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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385242",
  "citation": "Res. 15427-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Denegatoria de disponibilidad de agua por imposibilidad técnica de la ASADA",
  "title_en": "Denial of water availability due to technical impossibility by the ASADA",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas, interpuesto por la propietaria de una finca a quien se le denegó la solicitud de disponibilidad de agua potable. La ASADA justificó su negativa en un estudio hídrico de 2020 que evidenciaba insuficiencia en la capacidad hídrica, hidráulica y de potabilización del sistema, y en una directriz del AyA para no otorgar nuevas disponibilidades hasta incorporar nuevas fuentes. La recurrente alegó vulneración al derecho al agua, desactualización de los estudios y trato desigual frente a vecinos que sí cuentan con el servicio. La mayoría de la Sala declara sin lugar el recurso, aplicando el criterio reiterado de que la denegatoria basada en una imposibilidad técnica o material no es arbitraria y no viola derechos fundamentales, y que la verificación de requisitos legales y técnicos corresponde a las vías ordinarias. Sobre la alegada discriminación, se considera que no se aportó un parámetro de comparación válido. Dos magistrados salvan el voto y consideran que el recurso debió acogerse, ordenando a la Administración adoptar medidas progresivas para garantizar el acceso al agua como derecho fundamental.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action against the Rural Water Board (ASADA) of Balsa de Atenas, filed by the owner of a property whose request for potable water availability was denied. The ASADA based its refusal on a 2020 hydrological study showing insufficient water, hydraulic, and treatment capacity, and on an AyA directive not to grant new connections until new sources are added. The petitioner alleged violation of the right to water, outdated studies, and unequal treatment compared to neighbors who have service. The majority of the Chamber denies the appeal, applying settled precedent that a denial based on technical or material impossibility is not arbitrary and does not violate fundamental rights, and that verification of legal and technical requirements belongs to ordinary courts. On the alleged discrimination, the Chamber found no valid comparison parameter was provided. Two justices dissent, arguing the appeal should have been granted, ordering the Administration to take progressive measures to ensure access to water as a fundamental right.",
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  "date": "30/04/2026",
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  "keywords_en": [
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    "hydrological study",
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    "Balsa de Atenas",
    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "II.- Sobre el tema de la dotación del servicio de agua potable. Este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas o legales que así lo justifiquen. (...) En el sub examine no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad, puesto que no se estableció un parámetro de comparación válido sobre el cual pueda analizarse si se produjo o no un tratamiento discriminatorio en los términos acusados. Por el contrario, la accionante únicamente hizo alusión general a que otras propiedades en la zona cuentan con servicio de agua; empero, no se mencionó un caso específico e individualizado.",
  "excerpt_en": "II.- On the issue of providing potable water service. This Court has stated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, municipalities, or associations managing aqueducts and sewers, may deny potable water availability if there are technical or legal reasons that justify it. (...) In this case, there are not sufficient elements to infer a possible violation of the principle of equality, since a valid comparison parameter was not established to analyze whether discriminatory treatment occurred as alleged. On the contrary, the petitioner only made a general reference that other properties in the area have water service; however, no specific, individualized case was mentioned.",
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    "summary_en": "The Chamber denies the appeal, with a dissenting vote of two justices who would grant it and order measures to ensure water supply.",
    "summary_es": "La Sala declara sin lugar el recurso, con voto salvado de dos magistrados que lo declaran con lugar y ordenan adoptar medidas para el abastecimiento de agua."
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      "quote_en": "This Court has stated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, municipalities, or associations managing aqueducts and sewers, may deny potable water availability if there are technical or legal reasons that justify it.",
      "quote_es": "Este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas o legales que así lo justifiquen."
