{ "id": "nexus-sen-1-0007-1385339", "citation": "Res. 15578-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Improcedencia de amparo por denegatoria de disponibilidad de agua basada en criterios técnicos", "title_en": "Inadmissibility of amparo for denial of water availability based on technical criteria", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo contra el AyA por denegar la disponibilidad de dos pajas de agua en una zona declarada deficitaria. El recurrente alegó que la negativa era irrazonable y discriminatoria, pues su propiedad ya contaba con ocho pajas activas y se habían otorgado nuevas conexiones en la zona. La mayoría de la Sala considera que la denegatoria se sustentó en criterios técnicos, cuya revisión no compete a esta jurisdicción, y que no se aportaron elementos suficientes para demostrar violación al principio de igualdad. Dos magistrados salvan el voto, argumentando que el derecho humano al agua obliga a un análisis más profundo y que se requerían más elementos para descartar una afectación constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses an amparo petition against AyA for denying water availability for two water connections in an area declared as deficient. The petitioner argued the denial was unreasonable and discriminatory, as the property already had eight active connections and new connections had been granted in the area. The majority held that the denial was based on technical criteria, whose review falls outside this Court's jurisdiction, and that no sufficient evidence was provided to demonstrate a violation of the right to equality. Two judges dissented, arguing that the human right to water requires a more in-depth analysis and that more evidence was needed to rule out a constitutional violation.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/04/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "zona deficitaria", "pajas de agua", "rechazo de plano", "voto salvado", "criterios técnicos", "disponibilidad de agua" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "agua potable", "disponibilidad de agua", "zona deficitaria", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", "derecho humano al agua", "principio de igualdad", "discriminación", "criterios técnicos", "rechazo de plano", "voto salvado", "artículo 33 Constitución", "artículo 50 Constitución", "servicio público", "jurisprudencia constitucional" ], "keywords_en": [ "amparo petition", "drinking water", "water availability", "deficient zone", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)", "human right to water", "right to equality", "discrimination", "technical criteria", "summary dismissal", "dissenting vote", "Article 33 Constitution", "Article 50 Constitution", "public service", "constitutional jurisprudence" ], "excerpt_es": "Ahora bien, del escrito planteado se observa que la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Tales extremos son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada. Además, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, como sucede en este caso, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar el servicio de disponibilidad de agua son válidas.\n\nEn este caso no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad; además, no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto. En consecuencia, de lo expuesto, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara.", "excerpt_en": "Now, from the petition filed, it is observed that the contested denial is based on technical criteria, the disagreement with which is not for this Chamber to review, considering that this Court is not a controller of the legality of actions, nor is it within its purview to determine the correct application of the infra-constitutional regulations governing the matter. These aspects are beyond the scope of competence of this specialized jurisdiction. Furthermore, as indicated above, the Chamber has held that it is possible to dismiss requests for the provision of potable water service when there are technical impossibilities, as in this case, or when there are technical and/or legal criteria that justify it. It is also not for this Chamber to analyze whether the reasons given for denying the water availability service are valid.\n\nIn this case, no sufficient elements are inferred to indicate a possible violation of the principle of equality; moreover, no possible violation of fundamental rights is evident that would allow the admission of this matter for a substantive review. 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San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARIILADOS.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las 09:10 horas del 09 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARIILADOS, y manifiesta que: “PRIMERO; Soy propietario del inmueble ubicado en San José, Santa Ana, piedades. Inscrito en el registro nacional bajo el folio real numero 1-0074624-008 y CED01. SEGUNDO: en dicha propiedad, existen actualmente 8 pajas de agua debidamente aprobadas y en funcionamiento lo que demuestra la existencia de infraestructura activa y disponibilidad previa del servicio de agua potable, tómese en cuenta que la propiedad tiene 23 derechos. TERCERO. Solicite al AYA la aprobación de disponibilidad de agua para 2 pajas de agua para viviendas ya construidas. CUARTO, mediante resolución UEN-SCMED-GAM-DYNS-2025-801 del 16 de diciembre del 2025, el AYA denegó mi solicitud argumentando que el inmueble se ubica en una supuesta “ZONA DECIFICIARIA”. QUINTO. La negativa resulta irrazonable y contradictoria, dado que la propiedad cuenta con servicio activo de agua potable y conexiones previamente autorizada, sin que se haya acreditado técnica y objetivamente la imposibilidad de brindar el servicio adicional solicitado. SEXTO, aunando a lo anterior, se tiene conocimiento de que recientemente el AYA ha otorgado disponibilidades de agua y ha instalado nuevas pajas en propiedades cercanas o dentro de la misma zona , lo que evidencia que no existe una aplicación uniforme del criterio de “ZONA DECIFICIARIA”. SETIMO, Esta actuación constituye un trato desigual injustificado y una aplicación arbitraria de criterios técnicos y en perjuicio del suscrito. Nombre02, La actuación de AYA vulnera mis derechos fundamentales, afectando el acceso al agua potable como condición esencial para la salud, digna el ambiente sano y el uso efectivo de la propiedad, Nombre03, El ente manifiesta que es una zona deficitaria de caudal hídrico y capacidad hídrica en la zona y en un radio de 700 metros existen grandes cantidades de fugas, aporto fotos”. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley, que se ordene a la autoridad recurrida dejar sin efecto la resolución que denegó la disponibilidad de agua y que se emita una nueva resolución debidamente motivada, basada en criterios técnicos claros, objetivos y aplicados en forma igualitaria.