the matter raised.\n\nOn the other hand, regarding the National Environmental Technical Secretariat, it is accredited that there is no prior submission filed by the appellant before that instance through the established official channels, which prevents attributing an administrative omission to it. Pursuant to the principle of legality, the Administration is only obliged to act when it has been validly seized through the formal mechanisms established for that purpose, a circumstance that does not occur in the present case. Added to this, it is verified that the questioned project is in the environmental assessment stage, without there yet being a definitive administrative act that could generate a direct injury to fundamental rights.\n\nFinally, with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment, this Chamber reiterates that the protection of said right requires proof of a certain, current, or imminent threat. In the specific case, although earthworks (movimientos de tierra) and the execution of works without environmental feasibility are alleged, the fact is that the competent authorities have indicated that the project lacks said feasibility and is in the evaluation phase, and that the corresponding verification regarding the eventual execution of works without authorization has been ordered. Consequently, no omission is observed that implies a manifest lack of protection of the invoked fundamental right.\n\nBy virtue of the foregoing, this Chamber concludes that the existence of any action or omission by the appealed authorities that directly injures the fundamental rights of the appellant has not been proven, without prejudice to the actions that the latter may exercise in the corresponding ordinary venues for the defense of their interests.\n\nV.- Different reasons of Judge Salazar Alvarado. With due respect, I concur with the majority vote that dismisses the appeal; however, I base it on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this sense, it is the criterion of the undersigned that this Chamber, through an amparo appeal, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is proper to be heard in the legality venue –administrative or jurisdictional– where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its authority, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance is foreign to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out around an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full knowledge process is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria elaborated under the protection of current legal or regulatory norms or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative file of the case. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary process of full knowledge, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the jurisdiction of administrative litigation. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the authority of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a question proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised because it is for the ordinary jurisdiction, specifically the administrative litigation jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on the Electronic File before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado records different reasons, considering that it is for the ordinary jurisdiction, specifically the administrative litigation jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n47M65IHWHT8K61\n\nFILE No. 26-008482-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro)."
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