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      "context": "Voto salvado",
      "quote_en": "Water is not just any service; it is an essential human right, therefore, the respondent authority cannot disregard its duty to guarantee it, hiding behind technical limitations without offering effective solutions.",
      "quote_es": "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-009855-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015427\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-009855-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de residencia CED02, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS.\n\n \n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente el 19 de marzo de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que la amparada es propietaria de la finca ubicada en Dirección01 de la provincia de Alajuela, número de finca: 461900 y presentó solicitud de disponibilidad de agua. Señala que \"Que presentó el día 25 de febrero del 2025 solicitud de disponibilidad de agua ante la Asociación Administradora de Acueductos Rural Balsa Atenas, Alajuela. Que debido a falta de respuesta presentó queja ante superior de la institución, y debido a eso la Asociación respondió mediante oficio solicitud de estudio de Disponibilidad de Agua, el día 27 de febrero de año dos mil veinticinco. Que hasta el 12 de noviembre la Asociación responde mediante oficio, con la justificación \"Es posible que el documento se haya traspapelado junto con otros archivos, tanto de AND-3 como del sector de Balsa\". Asimismo, se me deniega la solicitud de disponibilidad de agua amparado en un estudio hídrico del año 2020, según estudio número: GSD-UEN-GAR-2020-05458, realizado por el ingeniero Esteban Ramírez del A Y A, y reforzado con un balance Hídrico del año dos mil veinte. Que Justificación y respuesta dada por la Asociación es carente de interés, consideración hacia la ciudadana, la cual denota el único interés solventar la queda presentada por la ciudadana ante la falta de respuesta a tiempo y efectiva de su solicitud. Que la respuesta dada por la autoridad amparada en estudios y informes de balances Hídrico elaborados desde hace seis años, atenta contra los derechos y dignidad de los derechos fundamentales de las personas y por TANTO LIMITA EL DERECHO HUMANO DE LA PERSONA DEL DERECHO AL AGUA. QUE LOS ESTUDIOS, Y BALANCES HÍDRICOS YA OBSOLETOS NO REFLEJA LA CAPACIDAD HÍDRICA, EL DESARROLO E INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ACTUAL. NO OMITO MANIFESTAR QUE LOS VECINOS PRÓXIMOS YA CUENTA CON AGUA POTABLE Y A LOS 5 METROS DE LA CASA DE LA AMPARADA EXISTE DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA HIDRIGA (POZO DE RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CUAL ADJUNTO FOTOGRAFÍAS Y LA AUTORIDAD RECURRIDA PUEDE VERIFICAR EN SITIO. (...) Que para prestación del servicio de agua es para garantizar el derecho humano y fundamental y en base a ese derecho la administración tiene que resolver la solicitud; según los innumerables votos constitucionales, recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes\". Con base en lo dicho, estima vulnerados derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.-Mediante resolución de 10:49 horas de 6 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala le previno al accionante aportar “CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE DE Asociación Administradora de Acueductos Rural Balsa, Atenas, así como la DIRECCIÓN EXACTA del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación.”.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente el 6 de abril de 2026, el accionante aporta la documentación requerida.\n\n4.- Mediante resolución de las 16:22 horas de 7 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le dio traslado a “EFRAÍN RUIZ GONZÁLEZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS”.\n\n5.- Por escrito incorporado al expediente el 17 de abril de 2026, Efraín Ruiz González, presidente de la Asada recurrida, contesta audiencia. Expone que el 25 de febrero de 2025 se recibió solicitud de disponibilidad de agua por parte del petente. Explica que la solicitud se niega debido a que no existe capacidad hídrica ni hidráulica, como se señaló en el oficio nro. 055-2025. Comenta que si bien hay personas en la zona que cuentan con agua potable, no es por un tema de proximidad, sino que tales usuarios solicitaron el servicio cuando había disponibilidad por lo que en esos momentos sí procedía otorgarlo. \n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\n \n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. Tratándose de recursos de amparo dirigidos contra sujetos privados, previo al análisis de fondo acerca de la violación constitucional alegada, debe examinarse si, en la especie, se está o no ante alguno de los supuestos que hacen admisible tal recurso, y, en caso afirmativo, dilucidar si es o no admisible. Indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 57 que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, se cumple uno de estos presupuestos, ya que se trata de sujetos de derecho privado que están actuando en ejercicio de funciones o potestades públicas al prestar un servicio público, motivo por el que el recurso se admite para su análisis por parte de este Tribunal.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que la amparada es propietaria de la finca nro. 461900, ubicada en Atenas de Alajuela. Acusa que el 25 de febrero de 2025 planteó solicitud de disponibilidad del servicio de agua ante la Asada recurrida; empero, se le denegó. Refiere que otros vecinos cuentan con el servicio. \n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El 25 de febrero de 2025, la Asada recurrida recibió la solicitud de disponibilidad del servicio de agua potable por parte de la amparada. (Contestación de la parte accionada).