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\n \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que solicitó ante el recurrido, la aprobación de disponibilidad de 2 pajas de agua para viviendas ya construidas. No obstante, mediante resolución UEN-SCMED-GAM-DYNS-2025-801 del 16 de diciembre del 2025, el AYA denegó dicha solicitud con el argumento de que el inmueble se ubica en una supuesta “zona decificiaria”, lo cual estima irrazonable y contradictorio, dado que la propiedad cuenta con servicio activo de agua potable y conexiones previamente autorizada, sin que se haya acreditado técnica y objetivamente la imposibilidad de brindar el servicio adicional solicitado. Además, se tiene conocimiento de que recientemente el AYA ha otorgado disponibilidades de agua y ha instalado nuevas pajas en propiedades cercanas o dentro de la misma zona, lo que evidencia que no existe una aplicación uniforme del criterio de “zona decificiaria”, lo cual constituye un trato desigual injustificado. Situación por la cual solicita la intervención de esta sede constitucional.\n\n \n\nII.- CASO CONCRETO. Según lo planteado por el recurrente y de la prueba aportada, cabe indicar que este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente esas solicitudes o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Así, en la sentencia n.°2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“(...) Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios (...)”.\n\n \n\nAhora bien, del escrito planteado se observa que la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Tales extremos son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada. Además, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, como sucede en este caso, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar el servicio de disponibilidad de agua son válidas. Este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, tal y como así lo solicita la parte amparada en este caso. Por ello, deberá la tutelada -si a bien lo tiene- plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por otro lado, en cuanto a la supuesta discriminación alegada, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre varios sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. En este caso no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad; además, no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto. En consecuencia, de lo expuesto, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara.\n\nIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub lite, la mayoría de la Sala rechaza el amparo con el argumento de que las instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable o condicionarlas, si existen razones técnicas o legales que así lo justifican; sin embargo, salvamos el voto con base en las siguientes consideraciones: \n\nEl artículo 50 de la Carta Magna establece que toda persona es titular del derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. Añade que el agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. También impone que su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, así como que tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nA partir de lo anterior, está claro que el carácter prioritario que constitucionalmente se le da al abastecimiento de agua potable obliga a las entidades competentes a adoptar las medidas adecuadas para prever que tal servicio público se brinde de manera igual, continúa y eficiente, lo que exige, a la vez, la adaptación o mutabilidad pertinente, de manera tal que, dentro de una marco de razonabilidad, la infraestructura y las tecnologías se adecuen a los nuevos requerimientos de la sociedad y a los cambios de la naturaleza.\n\nAsí las cosas, estimamos que se requiere de más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub examine se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n \n\n Se rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y disponen cursar el amparo. \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DKORUSXU470861 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012122-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nFILE No. 26-012122-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRULING No. 2026015578\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of April, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card CED02, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARIILADOS.\n\nWhereas:\n\n1.- Through a document added to the Judicial Office Management System of this Chamber at 09:10 hours on April 9, 2026, the petitioner files an amparo action against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARIILADOS, and states: \"FIRST: I am the owner of the property located in San José, Santa Ana, Piedades. Registered in the national registry under real folio number 1-0074624-008 and CED01. SECOND: on said property, there are currently 8 active and duly approved water taps, which demonstrates the existence of active infrastructure and prior availability of potable water service; note that the property has 23 rights. THIRD. I requested from AYA the approval of water availability for 2 water taps for already-built homes. FOURTH, through resolution UEN-SCMED-GAM-DYNS-2025-801 of December 16, 2025, AYA denied my request arguing that the property is located in an alleged 'ZONA DECIFICIARIA'. FIFTH. The refusal is unreasonable and contradictory, given that the property has active potable water service and previously authorized connections, without having technically and objectively proven the impossibility of providing the additional service requested. SIXTH, in addition to the foregoing, it is known that AYA has recently granted water availability and installed new taps on nearby properties or within the same area, which shows that there is no uniform application of the 'ZONA DECIFICIARIA' criterion. SEVENTH, This action constitutes unjustified unequal treatment and an arbitrary application of technical criteria, to the detriment of the undersigned. Nombre02, AYA's action violates my fundamental rights, affecting access to potable water as an essential condition for health, dignity, a healthy environment, and the effective use of the property. Nombre03, The entity states that it is a water flow and hydraulic capacity deficient zone in the area, and within a 700-meter radius there are large numbers of leaks; I provide photos.\" He requests that the action be granted with the legal consequences, that the defendant authority be ordered to annul the resolution that denied the water availability, and that a new, duly reasoned resolution be issued, based on clear and objective technical criteria applied equally.