\n\nb) Mediante el oficio nro. 055-2025 de 12 de noviembre de 2025, la Asada recurrida le había comunicado a la amparada lo siguiente: “La Asada se ve imposibilitada de poder dar nuevas disponibilidades de agua potable, desde el 2020, dado al estudio hídrico No. GSD-UEN-GAR-2020-05458 realizado por el ING Esteban Ramírez del AyA (…) Tenemos un mandato del departamento de gestión de acueductos comunales del AyA para no dar nuevas disponibilidades hasta tanto se incluyan nuevas fuentes al acueducto. Por lo antes mencionado, No estamos dando disponibilidad ni pajas de agua. El sistema actual no cuenta con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización ni de tratamiento suficiente para otorgar nuevos servicios sin comprometer la continuidad y calidad del abastecimiento actual a los abonados existentes (…)”. (Prueba documental).\n\nIV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que la amparada es propietaria de la finca nro. 461900, ubicada en Atenas de Alajuela. Acusa que el 25 de febrero de 2025 planteó solicitud de disponibilidad del servicio de agua ante la Asada recurrida; empero, se le denegó. Refiere que otros vecinos cuentan con el servicio. \n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 25 de febrero de 2025, la Asada recurrida recibió la solicitud de disponibilidad del servicio de agua potable por parte de la amparada. Mediante el oficio nro. 055-2025 de 12 de noviembre de 2025, la Asada recurrida le había comunicado a la amparada lo siguiente: “La Asada se ve imposibilitada de poder dar nuevas disponibilidades de agua potable, desde el 2020, dado al estudio hídrico No. GSD-UEN-GAR-2020-05458 realizado por el ING Esteban Ramírez del AyA (…) Tenemos un mandato del departamento de gestión de acueductos comunales del AyA para no dar nuevas disponibilidades hasta tanto se incluyan nuevas fuentes al acueducto. Por lo antes mencionado, No estamos dando disponibilidad ni pajas de agua. El sistema actual no cuenta con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización ni de tratamiento suficiente para otorgar nuevos servicios sin comprometer la continuidad y calidad del abastecimiento actual a los abonados existentes (…)”. \n\nAhora bien, sobre el particular, conviene traer a colación lo dispuesto por esta Sala en la sentencia nro. 647-2020 de las 9:15 horas de 15 de enero de 2021:\n\n“I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes manifiestan que son vecinos de [Nombre03 039], ubicada en San José, Desamparados, San Miguel, Higuito. Alegan que, al día de la presentación del recurso, no cuentan con el servicio de agua potable, situación que los expone a graves riesgos por enfermedades e infecciones. Exponen que, ante la ausencia del agua, los vecinos, desde hace muchos años, han realizado múltiples gestiones, incluso una nota dirigida al ICCA el 2 de septiembre de 2019 con el propósito de que se les brinde el servicio; sin embargo, reclaman que no se les ha brindado respuesta alguna o solución posible (…)\n\nPor otra parte, en cuanto a la solicitud de los recurrentes para que se les suministre el servicio de agua potable, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020-002799 de las 10:05 horas del 11 de febrero de 2020:\n\n“I.- Objeto del recurso.- La recurrente manifiesta que le dieron un lote para construir su casa. Debido a lo anterior, se planteó ante la Asada recurrida solicitud de disponibilidad de agua potable para el inmueble, plano No. [Valor 003]. Sin embargo, acusa que la solicitud fue rechazada con el argumento de que no se cuenta con una red de distribución de agua potable frente a la propiedad. Estima que lo resuelto por la recurrida es lesivo del derecho al servicio de agua potable.\n\nII.- Sobre el tema de la dotación del servicio de agua potable. Este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas o legales que así lo justifiquen. En la Sentencia N° 2018-011148 de las 9:30 horas del 10 de julio de 2018, esta Sala resolvió lo siguiente:\n\n\"(...) En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el 8 de agosto de 2017, la recurrente presentó ante el Instituto recurrido una solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para la propiedad inscrita bajo el Folio Real Matrícula ° (…) misma que le fue denegada mediante oficio N° GSP-RCO- 2017-02024, del 21 de agosto de 2017. Según lo constatado, en el sector donde se ubica el terreno en el que la amparada gestionó el servicio, no hay disponibilidad de agua potable ni sistema de alcantarillado sanitario, pues el Sistema de Santiago de Puriscal experimenta un déficit hídrico, por lo que el aumento en el número de servicios implicaría un desmejoramiento de la calidad de los usuarios actuales, quienes son abastecidos mediante medidas paliativas \"valvuleo\" y camión cisterna. Es evidente entonces, que el Instituto no puede brindar el servicio solicitado por la amparada porque técnicamente no le es factible, y por ende, no es posible acoger la solicitud en los términos en que la recurrente lo pretende. Por ello, desde la perspectiva constitucional, la Sala considera que no se ha dado una negativa arbitraria de la autoridad accionada para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que ha ocurrido es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado, al menos en este momento, lo cual -como se dijo- ha sido de su conocimiento. Se recuerda, que sobre el tema de fondo de este amparo, esta Sala se ha referido en múltiples sentencias a lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado, en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, Sentencias 2007-03355, de las 13:37 horas del 09 de marzo del 2007; 2007-010341, de las 14:45 horas del 20 de julio del 2007 y 2017- 011477, de las 9:15 horas del 21 de julio del 2017). Finalmente, no consta un acto discriminatorio en relación con las otras viviendas que se ubican en la zona y que si cuentan con el servicio, ya que el principio de igualdad, en tanto constituye un presupuesto necesario para la efectividad de las libertades públicas, obliga tanto a parificar situaciones iguales como a diversificar situaciones distintas. Esto implica que a los supuestos fácticos iguales deben ser aplicadas consecuencias jurídicas también iguales y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Reiteradamente, esta Sala ha dicho que cuando se alegue violación al principio de igualdad, es necesario que el interesado presente un parámetro de comparación, es decir debe señalar un caso concreto -o varios- en que se evidencie el trato discriminatorio. Finalmente, no corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común - administrativa o jurisdiccional (...)\".\n\nTales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.\n\nIII.- Sobre el caso concreto. Según se desprende del escrito de interposición del recurso y de la prueba documental aportada al expediente electrónico, la accionada rechazó la solicitud de disponibilidad de agua potable que indica la recurrente, informando las razones por las cuales no era factible atenderla, específicamente, que no se cuenta con una red de distribución de agua potable frente a la propiedad. Ahora bien, se debe indicar que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad solicitada, corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales respectivas, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. Nótese que, conforme lo indicado en el precedente de cita, este Tribunal ha considerado que, ante el impedimento jurídico -incumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva- o frente a la imposibilidad formal -en este caso la falta de infraestructura-, resulta razonable la denegatoria de solicitudes de servicio, pues no se trata de una disposición antojadiza e infundada, sino sustentada en un criterio técnico que impide garantizar las condiciones mínimas del servicio. Así las cosas, lo propio es que la recurrente acuda ante la vía de legalidad ordinaria a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible” (la negrita fue suplida).\n\nAsí las cosas, en el sub examine, las autoridades recurridas exponen que, bajo las circunstancias actuales, existe imposibilidad técnica para que a los recurrentes se les brinde el servicio; sin embargo, señalan las condiciones bajo las cuales podría eventualmente facilitarse. No obstante lo anterior, lo cierto es que se informó que la parte accionante debe efectuar las solicitudes formales y cumplir con todos los requisitos de acuerdo con la normativa ordinaria. Al respecto, tal y como se indicó en el antecedente supra citado, en principio no le corresponde a esta jurisdicción constitucional verificar el cumplimiento de estos requisitos legales o técnicos, por lo que deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear lo correspondiente ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales respectivas. En consecuencia, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso en relación con este extremo.”. (El destacado no corresponde al original).\n\n \n\nAsí las cosas, el Tribunal estima que estas consideraciones son aplicables al caso en estudio. En tal sentido, se advierte que se denegó el servicio requerido debido a una imposibilidad técnica, toda vez que la Asada recurrida mantiene una limitación para otorgar nuevas disponibilidades debido a que “el sistema actual no cuenta con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización ni de tratamiento suficiente para otorgar nuevos servicios”, según se le explicó a la gestionante a través del oficio nro. 055-2025. De tal manera, no se constata que la denegatoria haya sido arbitraria. \n\nAhora bien, como se indicó en el antecedente citado ut supra, la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad del servicio de agua corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales comunes, sin que, en principio, esta Sala pueda incursionar en la materia, pues se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. De este modo, si la parte accionante se encuentra inconforme con las razones esgrimidas por la parte accionada, deberá plantear los alegatos que correspondan ante las instancias comunes competentes, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. \n\nFinalmente, la parte accionante acusa un trato desigual, pues aduce que otros vecinos sí cuentan con el servicio. Al respecto, cuando se acusa vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este derecho está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales.\n\nAsí las cosas, en el sub examine no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad, puesto que no se estableció un parámetro de comparación válido sobre el cual pueda analizarse si se produjo o no un tratamiento discriminatorio en los términos acusados. Por el contrario, la accionante únicamente hizo alusión general a que otras propiedades en la zona cuentan con servicio de agua; empero, no se mencionó un caso específico e individualizado.\n\nEn virtud de lo expuesto, a priori se descartan situaciones que ameriten la intervención de esta jurisdicción constitucional, por lo que se declara sin lugar el recurso. \n\nV.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Disentimos del criterio de mayoría. En el presente caso, se valida la negativa de la Administración de brindar un servicio esencial, con base en consideraciones técnicas relativas a la insuficiencia de la infraestructura hídrica; sin embargo, se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.