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from its presentation, any action brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected action.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner indicates that he requested from the respondent the approval of availability for 2 water taps for already-built homes. However, through resolution UEN-SCMED-GAM-DYNS-2025-801 of December 16, 2025, AYA denied said request on the grounds that the property is located in an alleged 'zona decificiaria', which he considers unreasonable and contradictory, given that the property has active potable water service and previously authorized connections, without having technically and objectively proven the impossibility of providing the additional service requested. Furthermore, it is known that AYA has recently granted water availability and installed new taps on nearby properties or within the same area, which shows that there is no uniform application of the 'zona decificiaria' criterion, which constitutes unjustified unequal treatment. A situation for which he requests the intervention of this constitutional court.\n\nII.- SPECIFIC CASE. According to what was stated by the petitioner and the evidence provided, it is worth noting that this Court has indicated that the associations that administer aqueducts and sewers, the municipalities, and other institutions that provide the potable water supply service may validly reject or condition such requests if there are technical or legal reasons that justify it. Thus, in judgment No. 2016-006027 of 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following:\n\n\"(...) This Constitutional Court in judgment 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to that raised in this action, held: '(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system to be a public service, and that as such, every provider of public services -whether a public entity or a private entity- is obligated to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service in a continuous, adaptable, efficient manner, and equally to all inhabitants. Now then, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to fulfill service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is, the lack of infrastructure. In other words, whenever the lack of provision of the potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not faced with a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the failure to comply with all of the technical-legal requirements that exist in the Service Provision Regulation for Clients of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to approve new services (...)\".\n\nNow then, from the filed document, it is observed that the claimed denial is due to technical criteria, the disagreement with which is not appropriate for this Chamber to hear, taking into account that this Court is not a controller of the legality of actions, nor does it have the competence to determine the correct application of the infra-constitutional regulations governing the matter. Such extremes are outside the scope of competence of this specialized jurisdiction. Furthermore, as indicated supra, the Chamber has held that it is possible to reject applications submitted for the granting of potable water service when there are technical impossibilities, as occurs in this case, or when there are technical and/or legal criteria that justify it. It is also not for the Chamber to analyze whether the reasons given for denying the water availability service are valid. This Court should not act as a mediator before a given natural or legal person to intercede on behalf of a third party so that they are granted what they seek, as is requested by the protected party in this case. For this reason, the petitioner must—if they deem it appropriate—file their objections or claims before the respondent authority or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims. On the other hand, regarding the alleged discrimination, on reiterated occasions, this Chamber has indicated that in those cases where a violation of Article 33 of the Political Constitution is claimed, it is not enough for the petitioner to affirm that a different treatment has occurred between several subjects to consider the breach of the constitutional norm proven, given that whoever alleges the violation of this principle is obligated to provide, from the outset, sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that a differentiated treatment has been unjustifiably given to equal situations. In this case, no sufficient elements are inferred that would indicate a possible injury to the principle of equality; moreover, no possible injury to fundamental rights is apparent that would allow admission for a merits review of this matter. Consequently, based on the foregoing, the amparo is inadmissible, as is hereby declared.\n\nIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH THE LATTER DRAFTING. In the case at hand, the majority of the Chamber rejects the amparo on the argument that the institutions providing the potable water supply service may validly reject requests for potable water service or condition them, if there are technical or legal reasons justifying it; however, we dissent based on the following considerations:\n\nArticle 50 of the Magna Carta establishes that every person is the holder of the basic and inalienable human right of access to potable water, as an essential good for life. It adds that water is a national good, indispensable for protecting such a human right. It also imposes that its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation will be governed by what is established by the law to be created for these purposes, and that the supply of potable water for consumption by people and populations shall have priority.\n\nBased on the foregoing, it is clear that the priority character constitutionally given to the supply of potable water obliges the competent entities to adopt the appropriate measures to ensure that such public service is provided in an equal, continuous, and efficient manner, which simultaneously demands the pertinent adaptation or mutability, in such a way that, within a framework of reasonableness, the infrastructure and technologies are adapted to the new requirements of society and changes in nature.\n\nThus, we believe that more elements of knowledge are required to prove or rule out that in the case under review there has been an impact of constitutional nature that warrants the intervention of the Chamber.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is rejected on procedural grounds. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order the amparo to be processed.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n\n\nDKORUSXU470861\n\nFILE No. 26-012122-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)." }