\n\n El artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.\n\n Desde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.\n\n El enfoque mayoritario normaliza una omisión estructural: acepta que la falta de infraestructura exonera al Estado de su obligación, cuando precisamente esa carencia evidencia un incumplimiento de su deber de previsión. No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir que la Administración adopte medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.\n\n El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.\n\n Por estas razones, estimamos que el recurso debió declararse con lugar, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable de la parte amparada. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n \n\n Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto, declaran con lugar el proceso de amparo, ordenando que se adopten medidas concretas y se le indique a la parte amparada una fecha cierta para satisfacer el abastecimiento de agua.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n U6IJLPXPPZA61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-009855-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-009855-0007-CO\n\nRes. Nº 2026015427\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of April two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed in case file no. 26-009855-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, residence card CED02, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS.\n\nWhereas:\n\n1.- By means of a brief incorporated into the case file on March 19, 2026, the petitioner files an amparo action. He states that the protected party is the owner of the property located at Dirección01 in the province of Alajuela, property number: 461900 and submitted a request for water availability. He points out that \"On February 25, 2025, she filed a request for water availability before the Asociación Administradora de Acueductos Rural Balsa Atenas, Alajuela. Due to a lack of response, she filed a complaint before the institution's superior, and due to that, the Asociación responded via official letter to the request for a Water Availability study, on February 27 of the year two thousand twenty-five. Not until November 12 did the Asociación respond via official letter, with the justification 'It is possible that the document was misfiled along with other files, both from AND-3 and from the Balsa sector.' Likewise, my request for water availability is denied based on a water study from the year 2020, according to study number: GSD-UEN-GAR-2020-05458, carried out by engineer Esteban Ramírez of the A Y A, and reinforced with a Water Balance from the year two thousand twenty. The justification and response given by the Asociación is lacking in interest and consideration towards the citizen, which denotes the sole interest of resolving the complaint presented by the citizen due to the lack of a timely and effective response to her request. That the response given by the authority, based on studies and Water Balance reports prepared six years ago, violates the rights and dignity of the fundamental rights of individuals and THEREFORE LIMITS THE HUMAN RIGHT OF THE PERSON TO THE RIGHT TO WATER. THAT THE STUDIES AND WATER BALANCES, ALREADY OBSOLETE, DO NOT REFLECT THE CURRENT WATER CAPACITY, DEVELOPMENT, AND WATER INFRASTRUCTURE. I DO NOT FAIL TO STATE THAT NEARBY NEIGHBORS ALREADY HAVE DRINKING WATER AND 5 METERS FROM THE PROTECTED PARTY'S HOUSE THERE IS WATER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (COLLECTION AND DISTRIBUTION WELL, PHOTOGRAPHS OF WHICH I ATTACH AND THE RESPONDENT AUTHORITY CAN VERIFY ON SITE. (...) That the provision of water service is to guarantee a fundamental human right and based on that right the administration must resolve the request; according to countless constitutional rulings and recommendations from the Defensoría de los Habitantes.\" Based on the foregoing, he deems fundamental rights to be violated. He requests that the appeal be granted.\n\n2.- By resolution from 10:49 hours on April 6, 2026, the Presidency of the Chamber warned the petitioner to provide “CERTIFICATION OF CURRENT LEGAL STATUS OF THE Asociación Administradora de Acueductos Rural Balsa, Atenas, as well as the EXACT ADDRESS of the place indicated by its legal representative or resident agent for notification purposes.”\n\n3.- By brief incorporated into the case file on April 6, 2026, the petitioner provides the required documentation.\n\n4.- By resolution from 16:22 hours on April 7, 2026, the Presidency of the Chamber admitted the process and transferred it to “EFRAÍN RUIZ GONZÁLEZ, IN HIS CAPACITY AS PRESIDENT OF THE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS.”\n\n5.- By brief incorporated into the case file on April 17, 2026, Efraín Ruiz González, president of the respondent Asada, answers the hearing. He explains that on February 25, 2025, a request for water availability was received from the petitioner. He explains that the request is denied because there is no water or hydraulic capacity, as indicated in official letter no. 055-2025. He comments that although there are people in the area who have drinking water, it is not a matter of proximity, but rather that such users requested the service when there was availability, so granting it was appropriate at those times.\n\n6.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings that were followed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRIOR ISSUE. In the case of amparo actions filed against private subjects, prior to the substantive analysis regarding the alleged constitutional violation, it must be examined whether, in this specific case, one of the assumptions that make such an appeal admissible is present, and, if so, to determine whether or not it is admissible. The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 57, indicates that the amparo action proceeds against actions or omissions of subjects of private law, when these act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In this specific case, one of these prerequisites is met, since it involves subjects of private law who are acting in the exercise of public functions or powers by providing a public service, which is why the appeal is admitted for analysis by this Court.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner states that the protected party is the owner of property no. 461900, located in Atenas de Alajuela. He accuses that on February 25, 2025, she filed a request for water service availability before the respondent Asada; however, it was denied. He states that other neighbors have the service.\n\nIII.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly demonstrated as important for the decision in this matter, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) On February 25, 2025, the respondent Asada received the request for drinking water service availability from the protected party. (Response from the respondent party).\n\nb) Through official letter no. 055-2025 dated November 12, 2025, the respondent Asada had communicated the following to the protected party: “The Asada finds itself unable to grant new drinking water availabilities, since 2020, given the water study No. GSD-UEN-GAR-2020-05458 carried out by ING Esteban Ramírez of AyA (...) We have a mandate from the communal aqueduct management department of AyA not to grant new availabilities until new sources are included in the aqueduct. Due to the aforementioned, We are not granting availability or water rights of any kind. The current system does not have sufficient water capacity, hydraulic capacity, potabilization, or treatment capacity to grant new services without compromising the continuity and quality of the current supply to existing subscribers (...)”. (Documentary evidence).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner states that the protected party is the owner of property no. 461900, located in Atenas de Alajuela. He accuses that on February 25, 2025, she filed a request for water service availability before the respondent Asada; however, it was denied. He states that other neighbors have the service.\n\nFrom the study of the records, it is proven that, on February 25, 2025, the respondent Asada received the request for drinking water service availability from the protected party. Through official letter no. 055-2025 dated November 12, 2025, the respondent Asada had communicated the following to the protected party: “The Asada finds itself unable to grant new drinking water availabilities, since 2020, given the water study No. GSD-UEN-GAR-2020-05458 carried out by ING Esteban Ramírez of AyA (...) We have a mandate from the communal aqueduct management department of AyA not to grant new availabilities until new sources are included in the aqueduct. Due to the aforementioned, We are not granting availability or water rights of any kind. The current system does not have sufficient water capacity, hydraulic capacity, potabilization, or treatment capacity to grant new services without compromising the continuity and quality of the current supply to existing subscribers (...)”.\n\nNow, on this matter, it is pertinent to bring up what was established by this Chamber in judgment no. 647-2020 from 9:15 hours on January 15, 2021:\n\n“I.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioners state that they are residents of [Nombre03 039], located in San José, Desamparados, San Miguel, Higuito. They claim that, as of the date the appeal was filed, they do not have drinking water service, a situation that exposes them to serious risks from diseases and infections. They state that, in the absence of water, the residents, for many years, have undertaken multiple efforts, including a note addressed to the ICAA on September 2, 2019, with the purpose of being provided the service; however, they claim that no response or possible solution has been given to them (...)\n\nOn the other hand, regarding the petitioners' request to be supplied with drinking water service, it is pertinent to bring up what was indicated in judgment no. 2020-002799 from 10:05 hours on February 11, 2020:\n\n“I.- Object of the appeal.- The petitioner states that she was given a lot to build her house. Due to this, she filed a request before the respondent Asada for drinking water availability for the property, plan No. [Valor 003]. However, she accuses that the request was rejected with the argument that there is no drinking water distribution network in front of the property. She deems that what was decided by the respondent is harmful to the right to drinking water service.\n\nII.- On the issue of providing drinking water service. This Court has indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations managing aqueducts and sewers, can deny drinking water availability if there are technical or legal reasons that justify it. In Judgment No. 2018-011148 from 9:30 hours on July 10, 2018, this Chamber resolved the following:\n\n\"(...) In the case under study, the Chamber finds it proven that on August 8, 2017, the petitioner submitted before the respondent Institute a request for availability of aqueduct and sewer services for the property registered under Folio Real Matrícula No. (...) which was denied through official letter No. GSP-RCO-2017-02024, dated August 21, 2017. As verified, in the sector where the land for which the protected party managed the service is located, there is no drinking water availability or sanitary sewer system, since the Santiago de Puriscal System experiences a water deficit, meaning that the increase in the number of services would imply a deterioration in quality for current users, who are supplied through palliative measures 'valving' and tanker truck. It is evident then, that the Institute cannot provide the service requested by the protected party because it is technically not feasible, and therefore, it is not possible to grant the request in the terms that the petitioner intends. Therefore, from the constitutional perspective, the Chamber considers that there has not been an arbitrary denial by the respondent authority to provide availability of drinking water service to the applicant as requested, but rather, what has occurred is that there is a technical and material impossibility due to the non-existence on the site of the necessary infrastructure to access what was requested, at least at this moment, which -as stated- has been within her knowledge. It is recalled that, on the substantive issue of this amparo, this Chamber has referred in multiple judgments to what it has called technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has manifested, in the sense that when there is technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered party is violated, as this is due to the lack of necessary technical elements for the installation of the service and not to an arbitrary action by the Administration (see in this sense, among others, Judgments 2007-03355, from 13:37 hours on March 9, 2007; 2007-010341, from 14:45 hours on July 20, 2007 and 2017-011477, from 9:15 hours on July 21, 2017). Finally, there is no evidence of a discriminatory act in relation to other dwellings located in the area that do have the service, since the principle of equality, as it constitutes a necessary prerequisite for the effectiveness of public freedoms, obliges both the equalization of equal situations and the diversification of different situations. This implies that equal legal consequences must be applied to equal factual situations and that to introduce differences between factual situations, there must be sufficient justification for such difference, which must appear at the same time as founded and reasonable according to generally accepted criteria and value judgments. Repeatedly, this Chamber has said that when a violation of the principle of equality is alleged, it is necessary for the interested party to present a comparison parameter, that is, they must point out a specific case -or several- in which discriminatory treatment is evidenced. Finally, it does not correspond to this Chamber to determine whether or not the requirements to grant the water supply as the petitioner intends are met, nor does it proceed to elucidate in what terms, according to water availability and compliance with technical and legal conditions, the water supply management that is missed could eventually be authorized, since this is a task proper to the ordinary - administrative or jurisdictional - channels (...)\".\n\nSuch considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criteria expressed in said judgment, nor reasons that would make it value the situation raised differently.\n\nIII.- On the specific case. As is evident from the brief filing the appeal and the documentary evidence provided to the electronic case file, the respondent rejected the request for drinking water availability indicated by the petitioner, informing the reasons why it was not feasible to address it, specifically, that there is no drinking water distribution network in front of the property. Now, it must be indicated that the verification of compliance with legal or technical requirements to obtain the requested availability corresponds to the respective administrative or jurisdictional authorities, without this Chamber being able to delve into the matter, because these are aspects of ordinary legality outside its competence. Note that, as indicated in the cited precedent, this Court has considered that, in the face of a legal impediment -non-compliance with requirements established in the respective regulation- or in the face of formal impossibility -in this case the lack of infrastructure-, the denial of service requests is reasonable, as it is not a whimsical and unfounded provision, but rather based on a technical criterion that prevents guaranteeing the minimum conditions of the service. Thus, it is proper for the petitioner to go to the ordinary legality channels to file there the actions she deems pertinent so that what corresponds in law is resolved. Consequently, the appeal is declared inadmissible” (the boldface was supplied).\n\nThus, in the sub examine, the respondent authorities state that, under current circumstances, there is a technical impossibility for the petitioners to be provided with the service; however, they indicate the conditions under which it could eventually be facilitated. Notwithstanding the foregoing, the truth is that it was reported that the petitioner party must make the formal requests and comply with all the requirements according to ordinary regulations. In this regard, just as indicated in the precedent cited above, in principle, it is not the responsibility of this constitutional jurisdiction to verify compliance with these legal or technical requirements, so the petitioner party must, if it deems appropriate, file the corresponding matter before the respective administrative or jurisdictional authorities. Consequently, the corresponding action is to declare the appeal without merit in relation to this point.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThus, the Court deems that these considerations are applicable to the case under study. In this sense, it is noted that the required service was denied due to a technical impossibility, since the respondent Asada maintains a limitation on granting new availabilities because “the current system does not have sufficient water capacity, hydraulic capacity, potabilization, or treatment capacity to grant new services,” as was explained to the applicant through official letter no. 055-2025. Therefore, it is not confirmed that the denial was arbitrary.\n\nNow, as indicated in the precedent cited ut supra, the verification of compliance with legal or technical requirements to obtain water service availability corresponds to the ordinary administrative or jurisdictional authorities, without, in principle, this Chamber being able to delve into the matter, as these are aspects of ordinary legality outside its competence. Thus, if the petitioner party disagrees with the reasons put forth by the respondent party, it must file the corresponding allegations before the competent ordinary instances, venues where it can fully discuss the merits of the case and assert its claims.\n\nFinally, the petitioner party accuses unequal treatment, arguing that other neighbors do have the service. In this regard, when a violation of numeral 33 of the Political Constitution is accused, it is not enough for the petitioner party to affirm that a different treatment has occurred between two subjects to consider the breach of the constitutional norm proven, since whoever alleges the violation of this right is obliged to provide ab initio sufficient elements that suggest -with a reasonable degree of probability- that unjustified differentiated treatment has been given to equal situations.\n\nThus, in the sub examine, sufficient elements are not inferred that would allow denoting a possible violation of the principle of equality, since a valid comparison parameter was not established upon which it could be analyzed whether or not discriminatory treatment occurred in the terms alleged. On the contrary, the petitioner only made a general allusion that other properties in the area have water service; however, a specific and individualized case was not mentioned.\n\nBy virtue of the foregoing, a priori, situations that merit the intervention of this constitutional jurisdiction are dismissed, therefore the appeal is declared without merit.\n\nV.- DISSENTING VOTE OF JUDGES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE FORMER. We dissent from the majority opinion. In the present case, the Administration's refusal to provide an essential service is validated, based on technical considerations related to the insufficiency of water infrastructure; however, it fails to adequately weigh that access to drinking water constitutes a fundamental right, indispensable for life, health, and human dignity.\n\nArticle 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite of that right. Likewise, Article 50 of the Constitution imposes on the State the duty to guarantee the well-being of all inhabitants, which necessarily includes effective, sufficient, and continuous access to drinking water. In the international sphere, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights –interpreted by the CESCR in its General Comment No. 15– recognize the human right to water, obliging States to adopt positive measures for its full realization. There is a reinforced obligation imposed on the State in a social and democratic rule-of-law state, for this reason the supply of water is a priority obligation of public authorities.\n\nFrom this perspective, the invocation of technical limitations cannot be erected as an absolute justification to neglect a basic subsistence need. The Administration cannot merely verify the insufficiency of the system; it has the legal duty to plan, foresee, and execute the necessary actions to progressively guarantee access to water service, especially when it concerns human consumption.\n\nThe majority approach normalizes a structural omission: it accepts that the lack of infrastructure exonerates the State from its obligation, when precisely that lack evidences a breach of its duty of foresight. It is not about obliging the impossible, but about demanding that the Administration adopt reasonable, alternative, or progressive measures so as not to leave individuals unprotected.\n\nWater is not just any service; it is an essential human right. Therefore, the respondent authority cannot disregard its duty to guarantee it, hiding behind technical limitations without offering effective solutions.\n\nFor these reasons, we believe the appeal should have been granted, at least to order the Administration to adopt concrete and progressive measures that guarantee, within a reasonable time, effective access to drinking water for the protected party. Water is a good and a fundamental right whose validity must be effectively ensured; it is an unavoidable duty.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 working days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary\" (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary no. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is declared without merit. Judges Cruz Castro and Rueda Leal dissent, granting the amparo proceeding, ordering that concrete measures be adopted and that the protected party be indicated a certain date to satisfy the water supply.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\n\nU6IJLPXPPZA61\nEXPEDIENTE N° 26-009855-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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